Un día cualquiera, por la mañana, te despides de los tuyos y cierras la puerta de tu casa.

Un día, sales de tu casa y no puedes volver y a los tuyos no les vuelves a ver.

Naciones Unidas nos muestra las cifras de las personas forzadas a huir de conflictos y de persecuciones: 89,3 millones de personas que no han vuelto a sus casas y que no han vuelto a ver a los suyos (datos 2021). Los datos de la población desplazada de Ucrania aún no están contabilizados por Naciones Unidas, pero habrá que sumarles en estas cifras dolorosas para el 2022, al menos 7 millones de ucranianas y ucranianos, que han huido por la invasión militar rusa.

Alemania cuenta con una población de más de 83 millones (datos 2021), más o menos la misma población que actualmente vive desplazada forzosamente.

¿Se imaginan que Alemania se quedara despoblada? ¿Se imaginan que un día contáramos a las generaciones venideras que ahí, en ese lugar, hubo gente viviendo? ¿Que hubo gente que fueron maestras, físicos, artistas, doctoras, enfermeros, que había industria, que se cosechaban los campos, y que era una nación rica y próspera?

89,3 millones de personas: mayores, adultos, jóvenes, niños y niñas, bebés que buscan refugio, asilo y que tienen que empezar de nuevo, lejos de su entorno.

Los conflictos armados, la ausencia de valores democráticos, la inestabilidad política en Estados de Asia, América y África han sido y siguen siendo causa de una parte importante, intensa y continuada movilidad humana y si bien las catástrofes atmosféricas como lluvias torrenciales, huracanes, ciclones, incendios, sequías y desertificación antes puntuales, comenzamos a ser conscientes de que el cambio climático será también el causante de más desplazamientos forzosos de personas.

La Comunidad Internacional en 1951 asumió el compromiso político de fortalecer los principios de solidaridad y de cooperación con las personas refugiadas y con los países de acogida. Hace unos meses, la Unión Europea siguió esa senda con la población ucraniana, hace unos días, el Gobierno británico rompió ese compromiso político, el Tribunal de Estrasburgo paralizó esos vuelos de la insolidaridad, de la vergüenza.

La Comunidad Internacional debe seguir reforzando los principios de solidaridad y de cooperación internacional, las naciones democráticas deben seguir esforzándose en fomentar relaciones amistosas con terceros países que quieran impulsar, consolidar sus instituciones democráticas.

Fomentar la cultura de paz no debe ser algo del pasado, ni intermitente. La cultura de paz debe ser constante porque es la única vía que marca el sendero de la prosperidad para las personas de todas las naciones del mundo.

La solidaridad tampoco debe ser un principio pasajero o intermitente, no hay seres humanos de primera clase y de segunda, lo que hay son víctimas y nuestro deber es ofrecer condiciones de estabilidad para que esas víctimas puedan recuperar su derecho a vivir dignamente, su derecho al desarrollo humano.

El principio de solidaridad debe seguir ampliándose en este siglo, incorporar nuestra solidaridad con la tierra, con la naturaleza, debemos dignificar al Planeta, ser conscientes de que se debe invertir en innovación, en medios de producción que no dañen al planeta, ni a nosotros mismos porque aún hoy podemos hacer algo, el mañana está por llegar.

La situación de los casi 100 millones de personas en el mundo, contando a las personas refugiadas de Ucrania, que necesitan protección internacional y que buscan refugio y asilo en terceros países, es una cuestión de primer orden que afecta a toda la Comunidad Internacional.

Hoy esos 100 millones de personas no van a volver a sus casas, trabajemos juntos para que mañana puedan volver.

Según las cifras de ACNUR, más de 79,5 millones de personas en todo el mundo han tenido que dejar atrás sus hogares para poder sobrevivir, de los que 25 millones son oficialmente refugiados. Son las cifras más altas desde que existen registros. El problema es que no son números, sino seres humanos cada uno con sus sueños, sus anhelos y toda una historia detrás de miedos, huida y persecuciones. Y este año el cierre de fronteras por la COVID-19 se lo ha puesto aún más difícil. Su camino no es fácil, está sembrado de peligros. La misma violencia que les empuja a salir de casa les acosa en sus primeros pasos. Las fronteras se han convertido en trampas mortales porque algunos Estados entre ellos se han vuelto sobre sí mismos, atenazados por un temor atroz y medieval que nubla la mente e impide tomar las decisiones correctas. Si Europa ya mostró sus carencias en Derechos Humanos en las recientes crisis migratorias del 2015, permitiendo por ejemplo que se denegara el auxilio a personas a punto de morir en el mar, su política de asilo y refugio que se visibiliza en inhumanos campos griegos como el de Moria ha puesto al desnudo toda su hipocresía. Un brote de COVID-19 podría ser letal allí donde la higiene o la distancia social son poco menos que imposibles. Pero levantemos la vista y miremos más allá de las fronteras europeas, porque el 85% de los refugiados del mundo se encuentra en países del mal llamado Tercer Mundo, en Asia o en África, sobre todo.

Personas que buscan a la desesperada un suelo seguro, un territorio que les garantice al menos seguir viviendo, se encuentran bloqueadas en campamentos humanitarios, que, sin embargo, para ellos significan un espacio de alivio y sosiego como los que se encuentran en Chad, Níger, Kenia, Burkina Faso o Malí, amenazadas aún por la misma guerra de la que huyeron, en condiciones dramáticas. Lejos de acallarse las armas, los conflictos asimétricos como el que arrasa al Sahel se extienden cada vez más a lo largo del continente africano. Les persiguen en Sudán del Sur, en Dadaab, en los campamentos improvisados del noreste de Nigeria, en Dori, en Tilaberi. Quizás sean nombres que suenen poco en Europa, pero es ahí donde se viven auténticas tragedias cotidianas de niños que no tienen acceso al agua potable, de mujeres que paren a la luz de las velas, de prostitución forzosa, de ataques, violaciones y mendicidad. No son de otros, porque todos somos seres humanos que vivimos en el mismo planeta y por ello, todos debemos disfrutar de los mismos Derechos y defenderlos. Como servidores públicos tenemos una responsabilidad sobre todos ellos porque el sistema de protección, como demuestran cada vez más las crisis a las que se enfrenta el mundo, debe ser global.

El asilo no es una opción, es una obligación reconocida por la Ley y el Convenio de Ginebra de 1951, pongamos empeño en que se cumpla.

Si castigamos al sufrimiento o al olvido a quienes huyen de la guerra en los márgenes de nuestra sociedad, todo nuestro modelo de convivencia dejará de tener sentido. En España el sistema de acogida, dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones tiene por objeto atender el estado de necesidad de los solicitantes o beneficiarios de protección internacional en situación de vulnerabilidad formado por una red de centros de acogida de titularidad pública, Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y por dispositivos y programas de atención a solicitantes y beneficiarios de protección internacional gestionados por entidades sin ánimo de lucro especializadas, subvencionadas con este fin por la Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria. Las subvenciones concedidas a las ONG para la acogida de quienes conforman estos colectivos están financiadas con fondos que provienen de los presupuestos de la Secretaría de Estado de Migraciones recibiendo cofinanciación, en algunos programas, del Fondo Social Europeo y del Fondo de Asilo, Migración e Integración. Desde del PSOE estamos convencidos de que las políticas de asilo y de refugiados se afrontan con políticas comunes, consensuadas, transversales en el corto, medio y largo plazo, con perspectivas integrales e integradoras y sobre todo con actuaciones para atajar de raíz las dificultades migratorias, debemos comenzar por las actuaciones diplomáticas, y reforzar una verdadera política de cooperación al desarrollo como lo hemos hecho siempre que gobernamos o estando en la oposición.

Es necesario poner en primera línea de prioridades la pacificación de las zonas en conflictos en África, Asia y en Latinoamérica. En esta Legislatura el Partido socialista trabajaremos para aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, “reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria”, permitiendo de esta manera que se puedan aplicar todas las figuras jurídicas que están pendiente de desarrollo. Así mismo supondrá la incorporación de las novedades introducidas por la modificación de las Directivas que conforman el sistema común de asilo europeo. La actual pandemia de la COVID-19 nos ha puesto delante una nueva forma de actuación: no se pueden tomar soluciones parciales ni territoriales porque los virus no entienden de color de piel, de Estados, de continentes y ha puesto de relieve que, únicamente tomando medidas sociolaborales, de índole económica, migratoria que afectan al conjunto de la ciudadanía y en especial, a las personas más vulnerables, sin que nadie se deje atrás es la manera adecuada de abordar una crisis. Por lo que, la política de asilo y ayuda al refugiado debería tomar ese mismo camino, no dejar a nadie atrás.

"Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios abandonada en la última legislatura es nuestro reto y nuestro compromiso", dice Luc André Diouf, responsable de inmigración del Equipo de Gobierno del PSOE

La inmigración del siglo XXI ha de considerase una realidad social estructural y no coyuntural, y con los flujos migratorios tan creciente en tan poco tiempo podría ser comparable a la revolución de las nuevas tecnologías.

Con las desigualdades sociales, económicas y políticas de desarrollo existentes entre los países llamados ricos del Norte y los empobrecidos del Sur, la actual inmigración que conocen Estados Unidos y los países europeos irá en aumento. La fallida primavera árabe en Libia, las guerras en Mali, República Democrática del Congo, Eritrea y la caótica y alarmante situación de Siria hacen que los movimientos migratorios se hayan incrementado y afecten de lleno a Grecia, Italia y con pocas llegadas de inmigrantes a España.

Nuestro país, que en 2006 vivió las llegadas continuadas de cayucos y pateras con más de 32.000 inmigrantes, y con ciertas dificultades iniciales en la gestión, supo controlar el desafío mientras media Europa miraba para otro lado. El gobierno del Partido Socialista, en concierto con las comunidades autónomas más afectadas (Canarias, Andalucía, Extremadura) y con los agentes sociales, la guardia civil y las ONG puso en marcha unos protocolos de actuación con salvamento marítimo, la atención a pie de playa y activó una verdadera política de cooperación al desarrollo con los países de África occidental, incluida la creación de un centro de atención e información a inmigrantes en Mali, la instalación de embajada en Mali, acuerdos con Gambia, Senegal, Mauritania...

Aquellas políticas paliaron el efecto huida y efecto hambre y, paulatinamente, fueron decreciendo las llegadas de cayucos y pateras y las muertes en el Atlántico. Sin embargo, el partido popular se apresuró a denominar y calificarlo de efecto llamada, haciendo de las personas inmigrantes que huían de las guerras y el hambre su chivo expiatorio.

España, con su pasado de país emigrante de los 60 y las drásticas políticas de recortes y nefasta ley laboral del Gobierno del PP que tanta precariedad, desempleo y falta de expectativas de toda una generación bien formada ha generado, vuelve a convertirse en un país emisor de inmigrantes con más de 2.000.000 de españoles en el extranjero.

El PP no sólo reformó y endureció la Ley de extranjería, sino que también en lo que respeta a las políticas de participación ciudadana (integración) -que los socialistas entendemos como un proceso bidireccional de adaptación mutua que requiere la participación activa de toda la ciudadanía- su desarrollo sigue siendo insignificantes para los inmigrantes, incluso en situación administrativa regular.

En algunas comunidades, con la excusa de crisis económica y con fines partidistas, han carecido de políticas de participación ciudadana en materia de vivienda, educación, sanidad… llegando a veces a ser inexistentes.

La única alternativa al gobierno del Partido Popular es el Partido Socialista Obrero Español; por su capacidad de gobierno ya demostrada, por su compromiso con las personas más desfavorecidas y por su voluntad de volver a la senda de la Ley de extranjería 4/2000, la ley más social que nos permitió a las personas migrantes disfrutar de la aplicación de los derechos básicos, entre ellos la sanidad pública universal.

Nuestro gobierno impulsará la política común europea de asilo e inmigración y elaborará un informe marco sobre inmigración, protección internacional y cooperación que nos permita analizar y orientar la política migratoria exterior española y presentar iniciativas dirigidas a la Unión Europea. El reto es común y se ha demostrado imprescindible para un tratamiento adecuado a la dimensión global del fenómeno.

Recuperar la estrategia de cooperación migratoria bilateral con los países de origen y tránsito de los flujos migratorios abandonada en la última legislatura. Ese es nuestro reto y nuestro compromiso.