Afirmaba el Príncipe de Lampedusa que si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie. En la Universidad Rey Juan Carlos, sin embargo, las cosas son mucho más sencillas que en la legendaria Sicilia. Aquí, la sensación de impunidad es tan formidable (por otra parte con plena justificación), que para que todo siga como está no es necesario cambiar absolutamente nada.

Lo demuestra el hecho de que el candidato preseleccionado para sustituir en las próximas elecciones al actual rector, acusado de una decena de plagios, sea un hombre fiel al saliente cuyo principal mérito, según parece, ha sido servir de mamporrero al gran artífice del sindicato clientelar dominante: el Sr. González-Trevijano, ex rector y actual magistrado del Tribunal Constitucional.

Así resulta de la grabación de una conversación en la que el candidato Sr. Ramos reconoce haber ejecutado la orden de la “máxima autoridad” de ofrecer dinero del contribuyente para retirar una demanda que pretendía discutir la legitimidad de este último para continuar en el cargo, y amenazar con las penas del infierno para el caso de no hacerlo. El dato no puede sorprender a nadie, al menos a ningún iniciado. Pero quizás para los españoles que con sus impuestos sostienen esta universidad y para sus hijos cuyos títulos cada vez valen menos, convenga recordar las razones de este no-cambio.

La Universidad Rey Juan Carlos se diseñó desde su origen como una universidad al servicio del PP. Pero no al servicio de una determinada visión ideológica de la realidad, como es frecuente en otros lares, ya sea por incidir especialmente en ciertas áreas del conocimiento o dedicar más recursos a determinadas líneas de investigación (no, aquí no somos tan sofisticados) sino al servicio particular de las personas que en cada momento ocupan los resortes de poder del partido y también de sus familias, clientelares y naturales. El resultado final ha sido la patrimonialización (en el sentido utilizado por Fukuyama) de esta universidad supuestamente pública, tanto en lo que hace a su dirección, absolutamente controlada, como a la contratación. Por supuesto que nadie duda de que también cuenta con grandes profesores, pero su capacidad de influir para bien en la gestión de la universidad es inexistente. Aislados y desmoralizados, se centran, cada vez con menos ilusión, en su investigación y en sus clases.

Pues bien, el gran muñidor y hacedor de este extraordinario resultado fue el rector Sr. González-Trevijano. Como los dos mandatos previstos estatutariamente no le debieron permitir culminar su labor, pretendió extenderlos a un tercero, para lo que contó con el apoyo total de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, lógicamente del PP. El Tribunal Superior de Justicia mantuvo otro criterio y anuló las elecciones. Pero es obvio que a un hombre con tales méritos acumulados el partido no podía dejarle en la estacada. Así que en primer lugar el Tribunal Constitucional admitió con nunca vista rapidez el recurso de amparo invocado (como si lo que estuviese en juego fuese la propia vida o la integridad física amenazada por la tortura y no un simple cargo de rector) y luego lo estimó pese a los precedentes en contra. Pero ahí no quedó la cosa, sino que finalmente fue aupado a la magistratura de ese mismo TC, a propuesta lógicamente del PP, de la que ahora disfruta.

Su hombre de confianza, el actual rector Fernando Suárez, cuenta sin duda con el mismo apoyo, en la Comunidad y en el Ministerio de Educación. No nos engañemos, por mucha autonomía universitaria que haya, si los políticos de turno quisieran forzar un verdadero cambio podrían hacerlo sin apenas dificultad. Es verdad que su apoyo puede ser a regañadientes, porque diez plagios son muchos plagios. Sin duda hubieran preferido que dimitiese, para no comprometerles tanto y que su apoyo no fuese tan escandaloso.

Pero la lógica del sindicato es implacable: si se abandonase a los fieles todo el montaje se derrumbaría en un instante. También en los sindicatos clientelares rige el principio del mérito, aunque lógicamente no sea el científico, sino el de la lealtad ciega, que a la postre es el mismo que domina en nuestros partidos políticos, de los que la Universidad pública es una mera extensión. Si estas expectativas no resultasen siempre colmadas, ningún profesor iría a sobornar o a amenazar a otro por orden de la autoridad, sino que se dedicaría a investigar y a publicar.

Por eso en la Rey Juan Carlos no se necesita disimular con ningún cambio. Lo demostraron los que fueron a rendir pleitesía al actual rector el día de Santo Tomás de Aquino (si el santo levantase la cabeza…) y lo demostraran próximamente los que votarán a su sucesor Sr. Ramos en las próximas elecciones.

Rodigo Tena, editor del blog Hay Derecho.Hay Derecho

¿Se imaginan que alguien ganase un Goya que nunca se publicitase? ¿Que ningún espectador supiese nunca que ese profesional del cine lo ha recibido? ¿Qué sentido tendría entonces este galardón? Esto es lo que sucede con algunos de los comisarios honorarios no pertenecientes al Cuerpo nombrados por la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior

Que el Estado distinga con premios a personas que han destacado por su labor en favor de sus instituciones o en defensa de sus valores es una tradición antigua y muy extendida, tanto en España como en otros países del mundo. Cuando un reconocimiento de estas características no conlleva una dotación económica ni ningún otro tipo de beneficio material, el objetivo de entregarlo, y la satisfacción de recibirlo, reside precisamente en visibilizar públicamente los méritos del premiado. Este se convierte en un símbolo de ejemplaridad para el conjunto de la sociedad.

¿Se imaginan que alguien ganase un Goya que nunca se publicitase? ¿Que ningún espectador supiese nunca que ese profesional del cine lo ha recibido? ¿Qué sentido tendría entonces este galardón? Esto es lo que sucede con algunos de los comisarios honorarios no pertenecientes al Cuerpo nombrados por la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. El Cuerpo de Policía Nacional otorga esta condición a aquellas personas que “se hayan distinguido (cita la ley) por los méritos contraídos en virtud de la labor realizada a favor del mismo”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una resolución a favor de la solicitud que Hay Derecho realizó para conocer la identidad de los comisarios honorarios nombrados en la X legislatura, con Jorge Fernández Díaz al frente de la cartera de Interior. Incumpliendo esta resolución, el Ministerio sólo nos ha facilitado cuatro de los siete nombres alegando que dar a conocer los tres restantes atenta contra su intimidad y puede incluso provocarles ansiedad. No es que lo hayan dicho ellos (dos no han contestado), es que así lo considera el propio Ministerio.

Esta respuesta tan peculiar del Ministerio pone de manifiesto dos cosas: en primer lugar, las importantes carencias de nuestra Ley de Transparencia. Entre ellas, la falta de capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Estamos, como sucede tantas veces en nuestro país, ante un organismo público independiente, cuya labor está siendo muy meritoria, que debe garantizar un derecho de todos los ciudadanos, como es el de acceso a la información pública, al que no se ha dotado de suficientes herramientas normativas (ni de las otras) para hacer cumplir sus propias resoluciones. El problema es mayor cuando es la propia Administración la que incumple las leyes que le resultan molestas. La realidad es que hay una resistencia numantina a la verdadera transparencia, que es la que molesta.

En segundo lugar, no deja de ser extraño un Ministerio del Interior que parece avergonzarse de las distinciones que otorga y que cree causar con su publicidad un perjuicio a sus destinatarios. Es más: cree que el hecho de que todos los ciudadanos conozcamos qué persona merece, en su opinión, ser nombrada comisario honorario puede atentar contra la seguridad del honrado y producirle “perturbaciones y desasosiegos” (como cita textualmente en la respuesta a nuestra solicitud). Cuando en un Estado clientelar como el nuestro los reconocimientos se entregan de tapadillo, entre amigos, y es mejor no divulgarlos, probablemente significa que los criterios con los que se han adjudicado no eran los más adecuados o por lo menos los que la mayor parte de la ciudadanía compartiría.

En la Fundación Hay Derecho creemos que merecemos un país donde los ciudadanos nos sintamos orgullosos de las distinciones que las instituciones otorgan en nuestro nombre. Entonces también estaremos orgullosos de recibirlas, porque se darán de conformidad con el principio del mérito y no por enchufismo. Hay quien nos ha acusado de que conocer o no la identidad de estas tres personas es poco relevante e insistir en ello genera trámites con un coste económico para la administración. Sin embargo, entendemos que los costes reales para la ciudadanía de no conocer esta, y tantas otras cuestiones, son un Estado acomplejado y una democracia mermada por la arbitrariedad y el servilismo.

El tiempo de la opacidad institucional, el clientelismo y la “política de amiguetes” sin rendir cuentas a la sociedad ha de llegar a su fin. Aunque este caso parezca anecdótico, es un claro síntoma de una cultura política con la que debemos terminar si queremos convertirnos de una vez en una sociedad moderna. Si facilitar esta información supone un problema, figúrense qué sucederá con otros asuntos de mayor calado. Seguiremos intentando que nos faciliten los tres nombres porque, como decía Burke, el mayor error lo comete quien no hace nada porque sólo puede hacer un poco.

Aunque le pese a más de uno. Pero lo cierto es que los estatutos del PSOE no permiten llegar a ninguna otra conclusión razonable.

Veamos brevemente algunos de los pilares sobre los que se apoya este interesante problema de gobierno corporativo que tanto interesa a este blog, con la advertencia previa de que no tratamos de decir lo que sea más conveniente o lo que a nosotros nos gustaría, sino lo que corresponde de acuerdo con las normas internas del PSOE.

Los actores que entran en juego son el Congreso Federal (órganos soberano del partido), la Comisión Ejecutiva Federal (órgano ejecutivo del partido), que surge del Comité Federal (un órgano intermedio formado por delegados que dirige la política y controla a la Comisión Ejecutiva) y la Comisión de Ética y Garantías (con funciones interpretativas y de control). En este enlace se  puede ver un resumen de sus funciones. El problema consiste en determinar los efectos de  17 dimisiones en la Comisión Ejecutiva Federal que se compone de 38 miembros de los cuales tres estaban vacantes por diversas circunstancias.

Las normas que hay que tener en cuenta son básicamente dos: los Estatutos del partido, su “Constitución” interna, y la Normativa reguladora de la estructura y funcionamiento del partido, una especie de desarrollo reglamentario de los Estatutos, prevista en la Disposición Final Segunda de los Estatutos, y que debe ser aprobada por el Comité Federal.

Sobre este tema se plantean dos cuestiones: a) si es suficiente la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva para activar el art. 36 de los estatutos que exige la convocatoria de un congreso, y b) si una vez activado se debe constituir una gestora, lo que implicaría el cese de Pedro Sánchez como secretario general.

La importancia práctica de la primera cuestión es escasa en sí misma. En realidad, solo tiene la virtualidad de plantear la segunda, porque lo cierto es que el que más quiere un Congreso es Pedro Sánchez. Es decir, el art. 36 dice que “cuando las vacantes en la Comisión Ejecutiva Federal afecten a la Secretaría General, o a la mitad más uno de sus miembros, el Comité Federal deberá convocar Congreso extraordinario para la elección de una nueva Comisión Ejecutiva Federal.” Pues muy bien, hágase. En principio, por tanto, el que dimitan 17 o 18 daría igual, si no fuese porque únicamente si aceptamos su aplicación es cuando se plantea la segunda cuestión.

En cualquier caso, y aunque hay opiniones para todos los gustos vamos a aceptar aquí como más fundada la opinión de los críticos y entender que con 17 basta. Todo ello en base a los argumentos que defiende Vicente Fenellós en este fundado artículo (aquí). Dado que ya existían tres vacantes, las 17 actuales suman 20, que es la mitad más uno de 38. Esto se ajusta mejor a la literalidad de la norma y sin que quepa aplicar la jurisprudencia en contra de los tribunales cuando se remite solo a los miembros vigentes, que se refiere solo a los quórums de asistencia y votación.

Muy bien, ya sabemos que hay que convocar un congreso extraordinario. ¿Pero dónde dice que mientras tanto tenga que constituirse una gestora? Literalmente, en ninguna parte. Pero eso es lo divertido del oficio de jurista, que uno tiene que sacar agua donde no hay fuente, so pena de morirse de sed.

Argumentos a favor de la gestora:

- Por reducción al absurdo: Si hubieran dimitido todos menos Pedro, ¿podemos seguir hablando de una comisión ejecutiva? Parecería entonces que los estatutos establecen un límite a partir del cual no cabe entender que persista esa comisión. Está cesado y debe constituirse una gestora.

- Por analogía: No los estatutos, pero sí la normativa reguladora de la estructura y funcionamiento del partido,  señala en sus artículos 68, 69 y 70 que cuando dimita más de la mitad de los miembros de una comisión ejecutiva regional la comisión ejecutiva federal puede suspender de sus funciones al órgano ejecutivo y esa suspensión comportará la designación de una comisión gestora. Luego habría que aplicar el mismo criterio a un órgano sustancialmente semejante como es la ejecutiva federal. Además, se nombró una gestora cuando dimitió Almunia.

Sin embargo, a nosotros nos parece mejor fundamentada la posición contraria:

- En primer lugar, no han dimitido todos, sino que el órgano puede seguir funcionando de manera colegiada con 18 integrantes y con su secretario general, que no ha dimitido. Es cierto que la reducción por debajo del límite estatutario le obliga a hacerlo de manera provisional hasta el próximo Congreso, pero es que en eso consiste precisamente la sanción, y no en su disolución, que no se ordena expresamente en ningún sitio. De hecho, si examinamos el artículo 40 de los Estatutos, no parece haber ningún problema para el funcionamiento de la CEF cualquiera que sea el número de sus miembros –independientemente de que su actuación sea provisional porque está abocada a un congreso- porque las decisiones “se adoptan por mayoría simple de sus miembros presentes”, lo que quiere decir que no se establece un quórum mínimo.

- Precisamente, el argumento de la analogía con lo que ocurre a nivel regional es inaplicable, ya porque no dice lo que los críticos quieren que diga, ni porque aunque lo dijese existiría identidad de razón:

La conclusión, por tanto, es que Pedro Sánchez sigue siendo en este momento secretario general, sin ninguna duda, que solo un congreso puede destituirle si no dimite (tiene la facultad de nombrarle conforme al art 32.2.a de los Estatutos), y que hasta llegar a él la comisión ejecutiva mantiene todas sus atribuciones. No obstante, cabe añadir que en el Comité Federal se puede presentar una moción de censura contra la Comisión Ejecutiva Federal, que deberá ser avalada por el 20 por ciento de sus miembros y ser apoyado por la mayoría absoluta de aquella.

Y ese Congreso es, por otra parte, lo que Pedro Sánchez quería antes del golpe del miércoles.

Publicado originalmente en Hay DerechoHay Derecho