"La delegación de cargos públicos pudo certificar la implantación de un auténtico sistema de apartheid por parte del Estado de Israel. Un sistema de discriminación nacional-religioso tanto dentro de sus fronteras oficiales, como en el resto de los territorios ocupados de Palestina"

Historias del apartheid israelí y de la resistencia palestina (I)

*Continuación de "Historias del apartheid israelí y de la resistencia palestina (I)"Historias del apartheid israelí y de la resistencia palestina (I)

Las ciudades y grandes campos de refugiados

Las ciudades palestinas se enfrentan a desafíos colosales, siempre con la ocupación y el apartheid como factor inalterable que juega contra la recuperación de la normalidad y el desarrollo de los servicios municipales. Rodeadas de asentamientos, surcadas por el muro y sometidas al férreo control del Estado de Israel que puede paralizar -a placer- todos los sectores clave de la economía (telecomunicaciones, suministros esenciales, combustible...). Aunque la ocupación militar de Palestina nunca será rentable, esta ha sido convertida en un “nicho de mercado” cautivo para Israel que le permite recuperar parte de los costes. Además, la dificultad de tránsito entre las mismas dificulta el desarrollo local, así como su enlace con el exterior.

La ciudad de Hebrón es la más poblada de Cisjordania y su principal centro económico (por precaria que sea la actividad empresarial palestina). Se calcula que un tercio del Producto Interior Bruto de Cisjordania se produce en esta histórica ciudad. Hebrón fue la primera en experimentar los asentamientos ilegales de colonos, el más conocido se estableció por la fuerza en el centro histórico. En virtud de ambos tratados de los años 90 -Acuerdos de Oslo y Acuerdo de Hebrón-, la ciudad quedó dividida en dos partes... Una de ellas bajo control militar israelí -denominada “H2”-. Parte del casco histórico se ha convertido en un gueto palestino, aislado por check point del resto de la ciudad y a la que los palestinos que allí habitan no pueden acceder con sus vehículos -tampoco los servicios de emergencia-.

Para mantener esta situación de terror cotidiano, miles de soldados israelíes hacen servicio en la ciudad y las principales colinas que la rodean han sido dotadas de cuarteles militares. Las familias palestinas residentes en esta zona están obligadas a tener siempre las puertas de sus casas abiertas para facilitar la entrada de los militares que periódicamente actualizan el censo de habitantes... La ausencia del domicilio puede significar la pérdida del permiso de residencia en la zona. El apartheid es tan descarado en Hebrón, que existen calles por las que los palestinos tienen prohibido transitar, entre ellas la que fuera hace décadas la mayor arteria comercial de la ciudad. En esta calle los comercios palestinos casi han desaparecido -a excepción de cinco tiendas que han protagonizado una lucha histórica de resistencia y perseverancia-. En esta ciudad fuimos testigos de una humillación sin fin, con un único objetivo: desplazar a la población palestina fuera de la zona “H2”. La estrategia sionista en Hebrón es delirante, suponiendo un alto coste económico y político.

También visitamos Belén, rodeada de asentamientos y cercada por el muro. Su principal actividad económica es el turismo -un tercio de la población depende de este sector- pero la presión israelí dificulta la llegada de los visitantes que de media permanecen una hora en la ciudad. Además, Belén forma una trama urbana continua que la integran importantes campos de refugiados como el de Dheisheh y el de Aida. Conocimos el Centro Al Rowwad en Aida -al norte de Belén-, situado a unas decenas de metros del muro que luce alguno de los murales más conocidos contra la ocupación de palestina en sus inmediaciones. De hecho, pudimos contemplar casi terminando un mural enorme dedicado a la adolescente Ahed Tamimi, recientemente liberada tras permanecer ocho meses en prisión por abofetear a un policía.

El centro cultural es otro ejemplo de resistencia popular, aportando actividades a la comunidad de entre 5.000 a 6.000 habitantes del campamento, especialmente entre la juventud y las mujeres. Un espacio donde construir formas de existencia y resistencia no violenta en la población del mundo más expuesta a los gases lacrimógenos – circunstancia que está llevando a estudiar la incidencia de estos químicos y su relación con procesos cancerosos-.

Los campamentos de refugiados son espacios gestionados por la UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), pero esto no previene a su población de tener garantizados los suministros básicos. Por ejemplo, el abastecimiento de agua (controlado por Israel) se realiza una vez cada 20 días y sin previo aviso. La única “alarma” que avisa del acontecimiento es el primer vecino que se da cuenta y enciende su motor de bombeo para llenar los depósitos de agua que pueblan los tejados. Entonces todo el mundo corre a casa para hacer lo propio. Nuestros interlocutores en Aida denunciaron -además- que la retirada de los fondos estadounidenses a la UNRWA está poniendo en peligro los servicios esenciales. Ya han avisado que será imposible abrir las escuelas de los campos de refugiados el próximo curso ante la falta de financiación para ello. Esto es fruto de las políticas abiertamente hostiles del presidente de EEUU, Donald Trump, hacia Palestina.

Siguiendo el hilo de los últimos movimientos de la diplomacia estadounidense llegamos a Jerusalén -la Embajada de Estados Unidos se ha desplazado allí recientemente dando un espaldarazo a los planes del sionismo sobre la ciudad-. Jerusalén se encuentra bajo control israelí, que la ha dividido de forma sectaria -étnico/religiosa- en dos grandes sectores. Los palestinos han quedado “recluidos” en la parte oriental y necesitan un estatus especial de residente para poder habitar en la ciudad. La ciudad vieja está incluida en la parte oriental, aunque sufre una presión importante de colonos israelíes. Pudimos presenciar en directo como grupos de jóvenes sionistas -armados- ocupaban por turnos zonas altas del tramado del casco histórico con el fin de “generar derechos” y presionar a la población palestina. En algunos casos eran simples casetas de obra colocadas sobre los edificios, con dicho fin. Una situación difícilmente soportada por las familias palestinas, que tienen que vivir puerta con puerta con estos mini-asentamientos. Las importantes zonas de culto de esta zona histórica se encuentran con el acceso totalmente flanqueado por controles militares, siendo la prohibición del acceso a la explanada de las mezquitas una de las formas de castigo habituales contra la población palestina. De hecho, durante el día que la visitamos, los palestinos no podían acceder en represalia por unas movilizaciones dos días antes.

La población palestina; entre la resistencia popular y el apartheid

La delegación de cargos públicos pudo certificar la implantación de un auténtico sistema de apartheid por parte del Estado de Israel. Un sistema de discriminación nacional-religioso tanto dentro de sus fronteras oficiales, como en el resto de los territorios ocupados de Palestina. Un sistema sostenido sobre la presencia militar permanente y el castigo individual o colectivo como herramienta disuasoria. Sin menospreciar la represión directa sobre la población. Durante nuestra breve estancia, tres menores palestinos fueron asesinados en Cisjordania y un joven con Síndrome de Down fue alcanzado en la cabeza por una bala de goma.

Lo que vimos en directo, unido a los cambios legislativos en Israel, no deja lugar a dudas. Quienes dominan el poder en el Estado sionista cierran cualquier posibilidad de una salida digna para ambos pueblos. Ni reconoce -ni respeta- un Estado Palestino de pleno derecho -debería de haberse creado a finales del siglo XX-, ni tampoco es capaz de demostrar que un único estado con plenos derechos democráticos y libertades para el conjunto de la población es posible. La llamada “Ley del Apartheid”, que se basa en la sangre y la ocupación militar del territorio es una apuesta por perpetuar la situación de opresión dentro y fuera de las fronteras de Israel.

Pero también fuimos testigos de la paciencia del pueblo palestino en enfrentar la situación incluso en los lugares más hostiles. Si un ingrediente es necesario para construir un futuro mejor -para toda la población que hoy habita la tierra palestina- este no es otro que la llama imperecedera que prende en la resistencia popular palestina. Es la esperanza frente al miedo, es la dignidad frente al sometimiento. Sin esa llama, ni la resistencia en el interior de Israel a un estado secular, ni la solidaridad internacional tendrían sentido alguno. Y si algo cristaliza en un solo frente a la resistencia popular palestina con los pueblos del mundo es la campaña del BDS contra el apartheid israelí. La solución no es la creación de dos estados, ni tampoco la imposición de un único estado. ¿Qué más da lo formal si se mantiene la opresión del pueblo palestino? Nada de eso traerá la paz y la fraternidad a la zona. Lo importante es que el futuro de los pueblos que habitan hoy Palestina sea en plano de igualdad y con derechos democráticos plenos y universales. Y el primer paso hacia esa igualdad es terminar con el apartheid.

"Conocimos una familia a la que le habían tirado su vivienda en más de una decena de ocasiones, y supimos de otra que tiene el triste récord de más de 30 destrucciones/reconstrucciones"

A finales de julio, tuve el honor de participar en una delegación de cargos públicos que se desplazó a Palestina (1), invitada por Rescop (Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina) y APLA (Asociación de Autoridades Locales Palestinas), para estrechar lazos y establecer contactos con responsables políticos, comités de derechos humanos y responsables de la resistencia popular no violenta; así como visitar zonas significativas de la existencia -resistencia- del pueblo palestino contra la ocupación militar y el régimen de apartheid israelí (2).

Nada más llegar al Aeropuerto de Tel Aviv, comprendimos que el apartheid también alcanza a los movimientos, instituciones y personas que denuncian la vulneración de derechos humanos en Palestina. Ana Sánchez, activista de Rescop y organizadora de la delegación, fue interrogada durante tres horas, retenida y finalmente expulsada -un día después-. La acusación: ser una activista internacional contra el apartheid israelí. Ni la asistencia consular consiguió el derecho de tránsito de la compañera. El Estado de Israel no quiere perder la oportunidad de trasmitir a las personas que empatizan con la causa palestina (o sospechosas de serlo) un rotundo “no sois bienvenidas”. De hecho, las entradas y salidas en el aeropuerto son tan desagradables como aleatorias en las consecuencias. Es algo premeditado: no quieren que viajar a Palestina sea cómodo, evitando así tener testigos.

Nuestra invitación tenía como destino Cisjordania. Y Ramallah, como “plataforma” desde la que nos desplazaríamos a Belén, Hebrón, Bir Nabala, el campo de refugiados de Aida, la comunidad beduina de Khan Al Ahmar y al Valle del Jordán. El viaje terminó haciendo escala en Jerusalén -oriental- donde reflexionamos sobre lo vivido e hicimos un llamamiento a nuestro Gobierno para que cese las políticas de complicidad con estados que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, como el israelí. También reivindicamos un papel activo de las ciudades que representamos como garantes del derecho internacional y bastión en defensa del derecho de todos los pueblos a vivir con dignidad.

Adentrándonos en el apartheid

Conforme avanzamos hacia el territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania, un breve trayecto, vamos tomando conciencia de dónde nos encontramos. Carreteras “sólo para palestinos” (con vistosos carteles rojos de advertencia a la ciudadanía israelí de los peligros que entraña circular por ellas) y carreteras sólo para vehículos israelíes cuya matrícula se diferencia por ser de color amarillo. Observamos kilómetros y kilómetros de muro de cemento y vallas electrificadas. Un basto sistema de vigilancia. Asentamientos y más asentamientos ilegales de colonos sionistas. Y los check point (controles militares), que marcan cualquier tránsito entre el territorio controlado por la ANP y el territorio palestino en manos del Estado de Israel, auténticos embudos donde se pueden invertir varias horas si se cruza en hora punta. Aunque Palestina tiene un tamaño reducido y las distancias lineales entre las ciudades son pequeñas, los trayectos para el pueblo palestino pueden triplicar y cuadruplicar los tiempos lógicos.

El check point de Kalandia fue el primero que cruzamos y el que más veces atravesamos. Nada más entrar al territorio de la ANP, nos topamos con el campo de refugiados del mismo nombre. Grandes bloques de pisos, un urbanismo gris -además de enloquecido- en medio de un entorno muy árido. Y el muro. Siempre el muro, serpenteando junto a ciudades, pueblos y campos de refugiados. Grafitis con los rostros de Yasir Arafat y de Marwan Barghouti presiden el primer tramo de esta pared de hormigón que nos adentra en Kalandia y conduce a Ramallah -la capital administrativa de la ANP-. Allí tienen sede muchos organismos, comités y colectivos. En esos momentos, la ciudad transmitía una cierta normalidad, y en ella tuvimos varios encuentros institucionales y políticos de gran interés.

Da igual que nos encontráramos con varios alcaldes de algunas de las principales ciudades palestinas que forman parte de APLA, con el Comité Nacional de Derechos Humanos o con activistas de la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), la ocupación militar, las detenciones, la humillación constante que supone el apartheid, las zonas A, B y C (3), el bloqueo de Gaza... están presentes en todos los relatos. De una forma u otra, todo lo que acontece en Palestina está totalmente influenciado por esta situación. También todo lo que ocurre en el Estado de Israel.

La reunión con el Comité Nacional de Derechos Humanos fue clave para poner algunas cifras al significado del apartheid. En estos momentos, los presos y presas políticos palestinos en las cárceles de Israel son más de 6.000 – entre los que se encuentran más de 300 niños y niñas-. Además, cientos de personas son detenidas “administrativamente” cada año. Las detenciones “administrativas” son detenciones sin cargos realizadas por cuestiones de “seguridad nacional” que pueden ser prorrogadas de forma indefinida (4). No era extraño -más bien habitual- que buena parte de nuestros interlocutores hubieran pasado por las mazmorras sionistas por cuestiones políticas, y es que se cuentan por cientos de miles las personas palestinas que han sido encarceladas desde 1967 en relación a la oposición a la ocupación israelí.

Existir es resistir

Gran parte del territorio palestino está sometido a una presión constante, que conjuga la fuerza militar y la proliferación de asentamientos. Los recientes cambios legislativos en Israel no hacen pensar que esta presión disminuya, al considerarse esta política de ocupación/expansión como una política de Estado.

Pudimos comprobar esta presión, así como la resistencia de las comunidades palestinas al abandono de su tierra, en distintos escenarios. Quizás, uno de los más sonados es el caso de la comunidad beduina de Khan Al Ahmar, amenazada por la pretensión de extender los asentamientos de colonos en la zona de Jerusalén hacia el este. Si esta zona fuera colonizada, Cisjordania podría quedar definitivamente dividida en dos partes (norte/sur). Así, no es de extrañar que esta comunidad se esté convirtiendo en un símbolo de la resistencia popular no violenta palestina. Hace un mes, aproximadamente, habitantes de la comunidad y activistas consiguieron detener la destrucción de varias casas y servicios comunitarios -entre ellos una escuela que atiende a más de 200 niños y niñas-.

Siguiendo la misma carretera hacia el este encontramos el Valle del Jordán. Una zona árida y con altas temperaturas, donde la vida diaria es dura en las comunidades y pueblos rurales que lo jalonan de norte a sur. La zona está “sellada” por check point en las rutas hacía Cisjordania y por una franja bajo control militar israelí a lo largo de toda la frontera con Jordania. Cualquier movimiento de viajeros y mercancías está sometido a los intereses del Estado de Israel. Además, la mayoría del territorio del valle ha sido convertido en “zona militar” -algo así como un campo de maniobras- y los asentamientos se van extendiendo. En una zona tan dura como esta, el acceso al agua es fundamental, tanto para vivir como para mantener la actividad agrícola. La ocupación significó la confiscación de los acuíferos, la destrucción de los pozos palestinos y la construcción de nuevas plantas de bombeo bajo control israelí. El resultado son restricciones y precios altos del agua de riego, mientras las plantaciones y los asentamientos israelíes florecen regados por el agua palestina.

En el Valle del Jordán, la resistencia es cotidiana, la propia existencia es un acto de desobediencia a la ocupación. Conocimos una familia a la que le habían tirado su vivienda en más de una decena de ocasiones, y supimos de otra que tiene el triste récord de más de 30 destrucciones/reconstrucciones. Incluso cuando esta dinámica les sobrepasa, algunas familias prefieren improvisar tiendas de campaña y permanecer en el territorio que ceder a la presión del Estado de Israel. Otra muestra de resistencia en este escenario es la lucha por el acceso al agua, quizás su expresión más cotidiana era la creación de enganches a la red israelí que permiten a las comunidades algo de alivio. Tan pronto como el ejército las destruye, aparece una nueva, a pesar de los previsibles castigos individuales y colectivos. Es en este terreno -sometido al aislamiento- donde el “existir es resistir”, toma todo su sentido.

(1) La delegación estaba formada por Jaume Asens, Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona; Neus Fàbregas, concejala del Ayuntamiento de Valencia; Pablo Híjar, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza; Adrián Martínez de Pinillos, concejal del Ayuntamiento de Cádiz; Mario de la Ossa, concejal del Ayuntamiento de Villarobledo; Joan Coma, concejal del Ayuntamiento de Vic; Susanna Segovia, diputada del Parlament de Catalunya; Elena Sevillano e Isabel Serra, diputadas de la Asamblea de Madrid.

(2) El concepto apartheid israelí nace de comparar el trato que el Estado de Israel está dando a las personas palestinas con el régimen de segregación racial que tuvo lugar en Sudáfrica. La Asamblea de la ONU ratificó en 1973 la Convención Internacional sobre la Represión del Crimen de Apartheid en el que se definió como “actos inhumanos cometidos con el propósito de establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas sobre cualquier otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemáticamente».

(3) El territorio controlado -en teoría- por la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania se divide en tres tipos: A (el más pequeño), controlado por la ANP -normalmente ciudades-. B, gestionado bajo administración palestina, pero bajo control militar israelí; y C, gestionado y controlado directamente por el Estado israelí (la mayor parte).

(4) Según el último informe de Addameer -Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos-, el 1 de marzo de 2018 había 6.050 presos políticos palestinos detenidos en prisiones israelíes. Esto incluye 427 detenidos administrativos, 356 niños y siete miembros del Consejo Legislativo Palestino.

Es posible otra política de vivienda y una atención integral a la emergencia habitacional. Incluso frente a una legislación hostil y un Gobierno central hasta ahora cómplice de la situación

El martes 18 de octubre, SAREB comunicó a la Oficina Municipal de Vivienda su decisión de suspender los desalojos forzosos señalados en un bloque de viviendas del zaragozano barrio de Santa Isabel. Una gran noticia. Las familias solicitaron la mediación municipal, a la par que denunciaban su situación acompañadas por Stop Desahucios. Medios y redes recogieron la rueda de prensa de la plataforma y la reunión posterior que mantuvimos en el Ayuntamiento, tras la cual realizamos una comparecencia conjunta. Ahora la SAREB tiene la oportunidad de resolver la situación de las familias garantizando la alternativa habitacional. Lo ocurrido ha logrado poner luz de nuevo sobre la necesidad de la mediación y acción públicas frente a los desahucios que continúan produciéndose en un número inaceptable. También en lo imprescindible de la organización social más allá de las instituciones.

En esa declaración conjunta trasladé a las entidades financieras y a la SAREB su responsabilidad en la resolución de casos como el del bloque de Santa Isabel mediante la mediación y la alternativa habitacional, en lugar de resolver mediante procedimientos judiciales que desembocan en desalojos forzosos. Hay que recordar que la emergencia habitacional explotó con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la estafa hipotecaria. Y ambas -burbuja y estafa- no se podrían entender sin la participación directa de las entidades financieras.

Hace ya tiempo que se superó la barrera de las 500.000 ejecuciones hipotecarias desde el estallido de la crisis, una cifra escandalosa con consecuencias terribles. Vidas rotas, deudas de por vida, exclusión residencial... Depresión, ansiedad y un número importante de suicidios. Al mismo tiempo las entidades han acumulado cantidades ingentes de viviendas, tanto de familias como obra nueva procedente de promotores privados arruinados. La violación sistemática de los derechos humanos se ha realizado con luz y taquígrafos, gracias a las plataformas, visibilizando en el mundo entero.

Los grandes medios internacionales hicieron no pocos reportajes en profundidad sobre esta barbarie realizada al amparo de los últimos gobiernos que han mantenido invariable una legislación injusta y pensada para tiempos de “vacas gordas”. Falta poco para cumplir 10 años desde la explosión de la crisis, y en esencia, las leyes siguen siendo las mismas.

Y sí, casi 10 años después y la emergencia habitacional sufre mutaciones... Primero la oleada de ejecuciones hipotecarias, después el aumento de los desahucios por el impago de rentas de alquiler y ahora profundizándose según datos del CGPJ el número de familias que enfrentan procedimientos -normalmente penales- por usurpación de vivienda.

Los estudios como el recientemente publicado por Cáritas y la información de la que disponemos... señalan que el crecimiento de la desigualdad experimentado desde el estallido de la crisis viene para quedarse. Señalando que la cronificación de la pobreza afecta a amplias capas de la población. La leve recuperación de las grandes cifras económicas, y la más tímida aún creación de empleo (3.720.297 de personas en paro en septiembre según el Ministerio de Empleo) no significan un alivio de las bolsas de pobreza, agrandadas durante la crisis.

Según la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) existen 2.845.300 personas que son paradas de larga duración, muchas de ellas sin prestaciones. Al mismo tiempo se multiplican los trabajadores y las trabajadoras con salarios que los mantienen en la pobreza pese a contar con una nómina. Y buena parte de las familias expulsadas de sus viviendas durante la crisis, en muchos casos no han mejorado su situación y difícilmente pueden hacer frente a un alquiler a precio de mercado. Se multiplica el hacinamiento, el alquiler de habitaciones y las viviendas irregulares sin condiciones de habitabilidad.

La situación es inaguantable, continúa siendo inaguantable. Más allá de la propaganda del gobierno central y sus voceros los desahucios efectivos (es decir los que terminan ejecutándose materialmente) fueron en la provincia de Zaragoza 725 en la primera mitad de este año. En la primera mitad del 2015 fueron 601. Y en 2014 se registraron 561. Una progresión que contradice al señor De Guindos cuando sale en la televisión diciendo que han solucionado el problema de los desahucios. Cuatro desahucios efectivos al día son una cifra muy elevada para una provincia como Zaragoza, y hay que recordar que Zaragoza capital concentra la inmensa mayoría de este tipo de procedimientos.

Y volviendo al principio, lo que está ocurriendo con el bloque de Santa Isabel -como con los cientos de expedientes abiertos en la Oficina de Municipal de Vivienda- demuestran que es posible otra política de vivienda y en concreto que es posible una atención integral a la emergencia habitacional. Incluso frente a una legislación hostil y un Gobierno central hasta ahora cómplice de la situación. Tan hostil al derecho a la vivienda, que aún en funciones no ha dudado en provocar que el Tribunal Constitucional suspendiera artículos clave del decreto de emergencia en materia de vivienda del Gobierno de Aragón.

Los profesionales de la Oficina, así como del resto de áreas de Zaragoza Vivienda, están poniendo en valor la mediación frente a la vulneración de derechos, así como la acción pública sin exclusiones en la garantía de la alternativa habitacional.

Exactamente igual ha ocurrido con clubs deportivos que teniendo una historia, unos socios, una masa social, se privatizaron por las supuestas ventajas que traería consigo convertirlas en Sociedades Anónimas Deportivas -SAD-. Según nos contaban, habría más transparencia, se ajustarían los gastos -puesto que los propietarios gastarían de su patrimonio-, se cumpliría con los pagos a Hacienda y Seguridad Social y toda una serie de cuestiones que lejos de convertirse en realidad, se han convertido en todo lo contrario. Desde que existen estas sociedades, los gastos y las deudas se han disparado. Únicamente una minoría se ha beneficiado de la conversión de los clubs en SAD, los casos de corrupción legal -comisiones, fichajes fantasma, etc- e ilegal, lejos de desaparecer aumentaron de forma importante.

Lejos de demostrar la supuesta mejora en la gestión, la privatización de los clubs deportivos, más concretamente del fútbol, ha supuesto un absoluto desastre. En la medida en que los socios pasaron a ser abonados, y a perder el control del club en favor de unos accionistas, todo ha empeorado. La llamada iniciativa privada ha jugado su papel social, el de la apropiación individual del beneficio generado socialmente.

Hago esta pequeña introducción para explicar mi posición política, que nadie se lleve a engaño, no estoy de acuerdo con este tipo de gestión, obviamente no todos los dirigentes de las SAD han jugado el mismo papel, pero igual que es difícil competir para un empresario que cumple los convenios y toda la legislación con respecto a uno que no lo hace, en el mundo del fútbol ha resultado imposible sobrevivir en la élite sin entrar en una dinámica perversa de fichas inasumibles y deudas impagables. Es decir, el problema no es tal o cual gestión -sin duda agrava o aminora el problema- el problema es el sistema en su conjunto.

Finalmente los clubs son empresas privadas, que como en muchos otros casos -autopistas radiales de Madrid, sector financiero, etc- cuando tienen beneficios nadie sabe dónde van, y cuando tienen pérdidas acuden a las administraciones a pedir su salvación. Empresas en las que se han pagado salarios desorbitados, fichas indecentes, traspasos vergonzantes... Igual que ha existido la burbuja inmobiliaria y crediticia. Existe una burbuja provocada por la transformación del fútbol de élite o profesional en un lugar de inversión, proyección de poder de las grandes fortunas y de soporte publicitario de las grandes marcas. Esta dinámica se ha llevado por delante, o ha puesto en riesgo, no pocos proyectos deportivos.

En estas nos encontramos con nuestro Real Zaragoza, que lamentablemente no se ha clasificado para los play-off de ascenso de la Liga Adelante a la Liga BBVA. No vamos a responsabilizar a la actual directiva de la situación del Real Zaragoza, ni sería justo, ni honesto por nuestra parte; pero mucho menos lo es, responsabilizar a este Ayuntamiento de la continuidad del Real Zaragoza, y menos aún a este nuevo equipo de Gobierno.

Parece que hay voces interesadas en criticar las decisiones políticas que hemos tomado respecto a La Romareda, por otro lado, en estricto cumplimiento de nuestro programa electoral. Obviamente, pensamos que la crítica política es saludable, eso sí, una vez que se abre el debate, todos podemos participar en él, e igual que entendemos que un dirigente de un Consejo de Administración de una Sociedad Privada defienda sus intereses económicos, un Gobierno municipal está obligado a hacerlo por el interés público, por encima del interés concreto de una empresa u otra.

Es curioso ver a quien nunca criticó los fichajes de Matuzalem, Oliveira, Ayala, Aimar, etc, que critique a quien antes de gastar un dinero público en una instalación de aprovechamiento privado, exija un compromiso de viabilidad, y de reversión económica y social de dicha inversión. No fue el Ayuntamiento de Zaragoza, ni este equipo de Gobierno, el que gastó millones de euros que no existían y generó una deuda estratosférica. Solo con los cuatro fichajes que he nombrado se podría haber reformado La Romareda. Pero eran otros tiempos, de pelotazos futbolísticos y de todo tipo. Y todo con el beneplácito de alguna institución, que prometió, no se sabe que, a un empresario que anda paseándose por los juzgados, y que tuvo como Director General al anterior Consejero de Economía del Gobierno de Aragón. Esperamos que cuando el Señor Lambán se refiere a la posibilidad de buscar soluciones para el club, sean más acertadas que las que sus compañeros de partido tomaron cuando apoyaron la entrada de Agapito Iglesias al club.

Curiosamente Lambán también nos acusa de incumplir acuerdos del pasado. Nosotros entendemos que el señor Lambán aplaudió cuando el presidente Zapatero -en cumplimiento de su propuesta electoral- retiró las tropas de Irak, aunque fuera un acuerdo del anterior Gobierno (es decir incumplió un “acuerdo del pasado”). Suponemos a este modesto Gobierno municipal el mismo derecho a aplicar sus compromisos con la ciudadanía siempre que sea posible. Lo mismo esperamos y le deseamos al presidente del Gobierno de Aragón.

Llevamos ya más de dos décadas con la reforma o el traslado del estadio municipal de fútbol a cuestas. Y parece que de forma precipitada en la anterior legislatura se quiso atar un acuerdo a última hora que obligara al próximo Gobierno municipal a la cesión de La Romareda por 75 años, independientemente de lo que votaran los ciudadanos. Más le valía al señor Lambán recibir a otros clubs de primeras categorías de Zaragoza, y apoyar al deporte con un presupuesto digno como le reclaman. Pedro Santisteve sí se reunió con ellos, y cumplimos nuestro compromiso de mantener las partidas dedicadas al deporte, incluidas las dedicadas a los clubs de primeras divisiones. Como decía: abrir debates está bien, siempre que aceptes que el resto puede participar.

Este Ayuntamiento, y no es mérito de este Gobierno, invirtió una cantidad de dinero ingente en la construcción de campos de fútbol municipales o en la adecuación de los mismos -muchos fueron auto-construidos en el pasado por los vecinos de los barrios-. En total 28 instalaciones con más de 40 terrenos de juego, la inmensa mayoría dotados de césped artificial o natural. Sin duda, es una forma de fomentar el deporte base o la iniciación deportiva y que cuenta con la indispensable colaboración de los clubs de la ciudad para su gestión. El número de practicantes ha aumentado considerablemente, además en unas condiciones mucho mejores para el desarrollo de las capacidades técnicas y físicas de nuestros jóvenes. Más de 400 equipos y 2,3 millones de usos al año en la red de campos municipales. El objetivo de estas instalaciones no ha sido nunca crear una fábrica de profesionales, el objetivo es el mayor aprovechamiento social. Pero de la misma forma, estamos seguros que la universalización del acceso a la práctica deportiva significa también un aumento de la calidad. Con toda seguridad estamos viendo crecer en estas instalaciones a chavales que podrían jugar en un futuro en el Real Zaragoza, eso ayudaría a la viabilidad del proyecto en lo deportivo y en lo económico. Una vez más, tenemos que lamentar la mercantilización del fútbol, convirtiendo muchas veces las categorías base en un mercadeo, tan nocivo como innecesario. Se da la paradoja que un club de Zaragoza podría ser considerado en la práctica un filial de un equipo importante de otra ciudad, que se lleva a los jugadores en cuanto destacan. ¿No es una locura? Los proyectos de cantera son imprescindibles para cualquier club y para el territorio, sobre todo cuando existen las posibilidades materiales para su desarrollo. Zaragoza dispone de esas condiciones materiales y de decenas de miles de fichas federativas.

Por supuesto, seguimos abiertos al dialogo, como hemos hecho siempre, queremos buscar opciones, haremos lo que en nuestra mano esté. Pero la realidad sigue siendo tozuda, y la viabilidad del club, según sus propios dirigentes depende única y exclusivamente del ascenso a la Liga BBVA. Desde la institución podremos apoyar, pero dejemos claras las responsabilidades de cada cual. La nuestra es atender en la medida de lo posible a las múltiples necesidades sociales que nuestra población tiene, una de ellas el deporte en su conjunto. Y nuestra tarea es complicada, como lo es la que tiene el Consejo de Administración del Real Zaragoza, que nos merece todos los respetos, y al que deseamos todos los éxitos posibles. Asumiendo que en su gestión siempre existe una incógnita, que la pelota entre o no.