Si no limpiáramos nuestros hogares, no nos preocupásemos de lo que hay que comprar para que la nevera esté abastecida o no se cuidara a familiares dependientes, nuestras vidas colapsarían y la economía se desplomaría. La COVID y millones de personas intentando llevar a buen puerto la imposible tarea de trabajar mientras se atiende a niños y niñas sin cole, han servido para darnos cuenta de algo que no por obvio era menos invisible: sin trabajo de cuidados no hay nada. Y, por ende, sin las personas que los prestan, a pesar de lo minusvaloradas que están, el mundo se para.

La forma en la que repartimos los trabajos de cuidado en nuestra sociedad genera injusticias, desigualdad y pobreza. Su repercusión más obvia es la posición de desventaja de las mujeres en el mercado laboral: menos actividad, más paro, carreras laborales interrumpidas y una presencia desproporcionada en empleos con salarios bajos, en contratos a tiempo parcial o temporales. La penalización por cuidar se deja sentir si se intenta mantener el empleo y también si se renuncia totalmente a él en forma de pensiones más bajas.

Pero a esta injusticia se añade otra de la que se habla menos: la generación de un sector laboral en la sombra y lleno de vidas rotas; el sector laboral más precario de nuestro precario mercado laboral, las trabajadoras del hogar y cuidados empleadas directamente por las familias. Un colectivo que supone el 5% de todas las trabajadoras en España, nada más y nada menos que medio millón de mujeres. 

Ante la ausencia de una respuesta por las Administraciones Públicas, las familias hemos externalizado a bajo coste el cuidado de nuestros hogares y de quienes más queremos en un modelo de reparto de estas tareas muy particular, prácticamente excepcional dentro de Europa. Según un informe de UGT, el 28% de todas las trabajadoras del hogar empleadas por un hogar particular en la UE trabajan en España. 

En aquellos países donde el cuidado de, por ejemplo, personas dependientes o ancianos se ha puesto en manos de servicios públicos con una mucho mayor inversión, el número de trabajadoras del hogar se derrumba y sube con fuerza el de trabajadoras de servicios sociales. En España, unas 85.000 trabajadoras del hogar cuidan de adultos. Si, cumplidos los requisitos, pasaran a ser empleadas del sistema de atención a la dependencia, el número de trabajadoras de atención domiciliaria crecería casi un 50%. El ahorro en dependencia del Estado se sortea con el trabajo no remunerado de mujeres familiares de las personas dependientes y un colchón de trabajadoras ultra baratas. 

Y aunque el valor del trabajo de estas mujeres es incalculable y las familias se gastaron antes del COVID, 7.250 millones en contratarlas, una de cada tres es pobre; pobreza que se proyecta en su protección social futura con las pensiones más bajas de todo el Sistema de Seguridad Social. Los cálculos de Oxfam en base a datos oficiales son dramáticos: multiplican casi por tres la pobreza laboral del conjunto de personas asalariadas y por 3,4 los retrasos en el pago del alquiler o hipoteca. Una de cada 6 vive en pobreza severa y, prácticamente todas aquellas que están empleadas como internas –unas 40.000-, declaran padecer problemas psicológicos de distinta gravedad: insomnio, ansiedad, estrés continuo, aislamiento… 

Estas trabajadoras no tienen reconocidos los mismos derechos que el resto de las personas asalariadas y no es difícil relacionar estas carencias con la falta de valoración y reconocimiento social de su trabajo. Carecen de prevención de riesgos laborales, prestación por desempleo, protección ante el despido injustificado, negociación colectiva efectiva o enfermedades profesionales reconocidas. A la falta de reconocimiento formal de determinados derechos hay que añadir que son mucho más vulnerables a no ver cumplidos aquellos que, en teoría, sí tienen. No en vano son mujeres, algo más de la mitad migrantes -1 de cada 4 en situación irregular-, desempeñan su trabajo en soledad, en el espacio privado de los hogares de otros y sufren una alta dependencia económica. El 36% del trabajo del hogar se presta en la economía informal, sin cotizaciones, sin derechos, invisibles. Terreno abonado sobre el que llegó la pandemia con una especial incidencia: están entre los colectivos laborales que más han enfermado y más empleos han perdido.

Hace casi una década que entraron en vigor una serie de modificaciones en materia laboral y de seguridad social para las trabajadoras del hogar, con la idea de equiparar progresivamente sus derechos y obligaciones con las del resto de personas asalariadas, buscar vías para una protección por desempleo y alternativas al desistimiento (figura legal que permite el casi despido libre). Se fijó incluso un calendario para su incorporación en igualdad al Régimen General de la Seguridad Social. Sin embargo, cada vez que se acerca la fecha, ésta se pospone. Se mantiene sine die a un grupo amplio de mujeres en la precariedad y la pobreza para que sus salarios sean asequibles al resto de la población, poniéndose en tela de juicio nuestro compromiso y el de nuestra clase dirigente con la igualdad entre hombres y mujeres.

Si en otros países de nuestro entorno el reparto de los cuidados entre empresas más abiertas a la corresponsabilidad, hombres, mujeres y Estado no genera tal sufrimiento, es hora de que recorramos la misma senda. En primer lugar, es esencial contar con más servicios públicos de calidad que generen empleo de calidad. El recientemente iniciado refuerzo del sistema de atención a la dependencia debe dar lugar a que las mujeres que hoy cuidan empleadas por las familias pasen a hacerlo, previa acreditación de sus competencias, como trabajadoras de servicios públicos. En segundo lugar, la ratificación del Convenio 189 de la OIT de trabajo decente para las trabajadoras del hogar –incluida en el acuerdo de Coalición- debe conllevar una mejora sustancial de sus condiciones laborales, con el reconocimiento de derechos que ahora se les niega y la puesta en marcha de políticas que proactivamente eviten que el reconocimiento formal se quede en papel mojado. 

No es de recibo que precisamente los trabajos más esenciales, aquellos sobre los que se asienta todo lo demás, sean precisamente los más precarios y los menos reconocidos socialmente. 

El Primero de Mayo se ha convertido en la jornada de reivindicación por excelencia  del movimiento obrero del mundo. Así lo instituyó la II Internacional de París en 1889, para que no se olvidara la masacre de Chicago de 1886,  tras una huelga de trabajadores en demanda de la jornada laboral de 8 horas. En 1890 se celebró la primera manifestación en España también.

Desde entonces ha llovido mucho, pero es cierto que en 2017, 'solo' 127 años después, saldremos a la calle de nuevo para exigir mejores condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y las trabajadoras.

Sabemos, y la historia nos da la razón, que la movilización del movimiento obrero ha sido clave para conquistar derechos. En España tenemos un buen ejemplo, pues este mes se acaban de cumplir cuatro décadas de la legalización de las organizaciones sindicales -UGT registró sus estatutos el 28 de abril de 1977-,  y las organizaciones sindicales, en colaboración con los movimientos vecinales y de barrio, tuvieron un papel protagonista -no reconocido- en la recuperación de la libertad y de la democracia de nuestro país.

Y tenemos que salir a la calle en este Primero de Mayo porque tenemos motivos: reclamar que nos devuelvan lo que nos han quitado en estos años de crisis y de una mal entendida austeridad que ha empobrecido a una buena parte de la población. Ya no hay excusas. Si hay recuperación, si se reparten beneficios, hay que redistribuir la riqueza y tiene que llegar a las personas, porque son ellas las que van a hacer que se impulse el crecimiento y que este país inicie una senda de recuperación real.

¿Y qué significa que nos devuelvan lo que nos han quitado? Por ejemplo, que los Presupuestos Generales del Estado sitúen en primer lugar el empleo y las necesidades de las personas. Lamentablemente en estos momentos ni siquiera reflejan un esfuerzo inversor. Reducen las partidas de empleo y desempleo, las destinadas a políticas de igualdad, a violencia de género, a infraestructuras, a seguridad y salud, etc..

Tenemos que darle la vuelta a este país. España es el Estado de la UE con la segunda tasa de paro más alta; el 54% de los desempleados lleva más de un año buscando empleo y el 40% más de dos ; el empleo y el desempleo se han instalado en la precariedad más absoluta; los salarios bajan y los precios suben; un día a la semana las mujeres trabajamos gratis; los pensionistas tendrán este año una subida de sus pensiones ridícula y muy inferior al Índice de Precios al Consumo por lo que uno de los sectores más vulnerables de la población perderá irremediablemente poder de compra, y hay pensiones de miseria.

Hay que pasar a la ofensiva. Salir a la calle para exigir responsabilidades por la corrupción y que la política que actúe en pro de los ciudadanos y las ciudadanas; para que Gobierno y Patronal sientan la presión.

Es urgente derogar ya las dos reformas laborales para devolver el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva y bajar del asiento de la impunidad en el que se ha instalado la patronal para no negociar mejoras salariales; hay que poner en primer plano la creación de empleo indefinido, estable y con derechos; Instaurar la necesaria vinculación de que a un trabajo fijo le corresponde un empleo fijo y que a igual trabajo, igual salario.

Hay que reclamar un diálogo social eficaz para poner en marcha un plan de choque por el empleo, dar oportunidades a las personas con mayores dificultades de acceder al empleo, los jóvenes, las mujeres  y los mayores de 55 años.  Pero también poner en prestación de ingresos mínimos propuesta por las organizaciones sindicales para las familias que ya han agotado sus recursos, así como ampliar cobertura por desempleo porque solo alcanza a poco más de la mitad de los desempleados; una ley de igualdad salarial; una reforma fiscal integral más justa y equilibrada, que luche contra el fraude fiscal y la erradicación de los paraísos fiscales.

Tenemos que exigir Tratados de Libre comercio justos y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal que criminaliza el derecho a huelga y una recuperación progresiva del gasto en los pilares del Estado de Bienestar, la sanidad, la educación, la protección social, en especial la ayuda a la dependencia; y propiciar un cambio de modelo productivo, a través de un plan estratégico para la industria.

Es el momento de recuperar los derechos. Y tenemos que reclamarlos en las mesas de negociación, pero también con la movilización. En la Unión General de Trabajadores estamos convencidos que solo de esta forma conseguiremos cambiar las cosas.

Cristina Antoñanzas

Vicesecretaria General de UGT

Naciones Unidas llama a celebrar el Día Internacional de la Mujer de este año con un lema centrado en los cambios que se están produciendo en el mercado laboral global, Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030 y considera que este es “buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades”.

Topamos, sin embargo, con la realidad de lo que está ocurriendo en España, donde en estos años de crisis no solo se ha producido un parón, como en Europa, sino un claro retroceso en materia de igualdad.

En una jornada en la que, por tradición, reflexionamos y valoramos sobre la situación o el avance que se ha producido en la igualdad de género, podemos decir que lamentablemente este año casi se está convirtiendo en el día de la supervivencia, no solo en el mercado de trabajo donde las mujeres tenemos que  luchar para que no nos expulsen y tenemos que enfrentarnos a muchas discriminaciones, sino por la violencia de género, que no es más que la más vil expresión de las actitudes machistas.

Hoy hay menos mujeres ocupadas que en 2007 y 2008, más desempleadas sin prestación o cobrando prestaciones muy bajas. Además, ha repuntado la brecha salarial que se sitúa por encima del 23%. A las mujeres se nos contrata mucho menos que a los hombres y, cuando se insertan en el mercado laboral, lo hacen en sectores muy feminizados, poco valorados y peor retribuidos.

Y también ha aumentado la violencia de género. Esta lacra que golpea casi a diario a la sociedad y que no debemos asumir como una cuestión cotidiana ni permanecer impasibles ante el asesinato y el maltrato. Los avances que ha llevado a cabo la mujer en la historia han sido revoluciones personales y colectivas, que deberían ser apoyadas por todos  y por todas.

Desde UGT nuestro reto es conseguir la igualdad de mujeres y hombres en el empleo, tanto en el acceso, como en la promoción y, por supuesto, en los salarios, en los centros de trabajo, pero también en las aulas, en los hogares, en la sociedad, en todas las facetas de la vida.

La independencia económica suficiente es un elemento esencial para que las mujeres podamos reivindicar y defender  nuestros derechos y por ello es absolutamente imprescindible que podamos mantener y mejorar nuestras condiciones de trabajo y de vida. Lo es también la incorporación de los hombres a las tareas del cuidado familiar y la corresponsabilidad del Estado y de las Administraciones en estas cuestiones, ofreciendo servicios públicos de calidad que permitan a las mujeres incrementar y mejorar su participación en la vida laboral, política, social y económica.

Nosotros, desde UGT, así lo reivindicaremos en las movilizaciones que, como todos los 8 de marzo cada año, organizamos. Pararemos en las sedes de nuestra organización, y animamos a hacerlo lo mismo, así como a participar en todas aquellas iniciativas organizadas por el movimiento de mujeres para exigir medidas que erradiquen la discriminación y la violencia de género.

Es necesario legislar para la igualdad, una Ley de igualdad salarial que contemple además, desarrollar los planes de igualdad en las empresas y la creación de un órgano público, con la participación de los interlocutores sociales, que pueda manejar los datos reales de las empresas y revisar los convenios colectivos para detectar discriminaciones. Pero también es imprescindible un Pacto de Estado contra la violencia de Género, además de desarrollar todos los aspectos pendientes de la legislación actual, para que en este día de la Mujer no haya #niunamenos.

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso en relación a la exclusión de la asistencia sanitaria a determinados colectivos y a la utilización de la fórmula del Real Decreto Ley para modificar lo que, a nuestro juicio, es un derecho básico y universal. No compartimos este fallo precisamente porque desde nuestro punto de vista desprotege más a la población ya que los poderes públicos tienen que garantizar y tutelar la salud pública de la población.

Se da un paso más para el desmantelamiento del Estado de Bienestar que el Gobierno del PP inició en el año 2012. Para acometer esta medida, ya exhibió en esa fecha, para justificar la extraordinaria y urgente necesidad de reformar el sistema, un informe del Tribunal de Cuentas que solo analizaba –ojo, con datos de 2009– las prestaciones sanitarias en el marco de los reglamentos comunitarios (ámbito de la Unión Europea) y de los Convenios bilaterales de Seguridad Social.

Informe parcial

Si ya es difícil compartir el hecho de tomar una decisión de este calado con datos de tres años antes, lo es más cuando se hace sobre un informe que se refiere exclusivamente a una parte de la asistencia sanitaria, pero que revela –según dijeron–, una “coyuntura económica problemática” del conjunto del sistema nacional de salud en el año 2012.

El Tribunal de Cuentas revelaba entonces los fallos de nuestra administración a la hora de controlar y facturar por la asistencia sanitaria a las personas aseguradas por otros países, principalmente de la Unión Europea; fallos que el Gobierno tradujo como “abusos” y “turismo sanitario”, derivando su propia responsabilidad y culpabilizando a los ciudadanos extranjeros en su conjunto.

Así se actuó para llegar a un Real Decreto que acabó con la universalidad, que introdujo la fórmula de aseguramiento y el pago por prestaciones y se provocó que esta situación fuera percibida por la opinión pública como producida por los extranjeros. En este sentido, el Gobierno legisló con crueldad para el conjunto de la sociedad española, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es del de la salud.

La sentencia, lamentablemente, avala las tesis del Gobierno en funciones, al considerar que el derecho a la salud del artículo 43 de la Constitución Española puede ser modulado y limitado en el caso de los extranjeros.

Los más vulnerables

Se encuentran directamente excluidos del sistema los más vulnerables, los que se encuentran en situación irregular; pero no solo este colectivo, también los ciudadanos comunitarios que no están registrados en España (y dado que el registro depende de tener empleo o medios económicos, es obvio que afecta a aquellos que tienen menos recursos), o los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros.

A esta medida se añadió la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria de los españoles que están fuera de España más de tres meses. Esta medida, en el caso de quienes van a otros países comunitarios a buscar empleo, implica que no tendrán la condición de asegurados en España y, por lo tanto, no recibirán en los países de emigración la misma asistencia sanitaria que sus nacionales.

Es una mala noticia que confirma las políticas de este Gobierno en funciones de recortar derechos de los ciudadanos y de desmantelar el Estado de Bienestar, con consecuencias sobre la vida y la integridad física, no solo de los extranjeros directamente excluidos sino sobre el conjunto de la sociedad. El sistema, que ya no es universal, que se financia con impuestos y por cuyas prestaciones, sin embargo, debemos pagar dos veces, deja fuera a las personas en peor situación económica.