elDiario.es - Salma Cantos Salah

Código de Buen Gobierno: ¿de sentido común?

Salma Cantos Salah — Fri, 15 Jul 2016 16:27:25 +0000

El estado actual de gestión de los asuntos públicos reclama un sobreesfuerzo en focalizar y dibujar el escenario público ideal al que aspiramos

La mayoría de veces, en la vida, los problemas se pueden afrontar con simple sentido común. “Sentido común” es un binomio semántico bello. Pone de manifiesto que generalmente el criterio que adoptaría la mayoría es el adecuado e idóneo para el caso planteado. Ahora bien, ¿es positivo hablar mucho de sentido común? Si es tan común, ¿no debería hacer falta hablar de él? Si apelamos a él, ¿es porque está ausente? ¿Porque no es tan común? Seguramente lo mismo es lo que deberíamos plantearnos cuando nuestros legisladores, estatal y autonómico valenciano, han decidido aprobar normas sobre buen gobierno.

Ya lo dice el Código Civil (con una expresión sexista que no voy a transcribir, sino que directamente voy a superar): en el mundo del Derecho, se presume y espera de las personas que actúen y gestionen los asuntos con la diligencia de “una buena madre de familia”. Es decir, nuestras normas de Derecho privado regulan expresa, aunque puntualmente, cómo las personas deben afrontar algunas obligaciones, al señalar que se debe hacer con mucha diligencia. Se podría decir que es de sentido común que así se haga, especialmente cuando alguien gestiona o cuida asuntos de otras personas. En el ámbito privado tenemos numerosas experiencias sobre normas de buen gobierno (véase el análisis comparativo realizado por Ferruz Agudo, Marco Sanjuán, Acero Fraile.

Y qué ha pasado con lo público, con lo que es de todas las personas. Por qué ha sido necesario regular expresa y profusamente, la ética en la gestión de lo público. En realidad, es una pregunta que a la vista de la realidad que nos rodea, por desgracia, no precisa respuesta, pero sí sugiero reflexión.

Se presume de democracias maduras, cuando éstas disponen de “bonitas” normas sobre transparencia y buen gobierno, si bien, en realidad, la regulación al detalle de ideas sobre cómo debemos gestionar lo público pone en evidencia las grandes carencias que tenemos, especialmente en aspectos que versan sobre ética, moral e integridad.

Algunas normas sobre buen gobierno

A lo largo de los últimos años, hemos ido encontrado en el panorama legal español diversas normas que han ido flirteando con la ordenación ética de la gestión pública y el buen gobierno. Destacamos una Orden del año 2005 (estatal), que recogía tímidamente alguna pauta sobre el buen gobierno y algunos principios que han sido desarrollados. Si paseamos por las comunidades autónomas y administraciones locales, vamos encontrando diversas referencias normativas aprobadas.

La Ley 4/2006, de transparencia y de buenas prácticas en la Administración pública gallega (una de las pioneras en España), ya recogía como principio el suministro de información constante, veraz, objetiva y clara; señalaba también el fomento de la participación pública y, en particular, aludía a conceptos como “diálogo abierto” con asociaciones y sociedad civil. También recogía una serie de principios de actuación -buen gobierno-, en los que exigía un comportamiento ético; actuación con lealtad e integridad y conducta digna. Todos estos conceptos e ideas están siendo actualmente profundizados por diversas normas.

Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra, también se adelantó al legislador estatal, mediante su Ley Foral 11/2012, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, de Navarra.

A nivel estatal fue en el año 2013 cuando, por fin, se aprobó la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aunando en un solo cuerpo legal aspectos de buena gobernanza, con transparencia. Por lo que respecta al buen gobierno, esta norma avanzó sustancialmente al dar rango de ley a algunos de los principios recogidos en la Orden del 2005 -si bien, sorprendentemente, no todos-. Asimismo, se introdujo un régimen jurídico sancionador en materia de buen gobierno -aunque, en mi opinión, criticablemente no se hizo así en materia de transparencia, de donde venimos de un normalizado incumplimiento de derechos de los ciudadanos, que evidenciaba su necesidad-. Bienvenida es toda positivización normativa sobre el buen gobierno, ahora bien, el régimen jurídico de buen gobierno previsto por la Ley, adolecía, en mi opinión, no sólo de carencias, sino incluso de algún punto jurídicamente preocupante.

El legislador estatal agrupó en dos bloques de principios las pautas sobre el buen gobierno: “Principios generales” y “Principios de Actuación”. Los “Principios generales” podían haber sido ampliamente desarrollados, ya que -como indicaba- éstos no llegaron ni a incluir todos los previstos por la Orden de 2005 (entre otros, credibilidad, honradez, ejemplaridad y austeridad -últimos dos, citados en el Preámbulo, pero no en el texto articulado-). Por otro lado, los “Principios de actuación” recogían una serie de comportamientos que no sólo no representan el ideal, sino que, de no ser cumplidos, varios de ellos incluso supondrían la comisión de diversos tipos delictivos (tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, cohecho impropio, malversación, revelación de secretos, etc.). El legislador estatal, lejos de desarrollar ampliamente un paradigma y modelo ideal de gobernanza, unas normas que sirvan de auténtica guía de proceder público, se ciñó a reproducir principios ya aprobados, e introducir otro grupo de Principios -llamados “de actuación”-, que en lugar de describir y desarrollar el correcto proceder, enumeran todo lo no debe hacerse; a modo de una especie de confusión entre el bien y el mal, que el legislador no pareció tener muy ubicado. Ya que el bien, y en particular el paradigma del bien común, no se debe definir con no hacer el mal.

Esta descripción de conductas que no deben llevarse a cabo, que están expresamente previstas como infracciones, podría permitir discutir jurídicamente si la comisión de algunas de las mismas -que, como he indicado, se corresponde con tipos delictivos- debe enjuiciarse o castigarse mediante un procedimiento administrativo o través del proceso penal (discusión que, hasta la fecha, no está suscitando debates).

Continuando con posteriores reformas estatales, el pasado año se aprobó la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, que inserta un relevante trámite que afecta al buen gobierno, como es el procedimiento de participación pública en la elaboración de normas (aunque como tantas veces, el legislador ha introducido excepciones mediante “conceptos jurídicos indeterminados” que admiten interpretaciones). También en 2015, se aprobó el Texto Refundido del Estatuto del empleado público, que recogía diversos valores e ideas en torno a la buena gestión pública: integridad, austeridad, honradez, lealtad institucional.

Con posterioridad a la aprobación de la Ley estatal, han sido diversas las normas autonómicas aprobadas en materia de transparencia. Es de interés el análisis hecho por Concepción Campos Acuña.

En el ámbito local, también son muchas las experiencias de regulación del buen gobierno que han ido y están proliferando. Por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, en 2015, se aprobó un Código de buen gobierno local. Y son muchos los Ayuntamientos que están trabajando en ello: Álava, Huelva, Marbella, Bilbao, etc., etc. (sobre el caso de Bilbao, véase los comentarios de Rafael Jiménez Asensio.

Y qué ha sucedido en la Comunidad Valenciana. Nuestro anterior legislador aprobó la Ley 2/2015, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana. A pesar de la -permítaseme la expresión- escasez del legislador estatal en algunos aspectos, el legislador autonómico aprobó una norma que superó el umbral de derechos establecidos a nivel estatal, especialmente en el ámbito de la transparencia; estableció un régimen sancionador en materia de incumplimiento; mejoró umbrales económicos en materia de publicidad de ayudas e insertó un relevante silencio positivo en acceso a la información pública. En materia de buen gobierno, sin embargo, la ley valenciana básicamente reprodujo el esquema estatal, apenas añadiendo poco más, y habilitando a la Administración a hacer el oportuno desarrollo reglamentario.

Y por fin, Código de buen gobierno para la Generalitat

Pues bien, en el marco de dicha habilitación, el DOCV del pasado 13 de mayo de 2016 publicaba el Decreto 56/2016, que aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat Valenciana. El Código es de aplicación para todos los altos cargos de la Generalitat y todo su sector publico, quienes se tienen que adherir individualmente. Asimismo, prevé la adhesión voluntaria de los miembros de la Administración local.

Nos felicitamos. El Código aprobado supone un autentico alarde de complitud legal de criterios éticos y guía de comportamiento ejemplar. Podemos afirmar que el Código aprobado es una guía integral de buen hacer, que positiviza, regula y sistematiza numerosas pautas de sentido común en la gestión de lo público. A diferencia de las leyes estatales y autonómicas, parece tener muy bien calibrada la balanza o línea que separa el bien y el mal, y elabora una propuesta de actuación en términos asertivos. El estado actual de gestión de los asuntos públicos reclama un sobreesfuerzo en focalizar y dibujar el escenario público ideal al que aspiramos. Para ello, contribuye la existencia de un código que positivice y -como el mismo indica- sirva de guía para ese proceder que esperamos en la gestión de lo público. El Código aprobado ha sabido recoger ideales, valores, paradigmas, modelos, y un largo etcétera de aspectos que regula con amplitud y desde una perspectiva integral.

Las pautas recogidas en el Código se estructuran en torno a 4 ejes: I) valores democráticos y sociales; II) integridad y ejemplaridad; III) sobriedad; y IV) gobierno abierto y buena administración. En esta ocasión, la Administración (que no el legislador, dado el carácter reglamentario del Código) ha sabido desmenuzar al detalle la descripción del paradigma al que aspiramos. No escatima en recoger conceptos, ideas, valores, maneras, que aportan un alto valor: “un festín de gobierno responsable y sentido común”. A lo largo de 50 artículos se establecen pautas en torno a los 4 ejes citados, insertando matices innovadores en el lenguaje del comportamiento en la gestión pública, y siendo estándares mínimos.

Se recogen todos los valores democráticos más profundos, previstos en nuestra Constitución y todos los invocados con carácter general en las legislaciones de buen gobierno, haciendo un exhaustivo repaso de perspectivas y actuaciones para un buen gobierno.

En el primero de los ejes -valores democráticos y sociales- se hace expresa mención al respeto a los derechos humanos, enumerando todas las normas internacionales más esenciales; se habla, no sólo de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, sino que se va más allá, previendo que se “removerán los obstáculos”; invitando, pues, a un comportamiento pro-activo y aludiendo al uso de un lenguaje inclusivo. Se recoge como pauta el respeto al conocimiento científico-técnico, instando a abstenerse de sostener opiniones contrarias a ello; esto es de suma importancia, ya que supone un auténtico compromiso con el conocimiento técnico. Igualmente, se ordena con acierto el papel de los actos políticos en relación a servicios públicos y, en particular, se establecen pautas para evitar que tales se conviertan en méritos políticos, evitando la instalación de placas conmemorativas propias, por quien ha promovido la instalación, o impidiendo la celebración de actos de inauguración de obras o servicios que no estén en funcionamiento (colocación de “primera piedra”); reduciendo la intervención política a la verificación del funcionamiento del servicio público.

En el segundo de sus ejes, integridad y ejemplaridad, se contempla la necesitada ejemplaridad, insertando expresiones como “ser una referencia”. En efecto, referentes públicos es lo que hace falta. Con ocasión de la ejemplaridad, Borja Colón nos recuerda que las acciones inspiran más confianza que los discursos. Nos recuerda la importancia de predicar con el ejemplo y, especialmente, del valor que tienen los hechos, y no la palabra.

Se refiere también a la asunción de responsabilidad política; aunque sin embargo no está previsto en el Código, ni desarrollado en nuestro ordenamiento, qué es la responsabilidad política, ni cómo se depura. También se prevé una serie de pautas sobre la relación con los medios y la participación en actos públicos, utilizando criterios de “ponderación”. El fin aparenta ser muy idóneo, si bien no se indica cuáles son los criterios a ponderar.

En el tercero de sus ejes, sobre la Sobriedad, se insertan estrictas pautas en el uso de los recursos públicos (a mi juicio, algunas excesivas), sobre el detalle que debe darse, por ejemplo, de los desplazamientos en taxi (no olvidemos el principio de eficiencia que debe imperar, debiendo haber proporcionalidad en los recursos que se dedican para dar ese tipo de detalle).

Y es en el cuarto y último eje, gobierno abierto y buena administración, donde se recogen numerosas ideas innovadoras en relación al buen gobierno, por cuya inserción en el Código nos debemos felicitar como colectivo. Se habla de una gestión equitativa de los recursos, dando prioridad al bienestar de la ciudadanía (expresión novedosa); en ese interés y preocupación por la ciudadanía encontramos 3 artículos donde apreciamos una nueva manera de gestión pública. Se habla de Administración relacional y dialogante; diálogo abierto y transparente; grupos de interés de la sociedad valenciana; se habla de líderes cívicos -expresión que me entusiasma, pues supone reconocer una importante legitimidad a la ciudadanía y sociedad, como actores-. Todo ello, para cerrar el apartado con un “colofón”, bajo la rúbrica “relación con el personal de la institución” se insertan pautas basadas en una auténtica motivación del personal al servicio de las instituciones públicas, tan necesitado de aliento. Se alude al fomento del reconocimiento del trabajo bien hecho (de sentido común); involucración con el personal, y en especial se menciona una cultura de la innovación, basada en la creatividad, implicación y mejora continua. En mi opinión, el broche final del Código. Una cultura y valores poco frecuentes en la gestión de la Administración que son más que bienvenidos.

Sobre implicación de los empleados públicos, Víctor Almonacid (en su blog), recoge alguna idea en un borrador de Código de un Ayuntamiento. De modo simpático, a la par que consciente de la importancia la gestión de personas, dice que el interior de las organizaciones públicas es un ecosistema complejo.

En la última parte del Código se desarrolla el régimen jurídico sobre las declaraciones de bienes, derechos y actividades, con el Registro de Actividades y Bienes y Derecho patrimoniales de Altos cargos de la Administración de la Generalitat y de su Sector Público. En cuanto a la declaración de bienes, interesa destacar el umbral de 3.000 que se fija; así como la posibilidad de que las parejas o personas análogas, también puedan hacer las declaraciones; lo cual dota de mayor transparencia esta medida.

En cuanto a las consecuencias de un eventual incumplimiento del Código, el mismo se remite a la normativa legal, lo que implica que el incumplimiento de las pautas previstas en el Código de buen gobierno no tendrá consecuencias jurídicas. Las referidas leyes tienen unas infracciones acotadas, que tampoco han sido desarrollas por el Código. En todo caso, debe señalarse que algunas de las obligaciones previstas en el Código, dado su cariz moral y ético -en algunos casos- de apreciación subjetiva, tendrían un difícil encaje en un régimen sancionador.

Salma Cantos Salah es Profesora Derecho Administrativo de la Universidad Politécnica de Valencia. Abogada. Especialista en Derecho Público y Politóloga

Codi de bon govern: de sentit comú?

Salma Cantos Salah — Fri, 15 Jul 2016 16:25:59 +0000

L'estat actual de la gestió dels afers públics reclama un sobreesforç per focalitzar i dibuixar l'escenari públics ideal al qual aspirem

La majoria de les vegades, en la vida, els problemes es poden afrontar amb simple sentit comú. “Sentit comú” és un binomi semàntic bell. Posa de manifest que generalment el criteri que adoptaria la majoria és l’adequat i l’idoni per al cas plantejat. Ara bé, és positiu parlar molt de sentit comú? Si és tan comú, no hauria de fer falta parlar-ne? Si hi apel·lem, és perquè està absent? Perquè no és tan comú? Segurament el mateix és el que hauríem de plantejar-nos quan els nostres legisladors, estatal i autonòmic valencià, han decidit aprovar normes sobre bon govern.

Ja ho diu el Codi civil (amb una expressió sexista que no transcriuré, sinó que directament superaré): en el món del dret, es presumeix i s’espera de les persones que actuen i gestionen els assumptes amb la diligència d’“una bona mare de família”. És a dir, les nostres normes de dret privat regulen expressament, encara que puntualment, la manera com les persones han d’afrontar algunes obligacions, pel fet que assenyala que s’ha de fer amb molta diligència. Es podria dir que és de sentit comú que es faça així, especialment quan algú gestiona o té cura d’assumptes d’altres persones. En l’àmbit privat, tenim nombroses experiències sobre normes de bon govern (vegeu l’anàlisi comparativa feta per Ferruz Agut, Marco Sanjuán, Acero Fraile).

I què ha passat amb allò públic, amb allò que és de totes les persones. Per què ha calgut regular expressament i profusament l’ètica en la gestió d’allò públic. En realitat, és una pregunta que a la vista de la realitat que ens envolta, per desgràcia, no necessita resposta, però sí que suggereix reflexió.

Es presumeix de democràcies madures quan disposen de “belles” normes sobre transparència i bon govern, si bé, en realitat, la regulació al detall d’idees sobre la manera com hem de gestionar allò públic posa en evidència les grans carències que tenim, especialment, en aspectes que versen sobre ètica, moral i integritat.

Algunes normes sobre bon govern

Al llarg dels últims anys, hem anat trobat en el panorama legal espanyol diverses normes que han anat flirtejant amb l’ordenació ètica de la gestió pública i el bon govern. Destaquem una ordre de l’any 2005 (estatal) que recollia tímidament alguna pauta sobre el bon govern i alguns principis que han estat desplegats. Si passegem per les comunitats autònomes i les administracions locals, anem trobant diverses referències normatives aprovades.

La Llei 4/2006, de transparència i de bones pràctiques en l’Administració pública gallega (una de les pioneres a Espanya), ja recollia com a principi, el subministrament d’informació constant, veraç, objectiva i clara; assenyalava també el foment de la participació pública i, en particular, al·ludia a conceptes com diàleg obert amb associacions i societat civil. També recollia una sèrie de principis d’actuació –bon govern–, en què exigia un comportament ètic; actuació amb lleialtat i integritat i conducta digna. Tots aquests conceptes i idees són actualment aprofundits per diverses normes.

De la seua banda, la Comunitat Foral de Navarra també es va avançar al legislador estatal, mitjançant la seua Llei foral 11/2012, de la transparència i del govern obert, de Navarra.

A escala estatal va ser l’any 2013 que, per fi, es va aprovar la Llei 19/2013, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que unia en un sol cos legal aspectes de bona governança, amb transparència. Pel que fa al bon govern, aquesta norma va avançar substancialment pel fet de donar rang de llei a alguns dels principis recollits en l’Ordre del 2005 –si bé, sorprenentment, no tots–. Així mateix, es va introduir un règim jurídic sancionador en matèria de bon govern –encara que, al meu parer, criticablement no es va fer així en matèria de transparència, d’on venim d’un incompliment normalitzat de drets dels ciutadans, que n’evidenciava la necessitat–. Benvinguda és tota positivització normativa sobre el bon govern, ara bé, el règim jurídic de bon govern previst per la llei, patia, a parer meu, no sols de carències, sinó fins i tot d’algun punt jurídicament preocupant.

El legislador estatal va agrupar en dos blocs de principis les pautes sobre el bon govern: “Principis generals” i “Principis d’actuació”. Els “Principis generals” es podien haver desplegat àmpliament, ja que –com indicava– aquests no van arribar ni a incloure tots els previstos per l’Ordre del 2005 (entre altres, credibilitat, honradesa, exemplaritat i austeritat –els dos darrers, esmentat en el Preàmbul, però no en el text articulat–). D’altra banda, els “Principis d’actuació” recollien una sèrie de comportaments que no sols no representen l’ideal, sinó que, si no es compleixen, uns quants, fins i tot, suposarien la comissió de diversos tipus delictius (tràfic d’influències, prevaricació, suborn, suborn impropi, malversació, revelació de secrets, etc.). El legislador estatal, lluny de desplegar àmpliament un paradigma i model ideal de governança; unes normes que servisquen d’autèntica guia de la manera pública de procedir, es va cenyir a reproduir principis ja aprovats, i introduir un altre grup de principis –anomenats “d’actuació”–, que en compte de descriure i desplegar la manera correcta de procedir, enumeren tot el que no ha de fer-se; a manera d’una mena de confusió entre el bé i el mal, que el legislador no semblava que tenia gaire situat. Ja que el bé, i en particular, el paradigma del bé comú, no s’ha de definir amb no fer el mal.

Aquesta descripció de conductes que no han de dur-se a terme, que estan expressament previstes com a infraccions, podria permetre discutir jurídicament si la comissió d’algunes –que, com he indicat, es correspon amb tipus delictius–, ha d’enjudiciar-se o castigar-se mitjançant un procediment administratiu o través del procés penal (discussió que, fins hui, no suscita debats).

Continuant amb reformes estatals posteriors, l’any passat es va aprovar la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú, que insereix un tràmit rellevant que afecta el bon govern, com és el procediment de participació pública en l’elaboració de normes (encara que, com tantes vegades, el legislador hi ha introduït excepcions mitjançant “conceptes jurídics indeterminats” que admeten interpretacions). També el 2015 es va aprovar el text refós de l’Estatut de l’empleat públic, que recollia diversos valors i idees al voltant de la bona gestió pública: integritat, austeritat, honradesa, lleialtat institucional.

Després de l’aprovació de la Llei estatal, han estat diverses les normes autonòmiques aprovades en matèria de transparència. És d’interés l’anàlisi feta per Concepción Campos Acuña.

En l’àmbit local, també hi ha moltes experiències de regulació del bon govern que han anat i estan proliferant. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, el 2015, va aprovar un Codi de bon govern local. I hi ha molts ajuntaments que a hores d’ara treballen en això: Àlaba, Huelva, Marbella, Bilbao, etc., etc. (sobre el cas de Bilbao, vegeu els comentaris de Rafael Jiménez Asensio.

I què ha passat a la Comunitat Valenciana. El nostre anterior legislador va aprovar la Llei 2/2015, de transparència, bon govern i participació ciutadana. A pesar de la –permeteu-me l’expressió– escassetat del legislador estatal en alguns aspectes, el legislador autonòmic va aprovar una norma que va superar el llindar dels drets establits a escala estatal, especialment, en l’àmbit de la transparència; va establir un règim sancionador en matèria d’incompliment; va millorar llindars econòmics en matèria de publicitat d’ajudes i va inserir un rellevant silenci positiu en accés a la informació pública. En matèria de bon govern, no obstant això, la llei valenciana bàsicament va reproduir l’esquema estatal, a penes amb algun afegit, i habilitava l’Administració a fer-ne el desplegament reglamentari oportú.

I per fi, Codi de bon govern per a la Generalitat

Doncs bé, en el marc d’aquesta habilitació, el DOCV del 13 de maig de 2016 publicava el Decret 56/2016, que aprova el Codi de bon govern de la Generalitat. El Codi és d’aplicació per a tots els alts càrrecs de la Generalitat i tot el seu sector públic, que s’hi han d’adherir individualment. Així mateix, preveu l’adhesió voluntària dels membres de l’Administració local.

Ens felicitem. El Codi aprovat suposa una autèntica ostentació de compleció legal de criteris ètics i guia de comportament exemplar. Podem afirmar que el Codi aprovat és una guia integral de bon fer, que positivitza, regula i sistematitza nombroses pautes de sentit comú en la gestió d’allò públic. A diferència de les lleis estatals i autonòmiques, sembla que té molt ben calibrada la balança o línia que separa el bé i el mal, i elabora una proposta d’actuació en termes assertius. L’estat actual de gestió dels assumptes públics reclama un sobreesforç a focalitzar i dibuixar l’escenari públic ideal a què aspirem. Per a fer-ho, contribueix l’existència d’un codi que positivitze i –com ell mateix indica– servisca de guia, per a aqueixa manera de procedir que esperem en la gestió d’allò públic. El Codi aprovat ha sabut recollir ideals, valors, paradigmes, models i un llarg etcètera d’aspectes que regula amb amplitud i des d’una perspectiva integral.

Les pautes recollides en el Codi s’estructuren al voltant de 4 eixos: I) valors democràtics i socials; II) integritat i exemplaritat; III) sobrietat; i IV) govern obert i bona administració. En aquesta ocasió, l’Administració (que no el legislador, atés el caràcter reglamentari del Codi), ha sabut esmicolar al detall la descripció del paradigma a què aspirem. No escatima d’arreplegar conceptes, idees, valors, maneres, que aporten un valor alt: “un festí de govern responsable i sentit comú”. Al llarg de 50 articles s’estableixen pautes al voltant dels 4 eixos esmentats, s’hi insereixen matisos innovadors en el llenguatge del comportament en la gestió pública, i són estàndards mínims.

S’hi recullen tots els valors democràtics més profunds, previstos en la nostra Constitució i tots els invocats amb caràcter general en les legislacions de bon govern, i fa un exhaustiu repàs de perspectives i actuacions per a un bon govern.

En el primer dels eixos –valors democràtics i socials– es fa una menció expressa al respecte dels drets humans, i s’enumeren totes les normes internacionals més essencials; s’hi parla, no sols de la promoció de la igualtat entre dones i homes, sinó que va més enllà preveu que es “remouran els obstacles”; convida, doncs, a un comportament proactiu i al·ludeix a l’ús d’un llenguatge inclusiu. S’hi recull com a pauta el respecte al coneixement cientificotècnic, i s’insta a abstenir-se d’afirmar opinions contràries a això; això té la màxima importància, ja que suposa un compromís autèntic amb el coneixement tècnic. Igualment, s’hi ordena amb encert el paper dels actes polítics, en relació a serveis públics i, en particular, s’hi estableixen pautes per a evitar que aquests actes esdevinguen mèrits polítics, evitant la instal·lació de plaques commemoratives pròpies per qui ha promogut la instal·lació o impedint la celebració d’actes d’inauguració d’obres o de serveis que no estiguen en funcionament (col·locació de “primera pedra”); redueix la intervenció política a la verificació del funcionament del servei públic.

En el segon dels seus eixos, integritat i exemplaritat, es preveu l’exemplaritat tan necessitada, inserint expressions com “ser una referència”. En efecte, referents públics és el que fa falta. En ocasió de l’exemplaritat, Borja Colón ens recorda que les accions inspiren més confiança que els discursos. Ens recorda la importància de predicar amb l’exemple i, especialment, del valor que tenen els fets, i no la paraula.

S’hi refereix també a l’assumpció de responsabilitat política; tot i que, tanmateix, no està previst en el Codi, ni desplegat en el nostre ordenament, què és la responsabilitat política, ni com es depura. També s’hi preveuen una sèrie de pautes sobre la relació amb els mitjans i la participació en actes públics, utilitzant criteris de “ponderació”. La finalitat sembla ser molt idònia, si bé no s’indica quins són els criteris que cal ponderar.

En el tercer dels seus eixos, sobre la sobrietat, s’insereixen pautes estrictes en l’ús dels recursos públics (a parer meu, algunes d’excessives), sobre el detall que ha de donar-se, per exemple, dels desplaçaments en taxi (no oblidem el principi d’eficiència que ha d’imperar, i que ha d’haver-hi proporcionalitat en els recursos que es dediquen per a donar aqueixa mena de detall).

I és en el quart i últim eix, govern obert i bona administració, on es recullen nombroses idees innovadores pel que fa al bon govern, per la inserció de les quals en el Codi ens hem de felicitar com a col·lectiu. Es parla d’una gestió equitativa dels recursos, donant prioritat al benestar de la ciutadania (expressió nova); en aqueix interés i preocupació per la ciutadania trobem 3 articles on percebem una manera nova de gestió pública. Es parla d’Administració relacional i dialogant; diàleg obert i transparent; grups d’interés de la societat valenciana; es parla de líders cívics –expressió que m’entusiasma, perquè suposa reconéixer una legitimitat important a la ciutadania i a la societat com a actors–. Tot això, per a cloure l’apartat, amb un “colofó”: sota la rúbrica “relació amb el personal de la institució” s’insereixen pautes basades en una autèntica motivació del personal al servei de les institucions públiques, tan necessitat d’alé. S’al·ludeix al foment del reconeixement de la faena ben feta (de sentit comú); involucrament amb el personal; i, en especial, s’hi esmenta una cultura de la innovació, basada en la creativitat, la implicació i la millora contínua. A parer meu, el coronament final del Codi. Una cultura i uns valors poc freqüents en la gestió de l’Administració que són més que benvinguts.

Sobre la implicació dels empleats públics, Víctor Almonacid (en el seu blog), recull alguna idea en un esborrany de Codi d’un ajuntament: De manera simpàtica, alhora que conscient de la importància de la gestió de persones, diu que l’interior de les organitzacions públiques és un ecosistema complex.

En l’última part del Codi es desplega el règim jurídic sobre les declaracions de béns, drets i activitats, amb el Registre d’activitats i béns i dret patrimonials d’alts càrrecs de l’administració de la generalitat i del seu sector públic. Quant a la declaració de béns, interessa destacar el llindar de 3.000 que es fixa; així com la possibilitat que les parelles o persones anàlogues també puguen fer les declaracions; la qual cosa dota de més transparència aquesta mesura.

Pel que fa a les conseqüències d’un incompliment eventual del Codi, ell mateix es remet a la normativa legal, la qual cosa implica que l’incompliment de les pautes previstes en el Codi de bon govern no tindrà conseqüències jurídiques. Les lleis esmentades tenen unes infraccions fitades que tampoc ha desplegat el Codi. En tot cas, ha d’assenyalar-se que algunes de les obligacions previstes en el Codi, atés el seu caire moral i ètic –en alguns casos– d’apreciació subjectiva, tindrien un encaix difícil en un règim sancionador.

Salma Cantos Salah és professora de dret administratiu en la Universitat Politècnica de València, advocada, especialista en dret públic i politòloga.