La exconsellera de Transparencia del Gobierno valenciano y dirigente de Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, aborda en su un ensayo la evolución de la igualdad laboral entre hombres y mujeres en España. La política, abogada y profesora de Derecho Laboral en la Universitat de Valencia acaba de publicar con la editorial Tirant el volumen Igualdad laboral entre mujeres y hombres: realidad social y su reflejo en el cine, que presenta la ministra de Infancia y dirigente de Izquierda Unida, Sira Rego, este miércoles a las 19 horas en la librería Tirant lo Blanch. Como adelanto, elDiario.es publica el capítulo introductorio del volumen.

Igualdad laboral entre mujeres y hombres: realidad social y su reflejo en el cine

“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”, decía Simone de Beauvoir. No puede haber, desgraciadamente, frase más certera.

Es innegable que se han producido avances sustanciales en los derechos de las mujeres en este país. No hay duda alguna de que existe un abismo entre la situación que padecieron nuestras madres, nacidas en mi caso y en el de las personas de mi edad, en las primeras décadas de la dictadura, y la realidad que hemos vivido y vivimos las mujeres que nacimos en la década de los setenta. Pero también es cierto que el avance de derechos, desgraciadamente, no siempre se da de una manera lineal, no siempre se va a más, no siempre la normativa evoluciona progresivamente, ampliando los derechos de las mujeres o cualquier otro tipo de derechos. Esto sería lo lógico en sociedades con ansias de ser más justas, más igualitarias, más democráticas. Pero las sociedades no siempre anhelan tener dichas características.

No tenemos que remontarnos demasiado lejos para comprobarlo. Nuestras abuelas, en los años 30, pudieron vivir una etapa en la que se aprobaron determinadas normativas que avanzaban en algunos aspectos de la igualdad legal entre mujeres y hombres. Se aprobó el sufragio femenino, la ley del divorcio, la ley del aborto, el derecho al trabajo de las mujeres, aunque con sus limitaciones; y la Constitución de la República española de 1931 en su artículo 25 establecía que “No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios”.

Por primera vez la Constitución española, nuestra Carta Magna, reconocía la igualdad de hombres y mujeres; cuestión aparte era su plasmación real, no tan ambiciosa como hubiese sido deseable. Pero su reconocimiento legal era un avance fundamental que significaba impulsar claramente la equidad respecto de la normativa anterior.

También era bastante más igualitaria y garante de los derechos humanos que la normativa aprobada posteriormente por la dictadura franquista, que supuso un gran retroceso en cuanto a derechos y libertades.

Aquellas mujeres que durante la Segunda República vieron cristalizar sus anhelos de empezar a ser consideradas personas de primera categoría, que pudieron tener profesiones, votar, ocupar cargos de responsabilidad política, divorciarse de hombres a los que no querían, abortar y estudiar, vieron también cómo todo ello se esfumaba con la caída del primer régimen democrático en España.

Se consideraba que la mujer española, con la Segunda República, había avanzado considerablemente en derechos a pesar de la sociedad patriarcal, situándose así a la vanguardia europea.

A partir de 1939 se vieron relegadas a la consideración de menores de edad, primero tuteladas por el padre y después por el esposo, relegadas al ámbito privado; su función en la vida se limitaría a cumplir los deseos del marido y a criar hijos de los que no ostentaba ni la patria potestad, a no ser que quedaran viudas. El artículo 57 del CC establecía que “El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”.

Hasta el año 1981 la mujer necesitó, incluso, del permiso paternal o marital para poder conducir.

En la época de la dictadura, casi se podría decir que el marido tenía derecho a violarla y pegarle las veces que considerara, porque se consideraba de su propiedad. La mujer, en realidad, no tenía derecho ni a protestar, ni mucho menos a denunciar, y tampoco podía divorciarse.

Se dieron, incluso, situaciones verdaderamente esperpénticas: mujeres que se habían divorciado durante la Segunda República, algunas por recibir malos tratos, vieron anulados sus divorcios y obligadas a volver con sus “maridos” maltratadores. Tampoco tenían una independencia económica, ni tan siquiera para abrir una cuenta bancaria; necesitaban del permiso del marido y, antes de casarse, lo necesitaban del padre.

Se limitó de una manera muy notable el acceso de la mujer al empleo, ya que al casarse perdían mayoritariamente su puesto de trabajo. La libertad era de por sí muy limitada en la dictadura, pero la libertad es totalmente inexistente si no se tienen cubiertas las necesidades básicas. La emancipación de la mujer es inviable sin una independencia económica y la independencia económica es imposible, a no ser que seas de alta cuna, sin un trabajo que te garantice unas condiciones mínimas que cubran tus necesidades vitales.

La regulación discriminatoria más contundente para la mujer se dio con la Ley de Reglamentaciones de Trabajo de 16 de octubre de 1942, que dictaba las normas para la elaboración de los reglamentos de trabajo. En la mayoría de las reglamentaciones se estableció que, al contraer matrimonio, la mujer quedaba en situación de excedencia forzosa a cambio de recibir una indemnización en concepto de dote. Un concepto bastante patriarcal también el de la dote, concebida socialmente como lo que la mujer aportaba al matrimonio, constituyendo así una contraprestación a la carga que, se entendía por las autoridades, suponía la mujer para el hombre.

No es hasta el año 1961, con la aprobación de la Ley de Derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, cuando existe cierto reconocimiento del derecho al trabajo de las mujeres. En esta ley se establecía el derecho de la mujer a trabajar en “aquellas profesiones y tareas públicas y privadas para las que se halla perfectamente capacitada, sin más limitaciones que las que su condición femenina impone”. La Ley establecía que: “En las mismas condiciones que el hombre, la mujer puede participar en oposiciones, concursos-oposiciones y cualesquiera otros sistemas para la provisión de plazas de cualesquiera Administraciones públicas. Asimismo, tendrá acceso a todos los grados de la enseñanza” para después añadir que quedaban exceptuadas:

“a) Las Armas y Cuerpos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, salvo que por disposición especial expresa se conceda a la mujer el acceso a servicios especiales de los mismos.

b) Los Institutos armados y Cuerpos, servicios o carreras que impliquen normalmente utilización de armas para el desempeño de sus funciones.

c) La Administración de Justicia en los cargos de Magistrados, Jueces y Fiscales, salvo en las jurisdicciones tutelar de menores y laboral.

d) El personal titulado de la Marina Mercante, excepto las funciones sanitarias.“

Si bien es cierto que dicha ley reconoce el derecho de la mujer a trabajar e incluso a la igualdad en la retribución, también es cierto que contemplaba la posibilidad de requerir el permiso marital para ello.

Es evidente que dicha norma no colmaría ninguna expectativa actual, pero no podemos obviar que dada la situación suponía un pequeño avance para la mitad de la población que llevaba ya unas cuantas décadas de resignación, humillación y adoctrinamiento, entre otras tantas muestras de degradación.

Sin duda, era un avance muy pequeño y más teórico que con aplicación real; en definitiva, quedaba mucho por hacer.

Pero no quiero adentrarme de lleno en el objeto del estudio de esta investigación. Simplemente quiero dar unas pinceladas que expongan lo difícil que ha sido la conquista de los derechos para las mujeres en este país.

La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como sus avances, tienen sus particularidades en cada país, no produciéndose de manera simétrica, ni mucho menos, ni tampoco de forma lineal en todos los países. Solo hace falta ver lo que ha ocurrido en los Estados Unidos con el derecho al aborto.

Pero, sin duda, en nuestro país las dificultades no han sido menores. La dictadura franquista truncó todos los avances realizados para hacer de España un país moderno, ilustrado y culto, donde la mujer comenzaba a tener un papel clave en la sociedad.

En este trabajo analizaré cómo se han llevado adelante cambios legislativos y sociales para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, las dificultades, la diferencia entre la igualdad real y la legal y los obstáculos que sufrían las pretendidas transformaciones en una sociedad donde el machismo y la misoginia fueron regla general durante décadas.

La misoginia y el machismo, lejos de causar rechazo, suponían la cultura dominante, que gozaba de la aceptación social, incluso por parte de la mitad de la población que la sufría.

Es evidente que la principal herramienta para que, en esta sociedad y en cualquier otra, la mujer goce de igualdad de derechos y de oportunidades es el acceso al trabajo. Sin un puesto de trabajo digno y estable que le procure una solvencia económica la emancipación no es posible. Sin igualdad laboral efectiva entre mujeres y hombres la discriminación entre ambos no será erradicada.

Llevamos ya varias décadas escuchando que la igualdad hace mucho que es efectiva, que no existen desigualdades, mostrando un espejismo que impide avanzar para que realmente lo sea.

En los últimos años podemos incluso observar una reacción peligrosa de grupos reaccionarios que elaboran todo un discurso en base a que ahora el hombre está discriminado. Es, ni más, ni menos, que la reacción a unas acciones encaminadas a procurar un avance igualitario, reacción por parte de aquellos que no quieren perder unos privilegios que, solo por el hecho de haber nacido hombre, ya les señalaron que tenían.

Quiero abordar algunas de las diferentes situaciones de discriminación que han sufrido las mujeres en este país, las distintas regulaciones para paliarla y la situación actual. Lo quiero hacer analizando dichas realidades desde una herramienta que ha sido fundamental para expresar una realidad, poder analizarla y empatizar con ella e incluso para que bastantes mujeres se reconocieran en la misma y fuesen conscientes de lo que sufrían. Esta herramienta no es otra que el cine.

El cine ha sido capaz de plasmar aquello de lo que no se hablaba, que no se identificaba y que no se quería ver. Ha servido, también, para sensibilizar y visibilizar. Mucho se ha escrito sobre cine y derecho. Existe incluso una colección de libros de la Editorial Tirant lo Blanch con dicho título, sobre qué se considera cine jurídico o no, o incluso si se le puede aplicar al cine jurídico la categoría de género o no. Pero la realidad nos muestra que es difícil ver una película sin que nos refleje alguna situación en la que no intervenga el derecho de una manera u otra, ya sea por su aplicación o por su ausencia. Por lo tanto, el género abarcaría tanta filmografía que finalmente no aportaría nada relevante; por ello, aunque no se considere una “rama independiente”, es innegable que el derecho impregna la mayor parte de los distintos géneros cinematográficos.

Por eso, aquellas películas que serán objeto de análisis en este estudio, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, van a evidenciar situaciones que, desde mi punto de vista, requieren, indudablemente, de una respuesta jurídica por considerarse claramente injustas; como veremos, en algunos casos la habrán tenido y en otros, no. Incluso en los que la han tenido, analizaré si la respuesta ha dado solución eficaz a la cuestión, o si la misma ha sido insuficiente o si, directamente, la situación discriminatoria no se ha paliado en absoluto. Abordaré en algunos casos cómo incluso cambios legislativos importantes no han conseguido desterrar una arraigada realidad.

La importancia de abordar el avance de los derechos de las mujeres en nuestro sistema jurídico desde el análisis de determinada filmografía seleccionada es para mí evidente y deriva del hecho de que el cine tiene la capacidad de trasladar de una forma masiva situaciones jurídicas socialmente injustas. Siempre se dice que una imagen vale más que mil palabras; basta recordar la foto de Aylan Kurdi, un niño sirio de origen kurdo de tres años, que apareció ahogado en la playa de Bodrum en Turquía. Por desgracia solo era uno más de los miles y miles que perecen en el Mediterráneo. Se trata de niños, niñas, bebés, hombres y mujeres; en definitiva, una masacre continua de personas que huyen de la guerra y del hambre.

Mientras, Europa vive de espaldas a esa realidad, que es conocida en mayor o menor medida, que indigna no a demasiados y contra la que luchan muy pocos. Pero esa foto tocó la fibra sensible porque la foto del niño recordaba al hijo propio, al sobrino, al nieto, al niño que conoces y quieres. Tuvo la capacidad de hacer empatizar de forma masiva, con homenajes, plegarias o canciones dedicadas por famosos cantantes. Lo cierto es que la empatía duró poco y no se tomaron medidas eficaces y duraderas para evitar que volviera a suceder pero, al menos, visibilizó un drama y sensibilizó. Quizás contribuyó, aunque fuese un poco, a la protección de los derechos humanos.

Pues si una foto, en un país lejano, tuvo la capacidad de remover conciencias, el cine tiene todavía una fuerza mayor, porque no dura el breve instante que te traslada una foto. Una película tiene la capacidad de envolverte en ella, de atraparte, de introducir a quien la ve en la historia que desarrolla, de que puedas sentir, aunque sea remotamente, el sufrimiento del personaje, sus sentimientos, etc. También es importante analizar los silencios del cine, lo que no se ha reflejado o, incluso, lo que ha normalizado.

Es importante estudiar ese poder del cine porque, además, en este país, la discriminación de la mujer ha estado normalizada y, por lo tanto, la aprobación de determinada normativa que regulaba la igualdad de manera formal ya parecía cumplir con las aspiraciones feministas.

La Constitución Española marcó el inicio de la normativa jurídica que garantizaba la igualdad a nivel formal, pero la realidad social y la del hogar nada se parecía a lo reflejado en la misma. El machismo no desaparece de la noche a la mañana porque se regule en una norma. Existieron muchas resistencias, lamentablemente no solo por parte de los hombres. Se requirió de mucho activismo feminista y de la participación activa de las mujeres en la política para avanzar en lo jurídico y en lo social hacía una sociedad más igualitaria, pero en la que todavía existe discriminación. Normativas como la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (en adelante, LOVG) se aprobaría 26 años después de la CE. Más de un cuarto de siglo para que un país tomara conciencia de un problema tan grave y se atreviera a regular su intención de combatirla. Es un buen ejemplo de cuánto ha costado avanzar, por mucho que tuviésemos una Constitución que nos dijera que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley.

Que la igualdad no era efectiva era una realidad tan clara que, tres años más tarde, se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, LOI). Si lo hubiera sido, si se hubiese conseguido la igualdad real y efectiva, no se hubiera tenido que aprobar esta Ley que, recuerdo una vez más, llegó casi treinta años después de aprobarse la Carta Magna, que teóricamente ya nos igualaba. La aprobación de esta Ley fue un hito importante, dado que realizaba un reconocimiento explícito de que las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana y regulaba desde medidas para la conciliación y la igualdad de trato y oportunidades en el trabajo y la posibilidad de medidas de acción positiva, hasta la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG), a través de la Disposición Adicional Segunda para garantizar la presencia de las mujeres en distintas Instituciones Políticas. Posteriormente analizaré dichas modificaciones con mayor detenimiento.

La ley tuvo consecuencias positivas innegables, pero sigue quedando mucho por avanzar.

Frente a esa apariencia de normalidad, el cine ha tenido la capacidad de plasmar realidades invisibilizadas durante décadas en nuestro país y ha reflejado situaciones socialmente injustas con devastadoras consecuencias. Ha permitido que la sociedad empatice, que se vea reflejada, que se haga sentir que la situación que se desarrolla en la pantalla pueda sucederle a cualquier espectadora, o a su hija o a su hermana, a cualquier mujer que le sea próxima. También, lógicamente, puede producir ese efecto en cualquier espectador en relación con las mujeres de su entorno.

El cine nos permite tener una visión social sobre una situación determinada y contrastarla con la realidad jurídica.

Y, sobre todo, permite sensibilizar ante una situación, la que analizo sobre la mujer, que es claramente discriminatoria y abusiva pese a los avances producidos y a años de legislación en la materia, siempre persiguiendo la igualdad efectiva, deseable pero no conseguida.

A partir de ahí, corresponde analizar si la realidad jurídica sirve para atajar la situación injusta. Analizar cuánto se ha avanzado en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres también nos va a servir para profundizar entre la situación inicial -anterior a la regulación jurídica de cada cuestión- y la actual, permitiendo observar, igualmente, las resistencias a los avances, y como la realidad del origen de esas resistencias se encuentra generalmente en la cultura producida por décadas de desigualdades. Y no solo en lo jurídico sino en lo social y, en ocasiones, en el interés por mantener situaciones privilegiadas provocadas por esa desigualdad, y, en otras, por la dificultad que tiene el cambio cultural en la materia que sin duda es profundo y complejo de asumir por ciertos hombres.

Si durante décadas se ha concienciado, educado, legislado, predicado y aplicado la desigualdad, dictar una norma no va a cambiar esa realidad de la noche a la mañana, cuando esta encuentra fuertes raíces en toda esa actuación precedente, no en pro de la igualdad, sino fomentando, admitiendo, o cuando menos, tolerando y disculpando la desigualdad. Si quien está al lado de una mujer se siente superior y con una serie de privilegios sobre ella, una norma que diga lo contrario no va a cambiar, por si sola, su percepción de la realidad.

Trataré, espero que suficientemente, de examinar las distintas situaciones de discriminación y desigualdad padecidas por la mujer a lo largo de las décadas, estudiar la normativa jurídica aprobada y analizar si la misma ha dado respuesta a los problemas de manera más o menos rápida y eficaz; todo ello desde el análisis de la realidad que se refleja en una selección de películas, reflexionando igualmente sobre el papel del cine como elemento de denuncia social y, por tanto, como inductor o colaborador del cambio social.

Me centraré fundamentalmente en analizar la situación de la mujer en las relaciones laborales y aquellos obstáculos visibles o invisibles que inciden en ellas

Priorizaré casi en exclusiva la cinematografía española, porque voy a analizar nuestra realidad social y jurídica.

Así, abordaré distintas problemáticas que sufre la mujer. Problemáticas que han supuesto y/o suponen obstáculos a su propia emancipación y que, en mayor o en menor medida, están interrelacionadas con su situación laboral. Entendiendo que, para la emancipación de la mujer y la plena igualdad real entre hombres y mujeres, las condiciones laborales son fundamentales.

Todo ello no puede desvincularse del punto inicial en el que la mujer se encontraba en este país, entendiendo a este efecto como punto de inflexión en la situación de las mujeres la primera normativa que incidía en la igualdad de derechos y en la protección de los derechos humanos tras la dictadura. Es decir, analizaré el antes y después jurídico y social de la Constitución Española de 1978.

Por ello, para profundizar en la evolución de los derechos de las mujeres de este país de la forma más rigurosa posible, dividiré su estudio en dos etapas: antes de la aprobación de la Constitución Española de 1978, Capítulo 1 y después de la aprobación, el resto de capítulos.

Pero la investigación no puede enfocarse de la misma manera para el periodo posterior a la aprobación de la Constitución de 1978 que para la anterior.

En la etapa anterior a la democracia no existe una extensa pluralidad normativa que afecte los diferentes órdenes y que, de manera más o menos acertada o más o menos expansiva, amplíe los derechos de las mujeres para conseguir una sociedad con condiciones más justas y más igualitaria entre ambos sexos. La realidad de la dictadura es precisamente la contraria; principios y normas que blindan el patriarcado y ponen al hombre en el centro, con un adoctrinamiento férreo y un arraigo social que podemos afirmar se ha alargado, de una manera u otra, hasta nuestros días.

Por lo tanto, corresponde analizar este primer periodo a través de la filmografía, mediante un estudio de cada película seleccionada, destacando y evaluando las conductas y el entorno social y su contraste con la actualidad jurídica y real. Quiero destacar cada comportamiento que no tendría cabida con el ordenamiento jurídico actual, trasladar a la actualidad las costumbres que fueron normas y evaluar cómo, en el presente, con un ordenamiento jurídico contrario a dicha realidad, muchas de esas actitudes contrarias a los derechos humanos han persistido en el tiempo o han sido corregidas mucho más tarde de lo que era deseable.

De la dictadura franquista existe una amplia filmografía que refleja la situación social que padecían las mujeres y la superioridad del hombre, blindada jurídicamente y aceptada socialmente.

Películas como El mundo sigue, Calle mayor y El pisito reflejaron de una forma crítica con la dictadura franquista dicha realidad. Pero la mayoría de filmografía de esos años, mucho más complaciente con el régimen, expresaba también, en mayor o menor medida, la misma situación social de la mujer, solo que asumiendo como correcta la realidad social que reflejaba.

También me parece importante abordar cuál era el contexto jurídico y social en el periodo anterior a la dictadura franquista y visualizar a través de la pantalla el contraste entre las conquistas feministas en nuestro país con la Segunda República, que tampoco fueron fáciles, y la frustración y anulación posterior.

Películas sobre los últimos días de la Segunda República y los primeros de la dictadura franquista arrojan luz sobre el contraste que tuvieron que vivir las mujeres durante el paso de la democracia a la dictadura. Películas como Las 13 rosas, basada, además, en hechos reales, La voz dormida, etc, constituyen una buena base cinematográfica para ello.

El estudio del segundo periodo lo realizaré de forma inversa, seleccionando diferentes obstáculos, problemáticas y desigualdades con los que se encuentra la mujer a lo largo de su vida para no poder considerarse en condiciones de igualdad con el hombre y seleccionando un conjunto de películas que, desde mi punto de vista, abordan cada tema de una forma certera y solvente y tienen la capacidad de trasladar al espectador la amplitud emocional de la situación. Son películas con capacidad de hacer empatizar al público y sensibilizarlo, pero que también permiten analizar la situación de manera global, trascendiendo del caso o de la historia concreta que desarrollan. Además, contrastaré y/o ampliaré dicho análisis con datos estadísticos, sentencias e incluso entrevistas que enriquecerán el resultado final.

Tras haber analizado, en la primera parte, las dificultades del acceso de la mujer al empleo, en la segunda parte, cuando proceda y casi en general, agruparé por bloques las películas en función de las temáticas que abordan:

La violencia de género.

La desigualdad en las condiciones de trabajo de determinados trabajos feminizados. La brecha salarial.

Las mujeres migrantes no comunitarias.

La conciliación laboral y familiar.

El mansplaining.

El acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

Las dificultades de la mujer en puestos de alta responsabilidad. El techo de cristal.

¿Por qué esta selección y no otra? En primer lugar, porque la mayoría de los temas son esenciales en los planes de igualdad. A estos he añadido la mujer migrante no comunitaria, porque a estas dificultades, ellas añaden algunas más, y el mansplaining, porque es tan sutil como nocivo. Y, en segundo lugar, porque las diferentes temáticas me permiten analizar las dificultades de la mujer en el ámbito laboral de manera amplia, demostrando que las desigualdades están interrelacionadas y afectan tanto a las mujeres atrapadas en el suelo pegajoso como a las que se supone han roto techos de cristal.

Analizaré si los problemas que aborda cada bloque son problemas reales que han merecido la atención del Derecho del Trabajo o, en su caso, de alguna otra rama del derecho, cuándo y cómo lo ha hecho, además de si ha tenido eficacia o no. Y estudiaré cómo los ha abordado el cine desde el punto de vista de crear conciencia social, propiciando que hayan sido abordados jurídicamente, así como desde el punto de vista de reflejarnos una realidad que puede ser ajena o no a los avances normativos o a la carencia de estos.

En cuanto al análisis jurídico, como es lógico, lo abordaré desde una perspectiva clásica, es decir, aplicando el método jurídico y analizando la diferente normativa a lo largo de los años, su aplicación práctica y, en su caso, judicial, a través de los instrumentos negociados y si la respuesta jurídica, de existir, ha sido suficiente o acertada. Efectuaré un análisis de la evolución normativa y en que medida ha ido resolviendo los problemas que limitan la igualdad de mujeres y hombres.

Pero, como ya he señalado, realidad jurídica y realidad social no son lo mismo. Por lo tanto, será necesario utilizar herramientas sociológicas, como los datos estadísticos, estudios o entrevistas para evaluar los efectos de los cambios normativos y mostrarnos, en algunos casos, el escaso impacto en números que determinadas normativas han tenido socialmente.

Todo ello, para poder evaluar si la igualdad laboral entre mujeres y hombres es una realidad o una quimera.

Detrás de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz está Ribera Salud, la empresa que protagonizó la expansión del llamado modelo Alzira en el País Valencià y que ahora opera en Madrid bajo las mismas premisas que aquí ya se demostraron más que nefastas para los pacientes. Ribera Salud fue el emblema de la privatización sanitaria del PP valenciano durante veinte años.

El modelo Alzira, propagado como ejemplo de “eficiencia empresarial”, fue en realidad un sistema diseñado para asegurar beneficios privados garantizados con fondos públicos. Un modelo que incluía pagos más que generosos, rescates multimillonarios sufragados por la Generalitat y un conjunto de mecanismos que permitían a la concesionaria derivar gastos, externalizar servicios y priorizar la rentabilidad por encima de la calidad asistencial. En Torrejón se han observado las mismas dinámicas estructurales: plantillas ajustadas al límite, rotación excesiva del personal, dificultades para cubrir especialidades y un deterioro asistencial que emerge con especial crudeza en momentos de tensión del sistema.

El PP le puso una alfombra roja a Ribera Salud para que gestionara hospitales públicos con criterios empresariales. ¿El resultado? Plantillas insuficientes, condiciones laborales inferiores a las del sistema público, externalización de servicios básicos, derivación de casos complejos a hospitales públicos, mientras se rentabilizaban los procedimientos más sencillos, y una pérdida sistemática de control público sobre un derecho esencial. El negocio era perfecto: ingresos públicos garantizados y riesgos transferidos al sector público. Cuando algo fallaba, era la Generalitat quien costeaba los daños. Todavía recuerdo cómo en mi hospital público de referencia me informaron de que, si quería tener garantizada la epidural durante el parto, debía elegir dar a luz en el Hospital de la Ribera. En ese centro, se cobraba a la Generalitat un extra por cada intervención o atención realizada a pacientes de otras zonas, mientras que por los pacientes de su propia área recibían una cantidad fija, independientemente del tratamiento. Esto hacía que resultara más rentable atraer pacientes de fuera mientras se ofrecía una atención mínima a los de su zona.

Frente a este panorama, desde gobierno del Botànic se emprendió la reversión de Alzira, Dénia, Manises y Torrevieja. El gobierno de PSOE, Compromís y Podemos-EUPV trabajó hasta su salido en julio de 2023 por la reversión porque lo que se encontró fue el retrato fiel del modelo privatizador: infraestructuras sin mantenimiento adecuado, déficit de personal, servicios fragmentados, equipamientos envejecidos y cláusulas contractuales diseñadas para blindar los beneficios del concesionario. La reversión puso fin a un experimento cuyo coste real, económico y social, lo habían asumido los pacientes, los profesionales y la Generalitat. Ribera Salud se opuso firmemente a la reversión del modelo sanitario y trató de impedirla por todos los medios, reacia a poner fin a un negocio que consideraba altamente rentable. En ese contexto, la tensión con el Consell fue evidente, especialmente con la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, y con la vicepresidenta Mónica Oltra.

El presidente de Ribera Salud en aquel momento, Alberto de Rosa, ha aparecido mencionado en diversas informaciones como posible impulsor de la denuncia que afectó a Oltra y que finalmente motivaron su dimisión. Tanto el juez de instrucción como la Fiscalía han concluido que no existe ningún indicio de delito en los hechos denunciados.

Hoy, en el País Valencià solo queda el hospital de Elx bajo la gestión de Ribera Salud. Y lo que ocurre allí es un espejo de Torrejón de Ardoz: quejas constantes de profesionales y pacientes, listas de espera fuera de control, servicios tensionados, denuncias sindicales y una degradación progresiva de la atención. Es decir: el mismo patrón de deterioro que ya llevó a la reversión de Alzira, Torrevieja, Denia y Manises.

Hoy, Torrejón, evidencia lo que ya sabemos: que la lógica del negocio nunca es compatible con la lógica de la justicia social. Allí donde las empresas priorizan cuentas de resultados, se recortan plantillas, se reorganizan turnos sin atender criterios clínicos, se sustituyen servicios por otros más baratos, se retrasan inversiones y se deriva actividad según conveniencia económica. Allí donde el servicio público se mercantiliza, la ciudadanía deja de ser titular de derechos y pasa a ser “cartera de clientes”.

Pero la privatización sanitaria madrileña no se entiende sin mencionar a otra gran beneficiaria del modelo: Quirón Salud. Isabel Díaz Ayuso ha convertido a este grupo en uno de los principales receptores de dinero público en Madrid. Las derivaciones, conciertos, adjudicaciones y externalizaciones vinculadas a Quirón suman miles de millones de euros pagados con fondos públicos, mientras la red sanitaria pública se infrafinancia de forma deliberada.

La estrategia es clara: descapitalizar lo público para justificar su ineficiencia y, a continuación, derivar pacientes, y dinero, a lo privado. El resultado es un trasvase constante y opaco de recursos desde las arcas públicas hacia grandes corporaciones sanitarias. En otras palabras: el PP gobierna para favorecer un sistema privado que vive directa y cómodamente de fondos públicos a costa de la salud de millones de personas.

Mientras tanto, en el País Valencià, el actual gobierno del PP y Vox amenaza con desandar lo avanzado. Su política sanitaria reproduce el viejo esquema: recortes, externalizaciones selectivas, desprecio por la atención primaria, silencio ante la precarización y complicidad con los intereses empresariales del sector. Han vuelto a colocar la sanidad en el escaparate de los negocios, justo cuando más deberíamos reforzarla. No es casual que el actual conseller de sanidad sea una persona con larga trayectoria de negocios en la sanidad privada.

Por esos desde EUPV hemos presentado la Iniciativa Legislativa Popular presentada en para proteger su sanidad. La ILP propone medidas que abordan directamente los fallos del sistema privatizador.

Defiende una financiación sanitaria suficiente, estable y blindada, situando el gasto sanitario en niveles acordes con las recomendaciones internacionales. Propone fortalecer la atención primaria como eje vertebrador del sistema, evitar las listas de espera mediante planificación pública y no mediante derivaciones privadas, mejorar las condiciones laborales y estabilizar plantillas, reforzar la salud mental, garantizar la equidad territorial y asegurar la transparencia en la gestión.

Incluye un enfoque integral que abarca desde la ampliación de la cobertura bucodental y óptica, hasta la producción pública de medicamentos esenciales para evitar situaciones de desabastecimiento, pasando por la creación de estructuras de gestión que eviten la fragmentación del sistema y pongan fin a décadas de improvisación y mercantilización.

Y, sobre todo, plantea algo esencial: la recuperación progresiva de servicios y gestión privatizados. Ya se demostró que revertir es posible y que mejora la calidad asistencial. Torrejón y Elx son la prueba viva de que es urgente hacerlo allí donde la privatización continúa.

La defensa de la sanidad pública no puede esperar. Los hospitales de Torrejón y Elx es solo un síntoma más de una enfermedad mucho más profunda: la privatización sistemática del sistema sanitario.

Sanidad pública significa acceso universal, transparencia, planificación, eficiencia real y atención de calidad. Sanidad privatizada significa negocio. Porque sabemos, y la experiencia nos lo ha enseñado con claridad, que sólo lo público garantiza universalidad, equidad y transparencia.

Defender la sanidad pública no es una nostalgia ni un eslogan electoral. Es una defensa radical de la democracia: del derecho a la igualdad, de la cohesión social, de la dignidad de las personas. Ya sabemos lo que sucede cuando se cede un derecho fundamental al interés privado. El País Valencià ya aprendió esa lección; ahora toca que la ciudadanía la recuerde, la defienda y la blinde.

Porque donde ellos ven negocio, nosotros vemos derechos. Donde ellos calculan beneficios, nosotros afirmamos vidas. Y donde ellos hablan de clientes, nosotros hablamos, y hablaremos siempre, de pacientes.

*Rosa Pérez Garijo, Coordinadora General de EUPV y Tomás P. Alfonso, Coordinador Joves d’EUPV

Algunos sectores de la izquierda tampoco se sentían interpelados porque consideraban que el gobierno valenciano durante demasiadas décadas tampoco es que hubiera hecho País. Más bien caja es lo que había hecho el PP, tal y como les espetamos en una comparecencia en les Corts Valencianes.

Pero el lema “40 anys fent País”, no se refería exclusivamente a la acción de gobierno, sino a la acción del pueblo valenciano, que a lo largo de los años se ha movilizado y ha empujado “per fer País”, con toda la amplitud que conlleva para nosotros la expresión: poner en valor nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra riqueza, nuestro territorio, pero también procurando una sanidad pública, una educación de calidad, el desarrollo de derechos…

El Govern del Botànic avanzó en esa línea, aunque también es cierto que no tanto como nos hubiera gustado, y hay quien considera que esta es una de las causas del retroceso político que supuso la victoria de la coalición reaccionaria PP y Vox. Evidentemente, no existe una causa única. Las razones quizás deberíamos analizarlas desde la perspectiva de la crisis estructural del estado social y como esta afecta seriamente a las distintas democracias de cada país.

Veinte años seguidos estuvo el PP en el Consell y solamente el desborde en su corrupción, más allá de lo que su electorado podía aguantar, provocó su salida: su mala gestión no le pasaba factura. Tras dos legislaturas vuelven a gobernar de la mano de Vox destruyendo rápidamente todo lo que nos costó construir. “Desfer País” y “Fer Caixa” siempre han estado en su hoja de ruta.

Pero nuestro optimismo, imprescindible en nuestra tarea de transformar la sociedad, nos hace pensar que la derecha no es tan hegemónica como parece. Desde luego, no es como la de Galicia, donde el PP ha gobernado 42 años (solo una legislatura y parte de otra no gobernó). De hecho, ya hace seis meses que deberíamos estar trabajando para que esto dure cuatro años. Corresponde estar a la altura de las circunstancias y ser conscientes de lo que realmente importa.

Los problemas que está experimentando la clase trabajadora valenciana, como resultado de la agenda conservadora y reaccionaria a nivel del País Valencià y como resultado de las políticas impulsadas en muchas ciudades y municipios, se está agravando ante el debilitamiento de las instituciones como espacios de garantía para los derechos de la ciudadanía y de la propia democracia, la negación del cambio climático, reducción de trámites para la construcción de grandes proyectos, la reducción de impuestos a los ricos…. Los escenarios de emergencia a los que nos enfrentamos, a nivel climático, en forma de retrocesos democráticos y de precariedad laboral, se suman a un conjunto de declaraciones y decisiones negacionistas que van más allá de la retórica, y que afectan a las condiciones materiales de la ciudadanía y que, incluso, ponen en riesgo la seguridad y las propias vidas de aquellas personas que, como las mujeres, el colectivo LGTBIQ+ o las personas migrantes, sufren violencia de odio.

Frente a este escenario, y como de forma recurrente ha sucedido a lo largo de la historia de los derechos y de las democracias, la sociedad organizada es el mejor dique de contención frente a las regresiones calculadas y planificadas. Los movimientos sociales, las asociaciones de vecinos y las organizaciones políticas, con un pie en la calle y otra en las instituciones, como es el caso que representa Esquerra Unida del País Valencià, son la principal garantía y salvaguarda de los logros alcanzados durante los últimos años, y en los que la aportación de EUPV ha sido determinante.

Las organizaciones políticas, estructuradas y consolidadas, canalizan de abajo hacia arriba, de forma democrática y participativa, las demandas genuinas de una ciudadanía que reclama una agenda en defensa de lo cercano. Esta forma de construir democracia es, además, una tarea pendiente en el contexto político español de las últimas décadas. En este sentido, la presencia de EUPV a lo largo de todo el País Valencià, sirve de ejemplo para entender la vertebración territorial sobre la que debe basarse una democracia de calidad. Porque sin una perspectiva comarcal, por ejemplo, la sanidad y la educación cuentan con mayores probabilidades de ser desmantelada en favor de aquellos que, desde el centralismo y sin presentarse a las elecciones, pretenden doblegar la voluntad de las instituciones que son depositarias de la soberanía popular, queriendo hacer valer su peso minoritario, sobre la inmensa mayoría.

La conformación de espacios unitarios, basados en el diálogo y el respeto entre las fuerzas políticas que están llamadas a vertebrar la democracia real en el País Valencià, son la única vía posible para construir el país defendiendo los derechos. La experiencia cotidiana de la ciudadanía valenciana, a partir de unos servicios públicos de calidad, son la principal fuente de identidad sobre la que seguir edificando la democracia. Por eso, la defensa de los derechos sociales es la clave para la (re)construcción de un País Valencià verdaderamente democrático.

En este proyecto estructural, que reclama y que depende, a su vez, de una reconstrucción de la izquierda valenciana que logre el vuelco en el próximo ciclo electoral, la voz de EUPV, como fuerza vertebrada es esencial, como lo ha sido en el pasado a nivel autonómico y como lo está siendo, en estos momentos, con nuestra presencia como EUPV en el Congreso de los Diputados a través de nuestro representante. La mirada de toda la izquierda valenciana hacia el horizonte 2027 pasa, por tanto, necesariamente, por el trabajo con las formaciones políticas que existen en la política valenciana y con quien compartimos un programa de mínimos que habrá que trabajar desde las militancias y las asambleas.

*Rosa Pérez Garijo, coordinadora general de EUPV y Nahuel González López, diputado de EUPV en el Congreso de los Diputados en el grupo parlamentario Sumar

Ser progresista, comunista, gitano, homosexual o judío. En definitiva, ser, sentir o pensar de forma diferente al ideario nazi, era motivo suficiente para acabar condenado a malvivir o morir en un campo de concentración.

De este horror nació, poco después de la caída de Hitler, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un texto pactado entre diferentes países y sistemas políticos cuya finalidad se resume en dos cuestiones: asentar las bases para la paz mundial y el fin de la resolución violenta de conflictos políticos; y el reconocimiento de la dignidad humana como principal valor ético y fundamento jurídico, precisamente para evitar las discriminaciones que sustentaban la naturaleza de los campos de exterminio.

Pero todavía quedan muchas historias por conocerse, por contar, en un tiempo en que sus protagonistas ya no se encuentran presentes. Es por ello que en la legislatura anterior se inició desde la Generalitat el proyecto “Construim Memòria” para recordar a las 627 víctimas valencianas del nazismo que durante aquellos años negros sufrieron los campos de concentración y exterminio nazis.

Con ánimo de empezar a poner fin a esta anomalía democrática, y coincidiendo ahora con una efeméride tan marcada, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática retoma este proyecto en homenaje a las víctimas valencianas de los campos de concentración. De esta manera, a través de la presencia e inmortalización de sus nombres en las Baldosas de la Memoria, se podrá contribuir a reparar la memoria de todos esos valencianos y valencianas que, como tantas otras víctimas españolas, fueron olvidadas primero por el franquismo y después por una importante parte de la sociedad. Para que su historia no se repita y no se olvide, para que sean los últimos en sufrir el dolor provocado por el odio y el miedo, les rendimos homenaje.

Pero, sobre todo, nos toca aprender de los errores y mantenernos siempre alerta para no repetir el pasado. Toca vincular toda la política de memoria antifascista a nivel europeo y no olvidar que también en España hubo campos de concentración, que estuvieron en funcionamiento desde el golpe de estado contra la II República hasta bien entrada la dictadura franquista. Toca seguir luchando por la verdad, la justicia y la reparación. Recordar para no olvidar, recordar para guardar la memoria y escribir así un futuro democrático y en libertad. Porque cada derecho y libertad vulnerado, cada ataque a la dignidad humana, cada discriminación, nos aleja de la senda democrática acercándonos peligrosamente al totalitarismo.

El fascismo del siglo XX fue derrotado, pero nuevas formas de este mismo pensamiento están surgiendo y amenazando el camino recorrido por la igualdad y el reconocimiento de la dignidad humana. De quienes vivimos aquí y ahora dependerá pararlo, desde la profunda convicción democrática y la defensa de las libertades.

Conseguir echar del Gobierno al partido más corrupto de Europa –ahora sí, confirmado por los tribunales- no era una cosa menor, o dicho de otra manera era cosa mayor como diría el recién incorporado registrador de la propiedad en Santa Pola, Mariano Rajoy Brey. Pero además, abría la posibilidad de llevar a cabo medidas ya aprobadas en el Congreso –y bloqueadas desde el ejecutivo popular– de recuperación de derechos y libertades e impulsar otras cuestiones fundamentales para el progreso y bienestar de nuestras gentes.

La moción de censura era una exigencia ética y democrática ineludible y por eso desde el grupo confederal de Unidos Podemos no sólo mostramos nuestro apoyo, sino que jugamos un papel activo en la consecución de la misma. Seguimos creyendo que no hacía falta esperar tanto y que esta nueva etapa debió iniciarse cuando Pedro Sánchez fue elegido Secretario General del PSOE, por eso ya lanzamos hace meses una moción de censura que desgraciadamente no contó con el apoyo mayoritario. En cualquier caso hemos sido humildes, aceptando que lo fundamental era echar al Partido Popular y que era el momento del PSOE, pero no a cualquier precio.

En este último mes la opinión pública ha descrito la acción del nuevo Gobierno como más estética que política, criticando el hecho de que las medidas que se están tomando buscan más ampliar el electorado del propio PSOE y no profundizando en el contenido de las políticas que actualmente necesita el Estado.

No puedo estar del todo de acuerdo con esta afirmación y como valenciana debo decir que sí se están llevando a cabo medidas importantes de calado, pero desgraciadamente muy malas para nuestro territorio. En unas semanas, la ciudadanía valenciana hemos comprobado que el continuismo respecto al trato –y maltrato– de nuestra comunidad autónoma va a ser el camino a seguir.

La andadura del Gobierno de Pedro Sánchez empezaba blindando los Presupuestos Generales del Estado del PP –con el episodio vergonzoso de retirada de enmiendas por parte del PSOE en el Senado–, unos presupuestos que como su mismo partido ya criticó, dedicaban una cantidad de inversiones ridículas a nuestro territorio, muy lejos de las necesarias y que nos situaban con 67€ por persona menos respecto a la media estatal.

A los pocos días –porque insisto, todo esto ha sucedido en menos de un mes– el Gobierno socialista cortaba de raíz una de las exigencias más importantes de muchas comunidades, la del nuevo modelo de financiación autonómica. A cambio de unas migajas insuficientes y bajo la excusa de falta de tiempo, el nuevo Ejecutivo ha decidido no abrir el debate de una reforma que ya debería haberse realizado desde hace años, renunciando a abordar un problema estructural cuyas consecuencias negativas.

La importancia del nuevo modelo de financiación es absoluta, no podemos esperar ni un minuto más en el actual sistema donde el País Valencià aporta dinero como una comunidad rica cuando todos los indicadores nos sitúan por debajo de la media estatal. Este déficit nos impide desarrollar las competencias autonómicas que nos pertoca –y que constitucionalmente el Estado nos transfiere y tiene la obligación de financiar– así como desplegar otras propias dentro de nuestra capacidad de autogobierno.

Además la falta de financiación al País Valencià se agrava más aún cuando esta falta de solvencia para hacer frente al gasto se debe compensar a través del FLA estatal, con los consiguientes intereses al tratarse de una serie de préstamos públicos. Es decir, que ante la falta de financiación por parte del Estado, la Generalitat debe pedir préstamos al mismo Estado –que nos infrafinancia– y pagar una serie de intereses con los que el Estado se lucra. Un auténtico sinsentido que nos aprieta cada vez más y cada vez más cerca de ahogarnos definitivamente.

Y el último varapalo hacia los y las valencianas ha sido en diferido, aunque no con SMS, iniciado por el anterior Ministro de Fomento del PP, De La Serna. Se trata de un documento enviado a la Comisión Europea sobre la priorización de las inversiones ferroviarias para España y donde no aparecía el Corredor Mediterráneo como uno de ellos. En cambio sí se constataba en el mencionado informe el eje cantábrico, haciendo oídos sordos a la demanda unánime de la sociedad valenciana.

Ante este lamentable hecho, el nuevo Gobierno debería asumir de frente este problema y buscar soluciones inmediatas. En tanto que la financiación con fondos europeos es fundamental para la realización del Corredor Mediterráneo, la necesidad de trasladar a la agenda europea esta construcción es absolutamente prioritaria.

Sin embargo las respuestas dubitativas del actual Gobierno no nos generan ningún tipo de esperanza. Su postura, más preocupada en responsabilizar al Partido Popular –con toda la razón– que explorar todos los cauces posibles para enmendar este perjuicio a nuestro territorio; no puede servirnos. La exigencia debe ser máxima.

En conclusión, las esperanzas con las que hace un mes esperábamos un cambio de Gobierno improrrogable se han ido deshaciendo en un mar de realidades que nos han golpeado, una tras otra, directamente a las valencianas. Nuestro ‘vía crucis’ particular con el Estado se prorroga mientras el bipartidismo nos contempla como un simple caladero de votos, despreciando nuestras legítimas demandas y perpetuando un menosprecio que dura ya siglos.

Si algo ha demostrado esta nueva etapa es la fundamental importancia de que fuerzas valencianistas y federalistas tengan una mayor fuerza parlamentaria y social, capaz de llevar adelante las políticas valientes que el País Valencià necesita y que ninguno de los integrantes del bipartidismo tradicional nos va a regalar. En este escenario, Esquerra Unida como fuerza gubernamental será garantía para la recuperación de la dignidad de los y las valencianas.

Rosa Pérez Garijo es coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià y diputada provincial de Valencia

Los Servicios Sociales tienen el mismo status e identidad que el resto de Derechos Humanos Fundamentales, ya que están establecidos como tales en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art.25.1), al igual que la educación, la salud, la seguridad social... y por tanto deben ser igualmente protegidos y garantizados. Para dotar de contenido el nuevo modelo de servicios sociales que queríamos poner en marcha, hacía falta, en primer lugar, un claro compromiso presupuestario. Dicho objetivo fue conseguido con relativo éxito: pasamos de 3,9 millones de euros en 2015 a 9,3 millones de euros en 2017, triplicando el presupuesto de la Diputación de Valencia destinado a los Servicios Sociales municipalesen solo dos años.

Una vez despejada la “x” de la financiación, el primer y más acuciante de los problemas era, sin duda, la situación de los equipos profesionales de los Ayuntamientos. En 2015, la ratio de atención era de 1 profesional por cada 5.400 habitantes. En dos años hemos consignado una financiación para los Ayuntamientos que posibilitaría una asignación de 1 profesional por cada 2.833 habitantes, situándonos en ratios de atención comparables a otros territorios.

Sabemos que la transición no está siendo fácil, dadas las limitaciones a la contratación de personal que sufren los Ayuntamientos y, además, somos conscientes que se está llevando a cabo de manera desigual. Por ello, en 2018 vamos a poner en marcha medidas que logren una mayor garantía para las corporaciones locales y, a su vez, una mayor estabilidad para los equipos profesionales, incorporando la financiación del personal en el Presupuesto de 2018.

Por supuesto, estas medidas están dialogadas y consensuadas con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con cuya Dirección General de Servicios Sociales nos une una misma visión: un modelo de servicios sociales basado en la prevención y en la justicia social, y que tiene como ejes fundamentales el municipalismo y la participación. No en vano hemos puesto en marcha un “Laboratorio Social” conjuntamente con la Conselleria, la Mancomunidad de La Ribera Alta, el Ayuntamiento de Alzira y la Universitat de València para investigar y experimentar sobre los servicios sociales en nuestro territorio, un foro en el que el diálogo con todos los agentes, y especialmente con los profesionales, debe ser la clave del éxito.

Sin duda, éste constituye un ejemplo de gobierno multinivel y buena gobernanza para conseguir un sistema de servicios sociales que por fin deje de estar a la cola del Estado y se constituya en vanguardia de las políticas públicas de bienestar.

En resumen, y como mantenía al principio, a pesar de las dificultades generadas en la transición de un modelo asistencialista a otro radicalmente distinto -de derechos-, estamos en el camino, en ruta hacia una sociedad más justa y cohesionada. ¡Seguimos!

Desde abril del 1939 hasta 1943 fueron fusilados 2.237 republicanos en la tapia del cementerio de Paterna. Algunos de los ejecutados eran trasladados al cementerio general de Valencia, ya que el de Paterna no podía absorber la enorme cantidad de cadáveres de sus tapias, pero la gran mayoría permanece allí, en las fosas comunes del cementerio de Paterna. En la España de Franco, los republicanos no eran dueños de sus vidas, ni de sus muertos, no tenían derecho ni a velarlos, ni a enterrarlos, ni casi a llorarlos. Así fue desde el principio y así fue hasta el final. La nuestra fue una dictadura donde el dictador murió en su cama, se declararon 30 días de luto, le lloró su familia y una buena parte de España y se le enterró en un mausoleo construido por sus víctimas.

A partir de ahí se supone que llegó la democracia, lo que debiera haber conllevado la exhumación sistematizada de las fosas comunes, la retirada de todos los símbolos franquistas, los cambios de nombres en calles, avenidas y plazas dedicadas a torturadores, secuestradores, asesinos y golpistas, reparación a la víctimas, la anulación de condenas como la de Miguel Hernández…pero nada de eso llegó, se hizo una auténtica política de desmemoria y ante cualquier atisbo de petición de justicia la contestación fue y, sigue siendo: “dejad tranquilos a los muertos”, evidentemente, quienes dicen eso, se refieren a los suyos.

Pero algunas no nos resignamos. No nos resignamos a que no exista una verdadera política de memoria, justicia y reparación porque, casi 42 años después de la muerte del dictador, todo está por hacer. Lamento profundamente que justamente comiencen las labores de exhumación el día después de la pérdida irreparable de uno de los imprescindibles: Carlos Slepoy, luchador por los Derechos Humanos contra la impunidad, tanto en Argentina como en nuestro país. El mejor homenaje, sin embargo, es demostrar que su legado se mantiene en demostrar que no abandonamos la batalla.

Como Diputada de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia estoy orgullosa de que por fin vayamos a abrir las fosas de la vergüenza. Éste fue uno de los objetivos que tenía más claros cuando se creó la delegación, porque la exhumaciones son y deberían haber sido una obligación para las instituciones públicas, porque las víctimas de la dictadura no han tenido ni tan siquiera los derechos que con carácter general tiene cualquier víctima. Por lo que, al sentimiento de satisfacción se le suma el de vergüenza y, sobre todo, el de indignación porque las instituciones no hayan dado, después de décadas, la dignidad imprescindible a las víctimas del franquismo, esperando quizás que ya no quedara nadie vivo que reivindicara su memoria. Pero algunas no nos olvidamos.

En la Delegación de Inclusión Social, mi equipo y yo misma nos hemos encontrado un panorama desolador, concretamente, con un modelo asistencial caracterizado, como ya he indicado, por: 1) la externalización de los servicios públicos hacia las empresas –cuyo criterio, obvio es decirlo, es la pura rentabilidad económica– y hacia las entidades privadas –sean religiosas o no–; 2) la fragmentación y la sectorización de la realidad social a través de múltiples convocatorias de subvenciones con escaso presupuesto que, por un lado, incrementaban la burocracia para los equipos de los servicios sociales municipales, y por otro, tienen una prácticamente nula incidencia en la resolución de los problemas sociales; 3) la ausencia de cualquier tipo de planificación, por no hablar de evaluación de las políticas públicas; 4) la imposición de dinámicas de trabajo piramidales, sin ningún tipo de participación de los y las profesionales; 5) el centralismo y la imposición de criterios políticos y la arbitrariedad frente a la preponderancia de criterios técnicos; 6) la ausencia total de coordinación política o interadministrativa con la Generalitat; 7) la falta de transparencia… por citar sólo los aspectos más reseñables.

Darle la vuelta a ese modelo no está siendo fácil, sin duda; pero me considero una persona con las ideas claras y con una férrea determinación para llevarlas a cabo. Y la apuesta de la Delegación de Inclusión Social de la nueva Diputación es, precisamente, cambiar ese (anti)modelo por un nuevo modelo de Derechos Sociales; en definitiva, por Justicia Social. Nuestra meta es desarrollar y fortalecer los servicios sociales públicos, universales y de calidad, partiendo de los principios de normalización, accesibilidad universal y no discriminación y aplicando la máxima transparencia y la participación, así como la coordinación con la Conselleria de Inclusión, que es fundamental. El municipalismo, entendido desde el compromiso de la Diputación con la cooperación técnica y económica de los Ayuntamientos de la provincia, es también uno de los pilares del nuevo modelo. Hay que escuchar, valorar y respetar a los y las profesionales, que deben ser los agentes centrales en este nuevo modelo social, de corte municipalista, basado en la atención a la prevención y a las causas de la exclusión social, así como en la intervención comunitaria, frente a una gestión mayoritariamente burocrática de ayudas meramente paliativas.

Ya hemos realizado pasos importantes en este sentido. Vamos a reducir las convocatorias a una única para las Entidades Locales, incluyendo líneas específicas como la dirigida a la lucha contra el empobrecimiento energético e integrando la convocatoria de ayudas de asistencia nutricional, sobre cuya gestión los Ayuntamientos tendrán plena libertad y capacidad de decisión. De esta manera, los y las trabajadores sociales dejarán de ser meros gestores de subvenciones para poder realizar las tareas de asistencia, prevención e intervención comunitaria que necesitan las personas y las familias de nuestros municipios y comarcas. Por supuesto, mantenemos un contacto directo y muy próximo con los equipos sociales de base que, acostumbrados al ninguneo más absoluto, nos transmiten cada día su satisfacción por la labor de escucha que realizamos desde la Delegación de Inclusión Social, y cómo no, hemos generado espacios de diálogo con la Conselleria con el objetivo de remar en la misma dirección y multiplicar así los impactos positivos de la gestión. De momento, el feedback generado a través de este diálogo multinivel es bastante positivo y nos anima a seguir en esa dirección.

No obstante, somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante y de que para ello hace falta presupuesto y personal. Obras son amores, que dice el refrán popular, o cómo diría Pierre Bourdieu, «la mano derecha del estado no puede desentenderse de la mano izquierda». Por eso, poner a las personas en el centro de las políticas públicas y trabajar por la igualdad implica un compromiso ideológico que debe ir acompañado de la correspondiente redistribución de los recursos por la vía presupuestaria. Vamos a trabajar duro porque la nueva Diputación asuma el más elevado compromiso hacia este cambio de paradigma, y de esta manera, caminemos hacia una sociedad más justa y cohesionada.

Esta es la hoja de ruta de la Delegación de Inclusión Social de la nueva Diputación de Valencia. No nos desviaremos de nuestros objetivos.

*Rosa Pérez Garijo es Diputada Delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica en la Diputación de Valencia

Lo que me resulta más curioso es que no se les pasara por la cabeza que todo aquello que denunciaba políticamente iba a traducirse en denuncia judicial; o quizás sí, pero se sentían absolutamente blindados

Cuando mis compañeros de Esquerra Unida me eligieron para representarlos en la Diputación de Valencia en 2011, lo hicieron con la convicción de enviar allí a alguien dispuesta a sacar toda la mierda, que se olía a distancia. Nadie antes lo había hecho. La Corporación provincial, a diferencia de les Corts Valencianes o del Ayuntamiento de Valencia, siempre se había mantenido fuera del radar de los medios y de la oposición política. Lo cierto es que aún hoy me sorprende cómo podía suceder esto, tratándose de una administración pública que manejaba un presupuesto de tanta envergadura.

Desde que entré por la puerta, evidencié mi actitud dejando patente el alejamiento del colegueo que, hasta entonces, había sido la tónica. No le hacía la ola ni le reía las gracias a Rus. Ellos el primer día ya pusieron a mi disposición todos los privilegios que necesitara, entre ellos la lista de restaurantes en los que solamente con estampar la firma podías comer, tú y quién consideraras, privilegio que algunos utilizaban más que frecuentemente. Tampoco me apunté a algún viaje de esos en los que hay que cruzar el charco. Lo que sí hice fue solicitar documentación. Expedientes que los funcionarios me entregaban perplejos. Parecía que nadie había realizado una verdadera tarea de fiscalización en la Diputación.

Ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse feas. El equipo de gobierno, muy molesto con que nosotros metiéramos las narices en los expedientes, empezó a hacer caso omiso de las peticiones formales de documentación, sobre todo la de Imelsa, lo que condujo a un hermetismo y a una opacidad que vulneraban sistemáticamente mi derecho fundamental a la representación política. Sin embargo, con la ley en la mano, junto a mí asesor y compañero, José Manuel Sanz, conseguimos en cierta medida romper el bloqueo a la información impuesto por los señoritos del cortijo.

Y ambos pudimos observar una cantidad de irregularidades dignas de denuncia, al menos política. Y nos pusimos a ello. Intentamos pelear en los medios y en las redes para sacar a la luz pública y que se tuviera conocimiento de lo que allí pasaba. Ya en fechas relativamente tempranas sacamos a la luz denuncias graves sobre carreteras (permisos de obras que no se cobraban, modificaciones de obras con informe en contra de los técnicos, sanciones caducadas....), la instalación de bombillas led, el abuso de los privilegios...que curiosamente, no tuvieron mucho recorrido en los medios. Había un apagón informativo elevado.

A esa denuncia pública con poco eco, corría paralelamente mi enfrentamiento encarnizado en los plenos con el equipo de gobierno a cuenta de preguntas, peticiones de información y votaciones en contra de muchas propuestas que, a mi pesar, se aprobaban con los votos a favor del resto de grupos políticos. Porque, y es necesario recordarlo, yo estaba bastante sola como portavoz de la oposición. Un ejemplo: cuando Rus me amenazó en un pleno con “tirar-me d’un bac al carrer” (arrojarme de un porrazo a la calle), ningún diputado de PSOE ni de Compromís abrió la boca, limitándose a mirar hacia otro lado. Como si los excesos de Rus y su banda fueran algo que debían asumir hasta que llegaran tiempos mejores.

He de confesarlo: el desgaste personal durante todo este tiempo ha sido importante. No es nada agradable tener que cruzarte todos los días con aquel a quien has escuchado contar billetes (mil, dos mil, tres mil…) en un coche y a quien por ello has denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, manteniendo el más sepulcral de los silencios mientras se pone en marcha la instrucción.

Lo que me resulta más curioso es que no se les pasara por la cabeza que todo aquello que denunciaba políticamente iba a traducirse en denuncia judicial; o quizás sí, pero se sentían absolutamente blindados.

Mientras daba forma a esa denuncia llegó hasta mi la última pieza del puzzle, diez horas de grabaciones, lo que amplió nuestras líneas de investigación para atarlas con pruebas documentales, escrituras de constitución de empresas, facturas, expedientes de adjudicaciones que corroboraban las presuntas mordidas de los audios, esquemas de enlaces entre las diferentes empresas, investigación de las empresas de Rus... El 30 de julio de 2014 entregué al fiscal Vicente Torres el escrito de denuncia. Queríamos que la fiscalía la tuviera antes de que llegara agosto. A partir de septiembre, los diferentes anexos: documentación adjudicaciones del Ayuntamiento de Valencia, expedientes de carreteras de la Diputación, red empresarial de Rus, relaciones del despacho Costa con una empresa de la trama Imelsa, contrataciones de determinadas empresas con el Ayuntamiento de Xàtiva, facturación de Imelsa, expedientes del proyecto de las led...

Es increíble todo lo que mi compañero Josema pudo averiguar de las empresas con los pocos recursos con los que contábamos. El caso Taula nunca hubiera sido posible sin él, nos pasamos horas y horas, durante meses y meses, trabajándolo todo. Y la investigación de la red empresarial, con un resultado muy productivo, fue obra de él, al igual que todos los esquemas tan útiles para la investigación. No quiero olvidarme tampoco de Lucas Marco, asesor del Grupo Parlamentario de EUPV en les Corts, cuyo trabajo también fue fundamental en alguna de las piezas.

Una vez concluido el trabajo ante la fiscalía esperamos, esperamos a ver si se desmontaba por fin la Corte del Faraón, esperamos a que cayeran ante la Justicia todos aquellos que durante años habían saqueado las arcas públicas en beneficio propio.

Lo siguiente es digno de otro capítulo.

Rosa Pérez Garijo es diputada-portavoz de EUPV en la Diputación de Valencia y denunciante del Caso Taula.