“Winter is coming” y la Unión Europea, ante la crisis del gas ruso y las dificultades crecientes de extracción y distribución internacional, prepara un plan para reducir la demanda de gas un 15% apelando a la solidaridad entre países miembros. Sin embargo, Estados como el español y el portugués, por su falta de interconexión con el resto de países europeos, entre otros factores, solo tendrían que reducir su consumo un 7%. A simple vista daría la impresión de que la UE por fin se toma en serio las demandas ecologistas, aunque sea por la presión de la guerra: reducción y solidaridad. Pero un análisis pormenorizado de la propuesta revela todo lo contrario: una iniciativa de mantenimiento del modelo fósil que beneficia a los países más enriquecidos de la UE y un viraje del discurso que incorpora la perspectiva de la economía de guerra.

La necesidad de reducir el uso del gas es incuestionable desde antes de las restricciones generadas por la guerra en Ucrania. Por un lado, por el inevitable declive en la accesibilidad de los combustibles fósiles; desde 2019 la extracción de gas a nivel mundial está en receso. Pero, sobre todo, el gas se debe abandonar completamente junto al resto de combustibles fósiles para 2040 en la UE porque es la única manera de tener alguna opción de que la emergencia climática pueda mitigarse a tiempo. Además, reducir el consumo de gas es la vía para conseguir un modelo energético más descentralizado, democrático y menos dependiente del exterior. Un modelo para salir de la perspectiva belicista y construir una economía para la paz, que realmente ponga la vida digna en el centro. Desde ahí es positiva la reducción de la demanda de gas, aunque debería ser más ambiciosa que el 15%, incluido en el Estado español, y debería incorporar otros combustibles fósiles, principalmente en el sector del transporte y en el de la generación de electricidad (no vaya a ser que la UE esté pensando en sustituir ciclos combinados de gas por centrales térmicas de carbón).

Pero lo que realmente no cuadra es el concepto de “solidaridad” que maneja este acuerdo, una “solidaridad” obligada e impuesta, que se parece al concepto de servidumbre. La solidaridad, horizontal por definición, solo se puede entender en términos de reparto de todos los recursos y de depuración de las responsabilidades. Sin embargo, lo que busca el acuerdo es asegurar el consumo de los países más enriquecidos de la UE, como Alemania o Países Bajos, cuyas emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son de las más altas de la UE y del mundo –y más lo serían si se contaran las emisiones históricas o las ligadas al consumo en lugar de a la producción anual, que es como se suele medir–.

Resulta poco creíble que apelen a la solidaridad quienes no hace mucho se la negaron a los Estados del sur de la Unión Europea (recordemos aquel acrónimo que nos dedicaron: PIGS), exigiendo fuertes ajustes estructurales porque eran “vagos y despilfarradores” frente a la “frugalidad” de los países nórdicos. Este es el momento de demostrar esta frugalidad en los países de la UE que más se han enriquecido y que más emisiones de gases de efecto invernadero han generado. Son quienes deben hacer los mayores esfuerzos de cambio, de reducción del consumo, de transformación de sus sociedades.

Por eso tampoco cabe pedir que el Estado español se convierta en el hub del gas de la UE por cuestiones de “solidaridad”. No es el momento climático de incrementar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), más caro y perjudicial para el clima, para hacer funcionar las regasificadoras a plena potencia y justificar la apertura de aquella considerada en el 2012 por el CNE no necesaria para el suministro estatal. No es el momento de resucitar el MidCat en base a futuribles como el hidrógeno “verde'', ni de construir nuevos gasoductos de coste multimillonario entre países. Tampoco es solidario convertir una parte importante del territorio peninsular, pasando por encima de la agricultura y la conservación de los ecosistemas, en un captador de energías renovables para generar hidrógeno ”verde“ que sostenga el consumo energético de los países ”frugales“.

Sin embargo, coincidimos con la UE y los Gobiernos alemán o español en que necesitamos solidaridad, y mucha. Una solidaridad, en primer lugar, entre clases sociales, con aquellas personas que sufren pobreza energética. Es urgente asegurar que todo el mundo tenga sus requerimientos básicos energéticos cubiertos; recordemos que ya hay gente que cada invierno sufre las consecuencias del frío. Estamos sufriendo una grave emergencia climática, con terribles repercusiones ambientales y sociales. Repercusiones muy desiguales según el nivel de renta. No hay más que ver quiénes están sufriendo más las sucesivas olas de calor: aquellas personas que no tienen aire acondicionado ni piscina, quienes tienen que trabajar bajo un sol abrasador (paradójicamente, aquellas cuyos niveles de consumo producen menos emisiones de gases de efecto invernadero).

También una solidaridad entre Estados, pero con una mirada larga, que abarque al conjunto del planeta. Desde este marco, no se puede olvidar que los países de la UE están entre los principales emisores históricos, per cápita y actuales del planeta. Los mismos países que, insolidariamente (inhumanamente), cierran sus fronteras a quienes huyen de hambre, pobreza o sequías. Desde esta perspectiva, la UE, toda la UE, tiene que hacer una drástica dieta fósil.

No olvidemos tampoco que la mayor parte del consumo de gas es atribuible a los sectores industriales, quienes siguen mostrando enormes resistencias al cambio necesario. Aquí se pueden nombrar algunas de las grandes multinacionales españolas, a las que pedimos que se sumen a la ola de solidaridad que emana de la UE y se aprieten el cinturón en cuanto al consumo de gas y otros combustibles fósiles que ya escasean. Eso sí, sin trasladar sus repercusiones a la población más vulnerabilizada.

La emergencia climática no es un hallazgo del último lustro. El pico de los combustibles fósiles tampoco nos pilla por sorpresa, y va mucho más allá de una consecuencia coyuntural de la guerra en Ucrania. La necesidad de reducción del consumo de energía fósil no ha aparecido en 2022, lleva tiempo siendo demandada. Tampoco es nueva la enorme dependencia de la UE de la compra de crudo a países que vulneran derechos humanos, hoy es Rusia, pero ayer lo fueron Arabia Saudí, Azerbaijan, Argelia y una larga lista. El movimiento ecologista lo lleva señalando décadas, exigiendo además justicia climática, por la cual son aquellos países más enriquecidos, que más cambio climático han provocado, a quienes corresponde realizar los mayores esfuerzos: que obliguen a sus grandes empresas a poner los derechos ambientales de las personas y el resto de seres vivos por encima de sus beneficios. Sin embargo, COP del Clima tras COP del Clima, los acuerdos de reducción siguen estando muy lejos de lo que indica la ciencia, sin olvidar que en muchos casos su aplicación ha sido un gran fracaso.

“Winter is coming”, sí, pero nunca es tarde para actuar. En ese hacer, la solidaridad y la reducción del consumo son fundamentales. Pero más allá del invierno de 2022, el problema es la crisis ecológica y social a la que nos enfrentamos. Una crisis que, además, sufren mucho más fuera de Europa. Por eso lo solidario –y efectivo– es cambiar definitivamente el modelo de producción y consumo. Y que el mayor esfuerzo lo realicen quienes más responsabilidad han tenido en la creación de este problema. De otra manera, se seguirán poniendo parches (poco solidarios) que se abrirán en la siguiente crisis coyuntural dejando un margen de maniobra menor (o inexistente).

Con 370 propuestas bien encaminadas se podría salvar la crisis social y ecológica. Incluso con muchas menos. Pero, en el momento actual, 370 propuestas (como si fueran 1000) que no abordan cambios de fondo sirven para poco. Para ilusionarse como mucho.

No cabe pensar que el PSOE no lo sabe. Este agosto, aunque nuestras propuestas electorales ya habían sido enviadas a todos los partidos, decidimos aceptar la invitación del Presidente del gobierno en funciones para reunirnos a sabiendas de que se podía utilizar mediáticamente en las negociaciones de gobierno, porque valoramos que era positivo decir directamente a quien aspira a liderar el ejecutivo que la prioridad no puede ser otra que afrontar seriamente la crisis social y ecológica.

En la reunión de agosto dejamos claro a Pedro Sánchez que nuestro papel no es el de valorar fórmulas de gobierno sino propuestas, políticas y hechos. Recalcamos que además de un bonito nombre para un ministerio, la “transición ecológica” implica empezar a pensar en clave de crisis y de emergencia. Explicamos que para ello se necesitan medidas drásticas y urgentes y que lo que se había hecho hasta el momento era insuficiente. Que es necesario un vuelco completo de nuestro sistema socioeconómico que ponga el mantenimiento de la vida, la sostenibilidad ambiental y la equidad y justicia social en el centro de actuación y decisión. Se acabó el tiempo de transformaciones irrelevantes y cosméticas, lo avala la ciencia.

El programa común progresista de Sánchez presenta 370 propuestas, de las que 42 tienen relación con el medioambiente. El programa falla en ocasiones por omisión y en ocasiones de recurrir a generalidades propias de quien no se atreve a hacer cambios reales.

No es de recibo que ante la crisis de biodiversidad que amenaza seriamente al bienestar humano solo haya 2 medidas de las 20 que propusimos los grupos ecologistas. Frenar la pérdida de biodiversidad no se puede realizar sin medidas específicas, como por ejemplo reducir el 50% del uso de pesticidas para el final de la legislatura.

Pese a que la emergencia climática acapara un gran protagonismo en el programa, las medidas y los objetivos siguen siendo insuficientes, como ya expusimos con el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y con el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin una reducción de emisiones entre el 7% y el 10% anual no podremos garantizar el objetivo de que el calentamiento medio sea de 1,5 ºC, que ya para un país semidesértico como el nuestro es un riesgo excesivo. Para alcanzar esa meta hace falta mucho más que la inversión tecnológica propuesta, hace falta acabar con el oligopolio energético y reducir el consumo energético o la movilidad.

Mención aparte merecen las propuestas en materia de agua, que es además competencia casi exclusiva del gobierno central, ergo donde más capacidad de acción tiene. Frente a un país cuyos recursos hídricos están sobreexplotados (y cuya disponibilidad muy probablemente decaiga a tenor del cambio climático) las propuestas son incompresiblemente desarrollistas. Se habla de incrementar los recursos hídricos disponibles, abriendo así la puerta a la construcción de más embalses y trasvases, lo que supondría un gran paso atrás en la gestión del agua. Una transición realmente ecológica pasa inexorablemente por disminuir la superficie de regadío, abandonar los proyectos de grandes embalses y asegurar los caudales ecológicos de los ríos.

Sin especificar más allá de “constituir un medio de vida atractivo para los jóvenes” la apuesta por un medio rural vivo queda vacía. El medio rural vive del sector primario, por lo que apostar por la agroecología, que es el modelo que más empleo fija en el territorio y que más respeta el funcionamiento de los ecosistemas y hacerle frente a macrogranjas y monocultivos, sí que supondría una verdadera transición ecológica con justicia social.

Pero lo más grave del programa es que no cuestiona los problemas que nos han llevado a la crisis socioecológica. Si una transición ecológica implica alinear todas las políticas bajo el paraguas de la justicia social y ambiental, aquellas que nos han llevado a esta crisis deben ser inmediatamente revertidas, como ocurre con los tratados comerciales globales que sostienen la globalización neoliberal. Es un tanto hipócrita pedir “más transparencia” en estos tratados cuando hasta ahora el PSOE ha hecho justo lo contrario, evitar el debate social, como ha ocurrido con el Tratado Comercial con Japón. Los tratados comerciales han supuesto un aumento del desplazamiento de mercancías, la precarización del empleo, una disminución de los estándares ambientales y sobretodo, el aumento del control de las grandes empresas, las principales responsables del deterioro ambiental, sobre la economía global. Algo que tiene que tener claro el Sr. Sánchez, es que mientras siga plegándose a los intereses de las grandes empresas se encaminará por la senda opuesta a la de la transición ecológica. Y además las consecuencias las pagarán, una vez más, las personas menos responsables de la crisis. No es buena noticia que la propuesta de prohibir la venta de coches de combustión a partir de 2040 que estaba por la mañana en el programa común progresista se eliminase por la tarde, algo que en cambio no tardó en celebrar ANFAC, la patronal del sector del automóvil.

Un giro de 360º es aquel que te deja en la posición de partida, donde no cambia nada, pese a la parafernalia que conlleva. Uno de 370º supone un giro real de 10º. Con complacencia podemos decir que ahí se ha quedado el PSOE con sus 370 propuestas, en un leve e insuficiente cambio. Algo que hace sino posponer la verdadera transición ecológica, aquella que va a llegar sí o sí, pero que será más llevadera y más justa cuanto antes se empiece.

Esta pasada semana, Esther Samper firmaba en eldiario.es un nuevo artículo donde hablaba sobre el empeño del ecologismo en sembrar “la desinformación y el miedo irracional” en temas como los transgénicos y las nuevas técnicas de modificación genética como CRISPR/Cas9. Dicha técnica consiste, resumidamente, en manipular el ADN de una especie (añadir, quitar o sustituir fragmentos) usando su propia información genética. Existen muchos argumentos científicos para asegurar que esto sigue siendo una modificación genética y así lo ha confirmado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al garantizar que esté bajo la misma legislación europea de evaluación que los cultivos transgénicos.

No es la primera vez, ni será la última, que se tacha al ecologismo de alarmista. En cierto modo, va en nuestra misión alertar sobre los impactos que generamos los humanos en el devenir del planeta. Sin ir más lejos, el cambio climático fue usado durante años por los negacionistas para desprestigiar al ecologismo y hoy las evidencias científicas les han obligado a admitirlo o incluso elevarlo a 'emergencia climática'. 

El ritmo del deterioro ambiental nos ha enseñado una y otra vez que la máxima “más vale prevenir que curar” sigue vigente. Incluyendo el ámbito de los cultivos transgénicos en la agricultura, a los que nos oponemos siguiendo el principio de precaución. Los OMG (organismos modificados genéticamente) son organismos vivos y sus interacciones pueden generar daños irreversibles en la biodiversidad y los ecosistemas, lo que ha sido extensamente argumentado en el ámbito de la ciencia. Las organizaciones ecologistas no nos oponemos a la biotecnología ni a la investigación y el uso de transgénicos, pero siempre y cuando se haga en ambientes confinados y sin interacción con el medioambiente. Tampoco nos oponemos a las aplicaciones médicas de los transgénicos (como la insulina transgénica, por ejemplo). En el caso de la agricultura, no nos la podemos jugar con un uso no confinado: los avances en biotecnología de los últimos años no solo han descubierto nuevas formas de transformar los sistemas vivos, sino también nuevos mecanismos de regulación y aún sabemos poco. Esta gran complejidad, que se hace también evidente a la hora de estudiar el funcionamiento de los ecosistemas, hace que resulte imposible prever las consecuencias a largo plazo de las modificaciones genéticas introducidas por el ser humano en la naturaleza, independientemente de las técnicas utilizadas.

La situación del planeta es demasiado frágil como para ponerla al servicio de multinacionales que ven en algunas aventuras genéticas una vía rápida para multiplicar beneficios. Lo hemos visto antes en miles de empresas que han contaminado tierra, mar y aire en aras de su propio crecimiento. 

Cerca del 80% de los cultivos transgénicos comercializados actualmente se destinan a piensos para animales y biocombustibles, no para combatir el hambre en el mundo mediante una agricultura sana y sostenible. La ganadería industrial es ya responsable del 14% de los gases de efecto invernadero y, si no deja de crecer -ligada al uso de piensos transgénicos-, impedirá cumplir el Acuerdo de París, posiblemente la última posibilidad que tenemos de revertir los efectos devastadores del cambio climático. 

Dice Samper en su artículo que la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de EEUU no ha detectado que el consumo de alimentos transgénicos haya provocado daños en la salud humana. Lo que no dice es que también ha reconocido que los mecanismos de evaluación de esos efectos son inadecuados, que es alarmante la escasez de estudios a largo plazo y que, posiblemente, no están detectando nuevos alérgenos. Tampoco menciona Samper que dicha Academia sí ha alertado del incremento del uso de glifosato, un potente herbicida asociado a los cultivos transgénicos tolerantes a este producto, porque propicia la resistencia en las plantas adventicias por su uso masivo, lo que según la Academia “presenta un grave problema agronómico”. 

Interesante hubiera sido mencionar también que en la UE, tras más de dos décadas desde la introducción de los cultivos transgénicos, solo se cultivan en cuatro países y es solo en España donde se hace a una escala importante. En estos países, además, se adoptó legislación para evitar la demostrada contaminación genética y en 19 países de la UE está prohibido su cultivo.

Se puede opinar, solo faltaría, que las organizaciones ecologistas son pesimistas al analizar el futuro. Pero lo que se debería tener claro es que ese análisis lo realizan científicos. Insinuar lo contrario es desconocer el tema sobre el que se escribe.

“Un ecologista es una persona que tiene más razón de la que le gustaría”. Con esta frase ironizaba nuestro compañero Ladislao Martínez sobre los problemas ambientales que el ecologismo ha ido señalando a lo largo de la historia.

La relación entre procesos (como la incineración de residuos, los vertidos a los ríos, la combustión del diesel, el cambio climático o la pérdida de calidad del aire), sustancias contaminantes (como el DDT, el lindano, los CFCs, el plomo, el mercurio o los plásticos) y sus efectos sobre la salud y el medio ambiente han sido objeto de parte de las campañas que desarrollamos desde el ecologismo social organizaciones como Ecologistas en Acción (y tantas otras a nivel nacional e internacional). Algunas de ellas han tenido incidencia sobre cambios regulatorios y sociales. La mayoría de las veces demasiado tarde (o cuando el problema tenía envergaduras muy grandes y el coste de actuación era mucho mayor). Son muy pocas (ninguna que recordemos) las veces que se ha alertado sobre problemas inexistentes, como recoge un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente en el que intentaba recoger “falsos positivos” en cuanto a la aplicación del principio de precaución durante todo el siglo XX, concluyendo que esto no había ocurrido ni una sola vez (el mismo informe recogía numerosos ejemplos en los que se había actuado demasiado tarde). El tiempo nos ha ido dando la razón en todos y cada uno de estos problemas, entre otras cosas porque siempre se han tratado con rigor los análisis de las causas y los efectos de dichos problemas.

Todas estas campañas han encontrado críticas. Por lo general las han copado los lobbies de la derecha o de las empresas afectadas por las propuestas ecologistas. Pero también desde algunos sectores (generalmente minoritarios) del ámbito científico que critican al ecologismo por una supuesta falta de base científica. Ocurrió con el DDT, con el agujero de la capa de ozono y con el cambio climático (problemas que ahora muy poca gente pone en duda). La historia se repite y ahora le toca el turno al glifosato y a los alimentos genéticamente modificados. Este verano, este diario ha sido testigo de ese debate a raíz de un artículo de Esther Samper sobre una sentencia judicial en EE UU que condenaba a Monsanto. Desde Ecologistas en Acción respondimos al texto incidiendo en la necesidad de aplicar el principio de precaución y de no promover el uso del glifosato cuando hay discrepancia científica sobre su inocuidad. A nuestra réplica, respondió Esther Samper en un artículo en el que, omitiendo la mayoría de nuestros argumentos, nos acusaba de hacer un uso ideológico y no científico del principio de precaución y nos tildaba de ‘religión envuelta en verde’ que ‘adoctrina desde el púlpito’ sin rigor alguno y sin siquiera saber que ‘los tomates tienen genes’. Esto obligaba a descartarnos de los debates sobre el futuro de la humanidad para dejarlos en manos de 'autoridades científicas'. Ahí es nada.

Seguimos recalcando que el principio de precaución es necesario cuando tratamos con sistemas complejos como la salud o el medio ambiente, en el que no es fácil determinar causas y efectos. La aplicación práctica consiste en 1) analizar lo que se sabe sobre los efectos de una sustancia (o un proceso) sabiendo que es imposible probar algo al 100% y 2) tras evaluar los riesgos de cada opción, tomar una decisión, siempre teniendo en cuenta que es más fácil prevenir que curar. La primera parte depende de la ciencia (con su incertidumbre), pero la segunda, en todos los casos, es una decisión política y social que requiere debate público, pues ante una misma información no todas las personas tomaríamos los mismos riesgos ni emprenderíamos las mismas acciones. Ahí la ideología (nuestra manera de entender cómo es el mundo y cómo debería ser) tiene mucho que decir, puesto que ninguna decisión está libre de ella. Esto no es malo, de hecho es algo inherente a los seres humanos, que somos animales políticos y sociales. Lo que es incorrecto es ignorarlo. De hecho, en un mundo marcado por la desigualdad las pretensiones de actuar ‘sin ideología’ suelen significar estar actuando, muchas veces inadvertidamente, aceptando las guías de la ideología dominante.

El debate científico del glifosato estaba desarrollado en el artículo anterior, por eso sorprende (o igual no tanto) que, más allá de la metáfora inicial sobre la seguridad de las setas para ejemplificar el principio de precaución, la autora haya decidido omitir el resto en su réplica. A riesgo de ser repetitivos: a día de hoy la ciencia dice que no se puede descartar que el glifosato pueda tener efectos sobre la salud (no solo cáncer) y el medio ambiente. Ponemos a su disposición un informe que recaba cientos de artículos científicos con los posibles efectos adversos del glifosato. Con controversia (palabra utilizada por la autora), la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, incluyó al glifosato en el grupo 2A como probablemente cancerígeno para humanos. “Controversia” quiere decir que hay personas de la comunidad científica que no creen que el glifosato sea cancerígeno pero otras que sospechan que sí, que apoyan el trabajo de la IARC y que la han defendido ante los ataques “injustos” que ha sufrido (¿se considera que estas personas tampoco dan la talla científica?).

Además, en el artículo señalábamos como la gran industria agroalimentaria ha falseado datos y, pese a ello, sus estudios, algunos no públicos, se han tenido en cuenta en las evaluaciones de algunos organismos reguladores (todo esto sin respuesta de la autora, a quien no parece preocuparle este agravio a la ciencia). Por lo tanto, y apoyándonos en la cita de Carl Sagan con que se nos critica en el último artículo, en este caso quien ha ejercido la duda ante la controversia científica ha sido el movimiento ecologista y quien se ha posicionado en la fe ciega en la seguridad de una tecnología ha sido la autora.

Tras las dudas que alberga la inocuidad del glifosato, el movimiento ecologista realizó una campaña contra la renovación de su autorización, pero no era la única. De hecho, se enmarcaba dentro de una campaña de mucho más largo recorrido por la transformación del modelo agrario, porque no tiene sentido aislar la cuestión de un compuesto del resto del sistema político y social con el que interactúa, que es más complejo que un laboratorio. Por eso la crítica a esta campaña tiene varios errores.

Estar en contra del glifosato no implica estar a favor de otros pesticidas más contaminantes, de hecho los compuestos a los que aduce se encuentran en la Guía de alimentos disruptores de Ecologistas en Acción. Dado que el modelo agroalimentario actual es insostenible, injusto y poco saludable, que los productos y los precios de estos están muy determinados por las grandes corporaciones que dominan la producción y la distribución alimentaria; y que la seguridad alimentaria está más relacionada con la distribución de los recursos que con la producción, la propuesta alimentaria de Ecologistas en Acción pasa por la transición hacia modelos agroecológicos diversificados, combinando diferentes modalidades de agricultura ecológica con medidas que promuevan el desarrollo local y la justicia económica para el campesinado (y que por lo tanto limiten el poder de las agrocorporaciones), así como la seguridad alimentaria. Un modelo con base científica, que tiene mayores ventajas sociales y ambientales, con potencial para alimentar a todas las personas, que es sustentado por los movimientos campesinos de base (que son quienes alimentan al mundo) y que es apoyada por la FAO. Para conocer más detalle en qué consisten estas propuestas recomendamos los textos de Olivier de Schutter (ex relator de la ONU por el Derecho a la Alimentación), de la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), del comité IPES-Food o las propuestas políticas de La Vía Campesina. Transitando hacia ese modelo cobra sentido el debate del glifosato.

En el análisis de riesgos de Esther Samper, en cuya ideología no parece entrar el cambio de modelo agrario ni cuestionar el poder de las multinacionales, que considera que el principal problema alimentario es tecnológico, lo mejor es seguir usando glifosato, ante el riesgo de otros males mayores como el aumento de pesticidas peores o el incremento de precios y el hambre, aunque su deducción es reduccionista pues la relación entre producción y precio final no es lineal, no está justificada con datos y es calcada a la de la gran industria. Los grupos ecologistas pensamos que es mejor evitar una tecnología concreta, cuya inocuidad está en cuestión, porque en la actualidad nos encaminamos hacia alternativas mejores, más sostenibles, realistas y, por ello, muy necesarias.

Terminamos recordando que la grave situación de crisis ecológica que padecemos hemos llegado precisamente por no hacer una interpretación demasiado ecologista del principio de precaución, que muchas veces se ha omitido en favor de las demandas de la gran industria. Por eso, además de incierto, es irresponsable culpar al ecologismo de basarse en prejuicios (y más irresponsable poner a un negacionista del cambio climático como ejemplo a seguir). El ecologismo social es un movimiento sociopolítico que hace propuestas rigurosas que parten de la complejidad social y ambiental de la biosfera, para alcanzar una sociedad más justa y resiliente que se adapte de los límites de los ecosistemas. Un movimiento que, como otros en la historia, ha conseguido importantes avances en ese sentido. Por eso tiene mucho que decir. La historia reciente nos avala. Es mucho más que una cuestión de fe.

Imaginemos a una persona que va un día recogiendo setas por el monte y se encuentra con una que desconoce. Podría ser comestible e incluso deliciosa, pero dado que hay setas venenosas lo normal es que, ante el desconocimiento, no añada la desconocida a su cesta. Imaginemos ahora que la persona va con un grupo de expertos micólogos, pero que no se ponen de acuerdo sobre la inocuidad de la seta. Probablemente en este caso también decida buscar otras setas y no arriesgarse a poner su vida en peligro. Este ejemplo ilustra el funcionamiento simplificado del principio de precaución, por el cual se incita a no consumir (o comercializar) productos hasta demostrar su inocuidad. Y este es el principio en el que el movimiento ecologista se basa para pedir la prohibición del glifosato.

El principio de precaución cobra más importancia a la hora de tratar con sistemas complejos como lo son la salud o el medioambiente. En los sistemas complejos no es sencillo relacionar las causas con los efectos y hacen falta años de investigación para encontrar estas relaciones. Por eso se tardó años en entender la relación entre una enfermedad como el cáncer con elementos como el tabaco o el amianto. Por esta razón basar la legislación en el principio de precaución ha sido una reivindicación fundamental del ecologismo, al entender que es preferible asegurarse de los riesgos que tiene una sustancia antes de ser comercializada que esperar a que haya una epidemia para que sea prohibida (o para que se haga una campaña advirtiendo de sus problemas, como en el caso del tabaco).

Dado que en la mayoría de las ocasiones hace falta mucho tiempo para comprobar la inocuidad de las sustancias, el principio de precaución no ha sido del agrado de muchas empresas y lo han atacado con fiereza. En las negociaciones del TTIP, por ejemplo, una de las principales demandas de la gran industria alimentaria consistía en eliminar dicho principio como base para la regulación. Sorprende más cuando la crítica al principio de precaución proviene de personal investigador que sostiene que la aplicación de dicho principio no tiene base científica.

El 13 de agosto este diario publicaba una tribuna de opinión sobre la condena a Monsanto a indemnizar a un jardinero con cáncer terminal por no advertir de los riesgos del herbicida glifosato. En dicho artículo la autora, una investigadora en biotecnología, pese a reconocer la controversia científica sobre la seguridad del glifosato, criticaba a la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) por aplicar el principio de precaución (frente a otros organismos internacionales, como la Agencia Europea de Seguridad Alimentario, EFSA), tildaba a la sociedad de ‘subjetiva’ y de tener ‘dobre rasero’ y a los grupos ecologistas les acusaba de colocar ‘injustificadamente al glifosato en el punto de mira’ sin fundamento científico.

Sorprende en primer lugar porque se desdeñan los estudios que relacionan el glifosato con el cáncer y con alteraciones hormonales, que fueron los que llevaron a la IARC a clasificarlo como ‘probable cancerígeno para las personas’. Sorprende también que, ante las dudas sobre la seguridad de una sustancia, la respuesta de algunas personas sea que ‘al no quedar demostrada la causalidad se deduce que no la hay’, lo que se denomina falacia ad ignorantium. Este tipo de respuesta, más típica del paradigma obsoleto del mecanicismo que de la teoría de sistemas, ignora que muchas veces se necesitan más estudios para encontrar causalidad a largo plazo por lo que no es precisamente muy científica. El principio de precaución es un síntoma de madurez de la ciencia y de la incertidumbre inherente a ésta. De hecho, si a algo enseña la ciencia es a dudar, lo contrario está más cerca del dogmatismo.

Otra crítica que lanza el artículo al ecologismo es la de confundir el glifosato con Monsanto (argumento especialmente recurrente desde ciertos sectores de la izquierda científica). Es obvio que los efectos sobre la salud del glifosato son independientes de quién los fabrique. Pero no ayuda a la ciencia que Monsanto sea uno de los principales referentes en la investigación sobre la inocuidad del glifosato. No ayuda porque, como se vio con los ‘Monsanto papers', la multinacional ocultó todos los datos que apuntaban hacia los efectos perniciosos del plaguicida. Por esa misma razón también es controvertido que la EFSA tome como válidos los estudios de seguridad hechos por las propias empresas, que éstas tengan acceso a los borradores de los documentos de la EFSA y mucho más que la EFSA tenga casos de 'puertas giratorias' o que muchas de las personas que la integran tengan conflictos de interés. Por eso, no es que el ecologismo confunda al glifosato con Monsanto, sino que el hecho de que los intereses de una multinacional se entremezclen con las investigaciones científicas sobre la seguridad de los productos obliga a ser más cauto y a aplicar aún más a rajatabla el principio de precaución. Esto implica apostar por la investigación pública y ajena intereses lucrativos y a esperar tanto como sea necesario, décadas si hace falta, hasta obtener resultados concluyentes.

Por último, cabe recalcar que en una sociedad democrática el papel del mundo científico es el de aportar información rigurosa, pero que las decisiones las debe tomar la ciudadanía, lo cual implica cierta dosis de subjetividad, efectivamente, porque al final es la sociedad quien tiene que decidir qué riesgos quiere asumir y qué no, tras analizar dicha información. Por eso también sorprenden las críticas al etiquetado sobre los riesgos que conlleva cualquier producto, sea este carne roja, aceite de freidora o tintes de pelo (productos por cierto sobre los que el movimiento ecologista también ha advertido acerca de sus efectos a la salud). Con todo, y volviendo al ejemplo inicial, es tarea de la micología aportar información sobre los efectos de las setas, discrepancias incluidas, pero es la sociedad la que al final decide qué setas comer. Y ahí la utilización del principio de precaución puede salvar vidas, incluso si algún hongo delicioso se queda sin ser probado.

La victoria en el referéndum británico del no a la UE se enmarca en un contexto en el que en varios territorios centrales están aumentando de forma importante las posturas nacionalistas de derecha y ultraderecha. Este es el caso de Quebec, Cataluña, Escocia o el propio Reino Unido, pero también de Francia, Austria, Alemania u Holanda. Lejos de ser una coyuntura, son movimientos que responden al momento histórico actual y deben leerse conjuntamente (aunque obviamente tienen sus especificidades). Suponen grandes riesgos de regresión democrática y social, no por el hecho del proceso independentista, sino de quien lo lidera. Compartimos algunas ideas sobre las causas del auge del nacionalismo insolidario británico expresado en el Brexit, que pueden ser extrapolables a otros territorios.

No hay precedentes de ninguna población que se haya marchado de un proyecto que consideraba que le beneficiase. El pueblo británico no es una excepción: la UE no le sirve porque le impone políticas neoliberales que le lesionan. También porque es un proyecto que tiene cada vez menos espacio en el marco internacional, es decir, que sirve cada vez menos para mantener las posiciones de privilegio a escala mundial de las que han disfrutado las clases medias y altas británicas. Ambos aspectos, han servido de trampolín a las posiciones nacionalistas de derechas que han protagonizado la campaña.

La UE fue ideada por los poderes económicos y políticos dominantes, y está detrás de muchas de las políticas que han generado tremendos problemas económicos, sociales y ambientales: la privatización de servicios públicos, la liberalización del movimiento de capitales, el aumento del poder del sistema financiero, las burbujas inmobiliarias, los rescates bancarios, las deudas ilegitimas, el desmantelamiento de sectores productivos y de la agricultura familiar, el desempleo y la precarización estructurales, la liberalización del sector energético dando lugar oligopolios y a la pobreza energética, etc.

Los Gobiernos británicos han participado activamente en esta construcción de la UE neoliberal a través del Consejo y de la Comisión Europea, como se detrae del papel de Leon Brittan y Peter Mandelson. Además, el centro financiero de la City londinense ha sido clave en los procesos de liberalización de los servicios y mercados financieros. Por lo tanto, son corresponsables de esta situación.

Pero no solo ha sido la UE quien a aplicado estas políticas en Reino Unido, sino que, tanto el partido laborista como el tory, han impuesto interna (y externamente) estas medidas regresivas desde el Gobierno de Margaret Thatcher. Por lo tanto, también hay causas políticas endógenas.

Estas políticas han provocado el hartazgo de la gran parte de la población, pues han causado: desempleo, pobreza, desigualdades, exclusión social, precariedad, recortes sociales, privatizaciones, corrupción, despilfarro, mala calidad ambiental, etc. Ha sido la clase humilde y trabajadora la que ha sufrido estas consecuencias, tanto dentro como fuera de la UE, frente al enriquecimiento astronómico de las fortunas financieras en La City. Es en estas circunstancias donde el populismo de ultraderecha encuentra el caldo de cultivo para crecer, promulgando el patriotismo y el odio hacia lo diferente.

Más allá de las razones políticas, también las hay ambientales. Una diferencia fundamental entre unas y otras es que, mientras las políticas dependen de la correlación de fuerzas sociales, las ambientales no son negociables: existen límites físicos al desarrollo de este modelo económico y social que estamos alcanzando.

Por ejemplo, el Reino Unido dejó de ser exportador neto de petróleo y gas alrededor de 2005 fruto del agotamiento de sus yacimientos. Esto ha agudizado la crisis en el país británico, pues los combustibles fósiles son un elemento totalmente central del crecimiento económico. En la medida que las políticas impuestas para “salir de la crisis” han sido regresivas desde el punto de vista social, este ha sido otro de los motivos del descontento popular.

En realidad, la situación energética británica es similar a la que se está produciendo a nivel global. Desde 2005, se ha atravesado el pico del petróleo convencional y, posiblemente, en 2015 fue el pico de todos los líquidos combustibles. Este es uno de los elementos centrales (pero no único) que explican la Gran Recesión actual. Esta crisis, lejos de ser coyuntural y solventable mediante medidas keynesianas o neoliberales, es estructural e insalvable: no volverá el crecimiento sostenido porque no hay base material para él.

Uno de los efectos de esta Gran Recesión es que la globalización económica se está cortocircuitando y la reactivación no va a volver más que coyunturalmente. De hecho, en 2015 fue el año en el que menos intercambios de mercancías a nivel mundial se realizaron desde que se inició la Gran Recesión en 2007/2008. En un contexto de este tipo, las políticas nacionalistas insolidarias, que son las que están liderando los movimientos independentistas, cobran más sentido.

Aunque hay más elementos que deberían considerarse, el Brexit ha de entenderse dentro de este contexto de políticas neoliberales y crisis ambiental. Confirma que estaban en lo correcto organizaciones como Ecologistas en Acción, que llevan años denunciado a la UE. Por ello, frente a las voces que reclaman que “Europa es la solución”, creemos que la UE es realmente parte del problema. Sin ir más lejos, las elites europeas muestran su rostro “humanitario” al centrar su preocupación por el Brexit en la caída de los mercados financieros, mientras miles de refugiados/as mueren o viven en condiciones infrahumanas. Estas personas son víctimas de la crisis final del capitalismo global y las razones de su desplazamiento tienen mucho que ver con las crisis energética y climática gestionadas con políticas insolidarias. Sin miradas globales y complejas, estamos abocadas/os a reduccionismos xenófobos.

El referéndum británico muestra que del territorio europeo requiere una transformación cultural y política que atienda a las desigualdades sociales y la degradación ambiental. Frente a la agenda de la derecha que ha marcado el Brexit, tenemos que construir un nuevo internacionalismo basado en valores feministas, democráticos, solidarios, y de justicia social y ambiental. Herramientas como el Plan B pueden ayudar a conseguirlo, siempre y cuando integren de manera profunda los límites del planeta. Es imprescindible desmarcarse y oponerse a los argumentos xenófobos e insolidarios que ha esgrimido el nacionalismo inglés a favor de la salida del Reino Unido de la UE, pero resulta necesario entender el sufrimiento humano que está en su base social.