El estado español se vuelve a salir de la foto, no sólo por ser el estado de la Unión Europea dónde más se desahucia, con más vivienda vacía y con el parque público más pequeño, sino porqué también lidera el ranking de los países que menos invierten en políticas públicas de vivienda.

Estos días se debaten los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y la cruda realidad es que, lejos de invertir entre el 1,5% y el 3% del PIB en políticas públicas de vivienda, como pasa en los países de nuestro entorno europeo, el PP propone destinar tan sólo un 0,05% del PIB español a vivienda. Si echamos la vista atrás, podemos ver como desde la entrada al Gobierno de Mariano Rajoy, el presupuesto en políticas de vivienda se ha recortado en un 61,7%. Los dos últimos años la inversión ha sido de 587 millones de euros, mientras la deducción fiscal por compra de vivienda ha sido de más de mil millones de euros.

Los Presupuestos 2017 contemplan una partida inferior a los 500 millones de euros, lejos de los 16 mil millones de euros que se deberían destinar a inversión en políticas públicas de vivienda para llegar al menos al 1,5% del PIB. Y “abróchense los cinturones”: de 2009 a 2017, se ha recortado la partida de vivienda en un 71%, es decir que si el PP sigue a este ritmo, en 5 años se habrá extinguido de los Presupuestos Generales del Estado la inversión en vivienda.

Es importante señalar que las políticas públicas de vivienda dependen en gran parte de los presupuestos generales pero también –y mucho- del Plan Estatal de Vivienda. Estos días se está discutiendo la propuesta de Plan Estatal de Vivienda del Gobierno para el período 2018-2021, herramienta que marcará la política de vivienda de los próximos 4 años y que en su borrador ya apunta al fomento de la especulación sobre el alquiler, la obsesión por la propiedad y la connivencia con la banca.

El borrador de Plan Estatal de Vivienda del gobierno Rajoy establece una línea de ayudas al pago del alquiler para personas o unidades de convivencia con escasos recursos económicos, subvencionando hasta un 40% los alquileres que no superen los 900€. En este mismo sentido se establece una ayuda al alquiler para menores de 35 años y otra para mayores de 65. Como demostró la Renta Básica de Emancipación, lo que puede parecer una buena medida para fomentar y facilitar el acceso al alquiler, al no ir acompañado de una limitación de los precios del alquiler, acaba fomentando la especulación y contribuye a seguir inflando la burbuja de los alquileres. Incluso las pocas personas que cumplan los requisitos de “precariedad suficiente” y que lleguen a percibir estas ayudas, al finalizar la subvención a los 3 años, se verán expulsadas de sus municipios porque no podrán pagar los precios de mercado. La experiencia de Francia, según el estudio de Grislain-Letrémy Trevien, ha demostrado que las subvenciones al alquiler, siendo un mercado de oferta muy inelástica, tienen efectos inflacionistas. El autor afirma que los precios de la vivienda suben el equivalente al 80% de la cantidad del subsidio. El caso francés muestra como las personas que no reciben la ayuda al alquiler también se ven perjudicadas por el aumento de los alquileres.

El Plan fomenta la compra de viviendas entre los jóvenes, destinando una ayuda de hasta el 20% de la compra de una vivienda, la cual no puede superar los 54.800€, algo imposible de encontrar en los grandes núcleos urbanos. Además, la ayuda a la compra sólo obliga al propietario a mantenerla durante 5 años, luego puede vender la vivienda o alquilarla sin retornar la subvención pública recibida. Esto es tirar el dinero público a la basura.

En cuanto a las desahuciadas por impago de hipoteca o de alquiler, el plan prevé extender el modelo voluntarista y fallido del Fondo Social de Viviendas, creando Fondos de Viviendas autonómicos con los pisos que la SAREB y las entidades financieras estén dispuestas a ceder. Los alquileres rondarán entre los 150€ y los 400€, rentas que serán subvencionadas hasta el 100% con recursos públicos, siguiendo una vez más la lógica del PP: el enésimo mecanismo del rescate bancario. Las personas que vayan a ser desahuciadas y puedan acceder a uno de éstos alquileres tendrá que aceptar que un gestor del banco pueda entrar a su casa para ver en qué estado la mantiene, indignante!

Otra medida que vale la pena comentar es el programa para fomentar el parque de vivienda en alquiler con el cual subvencionar tanto a promotores privados como públicos la construcción o rehabilitación de viviendas para el alquiler. La transferencia de recursos públicos a promotores privados solo obliga a mantener durante 25 años las viviendas en alquiler, a diferencia de los 50 que se hacía con la vivienda de protección oficial. La tendencia debería ser la contraria: si recibes recursos públicos la protección se mantiene para siempre.

El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 no solo no va a facilitar el acceso al alquiler, sino que lo va a dificultar al generar inflación y no apostar claramente por la creación de un parque público de viviendas. Mantiene la lógica de las políticas del PP frente a los desahucios, la interpelación a la buena voluntad de la banca y la subvención de sus beneficios y vuelven a fomentar la propiedad, el sobreendeudamiento como mecanismo de acceso al derecho a la vivienda, sin tan siquiera haber modificado la ley hipotecaria.

Revertir el guión pasa por invertir 16mil millones en políticas públicas de vivienda como se hace en Europa, por un Plan Estatal de Vivienda que aborde las reformas estructurales con una apuesta clara por lo público en la provisión de vivienda asequible, pasa por reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, limitando precios y duración de los contratos de alquiler, y aprobando de una vez por todas la dación en pago y el alquiler social. En definitiva, empezar a garantizar el derecho a la vivienda pasa por hacer realidad propuestas como la Ley de Vivienda de la PAH.

Alquilar hoy en Barcelona se está volviendo misión imposible. Si tienes un contrato y se te acaba, con suerte te ofrecen renovarlo pero a un precio imposible, si vives en una propiedad vertical (edificio entero del mismo propietario) y la compra un especulador, tienes los días contados. Hoy es más fácil encontrar una pepita de oro en Plaça Catalunya que un piso de alquiler que te puedas permitir.

Las personas que firmaron un alquiler en Barcelona en 2013 pagaron un precio medio de 618€. La reforma del PP de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) redujo el tiempo de los contratos de 5 a 3 años. Eso significa que las que firmaron en 2013 han finalizado su contrato en 2016. Pero renovarlo o encontrar otro no ha sido tan fácil, el precio medio del alquiler en Barcelona en 2016 ha sido de 843€. Esto significa un aumento del precio de los alquileres en tres años del 26%. Esta burbuja del alquiler no ha ido acompañada por un aumento similar en las nóminas de las inquilinas, lo que está conllevando a un aumento de los desahucios por alquiler en la ciudad; unos 9 desahucios al día relacionados con el alquiler.

Hoy no solo es una misión imposible alquilar en Barcelona, sino que no paramos de escuchar como empresas que se dedican a la especulación, como MK Premium, compran propiedades verticales (edificios) que están llenas de familias que viven de alquiler. El negocio de estas empresas está en comprarlos llenos, así son más baratos, y venderlos vacíos, pues así se revalorizan. Esto es lo que les está pasando a las vecinas de las calles Lancaster, Bartomeu o Leiva.

Seguramente la pregunta que nos viene a todas es: ¿si tengo un contrato de alquiler legal y venden mi edificio entero, me pueden desahuciar? La respuesta la encontramos en la reforma de la LAU de 2013 del PP, que dice que los contratos deben de estar registrados en el Registro de la Propiedad, práctica poco habitual, y si no lo están, el nuevo propietario te puede echar, ya que no tiene la obligación de respetar ese contrato. Además, claro está, este tipo de empresas están acostumbradas al mobbing o acoso inmobiliario.

La reforma de la LAU del PP en 2013, llamada ley de flexibilización y fomento del mercado del alquiler, más que fomentar el alquiler, lo que ha hecho es fomentar la especulación con el alquiler. Esta reforma, junto a las dos de Zapatero (2009 y 2011), que incluyen el desahucio exprés, configuran lo que parece una costumbre en España: legislar para precarizar el alquiler, haciéndolo una opción insegura, inestable e inaccesible.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) queremos darle la vuelta a la situación, queremos hacer del alquiler una opción segura, estable y asequible. Por eso hace una semana presentamos a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados la Ley de Vivienda de la PAH, 5 propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

La propuesta de Ley, en lo que al alquiler se refiere, por un lado apunta a dar más estabilidad al alquiler, es decir, que no tengamos que hacer proyectos de vida cada tres años. En Alemania por ejemplo son indefinidos y se pueden rescindir solo por algunas causas, en Francia, son de 3 años, pero se renuevan automáticamente si el inquilino es el mismo. Estos modelos son los que permiten que el alquiler sea una opción de vida, en la que una se puede proyectar.

Por otro lado, la propuesta de reforma de alquileres introduce la regulación de los precios del alquiler, mecanismo necesario para que éste sea una opción asequible, que nos la podamos costear y un mecanismo imprescindible para luchar contra la especulación y la expulsión de vecinas. Prácticas que ya se dan en Berlín o París de diferente manera o que incluso en Nueva York se ha implementado en diferentes zonas desde los años 70.

Proponemos una ciudad inclusiva frente a todas aquellas que dicen que en Barcelona solo pueden vivir las que se lo puedan permitir, es decir, las que apuestan por una ciudad exclusiva.

Si hablamos de que el aire de la ciudad está contaminado, nadie se plantea que no se puede hacer nada o que en la ciudad solo pueden vivir aquellas que toleren mejor la contaminación. Todas coincidimos en la necesidad de tomar medidas para regular la contaminación y que la ciudad sea habitable. Lo que pedimos es que nuestras ciudades sean habitables y para ello, hay que tomar medidas como las que proponemos.

El dimarts 14 es votarà al Congrés dels Diputats una proposició de llei del PDECat –la nova marca de CiU– que criminalitza l’ocupació en precari i que pretén agilitzar els desnonaments d’aquestes famílies sense cap tipus de garantia.

Aquesta proposició de llei es votarà pocs dies després de publicar-se les dades del Consell General del Poder Judicial, unes dades que tancaven l’any 2016 amb més de 60.000 desnonaments, una mitjana de 166 desnonaments diaris a l’estat espanyol. Segons aquestes xifres, el 22% dels desnonaments es produeixen a Catalunya.

Però aquestes dades són incompletes, ja que no comptabilitzen els milers de famílies desnonades per ocupació en precari. Famílies que s’han vist obligades a ocupar perquè l’administració les ha abandonat a l’hora de protegir el seu dret a l’habitatge.

Lògicament, els bancs i els grans tenidors també en són responsables i cal obligar-los a assumir-ho. Però mentre això no passi, són les administracions les últimes garants dels drets fonamentals.

A l’exposició de motius de la proposició de llei, el PDECat, disfressa de lluita contra “fenòmens mafiosos” la proposta de llei, però no inclou ni una sola mesura per lluitar contra aquestes “màfies”. La proposició de llei inclou mesures per replicar el desnonament exprés dels lloguers de la ministra Carme Chacón, però en aquest cas sobre les ocupacions. Mesures que permetran desnonar sense alternativa habitacional a una família que estigui ocupant el pis d’una persona física, independentment de què tingui un o cinquanta habitatges, o un pis públic o d’una entitat social. En el moment de la notificació de la demanda, la família ja podrà ser desnonada.

Amb aquesta mesura, el PDECat impulsa a Madrid la criminalització de la pobresa i proposa el desnonament exprés, versió II, per a les famílies en situació més vulnerable.

Sorprèn també la sobre-gesticulació i fixació en quelcom que no és “el problema” sinó més aviat la conseqüència de la manca de recursos públics. A més, les lleis ja preveuen mecanismes administratius per recuperar habitatges públics. Per altra banda, no creiem que les entitats socials vulguin estigmatitzar encara més a qui pateix. Si s'agilitzen tràmits per adjudicar l'habitatge social i s'activa la mediació en cas que s'ocupin, el problema seria pràcticament anecdòtic.

Per solucionar l’ocupació en precari és imprescindible ampliar el parc públic d’habitatge, regular els usos dels habitatges, com per exemple els pisos turístics, reformar la llei d’arrendaments urbans, allargant la durada dels contractes i regulant els preus del lloguer per a fer-ho accessible. S’han de recuperar els ajuts al pagament del lloguer, s’ha de mobilitzar tot l’habitatge buit, que és el que s’ocupa, i l’administració pública ha de garantir el reallotjament en tots els casos.

Aquestes serien propostes encaminades a resoldre el problema, però els del PDECat es treuen la màscara al Congrés. Com han fet tantes vegades, tant a Madrid com a Barcelona. Ho van fer l’any 2011 amb la llei ÒMNIBUS a Catalunya, eliminant l’expropiació d’usdefruit de l’habitatge buit de la llei catalana pel dret a l’habitatge (18/2007), eina fonamental per ampliar el parc públic d’habitatges. CiU o PDECat són els mateixos que l’any 2008 van presentar una proposició de llei al Congrés per legislar el desnonament exprés dels lloguers, reforma que va aprovar la Ministra socialista Carme Chacón (Llei 19/2009) i que ara estem patint les conseqüències.

El PDECat continua sense aplicar la llei catalana pel dret a l’habitatge, llei que si s’apliqués evitaria que moltes famílies acabessin ocupant en precari. Igual que ho evitaria destinar un 3% del PIB en matèria d’habitatge en els pressupostos de la Generalitat.

El proper dimarts 14 veurem si la resta de grups parlamentaris aposten per criminalitzar la pobresa i aprovar una llei que agreujarà l’emergència habitacional a tot l’estat. El PDECat ja ha decidit.

Hi ha propostes legislatives que, més que buscar solucionar un problema real, sembla que serveixin per gesticular i acontentar certs sectors. Potser al PDEcat el que li passa és que la dura realitat i la pressió ciutadana no li ha deixat cap altra opció que donar suport a mesures que sempre havia rebutjat; i ara amb aquest gest volen acontentar als de sempre, no fos cas que defensessin més del compte els drets de la majoria.

El martes 14 se votará en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del PDECat –la nueva marca de CiU– que criminaliza las ocupaciones en precario y que pretende agilizar los desahucios de estas familias sin ningún tipo de garantía.

Esta proposición de ley se votará pocos días después de publicarse los datos del Consejo General del Poder Judicial, unos datos que cerraban el año 2016 con más de 60.000 desahucios, una media de 166 desahucios diarios en España. Según estas cifras, el 22% de los desahucios se producen en Catalunya.

Pero estos datos son incompletos, ya que no contabilizan las miles de familias desahuciadas por ocupación en precario. Familias que se han visto obligadas a ocupar porque la administración las ha abandonado a la hora de proteger su derecho a la vivienda.

Lógicamente, los bancos y los grandes tenedores también son responsables y hay que obligarlos a asumirlo. Pero mientras esto no ocurra, son las administraciones las últimas garantes de los derechos fundamentales.

En la exposición de motivos de la proposición de ley, el PDECat, disfraza de lucha contra “fenómenos mafiosos” la propuesta de ley, pero no incluye ni una sola medida para luchar contra estas “mafias”. La proposición de ley incluye medidas para replicar el desahucio exprés de los alquileres de la ministra Carme Chacón, pero en este caso sobre las ocupaciones. Medidas que permitirán desahuciar sin alternativa habitacional a una familia que esté ocupando el piso de una persona física, independientemente de que tenga uno o cincuenta viviendas, o un piso público o de una entidad social. En el momento de la notificación de la demanda, la familia ya podrá ser desahuciada.

Con esta medida, el PDECat impulsa en Madrid la criminalización de la pobreza y propone el desahucio exprés, versión II, para las familias en situación más vulnerable.

Sorprende también la sobre-gesticulación y fijación en algo que no es “el problema” sino más bien la consecuencia de la falta de recursos públicos. Además, las leyes ya prevén mecanismos administrativos para recuperar viviendas públicas. Por otro lado, no creemos que las entidades sociales quieran estigmatizar aún más a quien sufre. Si se agilizan trámites para adjudicar la vivienda social y activa la mediación en caso de que se ocupen, el problema sería prácticamente anecdótico.

Para solucionar las ocupaciones en precario es imprescindible ampliar el parque público de vivienda, regular los usos de las viviendas, como por ejemplo los pisos turísticos, reformar la ley de arrendamientos urbanos, alargando la duración de los contratos y regulando los precios del alquiler para a hacerlo accesible. Se deben recuperar las ayudas al pago del alquiler, se debe movilizar toda la vivienda vacía, que es la que se ocupa, y la administración pública debe garantizar el realojo en todos los casos.

Estas serían propuestas encaminadas a resolver el problema, pero los del PDECat se quitan la máscara en el Congreso. Como han hecho tantas veces, tanto en Madrid como en Barcelona. Lo hicieron en 2011 con la ley ÓMNIBUS en Catalunya, eliminando la expropiación de usufructo de la vivienda vacía de la ley catalana por el derecho a la vivienda (18/2007), herramienta fundamental para ampliar el parque público de viviendas. CiU o PDECat son los mismos que en 2008 presentaron una proposición de ley en el Congreso para legislar el desahucio exprés de los alquileres, reforma que aprobó la ministra socialista Carme Chacón (Ley 19/2009) y que ahora estamos sufriendo las consecuencias.

El PDECat sigue sin aplicar la ley catalana por el derecho a la vivienda, ley que si se aplicara evitaría que muchas familias acabaran ocupando en precario. Al igual que lo evitaría destinar un 3% del PIB en materia de vivienda en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya.

El próximo martes 14 veremos si el resto de grupos parlamentarios apuestan por criminalizar la pobreza y aprobar una ley que agravará la emergencia habitacional en todo el estado. El PDECat ya ha decidido.

Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores. Quizá al PDEcat lo que le pasa es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría.

Eren els volts de l’any 2008 i el govern negava l’esclat de la bombolla immobiliària i la mal anomenada crisi econòmica. Activistes pel dret a l’habitatge, amb experiències prèvies diverses, comencen a pensar com organitzar-se amb les famílies que no podrien continuar pagant la seva hipoteca i serien sotmeses a una legislació injusta que les condemnaria a un desnonament i un deute de per vida. Amb el teló de fons de la bombolla immobiliària, un atur que comença a créixer exponencialment i una legislació injusta i anòmala que comportaria el desnonament de centenars de milers de famílies, comença a caminar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH).

El febrer del 2009, la Casa de la Solidaritat, al barri del Raval de Barcelona, va obrir les seves portes per acollir la primera assemblea d’assessorament col·lectiu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. Poc després va ser el centre social autogestionat Magdalenas qui ens va acollir, vam passar pel centre social Èxit i vam continuar a la Federació d’Associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB). Un altre node de la PAH va començar a treballar a Múrcia, després a Terrassa i així fins a arribar a les 236 assemblees a tot l’estat. Però aquest creixement que no es pot entendre sense l’aparició del 15-M. De fet, la història de la PAH no es pot entendre sense l’aliança del teixit associatiu existent, sense el suport mutu de les nostres assemblees però també el de moltíssims altres col·lectius i entitats socials.

Durant aquests vuit anys hem denunciat l’estafa hipotecaria i les complicitats dels diferents governs i administracions i hem fet propostes de canvis legislatius. Però també hem hagut d’actuar d’urgència per garantir els nostres drets. Insistim, ho hem fet de manera col·lectiva. Així, col·lectivament, hem estat capaces de desactivar l’estigma de la pobresa i activar valors com la solidaritat i el suport mutu. Totes les PAH acumulem milers de petits moments que ho fan palpable: la veïna que ens veu a la porta aturant un desnonament i s’atura per desobeir una llei injusta i evitar el desnonament de la seva veïna, encara que no la coneixia. El restaurant que ens porta una paella mentre estem ocupant una oficina bancària per aconseguir que una família s’alliberi d’un deute de per vida. La dona de 80 anys que, juntament amb un col·lectiu del barri, recolzen a la PAH quan recuperem un edifici buit d’un banc per reallotjar a famílies que provenen de processos de desnonament. O el milió i mig de persones que es van aturar a signar la Iniciativa Legislativa Popular que vam impulsar el 2013 per legislar la dació en pagament, el lloguer social i per posar fi als desnonaments.

Acumulem moltes petites grans victòries: milers de desnonaments aturats, milers de famílies que han aconseguit alliberar-se d’un deute de per vida, milers de persones reallotjades recuperant pisos buits de les entitats financeres... Però també grans victòries, com aconseguir transformar l’imaginari col·lectiu i passar de “les desnonades van estirar més el braç que la màniga” a “l’estafa hipotecaria”, aprovar la llei 24/2015 de mesures urgents contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica al Parlament de Catalunya, impulsar una llei a l’Assemblea Regional de Múrcia o incidir en la llei del País Valencià. Tot això alhora que fem pressió als municipis, fem propostes i fiscalitzem la feina feta. Tot això, alhora que 236 assemblees obren cada setmana les seves portes per fer assessorament col·lectiu sobre el dret a l’habitatge, sigui hipotecari, de lloguer o ocupacions. Tot això alhora que ens organitzem per actuar i autotutelar els nostres drets.

Tot i valorar la tasca feta i els èxits aconseguits durant aquests anys, som conscients que encara no hem aconseguit les tres demandes inicials de canvis legislatius que va portar la PAH al Congrés dels Diputats a través d’una ILP: dació en pagament, moratòria dels desnonaments i lloguer social. És una proposta que el govern de la banca, el PP, va bloquejar, però que la resta de partits polítics van dir que donaven suport. Doncs bé, amb l’actual distribució de forces al Congrés, hem de ser capaces de forçar aquest canvi legislatiu tan necessari. Un clam que ja no és només de la PAH, sinó també de la ciutadania organitzada i fins i tot d’alguns jutges nacionals. A més, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat ja vuit vegades la legislació hipotecaria com anòmala i il·legal a la Unió Europea.

Però aquí no acaben els reptes de la PAH envers la situació actual del dret a l’habitatge: no podem plantejar mesures per abordar l’emergència habitacional que no assoleixin les realitats que trobem a les nostres assemblees. És a dir, la inseguretat i la manca d’assequibilitat del lloguer, que acumula més de la meitat de desnonaments a tot l’estat, i la precarietat i la criminalització que pateixen milers de famílies que s’han vist obligades a ocupar habitatges buits com a conseqüència de la manca de resposta de l’administració. També és imprescindible garantir els subministraments bàsics: una llar no és només un sostre, cal tenir l’aigua, el gas i la llum garantits.

Tenim per davant l’opció i l’obligació d’aconseguir que tots els petits gestos que fem cada dia, com posar el nostre cos per aturar un desnonament, recuperar un pis buit de la banca o ocupar una oficina bancària per aconseguir alliberar una família del deute, agafin l’embranzida suficient per convertir-se en drets que s’apliquen a totes. Hem de guanyar-li el pols a la banca i als governs que l’obeeixen i aconseguir que l’habitatge sigui un dret i no una mercaderia. És a dir, tenim el repte d’aconseguir els canvis legislatius que garanteixin una segona oportunitat a les famílies, la dació en pagament retroactiva, posar fi a tots els desnonaments i fer del lloguer una opció estable, segura i assequible. També hem d’ampliar el parc públic de lloguer social i garantir els subministraments bàsics. Aquesta tasca, com tot el que hem fet fins ara, l’hem de fer en xarxa amb tot el teixit associatiu de l’Estat, amb la complicitat de les nostres veïnes i amb el suport de moltes altres companyes que estan lluitant per una educació i una sanitat pública i de qualitat, amb els iaioflautes, amb les que lluiten pels drets de les dones... Si alguna cosa hem après en aquests vuit anys és que juntes, sí que es pot!

Eran alrededor del año 2008 y el gobierno negaba el estallido de la burbuja inmobiliaria y la mal llamada crisis económica. Activistas por el derecho a la vivienda, con experiencias previas diversas, empiezan a pensar como organizarse con las familias que no podrán continuar pagando su hipoteca y serán sometidas a una legislación injusta que las condenará a un desahucio y una deuda de por vida. Con el telón de fondo de la burbuja inmobiliaria, un paro que comenzaba a crecer exponencialmente y una legislación injusta y anómala que conllevaría el desahucio de cientos de miles de familias, empieza a caminar la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

En febrero del 2009, la Casa de la Solidaridad, en el barrio del Raval de Barcelona, abrió sus puertas para acoger la primera asamblea de asesoramiento colectivo de la PAH. Poco después fue el centro social autogestionado Magdalenas quien nos acogió, pasamos por el centro social Éxito y continuamos en la Federación de Asociaciones de Vecinas de Barcelona (FAVB). Otro nodo de la PAH comenzó a trabajar en Murcia, después en Terrassa y así hasta llegar a las 236 asambleas en todo el Estado. Pero este crecimiento no se puede entender sin la aparición del 15-M. De hecho, la historia de la PAH no se puede entender sin la alianza del tejido asociativo existente, sin el apoyo mutuo de nuestras asambleas pero también el de muchísimos otros colectivos y entidades sociales.

Durante estos ocho años hemos denunciado la estafa hipotecaria y las complicidades de los diferentes gobiernos y administraciones y hemos hecho propuestas de cambios legislativos. Pero también hemos tenido que actuar de urgencia para garantizar nuestros derechos. Insistimos, lo hemos hecho de manera colectiva. Así, colectivamente, hemos sido capaces de desactivar el estigma de la pobreza y activar valores como la solidaridad y el apoyo mutuo. Todas las PAH acumulamos miles de pequeños momentos que lo hacen palpable: la vecina que nos ve en la puerta parando un desahucio y se detiene a desobedecer una ley injusta y evitar el desahucio de su vecina, aunque no la conocía. El restaurante que nos lleva una paella mientras estamos ocupando una oficina bancaria para conseguir que una familia se libere de una deuda de por vida. La mujer de 80 años que, junto con un colectivo del barrio, apoyan a la PAH cuando recuperamos un edificio vacío de un banco para realojar a familias que provienen de procesos de desahucio. O el millón y medio de personas que se detuvieron a firmar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsamos en 2013 para legislar la dación en pago, el alquiler social y para poner fin a los desahucios.

Acumulamos muchas pequeñas grandes victorias: miles de desahucios parados, miles de familias que han logrado liberarse de una deuda de por vida, miles de personas realojadas recuperando pisos vacíos de las entidades financieras... Pero también grandes victorias, como conseguir transformar el imaginario colectivo y pasar de “las personas desahuciadas estiraron más el brazo que la manga” a “la estafa hipotecaria”, aprobar la ley 24/2015 de medidas urgentes contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en el Parlament de Catalunya, impulsar una ley en la Asamblea Regional de Murcia o incidir en la ley del Valencia. Todo esto a la vez que hacemos presión en los municipios, hacemos propuestas y fiscalizamos el trabajo hecho. Todo ello, al mismo tiempo que 236 asambleas abren cada semana sus puertas para hacer asesoramiento colectivo sobre el derecho a la vivienda, sea hipotecario, de alquiler o ocupación. Todo ello a la vez que nos organizamos para actuar y autotutelar nuestros derechos.

A pesar de valorar el trabajo realizado y los logros conseguidos durante estos años, somos conscientes de que todavía no hemos conseguido las tres demandas iniciales de cambios legislativos que llevó la PAH en el Congreso a través de una ILP: dación en pago, moratoria de los desahucios y alquiler social. Es una propuesta que el gobierno de la banca, el PP, bloqueó, pero que el resto de partidos políticos dijeron que apoyaban. Pues bien, con la actual distribución de fuerzas en el Congreso, debemos ser capaces de forzar este cambio legislativo tan necesario. Un clamor que ya no es sólo de la PAH, sino también de la ciudadanía organizada e incluso de algunos jueces nacionales. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado ya ocho veces la legislación hipotecaria como anómala e ilegal en la Unión Europea.

Pero aquí no acaban los retos de la PAH en relación a la situación actual del derecho a la vivienda: no podemos plantear medidas para abordar la emergencia habitacional que no alcancen las realidades que encontramos en nuestras asambleas. Es decir, la inseguridad y la falta de alquileres asequibles, que acumula más de la mitad de desahucios en todo el Estado, y la precariedad y la criminalización que sufren miles de familias que se han visto obligadas a ocupar viviendas vacías como consecuencia de la falta de respuesta de la administración. También es imprescindible garantizar los suministros básicos: un hogar no es sólo un techo, hay que tener agua, gas y luz garantizados.

Tenemos por delante la opción y la obligación de conseguir que todos los pequeños gestos que hacemos cada día, como poner nuestro cuerpo para detener un desahucio, recuperar un piso vacío de la banca u ocupar una oficina bancaria para conseguir liberar una familia de la deuda, cojan el empuje suficiente para convertirse en derechos que se aplican a todas. Tenemos que ganar el pulso a la banca y los gobiernos que le obedecen y conseguir que la vivienda sea un derecho y no una mercancía. Es decir, tenemos el reto de conseguir los cambios legislativos que garanticen una segunda oportunidad a las familias, la dación en pago retroactiva, poner fin a todos los desahucios y hacer del alquiler una opción estable, segura y asequible. También tenemos que ampliar el parque público de alquiler social y garantizar los suministros básicos. Esta tarea, como todo lo que hemos hecho hasta ahora, lo tenemos que hacer en red con todo el tejido asociativo del Estado, con la complicidad de nuestras vecinas y con el apoyo de muchas otras compañeras que están luchando por una educación y una sanidad pública y de calidad, con los iaioflautas, con las que luchan por los derechos de las mujeres... Si algo hemos aprendido en estos ocho años es que juntas, sí se puede!

En julio el abogado general de la UE emitió su dictamen respecto a la retroactividad de la cláusula suelo, considerando que la devolución de las cantidades cobradas de más por su aplicación sólo deben hacerse desde 2013

Nos avergüenza el mensaje del abogado de la UE a los estafados: "reconocemos que os han robado, y os van a devolver algo... pero solo un poquito, que la perjudicada ahora es la banca y ustedes ya saben quién manda"

Una de las pegatinas más utilizadas en las acciones de la PAH dice: “Este banco engaña, estafa y echa a la gente de sus casas”. Pero las entidades financieras no podrían hacer todo eso sin la complicidad de los diferentes gobiernos e instituciones. Hay días en que esto se ve más claro que nunca: en julio el abogado general de la Unión Europea emitió su dictamen respecto a la retroactividad de la cláusula suelo, considerando que la devolución de las cantidades cobradas de más por aplicación de esta cláusula sólo deben hacerse desde el año 2013, asumiendo así la antijurídica doctrina del Tribunal Supremo. El informe, que tendrá que valorar el TJUE a la hora de emitir la sentencia definitiva sobre si las entidades financieras deben devolver lo cobrado de más desde la aplicación de esta clausula abusiva o sólo desde el mes de mayo de 2013, ha supuesto un varapalo para todos los afectados por las hipotecas, pues supone primar el interés económico de la banca frente a los intereses de la ciudadanía. Si bien es cierto que hace pocos meses, la Comisión Europea se pronunció a favor de que se devolvería todo lo robado desde el inicio del contrato, hoy el abogado del TJUE marca un camino injusto para la sentencia que está pendiente de ser emitida por el Tribunal europeo y que se espera para el próximo otoño.

Imaginemos un atracador que, en plena faena, y cuando está recogiendo las bolsas del dinero que va a robar, le sorprende la policía, y le dice “llévate lo que has cargado, pero no cojas más y vete”. Esto es lo que hizo el Tribunal Supremo de España al limitar las devoluciones, y lo que ratifica ahora este presunto letrado de la ciudadanía europea. Tampoco debemos olvidar que el gobierno de Rajoy, nombró a dedo como magistrado del Supremo a Sastre Papiol, que procedía directamente de la Asesoría Jurídica de La Caixa.

Lo curioso de este pronunciamiento no es que se posicione del lado de la banca, algo que poco nos puede sorprender a estas alturas de las instituciones europeas o españolas, si no, que una vez más se esgrimen argumentos macroeconómicos y antijurídicos que desatienden a la reparación del daño a las víctimas de esta estafa. Es decir, se esgrimen los argumentos que hagan falta (y si no existen se los inventan) para seguir manteniendo los privilegios de la banca. A lo mejor somos nosotros los que estamos equivocados, tienen razón los que suscriben las versiones oficiales y “esto lo hacen para salvarnos a todos”. A nosotros nos cuesta creerlo, cuando hemos podido comprobar cómo la existencia de una cláusula suelo es, en muchos casos, lo que hace posible pagar o no la hipoteca. Nos cuesta creer que la banca que ha sido rescatada con más de 200.000 millones de euros no pueda ahora devolver a las familias a las que ha robado unos 3.000 millones de euros. Nos indigna que en ningún momento se haya calculado el número de familias que han perdido sus hogares, han sido desahuciadas y condenadas a deudas perpetuas por culpa de estas cláusulas. Nos avergüenza, el mensaje del abogado de la UE a las estafadas “reconocemos que os han robado, y os van a devolver algo... pero solo un poquito, que la perjudicada ahora es la banca y ustedes ya saben quién manda, aquí y en Madrid”.

Nos surgen muchas preguntas a raíz del posicionamiento del abogado del TJUE. Si hemos rescatado a la banca con más de 200.000 millones de euros públicos, sin ninguna contrapartida social a cambio, sin que se paralizasen los desahucios, se hiciesen alquileres sociales, se liberase a las familias de deudas de por vida o sin ampliar el escaso parque público de viviendas con las miles vacías que acumula la banca y los fondos buitres, ¿cómo es posible que ahora premien sus abusos y les impongan una condena reducida? Las instituciones europeas y españolas nos dicen que la banca no puede asumir sus errores y que ellas están ahí para protegerla. Luego se rasgarán las vestiduras sorprendidas de su propio descrédito. Quizás, es hora de exigir a las instituciones europeas, que han marcado el rescate bancario español, y al gobierno, si es que en algún momento lo hay, un plan de retorno del rescate bancario y sobre todo, la reparación del daño a las víctimas de la estafa hipotecaria. Cuando se produce una vulneración de Derechos Humanos, es necesario reparar el daño lo que en este caso se traduce en devolver lo que han robado, sin reducciones ni paliativos. De momento, el economista jefe del Deustche Bank acaba de pedir 150.000 millones más de rescate para todos los bancos europeos y el Gobierno italiano está a punto de rescatar a todo su sector bancario, así que ya sabemos lo que nos espera si no elevamos la presión social.

Cuando salen estos dictámenes, nos preguntamos si las instituciones europeas, o las españolas, nos servirán, en algún momento, para velar por los derechos de las personas o seguirán como hasta ahora garantizando (aunque eso suponga actuar con argumentos antijurídicos) los privilegios de la banca. La respuesta, para nosotras, es segura: nos toca seguir organizadas en la calle exigiendo nuestros derechos y auto tutelándonoslos. La práctica diaria nos demuestra, que aunque no quieran, ¡se puede! y hoy queremos recordar que se pueden parar los desahucios, liberar a las familias de las deudas, realojarlas en viviendas vacías de la banca... y por ende, se puede poner fin a la connivencia política e institucional con la banca.

Esperemos que el TJUE sepa hacer justicia. La sentencia saldrá previsiblemente, en otoño (“autumn is coming”). Y qué hacemos ahora? Pues que todas las afectadas vayan a su PAH más cercana para recuperar el derecho a la vivienda, porque, a diferencia de las instituciones fallidas, la lucha de la gente sí se ha demostrado útil.

El PP es el partido que no solo no ha tomado medidas para acabar con los desahucios, sino que ha suspendido, a través del Tribunal Constitucional, cualquier ley autonómica que haya dado pasos en la conquista del derecho a la vivienda y por ende, recortado los privilegios de la banca

Un lunes cualquiera en Barcelona a las 18h, Marta abre la persiana del local de la PAH para empezar el asesoramiento colectivo en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En el decurso de la asamblea, ocho familias, angustiadas, anuncian que tienen un desahucio e Irene las tranquiliza, explicando cómo nos vamos a organizar para pararlos como hicimos con el suyo. Juntas, como siempre. Éste no es un hecho aislado, persianas similares se levantan cada semana en Sevilla, Vigo, Segovia y un largo etcétera de asambleas de las doscientas PAH que trabajan para poner fin a los desahucios en todo el estado.

Irene sigue: ahora explica las propuestas que tenemos para acabar con los desahucios, las deudas de por vida, la vivienda vacía y los cortes de suministros, “Las 5 de la PAH”. Noelia, con mucha energía, aprovecha para convocar al escrache en un acto de la campaña electoral de Rajoy. Explica que el PP es el partido que, durante toda una legislatura, no solo no ha tomado medidas para acabar con los desahucios, sino que ha suspendido, a través del Tribunal Constitucional, cualquier ley autonómica que haya dado pasos en la conquista del derecho a la vivienda y por ende, recortado los privilegios de la banca.

Anita, de 65 años, nos cuenta que tiene el desahucio en julio y pregunta si se puede acoger a la “moratoria de desahucios” del Gobierno de Rajoy. Yolanda le responde que la falsa moratoria de desahucios es tan restrictiva que la inmensa mayoría queda fuera, que es un titular, pues no hay voluntad real de poner fin a los desahucios. Una voz al fondo de la asamblea recuerda con decepción y cabreo las palabras de De Guindos al anunciar la moratoria de desahucios: “Pararemos 120.000 desahucios en 2 años”. La realidad es que durante su vigencia se han producido 274.000 desahucios y solo el 6% se han podido paralizar. No han solucionado el problema, sino que lo han empeorado, porque la deuda no ha parado de crecer. El mensaje concreto del PP al 94% de las familias con amenaza de desahucio es que quedan fuera de su moratoria: ¡qué os desahucien!

Begoña anima a una mujer que llega diciendo que su banco no le quiere conceder la dación en pago, que no hay ninguna ley que le obligue, y que le van a dejar una deuda de por vida después del desahucio. Bego le explica que es cierto, que no existe hoy tal norma, pese a que en 2013 la PAH recogió más de 1.5 millones de firmas de apoyo a su ILP para cambiar las leyes injustas -incluyendo la dación en pago retroactiva- pero que el PP bloqueó. Otra compah complementa a Bego y explica a la asamblea que la medida estrella de Rajoy para liberar a las familias de la deuda es el voluntario e ineficaz Código de Buenas Prácticas (CBP), “que lo deja todo en manos de la buena voluntad de la banca, aunque a ésta ni se la conoce ni se la espera”. Ainhoa, madre soltera, explica que no pudo acogerse al Código de Buenas Prácticas porque los criterios económicos y sociales para acogerse son muy restrictivos, y aunque ella los cumplía, sus avales (sus padres) no, ya que tienen su casa en propiedad después de 40 años de trabajo. Desde la vigencia del CBP se han iniciado 323.186 ejecuciones hipotecarias, y solo ha liberado de la deuda a un 1.8% de familias y se la ha reestructurado a un 7%, dejando otra vez sin respuesta a más de un 90% de las familias que quedan condenadas a una deuda de por vida.

Fátima llega tarde a la asamblea porque sus dos niñas chicas se han puesto malas y las tuvo que dejar con una vecina. Tiene desahucio por impago de alquiler, y pregunta cómo conseguir un alquiler social. Vuelve a sonar una voz al fondo de la asamblea: le aclara que el estado español es el estado de la Unión Europea que más desahucia, con más vivienda vacía y con el parque público más pequeño. Lucía, con cierta sorna, recuerda las lágrimas de cocodrilo de Soraya Sáenz de Santamaría al anunciar el Fondo Social de Viviendas (FSV), creado otra vez apelando a la buena voluntad de la banca. El FSV son las migajas, un intento de lavado de cara de la banca y del gobierno. Proponen 10.000 viviendas para conceder alquileres sociales a las 465.710 familias que han sido desahuciadas desde 2008 hasta la actualidad. Una vez más, los criterios son tan restrictivos que desde su creación solo se han adjudicado 4.000 alquileres sociales, lo que significa que solo un 0,8% de las familias desahuciadas han recibido un alquiler social. ¿Qué fondo social es ése? Nosotras hemos realojado a 3.000 personas a través de la Obra Social de la PAH, recuperando vivienda vacía de la banca.

Es el primer día que viene Mohammed a una asamblea de asesoramiento colectivo. Hacia el final pide la palabra y nos explica que, después de todo lo escuchado, lo tiene más que claro: “el PP es el partido de los desahucios”. Si alguien lo duda, que se acerque antes del 26J a una asamblea de la PAH, seguro que al salir tendrá claro que votar al PP es votar a favor de que sigan teniendo lugar 184 desahucios al día.

La asamblea acaba organizándonos para las acciones de mañana: por la mañana pararemos el desahucio de Fátima y por la tarde hay un acto del PP en un hotel. Vamos a ir, y luego nos pasaremos por el mercadillos del barrio a repartir flyers e informar a la gente acerca de “Las 5 de la PAH”. También acerca de los partidos que no las apoyan.

En período electoral, los partidos parecen necesitar comunicarse con las que somos llamadas a votar, aunque lamentablemente, en muchas ocasiones lo hacen con gatitos, al son de bachata o intentando recrear conversaciones de bar. 

Nosotras nos tomamos las cosas más en serio, y por eso exigimos propuestas concretas para abordar y dar solución a las preocupaciones que vivimos en primera persona cada día y que compartimos tomando un café en el bar, en la sala de espera de un hospital, en la cola de la oficina de vivienda preocupadas ante el desahucio que se nos viene encima o en la secretaria de la Universidad esperando para entregar documentación y ver si hay suerte y tienes una beca para poder seguir estudiando.

La PAH, ante la segunda vuelta electoral del 26J, hemos interpelado a todos los partidos para que se comprometan con Las 5 de la PAH, cinco medidas de mínimos para garantizar el derecho a la vivienda: dación en pago retroactiva, alquiler asequible, stop desahucios, vivienda social y suministros básicos garantizados.  

¿Qué dicen sobre ellas los partidos políticos? Fijémonos con detalle en las propuestas de vivienda de los programas electorales. 

Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, incluye algunas medidas en relación a las 5 de la PAH, pero lo hace de manera vaga, sin concretar el cómo y olvida por completo algunos puntos vitales. Menciona la inclusión de la dación en pago en una reforma de la Ley de segunda oportunidad, pero no recoge la retroactividad de ésta, cosa que dejaría en la cuneta a las 700.000 familias que ya han perdido su vivienda y les queda una deuda impagable de por vida. Además, es confuso hablar de dación en pago a la vez que se quiere establecer un plan de pagos no superior al 30% de los ingresos familiares de manera indefinida en el tiempo. Igual pasa con los suministros garantizados: lanzan un titular pero no concretan el cómo evitar los cortes de suministros. El programa tampoco recoge medidas para dar seguridad al alquiler como régimen de tenencia y, a diferencia del programa del 20D, esta vez no se atreven a proponer nada respecto de la vivienda vacía de la banca. No apuntan ni una sola medida para poner fin a los desahucios, apostando así por la continuidad de los 184 desahucios diarios. Aunque es cierto que dicen que reconocerán el derecho de las familias desahuciadas a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social, no concretan cómo; con el parque público de viviendas casi inexistente, sin corresponsabilizar a la banca y sin movilizar la vivienda vacía, es como prometer que crecerán piñas en los naranjos.

El Partido Popular, con su programa titulado “Seguir Avanzando”, olvida acabar el título que debería ser “Seguir Avanzando en la generación de pobreza y violación de derechos”. A solo 3 días de convocar elecciones, con el recurso a la ley 24/2015, volvieron a demostrar que no se deben a quienes piden el voto, sino a la banca. El PP ha demostrado sobradamente su servilismo a la banca y su indiferencia hacia el sufrimiento de las familias. No nos sorprende que no incluyan medidas para hacer frente a la emergencia habitacional, ya que su función ha sido la de mantener los desahucios. Votar al PP es votar por los desahucios. 

Unidos Podemos, con el catálogo de Ikea, adjunta instrucciones y herramientas a utilizar para montar la casa. El programa recoge Las 5 de la PAH y explican cómo proponen llevarlo a cabo. Plantean un mecanismo de segunda oportunidad que finaliza con dación en pago, explicitando el compromiso de la retroactividad de ésta. Incluyen la eliminación automática de las cláusulas abusivas. En cuanto al alquiler asequible, proponen la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ampliando a un mínimo de 5 años los contratos, con prórroga automática en casos de gran propietario y familia en situación de vulnerabilidad. Por otro lado, se establece una definición de gran tenedor de vivienda, la sanción por incumplir con la función social, además de la prohibición de privatizar vivienda pública y un impuesto sobre la vivienda vacía. En cuanto a los desahucios, prohibir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional por ley. Proponen ampliar el parque público de viviendas con las que están vacías en manos de la banca, la SAREB y los fondos de inversión. Para garantizar los suministros básicos de agua, gas y luz, se prohíbe el corte en situaciones de vulnerabilidad. Compromisos que vigilaremos muy de cerca para que se cumplan, como siempre ha hecho la PAH.

El programa electoral del PSOE se mantiene en la indefinición contra la emergencia habitacional, apunta titulares y en pocos casos medidas. Parece mantenerse en la lógica de proteger a la banca y las suministradoras, y no en la de corresponsabilizarlas. Igual que ciudadanos, hablan de dación en pago, pero no de su retroactividad, condenando para siempre a 700.000 familias a deudas impagables; imperdonable concesión a la banca y retroceso frente su apoyo a ésta demanda en 2013 con la ILP. A la vez que hablan de dación en pago, plantean que las familias se sometan a un plan de pagos de 5 años de parte de la deuda y que no sea superior al 30% de los ingresos familiares, algo inasumible para las familias con pocos recursos. Apuntan liberar a los avales y la eliminación de las clausulas abusivas. En cuanto al alquiler asequible, solo proponen ampliar a 4 años los contratos de alquiler. Para la paralización de los desahucios, la única referencia es la de permitir al juez paralizar el proceso de ejecución para mediar y acordar la dación en pago, pero no proponen medidas para más del 60% del problema, los desahucios de alquiler. Para ampliar el parque público de viviendas, el PSOE sigue cabizbajo ante la banca, sin medidas concretas para movilizar la vivienda vacía. El PSOE tiene que salir de la zona gris, con los desahucios no valen medias tintas, tienen que pasar de la indefinición al compromiso con el derecho a la vivienda.

Todo el mundo tiene más que claro que no se puede hablar de salir de la crisis sin pasar la pantalla de los desahucios. No hay salida mientras se siga desahuciando a 184 familias al día. PSOE y Ciudadanos tienen que salir de la peligrosa zona gris, de la indefinición ante la disyuntiva de acabar con los desahucios o seguir permitiendo que los bancos hundan a centenares de miles de familias en la miseria. Mientras tanto se lo recordaremos hasta el 26J en sus actos.