En este contexto debe enmarcarse la sesión que ayer celebró la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza para determinar, por una parte, si se iniciaba la catalogación de Averly y, de no ser así, si se concedía licencia de destrucción para la histórica factoría (el derribo de las dos partes industriales es la destrucción del conjunto). Según cómo hubiese discurrido la reunión, los periódicos hubieran podido titular: “El Ayuntamiento da un mes de plazo a Brial para pactar una permuta por Averly”. Sin embargo, los diarios digitales acabaron titulando por la tarde: “Brial da un mes de plazo al Ayuntamiento para pactar una permuta por Averly”. La diferencia entre una situación u otra es sustancial. En el primer caso, que hubiese derivado de la aceptación del inicio de catalogación, la negociación hubiera estado controlada por el Consistorio, que hubiera podido adecuar la propuesta final al interés público, sin perjuicio de que la propiedad hiciera uso de los mecanismos que permiten asegurar la corrección de las compensaciones. En el segundo caso, que fue el que resultó de la teatral retirada del expediente hasta la próxima reunión, es la empresa quien tiene mejores bazas para encarar la negociación final. Es ahora ella quien puede manejar los tiempos, forzar los términos y amenazar, en última instancia, con la muerte del valioso rehén.

De tan clara, la jugada ha sido completamente obscena. El Ayuntamiento, por voluntad del Partido Socialista y Ciudadanos (el Partido Popular ya lo había anunciado) fortaleció ayer la posición negociadora de una empresa privada en detrimento de la suya propia. Lo cual se traduce, simplemente, en una cuestión de dinero: de dinero público que puede pasar a manos privadas en forma de derechos edificatorios. PP, PSOE y Ciudadanos podrían haber optado porque en la negociación saliera ganando el patrimonio municipal, como se esperaría de los representantes municipales, pero optó por una negociación que beneficia el patrimonio privado. Seguro que los señores concejales no negociarán tan mal sus asuntos particulares.

El PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza no ha defendido el interés general. No conozco las razones: quedan en las interioridades previas a los juegos florales con los que ayer trató de disimular la condena de Averly a la destrucción. El guion resultó interesante, aunque ciertas obviedades deslucieron, una vez terminada la función, su calidad final: comenzó con una retirada del expediente que suponía debatir al cabo de un mes sobre la catalogación de algo que se iba a permitir tirar a las dos horas, y que, claro, tuvo que ir acompañada de un sorprendente llamamiento al gobierno para que pidiera a la propiedad que no ejecutara la licencia de derribo que justamente por esa retirada le iba a ser concedida. Una carambola que solo cobraría pleno sentido para el espectador cuando por la tarde la empresa emitió un comunicado (al tiempo en que el PSOE emitía otro en el mismo sentido, por cierto) en que, oh casualidad, se ofrecía al gobierno precisamente no ejecutar el derribo en el plazo de un mes, durante el cual se ofrecía llevar a cabo una negociación. El guión acabó con una abstención que al cabo del grito de ¡yo no he sido! pretendía camuflarse infantilmente entre el follaje de los votos de ZeC y Chunta. Claro que es posible que en parte lo logre, porque los medios de comunicación que explicarán la operación pertenecen a la misma esfera social que resulta beneficiada con la medida.

Lo peor desde la perspectiva del patrimonio cultural es que es muy posible que al fortalecer la posición negociadora de una promotora, PP, PSOE y Ciudadanos hayan acabado condenando a Averly a su destrucción final. No quisiéramos las gentes amantes del patrimonio que recayese sobre nuestras espaldas, como recae sobre las suyas, la responsabilidad (si bien que compartida con otras personas) de haber decretado la demolición del bien más importante del patrimonio industrial aragonés. Así se hace la ciudad. O, al menos, Zaragoza.