El cuestionamiento de los derechos humanos avanza a escala global, entre discursos reaccionarios y la erosión de garantías fundamentales. Este contexto, cada vez más preocupante, coincide con el aniversario de los 80 años de las Naciones Unidas, una institución clave pero hoy debilitada, tanto por el bloqueo político entre potencias como por la incapacidad de hacer cumplir sus decisiones. El genocidio en curso en Gaza, o la incapacidad de establecer un tratado internacional que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos son ejemplos claros.

Aun así, la ONU conserva mecanismos relevantes para la rendición de cuentas. Uno de los más destacados es el Examen Periódico Universal (EPU), en el que todos los Estados miembros deben someterse regularmente al escrutinio de sus homólogos. Se trata de un ejercicio diplomático, pero también político: una ventana para sacar a la luz violaciones de derechos humanos que a menudo permanecen invisibles o desatendidas a nivel interno.

El pasado 30 de abril, España se sometió a este examen para el periodo 2021-2025. La sociedad civil jugó un papel fundamental, con decenas de informes elaborados por organizaciones de derechos humanos, infancia, medioambientales, de derechos lingüísticos o de apoyo a personas migrantes. Este trabajo previo también incluye identificar qué Estados pueden formular preguntas incisivas y compartirles temas urgentes: vivienda, racismo institucional, criminalización de la protesta, segregación escolar…

Durante la sesión, más de un centenar de países intervinieron con recomendaciones. Muchos aplaudieron avances en materia de igualdad de género, pero las observaciones críticas fueron numerosas en derechos sociales: el escaso parque de vivienda pública, las tasas de desempleo juvenil, la desinversión en educación, la privatización de servicios de salud. También se puso el foco en las vulneraciones de derechos en la frontera sur, los controles policiales por perfil étnico, la desprotección de los menores no acompañados, la falta de garantías para las personas refugiadas y el problema de la trata de personas.

Ahora, el Gobierno español tiene unos meses para responder si acepta, toma nota o rechaza las recomendaciones. El Ejecutivo se presenta como un firme defensor de los derechos humanos, cosa que hay que celebrar en un contexto global negacionista, pero esta autoimagen no se corresponde del todo con la realidad.

Hay cuestiones graves que siguen encalladas. Por ejemplo, la discriminación racial, la ley de seguridad ciudadana o el caso de espionaje masivo con Pegasus, que afectó a representantes políticos, periodistas y activistas catalanes. De hecho, las reivindicaciones de diversas entidades catalanas han aparecido en el propio informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, con referencias a la libertad de expresión, el derecho de participación política y las limitaciones a los derechos lingüísticos.

Como dijo el embajador español durante el examen, este ha sido el EPU del “however” [sin embargo]: sí, hay avances importantes, pero. Por ejemplo, finalmente se ha aprobado el II Plan de Derechos Humanos, una demanda largamente reivindicada por las entidades sociales, pero la aplicación de estas políticas sigue siendo lenta y fragmentada. Por otro lado, algunos países como Portugal destacaron que en el Estado español no existe ningún mecanismo para garantizar el cumplimiento efectivo de las resoluciones de los comités de derechos humanos de la ONU.

A diferencia de lo que ocurre con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las decisiones de la ONU a menudo no se implementan, como el reciente caso del desahucio de Richard y Josefina. Y, mientras tanto, se perpetúa un modelo que infrafinancia derechos sociales básicos, a pesar de los avances: España continúa invirtiendo por debajo de la media europea en sanidad, educación y vivienda. En un momento en que la brecha de desigualdad se ensancha, esto no es solo una cuestión presupuestaria, sino de voluntad política.

El EPU es una oportunidad para la autocrítica y la mejora. Pero no puede quedarse en un ejercicio diplomático de buena voluntad. Se necesitan compromisos claros y, sobre todo, mecanismos efectivos para garantizar que el Estado cumple lo que promete ante la comunidad internacional. Al fin y al cabo, la calidad democrática de un país también se mide por la capacidad de proteger los derechos de los más vulnerables, no únicamente por su imagen exterior. Sigamos por el buen camino y acelerando el paso firme.

En el actual contexto de derechización de los Estados, vemos políticos como Donald Trump o Javier Milei cargando, en nombre de la eficiencia económica, contra derechos sociales del llamado “estado del bienestar”, tales como el sistema de ayudas o pensiones. Resulta irónico que este desmantelamiento esté corriendo a cargo de dos hombres que no son precisamente jóvenes (Milei ya supera los 50 años y Trump es un hombre septuagenario), y que más pronto que tarde serán más dependientes y necesitarán cuidados. Y es que no hay nadie en el planeta que no necesite de cuidados: desde que nacemos, cuando enfermamos, en nuestra vejez… Lo que es seguro es que en algún momento de nuestras vidas todos requerimos de apoyo o cuidado. 

Hasta ahora invisibilizado, el derecho al cuidado toma fuerza con el avance de la agenda feminista, y tanto en Naciones Unidas como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se está estudiando su ¿inminente? reconocimiento como nuevo derecho humano. Sí, un nuevo derecho que sirva como palanca para la acción de los Estados, para caminar hacia la corresponsabilidad colectiva de los cuidados. Y es que no hay nada más importante para la dignidad y la reproducción de la vida, y esa es la base de los derechos humanos. 

¿De qué hablamos cuando exigimos el derecho al cuidado?

De forma sencilla, podemos definirlo como el derecho a cuidar, a ser cuidado (con autonomía y agencia) y al autocuidado (con tiempo, por ejemplo). Sin embargo, se trata de algo complejo: estamos ante un derecho transversal y multidimensional, que interacciona con muchos otros derechos (al trabajo digno y la seguridad social en lo que se refiere a los cuidados remunerados, a la intimidad, a la salud…). A su vez, se configura como un derecho autónomo que reconocidas autoras como Ana Marrades o Laura Pautassi desde el iusfeminismo estudian cómo incorporar en nuestras constituciones y normativa.

Pero no solamente la vertiente jurídica es relevante: en los cuidados, la vertiente económica es clave, porque cuidar es un trabajo, y además un ejemplo claro de la división sexual del trabajo. Por un lado, es un trabajo que, cuando es remunerado, genera precariedad y condiciones laborales pésimas para las trabajadoras, en su mayoría mujeres de origen migrante. Aquí cabe cuestionarnos de forma crítica cuál es el rol del norte global en la economía mundial de los cuidados. Por otro lado, cabe reconocer los cuidados no remunerados, que se calcula representaría un 2,5% del PIB de Europa y mucho mayor en los países latinoamericanos.

¿Cómo podría ser este reconocimiento del derecho?

Encontramos ya algunos precedentes sobre los cuidados a nivel internacional, como en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y en algunos comités de Naciones Unidas (en el CEDAW, en el Comité de los derechos del niño, en la OIT…). Sin embargo, los primeros pasos más relevantes se están dando en el sistema interamericano de Derechos Humanos, a raíz de una opinión consultiva planteada por Argentina sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Más de 129 aportaciones de la sociedad civil, de otros muchos gobiernos y organismos oficiales, así como del mundo académico; y 70 delegaciones para las audiencias públicas, han mostrado el enorme interés que este tema despierta. 

A pesar de ello, o tal vez a causa de esta punta de lanza de los cuidados, el nuevo presidente argentino, Javier Milei, solicitó retirar su consulta, considerando irrelevante la temática. Afortunadamente, la Corte ya ha respondido que no puede ser retirada, así que esperamos en breves leer lo que sería una primera aproximación a los cuidados como derecho por parte de un tribunal de derechos humanos. Por su parte, Naciones Unidas estableció recientemente el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Además, aprobó una histórica resolución hace justo un año en el Consejo de Derechos Humanos, afirmando la importancia del derecho al cuidado “para orientar las políticas públicas y fomentar la igualdad de género y la justicia social”, y continúa trabajando la temática en la actualidad.

A nivel estatal, el reconocimiento jurídico debería venir de la mano de una reforma constitucional, incorporando un nuevo derecho social, como han hecho ya algunas constituciones pioneras como Escocia o Ciudad de México. 

Y si se reconoce el derecho al cuidado, ¿qué cambia?

El hecho de tener un derecho humano reconocido como tal proporciona garantías de protección y cumplimiento. Los Estados deberían respetar, proteger y realizar el derecho al cuidado. Por ejemplo, no deberían dificultar el acceso a las ayudas de dependencia con una burocracia infinita (respetar); deberían proteger que los cuidados se ofrecen en condiciones dignas y monitorear, por ejemplo, el aterrizaje de fondos buitre en las residencias (proteger); y desplegar un servicio de calidad con apoyo público (realizar). 

Ahora bien, si los avances en materia de la configuración de los cuidados como derechos aún son incipientes, las políticas públicas y leyes desarrolladas pueden darnos un poco de esperanza. Ciertamente, y especialmente a raíz de la Covid-19, los cuidados están ganando peso en la agenda política. La Xarxa pel Dret a Cura de Catalunya, una potente red ciudadana de cuidados, afirmaba que podíamos vislumbrar algunos avances: “la Ley de la Eutanasia, la igualdad de los permisos de paternidad, la Ley de autonomía del paciente, las voluntades anticipadas, la prohibición de las inmovilizaciones en las residencias, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención de personas con dependencia”. 

Las políticas de cuidados en marcha

Tanto en España como en Europa se han desarrollado estrategias de abordaje de los cuidados. Pero, si nos fijamos en las políticas públicas que implementan cuidados, debemos fijarnos en América Latina con sistemas punteros como Uruguay, con un sistema nacional de cuidados, o Bogotá, con el proyecto de las Manzanas del Cuidado. Desde Naciones Unidas se ha publicado recientemente una guía para transformar los sistemas de cuidados de forma “integral”, integrando políticas sociales y económicas abordando la protección social, el trabajo, la migración, la salud, el clima, el medio ambiente, la infraestructura y la movilidad. También desde el Observatorio DESCA hemos publicado recientemente una pequeña guía sobre cómo implementar sistemas de cuidados en cualquier municipio del territorio español, pilar básico para pasar de las palabras a los hechos desde lo local.

Por último, la forma como se proveen estos servicios de cuidados suscita importantes debates. Partiendo de una realidad donde la familia y el sector privado aportan la mayor parte de los cuidados, caminar hacia sistemas de gestión pública y comunitaria no resulta fácil pero cada vez es más urgente. Debemos ampliar la corresponsabilidad de los cuidados más allá de la división hombre-mujer en las familias nucleares heterosexuales (sin duda imprescindible) e incluir al Estado, responsable de garantizar este futuro derecho humano, así como la sociedad y la comunidad. Aunque Milei o Trump no lo quieran ver, estamos ante una evidente crisis de cuidados que pone en jaque al patriarcado y que profundiza la injusta división sexual e internacional del trabajo. Ojalá el reconocimiento del nuevo derecho sea el catalizador de normativa y políticas de cuidados, porque habrá sido el éxito del movimiento feminista que tanto temen el presidente argentino y el candidato republicano a la Casa Blanca.

Anunciar un piso en alquiler “solo para españoles” ha costado 90.001 euros a uno de los agentes inmobiliarios que difundió la oferta. Así lo ha confirmado una sentencia pionera del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona, siguiendo lo establecido en la ley catalana de vivienda, la misma semana que se ha publicado, tras años de trabajo, la Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación en España. El consistorio multó también a otro agente, a los anunciantes y al portal Idealista, pero el tribunal todavía no ha resuelto esos casos. 

Rebobinemos un poco para ver cómo se ha llegado a esta decisión. En primer lugar, el derecho a una vivienda digna constituye un derecho humano reconocido a nivel internacional y también en la Constitución española, en su artículo 47. Sin embargo, su provisión en España está privatizada prácticamente en su totalidad: la vivienda pública representa menos de un 2%, y el resto se deja en manos del mercado. Desgraciadamente, desde hace décadas se privilegia la concepción de la vivienda como una mercancía o bien de inversión, en un mercado inmobiliario altamente especulativo, frente a la vivienda como derecho. 

Sin embargo, la insuficiente inversión pública en vivienda no exime a los poderes públicos de asegurar el principio de igualdad y no discriminación en la cobertura del derecho a la vivienda, como en todos los derechos humanos. Desde el Observatorio DESC denunciábamos que “hay que afirmar sin tapujos una vez más, que la regulación del acceso a la vivienda de protección oficial o a los pisos de urgencia de las Mesas de Emergencia, todavía contienen verdaderas barreras que excluyen por ejemplo a las personas en situación administrativa irregular”. ¿Cómo concretar pues dichos principios? Sin duda, no resulta sencillo, ya que no basta con diseñar una política social inclusiva para el escaso parque de vivienda pública, sino que es necesario también prohibir prácticas discriminatorias en el mayor proveedor de vivienda, el mercado. 

En el caso de la Ley por el Derecho a la Vivienda de Catalunya (2007) define como discriminación directa en materia de vivienda cuando “una persona recibe, en algún aspecto relacionado con la vivienda, un trato distinto del recibo por una otra persona en una situación análoga, siempre que la diferencia de trato no tenga una finalidad legítima” (art. 45.3.a) y regula como infracción muy grave “llevar a cabo acciones u omisiones que comporten acoso o discriminación en el uso de la vivienda”(art. 123.2.a). En virtud de esto, el Ayuntamiento de Barcelona cursó un procedimiento administrativo que terminó en una sanción de 90.001 euros por el mencionado anuncio discriminatorio.

A pesar de la vigencia de dicho artículo desde 2007, se conoce la dificultad de probar prácticas de este tipo. El inasumible precio del alquiler en España, con una desconexión total respecto de los salarios, resulta ya una enorme barrera para acceder a la vivienda, especialmente a los colectivos más vulnerables. Pero, además, el racismo de las agencias inmobiliarias y de muchos propietarios imposibilita en muchas ocasiones poder alquilar un piso, con la consecuente vulneración de derechos que comporta no tener un hogar. Diversos estudios en los últimos años han puesto sobre la mesa la existencia tan extendida de este tipo de prácticas discriminatorias. Además, organizaciones como el Sindicat de Llogateres y SOS Racisme han hecho de altavoz  y puesto al alcance de la ciudadanía herramientas para denunciar.

Llegados a este punto, el rol sancionador de los poderes públicos es clave para terminar con la impunidad con que se actúa en este ámbito. Sentencias como ésta sientan las bases para avanzar hacia la eliminación del racismo inmobiliario. Así, los ayuntamientos deben ejercer de forma valiente su potestad sancionadora para garantizar derechos sociales y caminar hacia ciudades libres de discriminación, además de desarrollar políticas públicas específicas, como por ejemplo oficinas de no discriminación y ordenanzas sobre la temática. Además, la normativa catalana tipifica también como discriminación en vivienda el acoso inmobiliario o mobbing que sufren muchas personas inquilinas en su día a día y que tiene su propia vía de denuncia. Otras comunidades como el País Valencià están asimismo planteando leyes para ponerle coto. 

De forma más amplia, el Parlament de Catalunya aprobó hace casi dos años la Ley 19/2020, de igualdad de trato y no discriminación, con un artículo específico en materia de discriminación en el acceso a la vivienda. En esta misma línea, se acaba de aprobar la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de trato y no discriminación, cuyo artículo 20 sobre vivienda se desarrolla en términos muy similares y recoge de forma específica la protección de las personas sinhogar. En la justificación de la norma se afirma que “no es una Ley más de derechos sociales sino, sobre todo, de derecho antidiscriminatorio específico”. Los avances en materia legislativa son imprescindibles y sin duda una victoria para la sociedad civil, pero solamente su aplicación firme en todos los niveles de gobierno supondrá un paso para poco a poco erradicar el racismo estructural que existe, en este caso en el mercado de vivienda. 

La figura del Síndic de Greuges es un tesoro que tenemos en Catalunya. Por supuesto, no se trata de una institución única, más bien al contrario: forma parte de un amplio acervo de ombudsman, defensorías de derechos humanos que velan por el buen funcionamiento de la administración y el bienestar de las personas en todo el mundo. Naciones Unidas las denomina “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH)”, apostilla que “desempeñan una función esencial en la promoción y el seguimiento de la aplicación eficaz de la normativa internacional de derechos humanos en el plano nacional” y se rigen por los Principios de París. Sin embargo, su existencia a nivel regional y local no está tan extendida. Incluso podemos decir que no son pocos los lugares cuya presencia es desconocida o sus actuaciones pasan desapercibidas. No es el caso de Catalunya, donde los dieciocho años de Rafael Ribó en el ejercicio del cargo han sido sumamente prolíficos, con informes y declaraciones relevantes para la agenda política y social.

En España, más allá del Defensor del Pueblo a nivel estatal –reglado por el artículo 54 CE–, contamos con nueve instituciones autonómicas de esta índole en la actualidad. Cabe tener en cuenta que en 2013 se suprimieron, por razones de austeridad y “eficiencia administrativa”, los defensores del pueblo de Castilla la Mancha y de La Rioja, y que hace un año Vox promovió –sin éxito– la supresión de la figura andaluza. A nivel local, existen también defensorías y sindicaturas locales, agrupadas en el Fòrum de Síndics i Defensories Locals (con 41 sindicaturas de Catalunya y 6 del resto del Estado), con una alta implicación y posicionamiento a favor de los derechos humanos desde el municipalismo.

El pasado 31 de mayo, Ribó impartió una conferencia sobre “el estado de los derechos en Catalunya”. A este acto de cierre del mandato asistió una curiosa amalgama de entidades y movimientos sociales, personalidades de la política institucional, periodistas y cargos públicos, símbolo del importante rol que el Síndic ha tenido durante este tiempo. Ciertamente, el final de su mandato no ha estado exento de polémica: por un lado, por su firme apoyo al derecho a la autodeterminación de Catalunya, cuya voz ha resonado a nivel internacional y hasta en Naciones Unidas. Por otro lado, por la dificultad para conseguir un relevo institucional: ha tenido que permanecer durante casi tres años en el cargo con el mandato expirado, consecuencia del desacuerdo político entre los grupos parlamentarios que lo eligen. 

Sin embargo, para las personas que trabajamos en los derechos humanos, hay un tercer elemento que es clave en su cierre de mandato y que el Síndic no pierde ocasión de enarbolar: la conformación de la Estructura de Derechos Humanos de Catalunya, en 2017, con una amplia representación de entidades sociales y expertos/as. La tarea principal de dicha Estructura fue la creación del Plan de Derechos Humanos de Catalunya: un documento ambicioso e innovador, aprobado en diciembre de 2019 tras un vasto proceso de participación social. Con tal de que dicho plan no se quede en un cajón,  desde la propia Estructura se ha apostado por la elaboración de indicadores para cada uno de los objetivos que permitan evaluar el grado de implementación del mismo. 

Ahora bien, estos primeros pasos tan valiosos mermarán mucho su capacidad de incidencia si las instituciones públicas no se toman en serio la difusión del Plan y su seguimiento. Publicitar la existencia del Plan de Derechos Humanos y realizar una campaña en medios de comunicación sobre el avanzado marco de defensa de los derechos de la ciudadanía es, a día de hoy, una tarea pendiente por parte del gobierno catalán. Mientras tanto, a nivel estatal, el Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática está elaborando el II Plan Nacional de Derechos Humanos, tras diez años de inexplicable vacancia desde que caducó el anterior (2008-2012).

Parece que, por un lado, los derechos humanos importen poco, y es necesario el impulso de la sociedad civil para la aprobación de planes y su seguimiento. Sin embargo, por otro lado, el nombramiento de aquellas personas que tienen que velar por su cumplimiento acostumbra a generar importantes disputas. Recientemente, así sucedió con el Defensor del Pueblo estatal, nombrado Ángel Gabilondo con cuatro años de retraso, con la Sindicatura local de la ciudad de Barcelona o con el dilatado relevo de Rafael Ribó, y basta ver la mencionada propuesta de Vox para Andalucía. En un contexto de guerra, crisis económica y ascenso de la ultraderecha, los próximos años serán clave para consolidar nuestras estructuras de derechos humanos. Esta tarea, si bien debe nutrirse del trabajo conjunto con entidades y organizaciones, no puede depender de su insistencia, capacidad y buena voluntad: es urgente fortalecer las INDH a nivel estatal, autonómico y local y desplegar los planes con una financiación adecuada, tal y como ha recomendado en múltiples ocasiones Naciones Unidas.

“Naciones Unidas” acostumbra a ser percibida como una entelequia que invocamos con distintos motivos, a menudo como fuente de autoridad en nuestros razonamientos. Las personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos sabemos sus límites y potencialidades. Conseguir un pronunciamiento favorable de la ONU sobre nuestras causas representa una victoria encomiable, que se plasma en titulares de prensa y se incorpora como lema en las luchas sociales. No obstante, no es infrecuente que el gran esfuerzo para lograr ese reconocimiento se quede en eso: un argumento de peso a la espera que los poderes públicos, si lo desean, lo lleven a la práctica. El gran reto es conseguir que las directrices de Naciones Unidas se hagan realidad, ya que no existe a día de hoy en España ningún mecanismo encargado de darles cumplimiento.

Este fue el caso de Ángela, que tras agotar las vías posibles de denuncia internas, llevó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas el asesinato de su hija a manos de su expareja en una visita no vigilada. Ángela, con el apoyo de Women’s Link, obtuvo un gran triunfo: que el comité fallara a su favor, condenando a España a indemnizarla y a tomar una serie de medidas en relación con la violencia machista.

Sin embargo, durante años este dictamen no se ha implementado, de modo que Ángela decidió exigir su cumplimiento ante los tribunales españoles hasta llegar al Tribunal Supremo en casación. Y se acaba de conocer la sentencia: el alto tribunal considera que el Estado “vulneró derechos fundamentales de la recurrente, concretamente sus derechos a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva”.

El posicionamiento del Supremo tiene una enorme transcendencia, esta vez sí, práctica: en primer lugar, permitirá resarcir la injusticia a la que se ha visto sometida Ángela durante tanto tiempo. Este caso es muy importante porque cambiará su realidad, pero también la de muchas otras mujeres si se adoptan las medidas que se establecen en el dictamen. Este efecto multiplicador tiene un nombre: litigio estratégico, es decir, casos emblemáticos cuya resolución permiten cambiar una vulneración de derechos generalizada.

En segundo lugar, la clara interpretación del Tribunal Supremo respecto a la vinculatoriedad de los dictámenes de los comités de Naciones Unidas es un paso de gigante. Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a considerar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es algo más bien simbólico, y que no tiene por qué generar efectos prácticos en nuestro ordenamiento jurídico como sí lo hace, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, la sentencia del Supremo establece lo contrario, teniendo en cuenta que se ratificó y publicó en el BOE la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y que, en virtud de los artículos 10.2 y 96 de la Constitución española, forma parte del ordenamiento jurídico interno.

En tercer lugar, hay otra consecuencia directa de esta sentencia. Está sobre la mesa la implementación de un dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo Pacto Internacional también está ratificado por España, así como su Protocolo. El dictamen, de hace un año, condena a España por vulneración del derecho a la vivienda, y le insta a modificar el procedimiento de desahucio y garantizar que nadie pierda su vivienda si no hay un realojo por parte de la administración. Diversas organizaciones de la sociedad civil y del mundo de la abogacía nos hemos unido para conseguir la aplicación de dichas recomendaciones, trabajando de cerca con el Defensor del Pueblo y manteniendo reuniones con los grupos parlamentarios.

Finalmente, tal vez ha llegado el momento, aprovechando asimismo la coyuntura del nuevo gobierno, de empezar a creer en el sistema de Naciones Unidas, con todas sus dificultades, y tomar en serio sus directrices y recomendaciones. En marzo de 2018 España fue examinada ante el Comité DESC, con un suspenso mayúsculo y unas conclusiones muy claras sobre vivienda, salud o libertad sindical.

Desde la Plataforma DESC, donde participamos decenas de entidades de derechos humanos, del tercer sector y sindicatos, hemos propiciado la creación en el Congreso de un intergrupo parlamentario que facilite dicha implementación. Pero, además, un verdadero órgano interministerial que permita esa tarea sería sin duda de gran ayuda, es decir, un cauce adecuado para dar cumplimiento al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los artículos 10 y 96 de la Constitución Española, tal y como se ha reiterado por parte de la ONU en varias ocasiones. La sentencia del Supremo es sin duda una oportunidad de oro para hacerlo realidad.

El aparente ocaso de algunos de los gobiernos progresistas de la región, las actuales tensiones políticas y las constantes amenazas de "golpes blandos” dificultan todavía más la integración latinoamericana a la que se aspiraba desde las repúblicas bolivarianas

Que “la solidaridad es la ternura de los pueblos” es algo que en América Latina se palpa a diario. La común historia de ser colonia y patio trasero, las dictaduras y las desapariciones forzosas forman parte de un pasado compartido por la mayoría de sus países. Para cualquiera que conozca la región, no cabe duda de que el continente latinoamericano mantiene viva esa hermandad tan distinta a la de Europa. La crisis de los refugiados, las políticas de austeridad o el auge de la extrema derecha no van precisamente en la línea de la integración. Sin embargo, las instituciones comunitarias son rígidas y ejercen un fuerte poder sobre los estados -que a menudo perjudica los más débiles-.

Una integración regional débil

En América Latina sucede lo contrario: aunque la voluntad y la necesidad de integración han sido vigorosas durante años, los mecanismos a menudo han resultado débiles e ineficaces. La Organización de Estados Americanos (OEA) es la estructura regional más antigua: su creación data del año 1948 y la conforman 36 países del continente americano. Posteriormente, diversas iniciativas subregionales han surgido en base a afinidades políticas, económicas y de proximidad: la Comunidad Andina (CAN), el Mercosur, Unasur, la Alianza del Pacífico, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Esta última, conformada por los 33 estados, es la apuesta más reciente y robusta que ha entrado a disputar la hegemonía regional a la OEA. En ocasiones se ha considerado que la CELAC se configura como un proyecto más legítimo que la OEA por el hecho de no incorporar a los Estados Unidos y Canadá entre sus miembros.

El impulso que Hugo Chávez dio a la integración y cooperación regional, especialmente mediante el ALBA y la CELAC, ha perdido fuerza tras su muerte. Con mayor o menor éxito, el proyecto del ALBA-TCP aportaba fórmulas innovadoras de relación interestatal en materia de solidaridad e intercambio económico. No obstante, el aparente ocaso de algunos de los gobiernos progresistas de la región, las actuales tensiones políticas y las constantes amenazas de “golpes blandos” dificultan todavía más la integración latinoamericana a la que se aspiraba desde las repúblicas bolivarianas y del buen vivir.

Pero... ¿quién vigila a los Estados?

El debilitamiento de la integración regional también afecta de forma clara a la garantía de los derechos humanos en América. Junto con las estructuras regionales de carácter político y económico coexisten los sistemas de protección de los derechos humanos. Se trata de instancias judiciales o cuasijudiciales que velan por el cumplimiento de las cartas o pactos regionales firmados por los estados, donde se comprometen a proteger, promover y respetar los derechos humanos.

En Europa contamos con el Consejo de Europa, nacido en 1949 y formado por 47 Estados. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es su institución más emblemática: supervisa el respeto al Convenio Europeo de Derechos Humanos. América, por su parte, cuenta con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con sede en Washington, está compuesto por la Comisión (CIDH) y la Corte, que resuelven sobre vulneraciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

La trayectoria de esta institución, sin duda imprescindible durante las dictaduras del Cono Sur, ha sido puesta en duda durante los últimos años por los gobiernos progresistas de la región. La Comisión y la Corte han realizado un sólido trabajo en materia de derechos humanos, pero algunos países han denunciado interferencias políticas en sus actuaciones en el último lustro. Las principales problemáticas: el desajuste entre aportaciones económicas y jurisdicción o la preferencia a actuar en determinados países. A pesar de tener la sede en Washington y de que Estados Unidos financie su actuación, este país no ha ratificado la CADH y por lo tanto no se pueden enjuiciar sus vulneraciones de derechos humanos. Esta anomalía ha llevado a mandatarios como Rafael Correa o Evo Morales a cuestionar su funcionamiento e incluso a abandonarlas, como es el caso de Venezuela. La gota que ha colmado el vaso ha sido la gerencia poco diplomática de Luis Almagro, el actual secretario general de la OEA, quien ha participado recientemente en una pugna con el gobierno de Maduro. Los conflictos políticos en el seno de la OEA tienen un peso importante en este debate.

La CIDH en crisis

Sin embargo, si bien ciertas críticas son comprensibles desde una óptica de izquierdas, otras no lo son tanto. Esgrimir la soberanía estatal para evitar la investigación de vulneraciones de derechos humanos es un error político de gran envergadura. Mal que nos pese, los estados necesitan de un organismo externo e independiente capaz de monitorear los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en la región. El marco de sus actuaciones puede ser la OEA u otro foro regional que genere más consenso, pero hasta el momento el instrumento que garantiza los derechos en el continente es la Carta Americana de Derechos Humanos. La propuesta de implementación de un nuevo mecanismo latinoamericano de protección de los derechos humanos no ha llegado a ver la luz.

En la actualidad, una reducción drástica de las aportaciones de los estados conlleva el desmantelamiento de gran parte de la CIDH, recortando el 40% de su plantilla. Financiar un ojo crítico a los gobiernos y apostar por los derechos humanos debería ser una premisa básica para cualquier estado democrático. La campaña #CIDHencrisis denuncia la situación crítica en que se encuentra actualmente este sistema.

Desde las organizaciones de derechos humanos se reivindica el rol de la CIDH y la necesidad de un sistema que vele por evitar y denunciar los abusos de los gobiernos. Las pugnas políticas no deberían debilitar a la CIDH sin una propuesta alternativa. Se trata sin duda una mala noticia para los defensores de derechos humanos de América Latina y la ciudadanía en su conjunto, que quedará desamparada ante el mal funcionamiento de las jurisdicciones nacionales y las vulneraciones por parte de los estados, desgraciadamente numerosas a día de hoy.

La Ley del PP para acabar con el sobreendeudamiento de las familias contempla un procedimiento excesivamente lento y complicado.

Para las personas afectadas por la hipoteca se trata de una medida que alarga la agonía de la estafa hipotecaria.

Mariano Rajoy aprovechó la ocasión que le brindaba el debate sobre el estado de la nación para anunciar una medida orientada a acabar con el sufrimiento de las personas agobiadas por las deudas. La iniciativa, tramitada como real decreto, y por lo tanto sin apenas trámite parlamentario, fue presentada por el Presidente del Gobierno como un procedimiento “especialmente sencillo” para “salvar” a las familias sobreendeudadas.

La necesidad de disponer de mecanismos legales que otorguen una segunda oportunidad a las personas sobreendeudadas ha sido reivindicada por la sociedad civil y propuesta por diversas formaciones políticas, sin que el Partido Popular diese el brazo a torcer. De hecho, el derecho a una segunda oportunidad, el llamado “fresh start”, se recoge en diversas legislaciones de nuestro entorno. En términos generales, consiste en someter a las personas sobreendeudadas a un plan de pagos acorde a su capacidad adquisitiva y durante un plazo de tiempo limitado que suele ser de tres años. Superada esta etapa, las personas vuelven a empezar de cero.

Este tipo de mecanismos evitan la “muerte civil” que supone la inscripción de por vida en registros de morosos o el embargo de la nómina in eternum. Los beneficios para la economía son evidentes. La condonación de las deudas permite que estas personas salgan de la economía sumergida sin temor a ver embargados sus ingresos. Al volver a ser sujetos de crédito disponen de posibilidades para reemprender su actividad económica y profesional. En definitiva, se reactivan los circuitos de ingresos y crece el nivel de consumo de las familias.

En el estado español, en cambio, tan sólo las empresas cuentan con la posibilidad real de liquidar deudas. Pese al impacto de la crisis, ni la reforma de la Ley Concursal por parte del Partido Socialista en 2011 ni las recientes modificaciones del Partido Popular han conseguido solventar el sobreendeudameinto de las personas físicas. El objetivo del gobierno, pues, debería ser superar esta anomalía con respecto al resto de países europeos y resarcir a los ciudadanos sobrepasados por las deudas.

Sin embargo, si bien la ley no prevé ninguna exclusión explícita, al menos para las personas afectadas por la hipoteca será difícil conseguir la renombrada segunda oportunidad. La mención que se hace en la exposición de motivos respecto a que las personas físicas, tras un fracaso económico, tengan la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida, no se corresponde con el articulado de la ley, que presenta un procedimiento lento y complicado.

Lento, porque las familias que decidan acogerse a la ley, con independencia del tiempo que ya acumulen en situación de insolvencia, podrán perfectamente tardar entre seis y siete años más hasta conseguirlo. Complicado, porque obliga a superar distintas fases hasta llegar a la exoneración definitiva de las deudas. En concreto, el Decreto Ley establece, en primer lugar, un procedimiento extrajudicial consistente en un acuerdo voluntario de pagos. El notario, o en su caso el mediador concursal, deberá proponer una serie de medidas como quitas o esperas que deberán ser aceptadas voluntariamente por las dos partes. En caso de no llegar a un acuerdo o de no poder cumplir el plan de pagos se deberá instar un procedimiento judicial.

La vía extrajudicial seguramente resulta interesante cuando acreedor y deudor se encuentran en igualdad de condiciones. Además, podría ayudar a descongestionar un sistema judicial colapsado. No obstante, siete años de crisis han evidenciado la falta de predisposición de las entidades financieras a adoptar soluciones dignas para las personas afectadas. Los intentos de negociar con los responsables de las entidades financieras y los servicios de mediación impulsados por las administraciones públicas constatan la dificultad de llegar a acuerdos satisfactorios. Más bien, los bancos han aprovechado la desesperación de estas personas para, a través de servicios públicos de mediación como Ofideute en Cataluña, impulsar renegociaciones y refinanciaciones de la hipoteca que acaban por empeorar la situación inicial. Aún conociendo los abusos propiciados por los bancos, el proyecto prevé que sea el deudor hipotecario quien asuma el coste de la negociación extrajudicial con independencia del resultado y de la actitud del banco en cuestión.

La segunda fase, el concurso, consiste en liquidar todos los bienes de la persona que busca su segunda oportunidad. Se tendrá que desprender de todo aquello que pueda considerarse “superfluo”. No es hasta haber liquidado todas sus pertenencias que la persona hipotecada podrá solicitar la condonación de sus deudas restantes. No obstante, la condonación de las deudas no afecta a las deudas con Hacienda o con la Seguridad Social para las cuales se prevé un plan de pagos durante cinco años. Se exige también haber colaborado con el procedimiento, ser introducido en un registro de morosos durante cinco años, o no haber rechazado ningún trabajo durante los últimos cuatro años.

Además, la banca podrá recuperar los créditos reclamándolos a las personas avalistas. La mayoría de las familias con hipotecas tienen como avalistas a sus padres o familiares. Esto significa que serán ellos quienes deberán responder con sus casas y ahorros ante la deuda restante tras la ejecución hipotecaria. La regulación tampoco prevé medidas para realojar a las personas que pasen por todo el proceso, ni introduce medidas orientadas a penalizar el abuso del crédito o la existencia de prácticas abusivas por parte de las entidades financieras. 

La cancelación de las deudas, si llega, es provisional, ya que durante un período de cinco años podrá revocarse. Durante este tiempo, si se constata “una mejora sustancial en las condiciones económicas”, como heredar o ganar la lotería, pero también encontrar un trabajo bien remunerado, la exoneración de las deudas podría revertirse. 

Esta circunstancia contradice las prerrogativas de los países de nuestro entorno en materia de segunda oportunidad. La espada de Damocles que pende durante cinco sobre estas personas en caso de “mejor fortuna” no existe en ninguna otra regulación europea. En todas ellas, la revocación de las deudas además de llegar antes, cuando llega es definitiva. 

La celeridad con que se rescató a las entidades financieras contrasta con el procedimiento impulsado para salvar a las personas afectadas por la crisis. A los bancos, dinero rápido y sin contraprestaciones. A los ciudadanos, en cambio, largos y complejos mecanismos que difícilmente permiten empezar de nuevo. En definitiva, al menos para las personas afectadas por la hipoteca, no se trata de una segunda oportunidad, sino de un procedimiento que alarga aún más la agonía de la estafa hipotecaria.