El Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que las CCAA, vive instalado en anuncios en materia de vivienda, con cifras mareantes de supuestas nuevas viviendas, pero a la postre el ciudadano solo ve especulación, inflación de precios, desahucios y expulsión de vecinos en los barrios de las grandes ciudades. 

Es cierto que la política de vivienda es una materia competencia exclusiva de las CCAA, pero este Gobierno ha intentado suplantar la inacción de las mismas con la creación de un Ministerio de Vivienda y una serie de iniciativas legislativas, como la Ley de Vivienda, la dotación de un fondo específico para la construcción de inmuebles, un PERTE de vivienda industrializada y, ahora, el último Plan de Vivienda de la legislatura.  

Todas estas iniciativas han fracasado en el objetivo de favorecer el acceso a una vivienda accesible en alquiler para grandes colectivos, jóvenes, familias vulnerables, entre otros, dado que el parque de vivienda pública en alquiler sigue siendo magro y no tiene visos de alcanzar la media europea, un 9%, al finalizar el periodo legislativo actual.

Hay que reconocer que las CCAA, verdaderas responsables de la política de vivienda, solo se han dedicado a poner trabas a las iniciativas gubernamentales, eso sí, cogiendo los fondos que les transfiere el Estado, pero utilizándolos de forma torticera, como el caso de Madrid. En esta CCAA, el denostado Plan Vive solo ha podido entregar 5.000 viviendas, de ínfima calidad, con graves desperfectos, y con precios, en algunos casos, que superan los 1.000€/mes de alquiler. Adicionalmente, los umbrales de renta los han elevado hasta 60.000€/año, por lo que, al igual que en Alicante, se han beneficiado colectivos en absoluto necesitados. 

El otro frente político que ha dejado inerte la política de vivienda del Gobierno central ha sido la declaración de zonas tensionadas. Solo Cataluña y, parcialmente, Navarra o Euskadi y alguna ciudad gallega, han puesto en marcha los mecanismos de control de precios de alquiler con resultados muy pobres, lo que genera una sensación de frustración en amplias capas de la población. A esto se une también que las propias CCAA han boicoteado la puesta en marcha del bono alquiler joven, de modo que miles de personas no pueden disfrutar del mismo, por incapacidad y mala fe de los gobiernos autonómicos.    

Las cifras de incremento de precios de alquiler y compra no dejan de crecer, restando brillo a las buenas cifras macroeconómicas y comiéndose gran parte de las mejoras salariales, lo que obliga a miles de compatriotas a tener que vivir en pisos y habitaciones compartidas, o en caravanas, como les pasa a muchos funcionarios públicos en Baleares y otras localizaciones.

Frente a toda esta energía vacía de contenido real, la realidad legislativa es que la normativa sobre Socimis no ha sido derogada, los grandes fondos siguen haciendo acopio de propiedades en gran parte de barrios de las grandes ciudades, ya incluso llegado a los de renta más baja. Esta intrusión en el tejido poblacional está dejando a los distintos ejecutivos sin margen de actuación y sin que la política de construcción masiva, que nunca llega, pueda ya influir en la distribución y fijación de población en buena parte del país. 

Lo que sigue siendo una asignatura pendiente en España es tratar a la vivienda como bien de uso y no como bien de inversión, asignatura ya perdida para siempre, por lo que el germen de especulación y formación de precios en base a las expectativas de mercado hace imposible el control real de precios, incluso en el supuesto de que la Ley de Vivienda se cumpliera.

Los grandes lobbies del sector inmobiliario, han penetrado en los distintos ejecutivos regionales, pero también en el central, y ya son dueños de las tendencias en materia de vivienda, obteniendo suelos gratis, como en Madrid, para hacer vivienda supuestamente protegida, sabiendo que podrán desclasificarla en pocos años para hacer caja. En el mercado de la vivienda, la ley de oferta y demanda no funciona, dado que es la demanda la mueve los precios al alza en un contexto de oferta rígida que ningún Plan de Vivienda puede alterar. El nuevo Plan de Vivienda anunciado, dotado con 7.000 millones, podría en el mejor de los casos añadir al parque unas 95.000 viviendas nuevas, cifra ridícula ante las necesidades reales, que el Banco de España cifra en unas 650.000. Y muy por debajo de los siete millones de viviendas públicas que nos llevarían a tener un 30% de vivienda social y emular las mejores prácticas europeas. 

Este grado de frustración social con la política de vivienda, que explica gran parte de la desazón hacia la política, no va a desaparecer con el nuevo Plan de Vivienda, que, por otra parte, es un vehículo de financiación que lleva con nosotros muchos años. Apenas hay novedades, salvo el incremento del bono de alquiler para jóvenes -que seguirá frustrando a los potenciales adjudicatarios-, una dotación presupuestaria mayor para las CCAA, y una cláusula anti especulación que el Ejecutivo sabe que no se va a cumplir porque el Tribunal Constitucional ya se ha encargado de delimitar quiénes tienen las competencias en materia de clasificación de vivienda pública.     

Mientras todo esto ocurre, los grandes proyectos como la Operación Campamento de Madrid siguen languideciendo y dando la razón a quienes pensamos que solo la intervención decidida en el mercado a corto plazo, la supresión de las ventajas fiscales a las Socimis, la construcción modular masiva y la imposición de impuestos sobre el suelo ocioso pueden provocar un cambio de rumbo en el mercado de la vivienda.   

En resumen, el nuevo Plan de Vivienda apenas aporta nada estructural al trágico problema que nos asola. La especulación y la vivienda como bien de inversión han ganado la batalla y así lo reconocen en privado la cantidad ingente de rentistas que cada vez más han colonizado gran parte de la población en España, muchos de ellos y ellas sentados en el Congreso, en los Parlamentos y también en el Consejo de Ministros.

Las autoridades de EEUU han estrenado un nuevo paradigma económico que consiste en devolvernos a las catacumbas del siglo XIX en materia de comercio internacional. La extraña mezcla entre la oligarquía extractiva, que ahora es la que sostiene al Ejecutivo de Trump, el proletariado industrial venido a menos y los agricultores subvencionados han descubierto que la mejor forma de alcanzar el éxtasis es sustituir todas las importaciones y consumir solo lo que se produce dentro de sus fronteras.  

La fórmula ideada para llevar a cabo este disparate económico es comenzar a gravar con aranceles las importaciones de prácticamente todo el mundo, salvo, sorprendentemente de Rusia o Corea del Norte. La amenaza de colonización económica por parte de los pérfidos europeos o asiáticos resulta una tomadura de pelo en una economía que sostiene un déficit comercial al 2,8%, con ingentes entradas de capital, lo que da idea de la confianza que tiene el resto del mundo en la divisa estadounidense y en su economía en general.

Estas medidas se toman en un contexto de fortaleza del empleo en EEUU, casi en pleno empleo, y con un crecimiento de alrededor del 3%. Solo la inflación ha perseverado por encima de los estándares, algo que ha ocurrido en el resto del mundo, por una serie de acontecimientos exógenos que nada tiene que ver con la magnitud del desequilibrio comercial, que ya es endémico en EEUU. 

El principal problema del sector exterior en EEUU tiene que ver con la fortaleza del dólar que responde a una situación de poder de la divisa verde como moneda refugio, por un lado,  y como moneda de intercambio en el mercado de petróleo. Así mismo, la pulsión compradora de las familias en EEUU, junto a un cambio en los gustos del consumidor,  ha generado una elevada propensión a la importación, dado que EEUU es muy ineficiente en la producción de múltiples bienes, lo que sin duda ha posibilitado la invasión de productos procedentes de Asia, pero también de la UE. La progresiva deslocalización de la industria, especialmente del automóvil o tecnológica, responde a la búsqueda de mercados con costes de materia prima y laborales más bajos, que ha disparado la desigualdad y la explotación de mano de obra en países como la India, Bangladesh o Taiwan. La posible solución a la vuelta de estas empresas a EEUU sería que trabajen los menores de 14 años, algo que se ha propuesto desde Florida. 

Este órdago a la globalización, curiosamente desde una administración republicana, conservadora y ultraliberal en lo económico, podría tener sentido ya que sus efectos colaterales, en formas de explotación, desigualdad y extracción de rentas de los países más pobres, son manifiestos, pero las soluciones propuestas son grotescas y, sobre todo, contrarias a lo que se busca. La incógnita que le faltó a Trump en el despliegue de su tablón de anuncios fue la ecuación financiera y de financiación. Gran parte de esos dólares que se dejan en otros países vuelven a EEUU en forma de inversión de capitales, lo que les permite desde hace décadas invertir una cantidad muy superior a su ahorro interno, dado que sus activos financieros son mucho más rentables que los del resto del mundo, especialmente los europeos. Ello ha llevado sistemáticamente a una apreciación del dólar, lo que ha perjudicado el desempeño comercial de las empresas de EEUU.   

Este desconocimiento tan palmario de la situación económica internacional está detrás de la fórmula estrambótica que se ha inventado para calcular el nivel de aranceles a cada parte del mundo. Por un lado, penaliza a países muy pobres como Lesoto, porque exporta muchos diamantes, o a un archipiélago francés en Terranova que inunda de marisco las mesas de las familias y restaurantes en la Sexta Avenida. Al final, ha parido una cifra a todas luces falsa, como es asegurar que el nivel de aranceles de la UE es del 39%, únicamente por el cociente entre el déficit comercial dividido por el nivel de importaciones, algo que ni los peores alumnos de cualquier grado en Economía se atreverían a escribir, lo cual da idea de la magnitud de la estulticia y falta de conocimiento de la actual Administración norteamericana. 

Los efectos de esta guerra comercial se podrán ver en pocos meses y probablemente se traducirán en más inflación y mayor desempleo en EEUU, junto con una ralentización del crecimiento hasta desembocar en una recesión técnica a lo largo de 2025. El sueño que tuvo la CEPAL en los años 80, la sustitución de importaciones, nunca verá la luz en EEUU porque a medio plazo es casi imposible que vuelvan todas las empresas que se fueron, o que empresas de otros países se instalen en un país gobernado por un ser como Trump. La incertidumbre sobre la inversión y la seguridad jurídica es clave para la  instalación de nuevas industrias. 

Lo que sí parece claro es que Trump ha asestado un golpe de muerte a la OMC, Organización Mundial del Comercio, y se ha erigido en el árbitro de todas las disputas comerciales y quien bendice la cotización de cada divisa, algo inaudito para un supuesto liberal y sus seguidores más ultras. 

En este contexto es cierto que se abren nuevas posibilidades para la UE en materia comercial, pero también financiera. No hay que olvidar que cada año salen de la UE 300.000 millones de euros hacia EEUU, lo que les permite financiar su déficit corriente y alimenta su inversión. Es momento de ofrecer una rentabilidad económica y financiera a este capital para que se quede en la UE y se invierta en sectores claves, como la educación, empleo, transporte y ciencia. Y al mismo tiempo puede surgir un debate real y riguroso sobre lo que ha supuesto la globalización, fundamentalmente financiera, particularmente en  sectores clave como la agricultura, la vivienda, o la educación. La explotación laboral, la sustracción de materias primas de países muy pobres y la falta de escrúpulos a la hora de favorecer el monopolio tecnológico de muchas de las empresas de EEUU, algo de lo que Trump no dice nada, son elementos que sí deberían ser tenidos en cuenta a la hora de corregir los desmanes de la globalización. 

En resumen, las soflamas autárquicas de EEUU no casan con las ventajas comparativas de las que ha gozado para alcanzar el nivel de vida tan alto que ha logrado en estos años. La fortaleza del dólar ha generado, por un lado, un desequilibrio comercial, pero ha permitido atraer capital en cantidades suficientes para sufragar el déficit corriente y favorecer la inversión interna. La imposición de aranceles para combatir el déficit comercial, junto a las veleidades autárquicas son sueños húmedos que los anarco liberales han sabido vender a las clases sociales que más han sufrido con la globalización. Dejarles sin vino, aceitunas, aceite español o coches alemanes nunca solventarán el problema de pobreza y falta de inversión pública que sufren los ciudadanos de EEUU desde hace décadas. Frente a esto, solo queda luchar contra la financiarización de la economía y lograr que el dólar deje de ser la moneda de referencia e intercambio en mercados tan relevantes como el crudo. 

La revisión al alza del SMI aprobada por el Consejo de Ministros lleva consigo un sapo fiscal que la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha tenido que comer, en aras de intentar parar la sangría recaudatoria que va a suponer el no tener presupuestos y, especialmente, la no aprobación del impuesto a las petroleras. 

La titular de Hacienda, en  un ejercicio de soberbia y cuyas consecuencias políticas no ha medido, ha logrado torcer la voluntad de la titular de Trabajo, que ahora queda completamente amortizada políticamente, algo que el propio jefe del Ejecutivo no ha calibrado suficientemente. 

La justificación que se ha dado desde el departamento de María Jesús Montero es que en otros países ya se grava el salario mínimo, algo que es cierto, pero curiosamente, en aquellos países donde se grava, la capacidad de compra de dicho salario es significativamente mayor que en el caso español. Por no hablar del tipo marginal y el grado de progresividad fiscal existente en dichos países. Adicionalmente, se ha esgrimido un mensaje también muy poco alentador, y es que solo afectará, supuestamente, al 20% del total de perceptores, precisamente aquellos que no tienen familia o pareja con los que compartir gastos, es decir jóvenes cuya capacidad de compra y acceso a bienes tan necesarios como alimentación o vivienda será aún más difícil. 

Desde una óptica de justicia redistributiva, la medida carece de sentido dado que los perceptores se encuentran en el percentil más bajo de la distribución, con el agravante que la mayoría de ellos no pueden acceder a otras ayudas que pudieran complementar la percepción de dicho salario mínimo, dado que superan los umbrales de renta necesarios para el acceso a la mayoría de ellas. Por tanto, la cuantía de 300 euros al año que tributará este colectivo, un 42% del total de la subida anual, les generará una pérdida de capacidad de compra, incompatible con la salida de la situación de pobreza laboral que les aboca la percepción de este salario mínimo, aunque se siga repitiendo que el mismo ha subido un 61% desde que gobierna Pedro Sánchez.  

Un mínimo análisis de progresividad del sistema fiscal español nos deja en muy mal lugar, en comparación con los países más avanzados de nuestro entorno, algo parecido si cuantificamos en términos relativos quién se beneficia más de las ayudas públicas. Esto se puede ver en el informe publicado por la OCDE para 36 países, titulado: 'Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias'. La conclusión más llamativa es que el 20% de las familias más ricas en España copan el 30% de las ayudas públicas, mientras que el 20% más pobre de la distribución apenas recibió el 12%. Esto nos sitúa 12 puntos porcentuales por debajo de la media de lo que reciben las rentas más bajas, y 12 puntos por encima de lo que reciben las rentas más altas.

La perseverancia a través del tiempo de la regresión fiscal, a pesar de gobiernos supuestamente progresistas, debería hacer reflexionar cuando descubrimos a quién acaban votando los percentiles más bajos de la distribución. Ningún gobierno se ha atrevido a desmontar el caduco y atrofiado sistema fiscal español, que tras muchos años de continuos parches, adolece de un grave problema: cómo incrementar las bases imponibles de los percentiles más altos de la distribución. La falta de voluntad política para desmontar este sistema y acometer una verdadera revolución fiscal que introduzca mayor progresividad en renta y sociedades es una de las causas por las que las clases populares han abandonado en las grandes ciudades a las formaciones que se autodenominan de izquierdas.

Por todo ello, el defender el gravamen al salario mínimo en aras de aportar más a la caja común es un verdadero insulto a la inteligencia, en un país en el que el fraude fiscal puede rondar el 3,5% del PIB, con preponderancia del patrimonio financiero oculto en paraísos fiscales, incluso por parte de muchas empresas financieras del IBEX. 

Solo queda esperar a que si hay trámite parlamentario para aprobar los presupuestos, se pueda elevar el mínimo exento, algo que si prospera su votación en las Cortes, hasta el PP votará a favor, aunque sea solo por infligir una nueva derrota parlamentaria al PSOE. Pero la medida no tiene ninguna lógica fiscal, ni sobre todo mejora la recaudación o la equidad del país. Tal vez esas señales son las que la socialdemocracia española quiere imponer en su caminar en solitario por la Europa cada vez más autocrática.

El acceso a la vivienda digna y asequible se ha convertido en la gran quimera para decenas de miles de ciudadanos, que ven cómo van pasando los años y sus responsables políticos, todos, miran a para otro lado y consolidan una jungla especulativa.

El dilema entre bien de uso o de inversión ya ha sido resuelto por los dos grandes partidos, a favor de los bienes de inversión y financieros. Durante los últimos 40 de años de democracia, todas las actuaciones públicas han ido encaminadas a traspasar renta de los contribuyentes a las grandes empresas constructoras, con los planes de financiación de vivienda plurianuales, creando un servilismo y clientelismo muy peligroso entre los responsables de urbanismo y los grandes magnates del ladrillo. Con todo ello, la sociedad aprendió a venerar la propiedad de la vivienda, con el señuelo de las desgravaciones fiscales, que han vuelto al debate público, trasmitiendo una tendencia al primitivismo inversor que nos ha llevado hasta aquí. 

Las supuestas clases medias podrían tener acceso a la vivienda en propiedad, con gran esfuerzo y tipos de interés muy altos, sobre la base del fomento del pluriempleo, para que no tuvieran tiempo para pensar en un tipo vida tan inhumano, alejado de las costumbres europeas. Con la llegada del euro, esto se multiplicó y comenzó a llegar el capital especulador que ha terminado por alicatar la mayor parte de zonas costeras, destrozando el litoral, provocando grandes problemas ambientales y sin solucionar el grave problema de acceso a una  vivienda para miles de personas. 

Con todo ello, el stock total de viviendas en España –principales, secundarias y de otros usos– ha alcanzado los 25 millones de unidades, lo cual da idea de lo que se necesitaría para aumentar significativamente la oferta y así calmar a los economistas de oferta, que hay muchos en la derecha y en la supuesta izquierda. Pero también a la gran pléyade de personas que adoleciendo de un mínimo de conocimiento, siguen machacando a la población con el “grave problema de oferta” y culpando, por tanto, a la falta de construcción de las desgracias de todos los que claman por una vivienda asequible.

Para todos ellos, hay que señalar que la vivienda es un mercado de stocks y además un mercado espacial, ya que coexisten muchos mercados de vivienda muy diferenciados. No es el mismo mercado el de Madrid que el de Mérida, o el de Baleares, dada la gran diferencia de tipología de vivienda necesaria o la presión diferenciada de la demanda. Por todo ello, y si uno analiza la formación de precios en este mercado, no cabe concluir que funciona la ley de oferta y demanda, como se puedo ver durante el episodio de la burbuja inmobiliaria. El problema radica en que la vivienda como bien de inversión funciona como cualquier bien especulativo, es decir, en base a expectativas de precios. Eso implica una retroalimentación de la demanda en tiempos de alzas de precios, como puede ser el momento actual, con la venta de viviendas en máximos (gran parte con compras al contado) y la estadística de precios, muy poco fiable en muchos casos, también en máximos, lo que da idea del carácter claramente financiero del activo denominado vivienda.

La eclosión de las plataformas de alquiler turístico, además, ha convencido a muchos propietarios que sus activos inmobiliarios ya no sirven para vivir en ellos, sino que forman parte de la cartera de inversión de amplias capas de familias, incluso de rentas medias y bajas, que ven en esta figura la salvación de sus escasos recursos monetarias provenientes del factor trabajo. Esta transformación financiera de la vivienda de amplias capas sociales es lo que está retrayendo a los grandes partidos políticos a intervenir de verdad en el mercado de los pisos turísticos y de temporada, como se puso de manifiesto durante la tramitación de la ley de vivienda, actualmente en vigor y que solo se aplica en Cataluña.

Los grandes fondos de inversión y el capital extranjero, fundamentalmente fondos de pensiones, han tomado nota de la elevada rentabilidad del sector inmobiliario residencial en España, por encima del 10% en muchos casos, y del nulo control del mercado de alquiler, en el que las leyes no se cumplen, sin que exista ninguna consecuencia pecuniaria. Como pasa en muchos sectores, las posibles multas que impone competencia son anuladas por la Audiencia Nacional y el Supremo, lo que dice muy poco de la justicia y de la lucha por la existencia de verdaderos mercados competitivos, favoreciendo, de facto a monopolios y oligopolios.  Este capital parasitario y rentista está logrando expulsar a gran parte de los inquilinos de las grandes ciudades, sin que nadie le ponga freno, provocando una pobreza laboral creciente en muchas capas de la sociedad. 

El recurso a la vivienda pública como panacea, que está claro que es necesaria, siempre choca con lo mismo. Ausencia de apetito inversor en este segmento de las promotoras, insuficiencia presupuestaria y pasividad ante el retraso en la puesta en el mercado del suelo existente, permitiendo pingues beneficios a los grandes tenedores de suelo con dicho retraso. La posibilidad de un gravamen específico para el suelo ocioso no parece gozar con la aquiescencia del PSOE, ni con los economistas de oferta, pero es un mecanismo muy útil para frenar la especulación, como pasa en Dinamarca o el Reino Unido, y no obligaría a modificar la ley del suelo.  

Ante este panorama, los grandes partidos se han lanzado a una subasta de anuncios, a cual más estéril, dado que deben ser conscientes de que el problema ya es irresoluble. España nunca tendrá un parque público de vivienda social de la magnitud en tamaño de Viena o los países más avanzados. Es literalmente imposible.  

Partamos del espasmo fiscal que han tenido los miembros del PP en Asturias el fin de semana pasado. Pensar que todos los problemas de la vivienda se arreglan bajando los precios de compra de la vivienda usada es ridículo, máxime cuando alguna CCAA ya lo hicieron en el pasado y los resultados están ahí, Además, solo para vivienda usada y para menores de 40 años. El tema de la liberalización del suelo, más de lo mismo. La ley del 98 ya promulgaba dicha liberalización, pero incluía un elemento perverso que era el tratamiento de la calificación futura como un incentivo a la retención de suelo y su consiguiente encarecimiento. El resultado fue una burbuja inmobiliaria enorme y con consecuencias dantescas. 

Pero el mejor ejemplo de la incompetencia del Partido Popular en materia de vivienda es analizar el Plan Vive de Madrid. Escasamente, se han adjudicado 300 viviendas desde el año 2019, con grietas, mal construidas, y con unos precios que han provocado que más del 50% haya tenido que renunciar. 

En la otra orilla, al menos, sí se habla con la boca pequeña de intervenir el mercado, pero solo un poco. Por un lado, la ley de vivienda ha nacido muerta, y la idea de los avales para comprar, también compartida por el PP, ha resultado un fiasco porque los bancos no la ponen en práctica, ante los riesgos de insolvencia de muchos aspirantes. Pero el PSOE insiste en los beneficios fiscales como si eso fuese la panacea en una selva sin control como es este mercado. La enorme bolsa de fraude fiscal nos debe poner en alerta de que no es la fiscalidad lo que facilita la toma de decisiones en el mercado minorista, al que va dirigido. El miedo a eliminar la fiscalidad de las Socimis, es otro ejemplo de la servidumbre del partido en el gobierno para con los grandes fondos y corporaciones de este estilo. 

En resumen, no hay un verdadero plan para intervenir el mercado de vivienda, ni para promover lo que tienen muchos países europeos en materia de vivienda social y asequible. Si llegásemos a esa orilla, el valor global de la propiedad en España descendería un 30% y sería el fin del sueño español para tantos especuladores foráneos, y eso ninguno de los dos grandes partidos lo va a permitir.  Mientras nos seguirán entreteniendo con reuniones estériles y anuncios vagos, mientras el drama asola a una gran parte de la sociedad que lo necesita.

España termina el año 2024 con cifras macroeconómicas envidiables para muchos países europeos, cuyo anémico crecimiento en Francia y Alemania está lastrando el devenir de la UE. El PIB en España podría alcanzar el 3%, o incluso algo más, la inflación cierra el ejercicio en el 2,8% y la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado en diciembre un máximo de 21,34 millones de afiliados. Se crea más empleo, de mejor calidad, aunque la insuficiente remuneración sigue provocando casos sangrantes de pobreza laboral, por no hablar de las cifras de pobreza infantil. El modelo de acumulación sigue siendo desigual, injusto, poco sostenible en algunas facetas del transporte, poco inclusivo para las personas con discapacidad, y con grandes carencias en servicios públicos de proximidad, como la dependencia, atención domiciliaria y cuidados a mayores. 

La estructura productiva, aunque algo se ha corregido tras la pandemia, sigue siendo demasiado dependiente del turismo de masas, con enormes costes medioambientales, lastrando la vida de vecinos y comercios de barrio, y arruinando muchos sueños de jóvenes, inmigrantes y clases medias a la hora de encontrar una vivienda asequible.  Es precisamente el acceso a la vivienda el talón de Aquiles de este gobierno, cuyas políticas de acceso han chocado siempre con el miedo a los grandes fondos de inversión y el ancestral complejo de inferioridad que tiene la izquierda cuando llega a los grandes Ministerios. Su solución, que nunca llegará a corto plazo, debería ser el principal objetivo presupuestario, junto con el de sanidad y educación a nivel autonómico, para elevar la famosa productividad de los factores y llegar al ansiado pleno empleo, algo que dentro de este modelo de UE nunca se logrará.

Los últimos datos de exportaciones no turísticas abren una ventana de esperanza para diversificar el empleo, ya que las nuevas tecnologías, energías renovables, inteligencia artificial e industrias emergentes parecen que han logrado calar entre el empresariado, muchas veces foráneo, y han demostrado que en España se puede producir algo más que servicios de hostelería mal pagados y sin explotar a los trabajadores. Con este nuevo paradigma, junto a una profunda reforma fiscal, España debería liderar en la UE una modificación drástica del corsé fiscal y financiero que suponen las absurdas reglas fiscales que, previsiblemente, a partir de 2026 volverán a obligar a las economías de la UE a reducir presupuesto y aumentar el paro, algo consustancial a lo que predican las economías de oferta y neoclásicos, lo que sin duda truncará los brotes verdes que se han abierto en España. 

Estas reglas fiscales, un déficit público determinado y una ratio de deuda también preconcebida, no se asientan en ningún precepto lógico y responden, más bien, a una alergia a la intervención pública en la economía, como hemos hecho desde la pandemia para acá. El gasto público, todavía muy escaso y poco eficiente en España en muchas partidas, es lo que nos ha sacado del marasmo de la pandemia, pero también de la crisis de Ucrania o ahora del desastre climático de la DANA en Valencia. Este episodio, como tantos otros, es un buen ejemplo de cómo planes de empleo garantizado pueden solventar gran parte del paro estructural que tenemos en España, en parte por el edadismo que las empresas practican, con el beneplácito de las administraciones públicas, que hace que la tasa de empleo de mayores de 52 años esté a 20 puntos de muchos países de nuestro entorno. Más empleo femenino, de jóvenes y de parados de larga duración puede ser creado precisamente por la gran cantidad de empleos verdes, de cuidados y de cuidado del medio ambiente que España, pero la UE también, va a necesitar en el futuro. El enorme coste que supondrán los episodios meteorológicos extremos que se avecinan, tendrán que ser paliados y mitigados por enormes cantidades de dinero público que en ningún caso deberían computar para el cálculo del déficit público o la ratio de deuda pública.   

La capacidad de emisión de dinero ilimitada que pueden tener los bancos centrales con soberanía monetaria  debería ser utilizada para regar de fondos todos los sectores que necesitan grandes cantidades de inversión, especialmente vivienda que, en el caso español, debería plasmarse en la construcción, compra o expropiación de un número de viviendas que se acercan a los 7 millones de unidades, para poder reducir y eliminar la inflación de precios que nos asola.  Junto a esto, una reducción de jornada significativa para mejorar conciliación y natalidad, ayudará a paliar otro de los grandes problemas en España, la demografía. La erradicación del racismo institucional y político que se ha instalado en una parte no desdeñable de la sociedad será una de las herramientas para que la inmigración se pueda instalar en nuestro país, y goce de todos los derechos laborales que merecen. 

En suma, con estos mimbres, el año 2025 vendrá plagado de obstáculos políticos y sociales para poder cambiar gran parte de las políticas llevadas a cabo hasta ahora en materia fiscal y laboral, pero sobre todo debería ser un año clave para poder eliminar las reglas fiscales impuestas por la oligarquía financiera alemana y francesa. Si esto se lograse y convenciéramos a los escépticos de las bondades de la emisión de moneda y el empleo garantizado, habríamos dado un salto de gigante hacia el pleno empleo sostenible.  Hasta que eso llegue, seguiremos sufriendo problemas de acceso a la vivienda, salarios bajos y empleos precarios en muchos sectores. Pero eso sí, seremos la envidia de los países que han dejado de ser la locomotora de la UE, precisamente por sus miedos absurdos al gasto público y la intervención en la economía.      

El debate sobre las bondades de la reducción de la jornada laboral en España está costando que se abra camino entre tanto ruido mediático sobre supuestas corrupciones y con la judicatura en pie de guerra contra el presidente del Gobierno y su familia. 

Esta aparente apatía social sobre un tema crucial de nuestras vidas ratifica la evidencia de la escasa apetencia de una sociedad muy desregulada por las luchas laborales. Hay una creencia generalizada sobre la inocuidad de las luchas sindicales en la consecución de los derechos laborales que hoy disfrutamos, como pueden ser la jornada laboral de ocho horas (teórica), las vacaciones pagadas, el pago de las bajas laborales, la abolición del trabajo infantil o la esclavitud, o las conquistas, todavía muy escasas, sobre conciliación y permisos para cuidados. 

La progresiva atomización de las relaciones laborales, lo que en el límite supone negociar de forma individual con tu empleador, está siendo un factor clave para entender la pérdida progresiva del poder de negociación de los trabajadores que se viene traduciendo en el mantenimiento de bajos salarios, horas extras sin cobrar y abusos en la contratación en algunos sectores, como los riders, la agricultura o las empleadas de hogar.

Esta reducción de la densidad sindical, muy propia de economías de servicios de bajo o medio valor añadido, lejos de ser una conquista del liberalismo más irracional, es el triunfo del discurso antipolítico y antisindical que ha calado de lleno en la sociedad española, sin que los ciudadanos, los verdaderos perjudicados, se hayan sentado a reflexionar sus dramáticas consecuencias. Les guste o no a los supuestos gurús económicos que dominan la academia en España y alrededores, una economía sindicalizada obtiene mejores resultados económicos, mayores dosis de paz social y sobre todo un grado de reparto de la renta nacional más equitativo. 

Los panfletos que asolan los libros de texto y las clases, supuestamente magistrales, en la mayoría de las facultades de economía y finanzas tratan de convencer a las nuevas generaciones de las bondades de la desregulación absoluta de las relaciones laborales, aunque los resultados empíricos digan lo contrario. Esta contracultura también se enseña en las escuelas de negocios, de las que luego salen empresarios del siglo XIX, como la cabeza visible de la CEOE, Garamendi. 

Este anacronismo es particularmente llamativo en las discusiones, escasas y viscerales, más propias de una cena de navidad que de una sociedad madura, sobre la reducción de la jornada laboral. En España, la jornada máxima legal sigue anclada en las 40 horas semanales desde la publicación del actual Estatuto de los Trabajadores, cuya redacción data casi de la era postindustrial y previa a una economía de servicios y de plataformas, movidas por un algoritmo. En esta travesía desde aquellos años 80, la economía española ha transitado hacia un modelo de sociedad más individualista, pero curiosamente, más permisiva para con los abusos laborales. La precariedad laboral, la llegada de millones de inmigrantes, la ausencia de proyecto vital para millones de jóvenes, y la falta de escrúpulos empresariales y políticos para con las necesidades de cuidados personales y familiares, arrojan evidencias suficientes para acometer entre todos un cambio drástico en las relaciones laborales, en el tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, en el cómputo real de la productividad en una economía cuasidigitalizada. 

Las propias discusiones académicas sobre el impacto de la reducción de jornada en la productividad y en los costes laborales suenan antiguas y más propias de guerras culturales entre facciones de la excéntrica y obsoleta Teoría Neoclásica de los años 70. Hay múltiples evidencias de que la reducción de la jornada laboral precisamente estimula la productividad, cuyo componente emocional no aparece en los modelos matemáticos diseñados por hooligans sin base científica. La propensión al presencialismo en el puesto de trabajo solo se defiende en España desde posiciones muy reaccionarias que no asumen que la felicidad y el bienestar de un trabajador es precisamente lo que mejora el desempeño laboral, frente al hostigamiento y el agotamiento que degenera en graves problemas de salud física y mental. De nuevo, los agentes que desprecian las bondades de la reducción de jornada laboral, en esencia la CEOE y sus lobbys mediáticos, junto a centros de pensamiento único, son los que más cuestionan el problema del absentismo laboral o la abundancia de bajas laborales, tratando de meter el miedo en e cuerpo a trabajadores para que no cojan la baja, bajo amenazas de perder el puesto de trabajo. En este punto, cobra mas sentido aún, el problema de no estar sindicado, dado que, por tu cuenta, es imposible defenderse de las brunetes mediáticas, políticas y académicas que han logrado ganar el relato sobre el carácter de vagos y maleantes de todos aquellos que se atreven a coger bajas de corta o larga duración.

En el largo proceso negociador, la CEOE ha ido poniendo todo tipo de pretextos para no firmar el acuerdo, a pesar de que muchos convenios ya tienen horarios de trabajo en el umbral de las 37,5 horas, e incluso por debajo. El argumento de incrementos de costes, cuya evidencia no es concluyente en muchos sectores, e incluso podrían darse el caso de que se redujese el coste efectivo, solo esconde la frustración que llega a la CEOE de que gran parte del arco parlamentario, la sociedad en general y muchas evidencias empíricas están a favor de una medida que, junto a algunas partes de la reforma laboral, y al alza del SMI ha propiciado una mejoría en los segmentos más débiles de la cadena laboral. Esta reducción, además, mejoraría sustancialmente los salarios a los trabajadores a tiempo parcial, los más necesitados, lo que añadiría una mejoría en las condiciones de vida de más de dos millones de trabajadores. 

El Gobierno ofreció en el dialogo social un periodo de transición con ayudas públicas para empresas muy pequeñas, lo cual haría más digestible la matriz de transición entre dos escenarios que, salvo en casos muy puntuales, no deberían estar abismalmente separados. A pesar de esta generosidad, la p⁸atronal declinó el acuerdo, básicamente por imposición política de la derecha política y mediática, para no darle más oxígeno al maltrecho presidente Sánchez. 

En suma, es la dirección causal entre salarios, reducción de jornada y productividad lo que separa a estos dos universos teóricos. Por un lado, los neoclásicos del pleistoceno abogan porque primero viene el incremento de la productividad, y ya si eso subimos salarios o reducimos jornada, pero solo si me apetece. Por otro lado, están los que han podido demostrar que la dirección es la contraria, es decir, si subo los salarios y reduzco jornada, los trabajadores serán más productivos. Esa teoría se llama Salarios de Eficiencia, y no está impulsada por pérfidos comunistas, sino por economistas como Akerloff o Yellen. 

El último escollo para la no reducción de la jornada laboral ha surgido del mundo socialista, que, ante las presiones de las grandes corporaciones, ha empezado a recular y propone posponer la entrada en vigor de esta medida, más que nada para contentar al flanco más conservador que anida en el PSOE y que suele salir a pasear cuando los trabajadores están cerca de conquistar un nuevo derecho. 

En resumen, España seguirá siendo una isla en el continente europeo en relación con la jornada laboral, con el número de horas extras sin pagar en máximos, y con una propensión al lacayismo de los trabajadores fruto del bombardeo informativo que ha vaciado de contenido el cerebro a una parte sustancial de los trabajadores de este país. Al mando sigue estando la CEOE, institución poblada por poco empresario real y con una mentalidad de corte autoritaria e irracional que impide los avances sociales básicos en España. Así nos va.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España. 

En España existen una serie de lagunas estadísticas que, después de muchos años, siguen sin ser resueltas. Por más que la estadística sea una asignatura odiosa para muchos alumnos, su importancia a nivel nacional es crucial, aunque los gestores públicos no se lo tomen tan en serio como sería deseable. 

Hace unos años, el ministro Solbes me hizo una pregunta cuando estábamos diseñando en el Ministerio de Vivienda la Renta Básica de Emancipación, y era si sabíamos el número exacto de personas que vivían de alquiler, dado que era un dato crucial para presupuestar la cuantía necesaria. Con mucha vergüenza le contesté que no, que solo manejábamos encuestas, como la Encuesta de Condiciones de Vida, tan imprecisa como estéril para conocer la realidad del mercado del alquiler en España. A día de hoy, seguimos casi tan a oscuras en este campo, tanto en lo que concierne a personas que viven en alquiler, como en lo referido a precios reales. El Estado, que ha hecho dejación de funciones estadísticas en este campo, y paga cuantiosas cantidades de dinero por datos sesgados a empresas del tipo Idealista, un lobby reconocido en este campo. 

Este es un ejemplo palmario de cómo el INE desecha utilizar fuentes administrativas al alcance, como serían los registros de contratos de alquiler o las fianzas, donde sean fiables, para construir un verdadero arsenal fiable de datos en este mercado. La falta de datos fiables es un arma de destrucción masiva para los gestores públicos que tratan de diseñar políticas públicas fiándose de datos sesgados, a veces falsos y con grandes lagunas en otros casos, lo que distorsiona la conversación pública. En este punto, también recuerdo cuando desde el Ministerio participé en un grupo para impulsar una estadística de precios hedónicos para el mercado de la vivienda en compra y alquiler, con una respuesta desoladora en aquel momento, que era que ello llevaría una carga de trabajo excesiva para el propio Instituto. 

Este sesgo del INE al utilizar encuestas o muestreos, frente a datos reales, también se puede observar en el cambio operado en el conteo de viviendas. Hemos pasado de un censo real a un muestreo, con la consiguiente pérdida de eficiencia y calidad de dicha estadística, crucial para el devenir económico de un país. 

Estos son algunos de los ejemplos de ineficiencia que asolan las estadísticas oficiales de este país. El sistema de Cuentas Nacionales, cuya metodología es homogénea con el resto de países de la UE, no es incompatible con la utilización y cruce de datos estadísticos procedentes de registros administrativos. Algo que todavía no está instalado en España. Hay millones de datos relevantes que recaban instituciones públicas, como Ministerios, Agencias Estatales o la propia Seguridad Social o la Agencia Tributaria, que no son explotados de forma conjunta para configurar una estadística sólida, mucho más fiable y sobre todo de mayor calidad. 

Un ejemplo reciente lo tenemos con las sucesivas revisiones llevadas a cabo por el INE, cuyas últimas cifras son realmente chocantes, al añadir más de 77.000 millones de euros al PIB entre 2021 y 2013. Todo ello, a pesar de que la propia directora de Cuentas Nacionales negara este extremo hace unos meses. Estos cambios elevan el crecimiento del PIB en España en 2023 hasta el 2,7%; en 2022, al 6,2%, y en 2021, al 6,7%. Esto también desmontó la cantinela de que España había salido más tarde del hoyo del Covid, ya que realmente salimos en el tercer trimestre de 2022, a la par de muchos países de nuestro entorno. 

Estas anomalías estadísticas comenzaron a ser puestas de manifiesto por dos excepcionales profesionales, Francisco Melis y Miguel Artola, sin que el INE se diese por enterado. Las fuentes discrepantes eran conocidas, la recaudación fiscal crecía por encima del PIB nominal, las horas trabajadas y el empleo no respondía a criterios lógicos, dado que se elevaban por encima del PIB, lo que distorsionaba el debate sobre productividad y hornada laboral. Así mismo, los reportes a Bruselas estaban sesgados, ya que la ratio de Deuda/PIB o el déficit público no se correspondían con la realidad económica en España. 

Parte de esta infraestimación seguramente proviene de la digitalización progresiva de la sociedad actual, la falta de control sobre pagos por fuera del sistema bancario, pero también por al auge del comercio electrónico y la elevada demanda de servicios turísticos fuera del canal institucional, es decir los pisos turísticos ilegales que pueblan la geografía española sin control alguno. 

Con esta revisión histórica, que se ha realizado en línea con el resto de socios comunitarios, la economía española presenta un estado más solvente, aunque con el problema endémico de la dependencia del consumo privado y los servicios, si bien la evolución de las exportaciones alberga algunas luces positivas. 

En suma, el INE y el resto de proveedores estadísticos en España necesitan una revolución metodológica, un proceso de integración mediante técnicas de Big Data, y sobre todo mucho presupuesto para que, de una vez por todas, los gestores públicos no tengan que legislar con grandes lagunas estadísticas o con la compra de datos sesgados a lobbys del tipo de Idealista. Y por supuesto, hay que seguir apoyando a expertos como Francisco Melis y Miguel Artola.                 

Una vez más la conversación pública en España se ha convertido en un vertedero de descalificaciones e insinuaciones entre los agentes políticos y mediáticos, tras el nombramiento del ministro Escrivá como gobernador del Banco de España. De nada sirve que en el Consejo del BCE, donde estará Escrivá ya el próximo día 11 de septiembre, esté lleno de ex ministros, como el caso de Austria o Portugal, asesores y otros cargos políticos que pasan directamente a formar parte del directorio, siendo gobernadores de los respectivos bancos centrales de cada país. 

El pecado del ministro Escrivá, según estas voces, es que pasa directamente de la mesa del Consejo de Ministros al edificio de Cibeles, sin solución de continuidad, por lo que, según estas fuentes interesadas, provocará un descrédito de la institución y una “colonización” de la misma, siempre porque el elegido es un supuesto socialista peligroso.

La realidad es bastante distinta a la que dibujan estos agoreros, cuya vigencia del argumento durará escasos días, porque la próxima institución ya no tiene las funciones que otrora sí podían verse afectadas por un cargo político. En primer lugar, hay que destacar que el currículum de Escrivá es impecable para cubrir la vacante; si lo comparamos, por ejemplo, con Luis de Guindos, le supera ampliamente, y este es hoy, nada menos, que vicepresidente del BCE. Para los puristas académicos liberales y libertarios, a Escrivá solo le falta ser doctor, algo de lo que también adolece De Guindos, o la propia Christine Lagarde, pero ellos siempre se callan a la hora de juzgar a sus correligionarios ideológicos. 

En segundo lugar, para los que ponen el grito en el cielo, España hace tiempo que delegó la política monetaria y cambiaria al BCE, perdiendo la soberanía monetaria, algo que muchos seguimos echando de menos para poder llevar a cabo políticas fiscales expansivas que pudieran acabar con el desempleo. Esto hace que no quepa incidencia del titular del Banco de España sobre la política económica del país, lo cual despoja de cualquier veleidad de intervención o falta de independencia a la hora de votar en los Consejos del BCE sobre el devenir de los tipos de interés. 

En consecuencia, no existen conflictos de intereses por pasar de ministro a gobernador, dadas las funciones que la propia Ley de Autonomía del Banco de España otorga a su rector. Adicionalmente, y por el flanco ideológico, Escrivá es un liberal de libro y neoclásico de formación, lo cual no desentona para nada a la hora de analizar el papel de los tipos de interés, o la función y definición del dinero, muy alineada con los colegas del BCE. 

Pero vayamos, de verdad, a lo que sí causa un descrédito de la institución. El Banco de España sí conserva, por delegación, la supervisión financiera y bancaria y por tanto, la defensa de los usuarios de banca y entidades financieras. Aquí el fracaso de los antecesores ha sido palmario. La burbuja inmobiliaria, negada en el propio servicio de estudios del Banco de España, y las sucesivas crisis bancarias han sido el punto más negro de la última década, y especialmente cómo se ponen de perfil ante las estafas bancarias, como por ejemplo las clausulas suelo, entre otras. Los llamados técnicos y no políticos, como Linde o Hernández de Cos, han mirado para otro lado, y se han dedicado básicamente a alertar sobre las catástrofes de la subida del salario mínimo o la recesión que supuestamente llegaría a España en el año 2023. Estos factores, disfrazados de análisis académicos, seguirán presentes ante la llegada de cualquier nuevo gobernador, ya que dicha figura no redacta los informes que se publican, sino que son los economistas titulados los que los llevan a cabo. 

Otro argumento que se ha esgrimido es que el Banco de España ejerce de contrapoder al Gobierno, algo que no es así, y que se encarga de fiscalizar las políticas públicas, lo que tampoco es cierto. Estas aseveraciones son las que se utilizan para negar la posible independencia del ministro Escrivá, lo que no se utilizó con De Guindos, Caruana u otros en el caso europeo. 

El Banco de España emite informes no vinculantes, también realiza previsiones, cuya fiabilidad en los últimos años es muy discutible, pero no intervine en ninguna faceta de la determinación de la política económica del país y nunca podrá influir en las decisiones del Ejecutivo, y mucho menos en las del Legislativo. 

En suma, el ministro Escrivá es un perfecto economista liberal, monetarista y neoclásico, con aprioris ortodoxos sobre el concepto del dinero, la excitante e inverosímil teoría sobre la velocidad de circulación del mismo. Además, como se ha demostrado, es intercambiable en gobiernos del PSOE y del PP, por lo que no causará ningún problema en el Consejo del BCE, algunos de cuyos miembros tienen menor capacidad profesional que él. 

Lo que hay que pedirle desde mañana es que se ocupe y preocupe de la selva en el sector financiero, que mejore la capacidad de defensa de los consumidores, y que sí sea independiente en materia de control y sanción para las entidades que estafan a muchos clientes, no como sus predecesores. Y por su supuesto, en sus ratos libres que haga suyas las conclusiones de la doctrina que emana del Servicio de Estudios, es decir no hay que subir el salario mínimo, obviando la teoría de salarios de eficiencia, que se desdiga de las bondades de su reforma de pensiones, y que mantenga las fantásticas soflamas de la teoría económica y monetaria neoclásica. Nada de esto afectará a la independencia del Banco de España, salvo para los nostálgicos que siguen pensando en pesetas.                

El culebrón de la OPA del grupo húngaro Ganz-Ma VAg sobre la española Talgo parece que toca a su fin, tras el veto del Gobierno español y el aval de Bruselas a dicha decisión. 

La excepcionalidad en este caso supone romper el Mercado Único y la libre circulación de capitales dentro de la UE, con el argumento de que la seguridad de un Estado puede verse alterada por la toma de control de una empresa catalogada como estratégica. 

El problema que ha surgido nace de una contradicción en el sistema capitalista que bendice la plena libertad de circulación de capitales, salvo cuando pueden estar en juego, supuestamente, la seguridad nacional o el suministro de servicios esenciales, como puede ser la luz, gas, petróleo u otros similares. En el caso que nos ocupa, el argumento es que la tecnología de Talgo podría ser transferida a los rusos, enemigos ahora de la UE tras el inicio de la guerra en Ucrania, aunque hay muchos países que siguen realizando negocios con Rusia, a través de terceros. 

Esta contradicción, capitalismo de conveniencia se puede llamar, huye del núcleo del problema básico que no es otro que la industria nacional propia es una garantía, no tanto de seguridad o de suministro, sino de ventaja competitiva y de progreso económico mucho más sano que, como España ahora, depender del ciclo de negocio del turismo y la hostelería. 

Lo que se está demostrando en el caso de Talgo es que el accionariado únicamente está pensando en maximizar el valor de las acciones, y por tanto, es una estrategia meramente financiera, muy alejada del objeto de la compañía que es dotar de tecnología punta a un sector como el de transporte que aporta al PIB un 2,9%. Este hecho, que no se está considerando en ninguno de los análisis, tiene en jaque al propio ejecutivo y a la Comisión Europea, en una película de espionaje y contraespionaje, pero cuyo impacto económico es infinitamente superior al supuesto problema de seguridad esgrimido por el gobierno español. 

España, que podría ser una potencia industrial en muchos campos, y el ferroviario es uno de ellos, ha dejado poco a poco escapar el valor añadido de gran parte de la industria, cuyos centros de decisión se han situado fuera de España, lo que convierte a nuestro país en meros ensambladores, como ocurre, por ejemplo, con el automóvil. La entrada en la UE, el Mercado Común de entonces, ha supuesto la pérdida de gran parte del aparato industrial, y eso explica el bajo nivel de investigación y desarrollo que se produce en España, lo que repercute en la productividad de los factores, especialmente del capital, como ha demostrado recientemente el IVIE y BBVA. 

El abandono de la industria, bajo el paradigma de que el Estado no debe ser productor de nada, dejando su papel a la prestación de servicios básicos como educación, sanidad y servicios sociales, ha empobrecido a España frente a los países de nuestro entorno que, en algunos casos como Francia, sí mantienen ciertos sectores en manos públicas. En el caso de Talgo, uno de los grandes problemas que tiene es que carece de un socio estratégico que aporte capital y, sobre todo, músculo financiero para acometer el volumen de inversión necesario para cumplir con diligencia y solvencia, la cartera de pedidos que tiene por todo el mundo. La tecnología del doble ancho es un bien muy apreciado por gran parte de los países donde Talgo atesora clientes, y será una de las variantes que se implementen en aquellos Estados que sean frontera con diferentes anchos de vía. 

Por todo ello, y dado el valor bursátil de esta compañía, 620 millones de euros, merecería la pena estudiar que el Estado entrase definitivamente en Talgo y asumiese el coste de expansión y generación de valor de una empresa puntera, lo que redundaría en una abaratamiento de costes en el suministro a Renfe y con ello, cerrase la posibilidad de perder, una vez más, la carrera tecnológica y el futuro de una industria que permite equilibrar el excesivo peso de los servicios de bajo nivel añadido. 

La nacionalización de la industria, en sectores básicos, es una tendencia que la UE debería permitir, despojándose de clichés ideológicos absurdos que ha dejado a gran parte de los Estados más débiles, al albur de los fondos de inversión especulativos. La financiarización de la economía ha destruido gran parte de los empleos más productivos que otrora teníamos en España y nos ha empujado a la despoblación autóctona de las grandes ciudades.la gentrificación y el abuso de posiciones de dominio en grande sectores básicos para la ciudadanía, como la alimentación, vivienda y poco a poco, la sanidad, educación, transportes y servicios sociales. Esto ha sido posible gracias a la nefasta regulación de la UE que, empujada por los grandes lobbys, ha pretendido que toda la actividad económica esencial europea se gestione en el casino bursátil y cuyo único objetivo sea maximizar el valor del accionista, lanzando a una gran parte de la población al desempleo o subempleo. 

En conclusión, por la dimensión económica de Talgo y por su importancia estratégica, España debería entrar en el accionariado, como socio mayoritario, estratégico y financiero para que el transporte ferroviario, y la industria auxiliar, alcancen la seguridad y solvencia que necesita nuestro país. Solo es una cuestión de voluntad política y trabajo fino en Bruselas.            

El debate estos días en Europa, tras las elecciones al Parlamento Europeo, pero también en otros países como Francia, gira en torno a la desafección política hacia los supuestos europeístas, con el consiguiente aumento de los mensajes nacional-populistas. 

El escaso rigor intelectual de dichos mensajes, siempre lanzados por una clase política marginal cada vez menos instruida, no ha sido óbice para que parte del mensaje anti globalismo, por un lado, y racismo puro, por otro, haya calado entre una población europea cada vez menos europeísta en el sentido clásico. 

Las elites de Bruselas, las mismas que diseñaron todos los mecanismos de control de las finanzas, e impusieron criterios de convergencia tan absurdos como dañinos cuyos resultados se pueden palpar caminando por muchas regiones de la Europa del Sur y recientemente del Este, ahora se enfrentan a una rebelión social, aunque errando el tiro. En este punto, conviene recordar las enseñanzas de Mundell, el mayor experto en aéreas monetarias optimas, cuando decía que, “en lo posible las economías participantes debían presentar ciclos económicos sincronizados y niveles de inflación, déficit fiscal y endeudamiento similares”.  

El núcleo del problema del desencanto radica no tanto en el globalismo o en la inmigración como en el diseño del área monetaria, es decir, el euro, y los efectos que ha tenido sobre empleo, salarios, y bienestar social. No hay que olvidar que quienes diseñaron el euro no tuvieron en cuenta los costes de ajuste de unir a economías tan dispares como la alemana, la holandesa o la austriaca con la griega o la española, por no hablar ahora de los países del este. 

Los resultados de la implantación del euro arrojan luces y sombras tangibles, pero el gran problema es que quienes están canalizando el descontento de amplias capas de la población cada vez más pobre son los iluminados, como Vox o Alvise Pérez  en España, que en ningún caso entienden cómo se combate una unión monetaria mal diseñada. 

La llegada del euro es cierto que ha mejorado la renta de algunos sectores protegidos, como la agricultura, y ha favorecido el comercio internacional en economías antaño cerradas, o semi autárticas, junto a la mejora de infraestruturas en gran parte de la Europa más desfavorecida. 

Sin embargo, y ahí está la clave, todo esto se ha hecho provocando una transferencia de renta de los países del Sur, como España, Grecia o Portugal, hacia el Norte vía endeudamiento, que sigue lastrando a las economías más pobres, dado el canibalismo del Norte a la hora de las quitas de deuda, como se comprobó en la crisis financiera de 2008. 

Los ajustes obligatorios de gasto, algo absurdo en un contexto de mutualización de deuda, han generado la pérdida de millones de empleos en la industria y abocando a que la mayoría de economías del Sur sean un mero receptor de turistas del Norte, con la consiguiente depredación del tejido productivo y la fuga de talentos, como ya se viene observando desde hace tiempo.

El corsé financiero del déficit y la deuda está provocando una revolución silenciosa en los países más pobres. Los servicios públicos poco a poco se van desmantelando y se van haciendo con ellos las grandes multinacionales de la salud y la educación, justo cuando apenas llegábamos a tener un Estado del Bienestar más o menos homologable a las grandes potencias. Si a esto unimos  el grave problema de la vivienda, que España lidera, nos encontramos ante un coctel explosivo que, sin duda, nada tiene que ver con la inmigración o la Agenda 2030.

En esencia, estamos ante un dilema económico de primer nivel, que hasta ahora nadie es capaz de liderar. ¿Se pueden modificar las reglas impuestas por Mastricht? La respuesta es que sí, pero, para ello, la clase política actual debería transformarse en un ejército pensante al servicio del conocimiento y abominar de las teorías neoclásicas del crecimiento y del dinero.

En primer lugar, hay que desterrar el mensaje que la deuda pública es un mal en sí mismo y que es insostenible cuando sobrepasa un determinado límite, completamente arbitrario. Los ejemplos de Japón, Italia y la misma Francia, e incluso EEUU, son el paradigma de que este criterio es perfectamente prescindible. No hay que olvidar que el análisis de la deuda se encara desde una óptica de saldos contables: la deuda de un agente es el ahorro de otro y, por tanto, en un mundo con exceso de ahorro, los riesgos son realmente mínimos entre los países que conforman la UE. 

El déficit público es otra variable cuyo riesgo hay que minimizar y abandonar la idea del equilibrio permanente, máxime en economías tan dispares como las que conforman la UE. Como ya se ha dicho, si hubiera convergencia real entre los ciclos de los países miembros, estas medidas tendrían algo de sentido. En este mismo sentido, conviene liderar una corriente que pueda demostrar que el crecimiento salarial es el que lidera las mejoras en productividad, y no al revés, como han demostrado bastantes autores dentro del epígrafe de salarios de eficiencia (Storm y Naastepad, 2007). 

El gasto público suficiente, la cobertura de servicios públicos y el crecimiento salarial son los elementos que tienen que regir la estrategia de la UE en este nuevo mandato, junto con un verdadero Pacto Verde para hacer de la UE un espacio saludable y solidario. Para todo ello es necesario entender y aprobar planes ingentes de inversión pública, como el de vivienda ya planteado, y que el BCE deje de ser el garante de la ortodoxia neoclásica. La figura del dinero fiat, beneficioso para los tenedores de moneda propia, tanto desde una óptica fiscal como monetaria, debería ilustrar a los gobernadores y a la presidenta, para poner en marcha algo similar a lo que hizo el Reino Unido durante la pandemia: inundar de fondos al Tesoro para poder gastar sin límite, aunque los gestores en el Reino Unido no hayan sido los mejores. 

En suma, la posible rebelión social vendrá por el lado económico, ante la incapacidad de las estructuras de la UE de satisfacer las necesidades de amplias capas de la población, cada vez más empobrecidas por el falso rigor económico impuesto por las instituciones. El devenir de la industria, de la educación y la sanidad, junto al grave problema del envejecimiento de la población y la despoblación, no se pueden combatir con reglas fiscales absurdas y con recortes de gasto público. Urge, por tanto, redefinir el diseño del euro, introduciendo una nueva teoría económica compatible con el desarrollo en igualdad, desterrando a la elite neo libertaria a medias que anida en el BCE y ahora en el Parlamento Europeo.                        

En España los grandes debates siempre llegan tarde, o no llegan, lo cual caracteriza a una sociedad más pendiente de discusiones estériles que de alumbrar fórmulas para solucionar los grandes problemas que nos asolan. 

Uno de estos problemas es la anomalía que supone una jornada laboral presencial mayor que en gran parte de nuestros homólogos europeos, consecuencia de unos horarios de trabajo irracionales que provocan serios problemas de salud física y mental.  Ello está condicionando y lastrando, en parte, la salida definitiva del pozo del desempleo que, a pesar de las buenas cifras, sigue demostrando que nuestro paro estructural es una de las grandes asignaturas pendientes. 

Los grandes números del empleo en España muestran una fortaleza no esperada por algunos gurús de televisión, pero también por algunas instituciones de clara ideología neoclásica, como la Airef o el Banco de España, cuyos augurios en octubre hoy deberían sonrojarles (algo que, obviamente no ocurrirá). El número de afiliados supera los 21,3 millones, se sigue reduciendo el trabajo a tiempo parcial, salvo en el sector público, donde la querencia por los despidos en verano raya lo irracional y desmonta muchos discursos de la propia vicepresidenta del Gobierno, cuyo desempeño, en cualquier caso, hay que alabar. En conjunto, la economía lleva creando empleo los últimos cincuenta meses, en cifras desestacionalizadas, algo que poca gente puede explicar, y sobre todo sigue sorprendiendo a las autoridades europeas. Junto a esto, y mirando la Balanza de Pagos, el empleo no turístico, más centrado en la tecnología y con elevado valor añadido, comienza a tener cifras muy halagüeñas, lo que permite ser optimistas, respecto a nuestra capacidad de formar empleo cualificado.   

Las grandes sombras del empleo están en la tasa de paro, sin bajar del 11% a pesar del ciclo alcista, próximo a su cenit, lo cual nos dice que existen cuellos de botella que tienen que ver con la obsesión por el déficit público y la deuda. Su control irracional por parte de la Comisión Europea se demostró muy peligroso y doloso durante la crisis del 2008, siendo corregido a lo largo de la pandemia, decisión que debería ser el faro para desmontar las reglas fiscales. 

La estructura del paro estructural se asienta en cuatro elementos. Por un lado, una población joven desencantada, aunque en franca reducción, en la que coexistien jóvenes formados y no formados. En segundo lugar, una enorme bolsa de mujeres que siguen sin encontrar empleo, a pesar de tener las mujeres su récord de ocupación, siempre por debajo de la jornada deseada. En tercer lugar, fruto del edadismo galopante de nuestras empresas, mayores de 45 años que, una vez salen de las empresas, su empleabilidad y nivel de actividad quedan en mínimos respecto a la media europea. Por último, seguimos muy lejos de las tasas de empleo y actividad de las grandes economías del norte de Europa, lo que permite aseverar que faltan políticas audaces y empresas más grandes y modernas.  

Estas grandes cifras de empleo, sin embargo, chocan con otra realidad más sombría. La desigualdad sigue creciendo, a pesar de que las subidas del salario mínimo han ayudado a más de un millón de personas a salir de las cifras –cuestionables– de la pobreza severa, según una entidad bastante sospechosa como es el FMI. Esta desigualdad, muy presente en países con baja densidad sindical y escaso peso del empleo industrial, se acrecienta por el pésimo diseño y ejecución de las escasas ayudas familiares que tenemos en España. Otorgar la responsabilidad de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar al cuerpo de funcionarios de élite del país, cuya fobia y animadversión hacia el combate de la desigualdad  es manifiesta, explica el escaso impacto del Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo. España es uno de los países más regresivos en el diseño de ayudas públicas y resulta grotesco que las rentas medias, e incluso altas, reciban más ayudas, que las rentas más bajas. 

Junto a la desigualdad creciente, la formación de salarios sigue adoleciendo de una visión racional de lo que supone la demanda efectiva, frente al chamanismo irracional de las políticas de oferta (supply side). Aquí, lo que subyace es la dirección de causalidad entre crecimiento salarial y productividad. Para los economistas de oferta, la dirección está clara. Solo si aumenta la productividad se podrá mejorar el salario. Por el contrario, hay mucha literatura, que obviamente no se enseña en las universidades, que demuestra que es al contrario. Un mayor salario mejora nítidamente las cifras de productividad, por lo que sin duda estamos ante un fracaso de las políticas neoclásicas que preconizan la austeridad expansiva, fruto de la negación de que hay otro marco conceptual que podría cambiar la estructura salarial de nuestro país. 

Este empecinamiento sobre las bondades de pagar mal en España, obliga a muchos compatriotas a emigrar hacia economías donde sí se valora la formación en España y se remunera conforme al valor creado, no como aquí. Parece un contrasentido que un médico en España sobre tres veces menos que en otro país, con la misma formación. Lo mismo habría que decir de ingenieros y muchas otras profesiones. En consecuencia, las teorías sobre qué es la productividad, lo que permite subir los salarios, tiene muchos contraejemplos. 

Esta misma aproximación neoclásica también se aplica al debate surgido sobre la duración de la jornada laboral. Este debate, que tiene varias aproximaciones, no se puede desligar de otro adyacente, que es la estructura de horarios de trabajo en España. El abuso de la presencialidad en muchas profesiones, junto a las jornadas partidas y tiempo de comida de dos horas, supone una anomalía histórica que las empresas se resisten a modificar, lo que convierte a la CEOE en un actor más de la serie Cuéntame. Ello puede hacer gracia a quienes le apoyan, pero está causando un grave problema económico –baja productividad por descenso de ciclos circadianos a partir de un punto–, pero también de salud física y mental. Existen numerosos estudios, yo mismo hice uno para el Ministerio de Trabajo hace años, que demuestran que la modificación de horarios de trabajo en línea con las mejores prácticas europeas supondría un incremento de la productividad de algo más del 2% anual. Esto debería ir acompañado con la elaboración de una norma similar a la británica Ley del Tiempo de Trabajo, que obliga a las empresas a facilitar modificaciones de entrada y salida del puesto de trabajo, e incluso de organización del tiempo semanal, llegando a modificar incluso qué días de descanso se pueden disfrutar. 

Este tipo de políticas las debe de pilotar el Estado, y no quedar al albur de la negociación colectiva, dada la menguante densidad sindical que dejaría a muchos trabajadores fuera de poder acceder a este tipo de cambios en la jornada laboral. 

En conclusión, en España hay margen para un cambio drástico en los horarios de trabajo, con jornadas más flexibles y más cortas, que podrían incrementar la productividad y deberían ir acompañadas con mejores salarios. Hay que desterrar las políticas de oferta y la obsesión por el desarrollismo y la presencialidad para deleite de bares y restaurantes, que son, a la postre, los que frenan, junto con una CEOE muy alejada de la modernidad, este cambio estructural en los horarios de trabajo. Junto a todo esto, hay que poner en marcha planes de empleo garantizado que permitan ocupar a más de 1,5 millones de personas, lo que podría llevarnos a la primera división de las políticas socialdemócratas de verdad.    

El acceso a una vivienda digna y asequible va a ser la tumba de muchos gobiernos pretendidamente progresistas, siendo España el ejemplo más palmario. En el caso español, concurren dos hechos dramáticos que no permiten ser optimistas sobre el devenir de la situación para un porcentaje muy elevado de la población. Por un lado, el déficit crónico de viviendas sociales cuyo origen es la obsesión de los mercaderes públicos y privados sobre las bondades del mercado en la tarea de la asignación eficiente de un bien escaso como la vivienda. Por otro lado, la irrupción sin control de la oferta de viviendas turísticas y de temporada ha vaciado en muchas zonas de las ya escasas viviendas para alquiler tradicional, con la permisividad de las administraciones públicas y la presión de lobbies de portales inmobiliarios y patronales de viviendas turísticas.

Estos antecedentes hacen de España el país con menor capacidad para poder cumplir el precepto constitucional de acceso a una vivienda digna, pero sobre todo cuestiona todas las promesas realizadas durante los últimos 30 años en materia de vivienda social. Merece una mención especial la soflama lanzada por el alcalde de Madrid proclamando que esta ciudad es la capital europea con mayor porcentaje de vivienda asequible, algo que sólo se sostiene si uno cree que la población está completamente desinformada o es tonta.

Con estos mimbres, el Gobierno actual recuperó el Ministerio de la Vivienda –otra cosa es a quién puso al frente– tratando de señalizar que su prioridad iba a ser la provisión de vivienda social y asequible a una mayoría de los que realmente lo necesitan, aunque tanto la capacidad presupuestaria (unos 4.000 millones de euros por año), como las directrices que emanan de sus directivos, permiten dudar seriamente de la voluntad real de solventar un problema endémico. Los cálculos numéricos nos dicen que se necesitan unos 6-7 millones de unidades de vivienda social/asequible para equiparar el porcentaje que tienen los mejores países de nuestro entorno, un 30% del total. Aquí partimos de un 2%, por lo que los planes anunciados, muchos de ellos a muy largo plazo como, por ejemplo, la operación Campamento en Madrid, se antojan claramente insuficientes tanto a corto como a largo plazo. 

Las excusas del sector privado son variadas y variopintas, por lo que, dado que el sector público carece de empresas de construcción, estamos en manos de los lobbies constructores y los de promoción residencial. El primer obstáculo es el precio del módulo de vivienda pública, que imposibilita cubrir costes y rentabilidad, según ellos, por lo que casi ninguna empresa se aviene a participar en los concursos públicos. Esto es claramente una excusa sin mucho fundamento siempre que el suelo se facilitase de forma gratuita por parte de las distintas administraciones, algo de lo que hablaré más adelante. Pero más importante aún es constatar que si, por arte de magia, llegásemos a tener un porcentaje de vivienda pública o social del 30%, el valor de toda la cartera inmobiliaria del país caería un porcentaje significativo, y eso es lo que no se puede permitir por parte de los grandes inversores en España. 

Con esta premisa, es fácil afirmar que, dado el poder de las grandes corporaciones existentes en España, ninguno de estos hitos se va a lograr. Es por esto que seguiremos asistiendo a una inflación de precios de alquiler, y por ende de compra, que anularán todos los esfuerzos realizados en materia de subida de salario mínimo o salario de convenio. Las ganancias de bienestar y renta se verán ampliamente compensadas por las pérdidas asociadas al encarecimiento y la falta de una verdadera política social de vivienda. Aquí puede estar la explicación, en parte, de la evolución del voto por parte de un segmento de la población que observa, con desazón, la inutilidad de la política en materia de acceso a la vivienda. En este punto no hay que perder de vista cómo los portales inmobiliarios en España, lo mismo que en EEUU, están inflando los precios de alquiler a través de algoritmos sin que la justicia actúe de forma decidida.  

El precio de la vivienda tiene un componente, a diferencia de otros países de nuestro entorno, que explica una parte relevante de la varianza de dicho precio, que es el precio del suelo. La mayor fuente de inflación, pero también de corrupción política, radica en la especulación del suelo, la retención del mismo y, sobre todo, la ausencia de ningún incentivo para poner suelo en el mercado, dado lo barato que sale especular con un bien como la tierra. Es conocido que los mayores incrementos patrimoniales se dan en el campo del suelo, independientemente de la calificación que tengan, pero ningún gobierno en España se ha atrevido a imponer un gravamen, especialmente al ocioso. 

El resultado de esta ineficiencia es que los gobiernos que no recaudan ingresos suficientes sobre la renta del suelo, y sus posibles plusvalías, tienen que recurrir a impuestos mayores de lo deseado sobre salarios, consumo o beneficios, siendo éstos distorsionantes de las decisiones de consumo e inversión, a diferencia de los primeros que son neutros. La pregunta que surge es clave: ¿Qué pasaría si gran parte de la recaudación fiscal proviniese de este tipo de gravamen? Hay muchos economistas que han dado respuesta a esta pregunta, como Stiglitz o Nicolaus Tideman, que llegan a demostrar empíricamente que un dólar recaudado por el impuesto al valor del suelo se convierte en 1,25 dólares si se eliminan las cotizaciones sociales, y en 2,25 dólares si se sustituyen por impuestos directos sobre la tierra. 

Con estas premisas hay que comenzar un debate serio y riguroso sobre la implantación de un impuesto a la tierra, algo que ya comenzó Fernando Scornick hace años, sin que fuera escuchado. El modelo planteado se basa en la técnica de Mason Gaffney que permite calcular las ganancias de una reforma fiscal basada en la imposición sobre la tierra, tanto en recaudación, como en volumen de PIB, y compararla con la imposición clásica sobre consumo, beneficios, trabajo y ahorro. Las ganancias obtenidas en la literatura económica son claras, y ejemplos prácticos los tenemos en el Reino Unido o Dinamarca, donde entre el 9% y el 18% de los ingresos fiscales provienen de la tierra. 

Una extrapolación al caso español nos podría dar una recaudación de más de 50.000 millones de euros al año con un gravamen del 1% sobre el 40% del valor comercial del suelo ocioso que tenemos en España. Esto permitiría aliviar la carga fiscal sobre consumo y trabajo y mejoraría sustancialmente las cuentas públicas para el Estado. Con ello, todas las plusvalías de la venta de suelo recaerían en el municipio, que podría invertir de forma finalista en la construcción, rehabilitación y compra de edificios para la provisión de un parque público de vivienda social y asequible de verdad, no como el que proclama Almeida para consumidores de noticias del club de fake news. Una premisa fundamental es que todo el suelo público no debe enajenarse nunca, permaneciendo siempre, como en Reino Unido, en manos de los ayuntamientos, que lo ceden de forma gratuita con contratos perpetuos. 

En conclusión, la ministra de Hacienda, ahora que va a empezar a trabajar en los presupuestos del año próximo, debería sentarse y diseñar un plan para instaurar un impuesto al suelo que no distorsiona el consumo y la inversión y que permite recaudar cantidades ingentes, sin afectar a las decisiones económicas básicas de empresas y consumidores. Con ello, ganaría en eficiencia y capacidad recaudatoria y estaría más cerca el anhelo de tantas familias que necesitan una vivienda digna y asequible. La pregunta es, ¿lo veremos en España? La respuesta es que no. Al tiempo.

La política monetaria llevada a cabo por el BCE desde su nacimiento ha sido, probablemente, la peor posible, fruto del triunfo de aquellos economistas que siguen viendo en la inflación un fenómeno estrictamente monetario. 

El Consejo del BCE, junto a los economistas que trabajan como satélites, no asistieron a clase cuando, en algunas facultades, se enseñaba los factores perniciosos del uso de los tipos de interés como herramienta disuasoria para evitar el auge de los precios en una economía abierta y con movilidad perfecta del capital. 

Las últimas crisis sufridas en la zona euro han puesto de manifiesto que la UE ha sido incapaz de alcanzar los logros fundacionales, y atesora un retraso en materia de empleo, inversión e innovación que no permite ser optimistas sobre el futuro de este gigante con pies de barro. La obsesión por el déficit público, la deuda o la inflación ha lastrado el crecimiento, la capacidad productiva y sobre todo el empleo de gran parte de los países que configuran el euro, cuya puesta en marcha ha sido un gran freno para las economías del sur. Estos supuestos garantes de la estabilidad de precios han logrado destrozar gran parte del tejido industrial, favoreciendo la creación de mercados oligopolísticos, lo que, a su vez, genera incrementos de precios que nada tienen que ver con la cantidad de dinero en circulación. 

Esta misma ortodoxia monetaria es la que desprecia e impide la creación de instituciones de crédito público que, lejos de actuar como oligopolio financiero que estrangula la actividad económica, pudieran expandir el crédito al sector productivo para favorecer planes de empleo garantizado y provocar el salto en la actividad y el empleo que necesita gran parte de la UE. 

Sin embargo, el BCE ha seguido actuando como una institución clásica, permitiendo que su flujo hacia el sector financiero permanezca estancado o depositado en sus propias arcas, generando unos beneficios artificiales, cuyo destino, en gran parte, han ido a los bolsillos de accionistas y miembros de los Consejos de Administración. Estas prácticas se han acompañado en España con una negación sistémica de remunerar el pasivo, razón que explica la baja propensión al ahorro, incluso en aquellos percentiles de renta que pueden ahorrar, tras la estafa del coste de los alimentos, vivienda o servicios de ocio y turismo. 

Esta dejación de funciones, permitida y jaleada por la patronal española de banca, contradice la ilusoria preponderancia del ahorro a la hora de dirigir la inversión que postulan los chamanes de la economía neoclásica. En lugar de entender que es la demanda efectiva la que determina los niveles de inversión, y por tanto de empleo y actividad, lo que nos llevaría a una enmienda a la totalidad con las reglas fiscales que, con mucho miedo, vuelven a defender  e imponer los hombres de negro del BCE. El propio discurso de la presidenta Lagarde después de la tímida bajada de 25 pb. volvió a poner de manifiesto que no entiende el mecanismo de formación de precios, ni el efecto que tiene la austeridad sobre el consumo y la inversión. 

Durante la pandemia, y antes de la misma, se ha podido constatar que los mercados de productos, pero también de algunos sectores, se comportan como grandes oligopolios, cuyo poder de mercado reduce la renta disponible de hogares y estrangula las posibilidades de inversión de una parte no desdeñable de empresas, fundamentalmente PYMES y micropymes. 

El miedo atávico a la inflación que rige en Alemania, sin ninguna relación con la realidad y nula comparativa con los años 20, sirve de excusa al BCE para mantener los tipos de interés en un nivel incompatible con el crecimiento y el empleo. Se puede observar fundamentalmente en Alemania el impacto de los altos tipos de interés sobre una economía industrial que acumula un largo periodo de atonía, lo que está lastrando el crecimiento del PIB a nivel europeo. 

La gran pregunta que surge, por tanto, sería, ¿Qué pasaría si el BCE cambiase sus estatutos y se dedicase a favorecer el crecimiento y el empleo? En el caso español podría impulsar la creación de empleo y romper la tasa de paro mínima, que no baja del 12%, incluso en periodos de crecimiento álgido, con una estructura de producción intensiva en mano de obra. Esta debería ser una de las grandes reformas estructurales que deberían acometer las instituciones europeas, pero no se observa ningún movimiento político en esa dirección. Las grandes familias políticas europeas están cómodas con el funcionamiento del BCE, porque beben de las mismas fuentes teóricas, cuyos docentes ahora dirigen la política monetaria europea. Los nuevos grupos, de extrema derecha, tampoco ayudarán a completar mayorías para el gran cambio monetario y económico que necesita Europa.  

La ruptura de los corsés que nos impiden crecer, la limitación de gasto público y por ende la restricción del déficit, la expansión de la deuda, junto los monopolios de oferta en grandes sectores productivos, incluido el financiero, deberían formar parte del debate público, pero nos conformamos con ir a Bruselas a decir que luchamos por el campo y la pesca, que son muy importantes, pero guardamos un silencio cómplice de cara a romper el consenso neoclásico sobre creación de dinero, gasto público y función del BCE.

En conclusión, mientras nada cambie alrededor de la función del BCE, no podremos alcanzar el pleno empleo de verdad, y por eso sorprende que no existan en las facultades, ni en los estamentos políticos y sindicales, pero también empresariales, un verdadero lobby para romper las cadenas del funcionamiento de la política monetaria que no nos permite crecer y alcanzar cotas de bienestar no conocidas.  

En ese nuevo horizonte, surgirían nuevos estamentos bancarios no oligopolisticos, cuyos departamentos de riesgos tendrían un elevado conocimiento sobre el funcionamiento empresarial y no almacenarían fondos para la actividad de trading. Eso facilitaría el flujo de crédito sin límite, con la única restricción de la solvencia del peticionario. Este flujo también regaría las instituciones públicas para satisfacer las ingentes necesidades de inversión pública y de atención a los cuidados de gran parte de la población más vulnerable. El sector de la vivienda sería otro de los grandes beneficiados de este cambio en la filosofía del BCE. Se podrían acometer grandes planes d rehabilitación, construcción de parques amplios de vivienda asequible, lo que junto a los planes de empleo garantizado que los Ayuntamientos y CCAA podrían implementar, nos acercaría a la media de la tasa de paro de la UE, un 6%.                   

La economía española se enfrenta, si nadie lo remedia, a un episodio convulso en un sector tan relevante como el bancario, con el anuncio de la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. La historia reciente del sector bancario en España, después de las gloriosas comidas de los 7 magníficos, nos ha llevado a un oligopolio cada vez más pronunciado que ha sido bendecido por las autoridades de competencia, tanto en España como en la UE. 

Esta pérdida de competencia efectiva ha provocado un encarecimiento de los servicios bancarios, básicamente comisiones, una pérdida alarmante de calidad para los usuarios y la exclusión financiera de un porcentaje de población no desdeñable, aunque despreciable para la gran banca. A esto hay que sumar la negación a remunerar el ahorro y a la búsqueda permanente de la revalorización de las acciones en bolsa, a la postre, único objetivo de las cúpulas de estos monstruos financieros. Incluso con operaciones de autocartera muy lesivas para gran parte de la cadena de valor del banco. Como recientemente declaró el presidente de BlackRock, la mayor estupidez del capitalismo actual es perseguir únicamente la maximización del valor del accionista. 

En un contexto de alzas de tipos de interés hasta hace pocas semanas, el oligopolio ha presentado unos resultados económicos espectaculares, curiosamente en un contexto de estancamiento o incluso reducción del volumen de crédito. Lo cual nos lleva a la intuición que el negocio bancario tradicional ya no es rentable, por lo que son las operaciones espurias y, sobre todo, el juego de los fondos con el propio BCE, lo que está generando estos pingües beneficios. La siguiente derivada también es sintomática. La generación de rentas solo se reparte entre accionistas y consejos de administración, mientras que la fuerza laboral, por cierto cada vez más exigua y desmotivada, apenas recoge alguna limosna para mantenerla desmovilizada, salvo los episodios recientes de huelgas en el sector que no se recordaban desde los años 80 y 90. 

La excusa de la digitalización, que excluye a una parte de parias analógicos que apenas hacen ruido, dada su edad y origen geográfico, está siendo utilizada para justificar los sucesivos cierres de oficinas, también consecuencia de fusiones y absorciones pasadas. Esto también se explica porque en algunas zonas de las grandes ciudades, podían copar manzanas enteras con oficinas de las tres o cuatro entidades hoy absorbidas en una sola marca. La ausencia de canales de comunicación y atención personalizada es otra faceta del estrés psicológico que sufre una capa de la sociedad que adolece de la formación necesaria para entender y asimilar toda la pléyade de avances tecnológicos imprescindibles para la operativa más sencilla. 

Con estos antecedentes, y tras el fracaso de la OPA anterior por parte del BBVA sobre el Sabadell, ha llegado la traca final que supone el lanzamiento de una OPA hostil contra un banco cuyo valor añadido para el BBVA se centra en el segmento de pymes, y especialmente en la presencia en el Reino Unido. Tras el fiasco del BBVA en Turquía, sus gestores han puesto los ojos en el Reino Unido y, antes de otro fracaso, han considerado que la mejor forma es entrar a través de un operador que ya está funcionando. Pero lo que parece que el BBVA no ha entendido, una vez más, es que si quiere comprar un banco saneado, y que pueda seguir su andadura solo, tiene que poner el dinero suficiente para hacer atractivo a sus gestores y accionistas la operación. El BBVA ha valorado en apenas 12.000 millones de euros el banco a comprar, mientras que el Sabadell, con buen criterio, lo ha valorado en más de 14.000 millones, lo cual arroja una diferencia de más de 2.000 millones, cantidad asumible para el banco grande, que acumula unas reservas ociosas de más de 3.000 millones de euros, aunque es cierto que habría que presupuestar el coste de ajuste de la fusión. 

Esta operación supondría el despido, con el eufemismo de no traumático, de algo más de 3.000 empleados, que pasarían a engordar la larga cuenta de prejubilados jóvenes, en muchos casos a cargo del erario público. No está cuantificado, pero también provocaría el cierre de multitud de oficinas, la pérdida del gestor de confianza, y la vuelta a empezar de nuevo con otra persona anónima, a la que cada vez importas menos. Con todo, lo más grave sería la concentración del volumen de crédito que, en algunas zonas como Cataluña, llegaría al 90% en manos del nuevo monstruo financiero. 

La decisión del Consejo del Sabadell, inteligente, también se ha basado en la forma de la operación, basada en el canje de acciones y no en la entrega de efectivo, lo que a la postre supone una prima del 18% para el accionista, lo que además produciría una dilución relevante del valor de las acciones del Sabadell. El problema surge para el BBVA al tener que negociar, ahora que ha declarado la guerra a los accionistas del Sabadell, con muchos minoristas que, si fuesen inteligentes, se negarían a vender con estas condiciones. La amenaza del BBVA de que no va a mejorar la oferta no ayuda a convencer a muchos de estos pequeños accionistas, aunque también es cierto que hay varios accionistas institucionales grandes que son, a la vez, accionistas dobles en ambas instituciones. 

La última palabra financiera la tendrán los accionistas de la entidad catalana, pero el Gobierno y las instituciones de competencia, tan laxas como inoperantes en España, tienen también mucho que decir para evitar que el oligopolio bancario siga engordando, y con ello, la pérdida de bienestar y eficiencia para muchos usuarios, especialmente las clases más vulnerables y los segmentos de edad más analógicos, por no hablar de la exclusión financiera aberrante que sufren muchos municipios de la España olvidada.                     

El mercado laboral español, lejos todavía del pleno empleo, se ha comportado de forma muy dinámica en el último año, gracias al impulso del consumo privado, el gasto público y el sector exterior, aunque éste ha aflojado el ritmo tras los últimos acontecimientos y el parón de Francia y Alemania. 

Las grandes cifras nos dicen que el empleo creció más de un 3,83% anual (783.000 nuevos empleos), con un gran avance del empleo femenino y joven y una notable aportación de la inmigración, rompiendo el cliché de la vaguería y la querencia de las pagas públicas. El desempleo descendió en más de 190.000 personas, alcanzando la tasa de paro mínima del 11,6%, la más baja en más de la última década. Lo más relevante fue la estructura temporal del empleo, siendo la contratación indefinida la gran beneficiada de la reforma laboral creciendo en más de 800.000 personas, mientras que el temporal bajó en 140.300, lo que deja la tasa de temporalidad en el 13,24%, a pesar de la elevada tasa en el sector público. 

La actividad, variable que anticipa el ciclo, también refleja una mayor confianza en la economía española, con un crecimiento anual del 2,5%, y un aumento de casi 590.000 personas. La tasa de empleo alcanzó el 59% que, aunque lejos de las cifras de países nórdicos, sí parece que se ha reactivado nuestro mercado laboral. Por sectores, seguimos siendo un país de servicios, más del 60% del nuevo empleo se asienta en servicios, lo cual nos aleja también de las mejores prácticas de muchos países europeos, lo que explica el bajo nivel salarial en algunos segmentos de los ocupados. 

La clave para entender estos buenos datos de empleo, sin duda, es el diferencial de crecimiento con el resto de países europeos, que también pone en duda la correcta medición del PIB, lo cual nos aboca a una revisión al alza cuando el INE incorpore los datos de la EPA y otras variables de  consumo. Todo ello en una ejercicio en el que se ha subido el salario mínimo de forma notable, contradiciendo muchas de las voces que auguraban una recesión profunda en España, como la Airef o el propio Banco de España, por no hablar de los dirigentes políticos en la oposición. 

La negociación colectiva ha permitido elevar los salarios sectoriales alrededor del 4%, aunque la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de asalariados ha podido ser de algo más de un punto porcentual, lo que no ha impedido que el consumo privado siguiera alcanzando cotas muy por encima de antes de la pandemia, impulsado también por el turismo nacional e internacional, en un entorno de mayores costes financieros. Otro mantra desterrado es que el empleo creado es mayoritariamente público, algo que no concuerda con las cifras, pues ha sido el sector privado el que mayoritariamente ha tirado del mercado de trabajo, aunque es cierto que algunas CCAA han hecho un esfuerzo en contratación de trabajadores públicos.

La gran asignatura pendiente del mercado laboral en España es lograr que el pleno empleo se alcance con tasas de paro cercanas al 5%, midiendo dicha tasa de paro como en EEUU, la llamada U6, es decir la tasa de paro en la que los ocupados se empleen por las horas que realmente quieren trabajar y el empleo temporal forzoso tienda a cero, especialmente entre las mujeres. Para ello es urgente sentarse a diseñar planes de empleo garantizado, en sectores como los cuidados, medio ambiente o servicios a la comunidad, que elimine la barrera de la tasa de empleo tan baja que tenemos y podamos dar un salto en productividad y formación ocupacional. 

Sin embargo, y contrariamente a lo que podría parecer, la productividad del factor trabajo no ha evolucionado tan mal en los últimos años. Según ha publicado recientemente el IVIE y BBVA, el crecimiento de la productividad del factor trabajo ha crecido un 0,7% entre los años 2000 y 2022. Frente a esto, la productividad del capital ha descendido un 1,2% en el mismo periodo. Este factor es crucial para entender por qué la productividad global en España se comporta peor que el resto de nuestros competidores. La explicación de esta anomalía se centra en el sector inmobiliario que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, muchos activos se han quedado ociosos, casi un 28% del total de inmuebles (pisos, locales y oficinas) está sin usar, lo cual consume recursos financieros y no permite acometer nuevas inversiones más productivas. Por tanto, la rémora de la productividad total de los factores en España es el capital, que prefiere permanecer ocioso y dirigir sus esfuerzos hacia el rentismo.  

En este punto, hay que hacer constar que el término productividad es muy complejo de medir con rigor, y por ello los economistas nos amparamos en complejos cálculos matemáticos de variables inobservables para presumir de un conocimiento que realmente no es tal.    

En resumen, el año 2023 se recordará como un año muy favorable en los flujos de empleo, la reducción de la temporalidad y la constatación que el paro estructural sigue siendo demasiado alto. Seguimos siendo un país de servicios, con mala calidad en la gobernanza empresarial, pésimo sistema de formación ocupacional (el SEPE habría que cerrarlo y volverlo a crear), y sin que se entienda que el pleno empleo solo llegará con planes de empleo garantizado. Y todo esto, a pesar del infierno político e institucional, lo que prueba que, a pesar de los intentos partidistas, judiciales y de otras instituciones, como el Banco de España con su alarmismo, los agentes privados han logrado relanzar la actividad, gracias, en parte, a las buenas políticas laborales llevadas a cabo por el ejecutivo. Ahora nos espera la reducción de la jornada laboral, y espero que también un nuevo modelo formativo, y planes de empleo garantizado.     

España ha finalizado 2023 con un crecimiento muy superior a la media de la UE: a falta del dato definitivo el PIB habría avanzado más de un 2,4%. Este avance, que si se midiese bien el PIB sería aun superior, es esgrimido por el Ejecutivo actual como fruto de su brillante política económica, algo que, cuando se analiza sin las gafas de la militancia política, hay que poner seriamente en duda. 

La economía española atraviesa, pero ya desde hacer muchos años, un problema serio de descapitalización humana que obliga a muchos trabajadores y trabajadoras a emigrar porque sus disciplinas laborales no gozan de oportunidades solventes y bien pagadas. Según la investigación del IVIE, esta pérdida se cuantificó en 150.000 millones de euros en 2022, un 40% más que antes de la pandemia. Esta sangría, que suele ser escondida por los medios de comunicación tradicionales y que no despierta mucha preocupación social, explica, en gran parte, la debilidad estructural de la economía española, que solo crece cuando se generan burbujas especulativas o por elevada demanda de servicios de bajo valor añadido como el turismo de masas, lo que cronifica la estructura productiva de bajo valor añadido. 

El mayor crecimiento relativo, a pesar de todo, no nos permite converger con la UE en renta y riqueza, por lo que el mercado laboral no se puede vaciar, incluso en épocas de elevado crecimiento nominal. El tener una tasa de paro natural del 8% apenas despierta interés entre la clase política, cegada y drogada por el elixir del corto plazo y las soflamas de parte. En este sentido, resulta desalentador que se desprecien iniciativas solventes sobre la urgencia de planes de empleo garantizado que ya han sido experimentados en algunos países como Japón. Sectores como los cuidados de mayores, ocio y cultura, medio ambiente y cuidado de bosques ofrecen algunas alternativas al pago de subsidios o la pobreza crónica a la que sometemos a una parte no desdeñable de nuestra sociedad. 

Un elemento clave para esta nueva estrategia laboral, que nos debería llevar al verdadero pleno empleo, es la revolución de los servicios públicos de empleo, el SEPE, que hace lustros que no cumplen con el objetivo de una verdadera política de inserción laboral. La pobreza de los contendidos de formación continua, la mala praxis con los fondos destinados a la formación continua y la desidia política, explican la baja tasa de inserción laboral que se produce a través de los agentes públicos. La forma más frecuente de reclutamiento laboral en España, los contactos personales y familiares, reflejan muy bien la dualidad social y laboral en España, lo que sin duda reduce claramente la posibilidad de que el ascensor social funcione y permita a amplias capas sociales poder acceder a una vida digna. 

Sin una formación adecuada y sin mecanismos de empleabilidad para trabajos de todo tipo de cualificación, estamos abocados a que sean los servicios de menor cualificación los que proliferen y tiren del empleo, casi siempre con fuerte carácter estacional, lo que redunda en una bajísima productividad, salarios reducidos, poca intermediación sindical y una limitada dimensión empresarial, elementos que explican la vulnerabilidad empresarial y su elevada rotación.  La atomización empresarial también explica otro de los fenómenos típicos de la economía española, la escasa cogobernanza entre empresarios y trabajadores. A la espera que pueda llegar la esperada Ley de Participación en los Consejos de Administración, copiando el modelo alemán,  nada permite esperar que los trabajadores puedan formar parte de estos Consejos, lo que redundaría en una mejor gestión y mayor grado de reparto de la tarta de beneficios. Es precisamente el déficit de distribución de la renta lo que caracteriza a nuestro país, un país con elevado crecimiento cada vez más desigual y con menos capacidad pública de revertir esta situación. 

Estas carencias distributivas se enmarcan en otro de los grandes problemas sin resolver, el papel del Sector Público. La administración española carece de un verdadero plan de modernización en su gestión y la evaluación de sus resultados. La cantidad de gestiones duplicadas, la ausencia de una política real de aprovechamiento de la información pública y su cruce entre administraciones, provoca que los escasos recursos distributivos, como el Ingreso Mínimo Vital, no lleguen a los ciudadanos que lo necesitan. Añádase a esto un sistema fiscal obsoleto y escasez de controles para hacer cumplir la legislación, y tenemos en España el paraíso para incumplidores, defraudadores fiscales y oligopolios impunes a la legislación anticompetencia. 

Si a todo esto unimos el bajo salario social que ofrecen las administraciones –fundamentalmente vivienda asequible para clases humildes, pero también para rentas medias–, tenemos un cuadro social con propensión elevada a caer en la pobreza relativa, especialmente en segmentos de rentas por debajo de 20.000 euros. La vivienda es la gran asignatura pendiente que sigue sin ser resuelta, por más que se cree de nuevo un Ministerio especifico, eso sí, poniendo al mando a cesantes de otros departamentos con nula experiencia y conocimiento y escuchando poco a los grandes viviendistas que existen en este país. Hay que crear un parque de vivienda social que iguale los porcentajes europeos, pero también hay que trabajar sobre la legislación fiscal del suelo y la nacionalización de las plusvalías del suelo, y explorar nuevas formas constructivas para el medio rural, haciendo del derecho de superficie y el apoyo exclusivo al alquiler los ejes de la actuación pública.

El eje estratégico de la vivienda debería formar parte de una revolución en la consideración de la vida en las ciudades, desterrando la tendencia del fin del comercio de proximidad, extendiendo la política de eliminar el vehículo, focalizando en los empleos comunitarios y facilitando la conciliación personal y laboral, pero no abriendo guarderías de 7 de la mañana a 9 de la noche, como ocurre en Madrid. El medio ambiente y las renovables son, sin duda, las herramientas para mejorar la calidad de vida, a lo que hay que unir una verdadera política de usos del tiempo más acordes a la vida actual y no seguir anclados en el fordismo como faro de la producción en España. Menor jornada laboral y más productividad, dentro de un marco de revolución urbana, son algunas de las tareas que nadie se ha atrevido a acometer desde hace décadas.

En esencia, tenemos por delante recuperar el peso industrial con elevado valor añadido, cambiar la dimensión y las relaciones en las empresas, más ciencia e investigación, empleo garantizado y una revolución en vivienda, diseño de las ciudades y el medio rural. Todo ello es incompatible con pensar en las próximas elecciones, por lo que soy muy pesimista sobre la solución a estos grandes retos.    

El nuevo Gobierno de coalición se estrena con un Real Decreto de medidas anticrisis que, en esencia, es mimético al que ya existía, pero que elimina algunas bonificaciones y revierte gran parte de las modificaciones fiscales que se impusieron tras el inicio de la guerra de Ucrania. 

La valoración global no es positiva, especialmente en estos momentos, ya que deja sin paraguas el instrumento que mejor ha funcionado para controlar la inflación: las rebajas de impuestos en el sector de la energía y la excepción ibérica en el campo del gas. Esto ha permitido mitigar el impacto de la inflación de productos energéticos, aliviando la factura de la luz, especialmente para las rentas medias y bajas, aunque los grandes beneficiados en términos relativos hayan sido las rentas más altas. El análisis empírico de la descomposición de las variables que más han influido en la moderación de la inflación nos dice que han sido las medidas en el sector de la energía las que lideran esta mejoría. Casi un 60% del total se deben a este tipo de medidas. 

Es por ello por lo que el impacto que va a tener en la inflación este Real Decreto es notable, posiblemente más del 15%, lo cual, teniendo en cuenta la ponderación, podría añadir 6 o 7 décimas. Adicionalmente, el fin de la excepción ibérica en el gas generará también un alza notable, lo que añadirá un mayor impacto sobre las familias más vulnerables, incluso aunque se espere a que finalice el frio, algo que el Gobierno es incapaz de prever por decreto, máxime si tenemos en cuenta el cambio climático. Cuesta entender que, por un prurito recaudatorio, se vuelva a una situación de elevada inflación y mayor vulnerabilidad para hogares con menor renta. 

En el otro campo, la alimentación, el impacto de la rebaja fiscal ha sido muchísimo menos positivo, no solo en cuantía, sino también en tiempo. Aquí, la reciente moderación se explica en un 45% por la reducción de la demanda en muchos artículos, y mucho menos por el alivio fiscal. Un ejemplo claro ha sido el aceite, cuyos precios no se han visto alterados a pesar de la reducción de impuestos, lo que sin duda corrobora la impresión, y algún análisis empírico ya realizado, de que es la propia estructura oligopolística del mercado de la distribución y los márgenes lo que realmente está evitando la moderación de la inflación en este sector. De hecho, el propio Banco de España ha evaluado que, si se hubiera mantenido el paquete entero sin modificaciones, la inflación se moderaría hasta el 2,3%, frente al 3,2% actual. Con la nueva redacción, la inflación podría alcanzar en los próximos meses el 3,8%, siempre que no haya un repunte de los precios internacionales de la energía, lo cual podría empeorar la rúbrica de energía. 

El principal problema de todo esto es que queda impune el poder de estos grandes mercados, alimentación y energía, es decir, siguen sin ser realmente competitivos y por ende hay extracción de rentas por parte de estas empresas que ahora volverán a aumentar de forma notable, especialmente de las rentas medias y bajas. La falta de valentía política para revertir el dominio oligopolístico, que tiene carácter histórico, cobra una importancia aun mayor en épocas como el actual.

A partir de aquí, el resto de las medidas que se aprueban sí tienen su lógica económica y social. La bonificación al transporte público por ferrocarril e interurbano y la misma para el gasóleo profesional se explican por el éxito que han tenido, aunque en las grandes ciudades apenas hayan restado trayectos al vehículo privado. Sin embargo, sí ha aliviado la renta disponible para rentas medias y bajas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo muy segmentado y acentuado en los percentiles más bajos de renta. 

La imposición extraordinaria sobre los beneficios de bancos y energéticas también tiene su sentido, más allá del recaudatorio, porque se mantienen las causas que lo motivaron, y es una buena notica que se esté estudiando que se incorporen al mix fiscal de forma permanente. Si los incentivos a la inversión en descarbonización son efectivos, habremos tenido un resultado óptimo para el bien común, aunque en términos recaudatorios pudiera ser neutro, ya que estas inversiones serían deducibles en el impuesto de sociedades. 

En resumen, el paquete completo generará algo más de inflación, mayor vulnerabilidad, y los posibles efectos positivos en materia de contaminación y descarbonización se verán a largo plazo. Al menos, los mayores y las personas con disapacidad no pagarán comisiones por disponer de su dinero en ventanilla, algo que se debería extender al resto de los mortales, aunque la banca por ahí no pasará. Lo peor es que después de este episodio de elevada inflación, el poder de mercado de banca, eléctricas, petroleras y distribución alimentaria sigue intacto, lo cual es el verdadero objetivo de los lobbies de estos sectores. El resto del coste lo pagamos entre todos, y especialmente entre las rentas medias y bajas.   

El Estado español, que no el Gobierno, ha tomado una decisión trascendental sobre el futuro de Telefónica, la multinacional española por excelencia, al anunciar la compra a través de la SEPI del 10% del capital, y junto a BBVA y Caixa, asegurar más del 20% del total en manos nacionales. 

Las razones esgrimidas tienen una doble vertiente. Por un lado, blindar el Consejo y el accionariado, evitando posibles compras foráneas que pudieran dañar el objetivo estratégico de la compañía, y por otro, poder hacer política industrial con mayúsculas, después de años de olvido de esta potente arma de política económica.   

Las reacciones, como siempre, han sido variadas, aunque ninguna se ha centrado en el núcleo del problema, que es el fracaso de las políticas de privatizaciones masivas sin criterio que llevaron a cabo, primero los gobiernos de Felipe González, y después la orgia vendedora de los sucesivos gobiernos de Aznar. Bajo el mandato de este último, su variada agenda de amigos del Pilar acabaron llevándose pingües beneficios, sin que la gestión estratégica fuese tenida en cuenta. 

El gran problema, por tanto, no es si Pedro Sánchez es más o menos intervencionista, como si ello fuese un pecado, sino que España hace tiempo que dejó de tener política industrial en sectores clave, como las telecomunicaciones, energía, banca, o materias primas esenciales. Esto nos ha transformado en un país de servicios, con bajo valor añadido, lleno de rentistas con ínsulas de grandes empresarios, una pobreza formativa notable y una bajísima densidad de producción industrial de calidad. 

El abandono de las políticas públicas en el campo industrial ha estado alentado por los hooligans de la máxima del capitalismo pseudo moderno, aquella maldita frase que proclama que el único objetivo de una empresa es la maximización del valor del accionista. Esta estupidez, ya solo jaleada por los anarcoliberales en España, y repudiada hasta por el presidente de Black Rock, es lo que, además, llena de sentido la toma de posición del Estado en Telefónica, y esperemos que en otros sectores estratégicos.

La maximización del valor del accionista es lo que provoca que haya zonas enteras en España sin fibra, y que un conjunto muy elevado de ciudadanos tenga serias dificultades de comunicación básica. Lo mismo ocurre con la banca, que ha perdido todo sentido de servicio público, abandonando y vejando a los colectivos más vulnerables, como los mayores, en aras de poder repartir dividendos a sus accionistas. Cualquier elemento que perturbe el comportamiento en bolsa, como el gasto no productivo de satisfacer la demanda básica de comunicaciones o banca, es rechazada por los CEOS de estas compañías. Esta anomalía se deja notar en la elevada rotación de los primeros ejecutivos de este tipo de compañías que cobran, en esencia, por mantener al alza el valor de la acción, sin importarles si el servicios es bueno o no. 

El posicionamiento público debe cumplir, por tanto, la premisa de ser un contrapeso a la desidia de estas multinacionales para con los servicios esenciales, ya que ahora el Estado no busca maximizar el dividendo, sino garantizar que la política industrial revierta sobre la totalidad de la población. Además, y dado que Telefónica también es líder en materia de Defensa o innovación, los efectos desbordamiento (spill over) también regarán a la colectividad, lo que redundará en un mayor beneficio social, no solo estrictamente financiero como hasta ahora. 

Un elemento adicional que justifica la buena notica es que España se une al club de los grandes países europeos que han blindado el accionariado de sus telecos con presencia pública. Francia, Italia y Alemania así lo tienen estructurado, sin que las opiniones públicas o la prensa seria acuse de despotismo o intervencionista malvado a los sucesivos primeros Ministros que lo llevaron a cabo y lo mantuvieron. Como siempre, España y su amalgama de economistas de la corte han disparado su artillería contra el ejecutivo de Pedro Sánchez sin cuestionar, eso sí, que este movimiento imposibilita la toma de control, por ejemplo, de Telefónica por parte del capital saudí. 

Lo que queda por hacer, a partir de ahora, es diseñar una estrategia de política industrial moderna desde el sector público que garantice prestaciones básicas universales y que sirva de palanca inversora para que el capital privado, pero también público, pueda acometer las inversiones reales, que no financieras, que nos devuelvan a nuestra posición en el ranking industrial que otrora tuvimos. Deberíamos volver a tener banca pública industrial, empresas público-privadas que acometan proyectos de construcción de vivienda social y asequible, y por supuesto empresas energéticas que garanticen servicios universales  básicos, aunque se perjudique a los pobres accionistas. 

Esperemos que este despertar renacionalizador del pérfido Pedro Sánchez no se detenga aquí y logre aunar a las fuerzas políticas, económicas y sociales de este país para lograr un gran pacto por la industria, cuyas palancas básicas deberían ser participaciones públicas en sectores estratégicos y, sobre todo, un sector financiero publico especifico, moderno y funcional al servicio de la productividad y la innovación. 

Lo que no se debe hacer, y ese es el miedo de muchos, es que este giro sea aprovechado para colocar en los Consejos de Administración de estas grandes empresas a los sobrantes y cesantes políticos, con escasas luces. La triste experiencia de Javier de Paz en Telefónica es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer. No hay que olvidar que las grandes multinacionales españolas alojan a muchos de estos cesantes, y también cónyuges, a sabiendas que es una inversión para luego influir en las decisiones de los ejecutivos de turno. Pongamos freno a esta mala praxis, porque, si no, el descrédito de la operación nos arrastrará a todos los que la defendemos. 

Los datos de paro registrado de marzo, junto a los de afiliación a la Seguridad Social, han vuelto a sorprender al alza y desdicen a todos los que auguraban un cataclismo económico provocado por el gobierno “social-comunista”. 

Desde hace más de cinco meses, pero especialmente desde que se comenzó a subir el salario mínimo, se han publicado sesudos análisis sobre el terrible impacto del alza del SMI sobre el empleo, cuyo culmen fue el anuncio a bombo y platillo de la llegada de la recesión a España, allá por el mes de octubre, anuncio que llenó de gozo a todas esas instituciones y medios de comunicación autodenominados neutrales que en España abundan y que siempre se alegran de las desgracias económicas, incluso de las falsas, cuando gobierna la izquierda.

El primer trimestre de 2023, a falta de la publicación de la EPA, permite asegurar que el crecimiento del empleo se ha acelerado respecto al fin de 2022, lo que sin duda se verá reflejado en el PIB del primer trimestre, volviendo a desdecir a todos los que pronosticaban el fin del auge de la contratación, en un entorno de elevada inflación e incertidumbre bancaria. Los datos de paro registrado, un dato que se debiera obviar ya que no computa tasa de paro sino simplemente personas apuntadas en un registro administrativo no obligatorio, muestran un descenso del 1,7% intermensual y del 7,3% anual, con una reducción de más de 246.000 personas, con una distribución muy acusada entre las CCAA más turísticas, y donde únicamente en Madrid se dio la circunstancia de un aumento del desempleo. Si le quitamos la estacionalidad, el desempleo registrado se redujo en 38.000 personas, lo que da idea de que el fenómeno no es estacional.

En la contratación también se observa un cambio de tendencia que se consolida. En primer lugar se reduce drásticamente el número de contratos, ya que más del 45% de los nuevos contratos son indefinidos, lo que ha llevado la tasa de temporalidad al 14%, la menor cifra desde hace décadas. 

Sin embargo, existe un agujero negro con la temporalidad y precisamente es el Sector Público. En estos momentos hay más de dos millones de trabajadores públicos en situación de temporalidad y un porcentaje muy elevado de los mismos está en riesgo de perder el empleo. Parece muy incongruente por parte de las administraciones laborales hacer un esfuerzo en controlar e inspeccionar el cumplimiento de la reforma laboral y hacer dejación de funciones entre las administraciones públicas. 

Pero es en la afiliación a la Seguridad Social donde mejor se puede ver la magnitud de la mejoría, alcanzándose una cifra media de altas en marzo de 20, 4 millones de trabajadores, con un significativo avance de la afiliación de autónomos. Esta buena marcha del empleo también se deja notar en el balance del sistema de Seguridad Social, cuyo déficit consolidado se ha reducido hasta el 0,5% del PIB, frente al 1,6% que arrojaba en 2017. Esto permite hacer frente al desafío de las pensiones y, de nuevo, contradice a los que auguraban la quiebra del sistema de seguridad social.

Sin embargo, el análisis del desempleo en España no debe hacerse con los datos del paro registrado que, mes tras mes, confunde a la opinión pública y solo sirve para el lanzamiento de dardos políticos entre CCAA y el Gobierno central sobre el mérito o demérito de cada cual en función de los resultados. Así mismo está sirviendo para que se dude de las estadísticas y del cómputo de los fijos discontinuos, en un alarde de desconocimiento por parte de muchos analistas y medios de comunicación.

En España, la única estadística fiable y homologable con la UE es la EPA, que utiliza los datos de la población activa para calcular la tasa oficial de paro, por lo que deberíamos utilizar las estadísticas del SEPE solo para los datos de contratos y los de afiliación a la seguridad social, siempre eliminando la estacionalidad, para medir la evolución del empleo, antes de conocer la EPA. No hay que olvidar que el paro registrado es solo un registro administrativo, no obligatorio y que hay compatibilidad entre estar en dicho registro y estar ocupado o estar registrado y no estar buscando empleo. 

En suma, los datos de afiliación de marzo muestran una pujanza elevada del empleo, lo que puede inducir que el PIB del primer trimestre puede estar cerca del 2% anual, cifra que también rompería las previsiones oficiales. Pero para poder rematar el trabajo y optar a cumplir los retos de reducir la jornada de trabajo y mantener, e incluso elevar el salario, hay que dar un paso más en la dirección de la elaboración de planes de empleo garantizado para eliminar el desempleo estructural que aún lastra la economía española.