El anteproyecto de ley de cambio climático (APLCC) presenta muchas dudas y algunas certezas. En primer lugar, llama la atención que es una ley con objetivos poco ambiciosos, sobre todo tras la situación actual, y que no asume los retos actuales ante los que nos encontramos. Es vital conocer el escenario de donde procedemos:

Por ello, los objetivos de reducción de emisiones parecen insuficientes y con poca ambición hasta el 2030 a pesar del escenario de emergencia climática. ¡Muy por debajo del marco de la UE para 2030!

Estas tasas, según las previsiones del APLCC, son de alrededor del 2% (hasta 3% máximo) incluyendo el efecto de COVID-19 sobre las emisiones cuando deberían situarse en un 7%. Es decir, deja claro que no se posee una gran ambición.

Este hecho es más destacable si tenemos en cuenta que con datos comparables de 2017 para varios países observamos que :

Mientras, en España emitíamos un 22% más. En otras palabras: éramos los últimos de la fila y ahora posponemos el proceso de la descarbonización.

Respecto a la producción de energía para electricidad, sector responsable del 17% y que ha reducido sus emisiones en un 12%, la Ley da una de cal y otra de arena. Por una parte, apoya el sector renovable,fomenta el uso de la biomasa de origen primario como fuente de energía de origen renovable, así como un fuerte apoyo a la electricidad de fuentes renovables 100%, pero sin la suficiente diferenciación entre las tecnologías menos intermitentes como la hidráulica de bombeo o la termosolar, respecto al resto. Por otra parte, sigue sin considerarse el enorme potencial de la producción de energía eléctrica para autoconsumo y distribuida sobre todo a partir de los tejados de los edificios (techos solares). Se prevé tan sólo una reducción de energía primaria fósil de un 35%. Si la electricidad es sólo 1/4, o menos, de la energía primaria hoy, ¿cómo se van a reducir emisiones con ese objetivo?

El transporte emite un 27% y ha aumentado sus emisiones un 55% y es natural reducirlo, pero seamos claros, no puede haber el mismo número de coches pero “limpios”, cosa que no existe, ni es deseable y menos regarlo con dinero público. Urge reconvertir gran parte del sector y apostar por la obligatoriedad de la movilidad compartida en ciertas zonas urbanas y periurbanas, uso de patinetes, motos eléctricas, bicicleta, tren, etc. La peatonalización es muy buena iniciativa, celebramos que aparezca en la ley, pero también se retrasa hasta 2023 la puesta en funcionamiento.

No nos podemos olvidar del contaminante e insostenible sistema de transporte de mercancías por carretera que supone actualmente el 92% del transporte modal de mercancías terrestre y no se ha incluido en el APLCC.

En relación a la reducción de emisiones marítimas, la APLCC habla tan solo de las directas, no las de la extracción y transporte del combustible que usen, incluyendo el gas natural licuado.

Por último, en materia de transporte, incluye la promoción del transporte ferroviario de una forma general, pero sin objetivos y, en cuanto a la aviación, se menciona únicamente para ponerle algún objetivo de biocarburantes dando preferencia a los no biológicos (ya veremos qué preferencia y qué es eso de “bio no bio”). No hay Ecotasa como se esperaba ni tampoco prioriza, por ejemplo, los trenes para trayectos de menos de una hora en avión.

En cuanto al sistema alimentario responsable del 15% de las emisiones, se nombra de pasada, a pesar de ser el sector que ha aumentado sus emisiones un 13% desde 1990. La ganadería intensiva industrial, como es sabido, es un factor muy importante de emisiones y además de tener importantes efectos sobre los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y la resistencia a los antibióticos de las superbacterias.

Siendo un sector que en la actualidad es totalmente dependiente de los combustibles fósiles, tanto para la fabricación de fertilizantes y plaguicidas, como para la maquinaria y procesado posterior, sorprende que no se enumeren medidas concretas para descarbonizarlo.

Apostar por la agroecología y la soberanía alimentaria, no sólo rebajaría considerablemente el impacto del sector, también garantizaría nuestra seguridad alimentaria y alimentos sin los residuos de metales pesados de los pesticidas.

Para ello, también hay que incidir en el fomento de otro tipo de demanda, más acorde con la dieta saludable y sostenible.

Además, hay sectores como la construcción que es responsable del 9% de las emisiones y ni se nombra, aunque ha aumentado sus emisiones un 70% desde 1990. El principal emisor de 2019 en España es una acería y el segundo sector que más emite en Europa es el del cemento. Hay que movilizar vivienda vacía para alquiler asequible y promover la rehabilitación para la eficiencia energética y la mejora de condiciones de habitabilidad, no tanto la obra nueva.

No podemos olvidarnos de algo esencial y es la descarbonización de la industria responsable de un 17% de las emisiones, en muchas ocasiones electro intensiva como cemento o siderurgia que apenas se nombra a pesar de que se ha mantenido prácticamente en el tiempo sus emisiones desde 1990. Parece que sería el momento de apoyar las empresas más descarbonizadas o que inicien ese proceso y los sectores más limpios en vez de seguir apoyando a todos por igual. Recordemos por ejemplo que en este sector están las petroleras, empresas que están teniendo serios problemas actualmente y que todavía no se ha conseguido que trasladen los bajos precios al consumidor.

La solución tan nombrada para reducir emisiones de “Capturar” carbono hoy por hoy no existe y ya sabemos lo que supone confiar ciegamente en la ciencia esperando que lo solucione todo en el 2050. El gobierno sale de algunas empresas carbonizadas pero se mantiene en otras como ENAGAS. Es decir, no cumplimos con el principio básico del Desarrollo Sostenible y es no comprometer a las generaciones futuras, dejamos el problema a los jóvenes de ahora, en vez de reducir todos en la actualidad.

No se aprobarán nuevos proyectos de hidrocarburos pero se respetarán los vigentes; el de gas en Vitoria o el del puerto de Santander (Repsol). Y los “motivos justificados” para seguir subvencionando combustibles fósiles son un coladero. ¿Más millones para Naturgy en Doñana como se ha legislado tan solo hace unas semanas?¿Reconversión y cierre de sectores? ¿Objetivos autoconsumo? ¿Ecodiseño y economía circular? ¿Emisiones deslocalizadas? ¿Debate sobre referentes de bienestar y salud que sustituyan al PIB?

Recientemente casi 350 profesionales del entorno académico vasco han presentado un manifiesto en el que declaran: “abandono del modelo de desarrollo centrado en el crecimiento agregado del PIB, distinguiendo entre sectores esenciales que pueden crecer para incrementar el bienestar social y aquellos que deben decrecer rápidamente debido a los impactos que generan en el medio ambiente”.

Por fin se va a registrar una Ley sobre este tema, y tiene puntos positivos, pero en su conjunto, no permitiría evitar errores actuales para conservar el futuro. Y para 2050, ya no hay objetivo de reducción de emisiones, sino para ser “neutros”, apostando por la captura de carbono, aún, en pañales, sin garantías e incluso engañosa. ¿Neutros como Cabify? ¿o como la biomasa que tala bosques? Tampoco hay fechas para la desaparición del carbón o el cierre definitivo de las nucleares.

El sector financiero se “autoimpondrá” objetivos, ¿en serio? Funcionará igual de bien que ha funcionado la autorregulación en la publicidad alimentaria... Y las compañías cotizadas y aseguradoras sólo tendrán que presentar informes.

En definitiva, no se observa una gran ambición y sería importante que mejora en el trámite del congreso un texto necesario pero por ahora es decepcionante. De todas formas es un buen paso y se espera que aumente la ambición (no del 20 al 23% sino al 40% en reducción de emisiones), se tenga en cuenta la #covid19, futuras pandemias, etc.

La esperanza es lo último que se pierde y más en todo lo vinculado a la ciencia, pero lo relevante son los objetivos que nos marcamos para su aplicación y puesta en marcha.

LO ÚNICO QUE LE PEDIMOS AL GOBIERNO DE COALICIÓN ES QUE SEA VALIENTE, ¡¡EL MOMENTO ES AHORA!!

La semana pasada escuchábamos a Rajoy quejándose porque “incumplir con Europa nos da mala imagen” en relación al conflicto entre el Gobierno y los estibadores por la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El decreto fallido del Gobierno preveía incluso la gestión de la plantilla por parte de ETT.

Sin embargo, hace mucho tiempo que incumplimos sistemáticamente con Europa en materia medioambiental. La lista es interminable, veamos algunos ejemplos:

– Sobre gestión de residuos tenemos un condena por los vertederos ilegales (como el de Seseña), una multa de la Unión Europea por la contaminación en la Bahía de Gijón y un incumplimiento en el saneamiento de 17 ciudades españolas con multa por valor de 46,5 millones de euros, más una multa diaria de 171.217 euros si se mantienen el incumplimiento. Además, ya nos están pidiendo explicaciones por el estado de los vertidos en el Mar Menor, que esperemos sea posible recuperar algún día.

– La Comisión Europea lanzó un ultimátum a España para que proteja de una vez el Parque Nacional de Doñana que alberga varios espacios de la Red Natura 2.000. El deterioro de parque es tal que hasta la UNESCO amenaza con convertir a este espacio Patrimonio de la Humanidad en el primero declarado en “estado de peligro” dentro de la Unión Europea.

– En cuanto a calidad del aire La Comisión Europea podría llevar al Tribunal de Justicia de la Unión el incumplimiento de los límites de dióxido de Nitrógeno (NO2) de forma continuada durante los últimos años, tanto en Madrid como en Barcelona. Este tipo de contaminación, debida principalmente al tráfico rodado, pone en riesgo la salud de la ciudadanía por lo que desde Bruselas nos piden “medidas para garantizar una buena calidad del aire y proteger a la salud pública”, algo que por fin están empezando a tomarse más en serio los nuevos gobiernos municipales.

Además, también estamos, cómo no, entre los países expedientados por no sancionar a Volkswagen tras el escándalo de las emisiones.También se nos reprocha una mala gestión del agua o la fiscalidad verde.

Así mismo, son destacables los incumplimentos en materia de derechos humanos (vamos ya por la octava condena desde que España firmó el Convenio Europeo de Derechos Humanos), en materia de vivienda, bienes apropiados por la Iglesia, derecho al asilo, corrupción política o la brutalidad policial en las manifestaciones, entre otros.

¿Entonces qué pasa, damos mala imagen si no se precariza el empleo de los estibadores a gusto de los fondos de inversión, pero dan igual los derechos de la ciudadanía o nuestro propio territorio y patrimonio natural? Parece ser que nuestro campechano presidente así lo ve, no se oyen lamentos por la mala imagen que damos en otros temas.

Pero no es al único que le resbala todo esto, también la semana pasada, el presidente de la petrolera Repsol, Antonio Brufau, nos dejaba esta perla: el CO2 “no es un mal gas, lo necesitamos para vivir”. Se trata de una afirmación, como poco, irresponsable en el contexto climático que vivimos basado en un aplastante consenso científico sobre su origen antropogénico. En concreto, el cambio climático es debido, entre otros factores, a las emisiones de metano (combustibles fósiles, ganado industrial, permafrost, etc.), dióxido de nitrógeno en menor medida (transporte, agricultura, etc.) y sobre todo, aunque hayan existido siempre fuentes naturales de dióxido de carbono, el desequilibrio actual en su concentración y las temperaturas son debidos a las emisiones de este gas provenientes de la quema de combustibles fósiles, de los que vive, y muy bien, el señor Brufau.

En España, según indica el Observatorio de la Sostenibilidad, el 28% de las emisiones de gases con efecto invernadero provienen de sólo 10 empresas (hidrocarburos, eléctricas y cementeras).

También asistimos recientemente al veto del Gobierno y Ciudadanos a la tramitación de una ley para eliminar por fin el único impuesto que existe en el mundo al sol y así favorecer el autoconsumo y la tan necesaria transición energética (al menos una parte).

Las excusas son demenciales: pérdidas fiscales en un país donde sociedades de inversión como las famosas SICAV apenas tributan. O que la tarifa eléctrica, que hace rato que es una estafa legal, se vería afectada si se eliminase el polémico impuesto.

Seguimos dependiendo demasiado del carbón para la generación eléctrica y salir de esta dependencia es vital, tanto por el impacto ambiental como por el económico derivado del primero.

Todo esto ocurre después de que la Comisión Europea también nos reprochase, en febrero de este año, que se siguieran subvencionando los combustibles fósiles.

Uno de los objetivos que nos marcan desde Europa para el 2050 es una reducción del 80% en las emisiones de gases con efecto invernadero respecto a 1990, algo para lo que nuestro Gobierno no está haciendo mucho (o nada) viendo cómo las emisiones en España han vuelto a aumentar.

En Irlanda acaban de aprobar una ley por la cual se deja de invertir en combustibles fósiles desde las arcas públicas. Por no hablar de que ya no es una opción con mucho futuro en el actual contexto energético decreciente, sobre todo debido al descenso del petróleo de fácil extracción.

Lo mejor sería que esta legislatura dure lo menos posible para intentar frenar el deterioro de nuestro entorno natural y evitar seguir a la cola en materia medioambiental.

Un nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente advierte de las consecuencias del cambio climático, no sólo para los ecosistemas, sino para la economía y la salud humana. El año pasado se confirmó como el año más caluroso desde que hay registros y la superficie de hielo global ha tocado mínimos históricos.

En Francia, con un 60% de las costas de Normandía y un 70% de las de Calais sufriendo daños debidos a la erosión que provoca el aumento del nivel del mar, el Parlamento se apresura a legislar para paliar los posibles daños en la economía del sector turístico. El cambio climático y la excesiva urbanización parecen estar detrás, algo que podría pasarnos factura también a nosotros con un 27,8% de nuestra costa ya llena de ladrillo.

Entonces, como dice Pepe Esquinas: “Hagamos hoy, movidos por un egoísmo inteligente, lo que no hemos querido o sabido hacer antes por solidaridad”.

Es cuestión de voluntad política empezar a cambiar algunas cosas. Según el barómetro del CIS de diciembre de 2015, para un 49,2% de la población española, “la defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces costes altos”. No podemos seguir dejando al “medio ambiente en un cuarto plano ministerial” ya que “da imagen de país atrasado” como denunciaba hace poco un funcionario del Ministerio de Alimentación, Pesca, Agricultura y Medio Ambiente (tome nota señor Rajoy por lo de la “mala imagen”).

Las expectativas no son de mejora al repetir en la cartera de este Ministerio la exdirectiva de Fertiberia, empresa de fertilizantes de Villar-Mir y una de las principales causantes de la contaminación radioactiva por los fosfoyesos en Huelva. La ministra, por supuesto, ha aceptado el discutido proyecto de Fertiberia para enterrar estos contaminantes.

El deterioro del Tajo, la constante pérdida de caudal en el Ebro, la enorme pérdida de biodiversidad, la ampliación del permiso a Garoña o a la papelera Ence son otras de las tareas que debería afrontar con urgencia este Gobierno.

Parece que nosotros no necesitamos ningún Trump en materia medioambiental, ya tenemos nuestra propia cruz.

Las poblaciones en los países occidentales están cansándose de tanta hegemonía de los mercados que precarizan vidas reales y prefieren apostar por el tejido productivo local y su innovación (que no es sólo tecnología). Estamos cansados de multinacionales sin consideración por las personas ni por nuestro entorno . Se demanda, por ejemplo, cada vez más soberanía alimentaria, más artesano y tradicional y menos comida basura, recuperar el campo de las garras de la agrofábrica globalizada o el abandono y crear nuevas oportunidades locales. 

Son estas cuestiones, entre otras, las que están echando a muchos ciudadanos golpeados por la crisis a los brazos del neofascismo de Le Pen o Trump, debido a la incapacidad de los partidos tradicionales a la hora de dar respuestas y su complicidad con los poderes económicos y sus imposiciones.

Por otro lado, está claro que se está tomando conciencia, principalmente entre jóvenes y mujeres, de que hace falta una salida popular pero también ecológica a la crisis, lo cual se ha notado en el auge espectacular de opciones verdes y más comprometidas con las mayorías sociales; Austria, Holanda o el fenómeno de Sanders en EEUU son muestras claras. Estas nuevas y crecientes mayorías también quieren, además de todo lo anterior, estabilidad global y mitigación de los impactos medioambientales; prevenir en el ámbito local y frenar el creciente drama de los refugiados climáticos.

Cada vez más gente quieren ciudades más sostenibles y habitables, nadie quiere ecosistemas arrasados y ciudades inhabitables para sus hijos, sino un futuro digno.

De momento, se insiste mayoritariamente en una energía, un consumo y una gestión de los recursos todavía del siglo pasado. Quizás, estas opciones en auge, más ecologistas y populares, no estén a la altura para lograr frenar un posible colapso civilizatorio sino se les empuja desde los distintos anhelos emergentes en la sociedad civil. No obstante, si podrían generar una disputa del sentido común más asentado en nuestra sociedad que entiende el progreso sólo ligado a la depredación y la exclusión, a la vez que evitan el desembarco en los gobiernos de monstruos incluso peores. Esperemos que así sea.

Este es un tema alimentario tan polémico como recurrente en los medios de comunicación, esta vez, debido a la reciente carta firmada por varios premios nobeles en defensa de los organismos modificados genéticamente (OMG) o transgénicos, principalmente el llamado “arroz dorado” (arroz modificado genéticamente para tener un mayor contenido en beta-caroteno, precursor de la vitamina A).

Han habido recientemente debates muy interesantes al respecto, sobre todo cuando concurren científicos representantes de ambas posturas, como ocurrió en este especial del programa de radio Carne Cruda.

También han surgido titulares recientes en prensa afirmando su absoluta seguridad avalada por la ciencia. En realidad, no resulta del todo exacto afirmar que algo es seguro cuando ni siquiera se ha estudiado a largo plazo en humanos, aunque lo afirmen titulares sesgados, a raíz del último estudio de la National Academy of Sciences, tal y como lo explica el Observatorio OMG.

De hecho, no existe tal consenso científico; el año pasado, más de 300 científicos firmaron una declaración, publicada en la revista científica Environmental Sciences Europe, en la que negaban dicho consenso sobre la seguridad de estos organismos.

No obstante, el mayor rechazo hacia los transgénicos suele ser por motivos ambientales.

En cuanto a las afirmaciones de la carta, resulta un verdadero despropósito acusar a una organización ecologista (Greenpeace en este caso) de “crimen contra la humanidad” por criticar a los transgénicos, responsabilizandoles de la malnutrición y el hambre en el mundo. Pero el absurdo es aún mayor cuando analizamos las causas de estos males, así como las enormes desigualdades alimentarias, y vemos que no se trata de un problema de producción alimentaria sino de distribución. Son el puñado de grandes corporaciones de la industria agro-alimentaria que controlan el mercado, los tratados de libre comercio, los cultivos para biodiésel o productos financieros, como los mercados de futuro alimentarios, los que hacen que el hambre cotice en bolsa generando mayores beneficios para los que más tienen.

Si nos centramos en el caso concreto del “arroz dorado”, es sorprendente que se acuse de su fracaso, después de más 20 años de investigación, a las campañas ecologistas en contra de este tipo de cultivos, cuando el propio Instituto Internacional de Investigación del Arroz manifiesta que no se ha podido demostrar aun que este tipo de arroz pueda paliar la deficiencia de Vitamina A en los países afectados. No se sabe si proporcionan vitamina A biodisponible, ni está clara su conservación y tampoco la cantidad que expresa la planta tal y como indica la respuesta a la carta de los premios Nobel por parte de Greenpeace y Ecologistas en Acción.

Desde el mundo de la nutrición, Marion Nestlé, una autoridad mundial en este campo, señala lo injusto que resulta interpretar cualquier crítica al “arroz dorado” como un ataque a la ciencia o a toda la biotecnología, y si se expresan dudas sobre su viabilidad para contrarrestar el déficit de vitamina A, cómplice de la enfermedad y el hambre, es una acusación tan típica como desacertada.

Se pueden abordar otro tipo de soluciones, como programas para la suplementación, productos alimentarios fortificados o la introducción de cultivos ricos en esta vitamina, así como educación alimentaria para lograr mejores patrones dietéticos.

Existen ejemplos como este para evitar la deficiencia de vitamina A en Mozambique o este en Uganda, ambos con batata rica en beta-caroteno, en vez de insistir con el fallido “arroz dorado”, que serviría muy bien como caballo de Troya de las compañías de semillas para introducir los transgénicos, pero que de momento, sigue sin demostrar su efectividad.

De hecho, en Filipinas han reducido significativamente la deficiencia de vitamina A gracias a programas de este tipo, pasando de una incidencia del 40% en 2003 a un 15,2% en 2008, en niños de edad pre-escolar, no obstante, sigue siendo un problema de salud pública de primer orden (FNRI 7th National Nutrition Survey 2008).

Con la introducción de estos programas, se podría aprovechar también de paso para implementar técnicas agroecológicas que permitan mayor resiliencia y biodiversidad en los ecosistemas, mitigar el cambio climático, recuperar suelos, racionalizar el uso del agua y un menor consumo y, por tanto, menor dependencia económica, de fitosanitarios derivados del petróleo, tal y como sugiere la FAO y otros organismos de la UE o el último informe del prestigioso panel internacional de expertos sobre sistemas alimentarios sostenibles, IPES-Food.

Lo que va saliendo a la luz, después de 20 años de uso de cultivos transgénicos, es que estos organismos no resuelven los problemas que prometían respecto a los cultivos convencionales, ni de malas hierbas, ni de plagas, ni de rendimiento en la cosecha. Incluso hay países que piden indemnizaciones a las compañías de este tipo de semillas, como Burkina Faso, por la pérdida de calidad en su algodón.

Tampoco sabemos como pueden afectar a los ecosistemas la presencia masiva de este material genético modificado, al no ser espacios confinados como cuando se aplica la investigación biomédica, la producción de hormonas o aditivos alimentarios.

Ya se retiró del mercado una variedad de maíz transgénico cultivado en España desde 1998 hasta 2005, que contenía un gen resistente a un antibiótico que se usaba como marcador durante su producción y se temió que agravase el aumento de enfermedades resistentes a antibióticos. Hasta entonces, también se afirmaba rotundamente la seguridad de estos métodos de producción antes de comercializarlos. Actualmente se denuncia su posible implicación en la aparición  de nuevas malezas.

Algunos de estos cultivos en la actualidad se encuentran fuertemente ligados al uso de cantidades crecientes de distintos herbicidas tóxicos y al monocultivo industrializado, con gran consumo de combustibles fósiles y deforestación, que a su vez puede acabar en inundaciones con graves pérdidas para la población.

La UE, preocupada por la sostenibilidad alimentaria, señala a la agricultura de monocultivo industrial como la principal causa de pérdida de biodiversidad cultivable y la FAO también advierte que la pérdida de agro-biodiversidad es alarmante; actualmente, el 75% de la alimentación mundial se basa en 12 variedades de plantas y 5 especies animales.

Una mayor biodiversidad también contribuiría a una mayor variedad de productos frescos y mayor variedad en nuestro plato, por tanto, unos hábitos dietéticos más saludables y sostenibles, que buena falta hace.

Este modelo agrario simplificado hace a los usuarios más dependientes de las empresas comercializadoras, socava las posibilidades de buscar sistemas agrarios más resilientes, diversificados y autónomos, que son los que harán de la agricultura una profesión sostenible, ganando soberanía alimentaria para nuestro país y devolviendo la vida a nuestro maltrecho medio rural.

Si realmente se quiere luchar contra las desigualdades alimentarias, no nos hagamos más trampas al solitario y repensemos nuestro sistema agro-alimentario de forma global, no sólo en términos de producción, para ser realmente efectivos y ganar salud y sostenibilidad con las políticas alimentarias.

A nivel local, va siendo hora de ponernos a la altura del resto de Europa, que apenas destina superficie a estos cultivos ya que el 90% de los transgénicos que se cultivan en la UE los tenemos en España. Somos el único país de Europa con una cantidad significativa de superficie cultivada con OMG.

En Noruega, por ejemplo, evalúan los transgénicos también desde la utilidad social o la sostenibilidad y de momento, no han aceptado cultivar ninguno en su suelo. Francia, que tampoco los autoriza, impulsó una iniciativa comunitaria para que los alimentos transgénicos sean evaluados de forma similar a los fitosanitarios o los medicamentos.

Existen conflictos de interés en algunos organismos de la UE , de la ONU e incluso en el gobierno, y las grandes corporaciones implicadas intentan distorsionar las políticas públicas. Pero hay que intentar trasladar este debate a la sociedad civil, de forma sosegada y transparente, para que se disponga de toda la información, posibilitando así, una mayor capacidad y libertad de decisión. Se trata, en definitiva, de avanzar en soberanía alimentaria, ya que este es un tema social, político y cultural también, no sólo técnico.

Existe en nuestro país una situación alarmante que afecta a los más pequeños y está relacionada principalmente, y de forma directa, con la mala alimentación. Se trata de la elevadísima tasa de obesidad y sobrepeso infantil que afecta a un 43% de los niños y niñas españolas (24,6% de sobrepeso y 18,5% de obesidad) según el Ministerio de Sanidad. Es decir, afecta a casi uno de cada dos, y una gran parte de estos infantes seguirán con problemas de peso en la edad adulta, lo que deriva en otras muchas dolencias, mucho sufrimiento y aumento del gasto sanitario.

A la obesidad y el sobrepeso, se suma una nueva epidemia debida a los malos hábitos alimentarios; la diabetes tipo II. Los datos son escalofriantes; en EEUU, la diabetes tipo II entre niños y adolescentes representaba el 3% de todos los nuevos casos diagnosticados y en 15 años aumentó al 45%. En España, la tendencia es similar, siendo una enfermedad que normalmente afecta a mayores de 50 años, cada vez se dan más casos en menores, sobretodo obesos.

Ante este panorama, los comedores escolares juegan un papel clave en la prevención, pero según denuncian asociaciones de padres y madres de alumnos, ecologistas o la Plataforma por unos Comedores Escolares Públicos de Calidad, no están cumpliendo con este papel en la mayoría de los casos.

Hace unos meses, los nutricionistas extremeños, junto con padres y madres de alumnos, exigían que se cumpliese la legislación en materia de calidad nutricional en los menús infantiles y en la contratación de estos profesionales por parte de las empresas de catering.

Ocurre que, en los casos en los que si se contrata un nutricionista, al ser juez y parte, es decir, al formar parte de la plantilla de la empresa (y depender su sueldo de ésta) no se suelen tener en cuenta sus recomendaciones sobre calidad alimentaria. Quizás sería más oportuno que fuesen contratados por la Administración para poder salvaguardar su independencia.

Finalmente, la presión ciudadana surte efecto y se están proponiendo medidas en este sentido en la Asamblea de Extremadura.

El hecho de que la mayoría de los nuevos colegios se diseñen sin cocina propia, y que la mayor parte de los menús dependan de un puñado de grandes empresas de catering, no ayuda a paliar esta situación. Estas empresas buscan maximizar sus beneficios económicos y esto se suele hacer a costa de la calidad de los menús, ofreciendo en demasiadas ocasiones raciones pequeñas y productos ultra-procesados, muy sabrosos y baratos pero insanos.

Las características organolépticas (olor, textura, sabor, etc.) tampoco suelen ser las mismas que las que tiene la comida recién hecha. Y es que estas empresas pueden tener la comida almacenada varios días antes de servirla, a veces, transportada desde otras ciudades refrigerada, usando muchos embalajes y envases plásticos, lo cual le añade un mayor impacto medioambiental.

Los pliegos de contratación no establecen criterios mediomabientales, ni sociales, ni de cercanía y temporada, ni hablan de comprar alimentos producidos de forma más sostenible. Revitalizar la economía local y el medio rural, facilita la creación de puestos de trabajo. También incrementa las posibilidades de una producción alimentaria más sostenible y diversa, con más variedad de frutas y verduras, repercutiendo directamente en una mayor calidad nutricional de los menús.

Además, la Administración saca a concurso público la gestión de los comedores en grandes lotes, por lo que sólo las grandes empresas pueden acceder a estas contrataciones.

Por otro lado, el lobby de estas empresas de catering o restauración ha sido acusado de pactar de forma concertada en las adjudicaciones para los comedores en los colegios públicos vascos, incrementando los costos para la Administración al menos durante diez años. La Autoridad Vasca de la Competencia impuso una multa récord de 18 millones de euros a ocho de estas empresas.

La legislación permite que las AMPAS o alguna otra entidad social gestionen los comedores escolares, por lo tanto, y no con pocas dificultades, cada vez surgen más iniciativas para alimentar de forma más saludable, incluyendo la educación alimentaria y acostumbrando los paladares infantiles a todo tipo de alimentos. De hecho, desde el ámbito sanitario, los expertos piden una asignatura de alimentación en los colegios. También se ha solicitado que esta educación incluya criterios de sostenibilidad alimentaria.

Una de estas iniciativas es la de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) en Madrid, que ha ido introduciendo paulatinamente alimentos de producción agroecológica sin intermediarios en los comedores de varias colegios. Han conseguido así que el precio de los menús no se incremente de forma significativa, también facilitan la compra de estos productos a las familias y funcionarios, ofrecen un componente educativo e incluso han introducido un “día sostenible” sin proteínas de origen animal.

Un colegio de Aínsa, en la provincia de Aragón, cocina sólo alimentos ecológicos y su menú es más económico que el de cualquier empresa de catering de esa Comunidad. Del campo al cole, es una asociación sin ánimo de lucro que facilita a los centros escolares el acceso a alimentos agroecológicos para sus comedores. Trabajan el proyecto del documental Alimentando Conciencias, actualmente en fase de co-financiación. También hay iniciativas similares en Canarias ,Granada o Cataluña por nombrar sólo algunas. 

En Francia, donde también existe un auge de este tipo de comedores escolares, un municipio llegó a comparar sus propias vacas para rebajar el precio de la carne de gestión más sostenible. Reconocen que en las zonas rurales es más fácil el establecimiento de este tipo de experiencias que en los colegios de algunos distritos de París, donde hay más problemas de abastecimiento. Esto es algo en lo que se debe trabajar más, poniendo en práctica, por ejemplo, los hubs-alimentarios, y revitalizando la huerta y las granjas periurbanas.

Por todo lo expuesto, los comedores escolares podrían convertirse en la punta de lanza del cambio que necesitamos, tanto para nuestro modelo agro-alimentario, como para el dietético, ambos insostenibles desde el punto de vista medioambiental y de salud.

Antiguamente, entre los más privilegiados, estaba de moda tener la piel lo más blanca posible para no parecerse a los labradores, que al trabajar al aire libre solían tener más color. Pero no sólo tenían esa absurda moda elitista, también renegaban de los productos de la tierra, los consumidos habitualmente por el campesino; verduras, legumbres, frutas y cereales que cambiaban por productos de caza, mucho alcohol y dulces. Así terminaban algunos, con gota sin poder ni moverse.

Hoy en día, estar moreno se asocia con mejor aspecto y son las clases acomodadas las que consumen más los productos de la antigua huerta. Son asiduos a la información sobre bienestar y hábitos saludables, tienen tiempo para cocinar y hacer la compra, o lo hacen por ellos.

Mientras, el nuevo precariado, cada vez más pálido, encerrado en el centro de trabajo, consume masivamente la chatarra ultra-procesada hiper-sabrosa y calórica, a la que tan acostumbrado está su paladar y su imaginario bombardeado por la publicidad desde niños.

Adicionalmente, su poco tiempo libre no le permite planificar la compra ni los menús, y estos productos tienen un precio que encaja en los bolsillos más castigados.

Estamos ante un espeluznante escenario con dos vertientes; la desigualdad alimentaria que provoca hambre (desnutrición) y la que provoca enfermedades crónicas evitables (sobre-alimentación insana), siendo la alimentación, causante de tres cuartos de las muertes en todo el mundo. Ambas vertientes del problema tienen claras raíces políticas.

En los países ricos, donde las desigualdades internas crecen cada vez más, hay cientos de miles de personas acudiendo a los bancos de alimentación.

Al mismo tiempo, tenemos también un problema de malnutrición debido a un entorno obesogénico que causa los elevadísimos índices de obesidad y sobrepeso (casi 6 de cada 10 europeos) o diabetes tipo 2, entre otras dolencias crónicas, que causan tanto sufrimiento y disparan el gasto sanitario. Este entorno es promovido por los fabricantes de comida basura y permitido por las autoridades sanitarias.

Ambas situaciones, afectan mucho más a los más pobres de los países ricos, siendo la desigualdad el mayor factor de riesgo a la hora de enfermar.

Aunque comer sano podría ser relativamente asequible, comer mal es más barato aún con el actual modelo alimentario.

Recordemos que los problemas económicos no suelen permitir el acceso equitativo a una buena información, ni se escoge con la misma libertad lo que se consume que cuando hay tranquilidad económica.

Sin embargo, nos encontramos en un momento histórico en el que la comida sana y sostenible, no debería ser un privilegio, sino una necesidad al alcance de todos.

Mientras, en los países más pobres del planeta es donde se da la desnutrición más dramática, y también grandes índices de obesidad y sobrepeso, sobretodo en zonas urbanas. Actualmente, 870 millones de personas con desnutrición crónica coexisten con 1.400 millones de personas con sobrepeso u obesidad en nuestro planeta, según la FAO.

Es curioso que cuando hemos logrado alcanzar la mayor tasa de producción de alimentos en la historia, más que de sobra para la población mundial, el hambre prevalece. Por lo tanto, no parece ser un problema de aumentar productividad principalmente, sino de poder acceder a la producción existente.

Esta falta de acceso está ocurriendo por varios motivos, entre los que se encuentran el despilfarro bestial y absurdo de alimentos en el mundo, los tratados de libre comercio y energéticos, un oligopolio formado por un puñado de multinacionales de la Industria alimentaria y, por supuesto, las finanzas; la participación de las financieras en el mercado agrícola, era del 10% hace 20 años y ahora es del 40%. En las últimas décadas, se ha sumado también la crisis medioambiental a estas causas, provocando refugiados climáticos.

El propio sistema alimentario agro-industrial, ya es responsable de entre un 44 y un 57% de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos y depende demasiado de los hidrocarburos.

El tema ha llegado hasta la UE; se hace necesaria una “transición dietética”, tanto por nuestra salud, como por la del planeta (que al fin y al cabo, viene a ser lo mismo) abandonando productos ultra-procesados, comiendo más productos frescos de origen vegetal de cercanía y con especial atención a reducir consumo de carne, que consume una gran cantidad de recursos y es gran productor de emisiones de efecto invernadero. Es importante también, no perder de vista el origen y método de producción, tanto de la carne como de los productos de origen vegetal que consumamos.

Estos hábitos, para poder limar efectivamente las desigualdades alimentarias, necesitan acompañarse con educación nutricional, prevención en atención primaria, acceso a información clara basada en ciencia y no en intereses comerciales, medias fiscales, regulación publicitaria, etc.

Al mismo tiempo, se hace necesaria una transición hacia una agricultura local y agro-ecológica, como sugiere la FAO y la ONU, con comercio de cercanía asequible a todos los bolsillos, revitalizando el medio rural.

Todo esto, con el objetivo de poder asegurar la seguridad y soberanía alimentarias, y con capacidad de alimentar al mundo, produciendo para las necesidades reales de la gente, y no las del mercado, donde se especula tanto con el hambre como con la comida basura.

El origen del aumento de casos de diabetes tipo 2 parece estar en los malos hábitos alimentarios, donde sobresale el elevado consumo de azúcar añadido

En nuestra sociedad hemos asumido que el problema del sobrepeso y la obesidad ha alcanzado el rango de epidemia, siendo su incidencia más del doble que en los años 80. Pero estamos viendo cómo nos acercamos a otra epidemia muy relacionada con la primera; la de la diabetes tipo 2. En las últimas semanas, estamos asistiendo a un aluvión de noticias en prensa y programas de televisión relacionados con esta nueva amenaza para la salud pública. Y es que los datos son alarmantes; en EEUU la diabetes tipo 2 afectaba a un 3% de los niños y ahora se sitúa en un 45%. En España también estamos viendo cómo esta enfermedad se ve cada vez más en niños, sobre todo obesos, algo casi inédito en el pasado.

Según el consenso científico, el origen de estas dolencias parece estar en los malos hábitos alimentarios, donde sobresale el elevado consumo de azúcar añadido, tal y como recogen las últimas recomendaciones de la OMS al respecto. No sólo se lo relaciona con diabetes tipo 2, sino también con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mayor mortalidad, afectando a la presión y las grasas en sangre. Más en concreto, se ha visto que la ganancia de peso está relacionada con el consumo elevado de refrescos azucarados.

Un refresco de cola llega a tener 36 gramos de azúcar y una bebida energética puede llegar hasta los 80 gramos, mientras que las recomendaciones oficiales hablan de no superar los 25 gramos diarios para mejorar la salud. Actualmente en España se superan los 100 gramos diarios de media, más de cuatro veces por encima de las recomendaciones. Recientemente ha salido a la luz un estudio revelando que una reducción del 10 % en el precio de frutas, verduras y cereales, junto a un aumento del 10% en los refrescos con azúcar, evitaría 500.000 muertes en 20 años.

En México, uno de los pocos países en el mundo donde han adoptado un impuesto especial para estas bebidas, han conseguido disminuir sus ventas y recaudar 1.900 millones de dólares y ahora la sociedad civil pide que se aumente del 6% al 20%, la misma cifra que pide la sanidad inglesa, ante una tasa de obesidad del 25%. Hace unos años el parlamento catalán quiso gravar con un nuevo impuesto a este tipo de bebidas pero el embajador estadounidense amenazó con desinversión empresarial y fue suficiente para que al final no se presentase dicho impuesto, dejando a un lado las consideraciones de salud pública.

El año pasado se destapó que Coca-Cola financiaba estudios “científicos” para restar importancia a las consecuencias de una excesiva ingesta de azúcar añadido, y desviar la atención hacia la actividad física (una condición indispensables pero no suficiente).

Una investigación señaló en 2014 que las conclusiones de los trabajos que analizaban la relación entre consumo de refrescos y aumento de peso eran muy diferentes en función de si se habían financiado o no por compañías del sector.

Por su parte, Consejo Internacional de Asociaciones de Bebidas (ICBA), rechaza las recomendaciones de la OMS, aduciendo que “no existe una base científica para el tratamiento de los azúcares libres de manera diferente que los azúcares intrínsecos.”

Es decir, equiparan los azúcares añadidos en un refresco, con los intrínsecos de una pieza de fruta, por ejemplo, algo completamente disparatado. El equivalente español a la ICBA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes (Anfabra) que representa a la patronal del sector, indica a través de su presidente Josep Puxeu, que el “azúcar no es el nuevo tabaco”, indignándose al oír hablar de aplicar impuestos a estas bebidas, porque es algo “opcional”.

Mucho ojo con pensar que al escoger la versión “light”, “diet” o “zero”, nos estamos librando de los efectos perjudiciales del azúcar añadido, ya que los últimos estudios indican que no es así. Se está viendo que los edulcorantes artificiales sin calorías contribuyen a la ganancia de peso por mecanismos neurológicos de recompensa, “despistan a nuestro organismo” produciendo desajustes hormonales al dar la señal de dulzor a nuestro cuerpo pero sin aportar azúcar ni calorías. También se les relaciona con intolerancia a la glucosa al alterar nuestra microbiota (bacterias de nuestro intestino) de forma perjudicial.

La falta de voluntad política para atajar esta situación en nuestro país es clamorosa, con casos de puertas giratorias entre la administración y las empresas del sector o sociedades vinculadas a éstas y legislaciones hechas al gusto de los intereses de la industria. El propio Josep Puxeu, presidente de Anfabra, fue secretario de Estado de Medio Rural y Agua con el PSOE hasta 2011, después de haber sido también Secretario General de Agricultura y Alimentación y Director General de Política Alimentaria, pasando, por tanto, de defender los intereses de todos sobre la alimentación y el agua, a defender a capa y espada los intereses de la patronal del refresco.

Pero no es el único caso, la antigua directora de la Agencia española de seguridad alimentaria (AECOSAN), durante el mandato de la ex-ministra de sanidad del PP, Ana Mato, era, ni más ni menos, que directora científica de Coca-cola España. Algo que levantó ampollas en el organismo de seguridad alimentaria de la UE, la EFSA, temiendo conflictos de interés durante su gestión. Otro ejemplo, muy recurrente en lo medios de comunicación, es el de la Dra. Gómez Candela, jefa de Sección de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de La Paz y miembro del Comité Científico del Instituto de Estudios del Azúcar y la Remolacha (IEDAR), que, cómo no, tiene una opinión distinta a la expuesta en este artículo sobre la responsabilidad del azúcar en las enfermedades crónicas descritas.

Es la agencia española de seguridad alimentaria, AECOSAN, dependiente del Ministerio de Sanidad, la que ha lanzado en los últimos años toda una batería de planes y estrategias financiadas con el dinero de todos y cuyo objetivo final no es en realidad proteger la salud pública, sino lavarle la cara a la comida basura de la industria alimentaria. Algunos ejemplos serían; la estrategia NAOS, para sensibilizar a la población sobre el problema que representa la obesidad y promover hábitos saludables, premió a Gallina Blanca, una de las principales empresas del sector de la comida precocinada.

Tenemos también el Plan Havisa, un entramado de agencias de publicidad, medios de comunicación y empresas del sector alimentario, que, junto a AECOSAN (Ministerio de Sanidad), han acordado añadir mensajes para promocionar hábitos saludables en la publicidad; básicamente actividad física y mensajes ambiguos en letra minúscula sobre el faldón del anuncio televisivo, no se tocan temas sobre calidad nutricional o sobre sus ingredientes. Eso si, la marca que sea se ha ganado el logotipo del Ministerio de Sanidad en su publicidad. Por último, el código PAOS, un código de autorregulación en la publicidad de productos alimentarios dirigidos a menores, también promovido por AECOSAN, en el que las empresas son las que deciden como regular su propia publicidad, es de libre adhesión, se incumple impunemente de forma sistemática y no recoge las recomendaciones de la OMS sobre publicidad alimentaria dirigida a niños. También podríamos hablar de los múltiples lazos de sociedades médicas, nutricionales y científicas con la industria alimentaria, pero no tendría fin el artículo. De hecho, la prestigiosa revista científica BMJ (British Medical Journal) ha publicado un informe que detalla estos vergonzosos acuerdos en nuestro país.

Cabe destacar que el denominador común y el mayor factor de riesgo de estas enfermedades es la desigualdad socioeconómica y el entorno obesogénico. Por ello, mientras no se garantice una información oficial fiable e independiente, tal y como pide la actual directora de la OMS, mientras no se acabe con este entorno obesogénico, las grandes desigualdades socioeconómicas, invertir más en prevención y no permitir que los productos alimenticios más insanos sean cada vez más baratos y los más saludables cada vez más caros, no se está en condiciones de elegir o no libremente los hábitos saludables.La realidad es que el estudio ALADINO publicó que en 2013 el 43% de la infancia española presentaba sobrepeso (24.6%) u obesidad (18.5%). Casi uno de cada dos.

Asociaciones de consumidores, la Organización Mundial de la Salud, pediatras y sociólogos exigen un cambio de normativa. La OMS señala que cerca del 50% de los anuncios de comida en televisión, a los que los niños se exponen, promocionan productos ricos en grasas, azúcares y sal. Habría que ir más allá del impuesto y complementarlo prohibiendo (si, prohibiendo totalmente) la publicidad de productos insanos dirigidos a niños en todos sus formatos (TV, Web, carteles, paquetes de productos, etc) e incluso se podría proponer un cartel en el envase advirtiendo de los daños a la salud y el medioambiente para desincentivar su consumo de forma masiva. La Academia Americana de Pediatría indica que “existe suficiente evidencia para desterrar la publicidad de comida basura o comida rápida de la programación televisiva infantil”. En Inglaterra o México, con tasas de obesidad escandalosas, ya han prohibido totalmente la publicidad de comida basura en horario infantil. ¿Acaso están permitidos los anuncios de alcohol o tabaco a menores? ¿Hay motivos para distinguirlos de la comida basura? La ciencia dice que no.