La necesidad de un nuevo modelo

El vigente sistema electoral de Canarias está muy cuestionado sobre todo por dos motivos:

Estas dos circunstancias combinadas producen resultados que pueden generar distorsiones entre la voluntad popular y su representación parlamentaria, lo cual a la larga deslegitima a la propia asamblea legislativa y pone en cuestión el concepto de representación democrática.

En los sistemas políticos democráticos siempre se ha producido una tensión entre la representación de los territorios y la representación de la población, especialmente cuando entre los territorios las diferencias económicas, sociales, geográficas o demográficas son muy marcadas. Es el caso de Canarias.

Una manera habitual de resolver esta tensión en los sistemas democráticos es la conformación de dos cámaras legislativas: un Senado que representa a los territorios, con escaños distribuidos de forma paritaria, y un Congreso en el que está representada la población.

Las características geográficas de Canarias, la desigual distribución de la población, así como el olvido y atraso secular de los territorios periféricos llevaron a los canarios en los primeros años de democracia a adoptar la llamada triple paridad como sistema electoral, en el que la representación territorial queda sobredimensionada con respecto a la poblacional. El sistema fue ampliamente aceptado en sus comienzos, pero con el transcurrir del tiempo y sobre todo a partir de la modificación que supuso la elevación de las barreras electorales, ha sido cada vez más cuestionado debido a las distorsiones que produce en la representación de la voluntad popular.

En este artículo no se profundiza en las disfunciones de la triple paridad ni de las barreras electorales, toda vez que la apertura de una comisión parlamentaria para reformar el sistema ya pone de manifiesto que existe una voluntad general de modificarlo. En lo que hay desacuerdo profundo y de momento infranqueable es en el camino que hay que seguir. Por lo tanto, lo que procede es plantear una alternativa para mejorar el sistema actual, pero a partir de una premisa imprescindible para eludir bloqueos y que es la que inspira esta propuesta: que sea asumible por todos los actores políticos y en todos los territorios.

El sistema electoral propuesto trata de acomodar la representación política en Canarias a su evidente y rotunda realidad geográfica, pero sin perder de vista la distribución de su población y la necesaria adecuación democrática de las instituciones a los deseos de la mayoría, sin exclusión de las minorías.

En suma, se trata de aunar la representación territorial y la poblacional en una sola cámara legislativa, puesto que un modelo bicameral clásico sería caro, inviable y seguramente innecesario. Por eso he denominado a esta propuesta “Lo mejor de dos mundos”, en referencia al territorio y a la población, al Senado y al Congreso.

Esta propuesta no pretende ser original y de hecho hay antecedentes en las hemerotecas a las que de ninguna manera busca plagiar sino en todo caso recuperar y actualizar. Vayan por tanto por delante las disculpas debidas si alguien ha propuesto anteriormente fórmulas similares y también el agradecimiento a aquellos que las formularon.

Es posible que pueda haber alguna objeción de carácter legal en esta propuesta respecto a su viabilidad a la luz de las bases jurídicas establecidas en España para las elecciones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Soy consciente de esa limitación, pero también de que antes o después entraremos en un periodo de reformas también en el ámbito estatal en el que muchos principios se pueden redefinir. Por eso veo factible que en este tiempo de cambio se pueda adaptar simultáneamente la legislación electoral básica del Estado para acomodar otras realidades y peculiaridades, como es el caso de la representación política y territorial a la que necesita adaptarse el archipiélago canario.

Lo mejor de dos mundos: las reglas

El sistema de elección es el siguiente:

El Parlamento de Canarias está formado por 60 diputados, que se eligen simultáneamente en dos urnas diferentes.

En la primera urna se eligen 21 diputados en siete circunscripciones electorales, a razón de 3 diputados por cada isla.

Esos 21 diputados se eligen en listas abiertas y con criterio mayoritario, de forma similar a como se elige el Senado español. Es decir:

En la segunda urna se eligen los otros 39 diputados mediante voto a listas electorales de partido o de agrupaciones políticas en una sola circunscripción autonómica por sistema proporcional, regla D’Hondt y con una barrera mínima de acceso del 1% de los votos válidos.

No hay distinción de derechos ni deberes entre los diputados en función del método de elección. Ningún parlamentario puede compatibilizar su función con otro cargo de representación política, sea en ayuntamientos, cabildos, Congreso, Senado o Parlamento Europeo.

El sistema en acción

Para ilustrar cuál sería la composición del Parlamento de Canarias con un sistema electoral como este, vamos a realizar una simulación con los resultados de las elecciones autonómicas desde 1995.

Sin embargo, hay que observar esta simulación con todas las prevenciones, como siempre que se trasladan unos resultados reales a un sistema electoral hipotético. El propio sistema condiciona tanto la actuación de los partidos como el voto de los electores. En el primer caso, las fuerzas políticas adaptan su modo de presentarse ante los electores al sistema electoral para intentar obtener el máximo provecho del mismo. En cuanto al comportamiento de los votantes, está influenciado por la percepción que tienen del destino y utilidad de su voto en el contexto del modelo electoral.

Además, al no haber precedentes de votaciones con listas abiertas en elecciones autonómicas, no es posible realizar una simulación realista sobre la urna territorial. Este tipo de elecciones dependen mucho del perfil de los candidatos concretos. Para subsanar esta dificultad, en esta simulación se ha optado por asignar los escaños territoriales en función de los resultados históricos de forma proporcional en cada isla de acuerdo con el sistema D’Hondt, aunque nunca con los tres escaños en manos de la misma fuerza política. A falta de otros parámetros, este enfoque nos sirve como aproximación.

Se dice que los mitos tienen alguna base real, aunque esa realidad se haya desvanecido en el tiempo y permanezca solo como una leyenda incorporada en el sentimiento comunitario. El terreno mítico en el que se inscribe la triple paridad tiene que ver con un concepto según el cual la comunidad canaria nace y vive en el conflicto interno permanente, en la rivalidad, en la traición y en la desconfianza entre las islas capitalinas, así como en la explotación y en el menosprecio de las islas capitalinas hacia las islas periféricas.

A la historia le corresponde aclarar si esa fue alguna vez el alma que marcó el devenir de Canarias, fruto de luchas entre islas por ganarse los favores de la Corona. A la política le corresponde solucionar ya, de una vez por todas, el atraso que supone que ese concepto mítico haya quedado perpetuado en el sistema electoral.

Vale la pena recordar en qué consiste la triple paridad, un concepto que presenta a las islas como los enemigos que tras la batalla acuerdan un armisticio equilibrado para garantizar que nadie destruye a nadie: ¿Tenerife contra Gran Canaria? Demos los mismos diputados a cada una; ¿las islas capitalinas contra las no capitalinas? los mismos diputados; ¿una provincia contra la otra? los mismos diputados.

El mito se ha impuesto sobre la realidad: no existe un triple conflicto que sea necesario equilibrar con una triple paridad. Los ciudadanos lo saben y los políticos lo saben. Pero advertir del enemigo exterior (que en este caso es interior, porque, aunque de otra isla, también es canario) siempre ha sido un excelente catalizador de voluntades en defensa de intereses silenciados.

Al menos desde que hace más de 35 años accedió a la autonomía, Canarias es un único sujeto político. Las islas no compiten entre sí para lograr dádivas del benefactor o maligno “Madrid”, sino que trabajan juntas bajo los principios de cooperación, solidaridad y desarrollo social en común. Así ocurre entre los ciudadanos, las empresas y la sociedad civil organizada, incluso entre la clase política. Lejos de vivir recluidos y agazapados cada uno en sus islotes, se comunican sin obstáculos, se trasladan, se juntan, se mezclan y se relacionan con sus semejantes de todo el archipiélago. Los intereses y anhelos de unos y de otros no son unívocos ni homogéneos en función de territorios.

Quizás por eso en 35 años de Parlamento no hay rastro de votaciones de unas islas contra otras ni de unas provincias contra otras. En una asamblea legislativa los conflictos se resuelven entre grupos parlamentarios con diputados elegidos por procedimientos democráticos. Así pues, el triple conflicto que necesita apaciguarse con una triple paridad queda solo como una ficción, que sin embargo resulta útil para unos pocos que quieren preservarla tallada en piedra como un reparto territorial de escaños cual botín.

Para que una asamblea pueda llamarse democrática no basta con que los ciudadanos sean convocados a las urnas. Es preciso que la conversión de los votos en escaños refleje la voluntad de esos ciudadanos desde un criterio de igualdad. Y eso no ocurre necesariamente en el Parlamento de Canarias. La distancia sideral del valor de los votos según donde esté cada cual empadronado y las barreras infranqueables han llevado a lo largo de la historia autonómica a deficiencias recurrentes en la traslación de la voluntad ciudadana a la cámara legislativa que en general han sido obviadas.

Pero en las últimas elecciones de 2015 la legitimidad del sistema electoral, y con él la del Parlamento de Canarias, saltó definitivamente por los aires. Fue evidente para todos y no se pudo ocultar: que el tercer partido en votos sea el primero en escaños, con un 20% más de ellos, no es un desajuste puntual, es un fallo democrático grave; que en una circunscripción un partido se quede sin un escaño para que se lo atribuya otro con menos votos es una transgresión de la voluntad popular y una vulneración de derechos básicos; que el 0,6% de los votos permita controlar el 5% del Parlamento mientras se excluye a un partido con el 5,9% desbarata el principio de representación y desalienta la participación política.

Ahora el Parlamento de Canarias, elegido con esos mimbres, se plantea una reforma que nominalmente acaba con la triple paridad, aunque la mantiene soterrada bajo nuevos ropajes. La propuesta, básicamente, consiste en dejar a los 60 diputados distribuidos territorialmente tal y como están, pero rebajando las dos barreras electorales existentes, que habían sido elevadas hasta la estratosfera en 1995 en una vuelta de tuerca más contra la representación democrática. También se da un diputado más a una isla por su aumento de población: se podría bromear con que el octavo diputado que gana Fuerteventura será el único elegido con criterio poblacional de toda la cámara. La tercera novedad es añadir otros nueve nuevos escaños que, aunque no se dice explícitamente, están destinados a las dos islas capitalinas. Como nueve es un número impar de diputados imposible de repartir equitativamente entre Tenerife y Gran Canaria, se distribuyen con un complejo sistema llamado colegio de restos, difícil de entender y de explicar, lo que no ayuda a la popularidad de la reforma. Se argumenta para defender estos nueve diputados que suponen “un avance en la proporcionalidad”.

Ya se ha demostrado con números la capacidad del nuevo sistema electoral para mantener los mismos efectos perversos que el vigente, quizás algo más matizados. El concepto es el mismo: insularidad, desconfianza y ciudadanía mal representada.

La comisión del Parlamento de Canarias que estudia la reforma del sistema electoral ha sido por ahora incapaz de salir de ese terreno mítico fundacional de Canarias como región de conflictos y traiciones entre islas. El principio que ha guiado los trabajos y que se ha querido preservar desde el comienzo no ha sido el democrático. Ha sido la preservación de lo que hay: la disparatada y sacrosanta distribución de los sesenta escaños ya existentes. Lo más importante ha sido que nadie se moleste. A partir de ahí solo queda sumar diez diputados más para que parezca que amanece la democracia.

Como en tiempos de crisis social cargar con más sueldos, más dietas y más gastos a los vacíos bolsillos de los ciudadanos da un poco de apuro, algunos insisten, en contra de la razón y de las matemáticas, en que no costará ni un euro más mantener este sistema electoral deficiente ampliado con diez diputados. Quizás los ciudadanos aceptarían sufragar gustosos esos nuevos representantes si eso realmente se tradujera en conseguir un Parlamento con una representación más democrática (ayudaría que los diputados demostraran un poco más de austeridad en sus dispendios actuales). Pero es dudoso que los defensores del nuevo marco encuentren a alguien dispuesto a pagar más por un producto que en esencia deja las cosas como están y encima con diez bocas más que alimentar.

Si la anunciada reforma queda en esto, su efecto será perverso: bloqueará una verdadera reforma democrática puede que por otros 35 años. Algunos con buena fe argumentan que es un modesto primer paso, que al menos se altera la intocable triple paridad y que se abre la puerta a que en el futuro haya más avances. Pero la triple paridad no desaparece, sigue rigiendo impertérrita en el 85% de los asientos. Por lo demás, es muy difícil concebir que en la próxima legislatura o en la siguiente vuelva a abrirse una nueva comisión para reformar el sistema ya reformado. Y en todo caso, ¿en qué se traduciría esta vez? ¿subimos a 80 diputados pero no me toques mis 60? Ni siquiera sería deseable una reforma sobre la reforma, puesto que por salud democrática un sistema electoral debe ser estable, bajo la premisa de que sea representativo, claro está. Sobre la triple paridad no se puede edificar un sistema electoral proporcional, salvo aumentando los escaños una y otra vez.

La esperanza en que el Parlamento de Canarias sea capaz de reformarse y así legitimarse es poca. Sobre todo porque en este revestimiento de la triple paridad han venido a confluir partidos a la izquierda y a la derecha, nuevos y viejos. Paradójicamente, quedan aún por sumarse los más beneficiados: faltan los dos que aparentemente aún no se han dado cuenta de que les están ofreciendo cambiar para que nada cambie.

Aun así, todavía hay tiempo para acordar un sistema razonable que combine la presencia de representantes insulares con representantes regionales. El consenso es deseable, pero la democracia está antes. Propuestas hay y los diputados las han escuchado. Por ejemplo, un Parlamento de 60 diputados (no hay necesidad de ampliarlo) en el que, con barreras de acceso mínimas, se elija en cada isla un número pequeño de representantes (puede que dos, puede que tres) y el resto (46 o 39 escaños) por una circunscripción regional en la que los candidatos sean simplemente canarios, de cualquier isla, no solo de las capitalinas.

Sería un buen punto de partida para hablar sobre cómo construir una cámara representativa. Para eso hace falta un poco de audacia, la altura de miras que se debe suponer a todos los representantes de lo público y determinación en la defensa de principios democráticos. Pero sobre todo generosidad por parte de los actuales sesenta diputados. Quizás no todos sus escaños queden salvaguardados, pero sin duda muchos ciudadanos, y quizás la posteridad, reconocerá su compromiso democrático.

Ojalá los sesenta hombres y mujeres que tienen esta responsabilidad en sus manos sean los fundadores de un nuevo mito.

En las elecciones autonómicas de 2015 el sistema electoral hizo agua por todas partes. Su capacidad distorsionadora de la voluntad popular y la consecuente deslegitimación del Parlamento fue clamorosa y evidente, no ya sólo para los más interesados, sino también, quizás por primera vez, para la ciudadanía en general.

En consecuencia, no ha habido más remedio que abordar un proceso de reforma. Al menos formalmente, porque la evolución de los acontecimientos apunta a que el resultado puede estar más cerca de una operación de control de daños que de una verdadera voluntad de democratizar las estructuras del poder político.

En efecto, en las elecciones de 2015, como se ha señalado reiteradamente, fue el sistema electoral vigente el que determinó que la tercera fuerza en votos sea la primera en escaños, que un partido con el 0,55% de los votos ocupe el 5% de los escaños o que otro con el 5,8% de los votos sea excluido por completo, y con él sus electores.

Pero hay más. Pocos ignoran ya que la desigualdad en el valor del voto en función de la circunscripción de residencia de un elector puede alcanzar una relación astronómica de 13 a 1. Sin ser jurista, no me resulta difícil imaginar a algún tribunal internacional de derechos humanos expulsando del club de las democracias a un país cuyo sistema de poder se sostuviera en semejante desproporción.

El sistema canario es tan peculiar que puede desvirtuar la voluntad de los electores de cada una de las siete circunscripciones para acomodarla a los intereses de los políticos que lo diseñaron. Sirva un ejemplo reciente: en las elecciones de 2015, los electores de Gran Canaria decidieron que sus representantes en el Parlamento fueran 4 diputados del PP, 4 diputados de NC, 3 diputados del PSOE, 3 diputados de Podemos y 1 de Ciudadanos. En efecto, los grancanarios decidieron precisamente que su decimoquinto escaño fuera para Ciudadanos.

Pero el representante de Ciudadanos nunca tomó posesión de su escaño. Fue otorgado, al margen de la voluntad de los votantes de esa circunscripción, al sexto partido: CC. En realidad, los grancanarios dijeron a CC que no los representa, pero el sistema decidió que sí. ¿Legal? Sospecho que no, pero repito que no soy jurista. ¿Legítimo? Es evidente que no.

Hay más ejemplos: en 2007, el 12% de los grancanarios votaron a NC, pero el sistema electoral, no la ciudadanía, decidió privarlos de sus representantes en el Parlamento. Y sin embargo fue asignado un diputado al 5,5% de votantes de esa isla que optó por CC.

No es únicamente un partido el beneficiario de esta anomalía. En las elecciones de 2007, los votantes de Lanzarote decidieron claramente que querían ser representados en el Parlamento por el PIL, y por eso le dieron el 22% de los votos. Pero el sistema electoral determinó, de nuevo al margen de la voluntad popular, que Lanzarote estaba mejor representado por partidos con menos votos, como CC (19%) y PP (15%).

Estos resultados no los dan los votantes, sino la ingeniería electoral, en este caso gracias a cómo operan combinadas dos barreras electorales, una insular y otra regional. Si obstáculos así se aplicaran de forma equivalente en las elecciones al Congreso, quedarían fuera de la Carrera de San Jerónimo, precisamente, los más fervientes defensores del sistema canario.

Pese a tantas evidencias, el sistema electoral y quienes lo han sustentado nunca se vieron amenazados hasta 2015, gracias a que el voto ya no se concentró en las tres fuerzas políticas clásicas y se dispersó hacia otros partidos. El modelo se ha mantenido a lo largo de siete lustros (con un cambio a peor en 1996) gracias en gran parte a que CC ocupaba el asiento del conductor, con PP o PSOE alternándose en el de copiloto siempre dispuestos a echar el freno de mano cuando hiciera falta a cambio de un su lugar a la sombra del poder

Todo se torció en 2015, cuando quedó a la vista que el rey estaba desnudo. Ya sin ropajes, todos pudieron ver que lo que quedaba era un Parlamento de Canarias deslegitimado. Entonces se creó una comisión de estudio del sistema electoral, a la que los partidos convocaron “expertos”. Algunos cumplíeron su papel muy dignamente, pero en demasiados casos se trataba de comparecencias de comilitones diseñadas por los diputados no para ilustrarse, sino para reafirmarse sus prejuicios.

Entre los comparecientes, quiero destacar a uno, que presentó un trabajo académico, serio, valiente, detallado, documentado e innovador, sin otro afán que ofrecer a los diputados una alternativa democrática que a la vez garantizara la representación territorial de todas las islas. Se trata del sociólogo Miguel Guerra García de Celis. Su propuesta fue tan ignorada que quienes sobre el papel decían que querían cambios profundos la calificaron como demasiado atrevida.

Así que audacias las justas, debieron de pensar, de modo que a estas alturas del camino, la comisión de estudio ya ha olvidado su inicial afán de transparencia y ha dado paso a una ponencia refugiada en las puertas cerradas y en la oscuridad del debate. Dicen que es para favorecer el consenso lejos del postureo al que obligan los focos y la prensa, aunque quizás sea para no desvelar que los argumentos los dictan las calculadoras, no la voluntad democrática.

Las reformas electorales siempre son complicadas, no solo en Canarias, porque las suelen decidir quienes se han beneficiado del sistema. ¿Puede una camarilla de políticos democratizar el sistema electoral que les ha permitido constituirse en camarilla de políticos? Los indicios no apuntan al optimismo.

El primer preacuerdo de la ponencia es revelador: la distribución actual de sesenta diputados no se toca, se queda como está “en aras del consenso”, es decir, que los intereses creados no se tocan. Pero se permitirá seguramente incorporar algún diputado más al club en aras de “mejorar la proporcionalidad”, según la propaganda.

Otro preacuerdo que de momento no ha sido contestado consiste en mantener las dos barreras electorales distorsionadoras, mínimamente rebajadas. ¿Y quién, en contra de sus ardores reformadores previos, es el que ahora propone mantener intactas esas barreras? Precisamente el partido que aspira a que le dejen sentarse en el asiento del copiloto en los dos próximos años, quizás a cambio a accionar de nuevo el freno de mano. Nada nuevo bajo el sol. Antes las reformas las lastraban gustosos otros copilotos.

Así pues, parece que de la ponencia saldrá una reforma electoral mínima que oficialmente se dará por buena solo porque romperá la mitificada triple paridad. La triple paridad es un mito fundacional de la democracia canaria que se ha vestido de peculiaridad e idiosincrasia y que, junto al dogma del equilibrio inversor, no ha impedido que el archipiélago se cuente entre las comunidades con los peores servicios públicos o con los mayores índices de pobreza y desempleo.

La ruptura de la triple paridad no será un problema pues, siempre que se garanticen los sesenta asientos que ya hay. No habrá problema en dar unos poco diputados más a Tenerife y a Gran Canaria, y otro más a Fuerteventura, a cambio de que no se toquen los intereses de los otros sesenta, porque entre bomberos no se pisan la manguera. Tampoco habrá problemas en rebajas cosméticas de las barreras electorales insulares y regional siempre que se mantengan ambas. Todo eso es control de daños.

Pero una reforma así hará más mal que bien. Si no se consigue una reforma electoral en condiciones sería preferible que no la hubiera. Si la hoja de ruta se limita como aparenta al control de daños, el resultado puede ser el bloqueo de una reforma auténtica por otros 35 años. Por eso, paradójicamente, la reforma real, la reforma democrática, estaría más cerca si se dejara al sistema actual seguir desplegando todas sus distorsiones hasta que definitivamente reviente.