“Winter is coming” y la Unión Europea, ante la crisis del gas ruso y las dificultades crecientes de extracción y distribución internacional, prepara un plan para reducir la demanda de gas un 15% apelando a la solidaridad entre países miembros. Sin embargo, Estados como el español y el portugués, por su falta de interconexión con el resto de países europeos, entre otros factores, solo tendrían que reducir su consumo un 7%. A simple vista daría la impresión de que la UE por fin se toma en serio las demandas ecologistas, aunque sea por la presión de la guerra: reducción y solidaridad. Pero un análisis pormenorizado de la propuesta revela todo lo contrario: una iniciativa de mantenimiento del modelo fósil que beneficia a los países más enriquecidos de la UE y un viraje del discurso que incorpora la perspectiva de la economía de guerra.

La necesidad de reducir el uso del gas es incuestionable desde antes de las restricciones generadas por la guerra en Ucrania. Por un lado, por el inevitable declive en la accesibilidad de los combustibles fósiles; desde 2019 la extracción de gas a nivel mundial está en receso. Pero, sobre todo, el gas se debe abandonar completamente junto al resto de combustibles fósiles para 2040 en la UE porque es la única manera de tener alguna opción de que la emergencia climática pueda mitigarse a tiempo. Además, reducir el consumo de gas es la vía para conseguir un modelo energético más descentralizado, democrático y menos dependiente del exterior. Un modelo para salir de la perspectiva belicista y construir una economía para la paz, que realmente ponga la vida digna en el centro. Desde ahí es positiva la reducción de la demanda de gas, aunque debería ser más ambiciosa que el 15%, incluido en el Estado español, y debería incorporar otros combustibles fósiles, principalmente en el sector del transporte y en el de la generación de electricidad (no vaya a ser que la UE esté pensando en sustituir ciclos combinados de gas por centrales térmicas de carbón).

Pero lo que realmente no cuadra es el concepto de “solidaridad” que maneja este acuerdo, una “solidaridad” obligada e impuesta, que se parece al concepto de servidumbre. La solidaridad, horizontal por definición, solo se puede entender en términos de reparto de todos los recursos y de depuración de las responsabilidades. Sin embargo, lo que busca el acuerdo es asegurar el consumo de los países más enriquecidos de la UE, como Alemania o Países Bajos, cuyas emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son de las más altas de la UE y del mundo –y más lo serían si se contaran las emisiones históricas o las ligadas al consumo en lugar de a la producción anual, que es como se suele medir–.

Resulta poco creíble que apelen a la solidaridad quienes no hace mucho se la negaron a los Estados del sur de la Unión Europea (recordemos aquel acrónimo que nos dedicaron: PIGS), exigiendo fuertes ajustes estructurales porque eran “vagos y despilfarradores” frente a la “frugalidad” de los países nórdicos. Este es el momento de demostrar esta frugalidad en los países de la UE que más se han enriquecido y que más emisiones de gases de efecto invernadero han generado. Son quienes deben hacer los mayores esfuerzos de cambio, de reducción del consumo, de transformación de sus sociedades.

Por eso tampoco cabe pedir que el Estado español se convierta en el hub del gas de la UE por cuestiones de “solidaridad”. No es el momento climático de incrementar las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), más caro y perjudicial para el clima, para hacer funcionar las regasificadoras a plena potencia y justificar la apertura de aquella considerada en el 2012 por el CNE no necesaria para el suministro estatal. No es el momento de resucitar el MidCat en base a futuribles como el hidrógeno “verde'', ni de construir nuevos gasoductos de coste multimillonario entre países. Tampoco es solidario convertir una parte importante del territorio peninsular, pasando por encima de la agricultura y la conservación de los ecosistemas, en un captador de energías renovables para generar hidrógeno ”verde“ que sostenga el consumo energético de los países ”frugales“.

Sin embargo, coincidimos con la UE y los Gobiernos alemán o español en que necesitamos solidaridad, y mucha. Una solidaridad, en primer lugar, entre clases sociales, con aquellas personas que sufren pobreza energética. Es urgente asegurar que todo el mundo tenga sus requerimientos básicos energéticos cubiertos; recordemos que ya hay gente que cada invierno sufre las consecuencias del frío. Estamos sufriendo una grave emergencia climática, con terribles repercusiones ambientales y sociales. Repercusiones muy desiguales según el nivel de renta. No hay más que ver quiénes están sufriendo más las sucesivas olas de calor: aquellas personas que no tienen aire acondicionado ni piscina, quienes tienen que trabajar bajo un sol abrasador (paradójicamente, aquellas cuyos niveles de consumo producen menos emisiones de gases de efecto invernadero).

También una solidaridad entre Estados, pero con una mirada larga, que abarque al conjunto del planeta. Desde este marco, no se puede olvidar que los países de la UE están entre los principales emisores históricos, per cápita y actuales del planeta. Los mismos países que, insolidariamente (inhumanamente), cierran sus fronteras a quienes huyen de hambre, pobreza o sequías. Desde esta perspectiva, la UE, toda la UE, tiene que hacer una drástica dieta fósil.

No olvidemos tampoco que la mayor parte del consumo de gas es atribuible a los sectores industriales, quienes siguen mostrando enormes resistencias al cambio necesario. Aquí se pueden nombrar algunas de las grandes multinacionales españolas, a las que pedimos que se sumen a la ola de solidaridad que emana de la UE y se aprieten el cinturón en cuanto al consumo de gas y otros combustibles fósiles que ya escasean. Eso sí, sin trasladar sus repercusiones a la población más vulnerabilizada.

La emergencia climática no es un hallazgo del último lustro. El pico de los combustibles fósiles tampoco nos pilla por sorpresa, y va mucho más allá de una consecuencia coyuntural de la guerra en Ucrania. La necesidad de reducción del consumo de energía fósil no ha aparecido en 2022, lleva tiempo siendo demandada. Tampoco es nueva la enorme dependencia de la UE de la compra de crudo a países que vulneran derechos humanos, hoy es Rusia, pero ayer lo fueron Arabia Saudí, Azerbaijan, Argelia y una larga lista. El movimiento ecologista lo lleva señalando décadas, exigiendo además justicia climática, por la cual son aquellos países más enriquecidos, que más cambio climático han provocado, a quienes corresponde realizar los mayores esfuerzos: que obliguen a sus grandes empresas a poner los derechos ambientales de las personas y el resto de seres vivos por encima de sus beneficios. Sin embargo, COP del Clima tras COP del Clima, los acuerdos de reducción siguen estando muy lejos de lo que indica la ciencia, sin olvidar que en muchos casos su aplicación ha sido un gran fracaso.

“Winter is coming”, sí, pero nunca es tarde para actuar. En ese hacer, la solidaridad y la reducción del consumo son fundamentales. Pero más allá del invierno de 2022, el problema es la crisis ecológica y social a la que nos enfrentamos. Una crisis que, además, sufren mucho más fuera de Europa. Por eso lo solidario –y efectivo– es cambiar definitivamente el modelo de producción y consumo. Y que el mayor esfuerzo lo realicen quienes más responsabilidad han tenido en la creación de este problema. De otra manera, se seguirán poniendo parches (poco solidarios) que se abrirán en la siguiente crisis coyuntural dejando un margen de maniobra menor (o inexistente).

Termina la cumbre del clima en Katowice, la conocida como COP24, que aunque no ha tenido la visibilidad que si ganó la cumbre de París su trascendencia era igual o mayor. Esta cumbre que debía cerrar y concretar el compromiso de mantener el incremento de la temperatura global muy por debajo de los 2 ºC y a ser posible en 1,5 ºC cierra nuevamente en falso. Y ya van 3 cierres así desde que se aprobase el Acuerdo de París.

Era obvio a priori, la insuficiencia de tiempo para la negociación, ya que la falta de textos de los anteriores encuentros era una pesada losa para el avance de las negociaciones. Prueba de ello, es cómo muchas primeras versiones salieron durante el encuentro de Bangkok de septiembre, que tuvo que ser fijado de forma extraordinaria cuando la cumbre de Bonn de mayo no adelantó todo el trabajo necesario.

El avance que era previsible es el conocido como libro de reglas que básicamente son las partes más técnicas, influidas enormemente por las necesidades de contabilidad y científicas y que se basaba en anteriores decisiones de la COP y de los protocolos del IPCC. Aunque este libro si que debería haber recogido una serie de decisiones políticas en materia de adaptación, financiación e incremento de la ambición, pero son precisamente estos artículos los que han caído de la redacción final. Podemos afirmar que el libro de reglas se convierte finalmente en un protocolo de contabilidad de emisiones al olvidar incluir como se financiará la lucha climática y cómo se ajustarán los compromisos de reducción a los niveles necesarios.

Aquella foto triunfalista que copó las portadas de todos los periódicos mundiales bajo el titular “acuerdo histórico global” empieza a desdibujarse. La evaluación de muchas organizaciones como Ecologistas en Acción, ya dijeron que era un acuerdo de mínimos que dejaba a la mera voluntad de los países actuar o no. Es frívolo hablar desde la óptica de la legislación internacional de una cuestión que tiene y tendrá incidencia directa sobre la vida de la mayor parte de la población. La realidad es que estas conversaciones climáticas son, en el fondo, una partida de ajedrez con palabras donde escoger un verbo u otro marca una diferencia abismal. En este sentido decidir entre si tomamos nota, consideramos, aceptamos o adoptamos, puede ser una lucha política que bloquee la aprobación de un acuerdo.

Evaluar los documentos finales debería ser la única prueba de éxito o fallo de estas cumbres. Más allá de señalar con el dedo a países como Arabia Saudí y Estados unidos que se niegan a adoptar las conclusiones del IPCC y eliminan el único artículo que merecía la pena. O visibilizar como Brasil se esfuerza en bloquear algunos mecanismos que aunque no son el camino adecuado para frenar el cambio climático, suponen un problema para los planes de tala del Amazonas del nuevo gobierno brasileño.

Está claro el mensaje que el IPCC dio en octubre, sino se produce un descenso drástico e inmediato de las emisiones globales todo el planeta sufrirá graves consecuencias. Como mediterráneos acostumbrados a la sequía, sabemos y vemos como estas cada día se incrementan más, así como la duración y la intensidad de las olas de calor. Unas consecuencias que se agravarán, y se duplicarán si en vez de 1,5 º la temperatura se incrementa por encima de los 2 ªC, ¿Qué pasará a 3,5 ºC que es la temperatura mínima a la que nos conducen los compromisos asumidos hasta la fecha?

Probablemente en el imaginario de algunos países, esto no sea demasiado problema debido a sus bajas temperaturas. Este pensamiento es enormemente erróneo, ya que no considera que la temperatura del planeta es una forma de medir la energía de la atmósfera. Más energía en la atmósfera no solo es mayor calor, sino que los eventos meteorológicos sean más intensos, las lluvias torrenciales son una clara muestra de ello. Empiezan a experimentarse fenómenos como los incendios forestales que hasta el momento no eran frecuentes.

A pesar de que las alarmas ya no pueden ser ignoradas los resultados de las negociaciones climáticas son bipolares, por no decir esquizofrénicos, mientras el IPCC recrudece su terminología dando rangos de alta confianza a las hipótesis más duras en las COP se hace lo contrario. Los enunciados que deberían tener fuerza usando expresiones como decide, reitera o ratifica usa expresiones enormemente blandas. Lo curioso es que el uso de estas expresiones blandas se convierten a medida que transcurren las negociaciones y el cansancio de los días, en el menor de los males.

La tradición de las COP manda que el penúltimo día antes del cierre, haya un texto que aunque no satisface a todos tiene expresiones salvables. Desde la publicación de este texto a conocer el definitivo pasan días en los que se va generando un eterno rumor de que saldrá de forma inmediata. Así, tras el cansancio de llevar horas cargando una página web para ver si se ha avanzado, se presenta la versión definitiva que ya ha eliminado cualquier síntoma de ambición. Durante esta COP la peor de las omisiones fue las gigatoneladas que debían alcanzarse en 2030 según el IPCC.

El resultado, como era de esperar, es la huida hacia delante de la cumbre climática. Lo cuál es excesivamente grave si asumimos que solo quedan 12 años para actuar. Aunque el ex negociador jefe de Arabia Saudí represente precisamente el problema de la lucha climática, quizá no vaya tan desencaminado cuando se mofa indignamente de todos los participantes de la cumbre manifestando que el Acuerdo de París está muerto.

La ciudadanía global es responsable de generar emisiones, pero no de la incompetencia de líderes políticos más empeñados en defender intereses económicos que el bien común, forzándonos a ser los cómplices necesarios. Por ello, los representantes de la sociedad civil decidieron sentarse en las escaleras del plenario para escuchar a los afectados y a quienes, desde las líneas de la lucha de género e indígena, subrayaban que demandaremos justicia climática. Frente a su temeraria pasividad, nos levantaremos siempre para proteger la existencia de un futuro digno para todas las personas del planeta, sin olvidar que el 10% de los más ricos son responsables del 50% de nuestras emisiones.

El Acuerdo de París se cerraba hace casi un año, culminándose el trabajo que desde 2009 se estaba realizando para dar un sucesor al Protocolo de Kioto. Se buscaba un acuerdo que fuera capaz de acelerar la lucha contra el cambio climático ante el bloqueo que supuso la cumbre de Copenhague. Durante este último año han sido constantes los anuncios sobre el impulso que determinados países querían dar a esta lucha climática.

Por fin, el pasado 4 de noviembre entraba en vigor el Acuerdo de París al haberse alcanzado el número de adhesiones necesarias. Se ha convertido en el primer acuerdo internacional que es ratificado en menos de un año. Un récord atribuible a la diplomacia francesa que fue capaz de pactar las indefiniciones necesarias para que no supusiera mucho problema a ninguno de los países. Así, la palabra descarbonización desaparece del texto oficial, en gran medida por las presiones de estados petroleros como Arabia Saudí, cuyos negociadores son incapaces de reconocer la necesidad de mantener el 80% de los combustibles fósiles bajo el suelo.

Los compromisos puestos sobre la mesa a día de hoy nos dirigen a un calentamiento de más de 3,5ºC, el doble de lo que el IPCC establece como climáticamente seguro. Por ello, resulta imprescindible incrementar los compromisos a la mayor brevedad posible para ajustarnos al camino descrito por la ciencia. Es la única manera de poder alcanzar el objetivo del acuerdo de París.

Un año perdido

Las buenas palabras escuchadas a lo largo de este año contrastan con la inacción de Marrakech. Prueba de ello es que el proceso que culminó en París fue precedido de cinco reuniones entre sesiones, mientras que a lo largo de este año solo se ha producido una de estas reuniones. Una falta de trabajo que ha sido sustituida por actos para la foto oficial y grandes compromisos sin correspondencia con acciones concretas.

Por tanto, no es extraño que en la pasada COP22 no se hayan producido avances significativos. De hecho, los textos finales reconocen que ha sido imposible alcanzar un acuerdo en esta cumbre y que cualquier toma de decisiones se pospone a 2018. Una pasividad que contrasta con las declaraciones de Ban Ki-moon al señalar la enorme urgencia de frenar el cambio climático.

Era fundamental que en esta cumbre se hubiesen cerrado asuntos como la financiación de la lucha climática. Se esperaba definir una hoja de ruta para disponer los 100.000 millones de dólares anuales para el fondo verde, o el desarrollo de un fondo que permitiera afrontar las pérdidas y los daños. Sin embargo, como quedó patente en el último plenario, estamos todavía muy lejos de poder concluir estos debates, ya que los países enriquecidos no parecen dispuestos a articular los mecanismos necesarios para la provisión de fondos.

También resultaba llamativo que en torno a la cumbre hubiese numerosos expositores que mostraban como solución tecnologías y actuaciones que son solo un parche para seguir sin que nada sustancial cambie. Parece que el que sale victorioso de esta cumbre es una vez más el modelo económico capitalista, que no es sino la raíz del problema. El lavado verde resulta cada vez más evidente, en especial a través de una importante presencia de las empresas que superaron en número a los representantes de la sociedad civil.

El objetivo de estos representantes empresariales es la promoción de falsas soluciones que no han demostrado su eficacia para luchar contra el cambio climático, como la captura y el almacenamiento de carbono, la especulación sobre bosques y sumideros o la financiarización de la lucha climática. Mientras que aspectos como los derechos humanos, la justicia climática o la responsabilidad histórica son sistemáticamente ignorados.

La larga sombra de Trump

La falta de noticias sobre los avances ha sido sustituida por la elección de Trump. Esta ha ocupado un lugar central en Marrakech, donde hemos escuchado a numerosas autoridades políticas hablando sobre si esto impediría de alguna forma la lucha contra el cambio climático. Solamente Françoise Hollande dejaba entrever que el problema no era que los estadounidenses hubiesen elegido a Trump, sino que no existían las medidas oportunas para impedir que los incumplimientos saliesen gratis.

También, las medidas de limitación del comercio global parecen una línea roja que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático no está dispuesta a cruzar. Esto imposibilita la efectividad del Acuerdo de París cuya única capacidad real de presión consiste en señalar a los incumplidores, sin mayores consecuencias.

Aunque el caso estadounidense tenga vital importancia, existen muchos países que carecen de la autoridad suficiente como para dar ejemplo en la lucha climática. Este es el caso del Gobierno español, que a pesar de repetir hasta la saciedad que cumplirían los compromisos internacionales no han presentado hasta el momento ninguna hoja de ruta que permita alcanzar tal objetivo. Resultan incluso cuestionables los compromisos españoles, ya que somos de los pocos países de nuestro entorno que podremos seguir incrementando nuestro impacto climático.

La respuesta vendrá de la sociedad civil

El anuncio de los países más vulnerables sobre su incremento de ambición como única forma de garantizar su propia supervivencia es una de las pocas excepciones a esta situación deprimente. El resto de discursos han sido claramente ambiguos, mientras las posiciones reales han conseguido bloquear el correcto desarrollo de los grupos de trabajo. La tan prometida lucha climática, parece cada día más lejos de convertirse en una realidad.

Nos quedamos sin tiempo para actuar. A pesar de ello, las negociaciones internacionales parecen buscar más el modo de dilatar la lucha contra el calentamiento global, lo que hace difícil que las cumbres del clima sean parte de la solución.

En su lugar, la sociedad civil reclama cada vez más su labor como auténticos agentes del cambio. Así quedó patente en las cumbres alternativas que se sucedieron. Unas cumbres que sufrieron gran cantidad de ataques por parte del Gobierno marroquí, y en especial a las organizaciones del país que vieron revocada su personalidad jurídica meses antes de la COP. Es necesario renovar el impulso de las redes internacionales que ponen en el centro el concepto de justicia climática y cuyos esfuerzos ya están demostrando que es posible vivir en un mundo que respete los límites planetarios.

Ante las crisis energética, climática o las recurrentes crisis financieras y económicas, se van alzando distintos sectores que quieren dar un impulso al aprovechamiento energético de diferentes tipos de materia orgánica (agrocombustibles, biomasa para producción de calor o electricidad, etc.). Pero se corre el riesgo de seguir las mismas lógicas que nos han traído a la situación actual: maximizar el beneficio en el corto plazo, modelos de explotación intensivos de ecosistemas, apuesta por complejas tecnologías y grandes escalas industriales, o desatención a los límites materiales del planeta. Una apuesta que intenta alargar el modelo fósil actual sustituyendo el petróleo por materiales de origen biológico, sin considerar los impactos en materia climática y alimentaria.

Históricamente la biomasa ha sido clave para la alimentación humana y animal, en las labores agrarias, como combustible para hogares y pequeñas industrias; y aportando material para la construcción o la fabricación de herramientas. Durante milenios la producción de residuos orgánicos era anecdótica, ya que los subproductos agrícolas eran también alimento y cama para el ganado, fertilizantes naturales para los cultivos, dentro de un ciclo cerrado de materia alimentado por la energía del sol. Estos ciclos se rompieron con la industrialización de la agricultura y ganadería, cuya consecuencia ha sido la degradación de los ecosistemas y el calentamiento global. A modo de ejemplo, mientras ha crecido el riesgo de incendios por, entre otros motivos, el menor pastoreo de una menguante ganadería extensiva, la acumulación de residuos de la ganadería industrial contamina cauces de agua e inutiliza acuíferos.

En los últimos años, la industrialización agrícola ha añadido la capacidad de transformar muchos aceites, cereales o biomasa forestal/leñosa en combustibles sólidos y líquidos. Estas aplicaciones han sido defendidas por muchos sectores como neutras en términos climáticos. Sin embargo, este planteamiento –que obviaba todas las emisiones asociadas a la forma de producción de estos recursos– se ha demostrado falso. Un impacto que se ve aumentando en los principales países de origen de estas materias primas, donde una gran cantidad de los nuevos territorios dedicados a la producción de la palma aceitera y soja han sido arrebatados a la selva o a las turberas, y en muchos casos a través de grandes incendios forestales. Este cambio de la selva a las plantaciones disminuye la cantidad de CO2 que el territorio es capaz de fijar, además de sumar anualmente las emisiones resultantes de la roturación y el manejo de las explotaciones de agrocombustibles.

A la deforestación directamente atribuible a nuevas plantaciones energéticas hay que sumarle, además, la que se produce para cultivar alimentos que han sido desplazados de zonas tradicionales agrícolas, dedicadas de manera creciente a cultivos destinados a la producción de energía.

Falsa neutralidad climática

Esta falsamente auto-atribuida neutralidad climática, constituyó el principal argumento para que se considerasen dentro de los objetivos de reducción de las emisiones de GEI de la UE. A pesar de una reciente reducción de su posible contribución al mix energético renovable europeo, se estima que de cumplir con el objetivo previsto para 2020 las emisiones del transporte europeo aumenten en un 4%, el equivalente a 12 millones de vehículos adicionales en nuestras carreteras, únicamente por la inclusión de los denominados biocarburantes/agrocombustibles de primera generación dentro de los objetivos.

Son muchas las limitaciones que tienen estas formas de energía, pero es cierto que pueden suponer alternativas sostenibles dentro de un mix energético renovable y descentralizado. La aplicación de una lógica basada en los límites planeta al uso energético de la materia orgánica puede definir claves que ayuden a avanzar hacia otro modelo energético.

Integrar la materia orgánica en modelos sostenibles

Frente a subastas energéticas que premian modelos de concentración bajo criterios economicistas se debe orientar la transición energética hacia modelos de pequeña escala basados en la extracción de biomasa bajo criterios ecológicos y ecosistémicos. En el caso de las masas forestales, ya existen ejemplos en marcha como los de las comarcas catalanas de El Llucanés o la Cerdanya, donde han apostado por el uso de biomasa local para calentar domicilios, negocios y equipamientos públicos de la comarca. Una apuesta que surge del rechazo del modelo fósil que proyectaba centrales térmicas de biomasa, por, entre otros motivos, ofrecer peores condiciones de compra de la biomasa a los propietarios forestales; mostrando con ello las sinergias positivas entre sostenibilidad, cadenas cortas de producción-consumo y desarrollo rural.

Integrar los diferentes usos de la biomasa (alimentario, energético, material), siguiendo el principio de uso en cascada de residuos, es una pieza fundamental para reducir el impacto propio de los grandes sectores económicos. Por ejemplo, la utilización de subproductos como la poda para usos térmicos o el compostaje de los alperujos en la Cooperativa Olivarera de Los Pedroches (Córdoba) consigue reducir no solo la cantidad de residuos que generan sino ahorros directos a los cooperativistas.

También existen modelos de gestión ganadera como el de la cooperativa de vacuno lácteo Crica en Megeces (Valladolid) cuyo modelo de explotación ecológica no solo evita el sobrepastoreo o mejora la calidad de los suelos aprovechados, sino que además reactiva una economía local y evita la importación de soja y piensos para la alimentación animal. Son muchos más los ejemplos como estos que recogen el cuadernillo buenas prácticas para el clima en el aprovechamiento de diferentes tipos de biomasa de Ecologistas en Acción.

Aun integrando estos criterios de sostenibilidad no podemos obviar la necesidad de reducir el consumo energético, la producción de energía de origen biológico no puede cubrir la demanda fósil actual. En este sentido debemos de abordar qué usos son viables y cuáles otros ahondan todavía más en la huida hacia delante de un modelo caduco.

Mientras sabemos que los agrocombustibles pueden ser fundamentales para adaptar sectores de difícil sustitución tecnológica, como el de la aviación y el tráfico marítimo internacional, el destino mayoritario de los agrocombustibles es el del vehículo privado. De esta manera se está masificando un agrodiésel con un potencial de calentamiento global 2,5 veces mayor que el gasoil fósil. Un debate que se complica más al reflexionar sobre el papel clave de la materia orgánica en un futuro para la sustitución de derivados del petróleo como plásticos o disolventes, material de construcción,….

La biomasa no es ni ángel ni demonio, es un ejemplo más de cómo debemos de cambiar la lógica de la explotación de los recursos a una visión más holística que trate la materia orgánica de una forma integrada y circular, y no como una mero recurso agrícola o material o energético. Muchas de las respuestas están ya sobre la mesa, y parte de la biomasa entra en esa respuesta. No necesitamos inventar nada nuevo sino apostar por anteponer la preservación de los ecosistemas y los equilibrios que permiten la vida a los caprichos del metabolismo de una humanidad petroadicta, única forma de garantizar la existencia de un futuro.