En estas últimas semanas, dos hechos han vuelto a colocar el pañuelo musulmán en el foco de la actualidad mediática. El primero es la retirada de la campaña del Consejo de Europa Beauty is in diversity as Freedom is in hijab, para promover la movilización de la juventud contra el racismo. Se mostraba un vídeo en el que mujeres jóvenes aparecían primero sin pañuelo y después con él, aunque solo cubría la mitad de su rostro, en fotogramas divididos y luego fusionados. Se acompañaba de otras fotos en las que mujeres con hiyab explicaban en unas líneas su elección y significado. El gobierno francés reaccionó muy fuertemente en contra de esta campaña, a la que acusaba de promover el uso del hiyab, consiguiendo que fuera retirada. En este asunto, las posiciones del gobierno, de ciertos senadores socialistas y de la extrema derecha, fueron coincidentes. Las posiciones más radicales hablaron de blanqueamiento del hiyab.

El otro hecho es más reciente y local. Se trata de la reunión de mujeres líderes en política a la que acudieron Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, Yolanda Díaz y Fátima Hamed en Valencia a mediados de noviembre. El pañuelo de esta última se convirtió en objeto de discusión y crítica no solo en las redes, sino en diferentes medios. Esto es una malísima noticia. De entrada, al poner el foco en su pañuelo, se ignora por completo el peso de su actividad política en Ceuta, donde es diputada y donde planta cara cotidianamente a la extrema derecha. Hamed ha conseguido, por ejemplo, que la Asamblea de Ceuta declare persona non grata a Abascal, por insultar a la población musulmana ceutí en su visita a la ciudad durante la crisis migratoria de la primavera de 2021. Pero su lucha contra la impunidad del discurso de odio y contra la extrema derecha, parece reducirse a su pañuelo en todo este revuelo.  

De manera mucho más explícita que cuando se comentaba la vestimenta de las ministras, la apariencia de Hamed ha sido tema de debate de manera sistemática en estos días desde puntos aparentemente dispersos por el espectro político. Como feministas, no hemos podido evitar el enfado y la impotencia por cómo se manoseaba su imagen. En ocasiones, la crítica ha venido de algunas voces que comienzan a ocupar espacio mediático en España con posiciones contra el derecho a llevar pañuelo, que encuentran eco no solo en medios conservadores o de centro-derecha, sino también de izquierdas, lo cual merecería una reflexión. Algunas de estas son de origen musulmán. Sus comentarios presentan varios lugares comunes, con conclusiones bastante obvias:

1. Se argumenta la parte por el todo. Es el caso de opiniones provenientes de personas de origen musulmán con experiencias de opresión, que las generalizan a todas las mujeres musulmanas, como ya pasó antes en Holanda con la ex diputada conservadora Ayaan Hirsi Ali. Pero lógicamente, las vidas de más de mil millones de mujeres musulmanas son diversas por definición y no se puede hacer la misma interpretación para todas. Cierto es que hay vidas precarias para las que el islam puede ser utilizado como un instrumento de subyugación de las mujeres, pero –y lo subrayamos– obviamente no es en absoluto la norma. 

2. En esta misma línea, pretender que el pañuelo es un símbolo del integrismo, es una falacia. En ciertos casos, puede estar asociado a vivencias rigoristas del islam, pero no en la inmensa mayoría. Convertir en integristas a millones de personas a partir de una frase tramposa puede tener eco mediático, pero no contribuye a luchar contra el racismo ni el patriarcado. Como cualquier otra mujer, las musulmanas –con pañuelo o sin pañuelo– lidian con diversas condiciones de vida. Muchas sufren opresión y han de buscar herramientas para salir adelante; otras disponen de recursos y de redes para llevar una buena vida, e incluso luchar por las demás. Y sí, muchas también se identifican como feministas ¿Dónde está realmente el problema? En que toda la diversidad queda reducida a un pañuelo que como la capa del rey Midas, convierte a las mujeres que lo llevan en víctimas pasivas y llorosas o en fanáticas religiosas, cancelando su presencia pública y haciéndolas objeto de escarnio, como acaba de suceder con la diputada ceutí. 

3. Si efectivamente, para algunas mujeres musulmanas, el pañuelo es una imposición que refuerza el sojuzgamiento y la opresión, obviamente no lo es para todas. Hay países de mayorías musulmanas en los que se obliga a las mujeres a llevar pañuelo, como Arabia Saudí o Irán; hay otros en los que se las fuerza a quitárselo, como Francia o Bélgica. En Europa, en la mayoría de los casos, es producto de una decisión y no de la subordinación. Por poner otro ejemplo: del hecho de que la pareja conyugal pueda ser una cárcel patriarcal, no se concluye que todas las mujeres en pareja sean un juguete roto en manos del patriarcado. En este sentido, es legítimo que muchas mujeres se nieguen a tener pareja, como una forma de lucha contra la dominación masculina, como también lo es que muchas mujeres de origen musulmán renieguen del pañuelo. Lo que desde luego no lo es, es este ejercicio continuo de denigración contra las mujeres que llevan pañuelo, rayano en el discurso de odio.

4. Se dijo que la aparición de Fátima Hamed en las fotos, legitimaba el pañuelo. Esta afirmación parece presuponer que el hiyab no es legítimo, pero ¿sobre qué base hay ropa legítima e ilegítima para las mujeres? ¿Quién y por qué se arroga el derecho de opinar sobre el cuerpo de Fátima Hamed? 

El hecho de que algunas de estas posiciones anti-derechos sean de origen musulmán, les confiere una apariencia de legitimidad que puede inhibir la réplica, alzándolas como una especie de “voz autorizada” que representa a todas las mujeres musulmanas. Desgraciadamente, no hay demasiadas reacciones públicas en contra, ni por parte de otras musulmanas pro-derechos –lleven o no hiyab– ni de fuera de las comunidades. Las razones son diversas. Entre otras, por un reducido espacio en los medios para las posiciones pro-derechos, que no son tan mediáticas como la reivindicación de arrancar el pañuelo a las mujeres musulmanas. El ambiente de islamofobia creciente, con discriminaciones manifiestas, detenciones arbitrarias a representantes religiosos o críticas feroces a las mujeres con pañuelo, no ayuda a hacer visible un discurso que contrarreste el anti-derechos, que reproduce exactamente lo que denuncia: anula a las mujeres con pañuelo y las aparta de la vida pública, en una lógica circular de victimismo, resentimiento y cancelación. Con un añadido, y es que la pretensión no es ilegitimarlas, sino ilegalizarlas, como de hecho está pasando ya en algunos institutos de secundaria del Estado con las chicas que llevan pañuelo, que son apartadas de forma subrepticia de la educación pública.

En suma, todos estos discursos, en los que convergen las posiciones de las derechas –incluida la extrema– con un cierto sector de la izquierda y del feminismo, contribuyen a redoblar la presión social sobre las mujeres que llevan pañuelo en España, blanqueando el racismo anti-musulmán. 

En esto, desgraciadamente, España se va pareciendo cada vez más a Francia. Sin embargo, aún hay un hermoso camino por recorrer desde un feminismo antirracista e inclusivo que nos indica que aún estamos a tiempo de pararlo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció ayer sobre los recursos que presentaron dos empleadas en empresas privadas que fueron despedidas por llevar pañuelo musulmán, una en Bélgica en 2006 y otra en Francia en 2007. Aunque las sentencias de la Gran Sala difieren en uno y otro caso en el contenido y en las consecuencias concretas, comparten sin embargo el mismo enfoque, basado en la legitimación de la discriminación a ciertas minorías, especialmente musulmanas, y a las mujeres.

Tales sentencias fueron precedidas de las opiniones jurídicas de dos abogadas generales del Tribunal –abogadas y no abogados, como recoge sorprendentemente el texto en su versión española– que en el momento de emitir sus conclusiones –no vinculantes– en 2016, también expresaron posturas diversas.

La clave argumentativa de las sentencias del 14 de marzo de 2017 es en ambos casos el concepto de discriminación directa e indirecta. Una persona es víctima de discriminación directa cuando es tratada desfavorablemente con respecto a otras por motivo de sus convicciones, religión, etc. Y es indirecta cuando un principio igualitario o neutro supone una discriminación mayor para un determinado colectivo que para otro.

Por ejemplo, un reglamento interno de un instituto que prohíba llevar cualquier tipo de prenda sobre la cabeza, ejerce una discriminación indirecta sobre las chicas con hiyab porque afecta especialmente a este colectivo, aunque la norma no contenga referencias a la prohibición de hiyab, que sí sería constitutivo de discriminación directa. Lo mismo ocurre en el nivel nacional con la Ley de Laicidad francesa (2004), que regula el porte en la escuela pública de todos los signos religiosos visibles. Aunque no es una ley contra las chicas o las mamás con pañuelo –estas últimas como acompañantes en actividades escolares–, ellas terminan siendo, de hecho, su objetivo principal.

En el caso belga, ya la opinión de la abogada señalaba en 2016 la aceptabilidad de la prohibición de llevar el pañuelo en la empresa. Admitía la posibilidad de que se tratara de una discriminación indirecta, pero justificable por el hecho de que el empresario aplicara en la empresa una política de neutralidad religiosa, algo totalmente legítimo. La prohibición sería una medida proporcionada y adecuada a tal fin que además no perjudicaría excesivamente a los intereses de la trabajadora. Por otra parte, la abogada general que hace menos de un año emitía un dictamen sobre el caso francés, apuntaba al extremo opuesto y afirmaba que la prohibición del pañuelo era una discriminación directa ilegal.

En las sentencias de ayer, el Tribunal finalmente admite para el asunto belga que la prohibición del pañuelo es una discriminación indirecta, pero justificada legítimamente; para el francés, recogiendo muy parcialmente la opinión de la letrada, concluye que no se justifica que la ausencia de pañuelo sea un requisito profesional esencial y determinante; por lo tanto, el despido de la trabajadora puede constituir una discriminación indirecta.

Es decir, en ninguno de los casos las sentencias admiten que haya una discriminación directa. Pero obviamente, es poco probable que ninguna empresa se atreviera a despedir a una mujer musulmana aduciendo que es una mujer, que es musulmana o las dos cosas a la vez. Por ello, la argumentación para sostener tales despidos pasa por disfrazar los motivos de la discriminación de modo que parezca que se fundan en razones técnicas o laborales o incluso, en el respeto a los derechos individuales. El resultado es la construcción de una retórica institucional –y naturalmente legítima– claramente islamófoba y sexista, que actúa de peligroso precedente para otras prohibiciones “menores” en establecimientos educativos, salas de juzgado o incluso universidades.

Además, sin que llegue a ser necesaria una prohibición escrita para estos contextos, legitima la sanción social informal del porte del hiyab, aislando y excluyendo a las mujeres musulmanas y diluyendo la capacidad de reacción de las chicas con pañuelo y de sus posibles aliadas (compañeras de trabajo, de clase, profesorado, etc.).

Nos encontramos ante un caso de racismo institucional que termina cuestionando otros derechos. En primer lugar, las sentencias colocan a todas las trabajadoras y trabajadores en un espacio donde la discriminación “indirecta” es justificada en aras de la eficiencia y del capital, apelando además a los derechos de las empresas en el ámbito de la Unión, reconocidos formalmente en la Carta y apelados desde el propio Tribunal.

Esto tiene un alcance mucho más amplio que el de la libertad religiosa, puesto que cualquier tipo de derecho parece quedar en suspenso si se trata de la libertad de empresa. Es otro hito que muestra a la Europa de las necropolíticas, que diría Mbembe, construida al servicio de los intereses empresariales y sin lugar para las personas ni para sus derechos, especialmente si se trata de pobres, mujeres o minorías.

En segundo lugar, sería una ingenuidad pensar que en una Europa con una importancia cada vez mayor de los populismos xenófobos e islamófobos, que usan el pánico moral como herramienta de control, las instituciones europeas se mantendrían al margen. Es obvio que aquí se han situado a la cabeza en la producción de leyes, normas y jurisprudencia que van directamente en contra de las mujeres musulmanas, pero no solo de ellas; también tienen como objetivo el resto de las mujeres, porque la regulación vestimentaria recae, de forma no casual, solo sobre sus cuerpos, no sobre los de los varones. Finalmente, estrecha el cerco en torno a la población musulmana, para que no se olvide que, independientemente de la nacionalidad, son ciudadanos de segunda clase.

Lo que siempre es inequívocamente un signo del patriarcado es que a las mujeres, por ley, se las obligue a vestirse (o a no hacerlo) de determinada manera

En estos días, la vestimenta de las musulmanas ha vuelto a estar de actualidad porque al menos diez ciudades costeras francesas han prohibido el burkini, un bañador de cuerpo entero con un gorrito, que utilizan las mujeres que no quieren mostrar el cuerpo. Como obedeciendo a una consigna, algunos alcaldes – la mayoría del partido Republicano de Sarkozy, más un socialista- decidieron a la vez que ese traje de baño debía ser erradicado de las playas francesas.

Los argumentos para la prohibición, como siempre, han sido de lo más diverso, pero al saltar a los medios españoles, hay básicamente uno: que el burkini representa la opresión sexista y las mujeres que lo portan, la vanguardia del islam y el oscurantismo fundamentalista.

De este modo, el prohibicionismo sostiene que esas vestimentas son símbolos que atentan contra la autonomía de las mujeres, contra la igualdad de géneros y que por tanto, necesariamente las mujeres lo llevan contra su voluntad, mostrando justamente su sumisión y necesidad de ser liberadas y empoderadas. O aún peor, lo llevan voluntariamente, lo cual muestra su intención de extender esos valores patriarcales en la “Europa de las libertades”. La discusión sobre el burkini ha hecho reaparecer también al pañuelo y al niqab, como parte del escenario discursivo.

Sin embargo, la afirmación de que estas prendas son siempre un signo de dominación patriarcal, no refleja la realidad: la relación entre el pañuelo y el patriarcado es diversa porque lo son los contextos en los que viven 1.500 millones de personas musulmanas. No es lo mismo un pañuelo en un país como Arabia Saudí, con norma vestimentaria para las mujeres, que en Francia, donde está prohibido llevar un niqab por la calle; ni el de una mujer trabajadora del puerto de Tánger que el de una de la alta burguesía yemení; ni el de una activista universitaria belga que el de una campesina senegalesa.

Para muchas mujeres, poder llevarlo como parte de sus creencias religiosas es un triunfo, como sería el caso de una francesa con niqab; para otras, es la herramienta para poder salir a la calle y trabajar o estudiar o bañarse en el mar, como la joven obrera cairota; y para otras, finalmente, puede ser una imposición legal o social contra la que se revuelven, como las mujeres saudíes. Por otra parte, la correspondencia entre “más ropa= mujeres sometidas// menos ropa= mujeres emancipadas” es muy cuestionable también en el mundo no musulmán, en que los cuerpos semi-desnudos de las mujeres se han convertido en una mercancía al servicio del patriarcado.

Lo que siempre es inequívocamente un signo del patriarcado es que a las mujeres, por ley, se las obligue a vestirse (o a no hacerlo) de determinada manera y sean multadas o encarceladas si no lo hacen. Es bien interesante que a nadie se le haya ocurrido perseguir legalmente – ni en la playa ni fuera de ella- a los hombres con barba larga, con qandoras y pantalones hasta los tobillos, signo inequívoco de la militancia salafista. O a las monjas de la mayoría de las órdenes católicas, que defienden valores contrarios a la igualdad entre hombres y mujeres, como bien nos enseña el obispo Cañizares, entre muchos otros.

Por tanto, el tema de los significados no se resuelve y estas generalizaciones señalan un gran desconocimiento –y atrevimiento- de las realidades sociales y políticas contemporáneas por parte de las personas responsables de los discursos y de las políticas. Algo semejante se podría decir del otro tema de los debates, la asociación del burkini con los grupos fundamentalistas y de las mujeres que los llevan con las vanguardias de estos grupos. Según el primer ministro francés, es la traducción de un proyecto político de contra-sociedad.

Sin embargo, es absurdo suponer que todas las mujeres musulmanas que van con hiyab o burkini y sí, también con niqab, son militantes islamistas, o que están comandadas y manipuladas por quienes sí lo son. Por supuesto que hay mujeres activistas de diferente índole entre las musulmanas, algo que por otra parte no es ilegal. Lo que sí es ilegal –por no poner otros adjetivos, como totalitario o fascista- es prohibir ciertas vestimentas porque representan determinadas posturas políticas que no compartimos. En todo caso, debemos combatir esas ideologías con herramientas políticas: la restricción de derechos no lo es.

Sorprendentemente, ha sido poco tratado el tema más importante, que es el déficit democrático que supone la prohibición de una prenda vestimentaria en un lugar público. Obviamente, el objetivo de los Estados prohibicionistas no es la lucha contra el patriarcado y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, puesto que no parece haber una relación entre la prohibición y la disminución de la desigualdad.

Es fundamental recordar que el veto al burkini –como antes pasó con el hiyab y el niqab- se inscribe una larga lista de restricciones de derechos a las personas musulmanas en Europa, a través de la regulación del cuerpo de las mujeres, con el fin de disciplinar a poblaciones que son identificadas por el discurso dominante como diferenciadas de la “nacional” e “intrusas”, independientemente de su nacionalidad. Pero además son socialmente menos favorecidas y por tanto, más sensibles a la discriminación y al racismo. Son las “clases peligrosas”.

Por ello puede afirmarse que se trata de leyes, de dictámenes o normas que van directamente contra las mujeres musulmanas, contra las comunidades musulmanas y contra la población en general.

Pero la cuestión va mucho más allá, porque no se trata de Europa contra el islam, sino del control del espacio público por parte del Estado, comenzando por las poblaciones más vulnerables. Es un modo de aprovechar el estado de emergencia o el miedo al terrorismo para imponer restricciones a la ciudadanía: en la misma línea que se prohíben concentraciones o se elabora una ley mordaza que recorta la libertad de manifestación, se veta el niqab, el burkini o el hiyab, en nombre de la supuesta protección de la población. Políticamente se institucionalizan las políticas racistas, empujando a la gente y a parte de la izquierda hacia los discursos identitarios de la derecha y la extrema derecha, que definitivamente, son los únicos actores, junto con el patriarcado, que se refuerzan en este contexto. Luchemos contra eso.