Primero, su título. El concepto “suelo”, frente al concepto “territorio”, lo que se compra y se vende (bien de mercado), frente al bien estratégico (interés general). No cabe en cabeza nacionalista que un gobierno que se denomina como tal, ponga en venta lo que es identitario para Canarias, su territorio, su suelo rústico, su biodiversidad.

Segundo, ya desde su preámbulo, este Anteproyecto desenmascara las intenciones del Presidente Clavijo y el equipo que lo redactó. En la exposición de Principios Generales, donde normalmente se presenta el espíritu de la ley que luego se desarrolla, y que son los que hacen referencia al mandato de la Constitución Española (CE), en este Anteproyecto desaparecen un gran número de los que se contemplan en la actual Ley de Ordenación del Territorio de Canarias (ellos a su bola, que son nacionalista).

No se hace referencia a los artículos 45, 46 y 47 de la C.E, que son los que hablan de la protección y defensa de los recursos naturales, su utilización racional por parte de los poderes públicos, teniendo en cuenta la solidaridad colectiva (palabras revolucionarias hoy en día), del derecho de los y las españolas a una vivienda digna, y el deber de los poderes públicos regule el uso del suelo de acuerdo con el interés general para IMPEDIR LA ESPECULACIÓN (sí, esto también lo dice la CE).

Tercero, la Ordenación del Territorio es “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”, según la Carta Europea de Ministros en esa materia, del año 1983. Es decir, el desarrollo económico de una sociedad tiene que estar vinculado a la ordenación de su territorio, si no quiere ver cómo el desarrollo de ella agota los recursos naturales de los que tiene nutrirse para su seguir avanzando. Efectivamente, suena a pescadilla que se muerde la cola, con lo que mejor dejarse de boberías. El desarrollo de una sociedad tiene que ser planificado. Este Anteproyecto ni se lo plantea, favorece un desarrollo a golpe de proyectos, que vendrán de la mano de grandes empresarios con conexiones en el Gobierno de Canarias, y para ello se les crea en el anteproyecto herramientas del tipo “si el planeamiento municipal no lo permite, se anula, se ejecuta, y Sanseacabó” (como sabemos es un santo muy democrático)

Cuarto, la dichosa COTMAC. Esta comisión es un órgano de deliberación y garante de la legalidad de los instrumentos de ordenación, y el anteproyecto permite que sus competencias pasen a los 88 municipios canarios. ¿Quién se va encargar de garantizar la legalidad, entonces?, según el Anteproyecto, será en el Contencioso Administrativo donde se dirima la legalidad de los instrumentos de ordenación (claro que para ello, tienen que ser denunciados). Y mientras, en aras de la simplificación que tanto proclama el Anteproyecto, se generarán 88 cotmac municipales, que velarán por el cumplimiento legal de los instrumentos que se redacten y por su evaluación ambiental (como Juan Palomo, ya saben).

¿Se imaginan que la planificación del desarrollo de Canarias, que debería ser el mismo, se resuelva en 88 municipios, todos con distintos criterios, y en posición de competición entre ellos? Es inconcebible que haya sido un gobierno, que se denomina nacionalista, el que haya sido el artífice de un anteproyecto que ponga en venta su territorio y que rompa con un modelo cohesionado y sostenible.

Lo que propone este Anteproyecto, es un modelo basado en la construcción, modelo que ya ha fracasado. Hay que recordarle al presidente Clavijo, que hemos salido de una burbuja inmobiliaria de la que todavía estamos lamiéndonos las heridas, con un elevado paro y con la creación de empleo muy precario. Que es su deber mirar otras alternativas a la construcción. Que tenemos recursos naturales para desarrollar una economía basada en las energías limpias. Ya tenemos un ejemplo en la isla del Hierro, así que no hay escusas.

Quinto, la participación ciudadana. Inexistente. Han confundido la participación de la sociedad con lo que es un procedimiento administrativo, como es el periodo de alegaciones, otra señal de carencia democrática del actual gobierno canario. La Ley de Ordenación de Territorio en vigor (y que Dios lo quiera así), fue participada por distintos colectivos durante un período de cerca de dos años. Y actualmente, el País Vasco ha abierto un procedimiento de TRES AÑOS para la revisión de su Ley de Ordenación del Territorio. Es decir, la participación ciudadana es posible.

Que la revisión de la actual Ley de Ordenación del Territorio debe hacerse es innegable. Como instrumento de desarrollo social, es una herramienta que debe ser viva y en constante revisión, pero entre TODOS, atendiendo al interés general y a la protección del medioambiente.