El Consejo Consultivo respalda la Proposición de Ley de las

islas verdes

El pasado mes de noviembre, el Parlamento de Canarias acordó enviar al Consejo Consultivo, para su dictamen, una nueva Proposición de Ley (PPL) para regular el modelo territorial turístico de las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, conocido como “modelo de las islas verdes”. La PPL surgió a iniciativa de los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, con la implicación directa de los diputados de La Palma y El Hierro, y la Agrupación Socialista Gomera, con el apoyo del grupo Popular y la abstención del grupo Socialista, y tiene por objeto, sustancialmente, unificar el régimen turístico de estas islas que ya había sido diseñado en las dos leyes actualmente vigentes, la ley 6/2002 y su modificación de 2016.

Por tanto, desde el año 2002, existe un régimen singular para estas islas, acorde con sus peculiaridades y dirigido a fomentar el turismo rural y a compatibilizar los valores naturales con el desarrollo turístico. Así, la ley reivindicaba para estas islas “permitir un modelo turístico de desarrollo sostenible propio y un desarrollo turístico específico”, alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso y dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado“ y ”establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje“.

Tales loables objetivos con los que fue formulada la Ley 6/2002 no llegaron a alcanzarse mínimamente por su carácter restrictivo, y sobretodo impreciso, generando por contrario una evidente “moratoria turística” para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, cuya superación motivó las últimas modificaciones operadas por la ley 2/2016 y las introducidas posteriormente por la Ley del Suelo de Canarias.

Atendiendo a las diez modificaciones que ha sufrido desde su aprobación en el año 2002 hasta el año 2018, derivadas de siete textos normativos, además de la incidencia indirecta que ha producido la última Sentencia 42/2018 del Tribunal Constitucional, se ha hecho necesaria una labor de reestructuración y refundición sistemática del actual texto normativo, por una simple cuestión de racionalidad y correcta técnica jurídica.

En consecuencia, para dar respuesta a esta situación, se ha formulado la Proposición de Ley que se tramita en el Parlamento de Canarias, que persigue generar la necesaria tranquilidad y seguridad tanto a la inversión como a los agentes encargados de su aplicación; consolidar el modelo específico de ordenación de la actividad turística, claramente diferenciado dentro del marco legal autonómico y reforzar, si cabe, la condición de ley especial, complementada por la legislación general autonómica solamente en aquello en lo que no se contraponga.

El Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia 42/2018, ha respaldado la filosofía y los principios de la Ley 2/2016 y por tanto del “modelo islas verdes,” señalando que “en ningún caso autoriza la urbanización del suelo rústico, por cuanto la urbanización supone un proceso de transformación del suelo que aquí no se produce”. “El suelo rústico -sigue la sentencia- continúa con esa conceptuación y en ese estado sirve de soporte a la implantación de actividades turísticas en los términos de la ley 6/2002, uno de cuyos criterios básicos de ordenación territorial es justamente ese”.

Así pues, el Tribunal Constitucional ha entendido perfectamente el fin que persigue el modelo turístico islas verdes, que no es ni más ni menos que la implantación de un “turismo rural” en La Palma, La Gomera y El Hierro. Si la pretensión fuera implantar el turismo “convencional”, habría sido tan sencillo como urbanizar territorio. Sin embargo se ha optado por establecer un modelo de desarrollo sostenible, para hacer compatible la preservación de los valores naturales con la implantación de establecimientos de pequeña y mediana dimensión en el ámbito rural y producir así el desarrollo socio-económico del que tan necesitadas están estas islas. Es decir, no se trata de urbanizar territorio para darle un uso turístico, “se trata de integrar el turismo en el espacio rural”.

Sobre este asunto, hace unas semanas, aparecieron en algunos medios de comunicación titulares grandilocuentes, señalando que el Consultivo “tumba la nueva ley para las islas verdes”. Falso. Es una una noticia falsa. Todo lo contrario, la noticia debería titularse “El Consejo Consultivo respalda la Proposición de Ley de las Islas Verdes”. ¿Qué se puede hacer ante una información falsa y manipulada? Es difícil contrarrestarla, pero para quien tenga verdadero interés en contrastar la información, decirle que el dictamen del Consultivo es público y se puede acceder al mismo a través de su página web.

El Consejo Consultivo, una vez más y como no podría ser de otra manera, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, ha dictaminado favorablemente la citada Proposición de Ley. Concluye el dictamen del Consejo Consultivo señalando literalmente que, “la propuesta resulta conforme a los parámetros constitucionales y estatutarios en referencia”. Lógicamente, propone ciertas precisiones en el texto, para facilitar la compresión de la norma y contribuir a mejorar la técnica legislativa, pero en modo alguno reprocha que no se hayan seguido los parámetros del Tribunal Constitucional, ni que se haya vulnerado la legislación básica; todo lo contrario: la analiza a la luz de la legislación ambiental y la nueva ley del suelo y concluye que se ajusta al ordenamiento jurídico.

En consecuencia la realidad es que la Proposición de Ley de las Islas Verdes cuenta con los máximos respaldos, siendo el objetivo de la misma incorporar un conjunto de condiciones de implantación y medidas ambientales, de carácter protector, corrector y compensatorio, dirigidas a garantizar la preservación de los valores ambientales, culturales, históricos, científicos o paisajísticos, independientemente de los valores agrarios de carácter económico, presentes en los suelos rústicos en los que se pretenda implantar un establecimiento turístico.

Asimismo la Proposición de Ley está prevista para establecer normas generales, que se tendrán que desarrollar mediante proyectos concretos y será, con ocasión de la ejecución de esos proyectos, cuando se entre a evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental. Además la ley propuesta, con las determinaciones que establece, en ningún caso inclumple la legislación ambiental y por eso el dictamen ha sido absolutamente favorable a su aprobación.

En definitiva, la Proposición de Ley de ordenación de la actividad turística en las islas verdes trata de regular algunos aspectos que ya figuraban en las normas anteriores, como las tipologías alojativas; es decir el turismo rural, el hotel y casa emblemática y las viviendas vacacionales y en consonancia con la última regulación europea simplifica los trámites para su implantación, desburocratizando la gestión y generalizando el sistema de comunicación previa frente a la autorización, que es lo que ha ordenado la legislación de la Unión Europea. También se hace eco de los últimos cambios operados por la nueva ley del suelo, que afronta una regulación de la ordenación del territorio más racional y de la sentencia 42/2018 del Tribunal Constitucional.

Finalmente, como objetivo básico, se trata de establecer un reconocimiento expreso de un sistema normativo propio, una fórmula diferente y creativa, que permitirá el crecimiento sostenible y equilibrado del turismo, con el máximo respeto a los valores naturales, a las tradiciones y a nuestra gente, que son la mayor riqueza de estas islas. “El modelo de las islas verdes” ha venido para traer prosperidad para todos mediante un desarrollo socio-económico sostenible, para El Hierro, La Gomera y La Palma.

Antonio Castro Cordobez, diputado por La Palma en el Parlamento de Canarias.Antonio Castro Cordobez, diputado por La Palma en el Parlamento de Canarias.

La política no es una ciencia exacta, pero sí una técnica para reparar errores e injusticias. Por ejemplo, para compensar los costes que ciertas islas pagan por su belleza y hechos diferenciales.

Por amplísima mayoría, el Parlamento de Canarias aprobó la reforma de la Ley 6/2002 sobre Medidas de Ordenación Territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma, planteada por el Cabildo palmero y perfeccionada por nuestra Cámara legislativa.

Desde aquella promulgación, hace ya 14 años, estas islas no se pudieron incorporar al modelo económico de Canarias, tanto por dificultades de adaptación a la realidad, como por los dilatados y complicados trámites en el planeamiento, los sucesivos cambios normativos y la intervención de varios ámbitos administrativos,

Un ejemplo expresivo de su triste recorrido se explica en un hecho incuestionable. Durante su vigencia, solo se han podido autorizar unas 120 camas turísticas en las tres islas (64 de ellas en La Palma).

Ante esa situación, se impuso la urgencia y la demanda social de una alternativa de desarrollo, compatible con la conservación de la naturaleza, y la puesta en valor de los activos históricos, paisajísticos y artísticos a través de esta nueva ley, reformada y aprobada por el Parlamento de Canarias, en su sesión plenaria del pasado día 13 de septiembre.

La reforma se sustentó en la plena facultad de nuestra Cámara para legislar sobre la Ordenación del Territorio, según el artículo 35 del Estatuto de Autonomía, avalado por el Consejo Consultivo. Además, y en cuanto a materia medio ambiental, se ajusta plenamente a la legislación del Estado y a la normativa de la Unión Europea.

La nueva Ley permite recuperar actuaciones singulares y estratégicas incluidas en el Plan Territorial de Ordenación Turística de La Palma, aprobado en el año 2008. Asimismo, hace viables las explotaciones agrarias, mediante la construcción de pequeños alojamientos turísticos en las mismas, que complementen las rentas del sector primario, respetando la conservación del medio ambiente y la protección del paisaje en todas las actuaciones.

Es, sin duda, una alternativa modulada para complementar las rentas del sector primario en franco declive y, también, para viabilizar y agilizar las actuaciones singulares, cuyas competencias se residencian en los Cabildos, en coordinación con sus respectivos ayuntamientos.

Hay que señalar que contabilizando las plazas turísticas actuales de La Palma (unas 9.000) y las previstas en la ley (unas 8.000), están lejos de llegar a las 25.000 totales previstas para la isla. Debemos considerar que, con una superficie similar, sólo Lanzarote tiene más de 123.000 camas turísticas en uso: cualquier municipio de Lanzarote o Fuerteventura, tiene “construidas” actualmente más de 35.000 camas turísticas.

Las tres islas occidentales deben aprovechar esta oportunidad para acabar con el sangrante desequilibrio y la desigualdad económica que las convierte en territorios con menor renta per cápita, población más envejecida, mayor emigración juvenil, mínimas oportunidades para sus habitantes y mayores dificultades para su desarrollo.

Afortunadamente, una inmensa mayoría de la Cámara legislativa aprobó nuestra propuesta. La oposición de Podemos y Nueva Canarias, a quienes respetamos ese legítimo derecho, fortalece en la práctica la transparencia del proceso y el ejercicio de la democracia y, en definitiva, nos reafirmó en el cumplimiento del mandato de quienes nos dieron su confianza y su voto para representar a nuestras respectivas islas.

Curiosamente, la oposición a la reforma, procede de partidos políticos sin representación en las referidas tres islas que, por su cuenta y riesgo, se irrogan la exclusiva defensa de la naturaleza y el modelo de vida de sus habitantes, buscando con el ruido mediático, obstaculizar y retrasar una iniciativa necesaria y largamente demandada.

Por encima de los avatares puntuales, estamos ante una norma legal que posibilita el despegue económico y social de La Palma y también de La Gomera y El Hierro; una sólida y sencilla norma que, en manos de cada Cabildo y la participación de la iniciativa privada, debe aportar las cuotas de bienestar a unas islas tan necesitadas en estos tiempos y hacer posible abordar con mayor optimismo su futuro.

Antonio A. Castro Cordobez es diputado de CC-PNC por la isla de La Palma.