Ese hospital no nació de la casualidad. Es el resultado del esfuerzo de generaciones que entendieron que una isla solo avanza de verdad cuando cuida a los suyos. Fue el primer hospital moderno de Lanzarote, levantado a mediados del siglo pasado por iniciativa del doctor José Molina Orosa, una figura clave en nuestra memoria colectiva. 

Y no, no es, ni fue nunca, un asilo, ni una residencia. Es un hospital, con reconocimiento legal, y con una trayectoria que ha sostenido la sanidad pública insular durante décadas. 

Pero si su historia emociona, lo que de verdad lo convierte en imprescindible es su gente. Porque cuando una familia recuerda el Hospital Insular, no recuerda una fachada. Recuerda nombres, miradas, gestos. Recuerda esa enfermera que se quedó dos minutos más para explicar lo que nadie te había explicado. Recuerda el personal auxiliar que te acomoda la manta sin que se lo pidas. Recuerda a quien te acompaña al ascensor cuando las piernas te tiemblan. Recuerda a profesionales que han hecho de la sanidad algo más que un servicio: un acto de humanidad.

Cuidar a quien cuida no es un eslogan bonito: es una obligación moral y política.

Y por eso lo digo sin rodeos: esto no es mover paredes. Cuando se habla de cambiar la ubicación del Hospital Insular, no se está hablando de una mudanza administrativa. Se está hablando de alterar un engranaje de cuidados que funciona porque lo sostienen personas concretas, equipos que se conocen, rutinas clínicas construidas con años y una cultura de atención que aquí se ha ganado el respeto de Lanzarote.

La sanidad pública se sostiene sobre hombros concretos. Sobre manos que curan, que calman, que levantan a quien no puede. Sobre profesionales que, muchas veces, han trabajado con más vocación que recursos y con más responsabilidad que reconocimiento. Y también sobre su estabilidad: la de saber a qué atenerse, la de poder planificar, la de no vivir en la incertidumbre permanente. A ese personal hay que cuidarlo. Y hay que cuidarlo también cuando se toman decisiones políticas: escuchándolo, respetando su trabajo y evitando que, bajo el discurso del ‘traslado’, se ponga en riesgo lo que de verdad importa. Cuidar a quien cuida no es un eslogan bonito: es una obligación moral y política.

En su última etapa, el Hospital Insular se especializó en geriatría y se convirtió en un referente reconocido más allá de la isla. Un gran centro de referencia en Canarias, con un modelo de organización que llamó la atención de profesionales de fuera.

 Y además, esto es importante recordarlo, es el único hospital geriátrico de Canarias, con una trayectoria de décadas acompañando a las familias en los momentos más delicados de la vida de sus mayores. 

Cuando hablamos de mayores, no hablamos de números. Hablamos de la gente que levantó esta isla. Y si hay un lugar donde esa verdad se ha tratado con respeto, ha sido aquí. También se habla poco, demasiado poco, de algo que debería llenarnos de orgullo: el Hospital Insular ha formado generaciones de profesionales y cumple un papel docente singular en Canarias. Es el único centro del Archipiélago que forma residentes en geriatría y forma parte de las unidades docentes de geriatría existentes en España. 

Esa función no se improvisa. Esa función se construye con años de trabajo, con equipos estables, con experiencia acumulada, con prestigio ganado día a día.

Y luego está lo que no se ve en los titulares, pero que pesa como una montaña en la vida real: los cuidados paliativos. La forma en la que una sociedad trata a sus mayores y acompaña el final de la vida dice más de ella que mil discursos. En Lanzarote, infinidad de familias guardan el recuerdo de la calidad humana de sus profesionales y de cómo se vivieron allí momentos durísimos con respeto, delicadeza y dignidad. 

Por todo esto, cuando alguien pretende reducir el Hospital Insular a una pieza que se mueve de un lado a otro como si diera igual, Lanzarote se revuelve por dentro. Porque no da igual. No da igual perder un centro que ha sido referencia. No da igual debilitar un lugar donde se han acompañado vidas enteras. No da igual jugar con la estabilidad de un equipo humano que ha hecho tanto con tan poco. Y hay una idea que me preocupa especialmente, porque a veces es así como se hacen los retrocesos: no hace falta cerrar una puerta de golpe para desmantelar un servicio. 

A veces basta con ir quitando funciones, diluyendo el papel, restando recursos, moviendo piezas sin explicar nada. Lo que se vacía por dentro, un día deja de sostenerse. Y ese día siempre llega con una frase cínica: “ya no tiene sentido”. Claro que no tiene sentido… cuando antes lo han dejado sin contenido.

Por eso, cuando afirmo que el PSOE no va a permitir que se carguen el Hospital Insular y que la sociedad lanzaroteña lo va a impedir, no estoy hablando de una consigna. Estoy hablando de algo profundo: este hospital es de la gente. Y la gente lo siente como suyo porque ha estado ahí cuando más falta hacía.

Defender el Hospital Insular es defender una manera de entender la sanidad: cercana, humana, especializada y digna. Es defender la historia de un centro que nació del empuje colectivo. Y es, sobre todo, defender a quienes lo han sostenido cada día: su personal.

Yo quiero que se hable del Hospital Insular como se habla de lo importante: con respeto. Quiero que se reconozca su trayectoria y la entrega de quienes lo han hecho grande. De hecho, desde el PSOE ya se planteó que su trayectoria merecía el máximo reconocimiento institucional, proponiendo solicitar para el hospital la Medalla de Oro de Canarias por su brillante recorrido. 

Pero, más allá de medallas, lo que merece es algo aún más sencillo y más urgente: que se proteja su papel y se cuide a su gente.

Todos tenemos una historia en el Hospital Insular. Y precisamente por eso, entre todas y todos, vamos a evitar que nadie escriba un final que no nos pertenece.

No deja de ser irónico que CC, un partido que se ha presentado siempre como “moderado” y “nacionalista”, haya decidido aliarse con quienes niegan la identidad de los pueblos, rechazan el autogobierno y desprecian la diversidad. Un partido que habla de “defender Canarias” y al mismo tiempo le abre la puerta a una formación que ni siquiera oculta su desprecio por el Estado de las Autonomías. Pero cuando el poder es el único objetivo, cualquier contradicción se disfraza de estrategia.

Porque esto no es cuestión de aritmética política. No es solo que CC, PP y Vox sumen para gobernar en algunos municipios o instituciones. Es que esta alianza representa un modelo de hacer política basado en la exclusión, en la negación de derechos y en el ataque a los avances sociales. Allí donde gobierna la extrema derecha, lo hemos visto con claridad: se recortan derechos, se persigue la diversidad y se ignora la crisis climática. Y CC, con su afán por mantenerse en el poder, ha decidido que ese es un precio que está dispuesta a pagar.

El pacto de Granadilla de Abona es solo una pieza más en un tablero en el que se juega algo mucho más importante que un gobierno municipal. Es la confirmación de que, cuando hay que elegir entre el progreso y el retroceso, entre la democracia y la involución, entre los derechos y el autoritarismo, hay partidos que no dudan en entregarse a la extrema derecha con tal de seguir en el poder. Y Coalición Canaria ha dejado claro en qué lado ha decidido estar.

Lo más grave no es solo el pacto en sí, sino lo que representa: la legitimación de Vox como actor político en Canarias. CC está ayudando a que la extrema derecha deje de ser una amenaza marginal en Canarias para convertirse en un socio de gobierno con poder real en las instituciones. Es un paso más en la deriva reaccionaria de una formación que, cuando le conviene, no duda en camuflarse de progresista, pero que a la hora de la verdad elige el camino más corto para mantenerse en el poder.

Mientras Coalición Canaria sigue su juego de equilibrios, en Lanzarote y en toda Canarias sufrimos las consecuencias de su desgobierno. La crisis del agua, la saturación turística, la emergencia habitacional y el deterioro de los servicios públicos no se solucionan con pactos de poder, sino con políticas responsables y comprometidas con el bienestar de la ciudadanía. Y ahí es donde CC ha fracasado estrepitosamente.

Frente a este camino, hay otro modelo. Un modelo basado en la convivencia, en el respeto a los derechos conquistados, en la defensa de los servicios públicos y en la lucha por una sociedad más justa. Un modelo que apuesta por la sostenibilidad, no por la destrucción del territorio. Un modelo que cree en la igualdad real, no en la propaganda reaccionaria. Desde el PSOE seguiremos denunciando estos pactos de la vergüenza. Porque quienes creemos en una Canarias diversa, justa y sostenible no podemos aceptar que nuestra tierra se entregue a quienes quieren retroceder en derechos y libertades. La historia recordará quién se alió con la extrema derecha. Y Coalición Canaria tendrá que asumir su responsabilidad.

A pesar de los avances logrados en los últimos años, los datos siguen siendo estremecedores: más de 50 mujeres han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas. Más de 50 vidas rotas, más de 50 familias desgarradas. Estas cifras no son números: son historias, sueños truncados, ausencias que jamás podrán ser reparadas. Cada mujer que sufre violencia es un recordatorio de que aún tenemos mucho camino por recorrer.

Desde las instituciones se han dado pasos firmes. La inversión en políticas contra la violencia machista se ha incrementado de manera histórica, fortaleciendo redes de apoyo y sistemas de protección. Pero no podemos quedarnos ahí. Ninguna acción institucional será suficiente si como sociedad no nos implicamos, si no transformamos nuestras propias actitudes y si no luchamos juntas por un cambio profundo.

La violencia de género no surge de la nada. Tiene sus raíces en una cultura de desigualdad que perpetúa roles de poder, humilla, y margina. No empieza con un golpe: empieza con el desprecio, con el control y con la negación de oportunidades. Por eso, la lucha contra esta violencia no puede limitarse a reaccionar ante la tragedia; debemos actuar antes, desde la educación, desde el respeto, desde el reconocimiento pleno de la igualdad. Debemos trabajar para que nuestras niñas crezcan sabiendo que no tienen límites y que nadie puede arrebatarles su libertad.

Hoy, quiero dirigirme a las mujeres. A todas. A las que resisten, a las que luchan en silencio, a las que no encuentran aún la fuerza para dar el paso. Quiero decirles que no están solas. Que somos muchas las que estamos aquí, para sostenerlas, para escucharlas, para caminar a su lado. La sororidad, que no es otra cosa que el apoyo y la unidad entre nosotras, es nuestra mayor fortaleza, porque juntas somos capaces de transformar el miedo en esperanza y la esperanza en acción.

En el 25N, recordamos a las que nos faltan, pero también celebramos la valentía de todas las que han roto sus cadenas. Honremos su lucha. Que su ejemplo nos inspire a seguir avanzando hacia una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo, donde cada paso que demos sea un paso hacia la libertad.

La España en la que creemos es feminista, libre y sin miedo. No es un ideal lejano, es una meta en la que avanzamos día a día. Si seguimos trabajando juntas, si seguimos denunciando, educando, apoyando. Si seguimos mirando hacia adelante, unidas en esta causa que es de todas y para todas. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todas.

Como el resto de las islas, Lanzarote ya dispone del marco que nos permitirá afrontar un cambio del modelo productivo orientado hacia la transición ecológica, al establecer objetivos y tareas concretas para los poderes públicos y la iniciativa privada. Por tanto, desde este momento nadie puede eludir sus responsabilidades con el fin de garantizar un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en 2040. La forma de hacerlo no puede ser otra que mediante el diálogo permanente y la estrecha cooperación entre el sector público y las empresas privadas.

“Vamos a estar a la altura de la magnitud del desafío”

Toda nuestra energía debemos ponerla en la reducción progresiva del uso y el consumo de combustibles fósiles, así como el establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables. Este es la senda que viene marcada en la nueva norma y que nos conduce a mitigar los efectos del cambio climático para reducir al máximo sus efectos sobre las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras públicas y privadas y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos. Unos efectos que serán más perceptibles en las islas orientales, por lo que nos exigen actuar con decisión y rapidez.

Desde este preciso momento, la lucha contra el cambio climático se sitúa en el centro de la acción política para el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos. Esto supine un desafío enorme, ya que tenemos que modificar radicalmente nuestra manera de producir y consumir, pero, al mismo tiempo, significa una oportunidad única para transformar y modernizar Canarias. Pero no perdamos de vista que lo que nos mueve es conseguir una sociedad más sostenible en lo social, en lo económico y en lo medioambiental, una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva.

Las islas que, como Lanzarote, dependen exclusivamente del turismo tenemos por delante una profunda reconversión de nuestro modelo de desarrollo. El destino debe ser ejemplar en el campo del desarrollo sostenible, tanto para la población lanzaroteña como para quienes nos visitan, por lo que la gestión del medio ambiente y el paisaje, así como de los espacios y los recursos naturales debe situarse en niveles de excelencia.

Este reto nos convoca a todos y a todas, y estoy completamente segura de que vamos a estar a la altura de la magnitud del desafío.

Clavijo sabe, perfectamente, que el reglamento de la Cámara le concede un plus como presidente. En las preguntas de control al Gobierno y en el turno por alusiones, cuenta con un minuto, mismo tiempo que el que emplea el diputado, pero con la ventaja de responder él en dos turnos y cerrar siempre él el debate.

Ese esquema de reparto está concebido para dar la oportunidad al Gobierno de contestar de manera clara las preguntas de la oposición. Puede gustar más o menos, pero tiene su lógica. El Gobierno tiene derecho a defenderse de las críticas que los portavoces pueden, podemos, realizar en el turno de preguntas y, normalmente, contestar es algo más complejo que preguntar.

Sin embargo, y en mi caso, cuando Fernando Clavijo se queda sin argumentos, pervierte el sistema y convierte su respuesta en un ataque a mi labor como alcaldesa de San Bartolomé, a pesar de que yo no tengo derecho a contestar durante el mismo tiempo que él.

Eso ha vuelto a suceder al preguntarle por su valoración sobre las consecuencias de la Ley del Suelo. Clavijo se vio incapaz de rebatir la cruda realidad pues, una vez más, sus promesas han sido humo, sus titulares se han desdibujado, se ha vuelto a desinflar el enésimo suflé de su famoso cambio de modelo.

Como se ha quedado sin capacidad de respuesta, me ha interrogado a mí sobre el Plan General de San Bartolomé y el de Arrecife, pendientes de aprobar a día de hoy sin caer en que, precisamente, ese es el problema: la falta de capacidad de los ayuntamientos en los que ahora, con su ley, descarga toda la responsabilidad sobre la tramitación y aprobación de los instrumentos de ordenación.

Podría decirle a Clavijo que no es precisamente a mí a quien ha de preguntar. Podría decirle que, quizás, le deban informar en la Consejería correspondiente de por qué faltan informes de Costas, por ejemplo, en alguno de esos planes. Podría preguntarle, también, por qué se le presenta el documento a una organización empresarial antes de presentarlo al Ayuntamiento.

Entrar en esas preguntas, sin embargo, nos aleja del tema que hoy toca: señalar el comportamiento cobarde y tramposo de un presidente que en lugar de contestar, como es su obligación, aprovecha sus prerrogativas como presidente para atacar a quien, por el reglamento de la Cámara, no puede defenderse.

Para finalizar, Clavijo debe tener claro que sus salidas de tono no van a conseguir frenar mi labor como portavoz. Me repugna su comportamiento tramposo, me disgusta profundamente su cobardía. Sin embargo, sus ataques no van a quebrar mi desempeño como portavoz de mi grupo. Ni me quejo ni pido amparo, simplemente denuncio el comportamiento intolerable de un presidente que no sabe serlo.

Marichal no vive en otro planeta. Es más, vive en las Islas Canarias. Que no le guste lo que escucha sobre la realidad del sector en el archipiélago no hace que esa realidad no exista, no hace que desaparezca. No se puede negar la evidencia, pero resulta grave e irresponsable que el representante de la patronal –quien, por otro lado, no disimula lo incómodo que se le hace hablar de la necesidad de mejorar las condiciones en que trabaja el personal de hoteles y apartamentos- niegue unas circunstancias que solo los empresarios son capaces de poner en duda.

Cuestionar la palabra de las trabajadoras y trabajadores del turismo es una falta de respeto al colectivo laboral que saca Canarias adelante cada día con muchísimo esfuerzo, un esfuerzo que ni conoce ni valora el presidente de la patronal. Con sus palabras desprecia el duro trabajo que miles de personas realizan en las islas, la que sin duda es la peor cara de unas cifras record de las que presume el empresariado mientras que estas trabajadoras y trabajadores se parten la espalda pero continúan, sin embargo, ofreciendo su mejor cara al cliente.

Marichal defiende que existe un “potente acuerdo laboral” que, como él conoce muy bien, es sorteado fácilmente con fórmulas tales como la subcontratación a bajo coste, los contratos fraudulentos y tantas otras puertas traseras que abrió la reforma laboral impuesta por el PP.

La situación actual en Canarias es que aumentan los beneficios pero hay menos puestos de trabajo que en 2008, por lo que también hay más sobrecarga laboral y salarios que no hacen justicia con el trabajo que se realiza. Por más que la patronal se empeñe en decir que se trata solo de una minoría escandalosa, no podrá esconder que, con toda seguridad, los beneficios de la recuperación que estamos viviendo no están llegando a los trabajadores y trabajadoras.

¿Insinúa el señor Marichal que las más de 20.000 kellys canarias mienten cuando denuncian la inadmisible carga de trabajo que sufren, los problemas de salud consecuencia de ello, las condiciones brutales en que desarrollan su labor? Sí, debe insinuarlo cuando él mismo no se ha andado con chiquitas para poner en duda, públicamente, la gravedad de las lesiones que padecen estas mujeres.

En el primer pleno de este nuevo periodo de sesiones preguntaré al presidente Clavijo qué piensa su Gobierno de esas declaraciones. No nos extrañe que CC dé por buena la penosa rectificación de Marichal. Recordemos que estamos ante un Gobierno que nunca ha querido ponerse del lado de quienes dan el callo a diario en nuestros hoteles y apartamentos, un Gobierno que presume de contratos en precario, usando este argumento como incentivo a la inversión.

Lo más lamentable no es que Clavijo y su Gobierno en minoría no puedan hacer algo por dignificar las condiciones en que trabajan esas personas. Lo realmente tremendo es que no quieren, y a los hechos me remito: un Gobierno progresista con una presidenta del PSOE ha logrado en Baleares un gran pacto por la calidad del empleo en el turismo, auspiciando dos convenios colectivos entre patronal y sindicatos que se traducen en aumentos salariales de hasta 280 euros en el periodo 2017-2020.

Se llama voluntad política, señor Clavijo, pero ojo, porque puede molestar a la patronal hotelera.