Ante las presiones de los Estados Unidos, la OTAN, sin ninguna explicación convincente, ha decidido que sus estados miembros gasten en defensa lo que le ha parecido bien a Donald Trump. Esto ha resultado ser el 5% del PIB, que es, por cierto, bastante más de lo que se gasta EE. UU. en defensa (poco más del 3%). El acuerdo conlleva un plazo largo de adaptación (hasta 2035) y está abierto a ampliar de forma muy genérica el concepto de defensa. Puede que el acuerdo sea una estrategia a la espera de que lleguen tiempos mejores en la presidencia de los EE. UU. y que todo quede en un aumento limitado del gasto. Aunque, dado el entusiasmo de algunos, puede que al final el gasto en defensa aumente significativamente. Pero, sea cual fuere el final, es bueno establecer el coste y los beneficios de aumentar el gasto en defensa al 5%.

Lo primero que sorprende de este acuerdo es la casi ausencia de oposición dentro de la Unión Europea a plegarse a lo que exigía Trump, cediendo a cambio de nada a una presión que supondrá un gran negocio para las empresas de armamento de los EE. UU. El negocio de las empresas de defensa americanas se ha formalizado en un pacto arancelario vergonzante. Este pacto, por un lado, sube los aranceles americanos a casi todos los productos europeos sin nada a cambio, salvo una posible bajada de aranceles a los coches europeos (que, por cierto, son una de las principales exportaciones alemanas). Por otro lado, el pacto compromete a Europa a realizar inversiones de 600 millardos de euros en los EE. UU. y a comprar una cantidad sustancial de material militar americano.

No es menos sorprendente el entusiasmo del secretario de la OTAN, Mark Rutten. Ha pasado de ser un “frugal” que, como presidente de los Países Bajos, ofendía a los países del Sur de Europa por gastar, según él, demasiado en medio de una crisis, a ser un secretario general de la OTAN que se pliega servilmente y con entusiasmo a las órdenes de gastar más de un presidente de los EE. UU. que solo busca negocio para su sector de armas y al que no puede importarle menos el bienestar de Europa. Ciertamente, estos comportamientos no refuerzan el peso de Europa como agente político global.

¿Cuál es el coste de oportunidad de gastar el 5% del PIB en defensa? Dado que, según las cifras de la OTAN, en 2024 España gastaba en defensa anualmente en torno a un 1,3% del PIB, el aumento promedio anual del gasto hasta el 2050 sería de casi el 3% (el 5% solo se alcanzaría a partir del 2035). Para poner en perspectiva esta cifra, conviene recordar que con tres puntos anuales de PIB se puede pagar ampliamente el aumento del coste de las pensiones (según la AIREF, el aumento promedio anual de las pensiones hasta el 2050 será del 1,4% del PIB), más el de la sanidad (según la Comisión Europea, el aumento anual promedio de aquí al 2050 será del 0,55% del PIB), más, probablemente, el de los servicios sociales. Es decir, el coste del aumento del gasto en defensa bastaría para financiar casi todos los efectos presentes y futuros del envejecimiento en España.

Se puede argumentar que se podrían subir los impuestos o el endeudamiento para financiar ambas cosas, defensa y envejecimiento. Pero esto no es realista porque, tras subir un promedio de tres puntos la presión fiscal o tres puntos anuales el endeudamiento para pagar defensa, no va a quedar mucho margen para obtener los ingresos necesarios para financiar el Estado del Bienestar. Además, la Comisión Europea ya ha advertido que, si bien en el corto plazo habrá cierta flexibilidad presupuestaria, en el medio y largo plazo la financiación del gasto en defensa debe hacerse “re-priorizando los presupuestos nacionales para garantizar la sostenibilidad fiscal”. No es aventurado, por tanto, decir que el precio de subir el gasto en defensa como quiere la OTAN es una reducción sustancial del Estado del bienestar. De momento, el gasto en defensa de España ha aumentado ya 0,7 puntos del PIB de 2024 a 2025, lo que equivale al 50% del aumento anual promedio estimado del gasto en pensiones en España de aquí al 2050.

Una cuestión sorprendente es el entusiasmo con el que algunos políticos, medios de comunicación y analistas económicos han acogido el aumento del gasto en defensa. Los mismos que consideran inaceptable y un despropósito que España dedique a financiar las pensiones la mitad de lo que supone el gasto adicional en defensa, alaban y se felicitan por el aumento del gasto en defensa.

Frente a este coste en bienestar, ¿cuáles son los beneficios del aumento de gasto en defensa? De entrada, sorprende la magnitud del gasto pactado sin explicación técnica que lo justifique. Es verdad que la situación geopolítica es complicada y, dada la nueva actitud de EE. UU., Europa debe empezar a hacerse cargo de su defensa y gastar más. Lo que no se entiende es en qué se basa ese 5% de gasto y por qué Europa en general y España en particular van a tener que gastar en defensa un porcentaje del PIB casi un 60% superior al de los EE. UU. En realidad, la única base para esa cifra parece ser la voluntad de Trump (y del conglomerado de intereses que defiende). Ciertamente, se debe gastar más, pero dentro de un marco presupuestario coherente con los objetivos globales del país.

Hay quien argumenta que gastar menos de lo acordado por los demás países puede perjudicar a España en futuras negociaciones en la UE, excluir a España de participar en desarrollos tecnológicos importantes e impedir que se amplíe la industria militar. Estos argumentos son tan genéricos como cuestionables. Y no está nada claro que merezcan gastar en defensa casi cuatro puntos más del PIB. Habrá que ver, por ejemplo, qué parte del gasto adicional en defensa se dedica a desarrollar una tecnología militar europea y qué parte de esto le correspondería a España. Por otro lado, las decisiones de la UE raramente se basan en la solidaridad desinteresada. Y gastar más en defensa no va a cambiar esto.

En todo caso, desde un punto de vista económico, no cabe esperar grandes aumentos en el PIB como resultado de aumentar el gasto en defensa. La mayoría de los estudios empíricos sobre el gasto en defensa coinciden en tres cosas. Primero, que su impacto sobre el crecimiento del PIB es bajo, puede que incluso cero o negativo, especialmente cuando una parte importante del armamento se importa. Segundo, que, incluso cuando el impacto es positivo, es menor que el del gasto público en otras actividades económicas. Tercero, que el efecto expansivo del gasto es mayor en las recesiones que en las expansiones. Las estimaciones iniciales de la Comisión Europea confirman esto. Según estas estimaciones, aumentar el gasto en defensa en 1,5 puntos de PIB, financiándolo inicialmente con deuda y luego con impuestos, tendrá un impacto muy pequeño sobre el PIB. En torno a 0,5 puntos del PIB en el corto plazo (mientras se financia con deuda) y aún menor, 0,3 puntos, en el medio y largo plazo (cuando la financiación con impuestos vaya sustituyendo a la financiación con deuda). De esta forma, un gasto adicional en defensa del 1,5 del PIB desplazaría un punto, incluso más en el medio y largo plazo, de actividad privada. Es decir, que cada euro gastado en defensa aumenta el PIB en 30 céntimos, o menos. Si una parte sustancial del aumento se dedica a importar armas, o si la capacidad de producir armas fuera limitada, puede que el aumento fuera incluso menor.

En suma, aunque puede que sea necesario cierto aumento del gasto en defensa, las propuestas de la OTAN a orden de Trump ponen en riesgo el Estado del Bienestar sin ganancias económicas significativas. De esta forma, en la elección entre cañones y Estado del Bienestar, parte de los políticos españoles y de los analistas económicos del país han tomado una elección clara. Los cañones.

En la guerra de la fiscalidad, que de momento ganan ampliamente las empresas, la decisión sobre Apple es una de las pocas batallas ganadas por los ciudadanos de la UE

La fiscalidad empresarial en la Unión Europea (UE) es el resultado de la interacción de unas multinacionales que no quieren pagar impuestos (y juegan con el empleo), unos países que en algunos casos bajan sus impuestos para atraer empresas (competencia fiscal) y en otros toleran ese comportamiento, y una Comisión que, por el requisito de que los acuerdos fiscales tienen que ser por unanimidad, tiene un margen de manobra limitado que va utilizando en mayor o menor medida según la voluntad del comisario de turno y lo que permiten las circunstancias. En esta guerra, que de momento ganan ampliamente las empresas, la decisión sobre Apple es una de las pocas batallas ganadas por los ciudadanos de la UE. Pero se puede quedar en algo anecdótico si no se avanza significativamente en la cooperación en muchos frentes fiscales.

En el caso de Apple, el instrumento utilizado por Irlanda para favorecerla fue una consulta tributaria. Las consultas tributarias (advance tax rulings) son un instrumento normal en la administración fiscal cuyo objetivo es clarificar la interpretación de la ley y dar seguridad jurídica a la actuación de los contribuyentes. El problema ocurre cuando las consultas se utilizan como instrumentos para desvirtuar la ley y permitir a las empresas pagar menos impuestos. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de Irlanda con Apple. Apple remansó en Irlanda casi todos los beneficios su actividad en la UE. Irlanda vía tax ruling le permitió imputar la casi totalidad de esos beneficios a una casa matriz ficticia que, por la legislación de Irlanda, no era residente en Irlanda a efectos fiscales. Resultado: tipos impositivos muy bajos, a veces casi cero.

Irlanda no es el único país que ha utilizado tax rulings para beneficiar a empresas ni el  único que tiene que recuperar las ayudas dadas por esta vía. Su caso es, sin embargo, especialmente llamativo no sólo por la magnitud de los impuestos perdonados (en realidad sustraídos de otros países) a Apple sino porque es un país que ha recibido todo tipo de ayudas de la UE (incluidos fondos estructurales durante muchos años). Ha recibido también un generoso rescate para evitar el colapso de su sector bancario. Y a pesar de estas ayudas, su decisión ha sido crecer a expensas de ayudar a las empresas a no pagar impuestos en otros países. Esto es, a base de robar impuestos a los residentes en otros países. Eso sí, con la tolerancia de los demás países que han permitido a Apple llevar sus beneficios a Irlanda para no pagar nada y a Irlanda crear esta vía de fraude.

Lo ocurrido con Apple ilustra de forma clara el problema que afecta no solo a la fiscalidad empresarial en la UE sino en general a la fiscalidad sobre capital e, incluso, a los impuestos sobre los más ricos. Algunos países han decidido crecer atrayendo empresas y capital mediante ayudas fiscales y por ello se niegan a cualquier armonización o cooperación significativa. Para atraer a las empresas y el capital los países no sólo bajan sus impuestos propios sino que, además, proveen mecanismos de elusión o, incluso a veces de evasión, para que las empresas y los individuos no paguen impuestos en los países donde obtienen sus ingresos. Los demás países toleran estos comportamientos con una estoicidad notable y muchas veces se limitan a sumarse al grupo de los que dan beneficios fiscales.

La Comisión tampoco ha podido hacer nunca demasiado contra estos países porque la fiscalidad es uno de las pocas cuestiones en las que cualquier acuerdo requiere unanimidad. Y los países que se benefician de la competencia fiscal nunca van a aceptar armonizaciones o cooperaciones que sean significativas. Salvo que les obliguen, claro. Pero nadie quiere obligarles.

Pero no es sólo la cuestión de la unanimidad. La Comisión podría haber aludido a la unidad de mercado, a la no distorsión o a la preservación de la igualdad competitiva entre empresas para forzar ciertas armonizaciones. Pero no lo ha hecho. Para justificar su inacción la Comisión incluso ha elaborado una teoría curiosa según la cual sólo son distorsionarias las medidas fiscales de un país que son selectivas (sólo se aplican a ciertas empresas) pero no las medidas generales (las que se aplican a todas las empresas de un país). De esta forma cada país puede poner el impuesto de sociedades tan competitivo (tan bajo) como quiera siempre que baje los impuestos de todas las empresas, no sólo los de algunas. Según la CE bajar los impuestos (incluso a cero) a todas las empresas es sana competencia fiscal con los demás países. Bajarlos un poco a las empresas de un sector o una región es dañina competencia fiscal.

La competencia fiscal merma las recaudaciones de todos los países y hace que los sistemas fiscales sean más injustos. Para acabar con esto, la UE debe tomar medidas efectivas que eviten la desfiscalización creciente que se está produciendo de las rentas empresariales y del capital. En el caso de las empresas bastaría con reactivar la propuesta de una base imponible común haciendo, eso sí, que sea de aplicación obligatoria para todas las empresas multinacionales. Con esto los beneficios de una empresa en la UE se repartiría entre países en proporción a las ventas (y quizá a otros indicadores) y cada país gravaría su parte de beneficio al tipo que quisiera. Se deberían tomar también medidas para evitar que los beneficios se deslocalizaran de forma artificiosa fuera de la UE. De igual forma, en ausencia de base única, los países deberían tomar medidas para no dejarse deslocalizar los beneficios. El Reino Unido ha señalado a seguir el camino introduciendo en el año 2015 un impuesto sobre los beneficios deslocalizados.

Fuera del ámbito de las empresas, lo primero que se debe hacer es emprender una lucha efectiva contra los paraísos fiscales. Para ello se debería empezar tomando medidas contra los estados miembros que favorecen la elusión o la evasión de impuestos que deberían pagarse en otros países de la UE. También contra estados satélites (Mónaco, Liechtenstein o Andorra) que favorecen el fraude. Finalmente se debería actuar de forma efectiva contra los paraísos fiscales fuera de la UE. Por otro lado se deberían establecer mecanismos de intercambio de información mucho más amplios y automáticos que los actuales. Evidentemente, todo sería más fácil si se eliminara la unanimidad en cuestiones fiscales.

Un corolario importante es que se debe ser muy cuidadoso en las negociaciones con el Reino Unido (RU) para el Brexit. El RU es el mayor promotor directo o indirecto de paraísos fiscales. Ha logrado introducirlos dentro de la UE (Islas del Canal y Gibraltar), tiene territorios asociados que lo son, y muchos paraísos son ex colonias suyas. La reacción del RU ante la decisión de la Comisión sobre Apple ha sido invitar a las multinacionales a su territorio. Una invitación que sólo vale algo si el RU continúa teniendo acceso al mercado único. Dado lo anterior, si se quiere evitar tener un paraíso fiscal próximo que vacíe las arcas de los Estados miembro de la UE, la negociación del Brexit debe ser especialmente cuidadosa con las cuestiones fiscales y ligar cualquier acceso al mercado único a la colaboración en materia fiscal.