50 grados registran los termómetros en el sudoeste de Canadá; tuberías que se derriten; más de 500 personas muertas. El fuego devora ya más de 1.400.000 hectáreas en Siberia; el permafrost, cancerbero del metano, desaparece y amenaza con emitir a la atmósfera miles de toneladas de gases efecto invernadero. Alemania y Bélgica se ahogan bajo un cielo que desata su ira en forma de lluvias torrenciales que no se recuerdan; más de 200 personas muertas y centenares desaparecidas. En 24 horas en Groenlandia se derrite una cantidad de hielo suficiente para cubrir todo el estado de Florida de EE.UU. con 5 centímetros de agua.

Podría ser el arranque de una película de ficción y catástrofes con secuencias rápidas y letras sobreimpresas con sonido de Olivetti. Pero no. No es ficción, aunque sí catastrófico. Todo esto ha ocurrido durante este mes de julio de 2021.

Si no queremos ser la rana cociéndonos en un cazo al fuego como describía Al Gore en su ‘verdad incómoda’, hemos de tomar consciencia de que esto ya no son señales de la emergencia climática. Se trata de efectos devastadores que amenazan la vida tal y como la conocemos. Especialmente nos amenaza a nosotros como especie.

La política debe asumir que esto no va de hablar de transición ecológica y de la imbatibilidad de los chuletones al punto, sin solución de continuidad. Que no vale bautizar organismos con el concepto de emergencia climática mientras que se sigue la inercia del modelo económico que nos ha llevado hasta aquí. Que es estúpido proclamar la ciudad de los 15 minutos al mismo tiempo que se sigue concentrando en las periferias urbanas centros de ocio y consumo.

Ya no vale la negación ni el disimulo o ‘greenwashing’ porque es traición. Ya no vale ninguna política que no esté a la altura del desafío del cambio climático. Y no vale porque además de situarnos como los tres monos sabios, no escuchar, no mirar, no hablar -o al menos no decir lo correcto ante quien hay que decirlo– no nos lo van a perdonar nuestros hijos, hijas, nietos y nietas.

Viene esto a colación de una buena noticia que se ha producido esos últimos días: la caducidad por desestimiento del extravagante proyecto de Puerto Mediterráneo.

Al poco de llegar al gobierno me preguntaron sobre este asunto. Respondí que era una barbaridad, insostenible e inviable. Ha sido esto último lo que ha determinado el final de este proyecto fantasmal, al no poder depositar los promotores la garantía de un millón de euros, a pesar de las oportunidades que se les ha dado en forma de prórrogas.

Pero ahora, más que analizar el proyecto en sí, quiero recordar cómo se le vendía a la opinión pública. Iba a ser una inversión extranjera de 800 millones de euros, se publicitaba. Iba a crear miles de puestos de trabajo, se cacareaba. Las cifras bailaban entre 3.000 y 10.000 empleos, lo que supone una variación de más de un 250% en las estimaciones que no resiste el más mínimo análisis riguroso.

Reparemos en este pequeño detalle: ¿A nadie le choca que una promotora que iba a invertir 800 millones de euros en un proyecto no haya podido depositar un solo millón como garantía? Como dicen en mi tierra para referirnos a una situación en que se ha ido de farol o han fanfarroneado ¿No será que ‘no alcen un gat pel rabo’? ¿No será que son las maniobras especulativas las que mantienen a flote este tipo de proyectos en su mundo virtual de ingenierías contables y demás martillazos al sentido común?.

De la misma manera se especulaba con la creación de puestos de trabajo. En alguna crónica se podía leer que iba a crear 5.000 puestos de trabajo directos, en una especie de subasta de a ver quien la dice más gorda sin que haya una sola referencia a un estudio que avale la estimación. Jugaron al chantaje aprovechando la necesidad de las personas de tener un empleo y la ligereza con que algunos políticos se postran ante la demagogia.

Pues bien, el centro comercial más grande, muy próximo por cierto, al que se pretendía construir tiene una cifra de empleados y empleadas que no llega a la mitad (2.077).

Además, hay que añadir que en estos casos se aportan nunca cifras del empleo que se destruye. Existen pocos estudios sobre el empleo que destruyen las grandes superficies comerciales. Los de la Oficina de Comercio y Territorio evidencian la destrucción sostenida de pequeñas empresas comerciales y trabajo autónomo, además de alertar sobre la diferencia en la calidad del empleo, el reparto de rentas inmobiliarias, el lugar de tributación o la destrucción del modelo de barrio y ciudad.

Y todo esto sin hablar de la destrucción del paraje de Les Moles en las estribaciones del Parque Natural del Turia, la ocupación del territorio en una zona saturada de grandes centros comerciales o de la afluencia masiva coches en la CV-35, con las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero.

De haber dado luz verde a este desvarío, con toda seguridad ahora mismo lo que tendríamos es un paraje natural destruido y un esqueleto de encofrado de hormigón abandonado. Un paisaje de desolación y fracaso colectivo como tantos otros podemos observar aún hoy, como consecuencia de la crisis de 2008. Menos mal que en la política no siempre se sigue el marco hegemónico y hay gente valiente que se atreve y compromete a nadar contracorriente.

Recordando todo lo dicho, escrito y sucedido con Puerto Mediterráneo, no puedo evitar establecer los paralelismos con el Puerto de València. Otra vez la misma cantinela. Se anuncian 1.000 millones de inversión extranjera por sólo 400 millones de inversión pública (otras fuentes hablan de 700 millones de dinero público). Otra vez el baile de cifras.

En esa inversión se omite conscientemente el coste del acceso norte al puerto que, descartando el delirio del túnel submarino, como mínimo costaría 1.500 millones a las arcas públicas. En resumen, unos 2.000 millones a cargo de nuestros impuestos. ¿Con qué objetivo? Mejor dicho, ¿con qué objetivo de bien común que justifique el gasto de dinero público? ¿Tiene algo que ver esta obra con los intereses de nuestros sectores productivos, de nuestras empresas? No he leído ni un solo estudio que lo justifique.

No he leído ni un solo estudio imparcial que lo justifique. Es más, con los empresarios que hablo todos ellos afirman que lo de la ampliación del puerto no va con ellos. Cuando les pregunto por qué no lo dicen en público, me responden con mirada de asombro que cómo van a hacer eso. Entonces, si nuestra economía no necesita de esa ampliación, ¿qué beneficios nos esperan de nuestra aportación colectiva de tal cantidad de dinero?

Lo bien cierto, es que la obra -una plataforma de hormigón más grande que algunos barrios de València- nada tiene que ver con nosotros ni nuestros intereses. Es una casilla del Monopoly más en las disputas del oligopolio de tráfico marítimo global entre dos gigantes empresariales. Es una base para servir de intercambiador de contenedores que nada tiene que ver con nuestra economía y que por tanto no tendrá huella positiva en nuestro desarrollo económico. ¿Por qué entonces malversar una cantidad ingente de dinero público para favorecer los intereses económicos de una de las dos empresas en disputa.

Respecto de la supuesta creación de puestos de trabajo con la ampliación norte del Puerto de València, todavía es más grosera la manipulación de los defensores del dislate. Afirman que la ampliación generará según las fuentes que se consulte de 6.000 a 14.000 empleos. Al mismo tiempo que proclaman ufanos que el puerto estará completamente digitalizado lo cual ahorra en la necesidad de mano de obra. ¿En qué quedamos?

Del peligro para las playas del sur de la ciudad, la amenaza a la Albufera de València, el impacto paisajístico, la contaminación para el área metropolitana y en qué costes puede acarrear ya sea ambientales, de salud pública, económicos o de pérdida de empleo no dicen nada. ¿O es que piensan que la salinización de la Albufera además de un desastre ecológico no destruirá cientos de puestos de trabajo del ámbito agroalimentario? Además de una pérdida irreparable de la denominación de origen del arroz de València y todo lo que conlleva de cultura gastronómica.

¿O es que piensan que la destrucción de playas, ecosistema de avifauna valiosísimo y paisaje litoral no afectará al turismo? ¿Y cómo asegurar el control sobre las sustancias o materiales que se puedan acumular en semejante plataforma? Conviene recordarlo cuando acaba de cumplirse un año de la explosión de Beirut.

¿Y qué pasará cuando se abra la ruta del Ártico y el tráfico marítimo opte por esa vía que, a juzgar por lo ocurrido en Groenlandia hace unos días, no tardará en ocurrir? ¿Alguien piensa que eso no afectará a los puertos mediterráneos? ¿Alguien de los defensores de la ampliación del puerto ha analizado la burbuja actual respecto de los precios de los contenedores marítimos, el movimiento de contenedores vacíos para subir artificialmente los precios o la repercusión en la crisis de materias primas con el consiguiente efecto de subida de precio para la población? ¿A esta guerra vamos a contribuir con nuestro dinero público? ¿Una guerra en que los perdedores seríamos nosotros y las generaciones futuras?

Si algo hemos debido aprender los valencianos y valencianas es que las obras faraónicas y grandes eventos siempre nos han costado demasiado caros. Que las burbujas nos dejan un paisaje desolador de corrupción, deuda pública y esqueletos de hormigón. Que cuanto más grande es la cifra del empleo prometido más empleo se destruye. Que cuanto más grande es la cifra de inversión anunciada más dinero público nos toca apoquinar (todavía andamos pagando la fórmula 1 que nos iba a salir gratis). Lo digo porque la memoria preserva de desastres futuros.

Creo firmemente que en política uno de los mayores ejercicios de transparencia es la coherencia. No podemos hablar de luchar contra la emergencia climática y seguir con propuestas instaladas en el pasado que no sólo no luchan contra ella sino que la agravan. No podemos asistir a los escalofriantes sucesos que he descrito al principio y seguir como si aquí no pasará nada. No debemos pedir responsabilidad a la ciudadanía y tomar decisiones irresponsables.

El único camino es la transición ecológica justa y eso empieza por nuestro entorno y las decisiones que debemos tomar, que en el caso del puerto de València es renunciar al disparate de la ampliación, retirar el dique de abrigo e invertir esos 2.000 millones de euros del erario en políticas sostenibles y sociales. Nuestros hijos e hijas nos lo agradecerán.

P.S. 1: Por cierto, lo que vale para los puertos también vale para los aeropuertos.

P.S. 2: Mientras acabo este artículo el fuego llega a las puertas de Atenas y devora Turquía.

Margarida Borràs fue ejecutada en la plaza del Mercado de València un 28 de julio de 1460. Fue expuesta al escarnio público y ahorcada en la plaza más concurrida de la ciudad. Una vez colgada le arrancaron su ropa interior para exponer públicamente sus genitales masculinos. Último acto del escarnio al que fue sometida. Su delito no sólo fue nacer en cuerpo de varón. Su delito fue expresar públicamente su identidad sexual y de género. Su delito fue intentar ser.

Es el primer caso testimoniado del que tenemos conocimiento por las crónicas históricas de persona trans en València. Para Margarida Borràs el feminismo llegó tarde. No digamos ya las teorías queer. También llegó tarde para ella el nacimiento de los movimientos feministas y de defensa de los derechos LGTBI. Fue una de tantas víctimas de la barbarie, de la falta de derechos, de la intolerancia, del odio, de esa atávica costumbre del ser humano de imponer a los demás sus modos de vida, de pensar y sentir. La diferencia es que de ella conocemos su nombre y su historia. El único castigo que no recibió fue el del olvido.

Hace cinco siglos y medio de la ejecución de Margarida. Sin duda en nuestro país se ha avanzado mucho en derechos y libertades. Se ha avanzado en la posibilidad de construir proyectos de vida bajo el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad. En nuestro país, porque sigue habiendo lugares en el mundo donde se tortura y asesina a las margaridas por su identidad sexual o de género.

Se ha avanzado mucho, sí, pero esta semana conocíamos la noticia de un niño trans de 11 años que ha recibido una paliza por parte de otros niños. El motivo: expresar públicamente su identidad de género. O mejor dicho, el motivo es que los agresores no aceptan que el niño trans exprese en público su género sentido. Escarnio y dolor, ambos tan viejos como la humanidad.

Mientras esto ocurre se está produciendo en este país un debate sobre la necesidad de una ley trans en España que blinde derechos, establezca las obligaciones de las administraciones públicas y de la sociedad respecto de las personas trans en un marco de despatologización y respeto. El proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Igualdad tiene importantes detractores.

Nada nuevo bajo el sol. O sí, porque la novedad es que esta vez no se trata solamente de las entidades o partidos intolerantes vinculados a la derecha extrema o supuestamente no extrema, que siempre han atacado las medidas que han supuesto avances en derechos y libertades, sino que esta vez se les ha unido parte del movimiento feminista. Además esto se está produciendo con una virulencia y violencia hasta ahora impropias de la expresión de las ideas de movimientos feministas o colectivos LGTBI.

¿Qué está pasando? Creo que no se puede analizar este fenómeno desde una visión parcial o reduccionista. Como todas las cuestiones complejas también los análisis deben ser poliédricos. Reflexiono y leo estos días todo lo publicado al respecto. Intento comprender, para empatizar, la posición de algunas feministas, asociaciones y partidos que se están posicionando en contra de esta ley, a mi juicio, tan necesaria, desde la posición feminista y de izquierdas. La de la derecha intolerante ya la tengo analizada desde hace tiempo y no me interesa para este artículo.

Me centraré en dos cuestiones. Qué papel debe tener el ordenamiento jurídico y por tanto qué obligaciones han de asumir las administraciones públicas a la hora de ordenar la vida pública para garantizar el libre desarrollo de la personalidad, los derechos y las libertades, por un lado, y, por el otro, en cómo conseguir la ampliación de los derechos de colectivos tradicionalmente discriminados sin merma para derechos y libertades de otros colectivos.

Cada vez que en nuestro país se ha abierto el debate para aprobar una ley de ampliación de derechos los movimientos ideológicos reaccionarios se han opuesto. Podemos poner como ejemplos el divorcio, el matrimonio igualitario o la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las leyes que consagraron estos derechos contaron con el apoyo y activismo de los movimientos feministas y la oposición de la derecha ideológica o política tradicional en sus múltiples expresiones.

Sin embargo, con la ley trans se ha quebrado esta dialéctica, cosa incomprensible porque a diferencia de las anteriores leyes que legislan sobre conductas (el derecho a actos como no seguir vinculados maritalmente en contra de la voluntad, el derecho a contraer matrimonio con la persona elegida independientemente de su sexo o el derecho a decidir sobre la maternidad), en este caso lo que está en cuestión no es el derecho a una conducta, no es el derecho de hacer. Es el derecho a ser lo que está en juego.

Una persona trans simplemente es. Y lo que está en juego es si la dejamos ser lo que es o, al contrario, lo impedimos, la juzgamos, la tratamos como enferma, la estigmatizamos o queremos decidir el resto lo que ella es.

En mi opinión esta es la cuestión y es diáfana.

Creo que el ordenamiento jurídico puede regular conductas pero en ningún caso debería impedir a las personas ser lo que son. Al contrario, un Estado avanzado debería garantizar a todas las personas su derecho a ser sin discriminaciones ni perturbaciones ilegítimas y cuando ese ser y expresarse como tal genera desigualdades, debe garantizar la igualdad de oportunidades con medidas protectoras y correctoras.

Así lo ha entendido desde siempre el feminismo cuando ha defendido las cuotas de presencia de mujeres en órganos institucionales, cuando ha puesto en marcha acciones positivas para paliar desigualdades o cuando se ha empleado a fondo contra la brecha salarial o los techos de cristal por citar sólo unos ejemplos. De hecho, el movimiento LGTBI es hijo del feminismo, bebe de sus fuentes, analiza con la misma dialéctica y replica sus soluciones, porque la discriminación de las personas LGTBI tiene como origen los mismos enemigos: el patriarcado, el machismo y la misoginia.

En consecuencia me resulta complicado entender la alianza en argumentos de parte del movimiento feminista, de mujeres feministas que han sido mis referentes en el activismo, con las fuerzas ideológicas y políticas más reaccionarias de este país. Me resulta indigerible las formas con las que se están expresando estos argumentos, en el mejor de los casos de manera pueril y en el peor, con la violencia y desprecio más propios del machismo que de una ideología emancipadora como el feminismo.

En el lado pueril encontramos argumentos como que hombres maltratadores se van a cambiar de sexo y género para eludir las consecuencias del Código Penal. Más allá de que el proyecto de ley debatido ya contempla esta posibilidad y la prohíbe, ¿a nadie se le ocurre que precisamente un agresor que encarna al macho entre los machos, no va a convertirse en mujer, precisamente porque desprecia y considera inferior a las mujeres? ¿Nadie ha pensado que la cosmovisión del agresor es considerar un objeto de su posesión a su pareja y como tal puede hacer con ella lo que quiera? ¿En serio alguien piensa que un hombre así se va a acoger a esta Ley?

En el lado más perverso de todo esto, junto con negar la condición de feministas a quien no comulga con sus ruedas -que todavía no sé si son de molinos o gigantes-, encontramos aseveraciones como que esta Ley supondrá el borrado de las mujeres. Es perverso porque juega con el miedo. Y ahí es donde entronca plenamente con la manera de proceder de las fuerzas reaccionarias. Los reaccionarios suelen tener como aliado al miedo. Renuncia a tu libertad en favor de tu seguridad, acostumbra a ser uno de los mensajes más repetidos.

Jugar con el miedo de las mujeres víctimas de la violencia machista para oponerse a consagrar el derecho de uno de los colectivos que más ha sufrido en la historia (sobre todo las mujeres trans) me parece mezquino. ¿De verdad nos tenemos que sentir amenazadas por estas mujeres que no son tan normativas como se espera de ellas? Quién lo espera y por qué, creo que debería ser la pregunta a formularnos desde el feminismo y desde la izquierda. Soy mujer y nací con cuerpo de mujer y no me siento en absoluto amenazada ni borrada por mujeres que no tuvieron la suerte que tuve yo. Y como mujer siento la obligación y el deseo de aliarme con ellas, abrazarlas y decirles: “tranquila, soy tu hermana y caminaré de tu mano”.

Y esto es a lo que en mi opinión pretende contribuir la Ley Trans impulsada por el Ministerio de Igualdad. Un proyecto de ley que llega después de muchas leyes autonómicas que tienen como base los mismo principios: despatologización y respeto. Leyes como la valenciana, que fue aprobada hace cuatro años con el impulso y el aplauso de personas, asociaciones y partidos que ahora parece que renieguen de ella.

Me pregunto si hoy en día podría aprobarse esta ley. Tengo mis dudas. En todo caso deberán contestar esa pregunta aquellas personas y partidos que han cambiado de opinión. Bien nos iría si se tuvieran que motivar y argumentar los cambios de opinión en política al igual que lo practican los tribunales cuando se apartan de la jurisprudencia anterior. Me temo que la motivación la tienen complicada, so pena de aceptar que esto no va de leyes, ni argumentos, ni derechos, ni de igualdad, sino de poder, de hegemonía dentro de la pluralidad del feminismo: de control. Me lo temo pero me gustaría que no fuera así. No sé.

Lo que sí sé es que ninguna de estas leyes trans autonómicas que se aprobaron ha provocado el borrado de ninguna mujer, al contrario, han visibilizado a muchas mujeres invisibles y sobre todo han evitado sufrimiento a muchas personas. Y al final esto es de lo que se trataba, ¿no? Contribuir a la felicidad de cada día de las personas, que la vida ya de por si es bastante difícil. 

Parece que cada cierto tiempo la humanidad necesita una bofetada de realidad. Una sacudida que nos haga conscientes de nuestra vulnerabilidad. Nosotros, que vivíamos en un mundo en que pensábamos que con nuestros avances, ciencia, globalización y tecnología teníamos el control sobre nosotros, sobre la naturaleza y casi sobre el universo. Nosotros, que estábamos convencidos de que el antropocentrismo renacentista se había completado definitivamente. Poco importaba que se nos hablara del cambio climático, del colapso ecológico, de la sexta extinción masiva … éramos invencibles. Y ahora que un ser al límite de la vida nos ha puesto la vida al límite transitamos entre la estupefacción y la negación, entre el miedo y la ira, buscando culpables tangibles a los que podamos interpelar, porque asumir que vivimos en tiempos de incertidumbre en los que tenemos muchas preguntas y muy pocas respuestas, nos resulta demasiado doloroso, inasumible. Y sin embargo en asumir nuestra vulnerabilidad, nuestros efímeros pasos, está la clave para vencer o al menos para no ser derrotados.

Observo a mis hijos en estos días y veo cómo han cambiado. Han madurado de golpe. Se han preocupado y se han ocupado de la gravedad de la situación. Miro y veo cómo la despreocupación de la infancia ha dado paso a una madurez prematura. Prematura en nuestra sociedad, claro, porque en muchos países la infancia se les lleva robando a los niños y, especialmente a las niñas, desde siempre. Todavía no he podido desentrañar qué sentimientos me produce este cambio en ellos. Lo que sí intuyo es que probablemente su generación se parecerá más a la generación de nuestros abuelos que a la que les ha precedido, salvando las distancias de un siglo y todo lo que implica ser nativos digitales. Sin embargo pienso que en todo aquello que nos define como humanos serán muy diferentes a la generación de final de siglo. Sabrán discernir lo que es esencial de lo que es accesorio. Tendrán más consciencia de su fragilidad, sobre todo cuando nos tomamos de uno en uno. Sabrán que somos más fuertes cuando nos reconocemos en la colectividad, probablemente por eso no se pierden la salida diaria al balcón de las ocho de la tarde aunque yo todavía no haya llegado a casa para recordárselo. Sabrán reconocer lo prescindible y prescindirán de ello. No creo que lleven gafas de pasta sin cristales. Sabrán reconocer lo imprescindible y lo defenderán con uñas y dientes. Creo que nada humano les será ajeno. Mirándolos, analizándolos, veo las únicas certezas que se salvan en estos días.

Estos días pesados y grises. Grises en sentido figurado y literal, porque no recuerdo tantos días seguidos sin sol en primavera, como si la naturaleza después de confinarnos se hubiera apiadado un poco de nosotros. Certezas cuyo comienzo es la duda y precisamente eso las convierte en más ciertas. Y es que si algo se ha demostrado cierto en estas semanas es la importancia de lo colectivo, del nosotros por encima del yo. Muchas lecciones nos ha dado esta maldita pandemia. Nos ha enseñado la importancia de un sistema sanitario público universal que no excluya a nadie porque los virus no conocen de fronteras ni de clases sociales. Hemos entendido la importancia de un sistema público de servicios sociales, también sus carencias y la necesidad de que se le considere y dote de la potencia del sistema sanitario o educativo. Hemos aprendido que es imprescindible un sistema educativo público que además de formar, palie las desigualdades económicas de origen venciendo la brecha digital y económica en este confinamiento. Hasta los más pequeños se han dado cuenta de lo importante que es tener derecho a ir a la escuela, ese del que muchas niñas y niños son privados.

De repente, se ha hecho visible lo que no queríamos ver y esos trabajos menospreciados que ni siquiera cuentan para el cálculo del PIB, Criar, Cuidar y Curar, cuando vienen mal dadas son los únicos de los que no podemos prescindir. Y ahora va y resulta que además de sostener la vida sostienen la economía, dado que constituyen el grueso de trabajos que se han decretado como esenciales. Y por cierto también vemos cómo en este sector económico de las tres “c”, salvo la producción y distribución de alimentos, la gran mayoría de trabajos, remunerados o no, los realizan mujeres. Paralelamente vemos cómo los mentores del dogma neoliberal, del capitalismo caníbal, muchos de ellos arquitectos de la economía especulativa y responsables de la brecha de desigualdad que se abre como un abismo entre nosotros, ahora claman por rescates públicos. Los adalides de lo privado y la reducción del Estado gimiendo para que lo público les salvaguarde los privilegios. Algunos a cambio se atreven a proclamar alguna consigna que satisfaga a aquellos llamados a rescatarlos a modo de “hará falta ayudas para las personas que sufran esta crisis”. Eso sí, tendrán que ser temporales. Que las ayudas eternas ya nos las quedamos los de siempre. Demasiado se está pareciendo esto a lo que nos hicieron en 2008.

A la angustia que nos provoca la emergencia sanitaria se une indisolublemente la angustia sobre un futuro tan incierto como temido. ¿Volveremos alguna vez a ser las mismas personas?, nos preguntamos. ¿Volveremos a reconocer y reconocernos en este nuevo mundo que vendrá? ¿Cómo venceremos la crisis económica y social que ya llama a la puerta? Creo, sinceramente, que volveremos a desterrar la maldición de Casandra, porque si algo tiene el ser humano es esa inmensa capacidad para olvidarse de su mortalidad. Volveremos a acercarnos, tocarnos, besarnos. Volveremos a defender la alegría como una trinchera. No tengo ninguna duda. Pero una de las lecciones del coronavirus que no deberíamos olvidar es que mucho ha de cambiar nuestra manera de entender y organizar nuestro mundo.

La salida de esta crisis global no debe, de nuevo, pesar sobre las espaldas de los de siempre. La salida no puede ser la de la crisis de 2008 que más que salida fue una trampa. Trampa que, por cierto, nos ha hecho más vulnerables frente a la pandemia porque las consecuencias de los recortes y las políticas de debilitación de lo público, de lo colectivo, las estamos padeciendo ahora. La salida de hoy es replantear por completo un sistema económico que además de injusto y cruel con las personas más débiles, además de menospreciar lo esencial, es decir, la vida misma, además de generar tanta desigualdad y sufrimiento a la mayoría como beneficios groseros e innecesarios para unos pocos, muy pocos, además de todo esto se ha demostrado inútilmente frágil. Tanto que ha quedado claro que sólo a aquellas personas a las que castiga son las imprescindibles. Asumamos y defendamos, pues, esta certeza, esta necesidad de cambio profundo, este grito que nadie pueda silenciar. Porque nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos.

De fet, abans d’anar ja ha començat a aprendre. Potser, perquè jo em vaig perdre un viatge semblant amb catorze anys, i estiga més il·lusionada que ell, li preguntava l’altre dia:

-Estaràs molt content amb l’excursió que aneu a fer, no?

-Bo, jo odie esquiar-, em va respondre. i en vore la meua cara va afegir:

-A vore, enten-me, m’agrada anar a la neu, però no m’agrada esquiar.

-I com ho saps si no ho has fet mai?-, li vaig preguntar.

La seua contestació ja va ser senyal que havia aprés una important lliçó:

-Tens raó, mamà, no es pot dir que s’odia una cosa si no l’has feta mai, si no saps el que és.

En conclusió, ell va aprendre a tindre la ment oberta a noves experiències i a no jutjar allò que desconeix i jo vaig aprendre com d’importants són totes les activitats educatives per a la vida del meu fill, perquè cresca lluny d’apriorismes i prejudicis que ens impedixen convertir-nos en adults segurs, lliures i feliços.

Ara bé, no tots els xiquets i xiquetes aniran a eixa activitat educativa complementària. No tots els xiquetes i xiquets tenen la possibilitat de participar en moltes activitats que organitzen els centres educatius. I no precisament perquè els seus pares i mares no vulguen o veten l’activitat. Els dos motius més habituals pels quals un xiquet o una xiqueta no pot assistir a activitats complementàries són o bé que en casa no poden fer front a la despesa que suposen o bé que no siguen accessibles per a xiquets amb discapacitat o diversitat funcional. Exclusió econòmica o exclusió social, però exclusió. Així és que, parafrasejant a James Carville que va popularitzar l’expressió “és l’economia, estúpid” en la campanya de Clinton contra Bush, en este cas podem dir: “és l’exclusió, estúpid”.

I ací està el repte que des de la política i els governs tenim per davant: combatre esta exclusió. Aconseguir que cap xiquet, que cap xiqueta es perda les activitats educatives dels seus centres d’ensenyament. Que ningú siga exclòs ni exclosa per les circumstàncies econòmiques de les seues famílies o per les seues condicions personals, siguen les que siguen. No deixar ningú enrere, ni en la comunitat educativa ni en la societat. En això treballem i treballarem cada dia des del govern valencià del Botànic amb decisions polítiques com, per exemple, dotar amb quatre milions d’euros el suport a les famílies per a les activitats extraescolars.

La resta, tot allò que s’ha escrit, parlat i escridassat estos dies respecte de les activitats complementàries en els centres educatius és situar-se fora de la realitat viscuda i sentida cada dia per moltes famílies en la nostra societat. Debats artificials i estèrils que ens impedeixen créixer col·lectivament, que confronten absurdament i que sobretot, fan sentir a la gent que la política no és una ferramenta útil per a la seua vida.

Seguim, doncs, en la política útil, aquella que millora la vida de la gent, de cada xiqueta, xiquet, home o dona que viuen al nostre país.

Mónica Oltra és vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Cuatro elecciones generales en cuatro años y cuatro veces que los ciudadanos y ciudadanas hemos dicho básicamente lo mismo. Queremos un gobierno en España y para España fuera del dogma neoliberal que recorre muchos países de nuestro entorno geopolítico. Queremos un gobierno que ponga en el centro a las personas, que afronte los dos grandes retos a los que se enfrenta la humanidad si quiere, además de sobrevivir, vivir, y hacerlo dignamente. Se trata, por una parte, de la lucha contra el colapso ecológico y la emergencia climática y por otra, la lucha contra las desigualdades. Dicho de otra manera, garantizar un presente y un futuro justos y en igualdad de condiciones para todas las personas en un planeta respetado y habitable.

De las cuatro veces que hemos votado en este mismo sentido, es la primera ocasión en que se votará una investidura que responda a la voluntad mayoritaria del electorado, es decir, tendrá como resultado un gobierno plural de izquierdas que ponga en marcha esas políticas emancipatorias que la gente ha reclamado reiteradas veces con su voto.

La reacción de “la reacción”, como era previsible, no se ha hecho esperar. Atrás quedaron los tiempos en que las elecciones eran terapéuticas, establecían los amos y bajaban los humos. Amos de la democracia que con el voto decidían las políticas. De ahí, los cien días de gracia, porque cuando el pueblo hablaba, se respetaba la decisión aunque no gustara. Por delante quedaban cuatro años para convencer e intentar cambiar el sentido de la decisión.

Hoy alguien ha decidido que esto ya no vale. Que la democracia como sistema, molesta. Molesta porque estorba a las élites. Que la gente se crea que tiene poder con su voto ya ha durado demasiado porque los amos son los de siempre y así debe ser. Son aquellos privilegiados que utilizan el sistema en beneficio propio para acumular bienes, poder y recursos naturales por encima de los que necesitarán ellos y cien generaciones de los suyos. Hasta ahora han ido adaptando el sistema político a sus intereses pero ahora ya no quieren molestarse en disimular. La democracia molesta y así se explica la deriva autoritaria a la que se ha sometido a nuestro ordenamiento jurídico en muy pocos años en lo relativo a derechos y libertades públicas.

Y por si faltaba algo, la investidura. Y por si faltaba algo más, un gobierno plural con fuerzas políticas que nunca han formado parte de un gobierno de España. En los municipios y comunidades autónomas, vale, pero… ¿en el gobierno de España? Están desatados, furiosos, iracundos porque, desde su concepción, si ellos representan a los amos todo lo que no sea un gobierno que responda a los intereses de esa minoría es ilegítimo. A partir de ahí no hay que extrañarse de que todos los poderes que controlan o en los que influyen estarán al servicio de presentar la formación democrática de un gobierno como algo ilegítimo, sucio, peligroso. Forma parte de su propio silogismo.

Y es que lo que está pasando, felizmente, es que por fin se está recomponiendo en nuestro país el eje izquierda-derecha. El eje que, en mi opinión, mejor explica las contradicciones del sistema y desde el cual se pueden construir alternativas que pongan freno a la voracidad de las élites. La votación de investidura por primera vez en mucho tiempo responde a ese eje con alguna excepción anecdótica. Hasta el voto particular de Ana Oramas se ha colocado en ese eje. Y eso es una buena noticia. Y es la recomposición de la dialéctica entre la defensa de los privilegios de la minoría frente a los intereses de la mayoría lo que ha sacado de sus casillas a las derechas. Lo que estamos viendo y oyendo son síntomas de ello.

Que PP y Vox compitan por ver quién se sitúa en el extremo más periférico e histriónico no son más que alardes. Que algunos medios de comunicación publiquen hechos que ocurrieron hace dos años relacionándolos con la investidura de esta semana, puro esoterismo que les hace perder la poca credibilidad que les queda. Que Ciudadanos vaya por ahí mendigando a diputados del PSOE que no voten a su candidato, pura señal de impotencia: ya que mis diputados son irrelevantes, pues voy a interpelar a los que no lo son. Todo junto resulta bastante ridículo por obvio. Sería un divertimento si no corriésemos el peligro de que tanta ira y odio se contagie a la ciudadanía.

Y este precisamente es el reto de la mayoría parlamentaria que sostiene esta investidura. Esta legislatura es crucial para desenmascarar a aquellos que, dándose golpes en el pecho, dicen defender a España cuando lo que realmente defienden son privilegios de las élites contra la mayoría social.

Por delante, una serie de políticas económicas, sociales y territoriales que no pueden esperar. Decisiones que han de demostrar que la política es una herramienta útil para mejorar la vida de las personas, para modernizar nuestro país y su estructura territorial, para garantizar la sostenibilidad de nuestro entorno.

De ahí nacerá el relato que también necesitamos construir conjuntamente y que en gran medida estamos impulsando desde los municipios y los territorios. De esas políticas que han de confrontar con el modelo antiguo, depredador, injusto, insolidario e iracundo de las derechas, ha de nacer el modelo de una sociedad feminista, diversa, respetuosa, plural, solidaria, justa y amable. Una sociedad en la que a nadie se deja atrás y en la que todas las personas nos cuidamos y cuidamos la tierra que habitamos.

Mónica Oltra es vicepresidenta de la Generalitat Valenciana

Creo que nadie cuya motivación sea la maternidad (o paternidad) pueda apoyar lo que ha dicho Casado. Nadie quiere que su maternidad sea consecuencia del sufrimiento de otra mujer. Y las adoptantes siempre vivimos con esa duda. Es inevitable

Soy madre adoptante. En mi vida ha habido muchos días hermosos. Ninguno como el día en el que se produjo el encuentro, ese día inolvidabe cuando se sella definitivamente la maternidad adoptiva.

Recuerdo muchos momentos de esos 15 días en Etiopía. Algunos de esos momentos me hicieron cuestionar muchas cosas. Algún día encontraré la energía para relatarlos. Pero en resumen, en algún momento me pregunté qué participación tenía yo en el hecho de que este sistema de “orden” mundial empobrece a países y personas mientras que yo podía adoptar dos preciosos niños que quizá en otro “orden” de cosas no se habría dado.

Con estos fantasmas vivo. Vivimos. Lloramos. Sufrimos. Creamos. Imaginamos. Reímos. Hasta que Casado ha abierto la boca para decir que a las mujeres migrantes que den sus hijos en adopción no se les expulsará inmediatamente. Cierto es que este hombre cada vez que habla a una le entran ganas de declararse de otra especie. Pero esta vez creo que ha traspasado todos los límites de lo que políticamente y, sobre todo, moralmente es digerible.

Ya sé que para las personas como Casado las mujeres, las mujeres pobres, no valen nada. Tan poco valen que les niega su dignidad humana y cree que puede negarles su derecho a vivir su maternidad, sin que nada ni nadie les arrebate su derecho a ser y ejercer de madres. Quizá crea que alguna mujer, esperando poder adoptar, vea en esta aberración -que no propuesta- algo que le beneficie.

Sinceramente creo que nadie cuya motivación sea la maternidad (o paternidad) pueda apoyar lo que ha dicho Casado. Nadie quiere que su maternidad sea consecuencia del sufrimiento de otra mujer. Y las adoptantes siempre vivimos con esa duda. Es inevitable. Pero desde luego, no estamos dispuestas a que unos desalmados conviertan la adopción en una extorsión, en un chantaje a las mujeres que huyen de sus países para que tengan que elegir entre ser libres y estar seguras y que no las esclavicen, que no les mutilen los genitales, que no las obliguen a casarse con quien no quieren, que no las exploten sexualmente… o renunciar a su hijo o hija. ¿De verdad alguien piensa que es lícito hacer elegir a una mujer entre su libertad e integridad o su hijo?

Yo no. Y a pesar de lo difícil y doloroso que me resulta a estas alturas, si esta fuera la condición, preferiría imaginarme mi vida sin hijos que mi vida sin alma.

Deixar que governe un partit que utilitza la corrupció per a perpetuar-se en el poder és pujar a un tren que va cap a un estat fallit. No agafem aquest tren

Fa poc en un programa televisiu d’actualitat política em preguntaven si m’estimava més Rajoy com a president o terceres eleccions. Vaig rebutjar la dicotomia que es plantejava com a única i irremeiable perquè, sens dubte, hi ha alternatives i perquè, a més, mai no he acceptat els camins que ens porten a triar entre una cosa roïna i una cosa pitjor.

Hi ha un bon motiu per no repetir eleccions: les persones elegides com a representants de la ciutadania tenen l’obligació de gestionar el vot, és a dir, la voluntat d’allò que s’ha expressat en les urnes. Convocar unes altres eleccions és com traslladar el missatge següent: us heu equivocat. Torneu-ho a intentar. Pense que és inacceptable des del punt de vista democràtic, ja que el vot no es falla, sinó que naix de la voluntat o convenciment de cadascú, per més que algú puga no compartir l’elecció d’una altra persona.

Si tenim en compte que ja hem celebrat eleccions per segona vegada i que el panorama ha variat ben poc, em sembla que hem de concloure que unes altres eleccions només servirien per a cansar la gent encara més. Si a més, però, ho analitzem des del punt de vista de la pulsió de canvi, la conseqüència és més negativa encara. La decepció creix davant de la impossibilitat que l’onada canvi, que va començar en les eleccions europees del 2014, s’haja frenat definitivament sense que hi haja un govern d’Espanya que traduïsca el canvi polític.

El moviment de transformació ja s’ha donat en moltes ciutats i comunitats autònomes en què hem substituït les polítiques que rescataven bancs per les polítiques que rescaten persones. Potser aquesta i no cap altra, siga la raó per la qual Rajoy i el Partit Popular volen que hi haja unes altres eleccions: frustrar definitivament les esperances de canvi en aquest país i vendre els nostres drets i serveis públics al millor postor.

L’altra part de la dicotomia, un govern de Rajoy, també és evitable i cal evitar-la. Podria enumerar moltes raons. Em centraré en tres.

La primera, un govern de Rajoy perjudica els drets de les persones. Ho hem patit durant els últims anys. Les decisions polítiques aplicades pel Govern del PP han generat més desigualtat, més retallades de drets i més desesperança que mai. Mentrestant, només uns quants acumulen cada vegada més riqueses, tantes que necessitarien més d’una vida per a gaudir-ne.

Caldria agrair una cosa a Rajoy: aquesta vegada ens ha previngut. La carta a Juncker, president de la Comissió Europea, en què anunciava més retallades quan es formara el nou govern, ja donava a entendre molt. “Benvolgut Jean Claude”... ara sabran aquests dos i dos quant fan.

La segona raó per a rebutjar un govern presidit per Rajoy és la seua incapacitat, o millor dit, la seua falta de voluntat per a generar un marc de cohesió, convivència i projecte comú d’estat. Això s’ha demostrat en l’últim debat d’investidura en què literalment va dir: “No hem canviat el sistema de finançament perquè hi havia altres prioritats”. Efectivament, no és una prioritat que els ciutadans i les ciutadanes tinguen els mateixos drets independentment del lloc de residència. Que ens ho diguen a les valencianes, a les persones que viuen a les Balears, o a Múrcia o a Catalunya. Per cert, algú es pregunta què passaria a Catalunya si el sistema de finançament no penalitzara tota la conca mediterrània? De segur que canviarien moltes coses, però ací hi ha algú que vol que no canvie res.

A propòsit, algú es pregunta qui sosté les polítiques socials en aquest país, qui impedeix que això rebente malgrat els índexs d’exclusió social?: les comunitats autònomes. Les que, malgrat estar mal finançades, s’ocupen d’educació, sanitat, serveis socials, ajuda a la dependència, mentre el govern de Rajoy es gasta en armes 8.000 milions d’euros més del que hi ha pressupostat.

I la tercera raó i definitiva: un partit corrupte fins al moll de l’os és un perill per a un país. El Partit Popular és un perill per a aquest país. No enumeraré ací els casos de corrupció. Ixen cada dia en les portades dels diaris. Deixar que governe un partit que utilitza la corrupció per a perpetuar-se en el poder és pujar a un tren que va cap a un estat fallit. No agafem aquest tren.

Hi ha alternatives. És clar que sí. I més possibilitats. Totes passen pel diàleg, per entendre que ningú no té la veritat absoluta, que haurem de transigir, que cal centrar-se en allò que ens uneix i aparcar allò que ens separa. I sobretot: que cal anteposar els interessos i la felicitat de les persones a les conveniències del partit.

Feu-me cas, es pot. N’hi ha que ho fem cada dia.

Dejar que gobierne un partido que utiliza la corrupción para perpetuarse en el poder, es subirse a un tren hacia un estado fallido. No cojamos ese tren

Recientemente en un programa televisivo de actualidad política me preguntaban si prefería a Rajoy de presidente o terceras elecciones. Rechacé la dicotomía que se planteaba como única e irremediable porque, sin duda, hay alternativas y porque además nunca he aceptado los caminos que nos abocan a elegir entre lo malo y lo peor.

Hay un buen motivo para no repetir elecciones: las personas elegidas como representantes de la ciudadanía tienen la obligación de gestionar el voto, es decir, la voluntad de aquello que se ha expresado en las urnas. Convocar nuevas elecciones es tanto como trasladar el siguiente mensaje: os habéis equivocado. Volvedlo a intentar. Creo que es inaceptable desde el punto de vista democrático, puesto que el voto no se yerra, sino que nace de la voluntad o convencimiento de cada cual, por mucho que alguien pueda no compartir la elección de otra persona.

Si consideramos que ya hemos ido a elecciones por segunda vez y que el panorama ha variado poco, creo que debemos concluir que unas terceras elecciones para lo único que servirían es para hastiar todavía más a la gente. Pero, si además lo analizamos desde el punto de vista de la pulsión de cambio la consecuencia es todavía más negativa. La decepción crece ante la imposibilidad de que la ola cambio, que comenzó en las elecciones europeas de 2014, se haya frenado definitivamente sin que haya un gobierno de España que traduzca el cambio político.

El movimiento de transformación ya se ha dado en muchas ciudades y comunidades autónomas en las que hemos sustituido las políticas que rescataban bancos por las políticas que rescatan personas. Quizá esta y no otra, sea la razón por la cual Rajoy y el Partido Popular quieren ir a nuevas elecciones: frustrar definitivamente las esperanzas de cambio en este país y vender nuestros derechos y servicios públicos al mejor postor.

La otra parte de la dicotomía, un gobierno de Rajoy, también es evitable y hay que evitarla. Podría enumerar muchas razones. Me centraré en tres.

La primera, un gobierno de Rajoy daña los derechos de las personas. Lo hemos sufrido durante los últimos años. Las decisiones políticas aplicadas por el Gobierno del PP han generado más desigualdad, más recortes de derechos y más desesperanza que nunca. Mientras, unos pocos acumulan cada vez más riquezas, tantas que necesitarían más de una vida para disfrutar.

Una cosa habría que agradecer a Rajoy: esta vez nos ha puesto sobre aviso. La carta a Juncker, Presidente de la Comisión Europea, anunciando nuevos recortes cuando se formara el nuevo gobierno, ya apunta maneras. “Querido Jean Claude”... estos se van a enterar.

La segunda razón para rechazar un gobierno presidido por Rajoy es su incapacidad, o mejor dicho, su falta de voluntad para generar un marco de cohesión, convivencia y proyecto común de Estado. Esto se ha demostrado en el último debate de investidura en el que literalmente dijo: “No hemos cambiado el sistema de financiación porque había otras prioridades”. Efectivamente, no es una prioridad que los ciudadanos y ciudadanas tengan los mismos derechos independientemente de su lugar de residencia. Que nos lo digan a las valencianas, a las personas que viven en Baleares, o en Murcia o en Catalunya. Por cierto, alguien se pregunta qué pasaría en Catalunya si el sistema de financiación no penalizara a toda la cuenca mediterránea. Seguro que cambiarían muchas cosas, pero aquí hay alguien que quiere que nada cambie.

Por cierto, alguien se pregunta quién está sosteniendo las políticas sociales en este país, quién está impidiendo que esto reviente a pesar de los índices de exclusión social: las comunidades autónomas. Esas que a pesar de estar mal financiadas se ocupan de educación, sanidad, servicios sociales, ayuda a la dependencia, mientras el gobierno de Rajoy se gasta en armas 8.000 millones de euros más de lo presupuestado.

Y la tercera razón y definitiva: un partido corrupto hasta la médula es un peligro para un país. El Partido Popular es un peligro para este país. No enumeraré aquí los casos de corrupción. Salen todos los días en las portadas de los diarios. Dejar que gobierne un partido que utiliza la corrupción para perpetuarse en el poder, es subirse a un tren hacia un estado fallido. No cojamos ese tren.

Hay alternativas. Claro que sí. Y más posibilidades. Todas ellas pasan por el diálogo, por entender que nadie tenemos la verdad absoluta, que tendremos que transigir, que hay que centrarse en lo que nos une y aparcar aquello que nos separa. Y sobre todo: que hay que anteponer los intereses y la felicidad de las personas a las conveniencias del partido.

Créanme que se puede. Algunos lo hacemos todos los días.