“Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Magistrado Fred Biery, juez del Tribunal oeste de Texas.

Resolución ordenando la puesta en libertad del niño Liam Conejo. 31 enero 2026.

Estados Unidos (EEUU) ha sido mucho tiempo un modelo político para el mundo. El primer país en aprobar una Constitución (1787), un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. A pesar de su permanente injerencia en otros países y de su siempre escaso estado social, esa es la imagen que durante décadas nos han transmitido. Pero desde hace años la mayoría de la población estadounidense tiene una visión negativa de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo, en gran medida por la permanente degradación de las condiciones de vida de las clases populares, un malestar que ha ido creciendo durante la presidencia de Biden y que ha ayudado al autócrata a volver a la Presidencia a pesar de haber intentado acabar con la democracia incitó al único asalto que ha sufrido el Congreso de los EEUU en su historia, sin ninguna consecuencia para el autor mediato. Al carecer de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense, Trump ha optado por hacer responsables a migrantes y otros colectivos de los problemas de EEUU.

Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza, incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2025. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, dónde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial. Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior, tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades. Así hizo con Renee Good y Alex Pretti, víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Minneapolis a las que calificó como terroristas empujados por la izquierda.

La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EEUU Fue aplicada en Centro y Sudamérica desde final de los años 50 del siglo XX hasta la década de los 80, por dictaduras militares que causaron decenas de miles de muertes y desapariciones de personas que eran consideradas disidentes políticos. Nunca hasta ahora se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU.

Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un enemigo interior son principalmente:

•1.– Un extenso grupo de la población civil es considerado el enemigo interior a combatir, toda vez que es entre la población civil como se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión.

•2.– La eliminación de garantías jurídicas es condición sine quanon para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para alcanzar el objetivo de eliminar al enemigo interior.

•3.– En el combate al enemigo interior se utilizan tanto a cuerpos policiales como a ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase ilegales– de esta guerra.

•4.– La acción de inteligencia –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra.

•5.– Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil.

Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11–S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. En aquella ocasión, se trataba de combatir a enemigos exteriores de los EE. UU. que, de forma excepcional, podían atacar dentro del país. El enemigo había entrado en casa, pero doctrinalmente no se consideraba que fuera parte de la sociedad estadounidense. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado, vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EEUU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir. Un enemigo camuflado entre la sociedad estadounidense, conformado por grupos sociales considerados subversivos, disidentes o dañinos para la identidad cultural de EEUU.

Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump viene aprobando sistemáticamente una legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, a la vez que trata de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley –Laken Riley de 29 de enero– que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense. También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades –incluso residentes legales en EEUU o estadounidenses de origen extranjero– sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EEUU hay que añadir los extraterritoriales. Mas de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción es la causa de que la tensión entre los principios de la libertad y los de la seguridad interna, se esté resolviendo mayoritariamente a favor de la seguridad y en detrimento del disfrute de libertades civiles.

Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esta actuación coincide con la tercera característica señalada por Robin. El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FFAA, en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EEUU estaría sufriendo una “invasión interior”, organizada desde dentro, “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra, Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FFAA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “quede fuera de control”. Previamente, en sus primeras semanas en el cargo, Hegseth había cesado al jefe del Estado Mayor, general C. Q. Brown, el primer afroamericano que llegaba a ese puesto, por considerar que sus posiciones eran demasiado progresistas. También cesó a mujeres que desempeñaban altos mandos, por el mero hecho de ser mujeres, como hizo con la jefa de Guardacostas Lisa Franchetti,. Y ha ido cesando a los jefes de los departamentos jurídicos de las distintas ramas de las FFAA. que habían advertido de la ilegalidad de acciones militares, como el ataque a lanchas en aguas internacionales del Caribe y el asesinato de sus tripulantes. En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida. También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EEUU –bajo mando de los gobernadores de los Estados– y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata – Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles–, con la finalidad de perseguir al enemigo interior, a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes. A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras –US Border Patrol–, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos. El año con más muertes en custodia de ICE en más de dos décadas de existencia fue 2025, 32 muertes acreditadas, además de las ejecuciones extrajudiciales de Minneapolis.

La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. LaUS Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas. Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata. Quienes son relacionados con un comportamiento considerado sospechoso atendiendo a distintos parámetros, son detenidos con cualquier pretexto, interrogados y en su caso registrados sus vehículos. Una práctica que vulnera la Constitución de EEUU que exige una causa probable para la detención, prohibiéndola por decisiones aleatorias. En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FFAA y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EEUU, sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas. Para impedir cualquier control Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe expresamente a los Estados aprobar normas de regulación de la inteligencia artificial.

La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población sobre la que se quiere intervenir. También son características que se aprecian en la actuación de Trump. Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes, y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas. Ha desplegado al ejército y a grupos parapoliciales en operaciones intensas en espacios territoriales delimitados, con la finalidad de acosar a los colectivos a los que ha decidido combatir.

Robin identifico algunas características más en la aplicación de la doctrina de la guerra contra el enemigo interior. Concretamente la utilización de la tortura como arma contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales –éstas han sido utilizadas de forma sistemática contra las tripulaciones de lanchas en el Caribe y esporádicamente en Minneapolis, casos Good y Pretti– y las desapariciones forzadas. Aún puede ser pronto para afirmar taxativamente la aplicación sistemática de éstas, pero comienzan a observarse preocupantes patrones de implementación de las dos primeras.

Trump es un peligro para el mundo, pero incluso lo es más para los EEUU. Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales. El pasado 2 de febrero pidió al Partido Republicano que tomara “el control de las elecciones en al menos 15 lugares”, cinco días después de ordenar una operación policial de registro e incautación de materiales electorales de las elecciones de 2020 en oficinas electorales de Georgia. No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028. “No deberíamos tener elecciones”, dijo el pasado 20 enero, tras difundir el bulo replicado en España por Feijóo, sobre el intento de fraude electoral que atribuye a sus adversarios mediante el imposible voto de inmigrantes.

Todo esto que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.

La garantía los derechos fundamentales a todas las personas –el derecho a una vida digna, a la integridad, y a un desarrollo digno y aceptable– ha estado en el núcleo de la acción política de la comunidad de naciones civilizadas al menos desde la proclamación de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Redactada en consulta con el norteamericano Thomas Jefferson y aprobada por la Asamblea Nacional francesa, es el principal legado de la Revolución Francesa.

En desarrollo de las normas protectoras de los derechos fundamentales derivadas de la declaración de 1789,  fueron aprobadas las primeras regulaciones de derecho internacional humanitario –el derecho aplicable de forma imperativa a los conflictos armados–  normas construidas sobre la obligación de respeto escrupuloso en los cualquier  conflicto a la integridad de la población civil.

España puede considerarse un país precursor en estos esfuerzos de protección de la población civil en los conflictos armados, a la vista del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, suscrito entre el general español Pablo Morillo y “el Libertador” Simón Bolívar, en las guerras de independencia americanas, probablemente el primer tratado de derecho internacional humanitario moderno.

Su artículo 1 indicaba que “La guerra entre España y Colombia se hará como la hacen los pueblos civilizados (…)”

Y continuaba el art. 11 respecto a la protección de la población civil: “Los habitantes de los pueblos que alternativamente se ocuparen por las armas de ambos gobiernos, serán altamente respetados, gozarán de una extensa y absoluta libertad y seguridad, sean cuales fueren o hayan sido sus opiniones, destinos, servicios y conducta, con respecto a las partes beligerantes”.

Posteriormente, más de 25 países, las principales potencias de la época –Estados Unidos, Inglaterra, China y España, entre otros– suscribieron la Segunda Convención de la Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899, que incorporó la denominada Cláusula Martens, la primera norma de categoría y alcance internacional de protección a la población civil en los conflictos armados: “Hasta que un Código más completo de las leyes de guerra se emita, las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, (…), las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública”.

El surgimiento del fascismo, del nazismo y del imperialismo japonés desencadenó la más grave guerra mundial conocida por la humanidad hasta el momento. La posterior derrota de estos regímenes criminales hizo necesario el establecimiento de un nuevo orden jurídico internacional para evitar la repetición de  los graves crímenes contra la humanidad que cometieron. Este nuevo orden fue construido con el consenso de los dos bloques políticos-militares predominantes hasta finales del siglo XX, situando el respeto a los derechos fundamentales de la persona como principio orientador de las relaciones internacionales. La Declaración Universal de los derechos humanos y la Convención para la prevención del genocidio, ambas de 1948,  iniciaron esa nueva época de protección de la humanidad, que continuó con la aprobación y con las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949.  La humanidad ha progresado desde entonces sobre el respeto a los derechos humanos, la observación de un derecho penal internacional preventivo de crímenes contra la humanidad, y con una exhaustiva regulación del derecho aplicable en las guerras, en especial para la protección de la población civil y de quienes han quedado fuera de combate.

Este orden internacional –imperfecto por la debilidad de los mecanismos de exigencia de su cumplimiento,  pero civilizado— es lo que está siendo demolido a marchas forzadas por la nueva administración estadounidense de Donald Trump, para el cual no existe más legalidad internacional qué sus caprichosas decisiones siempre asociadas a la oportunidad de negocio, y no necesariamente de los Estados Unidos sino de él y de la élite de tecno-empresarios a los que parece que ha entregado el control de su administración. El abandono por los Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud o de la Agencia de la Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) –previamente ilegalizada por Israel en su territorio–  son otros pasos en el iter seguido por Trump para acabar con el concierto internacional de las naciones y sustituirlo por el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La ley de la selva.

Estados Unidos “tomará el control de la Franja de Gaza”, ha asegurado Trump. “Nos pertenecerá en el largo plazo”, ha decidido sin concurso alguno de las Naciones Unidas, única institución con capacidad legal para determinar hoy la soberanía de los distintos territorios del planeta, a salvo de acuerdos bilaterales entre los Estados directamente implicados en una disputa territorial. 

Esta unilateral decisión sobre la Franja de Gaza ha venido precedida de anuncios cuestionando la soberanía sobre sus territorios de países como Canadá, Panamá, México o Dinamarca, acompañados de diversas amenazas que no disimulan afanes de apropiación. Crucen los dedos para que Trump no ponga su atención sobre algún territorio de soberanía española.

Los palestinos “no podrán volver”, serán “reasentados” en otros países de la región de forma “permanente”, ha anunciado Trump, en alusión directa a una expulsión que pretende con destino a  Egipto, Jordania u otros países de la región de Oriente Medio. En ningún momento ha mencionado Europa o los Estados Unidos como posible lugar de destino de las víctimas de esta limpieza étnica.  Los palestinos “no podrán volver porque, si vuelven, va a terminar de la misma manera que en los últimos cien años”, ha amenazado con total impunidad.

Trump se refiere a Gaza  como la futura “Riviera de Oriente Medio”, situando su interés empresarial inmobiliario particular como una de las principales motivaciones para la comisión de un grave crimen de lesa humanidad. Esta técnica de conversión de una limpieza étnica en un gran negocio, necesariamente debe ser comparada con la legislación expropiatoria anti judía dictada por los nazis, en cuya cúspide se sitúa el decreto de octubre de 1938 para la Confiscación de la Propiedad Judía, que regula la transferencia de bienes de judíos a alemanes no judíos. 

Como ya ha calificado el secretario general de la ONU, António Guterres, estamos ante una nueva “limpieza étnica”, otra Nakba del pueblo palestino, quizás esta vez la definitiva si continúa la permanente anexión de territorio de Cisjordania al Estado de Israel como se viene haciendo sin pausa desde que comenzó la campaña de destrucción de Gaza. 

El Estatuto de la Corte Penal Internacional define en su artículo 7 las distintas formas de cometer crímenes de lesa humanidad, entre otras “el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”.

Y en su articulo 8 califica como crimen de guerra: “(…) la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio”.

El artículo 147 del IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de civiles en tiempo de guerra califica como una infracción grave la deportación o el traslado, total o parcial, por la fuerza de la población civil de un territorio ocupado en un conflicto armado, de igual manera que lo hace la Norma 129 de derecho internacional humanitario (DIH) consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Esta deportación masiva de población anunciada por Trump tiene además una clara finalidad de limpieza étnica, que también es una infracción grave del  DIH.  Según el CICR, la finalidad de la “depuración étnica” es modificar la composición demográfica de un territorio. 

Alguien ha dicho que Trump está aplicando a la política internacional las formas de actuación del “Far West”. Desgraciadamente no es una metáfora, sino una mención a las técnicas utilizadas históricamente en Estados Unidos para crear ese inmenso país. Desde los inicios del siglo XIX hasta concluido el primer tercio del siglo XX, el desplazamiento de decenas de miles de nativos norteamericanos de sus territorios originarios fue política oficial de los Estados Unidos.

Cuando Trump alude al “traslado de palestinos”, está reproduciendo la conocida como política de “traslado de indios”, que fue aprobada por el Congreso de EEUU en 1830 mediante la Indian Removal Act, implementada con total impunidad y sin que a fecha de hoy haya existido ni un serio reproche político, ni una política de reparación integral a sus víctimas. Las tribus Ojibwe de Wisconsin fueron trasladadas en 1850 a Minnesota, episodio conocido como “la marcha de la muerte” por las innumerables víctimas que provocó. El Sendero de Lágrimas –Trail of Tears– fue otra serie de desplazamientos forzados, al menos de 60.000 indígenas de las denominadas cinco tribus civilizadas, entre 1830 y 1850. Otra limpieza étnica que formó parte de la expulsión gradual pero constante durante veinte años y que afectó a las naciones Cherokee, Creek, Seminola y otras, además de miles de esclavos afroamericanos incluidos también en la operación de  desplazamiento forzoso. Fueron expulsados de sus tierras ancestrales en el sureste de los Estados Unidos hacia zonas hacia el oeste. Distintos especialistas han descrito estos episodios como un genocidio.

Una de las causas de ese traslado en ese momento fue el descubrimiento de oro en territorios de estos pueblos. A lo largo del siglo XX el gobierno federal de los Estados Unidos recaudó miles de millones de dólares por las ventas o arrendamientos de recursos naturales como madera, petróleo y gas en tierras indias, recursos que fueron ingresados en fondos fiduciarios durante décadas y de los que nunca se dio cuenta a las naciones desplazadas. 

Es decir, una de las causas del desplazamiento masivo de población nativa en los Estados Unidos fue la apropiación de los inmensos recursos naturales de las tierras ancestrales de estos pueblos, al igual que las leyes contra los judíos de los nazis incluyeron medidas de constante expropiación de los patrimonios de las familias judías. Ahora van a ser inmensos beneficios inmobiliarios, real estate, los incentivos para este nuevo desplazamiento forzoso de población, la mayor operación de limpieza étnica desde el genocidio de Ruanda. Para Trump los palestinos no son más que “nativos” sin derechos, que deben desaparecer ante el empuje de la nueva oleada colonizadora, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que dará lugar a un nuevo Estado. Ese al que Amin Malouf, en su obra 'Las cruzadas vistas por los árabes' calificaba como nuevo Estado cruzado.

Todavía existen en la legislación internacional mecanismos para exigir responsabilidades por coautoría o complicidad con este grave crimen de lesa humanidad y de guerra, contra todas las personas que participen en tan abyecta operación criminal  y lucrativa. Cada inversor, cada persona que adquiera bienes o se beneficie de alguna forma del desplazamiento forzado de la población del territorio ocupado que es la Franja de Gaza, debe conocer que forma parte de una “empresa criminal conjunta” –joint criminal entrerprise– y que deberá rendir cuentas tarde o temprano ante la justicia internacional.

De momento no perdamos de vista las reacciones a tan perversa propuesta de Trump por la comunidad internacional. Más allá del principal beneficiado, el presunto criminal de guerra Benjamín Netanyahu –sobre el que pesa una orden de detención internacional por crimen de genocidio– y su gobierno, la comunidad internacional viene pronunciándose con mayor o menor contundencia en contra del plan de limpieza étnica de Trump. China, Reino Unido, Egipto, Turquía Alemania, España o Eslovenia ya se han pronunciado rechazando esta criminal ocurrencia. En España las fuerzas políticas democráticas no pueden más que oponerse. A fecha de hoy el Partido Popular lo ha hecho tibiamente, sin atreverse a criticar a Trump. 

Sin embargo, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ve “razonable” el plan de Trump y ha afirmado que este crimen de lesa humanidad o crimen de guerra puede “arrojar paz” y “sensatez” a la región. La paz de los cementerios y el exterminio de todo un pueblo. En los meses que vienen comprobaremos hasta dónde llega la humanidad y la defensa de la soberanía nacional de España y de nuestros países hermanos americanos, por las élites que recurren al patriotismo únicamente como una rentable estrategia electoral.

El poder judicial apenas ha tenido transformaciones desde el inicio de la democracia. Su control por la oligarquía española y la derecha política se ha mantenido en todo el periodo democrático, con mayor o menor intensidad. El anquilosado y clasista mecanismo de acceso a la carrera judicial, la escasa participación en la configuración de este poder del Estado de la soberanía popular, el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia y la mala imagen que tiene de él una mayoría de la ciudadanía, muestran la necesidad de modernizar  y democratizar la Justicia en España como hicieron en su momento la mayoría de  países de nuestro entorno. Si la democracia española no ha tomado aún esas medidas, ha sido por la falta de voluntad política del bipartidismo durante años, con consecuencias agravadas en los últimos años por el bloqueo del PP a la renovación del  Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde hace más de un lustro. El sistema ha permitido que se haya repetido frecuentemente ese secuestro, siempre por una derecha que ha bloqueado su renovación  cada vez que no ha tenido mayoría suficiente para controlarlo. Lo secuestró Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy, entre 2006 y 2008. Y ahora  Casado y Feijóo desde 2018. Así, durante 22 de los últimos 27 años el PP se ha garantizado un dominio absoluto del órgano que decide los ascensos para el desempeño de las máximas responsabilidades en los altos tribunales –las salas del Tribunal Supremo o las presidencias de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores autonómicos y las audiencias provinciales– con nombramientos vitalicios hasta jubilación. Como ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pasado de tener en 1995 siete jueces progresistas y seis conservadores a que en 2024 sean 11 conservadores y cuatro progresistas. 

El daño colateral de este control político del PP ha sido la guerra jurídica, lawfare, contra sus adversarios, la ultra protección de las clases dominantes por los tribunales mediante doble criterio en la aplicación de la ley y una degradación del servicio público de justicia  que acaban padeciendo los sectores sociales más desfavorecidos y todos los operadores jurídicos. Pendientes de nombramiento en el Tribunal Supremo está el 31% de su plantilla, 27 magistradas o magistrados, y más de 80 correspondientes a audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas.

Esta guerra entre el PP y el Estado de Derecho ha sido permitida demasiados años por un PSOE incapaz de adoptar medidas legales eficaces para acabar este secuestro y evitar su repetición periódica, a pesar de las abundantes propuestas realizadas por Unidas Podemos antes, y Sumar ahora, para impedir para siempre esta actitud sediciosa de la derecha política y de la muy organizada derecha judicial. Esta tendrá que explicar algún día su silencio cómplice ante un incumplimiento constitucional que, si hubiera sido realizado por la izquierda, hace tiempo que habría hasta justificado algún tipo de “golpe” institucional. Esperemos que esa responsabilidad se la exijan en algún momento los miles de profesionales que se desempeñan en juzgados y tribunales de todas las instancias, que han soportado directamente la pérdida de prestigio de la justicia y la sobrecarga de trabajo derivada de este bloqueo del servicio público de la justicia.

Ahora, debido a factores políticos internos en el PP, hay una oportunidad para acabar con el secuestro del CGPJ. Feijóo ha renunciado a sus dos principales y alegales exigencias: ni la renovación del CGPJ dependerá de que la mayoría parlamentaria acepte el mecanismo de elección de este órgano que quiera imponer el PP, ni “los jueces van a elegir a los jueces”, algo tan antidemocrático como que los diputados eligieran a los siguientes diputados o que las ministras eligieran al siguiente Gobierno. En democracia, quién elige es la soberanía popular, el voto de los electores. La coalición Sumar no va a aceptar nunca algo diferente.

La negociación entre el actual ministro de Justicia y el PP ha durado años. En 2022 se frustró por la negativa de la derecha de aceptar los candidatos propuesto entonces por Unidas Podemos. Sumar y otras fuerzas parlamentarias han sido ahora informadas del desbloqueo pocas horas antes de hacerse público, momento en el que se confirmó que el PP ya no vetaba ninguna de las candidaturas de vocales propuestos por las dos fuerzas del Gobierno de coalición.

El PP acepta ahora, en 2024, los mismos contenidos del acuerdo con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que ya había aceptado en 2022: regulación de las “puertas giratorias” judicatura y política; que los vocales del CGPJ no hayan desempeñado recientemente actividad política; más años de ejercicio de la carrera judicial para ser magistrado/a del Tribunal Supremo; y un mecanismo para que el CGPJ tenga que aplicar criterios más objetivos profesionalmente y más equilibrados políticamente para realizar nombramientos. A estos contenidos se ha añadido ahora una disposición adicional con escaso alcance legal, un placebo para que el PP tenga una excusa frente a quienes se negaban a desbloquear la elección de un nuevo CGPJ. 

Ante esta claudicación del PP, obligado a retirar sus prolongadas exigencias antidemocráticas para liberar al secuestrado, lo que era aceptable para Unidas Podemos en 2022, debe ser aceptable para Sumar en 2024. O, dicho de otra forma, el interés principal y superior de la democracia y de la sociedad española no puede decaer por su vergonzosa puesta en escena para la soberanía del Estado y por el muy cuestionable método como se ha gestionado el acuerdo: la  foto del ministro de Justicia y del representante del partido secuestrador, firmando la liberación del secuestrado ante una comisaria “intermediaria” de la Unión Europea; la opacidad con sus socios de gobierno y parlamentarios con la que el PSOE ha gestionado el acuerdo y el posterior registro de la Proposición de Ley en el que se contiene; los dudosos méritos e idoneidad de algunos de los vocales propuestos por el PP; y la contradicción entre firmar un acuerdo para sanear la justicia y la exigencia del PP de nombrar como magistrado del Tribunal Constitucional al hasta ahora vocal Macías, uno de los máximos responsables de la politización y degradación del CGPJ. Otro sapo como el que tuvo que tragar Unidas Podemos y otras fuerzas democráticas en 2021 para acabar con el otro bloqueo inconstitucional del PP, el de la renovación del Tribunal Constitucional.

El fin del secuestro del CGPJ y el consiguiente desbloqueo de los nombramientos para altos tribunales pendientes es la aceptación por el PP de las reglas del juego democrático e institucional contendidas en la Constitución, pero no por voluntad propia, sino obligado por los acontecimientos. La vuelta a una normalidad que, en materia de justicia,  requiere profundas medidas de democratización y  modernización para garantizar el contenido del artículo 117 de la Constitución, “la justicia emana le pueblo”.

Sumar ya ha traslado a su socio de gobierno que este desbloqueo no significa tener por adoptadas las medidas de regeneración democrática de la justicia que necesita nuestro país. La obligación del Gobierno de coalición es adoptarlas a la mayor brevedad, ojalá que con el concurso de todas las fuerzas democráticas que apoyaron la investidura del presidente Sánchez. Son medidas imprescindibles  actualizar el sistema de acceso a las carreras judiciales y fiscal eliminando cualquier factor de discriminación de clase; la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para evitar que en el futuro vuelva a producirse el habitual secuestro de la derecha cuando no tiene mayoría para controlar su renovación; la reforma de las competencias del CGPJ, equiparándolas a las de los países democráticos y ajustándolas al mandato constitucional y a la plurinacionalidad del Estado; incrementar la eficiencia del servicio público de Justicia dotando los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de una sociedad moderna; medidas para acabar con la guerra jurídica y la utilización política de la justicia contra los adversarios políticos de la derecha; un nuevo modelo de investigación penal a cargo de la fiscalía con la introducción del juez de garantías;  la recuperación de la vía procesal de exigibilidad de responsabilidad civil a los jueces eliminada por el PP mediante Ley Orgánica 7/2015; la ampliación de los supuestos de anormal funcionamiento de la justicia para incluir reparaciones públicas del prestigio y buen nombre de las personas afectados por las ya habituales investigaciones judiciales que generan multitud de titulares pero nunca llegan a juicio ni condena…

Suena precipitado, si no desmesurado, concluir que el acuerdo para renovar el CGPJ es un gran pacto PP-PSOE para volver al bipartidismo y poner en marcha  la gran coalición. Esto podría ocurrir, sobre todo si la izquierda no tiene mayoría suficiente para gobernar. Es más probable que ocurra si las izquierdas transformadoras de este país, en lugar de debatir, proponer y tener fuerza para implementar las medidas concretas que se necesitan para conseguir transformaciones políticas y sociales profundas que amplían derechos y mejoran la vida de la gente, se pierden en estériles confrontaciones de relatos dependiendo de quienes forman parte o no de una coalición electoral, parlamentaria o de gobierno. En la compleja situación política de España, nada es descartable, pero lo que es seguro es que esta renovación del CGPJ tras más de cinco años de bloqueo, es el paso sin el cual no es posible poner en marcha la imprescindible y profunda reforma del tercer poder del Estado, el poder judicial.

I.- Europa enfrenta un riesgo de conflicto armado generalizado como no ocurría desde los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial. Muchos indicadores así lo advierten, algunos peligrosamente similares a lo ocurrido en el periodo que transcurrió entre la Primera y la Segunda Guerra mundial. Ni en los años más duros de la guerra fría, el conflicto de los euromisiles en la década de los 80 del pasado siglo, Europa había estado tan cerca de una guerra generalizada como nos encontramos ahora. No es una advertencia alarmista, es una realidad que debemos tener presente para desescalar los riesgos, no para incrementar la tensión como está haciendo la dirigencia política europea. Tomar conciencia del peligro y actuar para impedir el conflicto es el primer paso para evitar que la guerra vuelva a expandirse desde el viejo continente por todo el planeta.

La opinión pública europea tiene a la vista múltiples hechos que muestran cómo políticos de distintos espectros –ultraderechistas, conservadores, pero también socialdemócratas– oligarcas y grupos de interés económico varios, azuzan, consiente o directamente organizan una futura guerra que presentan como inevitable.

Los indicadores de esta estrategia suicida son: (1) la prolongación de la guerra en Ucrania y el endurecimiento y extensión de los distintos conflictos  desatados por ataques de Israel a varios países de Oriente Medio, con la paulatina implicación de la mayoría de las grandes potencias militares del planeta y potencias medias regionales; (2) la renuncia consciente a utilizar los medios de resolución pacífica y diplomática de conflictos de que dispone la comunidad internacional así como el bloqueo de cualquier posible iniciativa de paralización de las guerras en curso; (3) la incapacidad de las instituciones mundiales y europeas encargadas de velar por la paz mundial y  la cooperación entre países de garantizar tan imprescindible objetivo; (4) la intensa e irresponsable utilización de un discurso belicista por importantes responsables políticos; (5) la reorganización de la actividad económica priorizando el desarrollo de la industria militar y el incremento del gasto armamentístico como motor del crecimiento económico e industrial; (6) la aprobación de grandes líneas de créditos públicos para gasto armamentístico y la eliminación de las restricciones a su utilización; y (7) el ascenso de la ola reaccionaria, un escenario en el que, por primera vez, puede haber una mayoría política surgida de las elecciones al Parlamento Europeo conformada por la derecha conservadora y la ultraderecha. 

La Primera Guerra mundial fue el último conflicto armado en el que la mayoría de las víctimas fueron militares. Desde entonces, en todas las guerras el número de muertos o heridos civiles ha sobrepasado con creces al número de combatientes que corrieron la misma suerte. Conviene tener claridad sobre esto, las guerras las organizan -o no las impiden- los políticos y oligarcas económicos, las libran los militares y sus consecuencias las padecen fundamentalmente los pueblos, la población civil, que es quien pone la mayoría de las víctimas.

El denominado “golpe del Maidán” y el posterior inicio de los enfrentamientos en la región oriental del Dombás fueron el prólogo del conflicto armado que, a partir del año 2022 con la invasión rusa, se ha convertido en una guerra abierta entre ese país y Ucrania, con participación activa de la OTAN y la UE. Hoy no puede descartarse la presencia de tropas de países de la OTAN sobre el terreno, como se deduce de la presencia de “asesores” militares, o a la vista de la muerte en combate en Ucrania del general polaco Adam Marczak en marzo de este año. Moldavia y Georgia son otros focos de tensión bélica latentes en Europa y próximos al “teatro de operaciones” ucraniano. La campaña de destrucción y genocidio desatada tras el 7 de octubre por Israel en Gaza, y cada vez con más intensidad también en Cisjordania, ha ido acompañada de ataques indiscriminados por el Ejército israelí en el Líbano, en Siria y contra Irán. Existe un alto riesgo de extensión por Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental del conflicto desatado por Israel en respuesta al execrable ataque de las milicias palestinas de Hamás el 7 de octubre a los asentamientos de colonos en los territorios ocupados por Israel en las cercanías de Gaza. La operación de castigo y represalia de Israel contra el pueblo palestino ha sido calificada como genocidio por la Corte Internacional de Justicia.

En la guerra de Ucrania están implicadas dos de las mayores potencias militares del planeta, Rusia y Estados Unidos, junto con la OTAN, que participa también en el apoyo logístico a Israel y en operaciones militares directas contra las fuerzas militares de Yemen por la disputa del control de la entrada al Mar Rojo. No olvidemos el otro gran factor de desestabilización de la paz mundial en la actualidad, la grave tensión desatada por la cada vez más intensa presencia de la armada estadounidense -en alianza con fuerzas navales de Japón y Filipinas- frente a las costas continentales de China. Para entender el riesgo de conflicto armado que supone esta presencia, imagínese a la inversa las implicaciones que tendría que la armada china patrullara el estrecho de La Florida, con el argumento de proteger la soberanía, por ejemplo, de Cuba. 

Los cinco países con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las principales potencias militares, se encuentran en este momento inmersos, de forma más o menos directa, en la guerra de Ucrania, en la crisis bélica de Oriente Medio o incrementando la tensión militar en el mar de la China.

II.- Inmersos en esta coyuntura bélica, la comunidad internacional, al dictado o bloqueada por las grandes potencias que participan o se preparan para la guerra, ha renunciado conscientemente a utilizar los medios de resolución pacífica y diplomáticas de conflictos de que dispone. La Organización para Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que “con sus 57 Estados participantes en América del Norte, Europa y Asia, es la organización de seguridad regional más grande del mundo, que trabaja para garantizar paz, democracia y estabilidad (…)”, ha sido incapaz de liderar una iniciativa de paz para acabar con la guerra en Ucrania o al menos conseguir un alto el fuego o armisticio temporal, como sí consiguió en el conflicto del Dombás. Desde la invasión rusa en febrero de 2022, no ha realizado ninguna propuesta de paz. Tampoco Naciones Unidas ha sido capaz de poner en marcha iniciativas de paz para acabar con la guerra en Ucrania, ni con la campaña de destrucción del pueblo palestino y los continuos ataques de Israel a los países de su entorno. Pero no es exacto afirmar que la comunidad internacional no haya intentado trabajar por la paz en la guerra de Ucrania o por acabar con la agresión de Israel al pueblo palestino y los países vecinos. México, Brasil, China, un grupo de países africanos, Turquía, o Arabia Saudí, entre otros, han presentado importantes iniciativas de paz para Ucrania, al menos para lograr el cese el fuego y el inicio de procesos de resolución diplomática del conflicto. Egipto y Qatar han utilizado su potencia política y diplomática para intentar que Israel aceptara un alto el fuego permanente en Gaza. 

Las iniciativas diplomáticas o de solución negociada para Ucrania han sido ignoradas por la Unión Europea y los Estados Unidos, quienes han bloqueado o evitado su discusión en organismos internacionales. Reino Unido incluso bloqueó un acuerdo de alto el fuego aceptado por Ucrania y Rusia y negociado con la mediación de Turquía en las primeras semanas de guerra.  El argumento de la UE, Estados Unidos y Reino Unido es que el único plan de paz viable es el propuesto por Zelenski, aun sabiendo que, una vez desatado un conflicto armado, no es realista presentar como solución la propuesta de una de las partes enfrentadas, -por muy adecuada que pudiera ser- porque la otra parte no la va a aceptar, al menos no la aceptará como punto de partida para negociar. Por ello, lo habitual es que sean terceros países los que actúen como facilitadores para el inicio de conversaciones de paz. Insistir en la idoneidad del plan de una de las partes, la que fuere, es una excusa para ocultar la falta de voluntad de diálogo.

Para quienes anhelan la paz es frustrante que el Gobierno español, tanto el presidente Sánchez como el ministro de exteriores Albares, continúen dos años después de iniciado el conflicto negándose a contemplar otra opción de paz que el plan de Zelenski, una de las partes. En el Gobierno de coalición español solo el PSOE mantiene la posición de empeñarse en el plan de Ucrania como única vía para iniciar conversaciones de paz. 

Más grave que la incapacidad política de Europa y sus organizaciones multilaterales regionales para prevenir los conflictos armados en el continente o acabar con ellos una vez desatados, es el bloqueo que padece Naciones Unidas para cumplir con sus obligaciones de garantizar la paz, la razón de ser de su existencia. El Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas señala:

“Los propósitos de las Naciones Unidas son:

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz;(…)“

El autobloqueo que padecen las Naciones Unidas a consecuencia del denominado “derecho de veto” de las cinco grandes potencias, está incapacitando a esta organización que cumpla su principal objetivo, mantener la paz. Cada día de enfrentamiento armado en una guerra, cada bombardeo a civiles o cada ataque genocida al pueblo palestino, disminuye la legitimidad de las Naciones Unidas ante la comunidad internacional y los pueblos del mundo. Estamos ante un proceso de degradación como el que soportó la Sociedad de Naciones en el período entre guerras mundiales, que acabó desapareciendo simultáneamente al desencadenamiento del mayor conflicto bélico conocido por la humanidad hasta la fecha.

La gravedad del escenario bélico y el riesgo de extensión debería ser suficiente para que los políticos europeos con altas responsabilidades llamaran a rebajar la tensión y contribuyeran a un clima de diálogo y entendimiento. Contrariamente, numerosos responsables políticos, lejos de esforzarse en desescalar el lenguaje, optan por un discurso crispado y belicista que muestra la guerra como algo inevitable, desincentivando a la vez las movilizaciones sociales por la paz.

La presidenta de Estonia Kaja Kallas o la ministra verde de exteriores alemana Annalena Baerbock han destacado por su permanente discurso belicoso, pero no son una excepción. El jefe del ejército británico, general Patrick Sanders, advertía el pasado 25 de enero a los ciudadanos del Reino Unido que estén preparados para “una guerra de la magnitud de los grandes conflictos del siglo XX”. La presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen afirmaba el 28 de febrero: “No hay que exagerar los riesgos de guerra, pero hay que prepararse para ellos”. El todavía presidente del Consejo Europeo Charles Michel llamaba el pasado 22 de marzo a “pasar a un modo de 'economía de guerra”. El primer ministro polaco Donald Tusk afirmó el 29 de marzo que “estamos en una época de preguerra. No exagero”. 

El clima prebélico se acompaña con el debate sobre reintroducción del servicio militar obligatorio, tras haber sido eliminado en la mayoría de países europeos en las últimas décadas.  Reino Unido, Alemania y Dinamarca han puesto sobre la mesa la opción del reclutamiento militar generalizado, aunque la permanencia en filas no fuera permanente sino limitada a determinados periodos. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius presentó el pasado 4 de abril propuestas para reestructurar el ejército con el objetivo de que esté “preparado para la guerra”. El gobierno de Dinamarca ha anunciado el pasado mes de marzo su intención de aprobar una ley que incluya el reclutamiento de mujeres en el servicio militar obligatorio a partir de 2026, además de aumentar su duración.

Paralelamente, la actividad industrial y económica está reorganizándose en clave de guerra. El incremento del gasto armamentístico y la priorización de la industria militar como motor del desarrollo económico -en lugar de impulsar industrias más socialmente útiles como la biotecnológica, de transición energética o de la salud- es un indicador de que las oligarquías mundiales han optado por un escenario bélico generalizado como opción de negocio.

La Agencia de Defensa Europea propone que en 2030 la cifra de gasto en defensa de la UE alcance un billón de dólares. La Unión Europea se está sumando a la estrategia que siempre han utilizado los Estados Unidos, convertir la carrera armamentística en su motor económico, expandiendo al máximo la industria militar y multiplicando sus beneficios y su peso en la economía global. Aunque para continuar ganando dinero haya que garantizar el permanente consumo y renovación de armamento, es decir, provocar y mantener guerras. Nunca las empresas armamentísticas estadounidenses habían obtenido tantos beneficios como en estos últimos años. 

La exigencia de la OTAN de que los 32 países que la componen incrementen su gasto en defensa hasta un mínimo del 2% de su PIB, es una imposición para que se cumplan los planes de la Alianza de que los miembros europeos gasten 350.000 millones de euros en armas, sistemas y ejércitos durante este año 2024, una cifra nunca imaginada por la industria. En la reunión de ministros de exteriores de la OTAN de la primera semana de abril, el secretario general Stoltenberg exigió que la Alianza dotara con 100.000 millones de euros un fondo de asistencia militar a Ucrania hasta 2029. Recordemos que la Unión Europea ha comprometido otros 50.000 millones de euros para Ucrania hasta 2027, es decir, un total de 150.000 millones solo para Ucrania que, de consumarse este despropósito, tendrían que pagar un puñado de países, entre ellos España, dado que la mayoría de los países de la UE coinciden con los que también son mayoría en la OTAN. Repárese en que alguien ya ha decidido que la guerra en Ucrania continúe al menos hasta el año 2029. Sin la guerra no podrían mantenerse los pingues beneficios de la industria armamentística derivados de las inmensas cifras de gasto que nos están exigiendo a los pueblos de Europa.

Para financiar este inmenso gasto en guerras se nos anuncia la necesaria vuelta a la austeridad en la UE. La economía de guerra solo puede ser financiada con presupuesto y deuda comunitaria, como ha adelantado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Supuesta seguridad a cambio de austeridad. El Banco Europeo de Inversiones (BEI), presidido por la exministra Nadia Calviño, se ha puesto a cimentar esta temeraria política de impulso de la industria militar con la aprobación de grandes líneas de créditos para el gasto en armento. El esfuerzo crediticio previsto es de tal magnitud, que el BEI deberá adoptar una segunda medida: eliminar la restricción actual de que al menos la mitad de los proyectos de la industria armamentística tengan un destino civil. Ya no se exigirá ningún porcentaje de uso no militar. El apoyo político a este plan de financiación de la carrera armamentística está garantizado en el ECOFIN de la UE, donde ya se ha tomado conocimiento sin oposición alguna.

El circulo que nos arrastra a un escenario bélico generalizado se cierra con el ascenso de la ola reaccionaria en Europa. Las inminentes elecciones al Parlamento Europeo pueden tener como resultado, por primera en la historia de esta asamblea, una mayoría de derechas y ultraderecha, con fuerzas políticas abiertamente fascistas y militaristas. Muchos de esos partidos ya forman parte de los gobiernos europeos más abiertamente belicistas. 

Vuelven a repetirse muchos escenarios y situaciones vividas en Europa en el periodo de entreguerras: la incapacidad de la diplomacia para prevenir y resolver  graves conflictos armados, el colapso de las organizaciones multilaterales encargadas de garantizar la paz y expresar la voz de la comunidad internacional, los créditos de guerra que hundieron la economía y dividieron al movimiento obrero y a las fuerzas de izquierdas, y el ascenso de fuerzas extremistas autoritarias y reaccionarias, los nuevos fascistas.

III.- Los pueblos de Europa necesitan seguridad, especialmente los trabajadores y trabajadoras, quienes dependen para garantizar un futuro digno a sus familias de su trabajo y si acaso de un escaso patrimonio conseguido tras toda una vida de sacrificios. Pero no es la seguridad militar o policial la que va a garantizar la prevención de guerras y la desactivación de las ya existentes. Es la seguridad humana la que garantiza la paz, la convivencia entre los pueblos y la resolución pacífica de conflictos. Seguridad humana se consigue con medidas de creación de empleo digno y de calidad, de fortalecimiento del Estado social para no dejar a nadie atrás. Seguridad humana son los mecanismos de corrección de desigualdades, como la educación y sanidad públicas y de calidad, la atención a las personas de la tercera edad, la eliminación de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, la desaparición de la pobreza infantil, y la preservación de ecosistemas limpios y saludables. Estas políticas públicas requieren grandes inversiones incompatibles con el descenso a los infiernos que implica la vuelta a las políticas de austeridad, ahora para sumergirnos en un gigantesco incremento del gasto en armamento. La paz es el derecho síntesis, imprescindible para garantizar cualquier otro derecho civil, social o político. Es condición sine qua non para asegurar todos los derechos humanos para todas las personas. La seguridad humana requiere inversiones económicas, financiación y talento humano volcados en las industrias de desarrollo, la industria que necesitamos para acabar con el hambre y la pobreza en el mundo y para frenar la crisis climática. Más inversión en transición energética y energías limpias, en industria biotecnológica y alimentaria, en investigación médica y farmacéutica, en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en cultura. Por el contrario, el desproporcionado incremento del gasto en industria militar que nos quieren imponer nos lleva irremediablemente a una economía de guerra que necesita muerte y destrucción para cubrir sus expectativas de negocio y beneficio.

Las fuerzas políticas conservadoras y las ultraderechistas, y también la socialdemocracia europea, se han embarcado en esta espiral militarista, renunciando a trabajar seriamente para llevar la paz a las guerras ya en marcha y prevenir el surgimiento de otras. Las derechas llaman abiertamente a la guerra y al incremento del gasto militar, y la socialdemocracia, quizás con menos convencimiento, pero sin oponerse en ningún momento, también se suma al discurso belicista y a la suicida estrategia de crecimiento económico basado en la superproducción armamentística. Las grandes potencias militares ya tienen suficientes recursos armados para hacer inhabitable el planeta y destruir a la humanidad. Sin llegar a tanto, la simple extensión del actual conflicto armado en Europa hasta superponerse al conflicto provocado por Israel en Oriente Medio, supone abrir un escenario de destrucción del que sería difícil sustraerse a ninguno de los actuales países de la OTAN, España incluida.

Son mayoría los países que defienden un gran concierto mundial para solucionar las causas de las actuales guerras y evitar que las tensiones entre las grandes potencias se resuelvan militarmente, prioritariamente en suelo europeo, como ha sido habitual en las guerras mundiales y durante la guerra fría. Desgraciadamente, son los países europeos los que están cayendo en una deriva militarista incompatible con los principios de construcción de paz que levantaron la actual arquitectura de la comunidad de naciones tras la derrota del fascismo y el fin de la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, una deriva muy alejada de los interés de los pueblos de Europa.

Ni en España ni en Europa existe una correlación de fuerzas políticas suficiente para paralizar la espiral bélica y armamentística solo con el trabajo de las instituciones. Pero sí existe una poderosa sociedad civil estructurada y con capacidad de movilización, que puede parar esta deriva hacia la guerra. La sociedad sabe cómo organizarse para exigir la puesta en marcha de un plan de paz viable, que traiga un cese al fuego inmediato y acabe con la guerra en Ucrania. También para exigir detener el genocidio del pueblo palestino. La implicación de toda la sociedad puede levantar otra vez el clamor por la paz. Somos mayoría quienes no queremos que madres y padres tengan que enterrar a sus hijas e hijos, ni que nos utilicen como carne de cañón para satisfacer a grandes intereses económicos. No basta con no haber hecho nada para provocar la guerra, ahora necesitamos que muchos y muchas hagan algo para construir la paz. Actuemos ahora. Mañana será demasiado tarde. 

El conflicto entre Palestina e Israel no empezó el pasado 7 de octubre. Ese día se produjo un ataque de las milicias de Hamas a instalaciones militares de Israel y una injustificable agresión a la población civil israelí residente en territorios ocupados y en distintos asentamientos o colonias. 

El grave conflicto entre palestinos e israelíes empezó hace setenta y cinco años, en 1948. Fue cuando Israel inició la primera guerra contra los árabes y pasó a ocupar ilegalmente un 23% más de territorio que el que le fue asignado en 1947, cuando las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 181 (II), que dividió la región en dos Estados: uno árabe y otro judío. A este último, Israel, se le asignó el 54% del territorio. El Estado de Israel existe porque una resolución de Naciones Unidas acordó su derecho a existir, ganado por haber sido víctima de un brutal genocidio que nunca más puede volver a padecer ningún pueblo, tampoco el palestino. Desde entonces, el primer Estado moderno creado de esta manera no ha cesado de vulnerar sistemáticamente todas las resoluciones de la organización internacional que reconoció la legitimidad de su existencia. 

En la primera guerra, iniciada por Israel en 1948, pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén. Para los palestinos esta guerra fue la “Nakba”, el desastre, la catástrofe. Más de la mitad de la población árabe fue expulsada o tuvo que huir del territorio ocupado. 

En 1967, tras la segunda guerra, Israel ocupó Gaza y Cisjordania, provocando el éxodo de medio millón de palestinos. Este es el comienzo oficial de una ocupación, anexión y colonización imparables a través de los asentamientos ilegales de los Territorios Palestinos Ocupados, que dura ya más de 50 años y de facto ha hecho ya inviable la existencia de un Estado palestino independiente.

Gaza es el gueto más grande de la tierra. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, lo define como “el infierno en la tierra”. Viven 2,4 millones de personas, con una de las densidades de población más altas del mundo, donde la mitad de los habitantes son menores. Según Amnistía Internacional, al menos el 38% de la población vive en situación de pobreza. El 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pesca son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Cada día se vierten en el mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Carece de un sistema de educación aceptable, de atención sanitaria adecuada y los medicamentos esenciales se agotan periódicamente. Esto es debido al bloqueo que padece desde 2007 por Israel, que también hace imposible que la mayoría de la población salga del territorio en caso de querer hacerlo.

Entre 1947 y 2001 Israel ha incumplido al menos 26 resoluciones de Naciones Unidas, sin que ninguna potencia, alianza de naciones u organismo internacional haya obligado a cumplir ni una sola de ellas. Israel ha hecho de la impunidad su forma de relacionarse con la Comunidad Internacional. Es el único Estado con patente de corso para incumplir sistemáticamente el derecho internacional, al que no parece importar las consecuencias que sus incumplimientos tienen para la paz y el bienestar mundial, incluidas las sucesivas crisis energéticas y económicas que cada guerra desatada por Israel tiene para toda la humanidad.

La excusa habitual para este sistemático e impune incumplimiento de sus obligaciones es un ilimitado e irrestricto supuesto “derecho a la defensa” que desconoce la aplicación de los principios de proporcionalidad y distinción en las respuestas a que obliga el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil.

Para que el derecho a la defensa sea licito debe existir previamente una agresión ilegitima, a la que se puede responder con medios racionalmente empleados para impedirla o repelerla. La retaliación, la venganza, las operaciones de castigo, máxime cuando ha concluido la agresión ilegitima, nunca pueden ser considerados como legítima defensa. Son actuaciones alevosas que constituyen crímenes internacionales.

El artículo 3 Común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 sobre Derecho Internacional Humanitario, establece la debida protección de los civiles en un conflicto armado de carácter interno o internacional, y obliga a tratar “con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia (…)” a todas las personas, no solo a la población civil, también a los que han quedado “fuera de combate”, además de prohibir la toma de rehenes.  Ignorar este precepto es acabar con una de las señas de identidad de nuestra era, la iniciada por la comunidad internacional tras la derrota del nazi fascismo en la II Guerra Mundial y la aprobación de las principales convenciones internacionales de respeto y observancia imperativa de los derechos humanos. Esa seña de identidad es el Derecho Internacional Humanitario, las leyes que regulan las guerras, en las que no todo vale. La regulación de la guerra es una de las grandes diferencias entre el comportamiento de los seres humanos y de los animales.

No puede considerarse digno de una persona civilizada afirmar sobre la población civil palestina de la Franja de Gaza que “todos son culpables, todos son objetivos de los ataques”, como ha dicho el pasado día 18 de octubre el presidente de Israel Isaac Herzog quien ostenta la máxima representación institucional de un Estado que se presenta ante la comunidad internacional como democrático. Estas declaraciones pretenden justificar ataques como el perpetrado por Israel el pasado día 17 de octubre al hospital episcopal Ahli Arab de Gaza, que ha dejado centenares de muertos, algunas fuentes hablan de más de mil. No es necesario recordar que los convenios de Ginebra de 1949 establecen una protección expresa a los hospitales durante un conflicto armado, que en  ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques. Las declaraciones de Herzog, tan repugnantes como irracionales, lo sitúan fuera de la ley. Desde su posición responsable de un Estado, ha ignorado la prohibición de privar de la protección de los Convenios de Ginebra a la población civil de Gaza o de cualquier otro territorio ocupado o atacado por Israel.

Israel pretende justificar sus ataques a la población civil de Gaza alegando qué advirtió de la necesidad de que se desplazaran. Es un argumento falso porque no hay lugar seguro alguno en Gaza al que desplazarse, como está quedando acreditado estos días. Las deportaciones, los traslados, desplazamientos o evacuaciones forzosas y bajo amenaza de ataque militar respecto a población civil protegida, están también expresamente prohibidas por las convenios de Ginebra. 

Lo que sí está autorizado por el Derecho Internacional Humanitario es que la potencia ocupante traslade temporalmente a la población evacuada para ponerla a salvo de un castigo militar. Sin embargo, Israel ha renunciado a intentar hacerse cargo de ningún traslado temporal con el objeto de proteger a la población civil. Probablemente porque la única opción segura es trasladar a la población de Gaza desde el inhabitable gueto en el que están confinados a los territorios bajo control israelí. No solamente no intenta poner a la población civil a salvo, sino que se aplica intensamente a atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población de Gaza,  como artículos alimenticios, suministro energético, o las instalaciones y reservas de agua potable. Destrucción e inutilización que también es un grave crimen de guerra.

Todas las medidas de protección a la población civil y prohibiciones de atacarla son aplicables tanto en los conflictos armados internacionales como los de carácter interno, por lo que es indiferente como se quiera caracterizar el conflicto entre Israel y Palestina. En los conflictos armados sin carácter internacional -Protocolo Adicional II Convenios de Ginebra-  existe un mandato de garantizar la protección a  todas las personas que no participan directamente en las hostilidades, con expresa prohibición de actos contra la vida, de tratos crueles, de castigos colectivos, de toma de rehenes, de actos de terrorismo y en general de cualquier atentados contra la dignidad personal.

Siempre existe esta obligación de respeto y salvaguarda la población civil. A toda la población civil, también a la población civil israelí que reside en los territorios ocupados, incluso considerando que se trata de asentamientos ilegales. Porque no olvidemos que Israel también incumple los convenios de Ginebra cuando traslada a su propia población civil al territorio que ha ocupado ilegalmente, como insistentemente han declarado las Naciones Unidas.

Los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre contra la población que vive en las colonias o asentamiento ilegales y que “no participa directamente en las hostilidades”, son también crímenes de guerra. Israel podría también considerar estos actos como de terrorismo, pero en ese caso debería perseguir a sus responsables conforme a las normas penales internas, llevándolos ante la justicia y sometiéndolos a un proceso con las debidas garantías al que también tiene derecho el más cruel de los terroristas. Pero no existe el derecho a defenderse de actos terroristas mediante ataques militares a un territorio y a su población civil. Ese tipo de respuesta es sin duda un acto de guerra y como tal está  regulado por el Derecho Internacional Humanitario. Pretender justificar un castigo colectivo contra toda la población de un territorio, -ignorando el principio de proporcionalidad y distinción para la protección de la población civil y la misión médica y humanitaria- con el banal argumento de que Hamás está incluida en una lista de organizaciones terroristas, no solamente es inaceptable desde el punto de vista jurídico sino que se está utilizando como argumento para justificar la perpetración de un genocidio en Gaza. En una democracia la consideración de una actuación o de un grupo como terroristas depende de la aplicación de las normas del Estado de derecho y en último término del pronunciamiento de un tribunal. Reducirlo a una arbitraria decisión política lleva a situaciones de clara inseguridad jurídica a la vez que provoca inaceptables situaciones desde el punto de vista ético, como como fue la inclusión de Nelson Mandela durante décadas en listas de terroristas – hasta 2008, una década después de haber concluido su mandato presidencial, no fue excluido de estas listas-  o a la catástrofe humanitaria que ha provocado la inclusión de Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, inclusión decidida por el gobierno ultraderechista de Donald Trump en EEUU a petición del gobierno ultraderechista de Iván Duque en Colombia en el año 2019, sin ninguna justificación jurídica. Incluso a fecha de hoy, la permanencia o exclusión de Hamás en la lista de organizaciones terroristas de la UE se encuentra pendiente de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Todos coincidimos en que los actos considerados terroristas o crímenes de guerra, o cualquier otro delito atribuido a milicias palestinas, son intensamente perseguidos tanto por las fuerzas militares israelíes como por sus cuerpos policiales y sus tribunales de Justicia. Sin embargo los hechos equivalentes perpetrados por el Estado de Israel, sus fuerzas armadas o policiales o los grupos paramilitares de colonos israelíes armados, disfrutan habitualmente de la más absoluta impunidad o permisividad.

Tan condenable es la toma de rehenes entre la población civil israelí por parte de milicias palestinas, cómo la situación de los miles de palestinos que se encuentran en poder del Estado de Israel en “detención administrativa” indefinida, -centenares de menores de edad entre ellos- sin que se les presenten acusaciones, hayan sido condenados, ni puedan ejercer ningún tipo de defensa eficaz.

Las arbitrarias listas de organizaciones terroristas, rebosantes de inseguridad jurídica y de criterios políticos, son en la práctica un subterfugio para eludir el sometimiento universal a la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). 

Las conductas que se suceden en los territorios ocupados ilegalmente por Israel desde hace 50 años están perfectamente tipificadas en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que no distingue entre bandos enfrentados, sino que considera las actuaciones realizadas en cada momento y su encaje en el derecho penal internacional. 

Crímenes de la competencia de la Corte son el genocidio: actos  perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso; los crímenes de lesa humanidad: actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque; o los crímenes de guerra: actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 1949. Todos estos están siendo cometidos ahora por Israel en Gaza, según afirma el ex fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo. Palestina no tiene ninguna reticencia para someterse a la jurisdicción de la Corte Penal internacional, de hecho acepta expresamente esta jurisdicción desde el año 2015, y desde 2020 está esperando que la Corte decida conocer sobre todos los crímenes internacionales que se cometen en los territorios ocupados por Israel, al margen de quién sea su responsable. Pero es Israel quien no acepta someterse a la jurisdicción de esta Corte Penal.

La comodidad de Israel con la situación de impunidad estructural de la que se benefician sus actuaciones criminales respecto al pueblo palestino, es directamente proporcional al incremento de la desesperación de la población palestina que soporta la ocupación y el incumplimiento sistemático de las resoluciones de Naciones Unidas. Nunca es justificable ningún ataque contra la dignidad humana ni contra la vida de la población civil no beligerante en un conflicto armado, ni cuando la padecen los palestinos ni cuando la padecen los israelíes. La victimización de civiles siempre es condenable. También lo es la responsabilidad de la comunidad internacional permitiendo que Israel incumpla las resoluciones de Naciones Unidas de forma sistemática y sin importar el coste y la afectación que a diario padece la población civil Palestina. Es inaceptable el veto ejercido el miércoles 18 de octubre por los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para impedir la aprobación de una resolución de Brasil que únicamente proponía un alto el fuego temporal para poder facilitar la llegada de ayuda humanitaria para paliar los efectos de la operación de castigo colectivo contra la población Palestina de Gaza.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla el derecho a resistir y rebelarse contra a la opresión: “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”. La pregunta que cada uno de nosotros y nosotras deberíamos hacernos es cómo reaccionaríamos sí, junto a nuestros hijos e hijas, estuviéramos confinados desde hace años en el infierno en el que la comunidad internacional ha permitido que Israel convierta a Gaza. 

La comunidad internacional debe parar este genocidio de inmediato y obligar a Israel a cumplir todas y cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas, utilizando todos los medios de presión a su disposición para conseguir estos objetivos. También ha llegado el momento de que Palestina sea reconocida como un estado independiente en condiciones viables. Los países -incluida España- y organismos internacionales que no tomen de forma inmediata las medidas a su alcance para conseguir todos estos fines, serán sin duda cómplices de los graves crímenes internacionales que se están cometiendo contra el pueblo palestino.

En 2015, coincidiendo con la oleada de protestas sociales, el Gobierno de Rajoy modificó la ley de Seguridad Ciudadana restringiendo gravemente derechos y libertades públicas como el derecho de reunión, de manifestación o la libertad de expresión. Todo para impedir la protesta social. Con el cambio de Gobierno tras la moción de censura contra Rajoy en 2018, se reactivaron  los trabajos parlamentarios entre las fuerzas democráticas para reformar la ya denominada 'ley mordaza', pero la legislatura concluyó en 2019 sin haber conseguido aprobar una ley que recuperara derechos y libertades.

Desde la conformación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en enero del 2020, se retomaron los trabajos para aprobar una nueva ley, siendo uno de los contenidos del acuerdo programático de coalición. La 'ley mordaza' ha estado en vigor tres años durante un Gobierno del PP y cuatro años más desde que Sánchez llegó a la Moncloa. La estrategia de la derecha y la ultraderecha de impedir los avances en derechos ha utilizado la reforma de la 'ley mordaza' como excusa para agitar las calles y desestabilizar al Gobierno, utilizando a unos sindicatos policiales que desgraciadamente en su mayoría, desde que hay Gobierno de izquierdas y a pesar de haber visto incrementado sus salarios en más de un 35%, han abandonado la neutralidad política a la que están obligados. Recuérdese el bloqueo del Congreso de los Diputados por miles de policías enmascarados con grilletes y bengalas siguiendo una convocatoria de una de las asociaciones profesionales más ultraderechistas, posteriormente seguido de varias reuniones de dirigentes del PP con las asociaciones para organizar movilizaciones en contra de la reforma de la ley de seguridad ciudadana.

La ponencia legislativa aprobada ha modificado 35 artículos de un total de 54, y añadido tres disposiciones adicionales y una final de reforma de otras leyes gracias al acuerdo entre al menos seis grupos parlamentarios. Han variado al menos 22 sanciones de las más de 40 que contiene el texto ahora en vigor, pasando de graves a leves muchas de ellas y reduciéndose el importe de las sanciones. El trabajo realizado ha dado un enfoque claramente expansivo de derechos, ya desde el artículo 1. Ahora la seguridad ciudadana se entenderá “como el más pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas”, dando prioridad a la preservación del ejercicio de derechos y libertades fundamentales, protegiendo la integridad personal de los ciudadanos y obligando a indemnizarlos si la aplicación de la ley les pudiera causar un daño personal o material. Se adecua la norma para preservar también la integridad de los animales y se realizan cambios para dar un tratamiento educativo a las personas menores de edad. Para la mejor protección de las víctimas de la violencia sexual, se introduce una sanción grave para quienes porten sustancias psicoactivas utilizadas únicamente para provocar la sumisión química. También se han aprobado nuevas medidas para garantizar la coordinación y respeto de las competencias de las distintas policías autonómicas en materia de controles en vías públicas.

También se eliminan las restricciones introducidas por el PP al libre ejercicio de la actividad informativa por los medios de comunicación, que podrán registrar y difundir imágenes de intervenciones policiales, aunque siempre sin que pueda identificarse públicamente a los agentes actuantes o a sus familiares, garantizando la intimidad y seguridad de estos.

La nueva ley introduce mayores garantías frente a actuaciones arbitrarias de la administración, se amplían los supuestos en los que la actuación de la policía deberá ser comunicada al Ministerio Fiscal, se exige que las diligencias policiales sean motivadas y proporcionales y se modifica el criterio casi absoluto de veracidad de las declaraciones de los agentes, exigiéndose lógica, coherencia y razonabilidad en cualquier atestado. 

Otros avances son la restricción de los registros corporales a casos excepcionales y siempre preservando la intimidad de los ciudadanos, así como la limitación a dos horas del plazo temporal permitido para que se realice la identificación de personas que no porten documentación, que siempre deberá estar basada en una sospecha razonable impidiéndose identificaciones indiscriminadas o por perfiles étnicos. 

En cuanto al ejercicio de derecho de reunión y manifestación, la modificación ha sido profunda, garantizando la nueva ley un enfoque de derechos humanos en la actuación de las autoridades, que deberá siempre realizarse en la forma que menos perjudique el ejercicio del derecho de reunión. En ningún caso la ausencia de comunicación previa impedirá el ejercicio del derecho, siempre que sea de forma pacífica, por lo que ya no será sancionable manifestarse sin comunicación previa ante hechos que requieran de una manifestación o expresión pública inmediata. 

Se restringe la posibilidad de sancionar subsidiariamente a los organizadores de reuniones o manifestaciones, estipulando una cláusula de exención de responsabilidad si se han dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación y cumplido los requerimientos que les hubiera hecho la autoridad gubernativa. Todo ello recogiendo las recomendaciones del Consejo de Europa. Se elimina la posibilidad de considerar como organizador o promotor de una reunión no comunicada por el mero hecho de portar banderas, lemas u otros signos, a la vez que se aprovecha la reforma para modificar también Ley Orgánica de Derecho de Reunión, introduciendo en esta ultima las limitaciones a la responsabilidad subsidiaria de los organizadores de reuniones o manifestaciones. 

Respecto a la tenencia de cannabis y otras sustancias psicoactivas, la infracción se rebaja de grave a leve. La sanción habitual por tenencia, entre 601 y 1.000 euros, se reduce a un arco de entre 100 a 500 euros. Un paso más hacia un nuevo marco regulatorio que ponga menos el acento en la represión y más en la información y el libre desarrollo de las personas. Se modifica la sanción por cultivo de plantas de cannabis y otras sustancias visibles al público -ej. balcones y terrazas-. Con la nueva ley solo se sancionará cuando el cultivo sea accesible al público, y la infracción pasará también de grave a leve, con la importante reducción de las cuantías también acordada en el caso de la tenencia.

Uno de los avances más importante es la introducción de un nuevo modelo sancionador que cambia el paradigma que hasta ahora había en nuestra legislación, acercándonos a las más avanzadas del mundo, un modelo que debería ir extendiéndose al resto de normas sancionadoras que existen en nuestro país. En general, se eliminan sanciones no justificadas y otras se clarifican o matizan, todo ello buscando la máxima garantía para el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión. La sanción a partir de ahora no tendrá un fin de mero castigo sino buscará la reparación del daño causado, la prevención de comportamientos que dañen la convivencia y la educación para la resocialización del comportamiento infractor, especialmente para los más jóvenes. Se reducen las cuantías de las sanciones en general y se introduce un criterio de ponderación del importe de la multa atendiendo a la capacidad económica e ingresos del infractor -ingresos inferiores a 2,5 SMI (reducción 25%) o 1,5 SMI (reducción del 50%)-, porque no tiene el mismo impacto sancionar con igual multa a quien tiene alto nivel económico que a quienes ingresan escasos recursos. También se contemplan mecanismos de acuerdos reparadores del daño causado entre el infractor y la víctima y supuestos de mediación para alcanzar tales acuerdos. 

En dos de los aspectos aún no cerrados en la ponencia, concretamente respecto de la infracción de desobediencia y la de falta de respeto a la autoridad, se ha avanzado sobre textos que objetivan mucho más estos supuestos que la actual definición en vigor en la ley mordaza. No sé consideraran faltas de respeto las expresiones que no sean relevantes, sin que pueda considerase sancionable la sola expresión de disconformidad o el ejercicio de la libertad de expresión. La desobediencia se apreciará únicamente cuando se trate de una actitud manifiesta o exista oposición corporal.

A pesar de que la regulación de los medios antidisturbios nunca ha sido materia de esta ley, hay acuerdo para introducir la obligación de las autoridades de elaborar protocolos, de acuerdo a estándares internacionales garantistas, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones,  la adecuada identificación de los agentes, el uso de la fuerza y material antidisturbios, técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas, para así utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas, evitando los que causen lesiones irreparables. Por primera vez en la ley de seguridad ciudadana española se hace mención al material antidisturbios y al sistema de rendición de cuentas, a lo que debe seguir la introducción de los nuevos materiales antidisturbios que ya se utilizan en CC.AA. con competencias policiales. Este es uno de los aspectos que esperamos mejorar aún más antes de que finalice la tramitación de la ley.

Sobre las devoluciones en frontera, la opinión de Unidas Podemos es abordar los necesarios cambios legislativos para que en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos procedimientos cuenten con las debidas garantías para quienes pretenden llegar a nuestro país huyendo de persecución o negación de derechos en sus países de origen.

Tras dos años de intensos trabajos, el tiempo para aprobar la nueva ley se acaba. La legislatura está concluyendo. En breve estaremos en campaña electoral de elecciones municipales y autonómicas, por lo que será prácticamente imposible avanzar en lo que no hayamos podido hacer en los últimos años. Después de las elecciones de mayo nos encontraremos al final del periodo legislativo del primer semestre del año, y el margen de aprobación en el Congreso de la ley es escaso. Después del verano, en septiembre estaremos a las puertas de una nueva convocatoria de elecciones generales y probablemente las Cortes se hayan disuelto antes de acabar el último trimestre del año. La aprobación definitiva requiere de su pase por el Senado, lo que siempre demora semanas o meses, y se trata de otro escenario propicio para el retardo de su aprobación por la derecha y la ultraderecha. Mientras más tardemos en aprobar la nueva ley, más tiempo estará aplicándose la actual Ley mordaza. Siempre es bueno tener más tiempo para construir acuerdos en las materias de disenso. Pero en este momento los disensos en el bloque democrático y de progreso que está sacando adelante esta ley son exclusivamente los cuatro ya mencionados.

El grupo de Unidas Podemos seguirá trabajando hasta el último momento para garantizar una ley plenamente respetuosa con todos los derechos humanos. Por eso no estamos dispuestos a perder la oportunidad de convertir en ley todos los avances ya introducidos en la ponencia de esta nueva ley de seguridad ciudadana, que ya nunca más será ley mordaza. Agradecemos los esfuerzos de ERC, EH BILDU, JUNTS, PNV, PSOE y del resto de grupos parlamentarios que han permitido llegar hasta aquí, y ojalá que en interés de todos y todas y por la recuperación de los derechos cercenados durante tantos años, en breve tengamos una nueva ley que sea de convivencia ciudadanía y no una mordaza a la democracia.

La condición que el Partido Popular exige de forma reiterada para cesar su bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que, antes de elegir un nuevo Consejo que sustituya al actual, se cambie la ley “para que los jueces elijan a los jueces” que vayan a formar parte de dicho Consejo. Tras cuatro años de mandato vencido, mantienen con esa excusa su actitud de abierto incumplimiento de lo establecido en la ley y en la Constitución, incumpliendo el procedimiento de renovación previsto en la ley, mecanismo cuyas últimas modificaciones fueron aprobadas por la mayoría parlamentaria del PP en 2013 y por iniciativa legislativa del gobierno de Rajoy y su ministro Alberto Ruiz Gallardón.

La justificación esgrimida por los de Feijoo para mantener esa actitud sediciosa es que “Europa” exigiría a España que los jueces elijan directamente a los jueces que forman parte del CGPJ. Esta falsedad la mantiene el PP sobre un acumulado de afirmaciones imprecisas o sesgadas, medias verdades y mentiras. No existe en la Unión Europea -única organización supranacional con capacidad de acordar normas jurídicas de aplicación directa en España- norma o acuerdo que indique que para garantizar la independencia judicial en España es necesario que el CGPJ sea elegido mayoritariamente por los propios jueces. Tampoco existe ninguna norma de la Unión Europea, ni siquiera acuerdo de un órgano ejecutivo o legislativo, que indique cómo han de elegirse los Consejos de la Magistratura de cada país. Ni siquiera es cierto que todos los países de la UE cuentan con estos órganos, y, en los casos en que existen, no hay dos que sean iguales o se elijan de igual manera. La independencia judicial en Europa – y por supuesto en España- no depende de los Consejos de la Magistratura o de órganos de gestión de los poderes judiciales, sino que se configura por mandato de la Ley y con normas que garantizan que los demás poderes públicos o los particulares no van a poder ejercer presión alguna a los jueces y juezas al momento de poner sentencias.

En los países de la Unión Europea existen diferentes modelos de órganos para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial, con distintas competencias y composiciones, y elegidos de diversas maneras.

En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura está compuesto por dos cámaras. Ambas integradas por siete magistrados, seis de los cuales son elegidos por sus pares y el séptimo es el Presidente de un tribunal superior, y ocho miembros más, no jueces, son designadas por el poder político, a propuesta de los Presidentes de la República, del Senado y de la Asamblea Nacional.

En el Reino Unido la Comisión de Nombramientos Judiciales, adscrita al Ministerio de Justicia, está formada por 15 miembros: 12 son elegidos a través de un concurso público, abierto, transparente y basado exclusivamente en méritos y solo tres restantes son nominados por el Consejo Judicial, compuesto por dos jueces de tribunales superiores.

Alemania carece de un órgano de gobierno del poder judicial. Los jueces de los distintos tribunales superiores pueden ser nombrados directamente por los ministros de Justicia de los dieciséis Estados federados, por el parlamento o por comités de selección. Los jueces del Tribunal Constitucional son elegidos por las dos cámaras del Parlamento. Es decir, los poderes ejecutivo y legislativo, compuesto por políticos, eligen a los jueces de los tribunales superiores. Los jueces de los cinco tribunales superiores federales son elegidos por un comité de treinta y dos personas: los 16 ministros de Justicia de los Estados federados y 16 elegidos por el Parlamento federal por representación proporcional.

En Bélgica, el Consejo Superior de Justicia tiene dos cámaras territoriales de 22 miembros cada una: ocho magistrados, ocho miembros de la sociedad civil y seis catedráticos.

Italia, paradigma de la inestabilidad parlamentaria en la UE, tiene un Consejo de la Magistratura presidido por el Presidente de la República, compuesto de 27 miembros: 16 son jueces elegidos por jueces, dos más son altos cargos del Estado -Presidente del Supremo y Fiscal General- , y otros ocho son elegidos por el Congreso. Es uno de los pocos consejos judiciales de Europa donde la mayoría de sus integrantes son “jueces elegidos por los jueces”.

En su reciente vista a España, el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, afirmó ante la Comisión Mixta de la UE del Congreso que no era cierto que la Unión Europea exigiera que los jueces fueran los que eligieran a los jueces que componen el CGPJ, sino que era otra diferente institución, el Consejo de Europa, la que había recomendado que, en ciertos supuestos, existiera una intervención de los jueces en la elección de los jueces que vayan a formar parte de órganos de dirección del Poder Judicial.

El Comisario ni siquiera referenció un acuerdo de un órgano representativo del Consejo de Europa, o de un grupo de trabajo sobre independencia judicial, sino que se remitió a resoluciones del grupo de trabajo de expertos sobre medidas de combate a la corrupción, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).

Dos son los órganos del Consejo de Europa -organización distinta a la Unión Europea- que han formulado recomendaciones -nunca órdenes o normas- que tienen que ver con la composición o forma de elección de órganos de gobierno del Poder Judicial. El ya mencionado GRECO y la Comisión Europea para la democracia por el derecho o Comisión de Venecia.

El GRECO es un grupo de trabajo de los cuarenta y siete países del Consejo de Europa, más Bielorrusia y EEUU. Elabora informes y evaluaciones, realizadas también por expertos -no por representantes de Estados ni cargos representativos elegidos en procesos electorales-, sobre aspectos relacionados con la corrupción, no sobre independencia judicial.

En el marco del denominado “Cuarto proceso de Evaluación”, sobre “Prevención de la Corrupción respecto a miembros del Parlamento, Jueces y Fiscales”, emitió su último informe sobre España, de fecha 25 de marzo de 2021, de seguimiento de anteriores reportes y recomendaciones.

Las observaciones realizadas en los Informes sobre España se refieren a preocupaciones del GRECO por la apariencia de falta de independencia judicial que pudiera apreciarse en actuaciones judiciales relacionadas con la persecución de la corrupción. El contexto son las escasas condenas por corrupción en España a altos dirigentes políticos a pesar de que solo el Partido Popular, campeón en número de militantes y cargos públicos sometidos a investigaciones por corrupción en los últimos veinte años, ha tenido más de 600 miembros vinculados a 260 procedimientos judiciales por corrupción.

En ese contexto, en el epígrafe 36 de su último informe de 2021, el GRECO “recomendó llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano, de cualquier influencia indebida, con el fin de subsanar las deficiencias detectadas.”

En su epígrafe 40 se refirió a “las normas aplicables del Consejo de Europa con respecto a la elección del turno judicial en los consejos judiciales”, en los supuestos en que hay una composición mixta -jueces y no jueces- en los consejos judiciales. El GRECO no indica cómo deben estar compuestos los consejos de la magistratura -por jueces o por otros expertos-, sino que indica que en caso de proceder a seleccionarse miembros jueces, “se aconseja que los jueces sean elegidos por sus pares -siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles-” y que las autoridades políticas, como el Parlamento o el ejecutivo, no participen en ningún momento del proceso de selección de esos jueces. El término utilizado por el grupo de expertos es “se aconseja”. El GRECO concluye en su epígrafe 44 que la “Recomendación V” de su anterior informe no se había aplicado por España, recomendación que pedía “llevar a cabo una evaluación del marco legislativo que regula el Consejo General del Poder Judicial y de sus efectos sobre la independencia real y percibida de este órgano, frente a cualquier influencia indebida con el fin de subsanar las deficiencias detectadas”. Extraer de lo anterior, como hace el PP, que “Europa” exige a España que “los jueces elijan a los jueces”, es simplemente falso.

La Comisión de Venecia es otro órgano consultivo en materia de derecho constitucional, formado por expertos independientes de sesenta y dos Estados. Quince de ellos son países no europeos como Argelia, Corea del Sur, Marruecos o Kazajistán. En 2016 aprobó el documento denominado “Criterios de verificación del estado de derecho”, refrendado por el Consejo de Europa de 18 de marzo de 2016, con el caratulado “Estudio número 711/2013”, documento realizado por nueve expertos de Italia, República Checa, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Finlandia y Países Bajos.

En dicho estudio se indican “cuatro elementos para la independencia judicial: la forma que se produce la designación o nombramiento (de los jueces), el periodo para ejercer las funciones, la existencia de garantía contra presiones externas -incluyendo presiones presupuestarias- y si la Judicatura es percibida como independiente e imparcial ”(Recomendación 75)“. En ningún caso menciona a los Consejos de la Magistratura entre los elementos necesarios para garantizar la independencia judicial, refiriéndose a estos órganos como un ”método“ más ”para garantizar la independencia de la Judicatura“ y añadiendo que ”los Consejos de la Magistratura deben tener una composición plural, de manera sustantiva o mayoritaria, con miembros que sean jueces“, y que ”pueden existir sin embargo otras formas para la designación de una Judicatura independiente“ (Recomendación 81).

Este estudio señala ventajas e inconvenientes en todos los sistemas de elección de los consejos, ya sean elegidos por los parlamentos o directamente por los jueces. Cuando el Parlamento interviene en la elección de los órganos de dirección del Poder Judicial, “la injerencia del Parlamento acarrea el riesgo de la politización”. De igual forma, muestra recelos con la participación de los jueces en la elección de esto órganos: “Cuando solamente se involucra a los jueces se puede generar la percepción de autoprotección o de intereses personales o amiguismo en la composición del Consejo de la Magistratura. Tanto la politización como el corporativismo deben ser evitados. Un apropiado equilibrio debe encontrarse entre los jueces y quienes no lo son.” (Recomendación 82)

El estudio de la Comisión de Venecia concluye afirmando que la imparcialidad de la judicatura no depende de su órganos de gobierno, sino de garantizar legalmente una actuación independiente a quienes imparten justicia: “89. La imparcialidad de la Judicatura debe estar asegurada tanto la práctica como en la ley”.

En conclusión, la Unión Europea no ha establecido una norma sobre cómo garantizar la independencia del Poder Judicial. Las recomendaciones existentes son únicamente eso, recomendaciones y estudios elaboradas por grupos de expertos del Consejo de Europa, que no de la Unión Europea. Estos estudios y recomendaciones concluyen que tan válidos son los mecanismos de elección de consejos de magistratura a través de órganos de representación política, como por elección parcial por parte de los miembros de la carrera judicial. Estos Estudios advierten que tanto un sistema como otro pueden tener riesgos.

En conclusión, no es verdad que Europa exija a España “que los jueces elijan a los jueces”.

 Hace 43 años que la Constitución del Estado español consagró en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva garantizándose, siquiera formalmente, el acceso a la justicia por parte de todas las personas que así lo requirieran o demandaran.

El citado precepto constitucional ha sido incumplido reiteradamente por el Estado español respecto a todas las personas, y sus familiares, que sufrieron graves violaciones punibles de derechos humanos como consecuencia de los crímenes franquistas que se cometieron: asesinatos, desapariciones forzadas, trabajo esclavo, encarcelamientos, robo de bebés, torturas, expolio patrimonial.....

Los juzgados y tribunales españoles se niegan a investigar y, en su caso, enjuiciar los crímenes contra la humanidad que fueron cometidos en y por el Estado español durante mucho más de cuarenta años, consolidando un modelo de impunidad que en ningún caso es aceptable ni en términos democráticos, ni en términos jurídicos desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Penal.

Así, desde diferentes instancias internacionales se viene demandando al Estado español que revierta la situación de impunidad mantenida y que para ello facilite e impulse, entre otras cuestiones, la investigación judicial de los crímenes franquistas. En este sentido podemos citar, a modo de ejemplo, los informes emitidos por órganos de Tratado y Mecanismos adscritos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como son el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas, Relatores Especiales, etc…..

A ello conviene sumar, cómo no, las demandas que en este sentido mantienen desde hace muchos años el conjunto del movimiento social memorialista.

El revertir, de una vez por todas, el modelo de impunidad que mantiene el Estado español, que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas, es una urgencia de carácter democrático.

En la actual legislatura se encuentran en tramitación parlamentaria tres iniciativas legislativas importantes para tratar de poner fin a la impunidad de los crímenes franquistas: el Proyecto de Ley de Memoria Democrática, la Proposición de Ley de Bebés Robados en el Estado español y la Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, de Secretos Oficiales.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Secretos Oficiales fue registrada y publicada en el Boletín Oficial en el mes de enero de 2020, la de Bebés Robados en el mes de marzo de 2020 y el Proyecto de Ley de Memoria Democrática en agosto de 2021.

Habiéndose superado en exceso el ecuador de la actual legislatura las tres iniciativas legislativas se encuentran sometidas a sucesivas e injustificadas prórrogas en el trámite de enmiendas lo que, de facto, supone un bloqueo en su tramitación.

Como decíamos es urgente terminar ya con esta situación y dar urgente curso a las iniciativas legislativas citadas, máxime cuando comprobamos día a día como se extiende y avanza el discurso de negación de derechos fundamentales por los sectores más reaccionarios del Estado. Por tanto, resulta imprescindible proceder a desbloquear las tres iniciativas legislativas, avanzar sin más demora en su tramitación y proceder a su aprobación con unos contenidos acordes a los estándares en materia de derechos humanos que le han sido exigidos al Estado español y que están siendo reclamados a su vez por el movimiento memorialista.

Y todo ello porque lo merecen las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, sus familiares y, en definitiva, la sociedad en su conjunto. Se trata de una cuestión de dignidad democrática.

La semana pasada el Gobierno de España presentó el Plan de Recuperación, el cual estará dotado de 72.000 millones de euros y tendrá un alcance de tres años. Inmersos como estamos en el combate contra la pandemia y, al mismo tiempo, luchando por proteger a las familias trabajadoras de las inclemencias de la crisis económica, estos fondos extraordinarios son una gran noticia. 

España está atravesando su segunda gran crisis económica en una década, pero la principal diferencia entre ambas reside en el tipo de respuesta gubernamental. Hace diez años la respuesta de los Gobiernos nacionales y las instituciones europeas consistió en aplicar el programa neoliberal a partir de la consideración de que atajar el déficit y la deuda pública era la prioridad. Esta vez, sin embargo, tanto desde el Gobierno de España como, con más dificultad, desde las instituciones europeas, se han planteado sendas de actuación muy distintas. Tras diez años en los que la economía no terminaba de recuperarse y las consecuencias sociales amenazaban con hacerse crónicas, incluso economistas y gobiernos que defendieron la política neoliberal entonces ahora defienden una respuesta intensa desde el Estado. 

Los riesgos de haber continuado con la senda neoliberal eran demasiado altos no sólo para las principales economías del mundo sino también para el propio proyecto de la Unión Europea. No se trata sólo de los fundamentos económicos sino también de las repercusiones políticas y sociales. A lo largo de la última década, el crecimiento de la extrema derecha se ha sostenido sobre la frustración y rabia crecientes de determinados sectores sociales, y seguir alimentando ese caldo de cultivo sólo hubiera conducido a una deslegitimación adicional de las instituciones y, por ende, a una extensión del discurso xenófobo, nacionalista y reaccionario propio de la familia política neofascista. Sin embargo, este cambio de guion por parte de las instituciones europeas y Gobiernos nacionales no garantiza tampoco la neutralización de esa tendencia. 

En este momento la Unión Europea está atrapada en las contradicciones de su propia fundación. O es capaz de avanzar hacia otro modelo de integración regional, federal y solidario, con políticas fiscales y sociales comunitarias, lo que implicaría la desaparición del dumping fiscal y otras fórmulas de agresiva competencia entre países miembros, o las tensiones inherentes a la arquitectura institucional actual terminarán estallando económica, política y socialmente de una u otra forma. No debemos olvidar que dicha arquitectura promueve una dinámica económica con dos velocidades, en las que las diferencias entre centro y periferia se están agudizando y, de esa manera, se está dificultando cualquier hipotética consolidación de un sentimiento comunitario. Y todo ello en el contexto global de la disputa hegemónica entre China y Estados Unidos, que se está celebrando en diferentes dimensiones (comercial, tecnológica, política…), todas las cuales atraviesan a los países europeos.

La modernización que necesita España

Desde el comienzo de la pandemia el Gobierno de coalición ha dedicado sus esfuerzos a desplegar un escudo social con el que proteger a las familias trabajadoras y preservar al mismo tiempo el tejido productivo. Con todo, los fondos europeos no pueden servir sólo para compensar pérdidas generadas durante este período, sino que por su magnitud y orientación deben ponerse a disposición de la modernización de nuestra economía. La pregunta que corresponde hacerse es: ¿qué significado preciso tiene en este contexto el concepto de modernizar?

A partir del interés que aquí nos ocupa podemos definir la modernización como una estrategia de política industrial que aspira a diversificar y complejizar nuestro sistema productivo. El objetivo de este salto cualitativo es reducir las diferencias estructurales y, en particular, la renta per cápita, respecto a países del norte de Europa, como Alemania, todo lo cual no podría nunca conseguirse simplemente dejando el proceso de desarrollo en manos del mercado. Por eso caben algunas aclaraciones al respecto.

En primer lugar, toda economía no opera en el vacío sino dentro de unas instituciones sociales y políticas que, a su vez, dependen de las trayectorias del pasado. En este sentido, comprender el desarrollo histórico de nuestra economía nos ayuda a entender por qué en el presente, y con el soporte de los fondos europeos, debemos abordar algunas importantes reformas estructurales. No es este lugar para repasar la historia reciente de nuestra economía, pero baste señalar que el proceso de desindustrialización español, que se desencadenó con más intensidad a partir de los años ochenta, estuvo caracterizado por la desaparición gradual de las grandes industrias de los sectores maduros, tales como la siderurgia, pero también de muchas industrias de mediano tamaño, como la textil o de calzado, que no eran competitivas en el nuevo contexto internacional. La especialización productiva que devino después se caracterizó por una baja complejidad tecnológica y la excesiva dependencia respecto a unos pocos sectores, como el turismo o la construcción, que condicionan necesariamente la distribución de rentas y los niveles salariales. Los diferentes episodios de burbujas inmobiliarias, junto con las relaciones financieras establecidas entre los países con superávit comercial, como Alemania, y aquellos con déficit comercial, como España, permitieron a nuestro país disfrutar de niveles de crecimiento económico que llegaron a ser calificados de “milagro económico”. Al coste, eso sí, de ocultar la fragilidad subyacente de nuestra estructura productiva. 

En segundo lugar, el fenómeno aquí descrito dista mucho de ser específicamente español y puede ser extendido, con matices, a la periferia europea mediterránea (Portugal, Grecia, región centro-sur italiana y gran parte de España). Eso sí, algunas regiones del sur de Europa, como el País Vasco, Cataluña o el norte de Italia diseñaron sendas distintas que les han permitido disfrutar de fundamentos económicos más sólidos. No es casualidad que los indicadores económicos tradicionales (empleo, valor añadido, salarios…) sean mejores en esas regiones. Un proceso de modernización debe atajar estas asimetrías geográficas, puesto que las relaciones centro-periferia se dan entre países y también en el seno de los propios países. En nuestro país, ello significa que deben corregirse los desequilibrios territoriales entre la llamada España vaciada (donante de recursos y receptora de residuos) y la España llena o súper-llena (que absorbe energía, capital y recursos naturales).

En tercer lugar, no debemos entender la industrialización como una mera vuelta a las políticas públicas de épocas anteriores, como si tal cosa fuera posible o deseable. Aquí deben considerarse dos puntos. El primero, la situación del planeta no permite una estrategia de desarrollo que no contemple los límites ecológicos, de tal manera que cualquier estrategia de política industrial pasa por programas de transición ecológica y empleo sostenible, como es el caso del programa de Trabajo Garantizado. El segundo, una política industrial integral va más allá del sector secundario. No se trata sólo de manufacturas, sino que también abarca sectores como el primario o el terciario, puesto que de lo que se trata es de asumir que nuestra estructura productiva necesita una actualización, esto es, una adaptación a la economía-mundo del siglo XXI. En ese sentido industrializar debe significar una apuesta estratégica para que la competitividad de nuestra economía sea por la vía de la innovación de producto y no una competitividad vía precio. El modelo social que se deriva de una economía que hace de los bajos precios (y salarios) su atractivo es de sobra conocido y en absoluto deseable. Por lo tanto, la estrategia correcta es promover la innovación de producto entre nuestras empresas.

En cuarto lugar, la estrategia de política industrial es diseñada por los gobiernos, quienes además de invertir motu proprio en diversas partidas específicas (como I+D+i o educación) también establecen incentivos a la innovación tanto a través de sus instrumentos, fueran estos fiscales, financieros o de otro tipo, como también mediante el diseño geográfico: desde hace décadas la economía del desarrollo ha desvelado que los modelos exitosos son aquellos que permiten la difusión de conocimiento entre empresas que operan en ecosistemas geográficos cercanos, tales como los clústers o hubs. 

En quinto lugar, lo anterior nos interpela acerca de la necesidad de disponer no sólo de buenos instrumentos sino también de buenos actores. La trayectoria histórica de nuestra economía ha ido cristalizando una cultura política y empresarial poco adecuada al momento histórico que estamos describiendo. En efecto, la evolución económica descrita anteriormente ha dejado poco protagonismo al tipo de actores empresariales que deberían ejercer el liderazgo en este momento, tales como empresas con alta intensidad tecnológica e internacionalmente competitivas. En su lugar, hay demasiado peso de un tipo de empresario dependiente de los concursos públicos y/o de la especialización productiva presente. Esas inercias y trayectorias del pasado pesan demasiado en la toma de decisiones, incentivan el mantenimiento de redes clientelares y promueven conflictos de interés entre los horizontes estratégicos y la actitud típicamente cortoplacista del rentista; algo que el Gobierno sólo puede resolver si una parte de la clase empresarial, la más dinámica y viva, forma parte de la solución.

En definitiva, lo que estamos discutiendo aquí es el lugar de España y, en parte, de la Unión Europea, en la nueva división internacional del trabajo. Vivimos en una economía-mundo en la que en las últimas décadas se han integrado más de mil quinientos millones de trabajadores como fuerza de trabajo mundial procedentes sólo de China e India. Ese hecho tiene históricas consecuencias sobre las que apenas se reflexiona públicamente. Asimismo, las cadenas globales de valor han evolucionado describiendo no sólo las jerarquías tecnológicas sino también las relaciones de poder entre las grandes potencias internacionales. Y de telón de fondo tenemos un planeta exhausto que cuando llega el mes de agosto ya ha agotado los recursos naturales que puede regenerar anualmente. En ese contexto, entendemos que las posibilidades de España pasan por los puntos aquí descritos someramente. Pero sabemos, también, que como ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia, cualquier programa modernizador encuentra firmes adversarios.

La reacción de la derecha

En esta tesitura, ¿qué dice la derecha sobre la modernización de España? ¿Se opone a los argumentos esgrimidos más arriba? A tenor de las preguntas que los grupos parlamentarios de derecha hacen en la sesión de control no es posible concluir nada en absoluto. De hecho, hace unas semanas Pablo Casado convocó a todos los embajadores de la Unión Europea para explicarles cuál es su programa: desacreditar al Gobierno. Es más, el líder del PP ha anunciado que denunciará al Gobierno ante Bruselas para que los 72.000 millones de euros del Plan de Recuperación no lleguen a España. No parece que haya un programa de modernización detrás de estas acciones, ni tampoco responsabilidad o lealtad institucional. Sólo se percibe una táctica cortoplacista ideada para disputar votos a la extrema derecha.

En realidad, la derecha política de este país es inane y está vinculada a una herencia histórica según la cual, cada vez que nuestro país se ha visto en la tesitura de elegir entre el progreso social o los privilegios, ha puesto todo su empeño en mantener lo segundo. Su único programa en este momento es desgastar al Gobierno de coalición y, en la medida que sus partes constituyentes están insertas en una guerra fratricida por ver quién es más radical y ultranacionalista, están extendiendo la crispación social y política por toda la capilaridad social. Toda su estrategia consiste, básicamente, en denunciar que la “anti-España” está gobernando y que eso no es permisible –percibiéndose así, con claridad, la ausencia de matriz democrática en la derecha española-. Pero no hay ninguna alternativa económica ni política.

El problema adicional es que la derecha política ha decidido dejar el principal protagonismo a la derecha sociológica inserta en las instituciones de una parte del país. Cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que el programa del Gobierno de coalición será detenido por ella, el poder judicial y el rey está diciendo mucho más de lo que parece a simple vista. Y de la misma manera que durante décadas la derecha retorció las instituciones públicas para su propio beneficio, como han acreditado decenas de sentencias condenatorias en casos de corrupción y también las redes mafiosas dentro de la Policía Nacional que tenían como objetivo destruir pruebas judiciales y espiar a los rivales, ahora la derecha política se vuelve a parapetar tras otras instituciones, específicamente el poder judicial y la monarquía, para esta vez desestabilizar un gobierno legítimo. 

Obsérvese, sin embargo, que derribar al gobierno legítimo a cualquier precio y rechazar cualquier diálogo con el mismo es también renunciar a modernizar España. Por eso no podemos olvidar que cualquier proyecto de modernización encuentra resistencias entre quienes se sienten perjudicados. Eso es exactamente lo que sucede con una parte de nuestra clase empresarial y de nuestra clase política. 

En coherencia con lo aquí escrito, los firmantes de este artículo creemos que la izquierda no puede desviar ahora su programa ni su proyecto político. Hay un Gobierno de Coalición por primera vez en la historia democrática reciente, con presencia en el Consejo de Ministros de la izquierda transformadora que representamos junto con otros compañeros y compañeras del espacio de Unidas Podemos, y tenemos que abordar enormes retos. No obstante, si en las próximas semanas logramos sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado estaremos en condiciones de iniciar un proceso de reconstrucción y modernización de nuestro país que tiene varios vectores necesarios: económico, social y territorial. Tendremos que repetirlo una y otra vez: la senda abierta por el Gobierno de coalición es la única viable. Eso no quiere decir que vaya a ser fácil, ni mucho menos. El hecho mismo de que iniciemos esa andadura dejará a la derecha política colgada de la brocha de sus excesos verbales. 

No obstante, somos conscientes de que la esperanza del país reside en las decenas de miles de personas que militan en nuestras organizaciones y que comprenden, de la misma manera que nosotros, que España necesita aprovechar esta oportunidad. En estos tiempos es más necesaria que nunca toda esa militancia que de manera desinteresada dedica tantas energías a mejorar nuestro país. En este sentido, los aquí firmantes queremos agradecer a la militancia de Izquierda Unida su compromiso histórico y saludamos el proceso asambleario que tendrá lugar durante los próximos meses: estamos convencidos de que los debates y conclusiones que de allí saldrán servirán para reforzar una trayectoria de justicia social en España.

Nosotros nos sentimos depositarios de una larga tradición de lucha democrática en España. Somos herederos de quienes lucharon por el sufragio universal, de quienes pelearon la jornada laboral de ocho horas, de quienes defendieron la democracia republicana frente al golpe de Estado, de quienes desde la generosidad apostaron por la unidad popular y los frentes amplios, de quienes combatieron al fascismo y al nazismo, de quienes conquistaron la libertad con enorme sufrimiento y de toda la tradición republicana y federalista que albergó en su corazón la idea de una España plural y diversa. Cuando asumimos nuestros cargos aceptamos esa responsabilidad, y queremos renovar nuestra voluntad de contribuir a la tarea histórica de hacer de nuestro país una democracia avanzada y moderna. 

En 2016, el Senado de Brasil destituyó a Dilma Roussef de la presidencia del país en un “juicio político” que no tuvo efecto penal alguno. En 2018 la justicia de Brasil condena, encarcela e inhabilita electoralmente a Lula Da Silva, abriendo el camino a la victoria electoral de Bolsonaro, aunque después fueran anuladas las acusaciones por carecer de base fáctica alguna. También en 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa, inhabilitándolo electoralmente, aunque Interpol se haya negado a ejecutar tales ordenes por basarse en acusaciones fraudulentas con clara intencionalidad política. Previamente en 2017 era condenado a seis años de prisión e igualmente inhabilitado su ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Hace unos días, la justicia de Bolivia respondió a la huelga general convocada para exigir a la junta golpista del país la rápida celebración de elecciones libres, dictando órdenes de prisión y procesamiento contra el ex presidente Evo Morales, el ex canciller David Choquehuanca, el actual candidato presidencial del MAS Luis Arce y el secretario general de la mayor central sindical del país, Juan Carlos Huarachi. Las acusaciones son de terrorismo y genocidio y aunque probablemente también quedarán en nada, servirán para inhabilitar electoralmente a todos los anteriores, eliminando de la escena política a los adversarios que tienen posibilidades de disputar victorias electorales a las oligarquías políticas dominantes.

El consenso social contra la corrupción está siendo utilizado espuriamente por aparatos judiciales escasamente democratizados tras sobrevivir intactos a las dictaduras que los constituyeron o con las que convivieron en sintonía. Intervienen en la vida política obviando la neutralidad que en un Estado de Derecho se predica del poder judicial, neutralidad que recurrentemente esgrimen para reclamar que sus decisiones no puedan ser criticadas. Tratan de arrogarse una legitimidad de la que carecen bien por su origen vinculado a regímenes autoritarios o bien por la ausencia de mecanismos democráticos de control ciudadano de su actividad.

Incluso en los casos más escandalosos eluden cumplir con los mecanismos constitucionales formales de renovación de sus órganos de gobierno a la vez que objetivamente desestabilizan el escenario institucional, judicializando arbitrariamente a las fuerzas políticas y líderes alternativos surgidos al calor del cuestionamiento popular de las  políticas neoliberales que provocaron las trágicas consecuencias sociales que conocemos en España. Es decir, poderes judiciales que, por decisión u omisión propia, abandonan su función originaria de impartir justicia para convertirse en herramientas al servicio de los sectores políticos que nos gobiernan de larga data y que  se niegan a ser desplazados del poder

Esta guerra jurídica asimétrica utilizada en distintos países contra las fuerzas políticas alternativas, se denomina Lawfare. Ha sustituido a los golpes de Estado o intervenciones armadas utilizadas antaño para acabar con los gobiernos que estaban al servicio de sus pueblos.

La guerra jurídica o lawfare se despliega a través del uso ilegítimo del derecho con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y organizativamente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no tengan opción de disputar o desempeñar poder institucional, incluso impidiendo que puedan presentar candidaturas a cargos públicos. No es necesario llegar a la intervención por la fuerza que el noctámbulo eurodiputado de Vox reclamaba en enero para impedir el gobierno de coalición de izquierdas en España. Los golpes de Estado acaban siendo contraproducentes para los golpistas, más en un mundo inundado de redes sociales.

La violencia, el maltrato, las  protestas sociales acaban deslegitimando a quienes utilizan arbitrariamente la fuerza coactiva del Estado para ocupar el poder político. No es opción prioritaria la implantación violenta de regímenes autoritarios si es posible mantener el control por medios de apariencia más democrática. Es menos escandaloso utilizar a la Guardia Civil para llevar a cabo una investigación judicial prospectiva -no relativa a hechos, sino respecto a personas a las que se ha decidido previamente atribuir delitos- sobre la responsabilidad penal de las convocantes de manifestaciones del 8M, que utilizarla para asaltar el Congreso de los Diputados.

 Esta guerra jurídica emplea unos recursos -poder judicial y operadores jurídicos-, y una táctica -la judicialización y criminalización del adversario político- y tiene unos objetivos: derrocar a los gobiernos que no son funcionales a los intereses de quienes creen que el poder les corresponde solo a ellos y a perpetuidad. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que amenazan sus intereses, intentar inhabilitarlas electoralmente y destruir políticamente a los líderes que las encabezan.

Desde su nacimiento en 2014, Podemos ha tenido que emplearse a fondo en tareas de defensa jurídica. A la vista de las sucesivas judicializaciones soportadas, cualquier observador concluirá que la guerra jurídica ha sido utilizada intensamente contra este partido. Hasta ahora todas las investigaciones judiciales, al menos 15, han quedado en nada.

En el año 2014 el abogado Rodríguez Menéndez denunció a Pablo Iglesias por delito de blanqueo de capitales y delito electoral por falseamiento de cuentas, denuncia archivada por el Tribunal Supremo a final de enero de 2015. La segunda querella fue interpuesta por la organización Manos Limpias también contra Iglesias, por un supuesto delito de desobediencia, contra los derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida, administración desleal, tráfico de influencias, cohecho, corrupción entre particulares y delito contra la Hacienda Pública. Fue archivada por el Supremo en abril de 2015. En este mismo mes el Tribunal Supremo inadmitió otra querella contra Podemos a consecuencia de la utilización de su denominación.

Durante 2015 se archivaron dos querellas contra Juan Carlos Monedero por supuestos delitos societarios, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, presentadas por Manos Limpias y Rodríguez Menéndez. En 2016 la Audiencia Nacional archivó otra denuncia contra Pablo Iglesias, basada en el llamado Informe  PISA, un informe sobre supuesta financiación ilegal de Podemos inventado por la policía patriótica del ministro Fernández Diaz y difundido hasta el paroxismo por distintos medios de comunicación.

En febrero de 2016 la Audiencia Provincial de Madrid inadmitió otra querella de Manos Limpias, contra la empresa productora de los programas de televisión que realizaba Iglesias. En abril de 2016 se archivó otra denuncia contra Iglesias, en esta caso por la supuesta recepción de fondos por parte de Irán. Ese mismo año el dirigente de Podemos Rafael Mayoral fue objeto de otra querella también archivada, en este caso por asociación ilícita, blanqueo, cohecho, estafa, delito fiscal contra la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores. En julio de 2016 el Tribunal Supremo archivo otra denuncia contra Pablo Iglesias por presunta financiación ilegal.

En marzo de 2017 se archivaron otras dos querellas, una presentada por Vox por blanqueo de capitales y delitos electorales y otra presentada por Yolanda Barcina, ex presidenta de UPN y del Gobierno de Navarra contra Iglesias por intromisión ilegítima en el derecho al honor. Mención aparte merece el acoso judicial contra la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos que decidido no presentarse a las elecciones de junio de 2016 por el proceso judicial abierto por una querella que le presentó el ex ministro José Manuel Soria por supuesto cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la Administración de la Justicia. En diciembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó la querella de Soria. También el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa soportó otra denuncia presentada por Manos Limpias, que fue archivada en enero de 2016.

La constante judicialización de Podemos, utilizando fraudulentamente el amplio consenso social contrario a la corrupción, ha posibilitado ríos de tinta en los medios escritos y horas de informaciones en los audiovisuales. Judicialmente ha quedado en nada, pero ha obligado a dedicar tiempo y esfuerzos a la defensa jurídica que han sido detraídos del trabajo político y social. Muy probablemente esta permanente estrategia de desprestigio político ha tenido un impacto importante en el descenso del apoyo electoral de Unidas Podemos en los últimos cuatro años.

La formación del primer gobierno de coalición de izquierdas en España en más de 80 años -es decir, la entrada de una fuerza de izquierda alternativa, Unidas Podemos, en el Gobierno- ha ido acompañada de extraños sucesos procesales. El mismo juez que en 1998 declinó procesar a Augusto Pinochet -a pesar de estar investigando los crímenes de la dictadura militar chilena- y que en 2018 archivó la causa sobre las presuntas corruptelas del Emérito ahora investigadas por la justicia suiza, busca denodadamente pruebas para acusar a Pablo Iglesias a consecuencia del robo de una memoria informática que apareció en poder del comisario Villarejo. Para el juez que no vio indicios de criminalidad en la actuación de Pinochet ni en la del Emérito, no tiene trascendencia alguna que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya descartado cualquier delito en la actuación del Vicepresidente Iglesias, ni tampoco tiene en cuenta el resultado de la prueba que él mismo solicitó a una empresa informática en Gales, diligencia que concluyó que la tarjeta de memoria no tenía daño físico alguno cuando Iglesias la entregó a su colaboradora tras serle entregada a él por los responsables de un medio de comunicación.

En el momento de mayor inestabilidad institucional desde el 23-F, volvemos al teatro de operaciones de la intensa guerra jurídica contra Podemos del periodo 2015- 2016. Esta vez el enemigo a batir es la presencia en el gobierno de España de Unidas Podemos. Una vez fracasada la estrategia de convertir a Villarejo en víctima y a Iglesias en victimario en la pieza separada “Dina”, se repite el guion de la falsa acusación de financiación irregular. Ya veremos si vuelven a revivir el ya manido espectro venezolano o iraní o las tan socorridas falsas cuentas secretas en paraísos fiscales. El sistema no puede asumir que Podemos sea la única fuerza política que concurre a las elecciones y obtiene representación institucional sin recurrir a la financiación bancaria, únicamente con apoyo de sus simpatizantes y subvenciones electorales públicas.

Otro juez, que no apreció indicio alguno de delito en un chat de policías municipales que deseaban la muerte de la alcaldesa Carmena entre proclamas nazis y racistas, abre con pasmosa celeridad una causa general contra un partido de gobierno, Podemos, y contra sus dirigentes, sin más fundamento que una imprecisa  declaración de un alto responsable jurídico del partido que  solo comenzó a ver presuntas actuaciones ilícitas cuando fue despedido. Entre las actuaciones que el instructor entiende posiblemente ilícitas -denunciadas por un abogado ignorante del contenido y alcance de la obligación de guardar secreto profesional- se encuentran donaciones efectuadas por los cargos electos de Podemos de parte de sus salarios a proyectos sociales que atendían a personas en riesgos de exclusión social. Recuérdese que sin embargo, nuestros tribunales nunca han visto delito en las donaciones de cientos de miles de euros realizadas por empresarios de obra pública al Partido Popular cuando estaba en el gobierno. El juzgado ha admitido la personación de Vox como acusación -sin exigir fianza alguna, en contra de lo que establece la ley- antes de dirigir la investigación contra persona física alguna. No es capaz de encontrar la declaración en la que fundamenta la investigación prospectiva abierta cuando la pide la defensa, pero la encuentra y entrega a la mayor brevedad cuando es solicitada por la acusación ultraderechista. Y fija un dilatado calendario de declaraciones de los investigados que abarca cuatro meses para tomar cuatro declaraciones, coincidiendo con la sustanciación de la moción de censura contra el gobierno que presentará en el Congreso el mismo partido que ejerce la acusación en la causa.

El guion del lawfare se viene repitiendo milimétricamente. A pesar de no existir precedentes de dimisiones políticas en las fuerzas de derecha por procesamientos o condenas por corrupción, tiempo le ha faltado a la oposición derechista y sus corifeos mediáticos para exigirle al presidente Sánchez que expulse del Gobierno a Unidas Podemos y a su vicepresidente segundo. El argumentario sobre las supuestas ilegalidades cometidas por Unidas Podemos y la falta de ética de sus dirigentes se repetirá incesantemente mientras dure el escándalo provocado por la huida del Emérito, intentando así distraer a la opinión pública sobre dos vergonzantes realidades que enfrenta este verano España: que nuestra justicia no tiene ninguna intención de perseguir las presuntas corruptelas del Emérito y que la crisis institucional que padecemos no afecta únicamente a la Casa Real, sino a todo el sistema constitucional creado para atender situaciones políticas del siglo pasado muy diferentes a las actuales

Mientras más inestabilidad soporte la actual institucionalidad española, mientras más amenazada en el desempeño del poder se sienta la oligarquía de este país, más duros serán los ataques a Unidas Podemos y a sus dirigentes.

El poder judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas, que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos, dirigida en apariencia a desgastar a un fuerza política y a intentar inhabilitar electoral y políticamente a sus más destacados dirigentes, supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. También supone un descrédito importante para la justicia española en Europa y en el mundo. Véanse los varapalos jurídicos que sucesivamente han supuesto las resoluciones de la justicia de Bélgica sobre los dirigentes independentistas catalanes o la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso Bateragune. El lawfare se está convirtiendo en una de las mayores amenazas que se ciernen sobre la democracia en España.

El 1 de septiembre de 2016 el Senado de Brasil destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia del país en un “juicio político” en el que resultó condenada por supuestamente haber manipulado el presupuesto público.

Entre el 2 de noviembre de 2017 y el 6 de marzo de 2018, la expresidenta argentina Cristina Kirchner recibió tres procesamientos judiciales, dos por presuntos delitos de corrupción y uno por interferir presuntamente en la investigación del atentado de la AMIA, ocurrido en Buenos Aires en el año 1994.

El 24 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Brasil ratifica la sentencia contra el que fuera presidente del país y actual candidato mejor situado en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción. Acaba en prisión en abril de 2018 y resulta inhabilitado para la reelección presidencial.

El 9 de abril 2018 la Fiscalía de Colombia ejecuta una orden de captura con fines de extradición de los EEUU contra el diputado electo del partido FARC y responsable de la implementación del Acuerdo de Paz Jesús Santrich, por un supuesto delito de conspiración para exportar cocaína a los EEUU. Desde entonces permanece en prisión, apartado de la implementación del acuerdo de paz y sin haber podido tomar posesión de su escaño en la Cámara Legislativa a pesar de no existir acusación alguna contra él en Colombia.

El 3 de julio de 2018 se dicta por un tribunal de Ecuador una orden de prisión y captura internacional contra el ex presidente Rafael Correa. Previamente, el 14 de diciembre de 2017, era condenado a seis años de prisión el vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción. Y el 17 de junio de 2018 era capturado en Madrid, por solicitud de Ecuador, Pablo Romero, quien fuera parte del equipo de Gobierno de Rafael Correa.

“La legitimidad otorgada al proceso de judicialización de la política emana del consenso sobre la 'corrupción' como problema fundamental de América Latina”. Esta premisa cargada de razón formal fue manifestada por instituciones financieras internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural del Estado en la década de los años 90. Viene siendo utilizada para atacar gobiernos, fuerzas políticas y líderes de izquierdas de América Latina que se oponen a los ajustes neoliberales dictados por el FMI, afirmando que los “populismos de izquierda” presentan un problema de corrupción estructural, omitiendo que la corrupción es intrínseca al neoliberalismo y a las políticas de ajuste y austeridad. Contra todos los que han puesto en marcha con éxito alternativas a las políticas neoliberales se ha utilizado el 'lawfare', la “guerra jurídica asimétrica”, que ha sustituido la doctrina de la Seguridad Nacional -guerra contra insurgente- que se impartía desde las Escuelas de las Américas. Ahora son judiciales las escuelas desde las que el Norte expande su estrategia para acabar con los gobiernos de izquierdas inhabilitando políticamente a los líderes que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos.

Guerra jurídica o 'lawfare' es una palabra inglesa correspondiente a una contracción gramatical de las palabras “ley” (Law) y “guerra” (warfare), que describe una forma de guerra asimétrica. Una “guerra jurídica” que se despliega a través del uso ilegítimo del derecho interno o internacional con la intención de dañar al oponente, consiguiendo así la victoria en un campo de batalla de relaciones políticas públicas, paralizando política y financieramente a los oponentes, o inmovilizándolos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. De esta forma describe el 'lawfare' el “Informe del Encuentro de expertos en Cleveland sobre el 11 septiembre y sus consecuencias”, del año 2010.

El 'lawfare' se muestra ahora con toda intensidad. Su planificación comenzó hace años mientras la izquierda en América Latina ponía en marcha sistemas democráticos más participativos e igualitarios que eran apoyados mayoritariamente. Mientras esto ocurría, las fuerzas neoliberales lideradas por el “establecimiento” estadounidense, diseñaban la nueva estrategia de combate y desprestigio a esos movimientos políticos que cosechaban éxitos para la izquierda.

Remontémonos al 16 de octubre de 1998. El exdictador chileno Augusto Pinochet fue detenido en Londres acusado de crímenes contra la humanidad por una orden emitida por el juez Garzón a petición de colectivos defensores de víctimas. El final de la “guerra fría” causó la desorientación estratégica de su vencedor, los EEUU. Era imprescindible definir un nuevo enemigo que permitiera mantener el conglomerado militar-industrial base del sistema capitalista que doblegó a los países socialistas. Ese periodo de desorientación posibilitó que el ejercicio de acciones penales desde terceros países -la 'jurisdicción universal' contemplada en las legislaciones nacionales desde hacía años, pero imposible de aplicar durante la 'guerra fría'-, se convirtiera en una poderosa herramienta contra regímenes autoritarios responsables de crímenes contra la humanidad, conductas ilícitas ejecutadas para reprimir los anhelos de cambio de los pueblos. Fueron años de expansión de la 'jurisdicción universal'. A la detención de Pinochet le siguió el inicio de procedimientos judiciales impulsados por colectivos de víctimas contra militares y políticos argentinos, uruguayos, colombianos, congoleses, estadounidenses, israelíes… responsables de masivas violaciones a los derechos humanos.

La respuesta de las democracias occidentales no fue expandir la jurisdicción universal, sino combatir la oportunidad abierta para hacer respetar el derecho internacional y acabar con la impunidad de los crímenes internacionales. Las contrarreformas legales de la 'jurisdicción universal' en Bélgica en el año 2003 y España en los años 2009 (PSOE) y 2014 (PP), son ejemplos de esta regresión, así justificada: “(…) La jurisdicción universal puede usarse por motivos políticos o con fines vejatorios, y puede afectar negativamente al orden mundial causando fricciones innecesarias entre los Estados, abusos potenciales de los procedimientos legales y privación de derechos humanos individuales” (I.B.C. Revue internationale de droit pénal, 2008/1, Vol. 79).

Quienes mantienen el actual orden mundial extrajeron lecciones sobre las potencialidades de la 'jurisdicción universal' -fácil accesibilidad, bajo coste y alta eficiencia- para utilizarla a favor de sus intereses. Comenzó el diseño de nuevas estrategias que les permitieran mantener su poder y capacidad de intervención cuando ello fuera necesario. Debido a los efectos políticos contraproducentes que tuvo la doctrina de la Seguridad Nacional -torturas, desapariciones forzadas, dictaduras, protestas sociales...-, desde el fin de la guerra fría los Estados Unidos no utilizan como primera opción la implantación de regímenes autoritarios si les es posible mantener el control sobre cualquier país por medios de apariencia más democrática. La intervención jurídica se convierte en una opción eficaz siempre que exista un plan para alcanzar el fin buscado. El plan requiere una táctica -intervención jurídico-política para cooptar al poder judicial y operadores jurídicos -, unos recursos -escuelas y programas de formación de jueces y juristas- y unos objetivos: derrocar a los gobiernos que pretenden rescatar la soberanía nacional de sus pueblos. La estrategia es desprestigiar a las fuerzas políticas que los dirigen e inhabilitar electoralmente y destruir políticamente a los líderes que los encabezan.

Los precedentes de esta estrategia jurídico-política los encontramos en la denominada “guerra contra el terrorismo” impulsada después del 11-S de 2001. Los EE.UU. intentaron crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos armados, pretendiendo hacer desaparecer paulatinamente la abismal diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario. Han intentado imponer nuevas categorías jurídicas no previstas en las leyes internas ni internacionales, como el “combatiente enemigo ilegal” o su derecho unilateral a “vigilar y ejecutar” con el que justifican la utilización de drones asesinos. Un paso más ha sido la masiva judicialización de la política con sustento en el consenso sobre la “corrupción”, aplicada de forma generalizada a los líderes de la izquierda alternativa latinoamericana que han pretendido garantizar la soberanía nacional frente a la injerencia.

Desde principios del siglo XXI comenzaron a invertir recursos en programas de cooptación de las instituciones judiciales de numerosos países, en especial los de América Latina. Las “Escuelas de las Américas” para militares se han sustituido por escuelas judiciales y programas de capacitación jurídica, tanto en los Estados Unidos -donde acuden a recibir doctrina jueces y operadores jurídicos-, como en los países de América del Sur, donde a través de una generosa financiación de la agencia estadounidense para el desarrollo, la USAID, se han creado y controlado políticamente las escuelas de capacitación judicial. En Colombia, desde la creación de la escuela de formación del poder judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, financiada por USAID, se ha transitado del sistema jurídico de naturaleza 'continental' -imperio de la ley escrita- previsto en la Constitución Política, a un sistema de precedente judicial -'common law' estadounidense- carente de sustento constitucional. Ahora son los jueces de la Corte Constitucional quienes redactan las leyes mediante el proceso de revisión constitucional. En caso de sentenciar que una ley no se ajusta a la Constitución, proceden a darle una nueva redacción actuando como una segunda y definitiva cámara legislativa. En América Latina asistimos a la paulatina sustitución de los sistemas penales inquisitivos o mixtos, por el sistema penal acusatorio a imagen y semejanza del de los Estados Unidos, provocando un desmesurado empoderamiento de las fiscalías nacionales, que en la práctica operan sobre las instrucciones, informaciones e 'indictments' remitidos por la justicia estadounidense.

El plan diseñado para la expansión del 'lawfare' ha comenzado a alcanzar sus objetivos. Dilma Rousseff, Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Lula, Jesús Santrich, Rafael Correa… todos ellos han sido objeto de esta estrategia político-jurídica que los inmoviliza políticamente en esta nueva guerra jurídica. El objetivo es desprestigiarlos a ellos y a sus fuerzas políticas equiparándolos a delincuentes comunes e inhabilitándolos electoralmente. El poder judicial que permitió que América Latina fuera uno de los continentes con más corrupción institucional -en muchos casos se benefició de ella-, que nunca fue capaz de combatirla, ahora se ha convertido en un arma de intervención directa en los asuntos políticos internos, al servicio de los intereses de las oligarquías y fuerzas conservadoras foráneas y locales. La guerra jurídica implica un gran retroceso en los procesos de fortalecimiento institucional de los países de América Latina. El Poder Judicial debería mantenerse al margen de la confrontación política para evitar repetir fracasos institucionales de otras épocas que le causaron graves crisis de legitimidad y el desafecto popular. Esta injerencia en los asuntos políticos supone la anulación de la independencia judicial por su consciente politización, y provoca irremediablemente la desaparición de la división de poderes que sustenta el Estado de Derecho. El 'lawfare' se ha convertido en uno de los mayores peligros para la democracia en todo el mundo y en especial en América Latina.

En las últimas semanas el Partido Popular de Madrid ha desatado una nueva campaña de desprestigio e intimidación contra el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, querellándose contra él, contra la también concejala Celia Mayer y contra la consejera delegada de la empresa municipal Madrid Destino, Ana Varela. El Partido Popular acusa a los anteriores de un delito de malversación de caudales públicos y de prevaricación. El Partido Popular, –investigado por delitos de organización criminal, asociación ilícita, financiación irregular, prevaricación, cohecho, encubrimiento, malversaciones de caudales públicos y un sinfín de conductas delictivas cometidas a lo largo de todo el territorio nacional desde al menos el año 1990 hasta hoy– pretende hacernos creer que los corruptos son quienes protegen el patrimonio público y no los responsables de la orgía de sobornos y dinero negro que han organizado en torno a los gobiernos del PP.

El “delito” atribuido a los concejales de Ahora Madrid no es haberse apropiado fondos públicos, ni haberlos regalado a empresas “donantes” como acostumbran hacer en Génova, sino la presentación de una denuncia ante la Fiscalía sobre los perjuicios económicos para el Ayuntamiento de Madrid derivados del millonario acuerdo suscrito entre el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y la empresa MTP para celebrar anualmente el Mutua Madrid Open de tenis. Denuncia que ha provocado que la Fiscalía de Madrid abra una investigación actualmente en curso.

La fundamentación de la querella contra Sánchez Mato y demás cargos municipales es que la empresa municipal Madrid Destino –que no cuenta con servicios jurídicos ni de auditoria propios– contratara los servicios externos de dos firmas de abogados para que informaran sobre las posibles irregularidades en un contrato por el cual el Ayuntamiento comenzó pagando 1,5 millones de euros anuales en el año 2002 a la empresa privada organizadora del trofeo de tenis, y que en el año 2010 obligó al pago de 10,4 millones. El “delito” de Sánchez Mato no ha sido otro que actuar diligentemente en defensa de los recursos municipales, tras constatar un llamativo incremento en el precio del contrato del 693% en ocho años.

La tormenta política organizada por el PP en torno a la supuesta malversación de caudales públicos derivada de la investigación abierta por Sánchez Mato tiene como única finalidad desprestigiar la política económica y fiscal del Ayuntamiento gobernado por Ahora Madrid, fuerza del cambio que en menos de dos años de gestión municipal ha demostrado que si se puede hacer una política económica protectora de los débiles y a la vez eficaz y eficiente en sus resultados.

La Concejalía de Economía y Hacienda dirigida por Carlos Sánchez Mato se ha convertido en referencia en toda España de otra política económica posible capaz de expandir el gasto social, a la vez que reducir déficit público y crear empleo. Pésimo ejemplo frente a los defensores de políticas económicas neoliberales empeñados en hacernos creer que no hay alternativa económica posible al recorte de gasto público, la destrucción o degradación del empleo y la privatización de servicios públicos.

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena heredó una deuda de 5.936 millones de euros generada por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, aproximadamente 1.700 euros de deuda por madrileño/a, deuda que se generó de forma paralela a la reducción de políticas sociales, la privatización de servicios municipales y la realización de obras públicas que multiplicaban su precio final respecto a lo presupuestado; todo para mayor beneficio de empresas en demasiados casos “donantes” del Partido Popular.

En el tercer trimestre de 2015, el primero con Sánchez Mato al frente de la Concejalía de Economía y Hacienda, esta deuda se redujo un 19,1% con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 5.583 millones de euros, según datos del Banco de España. El Ayuntamiento de Madrid rebajó su deuda durante el ejercicio de 2016 en 922,6 millones de euros, dejándola en 3.845 millones, un 31% menos que en 2015.

Hace solamente dos años y medio, en 2014, la ratio de endeudamiento del Ayuntamiento era del 140% de deuda con respecto a los ingresos corrientes, mientras que ahora la ratio es del 87,7%. El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido ya el objetivo de reducción de deuda que el equipo de Ana Botella (PP) pretendía cumplir a finales de 2018, de manera que actualmente la deuda municipal se sitúa por debajo de los 3.723 millones, reducción que ha venido paralela al incremento de la inversión en un 151% y el correlativo incremento del gasto social. Y ello ha sido posible pagando a diario una deuda considerada ilegítima por la forma en que se generó, en exclusivo beneficio de las minorías que se han enriquecido empobreciendo a nuestro pueblo durante los años de crisis económica.

Para el Partido Popular, la gestión económica de Carlos Sánchez Mato y el resto de concejales de Ahora Madrid no puede convertirse en un ejemplo a imitar por el resto de ayuntamientos españoles, menos aún pueden permitir que se convierta en la constatación de que las fuerzas del cambio pueden y saben gobernar de otra forma, gestionando ordenada y eficazmente, reduciendo el déficit creado por el neoliberalismo en su saqueo de lo público y a la vez expandiendo el gasto y la atención social, es decir, reduciendo una pobreza contra la que el PP hace tiempo que renunció a luchar

Tempranamente el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro ubicó a Carlos Sánchez Mato como el objetivo a batir, y ahora se comprueba que, además de la asfixia económica practicada al Ayuntamiento, se ha puesto en marcha –por el PP de Madrid– una campaña de desprestigio personal y desinformación que pretende hacer creer a la opinión pública que Carlos es otro corrupto más. Cree el ladrón que todos son de su condición.

En noviembre del año pasado, el ministro Montoro se opuso al incremento de gasto que el Ayuntamiento de Madrid incluyó en su Plan Económico-Financiero 2016-2017, alegando un incremento de gasto de 700 millones de euros y un decremento considerable de su capacidad de financiación, “algo incompatible con los objetivos de estabilidad”, eufemismo mediante el cual las criminales políticas neoliberales ocultan su obsesión privatizadora y de eliminación de cualquier la inversión pública con contenido social. Por supuesto Montoro ignoraba conscientemente que Sánchez Mato ya había reducido en casi 1.000 millones de euros la deuda del Ayuntamiento en ese mismo año y que había dejado la ratio de endeudamiento en un 87,7% frente a heredada del anterior Ayuntamiento del PP de un 140% .

Montoro comunicó a Sánchez Mato que la “falta de cumplimiento de esta obligación –establecida por el ministro– constituye infracción muy grave”, amenazando nada más y nada menos con la destitución del concejal de Economía de Madrid, destitución que habría sido la primera ejecutada en España desde la trágica reforma exprés del artículo 135 de la Constitución realizada al alimón por el PSOE y el PP en el mes de agosto de 2011.

El particular ministro había hecho la vista gorda cuando el anterior gobierno municipal de Ana Botella en 2015 superó el techo de gasto en 94 millones de euros, lo que provocó un incremento del incumplimiento en 244 millones de euros cuando Ahora Madrid llegó al ayuntamiento.

Frente a los anteriores incumplimientos del PP –permitidos por Montoro– lo cierto es que el Ayuntamiento gobernado por Carmena no cumplía la Regla de gasto únicamente por 16 millones de euros, debido a la devolución de la paga extra congelada a los funcionarios desde 2012.

La estrategia del PP es bastante evidente para cualquiera que quiera verla: sacar de la Concejalía de Economía a Carlos Sánchez Mato al precio que sea e impedir que éste continúe ejecutando con éxito políticas económicas que cuestionan, con excelente resultado, la supuesta falta de alternativa respecto a las recetas económicas neoliberales; amedrentar a cualquier cargo público dispuesto a investigar las múltiples irregularidades en la gestión económica de los gobiernos del PP, de las que cada día aparecen nuevas muestras de escándalos; y difundir la imagen de que la corrupción es consustancial a todas las fuerzas políticas, equiparando así la gestión de las fuerzas del cambio a la sistemática actuación criminal de cientos –si no miles– de cargos públicos del PP.

En un artículo reciente, el ilustre jurista colombiano Gustavo Gallón, relator de Naciones Unidas y presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, decía sobre las causas de la corrupción:

“El caldo de cultivo puede encontrarse en la existencia de una suerte de 'situación estamental' en la que nacen, crecen y se reproducen algunos sectores de élite (...). Gozan, en consecuencia, de privilegios en la 'consideración social', como diría Max Weber, fundada en el modo de vida, en su educación y doctrina y en su 'prestigio hereditario o profesional”.

Estos “estamentos privilegiados y de élite”, que hacen de la corrupción y la impunidad su forma de relacionarse con el sector público y saquearlo, están representados en la política española prioritariamente por el Partido Popular. Por ello no es de extrañar que este partido haya anunciado la presentación de una reprobación a Carlos Sánchez Mato en un próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid, como ya hicieran respecto al concejal Mauricio Valiente el pasado 29 de marzo.

En aquella ocasión, el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid cometió el gravísimo error de sumarse a la injustificada política de desgaste del Partido Popular contra Ahora Madrid, votando a favor de la reprobación. Eran tiempos convulsos en el Partido Socialista, inmerso en una dura de campaña de primarias donde el partido decidía a quién quería representar y defender, si a la izquierda y a nuestro pueblo, o a una indefinida amalgama neoliberal objetivamente alejada de los intereses populares.

A fecha de hoy el PSOE propala que ha vuelto a las filas de la izquierda y de la defensa inclaudicable de los intereses populares, lo cual de momento constituye poco más que una bella declaración de intenciones no suficientemente confirmada tras anunciar que no se opondrá en el Congreso de los Diputados a la aprobación del CETA, tratado de libre comercio que el propio PSOE califica de oscuro y perjudicial para España.

Que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid anuncie que su partido aún no ha decidido si “se abstendrá o votará a favor” de la petición de dimisión Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer presentada por el PP no es buen comienzo para presentar al PSOE como una a fuerza que ha vuelto a la izquierda. El resultado de la probable moción de reprobación propuesta por el PP no versará únicamente sobre si es correcto que un concejal utilice todos los medios proporcionales a su alcance para intentar poner fin a un contrato que podría ser seriamente perjudicial para el Ayuntamiento de Madrid. Decidirá sobre qué tipo de política económica es la preferida por el pleno del Ayuntamiento de Madrid y las fuerzas políticas en él representadas: si una política económica expansiva del gasto social impulsada por la administración pública, capaz de acabar con la pobreza y a la vez reducir el déficit público, o por el contrario una política económica al servicio de las élites, de su perpetuo enriquecimiento injusto y del correlativo empobrecimiento de nuestro pueblo.

Por mi parte, como madrileño, no puedo decir más que estoy profundamente complacido y orgulloso con la ejemplar política económica llevada adelante por Carlos Sánchez Mato y por Ahora Madrid, a la vez que me resulta muy comprensible el odio que el Partido Popular destila, en particular, hacia nuestro concejal y en general contra el Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena.

Desde hace tres semanas más de 1.300 presos palestinos en cárceles de Israel mantienen una huelga de hambre indefinida pidiendo la mejora de sus condiciones de encarcelamiento y que Israel cumpla con el derecho internacional respecto el trato dado a estos prisioneros de guerra. Para alguien poco informado podrá sorprender que los prisioneros palestinos sean calificados como “prisioneros de guerra”, pero es lo que son. Se trata de civiles –en su mayoría no combatientes– encarcelados a los que se debe aplicar el Derecho Internacional Humanitario, es decir, las normas que el Derecho Internacional aceptado por las naciones civilizadas del planeta, contempla como aplicables a los conflictos armados de carácter internacional

Palestina es un territorio ocupado según el derecho internacional, situación declarada por las Naciones Unidas en numerosas ocasiones a través de distintas resoluciones, que además vienen indicando que Israel no respeta las normas del Derecho Internacional Humanitario ni del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en esos territorios ocupados.

El Artículo 4 de la III Convención de Ginebra define entre los prisioneros de guerra a

“2. los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado (..)”.

La anterior definición es igualmente admitida por los protocolos adicionales a las convenciones de Ginebra de 1979, destinados a proteger a los civiles en los conflictos armados, ya tengan dichos conflictos carácter nacional o internacional.

Llama poderosamente la atención la demagogia y manipulación mediática utilizada por el Estado de Israel, seguida por no pocos medios de comunicación, cuando califica como terroristas tanto a los combatientes palestinos que se oponen a la ocupación como a los civiles que habitan los territorios ocupados y resisten a las fuerzas ocupantes. Es la misma estrategia de propaganda de guerra que cualquier invasor ha utilizado siempre frente a quienes resisten sus ambiciones imperiales en cualquier país ocupado, la mismas que hace 200 años el imperio napoleónico utilizaba en España en los tiempos de la invasión, tachando de “bandoleros” y “forajidos” –hoy serían “terroristas”– a los españoles que resistían la ocupación francesa. Ese fue el tratamiento dado a resistentes a la ocupación que hoy son reconocidos como héroes en nuestro país, como fue el caso de El Empecinado o del cura Merino.

Israel utiliza esas descalificaciones a pesar de que el propio “Irgun”, germen del actual ejército de Israel, no dudó en realizar ataques a instalaciones civiles para acabar con la ocupación británica en Palestina, como fue el caso del atentado con explosivos en el Hotel Rey David de Jerusalén el 22 de julio de 1946, con un saldo de 28 británicos, 41 árabes, 17 judíos y otras 5 personas de diferentes nacionalidades muertas, además de al menos 45 heridos.

Cualquier preso tiene derechos humanos que le deben ser respetados durante su encarcelamiento, más aún si la privación de libertad se debe a la ocupación de su país por una potencia extranjera. Muchos de los palestinos encarcelados que hoy se encuentran en huelga de hambre, ni siquiera han realizado actos de violencia, sino de oposición política a la ocupación israelí, como es el caso del líder de la huelga de hambre, Marwan Barghouti, el “Mandela palestino” detenido y encarcelado hace más de 15 años cuando era diputado del parlamento de Palestina. Recordemos aquí que Nelson Mandela, quizás el hombre considerado la persona más digna de cuantas vivieron en nuestro planeta durante el Siglo XX, también fue considerado en su día un terrorista, y encarcelado por ello casi 30 años.

En flagrante incumplimiento de la Convención de Ginebra, Israel mantiene a los prisioneros palestinos encarcelados fuera de los territorios ocupados, concretamente en cárceles situadas en territorio israelí. Además de infringir la IV Convención de Ginebra, que prohíbe la transferencia de prisioneros fuera de los territorios ocupados en donde residían, los encarcelamientos en territorio Israel dificultan, cuando no hacen imposibles, las visitas a los presos por sus familiares, sus abogados o sus allegados, que técnicamente tienen que trasladarse a otro país –Israel–, para visitarlos. Las visitas tienen que sortear no solamente las dificultades para entrar en la cárcel, sino lo que es peor, la dificultad, cuando no prohibición, que cualquier palestino residente en los territorios ocupados tiene para trasladarse a territorio israelí.

Esta es una de las principales reivindicaciones de los cientos de palestinos presos en huelga de hambre, además de otras como que sus familiares reciban un trato digno si consiguen acceder a la cárcel –muchos menores hijos de palestinos no quieren visitar a sus padres en las prisiones debido al trato humillante que reciben por las autoridades israelíes en cada visita–, poder ver televisión o que Israel deponga su régimen de apartheid judicial, en el que se dan de manera sistemática prácticas de abuso, confinamiento, tortura y negligencia médica. Es decir, la sistemática vulneración de los derechos que a los presos palestinos les corresponden de acuerdo con el Derecho internacional.

Mención aparte requiere la exigencia de los huelguistas de acabar con las “detenciones administrativas”, eufemismo que encubre la práctica sistemática de detención y confinamiento ilegal de Palestinos en cárceles de Israel, algo terminantemente prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por solo mencionar los dos principales convenios internacionales que prohíben taxativamente la detención de cualquier persona sin que sea previamente acusada de un delito.

Más de 500 personas palestinas se encuentran encarceladas por Israel sin conocer los cargos que pesan sobre ellas, sin haber sido condenados o acusados ante un tribunal, ignorando la duración de su privación de libertad o el motivo de su detención. Fueron encarcelados bajo la figura de la detención administrativa, que permite arrestar sin acusación ni juicio durante seis meses renovables de manera indefinida. Ningún país que autorice estas prácticas en su legislación puede ser considerado un “Estado de Derecho”.

Actualmente Israel mantiene encarcelado a 6.500 presos palestinos, de los que 300 son menores de edad, 62 son mujeres, 13 son diputados del Consejo Legislativo –Parlamento– palestino y 23 están gravemente enfermos en estado terminal. Aproximadamente 1.300 siguen la huelga de hambre desde hace tres semanas, lo que da a esta protesta un alcance nunca visto en ningún otro conflicto en el mundo, tanto por el número de presos que mantiene la actitud de protesta, como por el tiempo de duración. Las reivindicaciones de los presos son tan lógicas y aceptables –que Israel cumpla la ley internacional y respete la dignidad de los encarcelados– que incluso en la sociedad Israel comienzan a oírse voces de apoyo a esta huelga de hambre, como ha sido el caso del periodista Gideon Levy, quien recientemente ha publicado un artículo sobre esta huelga de hambre con el título La protesta social más justificada hoy en Israel.

Desde que comenzó la ocupación israelí hace casi 70 años, unos 850.000 palestinos han sido encarcelados. Una quinta parte de la sociedad palestina y un 40% de los varones adultos ha estado presos en algún momento. Solamente desde la Segunda Intifada –2000 a 2005– unos 100.000 palestinos han sido arrestados, entre ellos, unos 15.000 menores, 1.500 mujeres y 70 diputados. Estas cifras de presos, así como la segregación o el confinamiento  territorial,  ponen de manifiesto que Israel está practicando un auténtico Apartheid con el pueblo palestino, con la permisividad sino complicidad de la comunidad internacional. Por menos han sido sancionados muchos países en las Naciones Unidas e incluso se han aprobado medidas de fuerza para restablecer los derechos humanos. Cuando interesa a las grandes potencias, lo llaman “injerencia humanitaria”.

Hace unas semanas en instalaciones del Ayuntamiento de Madrid se realizó un acto en solidaridad con los presos palestinos, acto en el que tuve el honor de participar. Me ha sorprendido la furibunda reacción de descalificación del acto  llevada adelante por personas que sorprendentemente piensan que todos los palestinos son “terroristas”, o al menos los 850.000 que han sido encarcelados por Israel. No dudaron incluso en inventar la presencia en el acto de altos representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que ni siquiera asistieron, lo que supone un intento de manipulación de la opinión pública incompatible con la crítica democrática. La realidad es que hoy día cualquier persona respetuosa con los derechos humanos, entre ellas cada vez más ciudadanos israelíes, consideran a la inmensa mayoría de los encarcelados palestinos como “prisioneros de conciencia”, mientras que solamente las autoridades israelíes y los apologetas del apartheid los continúan denominando “presos de seguridad”.

Fidel Castro Ruz abandonó la vida terrenal el pasado día 25 de noviembre para ingresar con letras mayúsculas en la Historia de la humanidad. Aun sus más fieros detractores son conscientes del importante papel político, social y cultural que durante el siglo XX tuvo este gigante de la política, probablemente el latinoamericano contemporáneo con más influencia y proyección histórica.

Basta con comprobar el peso político de Cuba en el escenario internacional, un pequeño país con apenas 10 millones de habitantes, sin recursos naturales destacables, pero con unos invaluables recursos humanos y políticos. Estos recursos  fueron resultado de las políticas populares desplegadas por la nueva República cubana fundada por Fidel tras expulsar del  poder en 1959 al dictador títere de los Estados Unidos, Fulgencio Batista. Desde 1898 hasta 1959, 'Enmienda Platt' mediante, Cuba fue un territorio intervenido política y militarmente por los EEUU, conocido por ser la base de operaciones de la mafia italo-estadounidense, que convirtió al país en un gran casino-prostíbulo sin rastro de soberanía nacional.

A los 27 años de edad, Fidel organizó y protagonizó el asalto al Cuartel Moncada, con la intención de mostrar al pueblo cubano la vulnerabilidad de la dictadura. Si bien fracasó en el intento, este ser humano excepcional supo utilizar esa derrota para sentar las bases del futuro proceso revolucionario cubano.  Su intervención magistral en la vista del juicio que lo condenó por estos hechos -“La historia me absolverá”, alegato de referencia para cualquier proceso judicial de confrontación política- lo encumbró como la única opción para acabar con la dictadura y traer la democracia a Cuba.Con apenas 30 años lideró la expedición del Granma a la isla, emprendiendo la lucha guerrillera que le llevó a entrar triunfante en La Habana el 1 de enero de 1959. Ese año, a la edad de 32, se convirtió en el más joven mandatario latinoamericano y probablemente mundial.

A partir de ahí, la historia de Cuba y su influencia internacional cambiaron vertiginosamente.  Y también comenzaron los ataques inmisericordes al pueblo cubano que aún duran hasta nuestros días. Las grandes potencias no suelen perdonar al pueblo que osa salir del redil de la sumisión.  

El ilegal e irracional bloqueo económico de los Estados Unidos, condenado de forma casi unánime año tras año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, no ha impedido que Cuba sea hoy un ejemplo mundial en materia de educación, salud, servicios sociales, atención a dependientes, solidaridad internacional y cooperación al desarrollo y, en general, en la cobertura de las necesidades sociales de los cubanos y de muchos países donde operan sus internacionalistas.

Sus índices en estas materias no son simplemente sobresalientes comparados con los países de su entorno cultural o geográfico, sino que se encuentran entre los más altos del mundo, igualmente si se comparan con los países más ricos y desarrollados. Así se ha encargado de recordarlo la UNESCO con motivo de la partida de Fidel. Cuba es la evidencia de que si un pueblo quiere, aun sin contar con recursos naturales o energéticos, simplemente con los recursos humanos que proporciona una educación universalizada y de calidad, es posible avanzar socialmente y conseguir un nivel de vida decente para todo un pueblo.

El ejemplo de la Cuba de Fidel, incapaz aun hoy día de ser comprendido en los países del capitalismo avanzado, ha sido desde 1959 la esperanza de los pueblos de América Latina, que se han mirado constantemente en el espejo de la justicia social construida por el revolucionario. Los cambios emprendidos en este continente tras el fracaso de las políticas neoliberales que asfixiaron a la práctica totalidad de esos países en los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, no habrían existido sin el ejemplo y la persistencia de la Cuba socialista fundada por Fidel.

Su influencia ha ido mucho más allá del continente americano. Varios países de África -Etiopía, Mozambique, Angola, Sudáfrica o Namibia entre otros- están en deuda con la Cuba de Fidel por el apoyo recibido para acabar con el colonialismo o la segregación racial auspiciada por ese mismo Occidente que sistemáticamente ha condenado el proceso cubano. La batalla de Cuito Cuanavale en Angola, dirigida por Fidel desde Cuba entre el 13 de enero y el 23 de marzo de 1988, donde fueron derrotadas las tropas sudafricanas, cambió radicalmente la historia de África, precipitando la caída del régimen del Apartheid. Nadie mejor que Nelson Mandela sabía cuánto debía el continente africano al pequeño país caribeño.

También Fidel fue constructor de Paz, especialmente en Colombia. Ya en 1998 publico 'La paz en Colombia', trabajo premonitorio de lo que sería el posterior proceso de paz en ese país y la necesidad de alcanzar un acuerdo que pusiera fin al más largo conflicto interno del hemisferio. Este proceso de paz fue felizmente concluido el día anterior a su muerte, el 24 de noviembre, y firmado en Bogotá con el sello indeleble de la diplomacia cubana, sin cuyo abnegado trabajo la paz no habría sido posible. Así lo ha reconocido el Gobierno de Colombia en repetidas ocasiones.

Dicen los detractores de Fidel que en Cuba no hay democracia. Desde luego no existe la “democracia occidental”, que permite elegir políticos de cualquier partido para ocupar cargos públicos pero que nunca somete el poder real -el económico, el cuarto poder, el financiero, etc- al escrutinio o control popular. Cuba no es una democracia al uso si por democracia se entiende  anteponer el pago de la deuda privada de los bancos -reforma en España del artículo 135 de la Constitución- a la atención a las personas excluidas del sistema  por la denominada “crisis económica”.

En sus primeros años de gobernante, Fidel intentó poner en marcha una democracia partidista tradicional, pero acabó rendido ante la evidencia manifestada por José Martí a finales del siglo XIX, quien advirtió que la vocación intervencionista de los EEUU respecto a Cuba hacia inviable cualquier sistema político que no pudiera preservar la unidad del pueblo cubano, si es que se quería preservar su independencia y soberanía nacional. Y si hay dudas sobre esta evidencia, véase el caso de Puerto Rico, “Estado libre asociado” de los Estados Unidos, hundido en la más profunda crisis económica y financiera y privado de soberanía nacional. Los cubanos votan a sus instituciones locales y gubernamentales en los sucesivos procesos electorales, en los que para concurrir en las listas electorales no hace falta ser militante del Partido Comunista de Cuba.

He vivido en Cuba los tres últimos años, y he podido comprobar que nadie duerme en la calle, ni hace cola en comedores sociales, ni muere por enfermedades curables, ni se queda sin vacaciones o excursiones escolares por falta de recursos. El pueblo cubano goza de libertad de expresión hasta para hablar mal de su Gobierno si así le place. Los cubanos, pueblo con espíritu crítico como corresponde a cualquier proceso revolucionario, critican hasta la saciedad todo lo que les parece que funciona mal: la poca variedad de abastecimientos, el funcionamiento de la administración, los problemas productivos, los precios de los productos no básicos, y otras muchas cosas. Estas críticas constructivas y sinceras, que buscan perfeccionar el sistema político del que se han dotado, han sido interpretadas a menudo por los “cubanólogos” como rechazo a la inmensa obra de Fidel. Un craso error que ha quedado al descubierto al ver más de un millón de personas gritando: “¡Yo soy Fidel!” en la exequias del Comandante ya eterno.

El más grande de los logros del mandatario Castro fue garantizar al pueblo cubano su independencia, soberanía y dignidad. La prueba del nueve de la grandeza de su obra será comprobar que Cuba, también sin Fidel, seguirá siendo el primer territorio libre de América Latina y un país inmensamente digno, con mucho más peso en la política internacional que, por ejemplo, España.

Más allá de la tristeza, el resultado del plebiscito tiene un efecto político muy grave, y por tanto Colombia tiene un problema político que debe resolver de forma urgente, por medios exclusivamente políticos, no jurídicos

Los argumentos de la campaña del No al acuerdo de paz en Colombia, además de abusivamente burdos y simplistas, carecen de sustento alguno a la vista de las 297 páginas del Acuerdo Final, paciente y cuidadosamente elaboradas durante cuatro años de trabajo

“Nos vemos dentro de 10.000 muertos”

Tlaxcala, México, 1992.

El sorprendente resultado del Plebiscito celebrado el pasado domingo en Colombia, donde el 'No' al Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC EP se ha impuesto por un estrecho margen de 56.000 votos entre más de 12 millones y medio depositados, sitúa al concluido proceso de Paz que se adelantó en La Habana desde el año 2012, en un delicado trance. El problema que este resultado ha creado es eminentemente político, en ningún caso es un grave problema jurídico.

El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y duradera, alcanzado el 24 de agosto de 2016 en La Habana, mantiene su validez jurídica a pesar del resultado del plebiscito. Ello por varias razones. En primer lugar, porque el artículo 22 de la Constitución Política colombiana reza: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. En segundo, porque la sentencia de la Corte Constitucional colombiana que se pronunció el pasado mes de Julio sobre la ley de convocatoria del plebiscito estableció que el resultado de este no tenía ningún efecto jurídico respecto al Acuerdo de Paz, si bien implicaba una obligación política para el Presidente de Colombia, quien decidió unilateralmente convocarlo sin tener obligación de hacerlo.

Y, en tercer lugar, porque el Acuerdo Final ya tiene fuerza jurídica propia conforme al derecho internacional, toda vez que fue suscrito como Acuerdo Especial –figura jurídica de obligatorio cumplimiento prevista en las Convenciones de Ginebra de 1949– y depositado por las partes ante el organismo depositario de las Convenciones de Ginebra, dándole así legitimidad a sus contenidos.

Las FARC EP, si bien el pasado mes de junio aceptaron la realización del plebiscito tres años de discrepancia argumentada, se han venido oponiendo a la celebración de este por varios motivos: porque la Constitución colombiana configura el derecho a la paz como un derecho fundamental, y por tanto como un derecho “contra mayoritario”, es decir, un derecho intrínseco a la dignidad humana que no puede ser sometido a consulta, y que de someterse su resultado no tendría efecto jurídico alguno.

Se trata de un derecho indisponible consustancial a la dignidad de la persona, al igual que el derecho a la vida o a la libertad de cualquier ser humano, derechos fundamentales cuyos contenidos y configuración no dependen de la opinión de terceros, salvo que se opte por conculcar la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la propia Constitución colombiana.

Más allá de la tristeza que embarga a cualquier persona al contemplar como un país desaprovecha la oportunidad de acabar con un conflicto que se inició al menos 30 años antes de que existieran las FARC EP –Ley de Tierras 200 de 1936–, sin duda el resultado del plebiscito tiene un efecto político muy grave, y por tanto Colombia tiene un problema político que debe resolver de forma urgente, por medios exclusivamente políticos, no jurídicos.

Los argumentos de la campaña del No

Existe un importante sector de la población que ha entendido erróneamente que el efecto del Acuerdo de Paz seria pernicioso para el país, porque (de atender a los argumentos esenciales de la campaña del No) provocaría la instauración de un régimen político “castro chavista” donde se cercenarían las libertades individuales; porque provocaría una subida de impuestos; porque instauraría una sociedad gobernada por interés de “género”, que se asocian a comportamientos “feministas” y “homosexuales”; y porque supondría la impunidad no de los crímenes cometidos durante el conflicto, sino de los delitos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que hubiera causado la guerrilla de las FARC EP.

Tales argumentos, además de abusivamente burdos y simplistas, carecen de sustento alguno a la vista de las 297 páginas del Acuerdo Final, paciente y cuidadosamente elaboradas durante cuatro años de trabajo, observando los derechos de todas las víctimas del conflicto y recogiendo sus inquietudes y opiniones. Lejos de instaurar un régimen “castro chavista”, el Acuerdo Final fortalece el derecho a la propiedad privada de los pequeños y medianos campesinos, al blindarlos contra las prácticas de despojo –más de 7 millones de hectáreas usurpadas violentamente– que han padecido históricamente por cuenta de grandes propietarios y sus ejércitos privados -paramilitares-, quienes únicamente defienden el derecho a la propiedad privada si la tierra es para ellos.

En Colombia, el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas. Nada molesta más a esos grandes propietarios que oír hablar de los 10 millones de hectáreas que según el Acuerdo de Paz van a ser entregadas y titularizadas a campesinos pobres sin tierra. Y ello porque el Acuerdo de Paz contempla como poco probable que sean devueltas a sus propietarios originales una parte significativa de los 7 millones de hectáreas despojadas durante el conflicto.

El Acuerdo de Paz supone también la eliminación de un gasto diario en conceptos de guerra de entre 7 y 8 millones de dólares, cantidad que podrá redirigir el Estado a inversiones sociales, infraestructuras, salud o educación si así lo consideran las instituciones, sin necesidad de subir impuestos.

Que haya sido el primer acuerdo de paz alcanzado en el mundo en el que ha existido e intervenido una “comisión de género” –ha revisado todos los acuerdos desde la perspectiva de los derechos de mujeres y personas de diversa orientación sexual– ha sustentado el sorprendente argumento, surgido en las iglesias evangélicas más conservadoras y no desmentido por la iglesia catolica, de que el acuerdo de paz generalizaría las relaciones afectivas homosexuales en el país, así como posibilitaría una especie de “dictadura social feminista”.

El más descabellado e interesado de los argumentos del No a la paz, es el de la supuesta impunidad que provocan los acuerdos, a pesar de haberse construido un modelo de Justicia que ha sido saludado por instituciones internacionales y organizaciones de víctimas de forma prácticamente unánime. Solamente Uribe, el muy conservador exprocurador Ordoñez y la ONG estadounidense Human Rights Watch, han mantenido una posición beligerante contra el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), acuerdo que pretende procesar penalmente cientos de miles de conductas criminales que han provocado víctimas y están en la absoluta impunidad.

Por el contrario, es la primera vez que en un proceso de paz, ya fuere en Colombia o en cualquier otro país del mundo, y sin intervención de la comunidad internacional, las partes en una mesa de conversaciones han acordado un sistema integral de justicia y ofrecimiento de verdad –otra palabra no del gusto de los poderosos– ante el cual todos los intervinientes en el conflicto, combatientes y también no combatientes –integrantes de colectivos políticos, de grupos económicos, agentes de gobiernos extranjeros, y otros– deberán comparecer para dar cuenta de sus responsabilidades, si las tuvieran.

Integrantes de colectivos políticos y económicos que nunca han vestido un uniforme ni pisado el barro en una trinchera, pero que han intervenido y/o utilizado la guerra en su provecho político o económico, desde cómodos despachos en Bogotá, disfrutando estructuralmente de impunidad, son ahora los que claman contra una supuesta “impunidad guerrillera” que permitiría la JEP. La Fiscalía General de Colombia tiene preparadas más de 55.000 acusaciones contra las FARC, –responsables, junto a otras guerrillas, de no más del 15% de la victimización causada en el conflicto, según datos de la Unidad de Victimas del Gobierno–, además de las miles de condenas ya impuestas a guerrilleros. Sin embargo, apenas son 3.000 las acusaciones preparadas por la Fiscalía contra agentes del Estado –responsables de un 25% de las victimizaciones– y ninguna, contra organizadores, financiadores o instigadores de grupos paramilitares, responsables de más del 50% de la victimización habida durante el conflicto.

Más de 2.000 “compulsas de copias” (acusaciones derivadas desde un juzgado no competente para investigar) contra financiadores y organizadores de grupos paramilitares, recorren distintas instancias judiciales colombianas desde la aprobación por el entonces presidente Uribe de la Ley de Justicia y Paz en 2005, sin que ninguna institución las procese. Los argumentos del No sobre la supuesta impunidad que provocaría el denominado “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No repetición” acordado en La Habana, no se refieren en ningún momento al tratamiento penal diferenciado que para los agentes del Estado se contempla en dicho Sistema, tratamiento que previsiblemente será utilizado como moneda de cambio en una hipotética renegociación, en aras de mantener los habituales nichos de impunidad civiles.

Mirada al futuro

Respecto al peso político del resultado del plebiscito, la diferencia de 56.000 votos entre el Sí y el No, es mínima en un universo de más de 12,5 millones de votantes y 32 millones de electores. No han podido votar muchos colombianos, por falta de previa apertura de censos electorales en un país donde buena parte de la población campesina carece de documentación, habiendo además más de 4 millones de colombianos en el exterior –muchos de ellos exiliados políticos–, la inmensa mayoría sin censar. Por si ello fuera poco, el paso del huracán Mathew por la región caribe colombiana el día de la votación, provocó una altísima abstención en una región donde masivamente las encuestas daban ganador al Sí y donde efectivamente este venció, a pesar de los cientos de miles de personas que se vieron imposibilitados de ir a votar.

Tras el inesperado resultado, todos los sectores implicados se han pronunciado por continuar el proceso de paz: el Gobierno, las FARC y los defensores del No, si bien estos últimos pueden pretender convertirse en oráculos que pretendan interpretar qué es lo que debe ser modificado del Acuerdo de Paz para que este supuestamente se corresponda con la voluntad expresada por los votantes del No.

Y ya verán los lectores como el oráculo uribista interpretará que son los acuerdos sobre Jurisdicción Especial para la Paz , desmantelamiento del paramilitarismo y Reforma Rural Integral, los que deben ser modificados, o mejor aun “desmantelados”. No para que los guerrilleros no puedan disfrutar de una impunidad inexistente en la justicia ordinaria colombiana o en el Sistema Integral definido en los acuerdos – la Fiscalía de la Corte Penal Internacional afirmó en su informe sobre Colombia de noviembre de 2015, que las guerrillas en Colombia son el único actor del conflicto que no ha disfrutado de impunidad, debido a la implacable y constante persecución del Estado en su contra y de sus supuestos colaboradores– sino para excluir de la competencia de la JEP a políticos, empresarios, o en general a civiles organizadores, financiadores o instigadores de los muchos grupos armados paramilitares que han existido o existen en Colombia. Su objetivo no es otro que continuar, por los siglos de los siglos, disfrutando de la impunidad a la que están acostumbrados y que tan pingues benéficos les ha producido.

El lunes 3 de octubre, tal y como habían solicitado los defensores del No, el Presidente Santos convocó a todas las fuerzas políticas a una reunión para abordar la situación creada. La totalidad de los partidos políticos, salvo el Centro Democrático de Uribe, han venido apoyando el proceso de paz. El único partido político que no ha acudido a esa reunión es el Centro Democrático. Ausencia que no puede deberse más que a la falta de voluntad de alcanzar un acuerdo político para salvar el proceso de paz, o a que ni ellos saben en este momento como gestionar el No a la paz que tan irresponsablemente han provocado.

Las propuestas presentadas por el ahora senador Uribe en el Senado, el día siguiente al plebiscito, para supuestamente salvar el proceso de paz (cese al fuego, otorgar amnistías inmediatas, y proteger la vida de los jefes de las FARC) estaban ya incluidas en el Acuerdo de Paz y en el caso del cese al fuego, en vigor desde el pasado 29 de agosto, habiéndose ya iniciado el proceso de Dejación de Armas por las FARC el pasado día 30 de septiembre.

En la amplia convocatoria al dialogo político efectuada por el Gobierno debería incluirse, por justicia y coherencia, a las organizaciones de víctimas, legítimas representantes de quienes padecen o han padecido directamente la guerra, y que quizás por ello han apoyado masivamente el Sí a la paz. Sin su presencia, se excluiría del dialogo nacional a aquellos en cuyo nombre todos los partidos políticos dicen hablar, sin que ninguno de ellos haya recibido nunca expresamente dicha representación. La presencia de las víctimas en el dialogo es imprescindible, porque no parece probable que el mismo “establecimiento” colombiano que en casi cien años no ha sido capaz de acabar ni con la violencia política ni con la guerra, pueda ahora alcanzar un acuerdo político para salvar una paz que estaba ya acordada con las FARC hasta que sus cuitas políticas –Uribe, Santos y la ambición– la hicieron saltar por los aires.

“Nos vemos dentro de 10.000 muertos”, dijo un indignado y agotado negociador guerrillero a un negociador del Gobierno tras fracasar el segundo de los cuatro procesos de paz habidos entre el Estado y las FARC. Esta vez, entre todos y todas vamos a preservar y proteger la paz, para que no haya que volver a verse dentro de ningún muerto más. Y esta tarea sin duda es una obligación de la Comunidad Internacional.