España presiona a los países de la Unión Europea (UE) para conseguir la ratificación del acuerdo con el bloque Mercosur. elDiario.es ha tenido acceso a los cables de una reunión entre la Comisión Europea y los Estados miembros, celebrada el 11 de marzo a puerta cerrada, que dejan constancia del intenso trabajo de lobby del Gobierno español con la intención de torcer el brazo a los gobiernos díscolos en la UE ante el tratado comercial. Este jueves se reúne el consejo de asuntos exteriores sobre comercio de la UE donde se discutirá la situación actual del tratado comercial con vistas a que sea ratificado definitivamente. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido la semana pasada durante el IV Congreso Iberoamericano Ceapi en que el acuerdo comercial iba a ser aprobado “más pronto que tarde”. Las negociaciones empezaron en 1999 y el tratado comercial fue firmado en 2019.

España “subrayó que la UE no debe exigir a América Latina más de lo habitual”, se lee en las actas. “En particular, en lo que respecta a las relaciones UE–China, Madrid ve el peligro de que América Latina salga perjudicada y de que se aplique un doble rasero a favor de China. ES también criticó las tácticas dilatorias y de bloqueo de la UE. Los países del Mercosur están dispuestos a dialogar, mientras que la UE lleva meses hablando de compromisos adicionales sin concretarlos”. Los abanderados del acuerdo llevan tiempo empleando el argumento “geopolítico”: “la influencia de China y Estados Unidos ya está aumentando notablemente”, apuntaron en la reunión.

Las actas también reflejan la posición de Bruselas así: “El acuerdo actual es el resultado de un cuidadoso equilibrio entre los aspectos políticos y comerciales. Desde el punto de vista de la CE [Comisión Europea], una renegociación no es una opción. Por el contrario, hay que centrarse en los actuales problemas de sostenibilidad y en los posibles criterios de compromiso.”

“El objetivo es ratificar el acuerdo lo antes posible, tan pronto como se hayan acordado compromisos adicionales significativos, utilizables y aplicables, especialmente en las áreas de deforestación y sostenibilidad. Sin embargo, estos acuerdos adicionales deben mejorar realmente la situación sobre el terreno”, añade el cable.

En el documento consta de “un primer diálogo con las embajadas y representaciones de la UE en Brasil”. Nuevamente España ha encabezado los acercamientos. La Secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, dijo en un webinario de la Casa América, el 2 de febrero, que había viajado a Brasil para trabajar con el gobierno Bolsonaro en la “declaración interpretativa”. En el reciente viaje de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, a Brasil y Paraguay trató con el país que preside Jair Bolsonaro las condiciones para avanzar en la ratificación del acuerdo.

El non–paper secreto

Desde hace meses se ha especulado sobre una declaración alrededor de aspectos de sostenibilidad que la Comisión Europea negocia con el Mercosur. Pero poco ha trascendido sobre el contenido y el estado de las negociaciones. elDiario.es ha podido también acceder por primera vez al cuestionario que la Comisión Europea ha enviado en febrero a las capitales europeas.

El non–paper, un tipo de documento comunitario no vinculante y que suele contribuir a un debate concreto, subraya que “los países del Mercosur han dejado claro en contactos informales que sólo firmarían una Declaración u otro instrumento si fuera recíproco (aplicable tanto a la UE como al Mercosur), regional (aplicable a todo el bloque del Mercosur y no a un país en particular) y que no conduzca a la reapertura de las negociaciones”.

La lista de temas que la Comisión Europea ofrece incluir en la declaración adicional incluye deforestación, incendios forestales, cumplimiento del Acuerdo de París, protección de áreas protegidas e indígenas, derechos territoriales de los pueblos indígenas, fortalecimiento de la capacidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la legislación ambiental, acción judicial contra los delitos ambientales, actuación contra la minería ilegal, normas laborales básicas (OIT), mecanismos de consulta a la sociedad civil de la UE y del Mercosur y programas de cooperación y asistencia para apoyar lo anterior.

¿Vinculante?

Entre los debates que existen está el del carácter jurídico y la “reciprocidad” del instrumento que exige el Mercosur. Si fuese reciproco, los compromisos derivados del “instrumento jurídico” también serían preceptivo para la UE.

No es un asunto insignificante porque en algunos países europeos hay problemas vinculados a la gestión forestal y a la minería. Por citar algunos ejemplos: las comunidades indígenas en Suecia y Finlandia, el papel del Estado portugués y griego en los incendios forestales, los asesinatos de guardias forestales en Rumanía o el incumplimiento del Acuerdo de París por algunos Estados miembros como sugiere la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que obligó al gobierno de Angela Merkel mejorar la ley climática aprobada en 2019.

La Comisión Europea reconoce en la memoria filtrada que “especialmente en lo que respecta a los acuerdos complementarios, sigue siendo necesario un debate sobre la calidad jurídica de estos ”instrumentos legales“. Las opciones posibles serían, por ejemplo, una declaración política o un protocolo adicional al acuerdo. La decisión final, sin embargo, dependería en última instancia del contenido de los compromisos adicionales”,

Problemas de fondo

Estos “instrumentos” abordan asuntos que están fuera del mandato de la Dirección General de Comercio y que no caerían bajo la autoridad de los ministerios con competencia en Comercio, sino del Ministerio de Transición Ecológica en el caso de España. Es probable que las agencias de medio ambiente y las comisiones parlamentarias no están adecuadamente involucrados.

Los funcionarios comunitarios han reconocido que “la UE no puede adoptar unilateralmente las condiciones de ratificación; esto sólo puede hacerse conjuntamente –de acuerdo– con los Estados del Mercosur”. También sería necesario un enfoque uniforme Mercosur“ y no soluciones a medida para los distintos Estados.

Una preocupación en el lado europeo es la cuestión de cómo simular una mayor preocupación por la deforestación y la crisis climática sin exigir demasiado a los gobiernos del Mercosur con el riesgo que se levantan de la mesa y dejan el acuerdo en el aire. Según consta en la filtración, la Comisión Europea había informado a los gobiernos que está trabajando en varios niveles: un componente “bilateral”, otro “unilateral”, así como “medidas de cooperación”.

“El componente unilateral se refiere a los proyectos legislativos de la UE previstos o que ya han entrado en vigor. En particular, la deforestación, la diligencia debida y la estrategia ‘de la granja a la mesa’. Esta legislación de la UE tiene una influencia directa e indirecta en el comercio con terceros países”, según se puede leer en el documento.

Sin embargo, la UE no está cumpliendo con la legislación vigente sobre madera importada, según ha evidenciado un informe del Parlamento Europeo. A pesar de este compromiso, la Comisión Europea parece que incluso quiere debilitar, como han denunciado una cuarentena de ONG, el Plan de Acción para proteger y restaurar los bosques de mundo ni la estrategia de Biodiversidad 2030.

Por lo que respecta al componente bilateral, el documento apunta que “es necesario centrarse más en la cuestión del marco jurídico para abordar las preocupaciones de la UE adecuadamente. En general, los países del Mercosur están dispuestos a mantener conversaciones con la UE. Sin embargo, la Comisión necesita información de los Estados miembros sobre posibles zonas de aterrizaje”.

“Los Estados miembros de la UE informarán a la Comisión sobre cómo y qué negociar con Mercosur”, se acordó en la reunión técnica, pero la ministra González Laya se limita a decir que hay que “perfeccionar” el acuerdo en materia de sostenibilidad.

“Por último, el enfoque holístico está flanqueado por medidas e iniciativas de cooperación. Por ejemplo, el nuevo marco financiero de la UE ofrece la posibilidad de prestar apoyo financiero y establecer prioridades en la región. Por un lado, a través de las asignaciones de la UE en el contexto del ”Pacto Verde“ de la UE (Green Deal) o a través de la iniciativa ”TEAM Europe“ para la Amazonía, que aún se está desarrollando”, rezan las notas literalmente.

Declaraciones no vinculantes

Un estudio jurídico, encargado por MISEREOR, Greenpeace y CIDSE, señala que ningún protocolo o declaración interpretativa resolverá las deficiencias del Acuerdo en el ámbito de la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Rhea Hoffmann y Markus Krajewski, de la Universidad de Erlangen–Nürnberg, explican que el acuerdo UE–Mercosur “formula obligaciones en materia de derechos humanos y compromisos que hacen referencia a los acuerdos medioambientales y laborales multilaterales, de forma no vinculante”.

“Muchas disposiciones sólo contienen cláusulas de ”mejorar esfuerzos“ y son meras declaraciones de intenciones o siguen siendo vagas y sólo implican un bajo nivel de compromiso”, razonan los juristas de renombre en el ámbito del derecho comercial internacional.

Por otra parte, “las declaraciones unilaterales no pueden modificar el contenido del acuerdo (como mucho, pueden suspender disposiciones, pero no pueden crear nuevas obligaciones). Además, el nombre que se dé a un instrumento es irrelevante para la naturaleza jurídica del mismo: lo importante es su contenido y sus efectos jurídicos”, según esta opinión jurídica.

Una mera declaración de interpretación, como la que está encima de la mesa no cambiará las normas sustantivas del acuerdo comercial y no establece un mecanismo de aplicación vinculante. Entonces será imposible cumplir los compromisos del Acuerdo de París, la Agenda 2030 o la recién aprobada Ley de Cambio Climático. España, por ejemplo, es el mayor importador de soja en la UE y también el tercer país del continente que más contribuye a la deforestación tropical a través del comercio internacional, tras Alemania e Italia, según un informe de WWF.

Calendario incierto

En cuanto al calendario, “es una cuestión de meses”, anuncia el cable. Los funcionarios de la Comisión ven “necesaria una fuerte declaración política ahora que la UE no se limita a hablar de boquilla, sino que exige un cambio real de las condiciones sobre el terreno” especialmente en vista de la temporada de incendios forestales que comienza en verano. Se está bajando la próxima cumbre climática de la ONU, la COP 26 en Glasgow, para “aumentar la presión sobre Mercosur, junto con los Estados Unidos” propone Bruselas según la memoria.

La Comisión Europea propone una especie de “hoja de ruta que obligue ya a los Estados del Mercosur a asumir compromisos y que se convierta en un ”instrumento legal“ cuando el acuerdo sea ratificado o firmado”.

De una reunión entre las ONG y Paolo Garzotti, Director General Adjunto encargado de las Direcciones D y E y responsable de las negociaciones con el Mercosur, ha trascendido que el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, y su equipo todavía están evaluando lo que debe entrar en el documento adicional. Sólo después de que haya una propuesta oficial –a mediados de año– entrarán en negociaciones con el Mercosur, lo que parece indicar que no se espera nada definitivo antes de final de año. También ha aclarado que, si el documento que se negocia fuera recíproco, los Estados miembros mirarán con más detenimiento lo que firman.

En cuanto al acuerdo en sí, la revisión jurídica sigue en curso. No solamente hay discusiones internas debido a “dificultades inesperadas” en relación con las indicadores geográficos –o denominaciones de origen– y la situación en Brasil sino también con algunos últimos detalles de acceso al mercado.

Posteriormente y tras su traducción, la Comisión Europea lo notificará a los Estados miembros. “Siendo realistas”, pronostica la revista The Economist, “las condiciones para la ratificación son improbables hasta 2023, después de las elecciones en Alemania, Francia y Brasil, y cuando España, uno de los proponentes, ocupe la presidencia de la UE”.

La coalición “Stop EU Mercosur” de más de 450 organizaciones de ambos lados del Atlántico se está movilizando para detener el acuerdo. La campaña “No a los tratados de comercio e inversión”, integrante de la coalición, ha enviado una carta al Gobierno español denunciando las negociaciones: “Nos preocupa que no exista transparencia” y reclama que no se ratifique. 

El 29 de marzo se ha reunido en Bruselas –como siempre en secreto– el Comité de Política Comercial, el órgano comunitario más decisivo y opaco en la materia. Los Estados miembro de la UE se están acercando a la aprobación de los mandatos para las negociaciones comerciales con los Estados Unidos.

Mucho depende de Francia, que ha expresado reservas sobre la adopción de las directrices de negociación que la Comisión Europea presentó en enero. Los agregados comerciales de los gobiernos europeos en Bruselas tratan de zanjar el tema en los próximos días.

El movimiento europeo contra los tratados de comercio e inversión se opone a la aprobación de las directrices que permitirían negociar un tratado de comercio transatlántico con la administración Trump porque agravaría la emergencia climática, las desigualdades y la precariedad laboral.

En las últimas semanas se rumoreaba que Francia era el único país de la UE que planteaba reticencias en aprobar los mandatos antes de las elecciones europeas del 26 de mayo por temor a despertar la memoria sobre la movilización de millones de personas que congeló la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) en 2016. El Financial Times, cabecera referente del poder económico y financiero, destacó que Francia quiere demorar la aprobación de los mandatos hasta después de las elecciones del Parlamento Europeo, en mayo. El Elíseo “advirtió que la UE no debería apresurarse a entablar negociaciones comerciales con el presidente Donald Trump, ya que París busca garantías de que los sectores económicos sensibles estuvieran protegidos” aunque apoya en principio los planes de la UE para reducir los aranceles con los Estados Unidos.

Emmanuel Macron, presidente francés, presume de haber dicho que no quiere nuevos acuerdos comerciales con países que no han ratificado e implementado el Acuerdo Climático de París, del cual Trump se quiere retirar. Nathalie Loiseau, cabeza de lista de Macron para las elecciones europeas, dijo recién que “no habrá acuerdo con Estados Unidos si no se unen al Acuerdo de París”. Además, y según actas confidenciales del Consejo de la UE, el Gobierno francés también ha exigido que se revoque el antiguo mandato para el TTIP.

Pero las conclusiones de la cumbre europea, del pasado 21 y 22 de marzo, resolvieron: “El Consejo Europeo insta a dar los pasos necesarios para una rápida implementación de lo recogido en la Declaración conjunta de la UE y EEUU de 25 de julio de 2018”. Eso quiere decir que los jefes de Estado y de gobierno de la UE –incluyendo Macron y Pedro Sánchez– respaldan abrir negociaciones comerciales con Trump, a pesar de no contar con el mandato del Parlamento Europeo que aprobó el pasado 14 de marzo una enmienda que pidió al Consejo de la UE que “no respalde las directrices para la negociación en su forma actual”.

Las decisiones se tomaron en el nivel político más alto. ¿Qué ofertas se intercambiaron Alemania y Francia para solventar el tema?

Para que el guiño a Trump entrara en las conclusiones del Consejo Europeo, Macron habrá planteado a la canciller alemana Angela Merkel que si Alemania no levanta su moratoria sobre la exportación de armas a Arabia Saudí, Francia no apoyará la posición alemana en las negociaciones comerciales con Washington.

Alemania congeló la venta de armas a Arabia Saudí

El Gobierno alemán anunció que prolonga seis meses más el congelamiento de la venta de armas a Arabia Saudita adoptado en octubre tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul y por la guerra contra Yemen donde la monarquía salafista sigue bombardeando a la población civil.

La guerra en Yemen, que entra en su quinto año, ha provocado más de 10.000 civiles muertos, miles de heridos y 3,3 millones de personas desplazadas, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a lo que se suma la hambruna y las enfermedades. Cada día mueren niños o resultan heridos en las zonas de conflicto.

Las exportaciones de armas son un tema muy sensible entre la opinión pública alemana y es por esta razón, y no por convicción, que el Gobierno germano decidió el embargo. Sin embargo, hace meses hay una disputa sobre la cuestión en la coalición gubernamental. Mientras los partidos CDU-CSU quieren levantar las restricciones por “consideración a la economía”, el SPD insiste en cumplir el acuerdo de coalición. Allí pone que no debería haber exportaciones a los Estados involucrados en la guerra de Yemen. A pesar de ello, en su primer año el Gobierno alemán aprobó envíos de armamento por un valor de alrededor de 400 millones de euros.

Alemania es uno de los mayores exportadores de armas a nivel mundial junto con Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña. La industria alemana amenaza con reclamaciones por daños y perjuicios si Merkel no relaja la prohibición de exportación a Arabia Saudita.

Por ejemplo, el fabricante de tornillos Würth desafió con una demanda contra Ejército alemán porque un cliente, fabricante francés al quien suministra componentes electrónicos, no puede entregar los vehículos policiales a Riad a causa del embargo.

Para cumplir con las demandas de la industria militar, los conservadores están a favor de reanudar las exportaciones y los socialdemócratas están divididos. Las reuniones secretas del Consejo de Seguridad Federal del 28 de marzo terminaron con una prorroga del embargo hasta el 30 de septiembre.

'Queremos exportar armas'

El bloqueo se ha convertido en un tema irritante para la relación franco-alemana. El Gobierno francés se queja de la medida porque bloquea varias exportaciones de armas.

Debido a que en la industria de la guerra está cada vez más europeizada, los equipos y armas se construyen frecuentemente con piezas diseñadas y fabricadas en diferentes países. Pero si Alemania prohíbe su venta a terceros países, los otros Estados deben acatar la decisión aunque afecte sus intereses económicos.

El ministro de economía francés, Bruno Le Maire, declaró en febrero: “Si queremos ser competitivos y eficientes, también debemos poder exportar a países fuera de Europa”. Los derechos humanos brillan por su ausencia.

Los gobiernos de Francia y Reino Unido: lobbistas de la industria militar

El cambio de criterio de Merkel y su conflicto con el SPD se debe, entre otras, a las fuertes presiones de Francia, el Reino Unido pero también de España, al alegar que la medida tenía un impacto directo en proyectos de guerra conjuntos, como los aviones caza Eurofighter y Tornado o los cohetes 'Meteor'.

El Gobierno francés exclamó: “Queremos poder exportar nuestras armas”. Y propuso un “acuerdo secreto” con Berlín en la cumbre de Aquisgrán entre Merkel y Macron, del 22 de enero, con el objetivo de fijar condiciones bajo las cuales Alemania podría desbloquear las exportaciones francesas, y viceversa.

Según Anne-Marie Descôtes, embajadora de Francia en Berlín, el embargo alemán hace “impredecibles” la cooperación en la producción de armamento y afecta asimismo las exportaciones a Senegal, India, Indonesia o Níger.

El Gobierno británico acusa a Alemania de dañar la preparación operativa de su propia fuerza aérea a través del embargo. Alega que “su” industria no puede cerrar negocios de armas con los saudíes, ya que los aviones de combate o los misiles contienen tecnología alemana cuyo envío está bloqueado. El ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, incluso culpó a Berlín de debilitar a la OTAN, ya que la Royal Air Force tiene que esperar por las partes del Eurofighter.

La multinacional AIRBUS trata de vender 48 aviones de guerra Eurofighter Typhoon por 13.000 millones de dólares al régimen saudí.

El Eurofighter está construido por Airbus junto con los británicos BAE Systems y el grupo italiano de aviación Leonardo. El consorcio, con sede en Hallbergmoos, cerca de Múnich, tiene un tercio de Alemania y el Reino Unido cada uno. España tiene el 13% e Italia, el 21%. La parte de la producción se distribuye de acuerdo con una clave estricta, Alemania construye la pieza del casco medio (30% de participación). El montaje final se lleva a cabo alternativamente en uno de los cuatro países. Los aviones para Arabia Saudita se ensamblan en la ciudad inglesa de Warton.

El veto alemán y la venta de armamento español

También la industria de armas española hace lobby contra el embargo. Los aviones Airbus A330 MRTT de abastecimiento en vuelo vendidos a Arabia Saudí se fabrican en Francia, se adaptan en España e incorporan componentes alemanes. Los aviones de transporte A400M se montan en la planta de Sevilla. La industria militar española estaría encantada que Airbus decida fabricar equipos sin componentes alemanes para aumentar su negocio. Pero es improbable que ocurra.

Luego están los negocios que no se ven afectados por el embargo alemán, como la venta de corbetas de Navantia. No solo es inaceptable que el Gobierno español siga vendiendo armas a Arabia Saudí sino es ilegal según el artículo 8 de la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso así como por el Tratado sobre el Comercio de Armas. La flota saudí es un pilar fundamental en mantener el bloqueo a la población civil yemení a la que priva de medicinas y artículos de primera necesidad.

Pese que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, calificó las bombas como armamento de “precisión extraordinaria” que “no produce efectos colaterales”, no existen las armas 'inteligentes' y la gran mayoría de las víctimas de los conflictos bélicos son civiles.

Promesas secretas en la cumbre europea

La opción que más resultados ha dado a Francia es la presión sobre el Gobierno alemán al condicionar su apoyo a la disputa comercial germano-estadounidense sobre los automóviles.

Trump amenaza con aumentar los aranceles a los automóviles europeos importados, una medida que afectaría particularmente a las grandes marcas alemanas como Mercedes-Benz, BMW, Porsche y Volkswagen. Para salvarles, Merkel está decidida a seguir acercándose a Trump e involucrarle en negociaciones lo más rápido posible.

Si bien Merkel ha decidido prolongar otros seis meses el embargo militar contra la monarquía saudí, Alemania puede, en un cierto número de casos, suministrar productos a Francia que estén incorporados en armamentos.

El hecho de que el Gobierno alemán renueve los permisos para programas comunitarios conjuntos que entregan piezas de armamento a socios europeos como Francia y el Reino Unido, hace pensar que se debilita de facto el embargo de armas y puede que se termine a medio plazo. Para gran satisfacción de la industria militar francesa que podrá reanudar sus exportaciones de armas a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Esta parece ser una de las claves de la prórroga del embargo alemán y la promesa que le hizo Merkel a Macron en el Consejo Europeo del pasado mes de marzo para propiciar la aprobación francesa a los mandatos de negociación con Estados Unidos.

Alemania también se copió el discurso del PSOE, pidiendo a Francia y Gran Bretaña que garanticen que los sistemas de armas entregados a Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos no se desplegarán en Yemen. Cinismo puro.

Aunque casi nadie en Bruselas se cree que es posible llegar a un acuerdo comercial con Trump a pesar de la cortina de humo creada por la Comisión Europea, todos estos pactos secretos revelan un terrible desprecio por la vida humana. A la Unión Europea sólo le importan los negocios aunque sea masacrando a una población civil en Yemen.

Si le queda algo de ética, Pedro Sánchez debería desaprobar tanto la negociación comercial con Trump así como la transferencia de armas a cualquier país susceptible de usarlas contra civiles.

Las críticas gubernamentales de Alemania y Francia al TTIP son electoralistas y una cortina de humo para aprobar el controvertido tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), el hermano pequeño del TTIP

El Gobierno francés ha informado de que solicitará en la Cumbre informal de Ministros de Comercio de la Unión Europea en Bratislava (22-23 de septiembre) la interrupción –temporal– de las negociaciones con Estados Unidos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP). Antes, el vicecanciller alemán, ministro de Economía y líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Sigmar Gabriel, dijo que las negociaciones del TTIP han “fracasado de facto”. Estas palabras han tenido un impacto mediático mundial.

En 2017 se celebran elecciones en Alemania y Francia, comicios que cobran mayor relevancia tras el Brexit y ante el auge de la extrema derecha. El equipo de campaña de François Hollande piensa en esta parada temporal del TTIP para recuperar la confianza perdida de los sindicatos tras la reforma laboral. No en vano, la racista Marine Le Pen del Frente Nacional lleva tiempo alzando hipócritamente la bandera en “defensa de la agricultura francesa” contra el TTIP.

Los representantes de Francia y Alemania son conscientes de que aprobar ahora el TTIP sería un suicidio electoral. Corroboran que nunca antes ha existido una oposición a la política comercial y de inversión de la UE como con este tratado. Más de 1.800 gobiernos municipales y regionales, pymes y figuras de la cultura integran un movimiento contra tratados como TTIP, CETA y TiSA con un impacto político cada vez mayor.

No es la primera vez que Francia se muestra crítica con las negociaciones del TTIP. Sin embargo, en junio, al igual que el resto de Estados de la UE, reiteró su apoyo al mandato que se dio en 2013 a la Comisión Europea para negociar el acuerdo. Un ejemplo más de la hipocresía del Gobierno galo.

La novedad es que el Gobierno francés pone fecha y lugar. Aunque no debemos fiarnos. La cumbre de Bratislava es una reunión informal, es probable que no se produzca votación y, sin que el Consejo Europeo adopte una decisión de retirar o modificar el mandato, el anuncio de Francia no tiene efectos vinculantes. Sólo si es capaz de sumar a otros países para tomar una decisión en el Consejo Europeo del 13 y 18 de octubre veríamos si el Gobierno francés va en serio o no.

Sigmar Gabriel, sin embargo, ya ha dado pasos atrás. Después de recibir duras críticas de representantes del poder económico y financiero como la Federación Alemana de Industrias, dijo que después de las elecciones en Estados Unidos, el TTIP podría “volver al orden del día”.

El peligro del CETA

Lo que une a Gabriel, a la socialdemocracia francesa y a la Comisión Europea es el elogio al Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés), el macroacuerdo negociado entre la UE y Canadá. El secretario de Estado francés de Comercio, Matthias Fekl, dijo el martes que “Francia apoya este acuerdo” y que el CETA “es un anti-TTIP”. En el flanco liberal, la ex vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding pidió que Luxemburgo ponga fin al TTIP y defienda al CETA como modelo. El director general de Comercio de la Comisión Europea aseguró recientemente que si el CETA no pasa, la política comercial de la UE estaría “cerca de la muerte”.

La socialdemocracia europea usa sus ataques al TTIP como una cortina de humo para tapar el creciente malestar con la aprobación del acuerdo con Canadá. Actas confidenciales de las reuniones del Comité de Política Comercial del Consejo Europeo confirman el apoyo decidido de los ejecutivos de Berlín y París al CETA, y que sólo Bélgica se mantiene, por el momento, en el ‘no’.

En Alemania, más de 125.000 personas han firmado una querella de las organizaciones Foodwatch, Campact y Mehr Demokratie ante el Tribunal Constitucional que hoy se presenta en Karlsruhe. Según los demandantes, el CETA contraviene la Constitución alemana en cuatro puntos. En Baviera se han recogido suficientes firmas para obligar a celebrar un referéndum sobre el acuerdo con Canadá, y esto está abriendo el debate sobre la posible no ratificación del acuerdo.

Con sus reproches a Estados Unidos, el vicecanciller alemán ha querido acallar las críticas entre las filas de su partido, que celebra un congreso el 19 de septiembre. De ese congreso tiene que salir la postura sobre el CETA. Una parte significante del SPD está en contra porque cruza muchas de sus ‘líneas rojas’. Además, está la fuerte presión de sindicatos, organizaciones de consumidores, agricultores, ecologistas, etc. La dirección del SPD maniobra para aprobar una resolución para que ministros, europarlamentarios y diputados del SPD puedan votar a favor del CETA.

Los próximos meses serán clave. La firma del CETA por el Consejo Europeo está prevista para octubre. Más adelante, el Parlamento Europeo decidirá sobre el tratado que abriría la puerta a más privatizaciones, incluye cláusulas que impiden la remunicipalización de servicios públicos y limita la regulación sobre el sistema financiero. El CETA también contempla la creación de tribunales privados de arbitraje, algo que socava la democracia y crea un sistema de justicia paralelo.

Si el Europarlamento diese su visto bueno, el CETA se aplicaría provisionalmente en el primer semestre de 2017. La posterior ratificación en los diferentes parlamentos nacionales y regionales en los Estados miembros y puede durar años. El cálculo de Gabriel y Fekl es que estas ratificaciones no comenzarán antes de sus respectivas elecciones. Esperan que para entonces el estado de ánimo negativo contra CETA y TTIP haya cesado.

Para evitar ese escenario, la ciudadanía de toda Europa tomará las calles en septiembre y octubre. El movimiento europeo contra CETA/TTIP ha convocado un “otoño de resistencia” con movilizaciones en varios países para impedir la firma del CETA y exigir el fin de las negociaciones del TTIP. En el Estado español la semana de movilizaciones será del 8 al 15 de octubre. En Madrid, entre otras ciudades, se convoca una manifestación para el 15 de octubre.

Expresar dudas en medios de comunicación por razones electoralistas no es suficiente para revertir la grave crisis de legitimidad de la socialdemocracia. El Gobierno francés tiene que convertir sus palabras en acción y detener irreversiblemente las negociaciones del TTIP y, sobre todo, no ratificar el CETA.

La victoria en el referéndum británico del no a la UE se enmarca en un contexto en el que en varios territorios centrales están aumentando de forma importante las posturas nacionalistas de derecha y ultraderecha. Este es el caso de Quebec, Cataluña, Escocia o el propio Reino Unido, pero también de Francia, Austria, Alemania u Holanda. Lejos de ser una coyuntura, son movimientos que responden al momento histórico actual y deben leerse conjuntamente (aunque obviamente tienen sus especificidades). Suponen grandes riesgos de regresión democrática y social, no por el hecho del proceso independentista, sino de quien lo lidera. Compartimos algunas ideas sobre las causas del auge del nacionalismo insolidario británico expresado en el Brexit, que pueden ser extrapolables a otros territorios.

No hay precedentes de ninguna población que se haya marchado de un proyecto que consideraba que le beneficiase. El pueblo británico no es una excepción: la UE no le sirve porque le impone políticas neoliberales que le lesionan. También porque es un proyecto que tiene cada vez menos espacio en el marco internacional, es decir, que sirve cada vez menos para mantener las posiciones de privilegio a escala mundial de las que han disfrutado las clases medias y altas británicas. Ambos aspectos, han servido de trampolín a las posiciones nacionalistas de derechas que han protagonizado la campaña.

La UE fue ideada por los poderes económicos y políticos dominantes, y está detrás de muchas de las políticas que han generado tremendos problemas económicos, sociales y ambientales: la privatización de servicios públicos, la liberalización del movimiento de capitales, el aumento del poder del sistema financiero, las burbujas inmobiliarias, los rescates bancarios, las deudas ilegitimas, el desmantelamiento de sectores productivos y de la agricultura familiar, el desempleo y la precarización estructurales, la liberalización del sector energético dando lugar oligopolios y a la pobreza energética, etc.

Los Gobiernos británicos han participado activamente en esta construcción de la UE neoliberal a través del Consejo y de la Comisión Europea, como se detrae del papel de Leon Brittan y Peter Mandelson. Además, el centro financiero de la City londinense ha sido clave en los procesos de liberalización de los servicios y mercados financieros. Por lo tanto, son corresponsables de esta situación.

Pero no solo ha sido la UE quien a aplicado estas políticas en Reino Unido, sino que, tanto el partido laborista como el tory, han impuesto interna (y externamente) estas medidas regresivas desde el Gobierno de Margaret Thatcher. Por lo tanto, también hay causas políticas endógenas.

Estas políticas han provocado el hartazgo de la gran parte de la población, pues han causado: desempleo, pobreza, desigualdades, exclusión social, precariedad, recortes sociales, privatizaciones, corrupción, despilfarro, mala calidad ambiental, etc. Ha sido la clase humilde y trabajadora la que ha sufrido estas consecuencias, tanto dentro como fuera de la UE, frente al enriquecimiento astronómico de las fortunas financieras en La City. Es en estas circunstancias donde el populismo de ultraderecha encuentra el caldo de cultivo para crecer, promulgando el patriotismo y el odio hacia lo diferente.

Más allá de las razones políticas, también las hay ambientales. Una diferencia fundamental entre unas y otras es que, mientras las políticas dependen de la correlación de fuerzas sociales, las ambientales no son negociables: existen límites físicos al desarrollo de este modelo económico y social que estamos alcanzando.

Por ejemplo, el Reino Unido dejó de ser exportador neto de petróleo y gas alrededor de 2005 fruto del agotamiento de sus yacimientos. Esto ha agudizado la crisis en el país británico, pues los combustibles fósiles son un elemento totalmente central del crecimiento económico. En la medida que las políticas impuestas para “salir de la crisis” han sido regresivas desde el punto de vista social, este ha sido otro de los motivos del descontento popular.

En realidad, la situación energética británica es similar a la que se está produciendo a nivel global. Desde 2005, se ha atravesado el pico del petróleo convencional y, posiblemente, en 2015 fue el pico de todos los líquidos combustibles. Este es uno de los elementos centrales (pero no único) que explican la Gran Recesión actual. Esta crisis, lejos de ser coyuntural y solventable mediante medidas keynesianas o neoliberales, es estructural e insalvable: no volverá el crecimiento sostenido porque no hay base material para él.

Uno de los efectos de esta Gran Recesión es que la globalización económica se está cortocircuitando y la reactivación no va a volver más que coyunturalmente. De hecho, en 2015 fue el año en el que menos intercambios de mercancías a nivel mundial se realizaron desde que se inició la Gran Recesión en 2007/2008. En un contexto de este tipo, las políticas nacionalistas insolidarias, que son las que están liderando los movimientos independentistas, cobran más sentido.

Aunque hay más elementos que deberían considerarse, el Brexit ha de entenderse dentro de este contexto de políticas neoliberales y crisis ambiental. Confirma que estaban en lo correcto organizaciones como Ecologistas en Acción, que llevan años denunciado a la UE. Por ello, frente a las voces que reclaman que “Europa es la solución”, creemos que la UE es realmente parte del problema. Sin ir más lejos, las elites europeas muestran su rostro “humanitario” al centrar su preocupación por el Brexit en la caída de los mercados financieros, mientras miles de refugiados/as mueren o viven en condiciones infrahumanas. Estas personas son víctimas de la crisis final del capitalismo global y las razones de su desplazamiento tienen mucho que ver con las crisis energética y climática gestionadas con políticas insolidarias. Sin miradas globales y complejas, estamos abocadas/os a reduccionismos xenófobos.

El referéndum británico muestra que del territorio europeo requiere una transformación cultural y política que atienda a las desigualdades sociales y la degradación ambiental. Frente a la agenda de la derecha que ha marcado el Brexit, tenemos que construir un nuevo internacionalismo basado en valores feministas, democráticos, solidarios, y de justicia social y ambiental. Herramientas como el Plan B pueden ayudar a conseguirlo, siempre y cuando integren de manera profunda los límites del planeta. Es imprescindible desmarcarse y oponerse a los argumentos xenófobos e insolidarios que ha esgrimido el nacionalismo inglés a favor de la salida del Reino Unido de la UE, pero resulta necesario entender el sufrimiento humano que está en su base social.