Es necesario recordar lo evidente: con todos sus problemas y enemigos declarados, la educación pública es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Es el espacio donde se construyen (o deberían) no solo conocimientos, sino también valores compartidos y oportunidades de igualdad real. A pesar de sus carencias, es la mejor herramienta que tenemos para integrar y sostener a una sociedad cada vez más compleja. Precisamente por eso es atacada y precisamente por eso resulta preocupante que se normalice su deterioro.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más visible. El progresivo aumento de ratios por aula, la falta de recursos materiales y humanos, infraestructuras que en muchos casos no cumplen condiciones básicas, prácticas segregadoras…son decisiones y no accidentes naturales que condenan al sistema público a desarrollarse en un estado de precariedad continuo.

Por poner un ejemplo claro, los centros educativos son de los pocos edificios públicos que no cuentan con una adaptación adecuada al clima: aulas heladas en invierno y calor insoportable en verano forman parte de la rutina diaria de miles de alumnos y docentes. Lo que sería inaceptable en cualquier otro ámbito parece haberse asumido en educación con el agravante de tratarse de menores de edad.

A esto se une una contradicción estructural: es un enorme logro que el sistema haya incorporado en los últimos años a alumnado que históricamente quedaba fuera, contribuyendo a un modelo más inclusivo y a una sociedad más democrática, pero este incremento no ha ido acompañado de una inversión proporcional de recursos. Al contrario, se ha favorecido a la educación concertada —a través de políticas de financiación, planificación de plazas o cesión de suelo— y se han permitido prácticas segregadoras dentro del propio sistema público que, lejos de corregir desigualdades, las reproduce. Por un lado, se filtra alumnado de forma más o menos evidente; por otro, se concentra en determinados centros públicos a la población más vulnerable sin dotarlos de los recursos necesarios. Empobrecer la pública mientras se potencia la concertada es una estrategia política que le da vuelta a los objetivos de la educación y crea una sociedad más injusta con el dinero de todos.

La presión de garantizar la calidad y la inclusión educativa recae entonces sobre los y las docentes, obligados a sostener con esfuerzo personal lo que debería garantizarse desde la planificación pública. La atención individualizada a las necesidades del alumnado, un objetivo irrenunciable, acaba dependiendo en demasiadas ocasiones del voluntarismo y del desgaste de las plantillas cuando es un derecho de los estudiantes.

En el caso concreto de la Comunitat Valenciana, estos problemas adquieren una intensidad mayor. La falta de recursos, los recortes en plantillas, la no cobertura sistemática de bajas y unas condiciones salariales por debajo del resto de comunidades autónomas nos sitúan como una de las comunidades más precarias. A esto se añade un clima de desconfianza creciente hacia el profesorado, alimentado por discursos que cuestionan nuestra labor bajo acusaciones genéricas de adoctrinamiento. Esta sospecha no solo es estúpida, sino peligrosa al erosionar la legitimidad de la profesión y su función en un momento de especial necesidad, priorizando un uso partidista como se aprecia en la apelación a una supuesta “libertad educativa” convertida en herramienta de división.

Trabajar en estas condiciones tiene un coste evidente. No se trata únicamente de una cuestión laboral, sino de la limitación para ejercer adecuadamente nuestro trabajo. Cuando faltan recursos, cuando las aulas están masificadas y cuando el tiempo no alcanza, lo que se resiente es la calidad educativa. Y cuando esta se deteriora, las consecuencias no son individuales, sino colectivas: aumentan las desigualdades y se debilita la cohesión social.

Por eso, la huelga es una necesaria llamada de atención ante un modelo que, si no se corrige, corre el riesgo de empeorar y cronificar sus problemas. Si de verdad la educación pública se considera un pilar fundamental de la sociedad, debe tratarse como tal, de lo contrario, el discurso sobre su importancia queda reducido al vacío, mientras en las aulas se sigue educando en condiciones de precariedad.

Si el acuerdo del Botanic inició su andadura hace cuatro años con unos objetivos ineludibles para la sociedad valenciana (el fin de la corrupción, el cambio de modelo productivo y la recuperación de servicios públicos, entre otros), esta nueva legislatura -la segunda sin el PP- presenta el enorme reto de concretar, consolidar y demostrar el cumplimiento de dichos objetivos. Tras veinte años de corrupción y despilfarro,  la expectación y la indulgencia se han disipado, las excusas ya no sirven y corremos el riesgo de caer en un peligroso conformismo, una vez superada la presión inicial.

Así, a la desigualdad social en nuestro territorio, a una economía todavía dependiente de la construcción y el turismo, a los problemas en el acceso a la vivienda y derechos básicos aún no desprivatizados se unen hoy otras cuestiones inaplazables para la sociedad valenciana: la lucha contra el cambio climático, no como un horizonte peligroso pero futuro sino como un problema acuciante para nuestra vida cotidiana presente; la necesaria progresión de la agenda feminista hacia una puesta en valor y reparto equitativo de las tareas de cuidados, que repercuta sobre el propio modelo productivo; y la búsqueda de soluciones efectivas ante el despoblamiento y el abandono rural.

Todo ello en un contexto estatal marcado por la radicalización de las derechas, la recuperación electoral del PSOE -recuperación que no ha venido vinculada a la capacidad de plantear soluciones de calado a la crisis social y territorial enquistada en nuestro país-, el agotamiento del ciclo electoral del 15M y cierta incertidumbre sobre el proyecto de país que se abre a partir de ahora, ejemplificado en los problemas incomprensibles para creación de un gobierno de coalición.

Los resultados municipales, una vez agotado el recurso a la llegada de la extrema derecha, amenazan con seguir desmovilizando el voto progresista y devolver a la derecha a espacios de poder. Resultados que en nuestro territorio se añaden a otra realidad: la incapacidad que tenemos los agentes políticos progresistas de penetrar en el sur, con el mantenimiento o la vuelta del PP en algunas ciudades importantes como Alicante, Torrevieja, Orihuela o Benidorm y la reutilización de la diputación de Alicante -y sus recursos públicos- no como una institución útil a la gente, sino de oposición partidista.

La vertebración de la Comunitat Valenciana lleva décadas siendo un problema histórico y, si bien se han tenido en cuenta gestos simbólicos como la firma del pacto en Alicante o la situación de la Conselleria de Innovación, Universidades y Ciencia, citando a Twitter “a Alicante no hay que ir, en Alicante hay que estar”. Resolver esta situación implica una hoja de ruta que además de cuestiones simbólicas, involucre desde el cambio de modelo productivo a las infraestructuras de conexión territorial. Un proyecto de descentralización que no debe afectar en exclusiva a Alicante, sino a toda la cohesión de un territorio en un proyecto colectivo común. Para ello reforzar municipios y comarcas, y superar del modelo de diputaciones es clave.

También lo es avanzar en la normalización del bilingüismo y la equidad lingüística, caballo de batalla de la oposición, garantizando, desde el reconocimiento de las particularidades de cada territorio, el derecho a usar y conocer las dos lenguas cooficiales. Derecho que debe ser entendido como un elemento de cohesión y no como un arma arrojadiza. En demasiadas ocasiones se han mezclado prejuicios, miedos e inflexibilidad, pero se trata de un tema crucial que excede el ámbito puramente educativo, y al que se debe atender abriendo cauces de diálogo con todos los territorios.

Otra gran prioridad política es avanzar de manera coherente en el cambio de modelo productivo, cambio vinculado a la reducción de la desigualdad, la transición ecológica y la protección de los sectores que más reportan a nuestro territorio. En tanto que la vivienda y la especulación en torno a su precio han sido el centro de nuestro modelo productivo y nuestro desarrollo territorial, el trabajo de la Conselleria de Vivienda junto a la de Territorio se presentan como lugares clave, la necesidad de acabar con los desahucios, pinchar la burbuja del alquiler, movilizar casas vacías y desarrollar un urbanismo que responda a las necesidades sociales y ambientales es crucial para garantizar derechos presentes y futuros.

No obstante, en estas primeras semanas de legislatura ya estamos asistiendo al desarrollo de unas políticas territoriales basadas en la continuidad de un modelo de obras públicas que ni benefician a la gente ni son compatibles con el necesario enfoque ambiental. Proyectos como la ampliación del puerto, el desdoblamiento de la V21, la ZAL, o la resurrección de PAIs absurdos, delatan continuidad con las inercias y falta de reflexión o, en el peor de los casos, la asunción de una falsa “teoría del goteo”, que asume como propios los intereses de grandes constructoras y reduce el planteamiento del cambio de modelo a un discurso vacío.

En este marco se incluye el modelo turístico y su sostenibilidad. Más allá del morbo generado alrededor de la medida concreta de la tasa, se trata de ser prácticos: ¿queremos un modelo turístico sostenible que respete los derechos del territorio y sus habitantes? ¿Qué medidas se van a poner encima de la mesa para lograrlo? Lo verdaderamente relevante de esta propuesta nunca fue la tasa en sí -una medida concreta y conocida que siendo beneficiosa no resuelve problemas por sí sola- sino la resistencia a aplicar medidas favorables a la mayoría cuando unos intereses empresariales concretos se oponen.

En este sentido, otras cuestiones como el apoyo al comercio local, la reversión del servicio de agua para hacerla pública, la mayor intervención en producción de energía limpia y asequible, un apoyo a los agricultores que vaya más allá de reproducir conflictos entre territorios, son sólo algunas de las medidas que deben ser aterrizadas y consideradas globalmente en una apuesta decidida por liderar la transición ecológica en favor de los de abajo.

En esta legislatura sophomore debemos concretar objetivos de largo plazo, abordar cuestiones aplazadas y dar pasos adelante en un proyecto valenciano que también sea un ejemplo para todo el país. El agotamiento del modelo autonómico necesitará de propuestas que vengan, fundamentalmente, de las periferias. La cuestión de la infrafinanciación ya no puede ser más excusa para la inacción, sobre todo si finalmente Sánchez llega al Gobierno (pese a su curiosa forma de “negociar”). Tampoco la “herencia recibida”, aunque esté documentada y sea palpable, ya no sirve justificarlo todo por y para “que no vuelva el PP”, se trata de asumir como comportamiento cotidiano imperativo el despejar cualquier género de dudas sobre buen gobierno, sin ninguna relajación al respecto.

Para Podem, el acuerdo de gobierno es más que un posicionamiento político y un compromiso entre partes: se trata de un “suelo” de medidas y propuestas desde el que partir para transformar la Comunitat Valenciana, para esto es fundamental una sociedad que no baje los brazos ni se conforme, porque el gran reto de esta legislatura es que, por el camino, ese suelo no se convierta en un “techo”.

No obstante, a mitad de legislatura, el cambio que entró en las instituciones todavía no ha tenido la capacidad de transformar la vida de la ciudadanía valenciana, que continúa sufriendo las consecuencias del proyecto de país que el Partido Popular construyó durante décadas a golpe de ladrillazo, de destrucción del territorio, de corrupción, de recortes y de empleo de baja calidad.

Ese modelo social desigual y precario todavía marca la vida del pueblo valenciano, y pese a las dificultades, comenzadas en un modelo de infrafinanción nefasto hasta las consecuencias e inercias de la “gestión” del PP, es el Consell y especialmente Ximo Puig los que tienen una doble responsabilidad: por una parte no se está siendo lo suficientemente valiente en la implementación de políticas que conviertan a la Comunitat Valenciana en vanguardia y ejemplo de cambio para toda España, diversos episodios relacionados con el modelo productivo y social, han estado protagonizados por retiradas sistemáticas ante las presiones: la protección del litoral, horarios comerciales, tasas turísticas, sistema SDDR… No consiguen concretarse medidas que establezcan un modelo de país alternativo con un proyecto de futuro.

Además, el President Ximo Puig ha sido cómplice a la hora de volver a condenar al pueblo valenciano a un nuevo gobierno de Mariano Rajoy, que ya en sus primeros presupuestos nos ha recortado las inversiones en un 30%. ¿Con qué legitimidad puede Puig justificar la falta de políticas más ambiciosas con la infrafinanciación, si a su vez es copartícipe de la perpetuación de esa infrafinanciación? Su falta de credibilidad ante la ciudadanía valenciana puede convertirse en un freno para ensanchar los apoyos del Botànic.

Evidentemente en estos 2 años no todos los errores han sido del Consell de la Generalitat, y en la mitad del partido tenemos la obligación de evaluar hasta qué punto Podem ha hecho todo lo que tenía en su mano para fiscalizar el Pacte del Botànic, para convertirse en el puente con la sociedad civil y arrastrar al Consell hacia posiciones valientes en esos momentos de dudas entre la continuidad respecto al proyecto social del Partido Popular y el cambio hacia un nuevo modelo productivo. Conviene hacer autocrítica y constatar que, tal vez, no hemos sido capaces de tener el protagonismo que la sociedad valenciana y el electorado esperaba de nosotros y sin el cual, es complicado profundizar el cambio en nuestra comunidad. Un protagonismo que ante todo debía servir como herramienta para que la sociedad valenciana fuese partícipe en primera persona de la acción política. Tanto es así que siempre hemos dicho que la hoja de ruta del gobierno valenciano, el Pacte del Botànic, solo tenía sentido si era algo más que un pacto de partidos, el que había un cuarto actor, un cuarto firmante, que era la sociedad valenciana.

La falta de valentía del Consell y la falta de protagonismo de Podem han tenido como consecuencia un alejamiento de ese cuarto actor -de la sociedad valenciana- de la labor del gobierno, y lo que es mucho más preocupante, del Pacte del Botànic.

Debemos asumir nuestra responsabilidad y obligarnos a ser imaginativos a la hora de diseñar nuevos mecanismos para que la ciudadanía valenciana se sienta fiscal y parte del Govern. Una Auditoría Ciudadana del Botànic podría ser ese mecanismo. A mitad de legislatura, realizar un ejercicio de fiscalización, monitorización, deliberación y participación ciudadana para evaluar el grado del cumplimiento del Pacte del Botànic y fijar los objetivos que deben guiar la acción gubernamental y parlamentaria en estos 2 años que nos quedan; ya sea mediante consultas a la ciudadanía, mediante mesas de deliberación con todos los actores afectados en cada política concreta retransmitidas a toda la ciudadanía, con una selección aleatoria representativa de la sociedad valenciana para evaluar estos dos años… Existen multitud de técnicas de participación ciudadana que permitirían a la ciudadanía participar, controlar, exigir y proponer. Pero para ello es fundamental tener la valentía para someterse al escrutinio público y la confianza en la sociedad civil para proponer, criticar y diseñar la política que construya el País Valenciano de futuro cuyas bases todavía parecen demasiado endebles, ya que sólo si la sociedad valenciana acompaña, seremos capaces de ampliar nuestros derechos y ganar nuestro futuro.

Antonio Estañ es candidato a la Secretaría General de Podem y diputado en les Corts Valencianes.

La política en los últimos tiempos ha ganado espacio mediático y cultural y las referencias a series como éstas suelen ser frecuentes para establecer comparaciones con la realidad política. El problema que presentan es que, con mayor o menor realismo, muestran la política como una cuestión de carácter personalista, mediada por acuerdos que unos señores toman en espacios muy concretos, haciéndose trampas, giros de trama, traiciones y amagos dentro de los despachos, alejados de la sociedad. Esta dimensión existe, por supuesto, y hay que contar con ella, pero no es ni la única ni mucho menos la fundamental o definitoria de lo político, ya que deja fuera del mismo toda la dimensión de lo social, como si la sociedad fuera un mero “decorado” ante la actuación de personajes -y por eso algunos somos más de The Wire, que muestra el carácter estructural y relacional del poder-.

L’Acord del Botànic, su pervivencia y equilibrios, son cuestiones que han marcado la política valenciana y en cierta medida la 2ª asamblea de Podem pero explicar estas cuestiones desde el personalismo -el juego de tronos-, no sólo no nos dará una visión fiel del tema, sino que nos muestra cierta incapacidad de integrar a la sociedad en las transformaciones que este pacto debía y debe suponer para el futuro del País Valenciano. Sobre todo, cuando este pacto debía ser con la sociedad valenciana.

La vida parlamentaria y la gestión de gobierno centrada en lo inmediato y urgente favorece esta visión y además impide una mirada larga y ambiciosa. La atención a la urgencia a menudo dificulta la capacidad de abordar transformaciones de calado que perduren en el tiempo. Por eso, el rol fundamental de Podem en esta etapa tenía que basarse en dos aspectos y hacer aquello que los miembros del Consell no podían hacer:

Hacer a la sociedad valenciana verdaderamente partícipe de l’Acord del Botànic como partido-movimiento en contacto permanente con ella; y situar la mirada más lejos, pensar cambios más profundos, plantear estrategias más valientes. Concentrarse en delinear las grandes políticas de transformación a largo plazo.

Dos aspectos que en el fondo son uno, ya que para consolidar y profundizar esas políticas del cambio es imprescindible que nuestro pueblo las acompañe, es necesaria una sociedad civil que fiscalice el ejercicio del poder institucional, plantee exigencias y se movilice cuando las demandas populares no sean atendidas y, a la vez, defienda y proteja las conquistas alcanzadas. Necesitamos generar un clima cultural en nuestra sociedad de manera que quien gobierne, independientemente de quien sea, tenga que respetar las políticas sociales y democráticas logradas hasta el momento. Necesitamos desarrollar medidas para que la corrupción sistémica sea imposible de nuevo; pero además es necesario crear instituciones en el seno de la sociedad civil como medios de comunicación, espacios de producción intelectual, organizaciones sociales que consoliden las mejoras sociales conseguidas y pugnen por profundizarlas de manera constante. Desarrollar un movimiento popular que defienda las conquistas y empuje para llevarlas más lejos.

Durante sus dos décadas de gobierno, el Partido Popular desarrolló una hegemonía cultural que no se basaba solamente en el poder institucional, sino en generar un proyecto autonómico compartido basado en dos elementos: uno, la promesa de enriquecerse de forma fácil y rápida sobre la base de un modelo productivo cortoplacista y que fomentaba la corrupción; y dos, una identidad valenciana que recogía elementos regionalistas y se construía a partir de la división y la confrontación simbólica entre el propio pueblo valenciano, fomentando su desvertebración.

Este es el reto actual: construir los apoyos sociales suficientes para que el retorno del Partido Popular no sea posible en las próximas décadas actuando en esos dos sentidos.

Sustentando un modelo productivo alternativo que asegure empleo de calidad, bienestar y la sostenibilidad de nuestro territorio a largo plazo, algo que pasa, entre otras cosas, por ganar autogobierno y convertir la reivindicación de una financiación digna en una demanda arraigada en nuestro pueblo. Y construyendo una identidad colectiva valenciana nueva, asociando la idea de “lo valenciano” a un orgullo popular arraigado territorialmente, inclusivo, diverso y opuesto a las élites que lo saquearon.

Esta tarea no puede recaer en manos del PSPV, en crisis de legitimidad y proyecto por su falta de valentía y complicidad con la reelección de Mariano Rajoy, que cierra filas entorno a Susana Díaz y un modelo de España de corredor central y que representa la decisión del PSOE de acercarse al PP en vez de construir un país nuevo.

Ni tampoco puede ser una tarea exclusiva de Compromís, con límites bien delimitados para penetrar en la diversidad del País Valenciano y ahondar determinadas políticas.

En esa tarea Podem tiene que jugar un papel dirigente, autónomo y valiente; ser el catalizador de un nuevo proyecto valenciano que nos permita construir una alternativa social y cultural de bienestar y riqueza. Esa función no se puede abordar con una receta redactada en Madrid, ni con una visión puramente institucional. Ese es el debate fundamental y político de la 2ª Asamblea Ciudadana de Podem, cómo convertir Podem en lo que necesita el proyecto valenciano para sustentar y profundizar el cambio.

Estamos en un momento definitorio para el futuro del País Valenciano tras 20 años de Partido Popular y nuestro inusual estado en la política estatal, debemos definir el papel de Podem para definir el proyecto valenciano hacia un futuro de cambio político que signifique el bienestar de nuestra gente y la protección de nuestra tierra ante los que sólo han jugado con ella.

Esta reflexión sobre cómo debe ser Podemos obedece a cuestiones propias pero fundamentalmente a lo que ocurre fuera de Podemos: el modelo de país que queremos y que se ha dibujado con una apuesta plurinacional y por el derecho a decidir, un modelo entendido desde la pluralidad y el diálogo y no la uniformidad y la imposición, que precisa de estructuras que las reconozcan y ejerciten; el impulso municipalista, que desde los ayuntamientos del cambio está adelantando soluciones a las políticas de austeridad y desarrollando nuevas formas de hacer política desde lo cercano; la reivindicación de una mayor y mejor democracia, acercando los espacios de decisión a la gente haciéndoles partícipes y soberanos de las decisiones que les afectan.

Sin duda, se trata de una de las principales consignas de todas las propuestas pero, quienes vivimos en los municipios y pueblos de las periferias, sabemos que existen diferentes maneras de entender este concepto. Y es que las zonas más abandonas y empobrecidas -justo por serlo- suelen ser también las que menos capacidad de decisión tienen en las instituciones y organizaciones políticas, mostrando un claro desequilibrio entre centro y periferia, entre lo urbano y lo rural.

Esta descentralización del poder no se conquista en las capitales sino que adquiere su significado pleno en el trabajo diario, muchas veces invisible e infrafinanciado, de todas aquellas personas que dedican su esfuerzo a transformar la realidad de su municipio fortaleciendo el tejido social y los espacios de autoorganización ciudadana, y transformando los Ayuntamientos para ponerlos al servicio de la gente y del bien común. De esto es de lo que se trata crear un “movimiento popular” que consiga construir comunidad y ser capaz de ofrecer respuestas a la cotidianidad.

Por ello, sabemos que la participación activa desde los municipios y comarcas es la única garantía de construir una organización que no sea susceptible de cambiar un centralismo madrileño, presente en podemos desde sus inicios y reforzado por nuestra estructura estatal, por un centralismo valenciano, algo que también se da de forma estructural en nuestro territorio y que supondría reproducir el error y no atender a la desvertebración que arrastra el país valenciano. La descentralización debe concretarse, por tanto, en una oportunidad de construir una nueva forma de vivir y relacionarnos en una tierra con fuertes desequilibrios de poder. Necesitamos consolidar una organización que salga desde esta realidad concreta, desde abajo, y se consolide en las redes entre ciudades y pueblos porque la mejor forma de evitar concentraciones de poder (y las luchas vinculadas a las mismas) es que el poder esté en todas partes.

Quienes defendemos el derecho a la toma de decisiones desde lo cercano, a la autonomía política y económica de los círculos y consejos de pueblos y municipios, defendemos un Podemos del que todas las personas inscritas podamos ser parte activa en todo lo que nos afecta. Necesitamos un Podemos que eche raíces y se involucre en la creación de comunidad, en tejer solidaridad en todos los espacios de la vida social fortaleciendo espacios de unidad popular. Un Podemos capaz de afrontar los nuevos retos, de fundamentarse en las necesidades diferenciadas de cada lugar y de consolidarse como un espacio abierto, cercano, democrático, feminista y plural. Porque creemos en la participación como garantía democrática y como antídoto para las luchas de poder, queremos decidirlo todo.

Decía Richelieu que la lealtad en política es “simplemente una cuestión de fechas”, esta frase tan lapidaria y aparentemente cínica nos habla de una forma de entender la política como la gestión del poder, decisiones que se toman para conservarlo y cómo éstas son consideradas a lo largo del tiempo, según el paso de las fechas.

El 15M de 2011 abrió una brecha en nuestro sistema político, una brecha que para el PSOE, unida a la crisis de la socialdemocracia europea, le llevaba a una tensión irresoluble: ser leal al régimen del 78 manteniendo su correlación de fuerzas y, a la vez, ser capaz de plantear una alternativa distinta al PP. Esta brecha, aparte de aflorar la cuestión generacional, puso de manifiesto una serie de cuestiones no resueltas históricamente por nuestro país que la arquitectura del 78 no era capaz de solucionar: La cuestión social, la cuestión territorial y, algo que condensaba las dos: la cuestión democrática.

El 11 de junio de 2015 Ximo Puig firmó, en nombre del PSPV, junto con Compromis, Podem y la sociedad valenciana, el Acord del Botànic; el acuerdo que después de unos días de pugnas por el reparto de poder, le convirtió en President de la Generalitat, el primero tras 20 años de mayorías del PP. Un pacto que cuenta con, entre otros, el punto 5.1. que habla de “exigir al estado, a través de acciones políticas, una financiación adecuada para poder garantizar los servicios públicos, así como el reconocimiento de la deuda histórica.”

Un elemento del discurso de Ximo Puig en este “problema valenciano” ha sido la necesidad de tener un gobierno amigo en Madrid, algo que es rigurosamente cierto: la lacra de la corrupción popular y la losa de su mala gestión, que se han convertido en fetiche, son ampliamente superadas en coste económico por la infrafinanciación que impide que una comunidad, que ha decidido pasar página, tenga los servicios públicos que su gente merece.

El 19 de mayo de 2016, Pedro Sánchez visitó al presidente de la Generalitat tras haberse negado a aceptar la “entesa” valenciana, un acuerdo propuesto para evitar que el senado volviera a contar con mayoría conservadora y que mostraba la convicción federalista de Puig, así como sus esfuerzos por consolidar el pacto de gobierno durante el ciclo electoral. Un ciclo que se resistía a acabarse, al por no poder resolver esta contradicción cada vez más acuciante, y donde Pedro Sánchez entendió que su supervivencia pasaba por surfear el impulso de cambio de su militancia frente a las mismas voces que inicialmente lo apadrinaron y que, con Felipe Gonzalez a la cabeza, apostaban por favorecer una abstención al gobierno de Mariano Rajoy.

El 28 de septiembre, esta tensión que atenaza al PSOE desde mayo de 2011 estalló y Ximo Puig formó parte de los 17 miembros de la ejecutiva que, con su dimisión, cerraron la puerta a la posible creación de un gobierno alternativo que tratara de resolver la desigualdad social y de poner remedio a la crisis territorial por una vía democrática.

El 28 de septiembre, aunque declare que sigue en “el no” al PP y mantenga firme sus principios, su compromiso con la consecución de un gobierno amigo en Madrid quedó debilitado al obstaculizar la posibilidad de un gobierno a nivel estatal bastante similar al que aquí preside, evitando que gobierne el partido que nos infrafinancia y chantajea.

El 28 de septiembre, Puig dimitió, y eligió esa fecha y no otra; no lo hizo después de los resultados del 26J tras la fallida entesa, ni mucho menos él ni sus compañeros dimitieron ante escándalos de su partido como los ERE, el cambio del artículo 135, no dimitió al oír a Felipe González decir “a pesar de lo que hicimos en el País Vasco”. Puig dimitió junto al resto de sus compañeros, ante, según él, la imposibilidad de formar un gobierno bueno para España y bueno para los valencianos y valencianas.

Esta decisión de unir su destino a gente como Susana Diaz o Fernández Vara, hacen difícil de entender cómo casa con su vocación federalista, la reivindicación del corredor mediterráneo o decisiones valientes y necesarias como ha sido la normalización de las relaciones con Cataluña. Si Pedro negó la entesa, no parece que compañeros de viaje como Susana, que gobierna con Ciudadanos, o García-Page, que señala desde La Mancha el problema catalán, tengan una visión más federal.

El próximo 5 de octubre, Puig había anunciado su deseo de encabezar una reivindicación en Madrid por una financiación justa; hoy, las contradicciones de un partido y todo un sistema político incapaz de ofrecer soluciones a la realidad social y territorial de nuestro país han saltado por los aires.

La lealtad en política,a veces, es simplemente cuestión de fechas, ellas nos dirán si estas contradicciones, también presentes en el PSPV, se resuelven en favor de sus ciudadanos o de sus alianzas internas, que seamos capaces de salir de ellas con un proyecto nuevo en clave social y política, para el País Valenciano y para España.