Tenemos hoy en la Península más de cincuenta marcas en el mercado. Las categorías que marcamos en las cajas que enviamos al mercado no son homologables entre entidades y, en muchos casos, las OPP son meros agentes aduaneros, ya que la venta la realizan varios operadores dentro éstas, en competencia y dispersando la necesaria homogeneización de nuestros plátanos.

Nuestros auténticos competidores tienen una presentación uniforme y clara, pero sobre todo pueden negociar unos precios mucho más estables que nosotros, que nos ponemos al albur del mercado.

Al menos se reconoce en el reciente comunicado el esfuerzo que nos falta en defender la Indicación Geográfica Protegida (IGP). No se le ha dado la debida importancia, y es un elemento que nos puede ayudar a unificar nuestro producto y a darle una identidad diferenciada.

Por otra parte, no tiene desperdicio que se hable del buen funcionamiento del mecanismo de retirada del mercado (las infames picas). Este año las picas han superado los 10 millones de kilos, de los cuales han ido al Banco de Alimentos algo más de tres millones, con el correspondiente gasto en empaquetado y envío, esto asumido por los agricultores. El resto ha tenido como destino los vertederos, en algunos casos para ganado y compost, y en otros afortunados casos para el mercado canario.

En lo que llevamos de año, el ingreso que llega a los agricultores es de unos 0,30 euros por kilo, mientras que el consumidor en la Península paga los plátanos entre a 1,2 y 3 euros por kilo, y en Canarias, hasta a 1,6 euros. Hablar de que las cosas están bien, que no hemos de replantear nuestro sistema de gestión, es olvidar la realidad de nuestros agricultores, que en muchos casos no cubren costes de producción y se ven cada día más abocados a la ruina.

Seguimos dependiendo, y cada día más, de las ayudas de la Unión Europea, y en estos últimos días de agosto la pica es más del 20% de la producción que está para corte. No somos capaces de vender en la Península seis millones de kilos semanales y dejamos para la pica aproximadamente un millón de kilos semanal.

Necesitamos un cambio de rumbo por parte de las administraciones. La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias debe velar por el sector. No podemos permitir que los plátanos sigan la senda de los tomates. Está en juego la economía de miles de familias canarias en nuestro vulnerable campo, pero también un paisaje y una parte fundamental de nuestra cultura.

No nos podemos contentar con una situación que sigue deteriorándose. Los plátanos de Martinica y Guadalupe siguen teniendo un nicho de mercado más allá de los Pirineos, mientras que nosotros sufrimos la saturación del mercado español. Escuchemos a nuestros agricultores, que son los que sufren ahora y los que más tienen que perder de continuar esta situación.

No nos quedemos quietos, busquemos mejorar dentro de un espíritu positivo de autocrítica, el que parecen ignorar los señores de Asprocan.