“En mi país –Honduras– apenas se castiga a quien hace daño a una mujer, porque nuestra vida no vale nada. Así que tenía tres opciones: EEUU, España, o la muerte”, explica. Y eligió la segunda porque era la opción más barata, y la más lejana. Ana María (nombre ficticio) pagó 4.000 euros para huir de la violencia de género. Lejos de su marido, Madrid se ha convertido hoy en su hogar.

Antes de escapar le había denunciado hasta en cuatro ocasiones, pero nunca fue suficiente. Él entraba y salía de la cárcel sin mayor repercusión que un aumento en su ira, hasta que la ausencia de testigos que no fueran familiares impidió que le retuvieran por más tiempo, detalla Ana María. “Cada vez que salía volvía a casa más rabioso y me golpeaba sin parar”, recuerda.

Confiesa que el peor golpe no fue contra ella: “La quinta o sexta vez que salió así, yo estaba embarazada y me daba en la tripa para que perdiese a mi bebé. Pedí ayuda al Ministerio del Niño, a la policía –que se venden y no son de fiar–, y nada”. “Nada” porque en Honduras, la violencia de género es una losa poco combatida. 37 mujeres mueren cada mes en el país, según el Centro de Derechos de las Mujeres de Tegucigalpa (CDM). “Es casi algo normal, no se toman medidas para frenarlo”, lamenta Ana María.

Las organizaciones de víctimas de violencia de género alertan de que la justicia y la seguridad en en país centroamericano “no garantizan en absoluto” la protección de aquellas mujeres que, como ella, deciden atreverse a denunciar. Viven la dicotomía constante de tener que elegir entre la huida o la muerte. “En este país se interpone una denuncia por violencia sexual cada tres horas y se asesina a una mujer cada 16, con índices de impunidad superiores al 90%”, dice Neesa Medina, representante del CDM. 

Son refugiadas

“Es muy frecuente y muy lamentable ver cómo las víctimas de violencia de genero no encuentran la protección en su estado. En tales casos, tienen el derecho a pedirla en otro país y ser consideradas refugiadas”, asegura Tania Sordo, abogada de Women’s Link. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados recoge también la perspectiva de género siempre y cuando la víctima demuestre que su situación cumple tres características: que existe un temor fundado de cumplir persecución, que hay ausencia de protección estatal y que puede probar que no hubo una alternativa de huida interna.

Según la experta, “bastaría con probar que existe un nexo causal entre esas tres condiciones y su condición de género, es decir, que esa persecución se está llevando a cabo por pertenecer a un determinado grupo, que en este caso es ser mujer”. 

El Observatorio de Género y Justicia, del que participa Women’s Link, ha recogido varios casos que siembran precedente en la concesión de asilo por violencia de género en nuestro país, aunque denuncian que siguen siendo pocos. “Una cosa es lo que la legislación dice, que en este caso las protege, y otra cómo se implementa esa legislación, y aquí sí que existen obstáculos. Hace falta una mayor perspectiva de género en la justicia”, denuncia Sordo.

Esa ausencia de perspectiva de género que exponen las ONG feministas evidencia la desprotección a la que se enfrentan las víctimas aún después de huir. Ana María, tuvo que soportar las amenazas telefónicas de su marido y el chantaje que la familia de éste le hacía con su hijo pequeño. “Aquí lo he pasado muy mal al principio, lejos de mi familia, con las amenazas y viviendo situaciones terribles. Un anciano al que cuidaba intentó abusar de mí, en varias casas en las que he trabajado no me pagaban por ser una 'indocumentada'..., pero he conseguido reponerme de todo”, dice con fuerza. 

A base de no cesar su lucha confiesa ahora que ha logrado ser feliz. Pelea por sus niños “para que no les falte de nada y poder traerles pronto”, y dice que se siente afortunada: “He tenido suerte, pues muchas hondureñas vienen y acaban echándose a perder en prostitución”, asegura la joven. 

La necesidad de diferenciar 

Las ONG hacen hincapié la necesidad de hablar de las particularidades de la violencia de género en un contexto como el hondureño, donde la violencia, el miedo y la hostilidad son generalizados. “Las mujeres son tomadas únicamente como víctimas en la maqueta de seguridad del país, y eso impide que la violencia de género sea tratada con la integridad que merece para obtener resultados que trasciendan la mera legalidad de la denuncia”, dice Medina. 

Recuerda que la base estructural de la violencia hacia las mujeres tiene su origen en la cultura patriarcal que se impone, pero que acaba diluyéndose entre el resto de actos violentos que se viven en el país a diario, donde solo en 2015 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes alcanzó las 57 muertes, muy por encima del promedio mundial de 6.2 estipulado por la Organización Mundial de la Salud. 

“Tal vez por eso sea que se menosprecian las 20.000 violaciones sexuales que ocurren cada año, las redes de explotación sexual de niñas y mujeres, la prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, el acoso sexual –mediado casi siempre por la presencia de un arma de fuego– o la prevalencia de violencia doméstica”, concluye la experta. 

Una nueva Ley

En Honduras, no todas las mujeres tienen la posibilidad de ahorrar dinero para emigrar y huir como hizo Ana María, y aún cuando lo hacen, no encuentran el apoyo necesario para cambiar de vida.

Allí existen entidades cuyo trabajo está dedicado a mejorar la vida de estas mujeres, protegerlas e instaurar campañas que disminuyan estas cifras tan alarmantes, pero según Medina, su trabajo no es suficiente. La institución que debe liderar estas políticas –el Instituto Nacional de la Mujer INAM- está “cada vez más desprovisto de poder y capacidad de incidencia política”, denuncia la experta. 

El CDM pide que el INAM tome en cuenta las opiniones y recomendaciones de las organizaciones de mujeres y que “no oculten ni manipulen las cifras de violencia”. “Si no, la situación no va a cambiar”, reclaman. Saben que la insistencia de sus denuncias puede traducirse en reformas como la que introdujo el Congreso Nacional de Honduras en 2005 para reforzar la Ley contra la 'Violencia Doméstica' de 1997, a la que ahora también se suma la aprobación de la nueva Ley para la creación de la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios. 

“Se pretende que con esta Ley se genere un nivel de eficiencia en la atención de la problemática de la muerte violenta de mujeres y feminicidios en el país”, explica a eldiario.es Suyupa Martínez, coordinadora de Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), que celebra el avance. Recuerda que, sin embargo, la violencia de género sigue sin ser considerada un delito penal en Honduras, a pesar de ser el segundo acto delictivo más denunciado del país, con más de 10.000 casos al año. Actualmente ha supuesto la muerte de más de 1.400 mujeres desde 2012, según estiman diversas organizaciones feministas. 

Mientras el gobierno comienza a tomar medidas importantes, como la creación de la Unidad de Investigación de los Delitos de Muertes Violentas de Mujeres y Feminicidios, la movilización social también se siente. 

Como ocurrió con ellas, fuera del entorno familiar las mujeres también están expuestas a la violencia machista. “Cuando nosotras defendemos los derechos humanos estamos al mismo tiempo desafiando las normas culturales, religiosas y sociales”, dice la experta Alda Facio. Apunta que entre 2012 y 2014 se detectó un incremento del 45,7% en las agresiones a las defensoras en Centroamérica, según la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.