La ingesta suficiente y adecuada de nutrientes permite un óptimo desarrollo cognitivo y físico. Este hecho convierte el consumo de alimentos en un ejercicio necesario para garantizar la vida Por otro lado, los alimentos son mercancía y forman parte de ese grupo de materias primas que cotiza en los mercados bursátiles con las que se puede especular y generar ganancias millonarias. Los alimentos son importantes tanto por su función vital como por el negocio que suponen y ante esta competencia, ¿quién gana?  

Si bien el objetivo de producir alimentos goza de un gran consenso, las iniciativas que se han puesto en marcha han permitido legitimar un enorme crecimiento de la productividad. De ahí que el alimento más consumido sea de procedencia agroindustrial, ya que permite añadir servicios de transporte, seguros, intermediarios comerciales, distribución que mejoran el acceso. Esta necesidad de producir más alimentos hace que la innovación tecnológica se ponga a su servicio, aunque no solo para anticiparse a las necesidades futuras, también como una cuestión de inversión con rentabilidad en un sector que tradicionalmente ha carecido de valor añadido. Por un lado, esta tecnología mantiene un sesgo a favor de la biotecnología relacionada con el material genético de las semillas, sus rendimientos y la asociación con fertilizantes que los potencian. Por otro lado, responde al imperativo de la productividad como la reducción de los desperdicios, las pérdidas de cosechas y la calidad de los alimentos. Por lo tanto, se trata de una tecnología que mantiene una estrecha relación con los circuitos de capital internacional y profundamente dependiente del petróleo. 

Las condiciones medioambientales también se pliegan a la producción alimentaria. La posibilidad de sobrexplotar los recursos naturales bajo el objetivo de reducir el hambre no solo conlleva un aumento de la frontera agrícola para el cultivo de alimentos, también supone más territorio para usos alternativos como los agrocombustibles, los granos para la alimentación animal y como fuente de elaboración de todo tipo de mercancías (no propiamente alimentarias) para embalajes. Si bien la acción humana ha supuesto siempre una presión sobre estos recursos, el ritmo con el que se ejercía había permitido su recuperación.

En la actualidad, la presión sobre estos ciclos de la naturaleza no es sostenible y está provocando la destrucción de ecosistemas enteros, la desaparición de la biodiversidad y una reducción en la capacidad de secuestrar carbono. Un colapso, que a nivel local supone el avance de la desertificación, el agotamiento de minerales y acuíferos, la contaminación de suelos agrícolas y bosques por residuos tóxicos de larga duración (agrotóxicos), las explotaciones agrarias en ruinas, ciudades mineras desérticas y vertederos industriales abandonados.

Esta extralimitación está dificultando la regulación del clima, la regeneración de la calidad del aire y el agua, incluso que los propios residuos vuelvan a poder ser utilizados. La actividad agraria profundiza su desconexión con el entorno, intensificándose el deterioro de los recursos locales, -mano de obra y recursos naturales-, mientras se incrementa la dependencia de insumos –materiales y energía–, procedentes de otros territorios. 

Este aumento incesante de productividad hace que el alimento sea un valor seguro para un mercado que reduce todo lo intercambiable (tangible, intangible y cosechas futuras) a un instrumento financiero. Tanto las ganancias empresariales y los ahorros privados (entre ellos, de la seguridad social privatizada) como las reservas monetarias de todas las naciones confluyen hacia un único mercado de títulos encargado de distribuirlos en el mundo conforme a sus propios criterios de rentabilidad. Las dinámicas especulativas y la consiguiente burbuja financiera presionan al alza sobre los precios de las materias primas (incluidos los alimentos).

El peso de la economía financiera mantiene el nivel de demanda global a un nivel muy superior a la capacidad de pago de quienes se endeudan, afectando los sistemas de protección social de algunos países y teniendo que eliminar buena parte de los derechos adquiridos. Dicha arquitectura financiera posibilita una alta volatilidad de los precios, traduciendo en extensos beneficios cualquier varianza en las cosechas, comercialización y venta de alimentos. Por lo tanto, los precios de los alimentos, al reconocerse como activos financieros, quedan expuestos al igual que otros insumos. Se trata de un factor oculto, un mecanismo que protege la especulación, dado que, cada vez que hay un conflicto o una emergencia, permite elevar los precios de manera repentina y, de esa forma, anticiparse a las posibles pérdidas estimadas de los fondos financieros sin importar el encarecimiento colateral de la canasta básica. 

Estas prácticas globales implican beneficios muy desiguales entre los países y sus poblaciones. Fenómenos como el desvío de recursos naturales de los países periféricos hacia los países más industrializados y la enajenación de tierras de cultivo para la explotación y beneficios de terceros supone uno de los mayores saqueos de la naturaleza, del conocimiento y un ejercicio de concentración de la riqueza que pasa por encima del derecho a la alimentación. La tendencia a la monopolización y privatización del acervo genético por parte de las corporaciones que patentan y mercantilizan todas las gamas y variedades de alimentos del planeta captura un patrimonio biológico y cultural que debería estar protegido para garantizar un uso público. El pequeño productor asume estos patrones de consumo convirtiéndose en una pieza más de rentabilidad del sistema alimentario industrial y el Estado mira para otro lado.

Estos procesos de apropiación y desposesión de lo local desde lo global amplifican y concentran el poder y la riqueza, deteriorando y empobreciendo sus tejidos económicos y sociales. Esto hace que los beneficios económicos dominen la agenda y los impactos ambientales se subestimen. Se produce una ruptura de la relación entre sociedad y naturaleza mientras la producción alimentaria impone un crecimiento que ignora los límites sociales y ecológicos. 

Ante la pregunta de inicio sobre quién gana en este sistema alimentario, emerge una sola respuesta, nadie. Perdemos todos, incluso aquellos que creen ganar porque en un primer momento concentran riquezas de varios ceros, en realidad pierden al estar condenando a su propia descendencia a un tipo de consumo basado en calorías vacías, prioridades decididas en la bolsa y mayor incertidumbre social. Si bien la pobreza extrema y el nivel de hambrientos en el mundo se ha reducido de manera sustantiva, la alimentación de hoy está lejos de ser una solución factible. Saciarse no es comer.  

Tras el estímulo para las conciencias que han supuesto todas las proclamas de la 26ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático parece obligado reflexionar sobre las cuestiones que más tensionan la sostenibilidad ambiental y cómo abordarlas en un contexto climático donde las opciones se acaban. Si bien los resultados vuelven a ser decepcionantes, hay un consenso en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque falte acordar los plazos, procedimiento y financiación. No solo es urgente transitar hacia energías menos contaminantes y acabar con la deforestación, también es preciso un ejercicio de pedagogía incómoda donde se asuma una responsabilidad colectiva. Poco se ha hablado en la COP 26 de revisar algo tan cotidiano como comer y analizar qué efectos tiene sobre el cambio climático cómo se producen, comercializan y consumen los alimentos que ingerimos a diario.  

Cuando se hace referencia al impacto ambiental de los alimentos hay que considerar no solo su huella ecológica, sino su capacidad de mitigar el cambio climático. Alimentarse es vital, pero el tipo de cultivos, los recursos elegidos y su utilización, los patrones de consumo y la manipulación de los alimentos tanto dentro como fuera de la cadena de valor son factores definitivos en el impacto ambiental.

El sistema alimentario es responsable del 26% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lejos de lo que se podría deducir, solo el 18% tiene que ver con los envases, el transporte y la logística. Es decir, el 82% de estas emisiones se deriva de la producción del alimento en sí. Los ingredientes que más emisiones producen de media, ya que los niveles de emisiones varían según el método de producción y los recursos utilizados, se vinculan a la carne de vacuno, cordero y porcino, por este orden, pero también al queso, el chocolate, el café y las gambas. Por lo tanto, la sostenibilidad del sistema alimentario también depende de los patrones de consumo y la responsabilidad individual. La racionalización de las dietas, más allá del sabor, ofrece el doble beneficio de la salud y sostenimiento de los ecosistemas.

Gobernar los alimentos impone prestar atención a sus consecuencias sobre el cambio climático. En el Acuerdo de Paris (2015), la mitigación prevista en el lado de la producción no es suficiente para mantenerse por debajo de los 2°C de calentamiento. Reservas como el Amazonas ya han empezado a emitir más CO2 del que absorben. Si no se implica la ciudadanía en un compromiso global, dada la complejidad del problema y la falta de acción política, comer será cada vez más insostenible.

Las potencialidades destructivas del sistema alimentario implican grandes costes medioambientales. La intensificación de la explotación y la extracción de los recursos naturales ha desencadenado una presión inasumible. No solo ha aumentado la productividad de las cosechas de alimentos: también los cultivos para usos alternativos como los agrocombustibles, los granos para la alimentación animal y como fuente de elaboración de todo tipo de mercancías (no propiamente alimentarias) para embalajes. Todo ello lleva aparejado la contaminación y escasez de agua, el impacto sobre el territorio, pero también el maltrato animal.

Del mismo modo, las energías renovables, a través de los cultivos de placas solares y parques eólicos, desplazan cultivos alimentarios más imprevisibles y de menor rentabilidad. Si bien la acción humana ha supuesto siempre una presión sobre estos recursos, el ritmo con el que se ejercía ha permitido su recuperación (tierras en barbecho, por ejemplo). Sin embargo, la aceleración de estos ciclos de sostenibilidad de la naturaleza está provocando la destrucción de ecosistemas enteros, degradación de los sistemas tropicales, pérdidas de cuencas hidrográficas, disminución de integridad del suelo, erosión, la desaparición de la biodiversidad en variedades tradicionales y semillas autóctonas, la disminución del secuestro del carbono y el deterioro del aire. Un colapso que a nivel local supone el avance de la desertificación, el agotamiento de minerales y acuíferos, la contaminación de suelos agrícolas y bosques por residuos tóxicos de larga duración (agrotóxicos), las explotaciones agrarias en ruinas, ciudades mineras desérticas y vertederos industriales abandonados. Esta extralimitación está dificultando la regulación del clima, la regeneración de la calidad del aire y el agua, incluso, que los propios residuos se reciclen, etc. La actividad agraria profundiza su desconexión con el entorno, intensificándose la sobreexplotación y el deterioro de los recursos locales (mano de obra y recursos naturales), mientras se incrementa la dependencia de insumos (materiales y energía), procedentes de otros territorios.

El ejercicio del derecho a la alimentación implica asumir la responsabilidad de cómo se produce y afecta a los medios de vida rurales la biodiversidad y los sistemas que regulan las funciones del planeta, como los bosques, los suelos o los océanos. Por eso, en la estrategia dominante de erradicar el hambre, la dependencia del petróleo y la presión sobre los recursos debe sustituirse por alternativas que eviten que sean las proyecciones económicas del agronegocio las que gobiernen. Durante la crisis de 2008, el G-20 se apropió de todas las decisiones sobre la subida de precios de los alimentos y su crisis. Todo lo que se desreguló fue decidido por un exclusivo grupo de países cuyos intereses financieros no responden a la necesidad vital de alimentarse y donde no están representados los países con mayor inseguridad alimentaria. Se priorizó, por tanto, la sostenibilidad financiera en vez de considerar urgente el equilibrio de los ciclos naturales y el tiempo para reponer los ecosistemas con biodiversidad.

El retroceso de la biodiversidad que ha supuesto unificar cultivos, más allá incluso del negocio que supone patentar las únicas semillas viables, es irrecuperable. A pesar de que se disponen de 10.000 especies vegetales distintas para producir alimentos y piensos, solo 150 cultivos alimentan a la mayoría de la población del planeta y apenas 12 cultivos proporcionan el 80% de la energía alimentaria. El 60% de esta energía procede exclusivamente del trigo, el arroz, el maíz y la patata. La disminución de la biodiversidad agrícola menoscaba la diversidad en la alimentación, impide incrementar la producción de alimentos, los ingresos y afrontar las limitaciones ambientales. Si no se preserva la diversidad genética, se tendrá menos capacidad de enfrentar el cambio climático. Las variedades de raíces más profundas, si se combinan con prácticas agronómicas adecuadas, pueden retener más carbono en el suelo. También se pueden considerar otras variedades de forrajes para que los rumiantes emitan menos metano, y variedades que precisen menos nitrógeno y, por tanto, rebajen la necesidad de fertilizantes y a su vez emitan menos óxido nitroso. Una diversidad que se sustenta en las variedades nativas prácticamente barridas por la biotecnología, pero también por otras prácticas que persiguen la mitigación del cambio climático.

Todas las presiones que se derivan de la comida y el medio ambiente deben encajar, son cuestiones de primer orden en la sostenibilidad de un ejercicio vital. Pero comer también es cultura, un modo de vida, una decisión diaria donde se rehúsa la información del origen y procedimiento de la comida. Significa racionalidad en la adquisición y consumos para evitar los desperdicios y enfermedades. Pocas decisiones están tan ligadas a sus consecuencias, pocas nos interpelan tanto en nuestra responsabilidad individual.

La aportación española a la financiación del desarrollo internacional ha tocado fondo, con un 0,13% sobre la Renta (alrededor de 1.100 millones), esta política se aleja aún mas del objetivo del 0,7% acordado

En septiembre hará un año que España firmó su adhesión a la nueva Agenda Universal para el Desarrollo 2030. En ella, se contemplan hasta 17 objetivos de desarrollo sostenible, un acuerdo global de 193 países para trabajar de un modo colectivo sobre las causas de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, ningún partido político contempla este compromiso como prioridad para la sociedad española.

Y es que reducir el presupuesto de la política de cooperación internacional para el desarrollo no ha tenido en estos últimos cinco años, ni parece que tenga en esta campaña, ningún coste electoral. Por eso mismo, no es descabellado esperar que los compromisos contraídos en esta Agenda, puedan ser de nuevo víctimas del obligado recorte que le espera al nuevo Gobierno. Recortes que ya salen muy caros tanto para los que por derecho se pronunciarán en las urnas como para los que no podrán ajustarse nunca al formato de ciudadano español.

La aportación española a la financiación del desarrollo internacional ha tocado fondo. Con un 0,13% sobre la Renta Nacional Bruta de España (alrededor de 1.100 millones de Euros), esta política se aleja aún mas del objetivo del 0,7% acordado. Un reto financiero asumible, dada la situación de España como cuarta economía de la zona euro y décimo cuarta del ranking mundial, pero sobre el que no hay voluntad política de corresponder.

Financiación insuficiente por tanto, pero no solamente. El Comité de Ayuda al Desarrollo, organismo internacional de reconocida autoridad en la materia, ha destacado en su último informe sobre la política de Ayuda española, la falta de criterio del Gobierno a la hora de identificar temas prioritarios, coordinación y establecimiento de estrategias. La apuesta ha sido clara a favor del sector privado. El desvío de recursos para luchar contra la evasión fiscal y la promoción del comercio ha potenciado la exportación y la provisión de seguros de riesgo, facilitando la participación del sector privado en los países en desarrollo a la vez que una integración plena en el sistema de cooperación al desarrollo español.

Un criterio, cuyo cuestionamiento se aprecia también en las preferencias geográficas. Si bien reducir la ayuda a 23 de los 50 países con los que España cooperaba en 2010 pudiera interpretarse como un avance racional de concentración, podría no serlo tanto si lo que se impone son criterios arbitrarios o sujetos a otros intereses. La falta de transparencia en el proceso final arroja demasiada ambigüedad sobre el sistema que mide el valor añadido en las intervenciones de la cooperación española. En este sentido, el coste de apostar por los Países de Renta Media (PRM), se ha traducido en un abandono de los compromisos con los países más pobres, sin que a pesar de ello, se contribuya a mejorar los indicadores de pobreza en los PRM. La recomendación de Naciones Unidas para la ayuda de los países más pobres oscila entre 0,15 y 0,20% pero de nuevo España la incumple con una aportación de 0,03% de su RNB

En lo que respecta a la pérdida de liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre la política de Ayuda el avance ha sido certero. En estos cuatro años no solo se ha estrechado la responsabilidad política y económica de este ministerio sobre la cooperación, arrebatada por el Ministerio de Economía y Competitividad, la discrecionalidad en los puestos de responsabilidad y el aumento de diplomáticos, se ha convertido en una solución para la lista de espera de los nombramientos del personal del servicio exterior de España. Todo ello no solo nos lleva a la desaparición anunciada para el próximo mes de octubre, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), también supone la mayor erosión de confianza entre las ONGD y el Gobierno, de la última década. Al mismo tiempo que se rompía el Pacto de Estado contra la Pobreza de 2007, el Gobierno aprobaba la reforma de la Ley de subvenciones públicas que ha supuesto una limitación al acceso natural de las ONGD a los fondos público frente a una mejora en las ventajas del sector empresarial.

Tanto o más errático si cabe, ha resultado marginar la educación para el desarrollo en un momento en el que se imponía un relato de cohesión social frente a la crisis. De hecho, la reforma de la ley educativa (Wert), al eliminar la asignatura de educación para la ciudadanía, ha acabado con el único contenido curricular de cooperación para el desarrollo en el sistema formal de educación española. Las próximas generaciones conocerán y comprenderán menos los problemas de desarrollo y pobreza y por tanto, serán personas más expuestas a los radicalismos nacionalistas que operan frente a la interpretación de fenómenos como la emigración, el acceso a los alimentos o el cambio climático.

Así que estos costes que en principio se suponen fuera de nuestras fronteras, también se asumen dentro. Debido a las políticas aplicadas en la última legislatura, España ha pasado a ser el segundo país de la Unión Europea en el que más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas (en 2015 el 1 % de la población concentró tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos), sólo por detrás de Estonia: el país donde más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis, tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a Grecia. Una desigualdad que coincide con una gran retroceso del gasto público social y un fuerte desplome del salario medio de un 22,2 %5. De hecho, la presencia del sector privado en los servicios públicos ha obstaculizado en ocasiones una respuesta del Estado a la hora de responder tanto a las demandas ciudadanas como a los desafíos internacionales.

Para España el momento después de las elecciones de 26 de junio puede significar dos cosas: continuar por la senda del ostracismo y diluir la política de Ayuda entre las distintas iniciativas de acción exterior española, justificando su ausencia a través de la presencia razonada en otros foros y contextos; o bien, realizar correlativamente a la capacidad de nuestro país, el esfuerzo necesario para revertir la situación y permitir la alineación con el resto de actores internacionales en el cumplimiento de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. El ahorro de los recortes en esta política, han sido tan irrelevante para la economía española como cuestionable en términos de impacto. Y es que no puede haber mayor contradicción entre los esfuerzos del Gobierno anterior en aprobar la nueva Agenda y su nulo interés por aplicarla.