En el primer pleno de octubre del Parlamento Europeo, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, volvió a anunciar en Estrasburgo que los resultados de las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea están completamente en manos del Gobierno británico. Dependería de Londres que se produzca un Brexit duro con consecuencias nefastas para los derechos de la ciudadanía comunitaria y británica; que se produzca un Brexit más suave, garantizando algunos derechos para las personas, pero, sobre todo, para las grandes empresas; o que se ignore el mandato democrático del pueblo británico de salir de la Unión.

Estas declaraciones responden seguramente a una estrategia de cara a la ciudadanía británica e incluso a las propias discusiones internas del Partido Conservador de la primera ministra, Theresa May, pero no dejan de ser una declaración de intenciones sobre la forma en que las propias autoridades comunitarias afrontan el proceso.

El Brexit vuelve a poner de relieve la verdadera naturaleza de la Unión Europea que conocemos, un proyecto de las clases dominantes de Europa, donde los derechos adquiridos son accesorios al núcleo del proyecto, que no es otro que perpetuar el enriquecimiento de una élite continental a través de la creación de un enorme espacio de libre comercio y, sobre todo, a través de una nueva distribución del trabajo a nivel continental.

Y si se toleran estos niveles de flexibilidad con Reino Unido es porque nunca llegó a formar parte de este espacio del todo –como lo demuestra su no pertenencia a la Eurozona- y siempre mantuvo su propia élite y modelo de producción. Peor suerte corrieron, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras griegos, que sí que forman parte de él, a los que la UE, con su firmeza, ha condenado a seguir en uno de los escalones más bajos de nuestro modelo.

Tras la última ronda de negociaciones entre Bruselas y Londres, ambas partes afirmaron que harán todo lo posible por tener un acuerdo comercial lo más fuerte posible. Mientras, volvimos a ver cómo los derechos adquiridos por la ciudadanía no son más que fichas que no tienen problema en intercambiar y de ahí que el destino de los tres millones de ciudadanos y ciudadanas que viven en Reino Unido, y del millón de británicos y británicas que residen en el continente, permanece bastante incierto.

En realidad, el Gobierno británico ya ha dado una muestra de lo que es capaz al enviar a centenares de ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido una carta con amenazas de expulsión. Y aunque es cierto que tras un gran revuelo anunció que se había tratado de un error, nadie debe olvidar que la mayor parte de comunitarios que trabajan allí lo hacen en condiciones muy precarias y, por tanto, están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que, por ejemplo, los británicos que residen en el continente.

Tanto Bruselas como Londres hablan constantemente de reciprocidad cuando se refieren a las negociaciones del Brexit, pero todo indica que esta máxima sólo tendrá valor en el caso de las grandes empresas y capitales. Sobre la mesa hay ya toda una serie de iniciativas destinadas a que no peligre el privilegio de los más ricos para veranear bajo el sol, o el de las grandes fortunas, que no tiene patria, de establecer su sede en cualquier territorio, incluidos los paraísos fiscales bajo jurisdicción británica de Gibraltar, Jersey o la Isla de Man. Mientras tanto, el futuro de quienes buscaron una vida mejor en Reino Unido desaparece igual de rápido que las posibilidades de hacerlo en el futuro, pues nadie en el Gobierno británico dice contemplar la libertad de movimiento.

Incluso cuestiones que parecen tan asentadas como la reunificación familiar desaparecen de la oferta que han puesto sobre la mesa los negociadores británicos liderados por el Secretario de Estado David Davies, que para más inri es considerado parte del sector más moderado de su Gobierno. La propuesta es pasar a un modelo en el que serían necesarios cinco años de residencia legal como trabajador o trabajadora para obtener un permiso de residencia permanente. Por supuesto, se vincula la migración y la seguridad, y además de los controles policiales obligatorios a todo el o la que solicite residencia, se podrá deportar a un ciudadano o ciudadana comunitaria por su actividad previa a instalarse en Reino Unido.

En cualquier caso, no debemos comprar el discurso ¬–muy extendido en Bruselas- de que el Brexit es una especie de delirio del Reino Unido y que están imponiendo unas condiciones de salida terribles. El Brexit es una mala solución, en clave nacionalista e insolidaria, a un problema de carácter europeo generado por las propias instituciones de Bruselas que llevan años construyendo la UE de espaldas a la ciudadanía y atacando con políticas económicas y productivas al servicio de los poderosos los intereses de la mayoría.

La UE no se queda atrás en la restricción de derechos en cuestiones concretas de las negociaciones. Por ejemplo, el equipo negociador ha puesto encima de la mesa una propuesta para eliminar el derecho de los británicos y británicas residentes en el continente a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Asimismo, están proponiendo limitar sus derechos para que sólo estén cubiertos en el Estado en el que residan en el momento concreto del Brexit, sin contemplar ningún tipo de opción de residencia en el continente de británicos y británicas en el futuro.

Sea cual sea el resultado de las negociaciones queda claro, por las posiciones mantenidas hasta ahora, que las grandes empresas seguirán disfrutando de los muchos beneficios que les otorga este modelo de UE, mientras la mayoría de las personas verán reducidos sus derechos adquiridos. Avanzamos hacia un modelo, tanto en la UE como a nivel global, en el que las fronteras están cada vez más abiertas para las empresas y cada vez más cerradas para las personas.

Nunca en la historia europea fue más difícil migrar a nuestro continente. Por tanto, cuando vemos cómo se reducen los derechos y se dificulta la vida de los más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas del Estado español que residen en Reino Unido, no nos olvidemos de la realidad de violencia institucional a la que se enfrentan quienes llegan a Europa desde fuera. Que la limitación de nuestro derecho a migrar sirva para abrir los ojos sobre quienes tratan de llegar a nuestro Estado y se enfrentan a condiciones mucho peores, a recibir palizas por las fuerzas de seguridad en las vallas de Ceuta y Melilla, a ser encerrados en CIE en condiciones infrahumanas, a ser explotados en obras, granjas y huertos, o a ser deportados con violencia.

Tras dos ocasiones fallidas durante 2016, Felipe de Borbón viajará finalmente a Arabia Saudí en este mes de enero para mantener y reforzar la antigua alianza que une la monarquía parlamentaria del Estado español con la monarquía absoluta y teocrática que gobierna la mayor parte de la Península Arábiga con puño de hierro desde la fundación del reino en 1932. Dada la opacidad que caracteriza a ambas monarquías, no conocemos el contenido concreto de la agenda, pero entre otras cosas pretende estrechar lazos reuniéndose con Muhammad bin Naif y con Muhammad bin Salman. El primero es el heredero de la corona saudí y ministro de Interior, y el segundo, además de su sobrino, es el ministro de Defensa y siguiente en la línea de sucesión a la corona.

Suponemos que en estas conversaciones hablarán de los cuantiosos acuerdos comerciales que en este momento mantiene el Estado español con Arabia Saudí. Las empresas armamentísticas españolas, estrechamente vinculadas al Partido Popular a través del exministro Pedro Morenés, se cuentan entre las principales proveedoras de material bélico a las instituciones saudíes. A pesar de las resoluciones del Parlamento Europeo exigiendo un embargo de armas a Riad por su participación en diferentes conflictos, en 2015 (el último año del que se disponen cifras) se exportaron armas por valor de 546 millones de euros a Arabia Saudí.

Y luego también está Navantia, la empresa que el Gobierno utiliza cada poco para chantajear algunas de las zonas, como la Bahía de Cádiz, más empobrecidas del Estado. Chantajean porque de esta manera lavan la cara de los acuerdos con los saudíes prometiendo empleo en algunas de las zonas con índices de paro más elevados a través de la construcción de buques de guerra en unos astilleros que han quedado prácticamente sin actividad tras las privatizaciones de gobiernos populares y socialistas, como si la construcción de unos pocos buques fuera a recomponer el tejido industrial que tanto se esmeraron en destruir González y Aznar.

El Gobierno español se ha justificado afirmando en diferentes ocasiones que la finalidad de dichas armas queda en organismos o empresas de carácter público. Esto es poco tranquilizador en un país que cuenta con una de las tasas de represión más elevadas del mundo y que se rige por una serie de leyes recogidas de una interpretación ultraconservadora de la religión dictadas por una familia real, los al-Saud, que no sólo dan nombre al país, sino que cuentan con poder absoluto. Cualquier gesto de oposición a los gobernantes o al estricto sistema de gobierno es sistemáticamente criminalizado y condenado, a menudo de manera violenta.

Debido a la opacidad del régimen resulta imposible conocer los datos concretos, pero organizaciones como la Comisión Islámica de Derechos Humanos (con sede en Londres y estatus consultivo para la ONU) o medios de comunicación como la BBC hablan de decenas de miles de personas encarceladas. Estas van desde Thamir al-Khidr, detenido y torturado por haber fundado una organización estudiantil con 19 años, hasta el poeta palestino Ashraf Fayadh, en la cárcel desde 2014 por un poema considerado apóstata por los tribunales. La tortura es utilizada como un método de castigo a través de las condenas a latigazos, y la pena de muerte se aplicó en el año 2016 a más de 100 personas con métodos tan crueles como el decapitamiento, y por delitos tan diversos como el tráfico de drogas o la práctica de brujería.

La tortura también es utilizada por la policía secreta, la mabahith, de forma sistemática en su tarea de persecución de cualquier tipo de disidencia. Con este tipo de instituciones públicas, la venta de armas a las mismas no sólo es contraria a la Posición Común de la Unión Europea en materia de control de equipos militares y de armas convencionales, sino que desde luego tiene una compatibilidad más que cuestionable con los derechos humanos. Y en este entramado de diferentes cuerpos de control y represión, los materiales policiales exportados desde nuestro estado son usados para defender el statu quo monárquico.

Pero además de la represión interna, Arabia Saudí tiene un papel importante como potencia regional, llevándola a intervenir en los diferentes conflictos de manera más o menos directa. Diferentes estudios han podido probar que más de un tercio de la financiación que reciben organizaciones terroristas que operan en Siria como Daesh o Fateh al-Sham proviene de fundaciones privadas con sede en las monarquías absolutas de la Península Arábiga y el Golfo Pérsico. Arabia Saudí también juega un papel central en otro de los conflictos más importantes y silenciados de la región, la guerra en la que está sumida Yemen desde hace dos años y que ya ha costado más de 10.000 vidas y ha generado más de 3.000.000 de personas desplazadas.

Desde que se iniciase el conflicto armado, el ejército saudí ha estado directamente sobre el territorio yemení, así como tropas de Egipto, Marruecos, Jordania, Sudán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, todos ellos aliados saudíes a nivel regional y con estrechos lazos con los gobiernos occidentales. Además, se ha constatado la presencia de grupos mercenarios financiados por fundaciones saudíes que, entre otros, incluyen a antiguos miembros de los grupos paramilitares colombianos, además de otros combatientes ligados a la extrema derecha Latinoamericana. Su objetivo pasa por la imposición a un presidente títere como es Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, máximo valedor de los intereses saudíes en Saná y que sucedió en unas elecciones en las que fue el único candidato al anterior presidente, Saleh. Bajo mandato de Saleh comenzaron los cambios en Yemen tras el levantamiento de amplios sectores de la población por las duras condiciones económicas y las elevadas tasas de desempleo del país, uno de los más pobres del mundo árabe, así como los altísimos niveles de corrupción.

Al-Hadi es ahora reconocido por la mayoría de potencias mundiales, pero apenas tiene apoyos dentro del país. Gran parte del terreno está controlado por grupos rebeldes mayoritariamente de confesión hutí por un lado, y por al-Qaeda por el otro. Para lograr su objetivo de controlar el país, la monarquía saudí no ha dudado en bombardear toda clase de objetivos, incluyendo escuelas, instalaciones de organizaciones humanitarias (lo que ha provocado que la mayoría de ellas abandonen el país) u hospitales de Médicos sin Fronteras. Hay también informes de Human Rights Watch que hablan de la utilización por parte de los saudíes de armas contrarias a la legislación internacional como las bombas de racimo. Todo esto acompañado de una situación de sitio generada por las fuerzas saudíes que afecta a 20 millones de personas, el 78% de la población, y que dificulta el acceso de la población civil a recursos básicos como son el agua o los medicamentos, lo que ha sido tipificado como una forma de tortura por las Naciones Unidas.

La intervención saudí, cuyo objetivo es también controlar el estrecho de entrada al Mar Rojo, fundamental por ser la ruta para el petróleo y el gas extraídos en el Golfo Pérsico rumbo a Europa, cuenta con una implicación directa española. No sólo por el apoyo incondicional del Gobierno y la monarquía a los al-Saud, sino también por la amplia presencia de armas españolas. Entre los armamentos ilegales como las bombas de racimo o el fósforo blanco (que parece haber sido suministrado por los Estados Unidos) hay centenares de armas fabricadas en el Estado español. Gracias a las imágenes difundidas por los hutíes de los arsenales capturados al ejército saudí y al trabajo investigador de la consultora ARES (Armament Research Services) sabemos del uso de granadas y lanzagranadas de la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza. Estas son las armas llegadas a manos rebeldes, pero sabemos también de la presencia de más de cuatrocientos tanques españoles y otras armas de todo tipo, sin contar las que hayan ido a parar a manos de los grupos terroristas.

Estas armas están al servicio del interés saudí en controlar Yemen, sin importar el uso de métodos contrarios al derecho internacional y a pesar de las palabras pretendidamente tranquilizadoras del Ministro. Pero claro, el ejército saudí es un organismo público. Uno que comete crímenes de guerra, pero un organismo público al fin y al cabo.

Con todo, Felipe de Borbón no ha considerado relevante dar más datos de su inminente visita a Arabia Saudí. Parece que no hubiera suficientes motivos con todo lo expuesto para replantearse las relaciones preferenciales con esta monarquía teocrática que, además, impone un sistema de tutela sobre las mujeres por parte de su familiar barón más cercano (esposo, padre, hermano o hijo) y en el que los más de nueve millones de trabajadores y trabajadoras migrantes viven en situaciones de esclavitud y son a menudo víctimas de la trata en sectores como el trabajo doméstico, que emplea a más de medio millón de mujeres llegadas del sudeste asiático y África.

Las reuniones que Felipe de Borbón mantendrá con los dos ministros responsables del uso criminal de las armas producidas por la industria española demuestra una visión de su papel como Jefe de Estado alejada de la mayoría social y los derechos humanos, y centrada en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Es lo que cabe esperar de una monarquía como la de los Borbones y como la de los al-Saud, intrínsecamente ligada a las multinacionales petroleras. Es lo que ocurre cuando ninguna de las dos ha sido elegida por el pueblo.

La Comisión Europea ha decidido cambiar su estrategia con las personas migrantes y demandantes de asilo ante la constante violación de los derechos humanos a las puertas de Europa. Las muertes, las palizas, la inseguridad y el no cumplimiento del derecho internacional nos han convertido, según la Oficina Internacional de las Migraciones, en el destino más peligroso del mundo para estas personas. Sin embargo, ese cambio de estrategia no tiene nada que ver con la apertura de vías legales y seguras de entrada a suelo europeo, o con la expedición de visados humanitarios.

La Unión Europea está trabajando a contrarreloj para generalizar y consolidar su proyecto de externalización de fronteras, ofreciendo dinero a terceros países para que hagan el trabajo sucio, lo que permite a los gobiernos mirar a otro lado ante las crudas imágenes de quienes huyen de la guerra, la miseria y la explotación que la propia Unión exporta al mundo.

Este tipo de política migratoria nace en la frontera sur del Estado español gracias al Acuerdo de Readmisión Hispano-Marroquí suscrito con Marruecos en 1992. Su resultado son años de palizas en la frontera, muertes, devoluciones en caliente y deportaciones forzosas de espaldas a la legislación internacional. De esta manera, las autoridades españolas se han situado a la vanguardia de un modelo que, como definió recientemente un representante de la Comisión Europea, busca “que los migrantes no aparezcan en nuestras fronteras de manera espontánea”.

Pero ahora, la UE ha dado un paso más allá y se ha decidido a apostar por un sistema muy similar al que lleva años aplicando Australia y que ha recibido numerosas denuncias de ONG. Este modelo está basado en que cualquier persona migrante o refugiada que trata de llegar ilegalmente al país es trasladada inmediatamente y sin poner un pie en la isla a países cercanos como Nauru o Malasia.

Allí son internados y es allí desde donde deben enviar una solicitud para residir legalmente en Australia, ya sea como demandantes de asilo o cualquier otra fórmula. Pero la particularidad es que todo ese tiempo están bajo la legislación del país en el que se encuentran físicamente, sin ninguna supervisión por parte de Australia del cumplimiento de los derechos humanos y del derecho internacional.

La UE quiere que este principio sea uno de los pilares de su nuevo paquete migratorio. Ya lo ha empezado a hacer con Turquía, dando 6.000 millones de euros al presidente Erdogan para construir y gestionar unos centros de deportación masiva donde las personas migrantes y refugiadas, tras ser deportadas desde Grecia, esperan a ser devueltas a sus países de origen sin ninguna garantía de que se respeten sus derechos. Así, la UE no tiene que hacerse responsable de las violaciones y abusos que sufran en territorio turco, al tiempo que se ahorra las críticas de la opinión pública ante imágenes como las de las costas griegas, o las de las fronteras de los Balcanes.

Ahora bien, el acuerdo con Turquía es sin duda el más visible, pero no el único. La UE tiene acuerdos bilaterales para facilitar las deportaciones con países tan diferentes como Rusia, Cabo Verde o Armenia, y mantiene negociaciones con otros como Marruecos, Bielorrusia, Etiopía, Túnez, Libia o Nigeria. Esos pactos –y otros, mayoritariamente con países africanos–, se encuentran en una fase avanzada y se asientan sobre el principio de la centralidad de las políticas migratorias en el ámbito de la acción exterior europea. Lo que quiere decir que tienen la particularidad de que se financian con fondos destinados a la cooperación y condicionan estas ayudas a la aplicación de toda una serie de políticas fronterizas, de seguridad interna y de migración, impuestas a los países del sur desde Bruselas.

El ejemplo más actual es el de Afganistán, un país completamente destrozado por la acción bélica europea y con un conflicto violento en plena evolución del que Europa se ha desentendido. El pasado mes de octubre se celebró en Bruselas una cumbre de donantes en la que la UE amenazó al Gobierno afgano con suspender los fondos de cooperación si no aceptaba hacerse cargo de cientos de miles de afganos que hoy se encuentran en suelo europeo.

El chantaje es macabro, porque el 90% de la economía de Afganistán depende de las ayudas externas. Y también cruel, por el contenido y las consecuencias. Sólo en 2015, un total de 196.700 afganos solicitaron asilo en Estados miembros de la UE, convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso después de los sirios. En el acuerdo –finalmente aceptado por Kabul–, la UE se asegura poder fletar todos los que aviones que quiera cada día con más de 50 personas y deportarlos a la capital afgana. Allí, con fondos de cooperación, la UE quiere construir una segunda pista en el aeropuerto Hamid Karzai y un campamento de refugiados.

Por si esto no fuera suficiente, debemos tener en cuenta que es más que probable que muchos de los afganos que van a ser deportados en los próximos años no han estado nunca en Afganistán, sino que habrán nacido y crecido en Irán, país que tiene una población afgana de más de un millón de personas.

La perversión del uso de la ayuda al desarrollo para el control migratorio ha llevado también a la UE a firmar acuerdos con países como Sudán, que vigila atentamente sus fronteras a la caza de personas camino de Europa, gracias al acuerdo alcanzado con su presidente, Omar al-Bashir, sobre el que existe una orden de detención del Tribunal Penal Internacional. El objetivo final de este gran proyecto europeo es crear una suerte de cinturón exterior a la UE y por eso todo vale para que nadie llegue y mantenerlos lejos de nuestras fronteras.

Por otro lado, a todos estos acuerdos se les suma la creciente incorporación de los cuerpos militares al control migratorio. Así, en el verano de 2015, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, lanzó la operación EUNAVFOR MED, que en colaboración con la OTAN, llenaría el Mediterráneo de buques de guerra con la finalidad de destruir los barcos con los que las mafias trafican con personas.

Unos meses más tarde, en noviembre de 2015, los principales líderes africanos y europeos firmaron un compromiso en Malta para destinar más presupuesto –también proveniente de los fondos de cooperación al desarrollo– al control fronterizo, financiando estructuras militares en países de dudoso respeto de los derechos humanos como Egipto y Eritrea. Finalmente, tras el acuerdo con Turquía en marzo de este año, se siguió la misma estrategia que en el Mediterráneo, y la UE dio luz verde a que las fragatas de la OTAN operaran en el Egeo para cortar las llegadas de personas refugiadas a las costas griegas.

Lo cierto es que el despliegue ni ha acabado con las muertes, ni con las mafias, ya que la ausencia de vías legales y seguras de acceso a la UE fomenta que las personas migrantes busquen rutas alternativas más peligrosas, a las que acceden pagando aún más dinero a los traficantes. Esa es una parte del negocio de la migración. La otra está en los países de tránsito y llegada, donde enormes sectores de la población, incluidos los menores de edad como hemos visto en el caso de Turquía, se están convirtiendo en mano de obra prácticamente esclava.

Todos estos datos ponen de manifiesto que la Unión Europea y las instituciones están haciendo de la política migratoria un elemento central de su proyecto, y que la externalización de fronteras, la Europa Fortaleza, es la clave en la que se sustenta.

Por eso desde Bruselas se trata de criminalizar a las personas refugiadas y migrantes y se ponen todo tipo de trabas a los ejemplos de solidaridad. Frente a ello, los pueblos europeos han demostrado estar a la altura, y la prueba está en la proliferación de municipios que se han unido a la red de ciudades refugio, o las recientes movilizaciones contra las violaciones de derechos humanos que se producen en los CIE. Ante esta dicotomía entre la solidaridad de los pueblos y los beneficios de unos pocos, la Comisión Europea y el Gobierno Español ya han decidido de qué lado están.

"La UE pretende perpetuar su modelo racista y neoliberal con esta agencia que impide que cualquier territorio o Estado pueda impulsar políticas migratorias alternativas", afirman los autores

Vivimos un momento de excepcionalidad. Las consecuencias de una política exterior basada en la guerra y la violencia, y de una política económica cimentada en la explotación de los recursos naturales y humanos del Sur nos están mirando fijamente a los ojos. El resultado de todo esto son las miles de personas que tratan de encontrar un lugar seguro en el que vivir en Europa, en lo que es uno de los movimientos migratorios más grandes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ante ello, la propuesta de las instituciones y autoridades europeas no se ha hecho esperar.

Sin embargo, la UE no ha reaccionado, tal y como proponíamos, con la concesión de visados humanitarios en países en conflicto o la apertura de vías legales y seguras de acceso desde esos países, sino con todo lo contrario. La UE ha diseñado, junto a la OTAN, un plan para militarizar el Mediterráneo y ha decidido redoblar el blindaje de sus fronteras. Un elemento clave en esto es la Guardia Europea de Fronteras y Costas, una nueva agencia de la Unión Europea que sustituirá a Frontex, pero con una ampliación sin precedentes de su mandato y competencias.

La nueva agencia de la UE tendrá una serie de características propias que la diferencian de todas las anteriores y demuestran el carácter estratégico que Bruselas ha otorgado a su proyecto racista de Europa fortaleza. Por primera vez, esta agencia tendrá un personal propio de más de mil personas y capacidad para tener sus propios recursos materiales. Esto es importante porque hasta ahora Frontex operaba con agentes y recursos de los Estados miembros. Ahora, podrá operar directamente y por sí misma. Pero hay que tener un dato clave en cuenta: es una agencia que no responde a ninguna autoridad política democráticamente electa.

También es clave la ampliación del mandato, que pasa de ser exclusivamente de vigilancia de las fronteras externas para cubrir también la seguridad interna de la UE. Esto no es sino presentar a las personas migrantes como una amenaza a nuestra seguridad. Es una posición estratégica extremadamente grave ya que criminaliza a quienes huyen de la explotación, la violencia, o el hambre, y además permite a la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas tener unas competencias hasta ahora desconocidas.

Esta agencia será la encargada de comprobar si los Estados pueden “soportar una presión desproporcionada en sus fronteras”, es decir, si son capaces de mantener fuera a todas las personas, independientemente de circunstancias como que tengan derecho a la protección internacional de acuerdo a la Convención de Ginebra.

A través de estos test, la agencia evaluará a los diferentes Estados miembros de la UE y, si lo estima oportuno, intervenir directamente en ellos. Es decir, que un organismo que no responde ante ninguna institución democrática podrá actuar directamente en un Estado de la UE sin contar con la aprobación de su Gobierno y sin la obligación posterior de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo o los parlamentos estatales.

La Defensora del Pueblo europea ya ha mostrado su preocupación por la falta de fiscalización que genera una situación de impunidad ante la violación de derechos fundamentales, pero la respuesta ha sido la creación de un mecanismo de quejas no independiente de la agencia. Resulta cuanto menos cínico creer que personas sujetas a abusos de la autoridad, devoluciones en caliente, o encerradas en centros de internamiento van a presentar una queja escrita a las personas culpables de su situación. La experiencia demuestra que es más cínico aún que un organismo de este tipo vaya a sancionar a sus propios agentes o apartarlos por estas prácticas porque son la razón de ser del mismo.

Una de las cuestiones más preocupantes del conjunto de la política migratoria y de asilo europea que se ve agravada con esta regulación es, desde luego, la criminalización de las personas migrantes. En primer lugar, cuando crucen las fronteras se recogerán todos sus datos, incluyendo las huellas dactilares, y otros de carácter personal. Esos datos serán almacenados y podrán ser cruzados con los de otras agencias europeas, como EuroPol, lo que, en cierto modo, da la imagen de que estas personas son ya culpables de haber cometido algún delito nada más pisar suelo europeo.

Además, la regulación de la nueva agencia no da ninguna garantía sobre protección de datos y deja la puerta abierta a la recolección y almacenamiento de datos de carácter personal, es decir, cosas como la religión o la orientación sexual.

Después de esto, las personas migrantes serán encerradas en los llamados hotspots. Estos centros de retención se ubican en las principales zonas de llegada al Continente, como ha sucedido en las islas griegas. Allí se les toman las huellas dactilares a las personas migrantes y refugiadas, se les encierra y desde ellos son expulsados a Turquía en base al acuerdo firmado por la UE y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Se trata de un modelo que se quiere exportar a otros países del entorno europeo. Por ejemplo, el ministro de Interior italiano, Angelino Alfano, ya ha anunciado su intención de crear centros de detención flotantes, es decir, en el mar, para devolver a Libia o a Túnez a los migrantes y refugiados que intenten cruzar el Mediterráneo. El objetivo, en definitiva, es que no puedan poner un solo pie en Europa.

En estos centros, además, es donde se podrían cursar demandas de asilo. Sin embargo, con la nueva regulación este derecho se verá muy restringido ya que serán los agentes de la Guardia Europea de Fronteras y Costas quienes decidan quién puede solicitar acceso a la protección internacional. Esto, nuevamente, va en contra de la legislación internacional, que establece que este es un derecho al que deben tener acceso todas las personas en situación de vulnerabilidad. Así, la nueva agencia de la UE tendrá el control de las fronteras, hará las labores de seguridad interna, podrá almacenar datos y se encargará de los centros de detención.

Pero además, la Guardia Europea de Fronteras y Costas será una auténtica agencia de deportación, ya que será ella la encargada, en lugar de las autoridades de cada Estado, de las deportaciones forzosas. El mandato, que tiene un capítulo entero dedicado a este tema, les permite incluso el uso coercitivo de la fuerza durante las mismas, lo cual vuelve a sembrar dudas sobre el cumplimiento de derechos fundamentales.

La Agencia de la Guardia Europea de Fronteras y Costas es ahora mismo un proyecto fundamental para el Consejo Europeo y la Comisión Europea, que ha tramitado su puesta en marcha de forma urgente para que los plazos de aprobación en las diferentes instituciones no se demoren. Es tan importante para ellos por motivos ideológicos porque a través de esto pretenden volver a imponer el mantra de que no hay alternativa.

Al igual que con la política económica, la UE pretende perpetuar su modelo racista y neoliberal con esta agencia que impide que cualquier territorio o Estado pueda impulsar políticas migratorias alternativas, como han intentado los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas del Estado español gobernados por la izquierda. Con este proyecto, además, pretenden competir con las fuerzas políticas de extrema derecha, vinculando seguridad y política migratoria. Estamos ante un riesgo real de auge del fascismo en Europa, las instituciones de la UE han decidido ponerse del lado de la xenofobia.