La suerte de Muhammed cambió en Melilla, donde encontró a personas que lo acogieron como a uno más de la familia. “Soy reponedor en un supermercado y me encanta mi trabajo: gracias a él puedo vivir y enviar dinero a mis padres”, cuenta este migrante pakistaní, de 37 años, que llegó a la ciudad autónoma en 2006 oculto en un camión cargado de arena.

Hoy dispone de un contrato fijo y un permiso de residencia que podrá renovar en 2021. “Me siento muy afortunado, pero todo lo que tengo ha sido gracias a la ayuda que he recibido”, reflexiona.

Diariamente repone los cartones de leche de las estanterías, pero cuando Muhammed solo tenía nueve años se dedicaba a venderla a los vecinos de su barrio, en Sialkot. A esa edad dejó la escuela porque entendió que en casa, donde vivían doce parientes, no llegaban a final de mes con el sueldo de su padre.

Tras cumplir la mayoría de edad se fue a trabajar a Arabia Saudí. Casi cinco años después reunió los 18.000 euros que pagó a las mafias: le procuraron un vuelo a Argelia y un maletero de un coche en el que se escondió con otros dos hombres para llegar a Nador, ciudad limítrofe con Melilla.

El 22 de enero de 2006 entró en la ciudad autónoma oculto en un camión de arena. Con él viajaban otras 37 personas. “Apenas podíamos respirar”, rememora.

Pasó más de cuatro años en Melilla hasta que pudo arreglar su documentación. En este tiempo limpiaba coches, siempre en la misma calle, y un vecino se interesó por la situación de Muhammed. Tras descubrir en él a un buen hombre, le ayudó a construir la vida que hoy lleva.

Esta persona le puso en contacto con quien hoy es su jefe, “un hermano” para Muhammed, y firmó como avalista para que pudiese alquilar un piso. “He tenido mucha suerte, ojalá algún día pueda ayudar a alguien como hicieron conmigo”.

Son las cinco de la tarde. Hace calor y huele a harera, una sopa típica de la ruptura del ayuno en Ramadán. Alrededor de una mesa se sienta Malika, que ha recibido la visita de Sabah. Algunas de sus hijas permanecen durante un rato atentas a la conversación de las mujeres hasta que empiezan a jugar entre ellas. La escena transcurre en el salón de una vivienda construida ilegalmente en la Cañada de Hidum, el barrio que reúne los datos más dramáticos de abandono escolar, paro y delincuencia de Melilla.

Aunque la ciudad autónoma tiene una población censada de 86.384 personas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), esta cifra deja fuera a las familias que, como Malika y Sabah, cruzaron la frontera desde Marruecos para establecerse en Melilla y no cuentan con un permiso de residencia.

A pesar de la ausencia de registros oficiales, el presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), José Palazón, estima que la cifra de personas que residen en Melilla sin papeles ronda las 20.000. En el caso de Malika, ya han pasado más de 18 años desde que abandonó Nador para marcharse definitivamente a la ciudad autónoma. Sabah se fue Marruecos hace casi siete años, tras quedarse embarazada.

Desde entonces, las dos mujeres residen en la ciudad autónoma en situación administrativa irregular, una circunstancia que se extiende a sus hijos e hijas, quienes por ahora no han conseguido la admisión en ningún centro educativo de Melilla. La hija de Sabah, de seis años, tampoco tiene tarjeta sanitaria, a pesar de haber nacido y crecido en la ciudad autónoma.

Una puerta abierta

Un hecho hace pensar a las dos madres que sus hijos e hijas podrían correr mejor suerte a partir del próximo curso escolar: la Dirección Provincial del Ministerio de Educación en Melilla, al frente del socialista Juan Ángel Berbel, ha cambiado los requisitos documentales y ahora sí acepta el pasaporte de los menores como documento válido y necesario para su matriculación.

Anteriormente se exigía el padrón o la tarjeta de residencia, lo que dejaba fuera a cientos de niños que viven en la ciudad sin papeles. Ahora solo se solicita a efectos de baremación, abriendo la puerta a la presentación de documentos alternativos que permitan acreditar que los menores residen de forma habitual en la ciudad autónoma.

“Ya hemos entregado las solicitudes y estamos a la espera de respuesta”, expone Malika con cierta ilusión contenida y algo de nerviosismo. Su hija Latifa*, de nueve años, reacciona dando pequeños brincos al escuchar a su madre diciendo que podría ir a un colegio a partir de septiembre. “La niña me llora todas las mañanas cuando ve que la vecina va a la escuela y ella no”, añade la mujer.

Latifa, como sus hermanos y hermanas, acude a la Residencia de Estudiantes Musulmanes Marroquíes, un centro que se ubica en la ciudad autónoma pero cuyos estudios no son homologables en el sistema educativo español.

Antecedente en la escolarización

La aceptación del pasaporte no es el primer paso recorrido para escolarizar a niños que, según concluye la Dirección Provincial de Educación, residen en Melilla sin papeles. A principios del curso, tras una campaña de Prodein, la institución accedió a matricular a unos 120 menores tras demostrar mediante documentos alternativos que vivían en la ciudad. Sus familiares presentaron las tarjetas sanitarias de los pequeños, libros de familia y facturas que tenían acumuladas en las que constaban las direcciones de los domicilios. La ONG ha sido el apoyo de padres e hijos que, hasta entonces, tropezaban año tras año con la negativa de Educación.

Palazón sostiene que todavía hay una veintena de familias a la espera de que sus hijos sean admitidos en los colegios de la ciudad. “Después de la matriculación extraordinaria de septiembre ocurrió algo que es de vergüenza: hubo niños que asistieron a la escuela un tiempo, cerca de un mes, pero los propios colegios les dijeron que no podían seguir acudiendo”, cuenta.

Según el activista, fue una decisión de Educación que se justificó en que los niños no disponían de tarjeta sanitaria y, en consecuencia, no podían demostrar su arraigo. No obstante, Palazón está convencido que esta medida fue “el resultado de la vergonzosa presión que ejerció el ala más conservadora” de Melilla. El director provincial, Juan Ángel Berbel, no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes de eldiario.es.

“Marroquinizar” la ciudad

En plena campaña electoral, el asunto de la escolarización de niños sin permiso de residencia, “niños que vienen de Marruecos” según los partidos locales de PP y Vox, ha vuelto a causar la polémica. Según el presidente de la Ciudad Autónoma (PP), Juan José Imbroda, la aceptación del pasaporte como documento válido supone “una línea roja infranqueable” porque, según argumenta, contribuye a la “marroquinización” de la ciudad autónoma.

De hecho, Imbroda ha afirmado ante los medios locales que, de no haber rectificación por parte de Educación, el PP actuará con “movilizaciones, concentraciones, movimientos populares o denuncias”. El PP ya denunció al director provincial en septiembre tras la escolarización de 120 niños sin papeles alegando que se había matriculado a “500 niños marroquíes” y que supuestamente se había cometido un delito de prevaricación administrativa. Ahora amenaza con una nueva querella.

El PP y Vox se oponen ahora a la posible matriculación de “niños de Marruecos” argumentando que la Educación melillense no podría soportar ese peso. Sin embargo, Melilla lleva años siendo la ciudad española con el número de alumnos por clase más alto del país y asistiendo a un aumento demográfico de la población –el más alto de toda Europa- que no ha ido acompañado de la apertura de nuevos centros educativos. 

Ante la reacción de los partidos conservadores, la candidata socialista a la presidencia de Melilla, Gloria Rojas, ha respondido asegurando que no se matriculará a ningún niño que no demuestre estar viviendo en la ciudad. “Si los padres presentan documentación que acredite que los menores residen en Melilla, se escolarizarán; si no lo pueden acreditar, no se escolarizarán. Que quede claro, dejen de lanzar mensajes falsos con el objetivo de alarmar a la población”, ha mantenido la número uno del PSOE local.

La dificultad del arraigo

Para Malika, que ha tenido a sus dos hijos y a sus cinco hijas en la ciudad autónoma, es “injusto” que se asuma sus niños no están empadronados porque proceden de Marruecos. “Hay muchos como los míos que son hijos de Melilla, han nacido aquí y han crecido aquí, y también tienen derechos”, responde la mujer. Además, no comprende que se niegue la existencia de estos menores porque, asegura, el Gobierno local sabe que viven en la ciudad.

“Cada año viene una asistente social a casa para comprobar que los niños están bien y también tienen que venir para ver que vivimos aquí cuando solicitamos la tarjeta sanitaria”, dice Malika, en lo que coincide con varias familias que están en la misma situación. Ni el consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ni la Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) respondieron a este medio para contrastar que, como afirman las familias, son asistidas por trabajadores sociales.

Según explica una abogada melillense especializada en materia de arraigo social –quien prefiere que no se cite su nombre-, es “mucho más complicado” que se conceda un permiso de residencia en Melilla que en cualquier otra ciudad española y destaca el “especial celo” que tiene la Administración local a la hora de estudiar y resolver las solicitudes.

Al respecto, esta letrada explica que en Melilla, por ser territorio transfronterizo, sí se exige un permiso de residencia legal para poder empadronarse, a diferencia del resto de territorio nacional. “Es una forma de evitar la picaresca”, argumenta, aunque este mismo padrón se exige a su vez para acceder a la residencia. “Es una pescadilla que se muerde la cola, aunque con matices”, señala.

Frente a este laberinto se encuentra Mariem*, que está a punto de alcanzar los 18 años. Ella también nació y creció en la ciudad autónoma, invisible a los ojos de la Administración. A sus padres le denegaron cada intento de regularizar su situación, por lo que tampoco tiene documentación. “Hace un año le dije a mis padres que me iría a un centro de menores porque esta sería la única forma de que me dieran los papeles y poder tener un futuro”, detalla la mejor.

Según cuenta, aunque en un principio sus progenitores se opusieron, terminaron entendiendo que difícilmente tendría más opciones de acceder a un permiso de residencia. “Es muy triste que tenga que recurrir a esto siendo de Melilla, pero tampoco vi que tuviera otra salida”, dice Mariem. La menor confía en que algún día pueda residir de forma legal en su ciudad natal.

La principal obsesión de Asraf es que su hermano pequeño, Mohamed, de trece años, no tenga que sortear en un futuro las mismas barreras con las que él choca a diario por residir en Melilla en situación administrativa irregular. Tiene 21 años y llegó a la ciudad autónoma desde Tetuán con solo uno, pero todavía no ha podido acreditar su arraigo ante los ojos de la Administración. Según cuenta, lleva 14 años viviendo con su familia en la misma casa, en el barrio de Reina Regente, pero sin un contrato que lo demuestre.

Ahora, a través de su hermano, este joven ha visto cumplido uno de sus sueños. “Él ha logrado algo que yo deseaba cuando era un crío, ir a un colegio español. Por mucho que me nieguen la documentación y a mi hermano también, somos de Melilla. Existimos y estamos aquí”, sostiene en una conversación con eldiario.es.

Su hermano Mohamed es uno de los 120 niños que este curso han sido escolarizados en centros públicos de Melilla sin estar empadronados o disponer de la tarjeta de residencia. Los menores que no pueden acceder a la escuela, la mayoría nacidos en Melilla, son hijos de familias de origen marroquí que no cuentan con residencia regular en España.

De una manera u otra, terminaron estableciéndose en esta ciudad ante la falta de oportunidades al otro lado de la frontera, aunque eso conlleve vivir en situación irregular. En muchos casos, fue un permiso de trabajo lo que permitió a los progenitores cruzar el perímetro melillense y terminar quedándose en territorio español. Esta circunstancia se ha ido perpetuando a lo largo de décadas: muchos de estos niños son la segunda y tercera generación que crece en Melilla.

El anterior Gobierno central exigía su empadronamiento para poder matricularse en la escuela, pero la Ciudad de Melilla negaba la emisión del padrón a sus padres. La falta de documentación era el motivo por el que la anterior Dirección Provincial del Ministerio de Educación les negaba el derecho a ir a una escuela. Después de que el Ejecutivo cambiase de manos, se permitió a los familiares que entregaran otro tipo de documentación para estudiar caso por caso.

“Han aportado la tarjeta sanitaria de los niños, el libro de familia, facturas de la luz o del butano, contratos...”, explica el actual director provincial, Juan Ángel Berbel. Así, se ha llegado a la conclusión de que son menores que residen de forma habitual en la ciudad y se ha procedido a su matriculación.

El hermano de Asraf se enteró de que había sido admitido en un colegio de Melilla el 21 de septiembre cuando se publicó la lista de nueva escolarización extraordinaria. “Empezó a dar saltos de alegría, estaba como loco de contento... no paró en todo el día de la emoción”, relata el joven.

Antes, Mohamed acudía a la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes, un centro que no es compatible con el sistema educativo español. “Siempre protestaba y decía que por qué iba a tener que ir a un colegio para alumnos marroquíes, si él es melillense; eso es lo que duele, que te hagan sentir diferente cuando llevas toda la vida viviendo aquí, hablas la misma lengua y tienes las mismas costumbres que el resto de las personas”, asegura.

Asraf trabaja por las tardes y por las mañanas cursa segundo de Magisterio, aunque estuvo cerca de renunciar a la formación universitaria. Conoce de primera mano las dificultades que se presentan a los alumnos de la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes cuando pretenden continuar sus estudios en España.

“Tuve que viajar en muchas ocasiones a Marruecos para homologar mis estudios, que equivalían a Bachillerato, y encontré muchísimos problemas a la hora de tramitar toda la documentación que me solicitaban”, resume. Ahora que sabe que su hermano no tendrá que pasar por este proceso, dice estar mucho más tranquilo. “Al menos, esta barrera ya la habrá superado”, apunta.

Un año de protestas

Como Mohamed, otros muchos niños de Melilla han vivido durante años en un limbo educativo a causa de su situación administrativa. Fue en noviembre de 2017 cuando un grupo de madres y sus hijos iniciaron una serie de movilizaciones, de la mano de la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein), para reivindicar que los pequeños pudieran estudiar en los centros de la ciudad.

Sumia y Abdessamad, de cinco y nueve años, son dos de los menores sin empadronar que, hasta el pasado julio, se manifestaron semana sí y semana también frente a la Dirección Provincial de Educación, la Delegación del Gobierno o la Fiscalía.

Repitieron una frase hasta la saciedad: “Hola, cu cú, queremos ir al colegio”. En las primeras concentraciones, los niños reían como si aquello fuera un juego, pero conforme pasaban los meses y se aproximaba el fin del año escolar, se hacía más evidente la rabia y la desesperación en los gritos de protesta.

Ahora que Sumia y Abdessamad tienen un colegio, su madre, Latifa, se pregunta cuál es el “verdadero motivo” por el que se ha permitido que los niños pasen un curso entero reclamando una escuela. “No creo que fuese tan difícil comprobar que vivimos en Melilla, podrían haber mandado a la Policía a nuestras casas e incluso vigilarnos, pero no querían”, comenta.

Esta madre cuenta que nació hace 41 años en la ciudad autónoma, pero sus padres nunca la registraron porque tampoco tenían papeles, indica. “Sé lo que es vivir siendo invisible, sin tener derechos, por eso estoy feliz de que mis hijos empiecen a tener más oportunidades de las que yo he tenido”, sostiene la mujer, que saca adelante a su familia trabajando como costurera y limpiando viviendas sin contrato.

El Gobierno local se opone a la escolarización

Mientras las familias y los pequeños celebraban la noticia de la matriculación como una victoria, el Gobierno local, del Partido Popular, reaccionó manifestando su rechazo en bloque. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, afirmó que denunciaría al director provincial y que llevaría este asunto hasta el Parlamento Nacional.

Imbroda incidió públicamente en que se estaba obligando a los centros a admitir a niños de Marruecos que, en ningún caso, debían ser escolarizados en la ciudad sin un padrón. Además, cifró a este grupo de menores en unos 700, cuando Educación habla de 120. Una de las madres afectadas, Naima, no da crédito a las palabras de Imbroda. “Ellos saben perfectamente que estos niños son de Melilla porque todos los años viene una asistente social a la casa para comprobar que se encuentran bien atendidos”, responde molesta.

Por otro lado, algunos sindicatos educativos de Melilla también han protestado por la escolarización de estos niños poniendo el foco en que la ratio de las aulas, la más alta del país, podría verse aún más sobrecargada, además de incidir en la falta de centros y medios que padece la ciudad.

No obstante, Berbel está convencido de que ha hecho lo que había que hacer: “Los únicos requisitos que tienen que cumplirse para que estos niños vayan al colegio es que demuestren su arraigo, cosa que han hecho, y que tengan edades comprendidas entre los seis y los 16 años”, defiende. E insiste en que el padrón no es determinante. “Ni situación administrativa irregular, ni regular: son niños”, subraya.

Además, cuenta que las solicitudes de matriculación de estos 120 pequeños fueron encontradas en un despacho, sin que hubieran sido registradas de forma oficial. Ni siquiera se sabe en qué fecha fueron entregadas, explica, ya que no tienen ningún sello. Berbel dice que desconoce si hubo intencionalidad por parte de la anterior Dirección Provincial de no mostrar estos documentos o si se llegó a hacer algún trámite al respecto.

“Cuando se entrega un papel en Educación tiene que ser registrado oficialmente, con su sello de entrada, y devolviéndose una copia al padre o la madre correspondiente; este es el procedimiento que debe seguirse y que, en estos casos, no se llevó a cabo, por lo que estos documentos se cogieron sin garantías para los usuarios”, recalca.

Según sus cifras, 32 menores se han quedado sin matricular a la espera de aportar la documentación que demuestre su arraigo en Melilla. Se estima que el 15% de la población en edad escolar infantil residente en la ciudad autónoma no está matriculada.

“Lo han pasado muy mal, pero han ganado la batalla”

Al presidente de la asociación Prodein, José Palazón, que ha acompañado a los menores y sus familias durante el año de protestas, no le sorprenden las declaraciones del presidente ni tampoco la postura de algunos sindicatos educativos de Melilla. “Una vez más, queda de manifiesto todo el racismo, el rechazo que hay en la ciudad y la ilegalidad que se ha cometido al permitir que estos niños pasen todo un año en la calle pidiendo ir a un colegio”, comenta.

El activista, que lleva más de dos décadas denunciando vulneraciones en la frontera sur, prefiere quedarse con lo positivo de esta historia. “Los niños lo han pasado muy mal, pero han ganado esta batalla y han aprendido lecciones que tienen un valor incalculable: saben lo que cuesta ir al colegio y, lo mejor, que lo han conseguido ellos mismos con su esfuerzo”, resume.

Las familias, por su parte, se muestran convencidas de que el apoyo de la ONG local ha sido crucial en este proceso, que ha terminado con final feliz: “Nunca vamos a tener suficientes palabras para agradecer lo que ha hecho por nuestros hijos”.

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Todos los nombres de los menores mencionados en este reportaje son ficticios para preservar su intimidad.

Dos imágenes mantenían a Soufiane aferrado a la esperanza. En la primera se veía cantando. A sus 17 años, quería llegar a ser rapero: escribía, grababa sus propios videoclips, retrataba su “pobreza” en canciones. En la segunda, aparecía su madre y sus dos hermanos pequeños. Quería aportarles algo más, decía, que lo poco que conseguía en Marruecos de la venta de chicles. Este jueves, su cuerpo ha aparecido sin vida en la habitación en la que dormía desde hacía diez días, en un centro de acogida de menores de Melilla.

Soufiane procedía de Casablanca (Marruecos) y consiguió cruzar la frontera a la carrera el pasado mes de noviembre tras sortear con éxito a las autoridades marroquíes y españolas. El joven entonces no era consciente de todo lo que sufriría al intentar perseguir un sueño europeo que no ha llegado a alcanzar.

Dos semanas después de llegar a la ciudad cambió su vida para siempre: los médicos tuvieron que amputarle el pie izquierdo en una operación muy complicada. Sucedió después de que Soufiane cayera de los bajos de un camión al tratar de colarse en alguno de los buques con destino a la península.

Era la primera vez que probaba suerte como polizón, según aseguró el menor cuando todavía permanecía ingresado en el Hospital Comarcal de Melilla, tras la intervención quirúrgica. “Ahora tengo que aprender a vivir con un solo pie”, comentaba preocupado a primeros de diciembre en una entrevista con El Faro de Melilla.

Soufiane temía no poder volver a correr o jugar al fútbol al fútbol, reconocía, aunque se mostraba tranquilo: sabía que el accidente podía haber sido mucho peor. Pero había otra preocupación en su mente: cómo podría ayudar a su familia ahora que ya no contaba con sus dos pies.

El joven estaba convencido de que, al salir del hospital, aguantaría en alguno de los centros de acogida hasta cumplir los 18 años y aprovecharía para estudiar y conseguir la residencia. Quería hacerlo por él, para labrarse un futuro, pero también por su madre y para que sus dos hermanos pequeños corrieran mejor suerte.

“Mi madre está muy asustada y preocupada por lo que me ha pasado. No puede venir a verme porque no tiene medios”, reconocía el adolescente cuando permanecía ingresado en el Hospital de Melilla.

Denunciaba las malas condiciones del primer centro

Cuando Soufiane llegó a la ciudad autónoma ya planeaba acudir a la escuela y permanecer en un centro hasta obtener la mayoría de edad, describía hace poco más de un mes sobre su cama del hospital. Su primera semana, relataba, la pasó en La Purísima, un centro de acogida que actualmente alberga a 446 niños y adolescentes extranjeros, cuyas condiciones han sido denunciadas por numerosas organizaciones e internos.

Lo abandonó al comprobar que no era lo que esperaba: “Tenía que dormir en una habitación muy pequeña con muchos niños. Apenas se podía andar por el suelo”, señalaba.

El joven explicaba que, además de literas, había colchones en el suelo en los que dormían varios menores. “Cuando venían por la noche otros niños que habían pasado varios días en la calle dormían en el mismo sitio, sin que pasaran antes por la ducha. El olor era insoportable”, agregaba Soufiane. Tras una semana en estas condiciones, decidió empezar a dormir en la calle, aunque, insitía, no era lo que él quería. Pero no podía permanecer en La Purísima, sugería.

Fue entonces cuando escuchó a otros chicos hablar sobre el ‘riski’, la forma con la que suelen denominar los menores y jóvenes extranjeros en situación de calle el amago de colarse en barcos para llegar a la península.

El rap, su desahogo

Aunque perdió el pie izquierdo, Soufiane seguía siendo un niño con sueños. Nunca se le fue de la cabeza el deseo de convertirse en cantante de rap. Mostraba con orgullo los videoclips en los que aparecía rapeando, colgados en la plataforma de YouTube. “Hace dos años empecé a escribir sobre mi vida y sobre la pobreza con la que crecí”, comentaba el menor hace cosa de un mes desde la cama del hospital.

Soufiane recibió el alta el pasado 26 de diciembre. Entonces, pasó a ser acogido por el Centro Asistencial, conocido popularmente como la Gota de Leche, donde actualmente tienen acogidos a 126 niños. Amigos del chico afirmaron a este diario que en sus últimos días había comenzado a consumir pegamento y disolvente, aunque por las noches acudía a dormir al centro de menores. El joven iba a ser trasladado a Málaga en unos días para someterse a una nueva intervención.

Un mes después de describir sus sueños, de recordar sus ansias de estudiar, de admitir no desmoronarse por la pérdida de su pie izquierdo, el cuerpo de Soufiane ha aparecido sin vida sobre su cama del centro de acogida. Los cascos con los que solía escuchar música estaban en sus orejas.

Moneim llegó a Melilla a finales de mayo, pero su miedo no desapareció al cruzar la frontera. El joven de 20 años cuenta que no le quedó otra opción que huir de Alhucemas. Asegura que la autoridad marroquí le busca por participar y retransmitir en las redes sociales las manifestaciones pacíficas que están teniendo lugar en la zona del Rif, donde la población lleva algo más de ocho meses reclamando derechos básicos como el acceso a la educación, a la sanidad o al mercado laboral. “Lo que queremos es que Alhucemas se desarrolle, que deje de ser un territorio abandonado”, mantiene.

No tenía absolutamente nada que perder, sostiene. El joven ha trabajado como marmolista, pero llevaba meses sin tener un empleo estable. “Esta zona está muerta. No hay empleos para nadie”, lamenta. Moneim tiene cuatro hermanos y todos son más pequeños que él. Este es uno de los motivos por los que se unió a las manifestaciones, para que sus hermanos tuvieran el futuro que no encontró para él en Alhucemas.

El joven emprendió su huida la misma noche en la que supo que estaba siendo buscado por las autoridades, relata. Fue un amigo, funcionario en la comisaría, quien le avisó de que se había convertido en objetivo. “Por favor, vete. Te están buscando”, reproduce Moneim. Él ni se lo pensó. “No podéis imaginar las cosas que hacen a las personas que son detenidas. Además de las torturas, son encarceladas sin que haya si quiera un juicio”, explica.

La liberación de los activistas presos se ha convertido precisamente en una de las reivindicaciones que más está avivando el fuego de las protestas. Según informó hace una semana el ministro de Derechos Humanos de Marruecos, Mustapha Ramid, 176 personas permanecen detenidas de forma preventiva por su vinculación al Movimiento Popular del Rif. De ellas, 123 fueron arrestadas en Alhucemas, 48 en Casablanca y cinco en Nador. Desde el Movimiento sostienen que la cifra de presos supera las 200 personas.

Moneim explica que no podía arriesgarse a quedarse en Alhucemas sabiendo lo que podría ocurrirle. “Los arrestos a manifestantes se ejecutan de forma sorpresiva. A cualquier hora y en cualquier lugar. Da igual que sea niño, adulto, mujer o anciano”, dice.

Mientras cuenta esto, reproduce en su móvil un vídeo en el que se ve cómo varios agentes se acercan a un grupo de hombres que conversan en la calle y se llevan a uno de ellos por la fuerza. Todo ocurre muy rápido ante la estupefacta mirada del resto de rifeños. Los policías meten en cuestión de segundos al hombre en un furgón policial y, como si nada hubiera ocurrido, desaparecen de la escena.

“También irrumpen por la noche en las casas. Tiran las puertas abajo, aunque haya personas mayores o niños en la vivienda”, sostiene el joven.

Rumbo a Melilla

Recuerda la noche de su fuga como si la estuviera viendo a cámara lenta. “Tenía que tomar una decisión. Tenía que irme. Casi no pude ni despedirme de mi familia. Sé que llegué a casa y, sin saber ni cómo, le dije a mis padres que me iba, que me estaba buscando la policía. Me pidieron que tuviera mucho cuidado y me dieron algo de dinero. Abracé a mis padres y mis hermanos lo más fuerte que pude y me marché”, rememora. Luego subió a un coche y huyó lo más deprisa que pudo de Marruecos.

Al llegar a la frontera de Beni Enzar disimuló lo mejor que supo el miedo que sentía para no ser descubierto por los gendarmes antes de pisar suelo español. “El corazón se me iba a salir”, dice. Con una gorra y unas gafas de sol intentó pasar lo más desapercibido posible. Moneim logró sortear el paso marroquí escurriéndose entre las personas que se dedican al contrabando.

Desde entonces permanece en Melilla, aunque su corazón y su mente siguen en Alhucemas. Se mantiene en continuo contacto con sus amigos y familiares a través de 'whatsapp', desde donde comprueba que las personas de su entorno continúan a salvo. “Tengo miedo de que quieran ir a por mi familia”, lamenta. Aunque sintió cierto alivio al llegar a la ciudad autónoma, Moneim sigue temiendo por su vida.

“Me espero cualquier cosa”

Afirma que Melilla se ha convertido en una especie de cárcel para él. “Tengo la sensación de que me puede pasar algo en cualquier momento. El gobierno de Marruecos es como una mafia, tiene gente repartida por todos los lados. Pueden mandar a alguien a Melilla para que me amenace y me obligue a cruzar la frontera. Me espero cualquier cosa”, expone angustiado.

Moneim tiene claro que no puede regresar a Marruecos, pero no sabe qué va a ser de él a partir de ahora. Ha estado sobreviviendo con el dinero que le han mandado algunos amigos, pero después de varias semanas durmiendo en hoteles empiezan a escasear los recursos.

No se fía de pedir asilo en Melilla porque teme que pueda tardar en resolverse la resolución y pasen varios meses hasta que sea desplazado a la Península. Aun así, lo intentó hace varios días en la Jefatura de Policía Nacional, pero le dijeron que tendría que solicitar protección en la oficina que hay en la frontera.

No lo ha vuelto a intentar. Además, contempla con recelo la posibilidad de entrar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde cree que es fácil que aparezcan los problemas por el elevado número de residentes que hay.

Por ahora, mantiene depositada su esperanza en París. Según cuenta, allí tiene familia dispuesta a acogerle y ayudarle. Sueña con conseguir un trabajo y mandar dinero a su familia para que sus hermanos no tengan que abandonar la escuela. Pero, para eso, todavía tiene que lograr salir de la ciudad autónoma.

El joven se está planteando que el próximo paso sea 'hacer riski'. Es decir, colarse en un barco que le lleve a la Península, donde se sienta a salvo de las autoridades marroquíes. Una vez allí, intentaría pedir asilo de nuevo o continuar con su proceso migratorio hacia la capital francesa.  “Me hubiera gustado ser un joven de 20 años normal, que mis únicas preocupaciones sean ir a la universidad o no llegar tarde al trabajo. Pero nací en Alhucemas, donde ahora mismo no hay futuro para nadie”, declara Moneim.

“Aumento significativo” de llegadas de marroquíes 

Según distintas ONG con presencia en el CETI, alrededor de diez personas han solicitado asilo en Melilla alegando que huyen de las autoridades marroquíes por participar en las protestas de Alhucemas.

“Desde Acnur aseguran a eldiario.es que se ha producido un aumento ”muy significativo“ de personas de origen marroquí que tratan de llegar a tierras españolas lanzándose al mar en pateras. Explica la organización que, sólo en junio, la cifra de llegadas por tierra y mar fue de 2.300 personas de diferentes nacionalidades. De ellas, más de 500 eran marroquíes.

El organismo de las Naciones Unidas señala que el número de personas procedentes de Marruecos se equiparó el pasado mes de junio al de marroquíes que se lanzaron al mar en el periodo comprendido entre enero y mayo de este año, siendo algo superior a 500 personas. Acnur considera que este incremento podría deberse tanto al comienzo de la “temporada alta” de llegadas por mar como a la situación que se está viviendo en el valle del Rif.

Solidaridad en Melilla

La ciudad autónoma de Melilla no permanece completamente ajena a lo que está ocurriendo a apenas unos kilómetros de distancia. La Comunidad Islámica de Melilla Annur ha solicitado permiso a la Delegación de Gobierno para organizar una marcha en solidaridad con el Movimiento Popular del Rif y reclamar así la liberación de “todos los presos políticos en las cárceles del Reino de Marruecos”. De contar con el permiso requerido, se celebraría el día 18 de este mismo mes.

Por otro lado, el principal partido de la oposición de la ciudad, Coalición por Melilla (CPM), anunció en junio en rueda de prensa que estaba dispuesto a concentrarse y a organizar movilizaciones solidarias para apoyar al pueblo de Alhucemas. El presidente del partido, Mustafa Aberchán, subrayó entonces que “es importante que el pueblo de Melilla no mire hacia otro lado”.

Al parecer del dirigente de CPM, tanto el Gobierno de Melilla como el de España tienen el deber de respaldar a los manifestantes rifeños. No sólo por la vecindad “que nos compromete”, también para saldar el daño que ocasionó España durante el reinado de Alfonso XIII en las regiones del norte de Marruecos al usar productos químicos contra la población civil.

“Tenemos que reconocer ese daño moral que hicimos y, en su justa medida, apoyar esta causa solidaria para reivindicar acciones políticas que repercutan en el bienestar del pueblo de Alhucemas y de la zona del norte”, asevera el cepemista.

“Tengo miedo de que quieran quitarme a mi niño”, lamentaba Hizia a las puertas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla. No podía contener las lágrimas. La mujer de origen argelino llegó con su pequeño de tres años a la ciudad el pasado 10 de septiembre. Embarazada de dos meses, cruzó la frontera desde Marruecos utilizando un pasaporte falso. Cuando las autoridades vieron que su rostro no coincidía con el de la imagen del documento, nada más pisar el suelo europeo la ingresaron en el calabozo y la separaron del niño, a quien llevaron a un centro asistencial.

Hizia pasó dos días encerrada en dependencias policiales. Al recuperar su libertad, lo primero que hizo fue acudir al centro para recoger al pequeño. Pero no le dejaron llevárselo, ni tampoco verle desde entonces. Según explica el consejero de Bienestar Social de la Ciudad, Daniel Ventura, antes se debía acreditar la relación materno-filial. “Esta mujer dice que el menor es su hijo, pero no aporta ninguna documentación. No podemos arriesgarnos a que el niño desaparezca con alguien que no es su madre”, argumentaba el responsable de la Consejería, unos días antes de que este martes las pruebas de ADN confirmaran que, efectivamente, son madre e hijo.

La argelina, sin embargo, siempre afirmó que contaba con el certificado de nacimiento del niño, obtenido en el país de origen. Lo guardaba en su bolso, plegado y algo arrugado por tanto uso. Desde el primer día defendió que en el documento figuraban ella y su marido como los progenitores –el texto está escrito en árabe–, pero no fue suficiente para la administración, que ha mantenido al pequeño separado de sus padres durante más de tres semanas. 

Régimen de visitas denegado

Hizia y el niño de tres años coincidieron el pasado día 15 en una de las dependencias de la Ciudad, donde se tomaron las muestras para la prueba de ADN. Por segunda vez en menos de una semana y después de escasos minutos, tuvieron que enfrentarse de nuevo al dolor de la separación. El menor lloraba y pataleaba. Le suplicaba a ella que, por favor, no se fuera. La argelina, desconsolada, intentaba calmar al niño antes de que lo trasladaran de vuelta al centro de acogida.

Al día siguiente, Hizia se presentó en la sede de Bienestar Social para solicitar un permiso de visitas. “Sólo quiero volver a verle y llenarlo de besos. Añoro estar con él y abrazarlo. Quiero decirle que todo está bien”, decía entonces. Sin perder la esperanza, la madre siguió acudiendo cada día al centro durante otros diez días de agonía e incertidumbre. 

No sabía que le esperaban malas noticias: la Consejería denegó su petición y no podría volver a verle hasta que los resultados de la prueba de ADN acreditasen el parentesco. La fecha de salida de la notificación que rechazaba el régimen de visitas es del 19 de septiembre, pero nadie se la entregó a Hizia en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) hasta el pasado miércoles 28. 

“Le negaron las visitas porque dicen que no tiene documentos que acrediten que es su hijo y que cumplan la ley. Las dos cosas son mentira”, sostiene el fundador de la asociación melillense Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), José Palazón. Por el contrario, Ventura defiende que esta decisión fue tomada por el equipo técnico de la Consejería “en base a lo que marcan las leyes”.

Organizaciones como Save The Children o Amnistía Internacional se manifestaron para que Bienestar Social se replantease su postura en cuanto al régimen de visitas. También el Defensor del Pueblo nacional emitió un escrito para que permitieran el encuentro, pero el consejero respondió que “no había nada que reconsiderar”, aunque aseguró que se había puesto en contacto con la Universidad de Granada (UGR) para intentar acelerar el proceso de la prueba de ADN.

“Entendemos que, si son madre e hijo, lo deben estar pasando mal. Por eso hemos pedido a la UGR que, por favor, le den prioridad para saber cuanto antes los resultados”, trasladó Ventura. El parentesco se ha confirmado 24 días después.

Su marido llega a Melilla

Toula, el padre del menor argelino, llegó a Melilla el pasado miércoles 21 de septiembre. Cruzó la frontera de Beni Enzar sin que nadie reparase en él. “Estaba deseando abrazar a mi mujer y a mi hijo. Me fui de Marruecos porque no aguantaba más sin ellos”, relata. Después de once días se reencontró con su esposa en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI), pero nada más verla se dio cuenta de que el pequeño no estaba a su lado.

“Cuando me contó que se habían llevado a nuestro hijo fue muy doloroso. Es lo peor que le puede pasar a unos padres”, sentenciaba Toula. Con los ojos enrojecidos y las ojeras clavadas en la piel, reconocía que estaban viviendo una angustia constante: “No podemos dormir porque estamos muy preocupados. No sabemos si se quieren quedar con nuestro hijo. Ojalá que no”, deseaba el padre una semana atrás, cuando aún no había podido ver al niño.

Toula e Hizia decidieron abandonar Orán (Argelia) cuando se enteraron que estaban embarazados. “En Argelia hay mucha gente mala. Queríamos que nos protegieran, sobre todo a nuestros niños. Allí la Policía no hace nada y las mafias cometen muchas agresiones”, explica él mientras señala una cicatriz en su pierna, fruto de una puñalada, según apunta.

Además de la violencia a la que estaban expuestos, esta familia tampoco tenía una casa en la que vivir. Relatan que viajaron con su pequeño durante siete días en autobús, en taxi y a pie para llegar al país en el que tenían depositados todos sus sueños. Desilusionados, dicen que no esperaban toparse con una experiencia tan dolorosa en la Europa de las esperanzas. “Mi mujer está embarazada y lo está pasando muy mal. Ahora sólo soñamos con besarle y jugar con él. Necesitamos que nos lo devuelvan ya”, rogaba Toula hace unos días. 

Ya respiran tranquilos. Han podido volver a abrazarse después de que los resultados confirmaran este martes lo que los llantos del niño, al grito de “¡mamá, mamá!”, ya advertían cuando les separaron hace tres semanas.