Nadie duda de la dificultad de negociar y llevar a cabo una reforma global del Sistema de Financiación Autonómica en plena pandemia. Pero tampoco nadie puso en entredicho el reto que suponía para el Gobierno de España negociar en el Consejo Europeo –ante otros 26 jefes de Estado– que el programa de reconstrucción Next Generation UE debía tener en cuenta que no todas las economías europeas se habían visto golpeadas por igual por la Covid-19, ni que todos los Estados disponían de los mismos márgenes de maniobra fiscal. Nada parece sencillo en este 2020 que ha hecho saltar por los aires nuestras previsiones de ingresos, nuestras líneas de gasto y, sobre todo, nuestros proyectos de futuro.

Pero España lo consiguió y se impuso la doble perspectiva de equidad y realismo financiero en las negociaciones. Nuestro país será uno de los más beneficiados por los fondos europeos de reconstrucción. Y si fue posible en Europa, ahora es el turno de reclamar también la reforma de un modelo de financiación que resuelva de una vez por todas el problema de la inequidad en el reparto de recursos entre las comunidades autónomas.

Aun así, el problema del reparto equitativo entre los territorios no es el único que invalida el actual sistema de financiación. El artículo 156 de la Constitución señala que “las CCAA gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles”. Es decir, recoge también el precepto de suficiencia, cuando la realidad es bien distinta: existe una Administración con recursos y pocas competencias –la central– y otras –las autonómicas– con muchas obligaciones y una falta considerable de fondos para hacerles frente.

Claro que una reforma global es complicada, pero esta situación no puede prolongarse por más tiempo. Necesitamos una distribución vertical de los recursos tributarios para atender mejor las necesidades de los ciudadanos, que son quienes pagan los impuestos y quienes esperan de sus gobiernos una adecuada prestación de servicios.

Hay que reconocer, eso sí, los importantes avances que en los últimos años se han producido en términos de suficiencia. El Gobierno Central ha atendido las reivindicaciones de las autonomías y ante una crisis sin precedentes ha optado por garantizar la liquidez y los recursos para las autonomías. Una postura completamente alejada a la que el Gobierno del Partido Popular adoptó en 2011, cuando los recortes en sanidad, educación y servicios sociales fueron la única solución propuesta. Una degradación sin precedentes de los servicios públicos vinculados al Estado del Bienestar de la que las autonomías todavía no nos hemos recuperado. Y la actual pandemia lo ha vuelto a poner de manifiesto.

La decisión del actual Ministerio de Hacienda de mantener las entregas a cuenta a las autonomías previstas para este año para garantizar su mismo nivel de ingresos y la incorporación del fondo COVID, dotado con más de 16.000 millones, ha permitido que los servicios sanitarios, educativos y sociales –dependientes de las CCAA– no se hayan visto resentidos por la caída real de la recaudación, y ha puesto de manifiesto el cambio de criterio por parte de un Gobierno que concibe la financiación autonómica y el refuerzo del Estado del Bienestar como dos caras de una misma moneda.  

Por ello estamos convencidos de que el Gobierno entenderá hoy más que nunca que no hay prórrogas posibles para una pandemia que ha lastrado nuestra economía, pero por encima de todo ha provocado miles de pérdidas humanas y una crisis socio-sanitaria sin precedentes. El Ejecutivo central ha declarado el ejercicio 2021 como el punto de arranque para la recuperación y reconstrucción del país, pero mientras se siga posponiendo la reforma del sistema de financiación seremos muchas las comunidades autónomas las que no seremos capaces de afrontar la salida de la crisis con las mismas posibilidades de éxito. Y eso a pesar de que nuestros ciudadanos han sufrido por igual las consecuencias de un virus que no ha entendido ni de clases sociales, ni de edades, ni mucho menos de desigualdades financieras entre territorios.

Hoy, en plena segunda ola de contagios, los valencianos y las valencianas reforzamos, como cada 18 de noviembre desde hace tres años, la reivindicación de la reforma de un sistema que acumula siete prórrogas (de 2014 a 2020, ambos inclusive) que ya duplican el quinquenio de vigencia inicial del actual Sistema (de 2009 a 2013). Existe un amplio consenso sobre la necesidad de afrontar la  reforma del sistema, pero hasta el momento las prórrogas han sido la única salida que se le ha dado a este problema. Y eso pese a que, como reconoció la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en julio de 2018, el actual sistema “propicia el debilitamiento del Estado de las autonomías” y, en consecuencia, del Estado del Bienestar.

Sí, el problema de la infrafinanciación no es un problema sólo valenciano. Las asimetrías en el trato que reciben las distintas comunidades autónomas está poniendo en riesgo la viabilidad de nuestro modelo social, territorial y nuestra estructura autonómica. Este es un problema de Estado que no se resolverá entre las CCAA, sino con la voluntad decidida del Gobierno Central y del resto de partidos del arco parlamentario de ponerle fin. Hasta ahora la situación era de una enorme gravedad, pero en las circunstancias actuales las disparidades se han vuelto sencillamente dramáticas porque las desigualdades de recursos inciden de manera directa en la capacidad de afrontar la reconstrucción económica tras el impacto de la crisis de la Covid–19.

Los ingresos por habitante que proporcionan los sistemas de financiación autonómica común y foral van en 2021 desde los 2.136 euros de la Comunitat Valenciana hasta los 2.956 euros de la región mejor financiada, una diferencia del 40%. Por no hablar de que las de régimen foral alcanzaron al menos un 60% más. Pero lo más preocupante, sin embargo, son los diferentes niveles de gasto por habitante a los que podemos hacer frente. En 2019 la Comunitat Valenciana gastó 3.498 euros per cápita; las comunidades mejor financiadas del régimen común, 4.320 euros, y las Comunidades Forales, 4.954. ¿Cómo hablar de la equidad que mandata la Constitución en el reparto de recursos mientras seguimos permitiendo que las comunidades autónomas –que ejecutamos el 92% del gasto sanitario en España; el 91% del gasto en educación y la mitad del gasto en protección social no vinculado al desempleo ni a las pensiones– tengamos a nuestro alcance instrumentos tan dispares con los que proteger a nuestros ciudadanos?

La transferencia extraordinaria hacia las CCAA, comunicada en el pasado Consejo de Política Fiscal y dotada con 13.486 millones de euros para 2021, debe ser el instrumento que permita cubrir dos cuestiones clave en la financiación regional: la suficiencia y la equidad. Por un lado estos recursos deben fortalecer el actual Estado del Bienestar y favorecer la prevención frente a nuevas olas de la pandemia. Y por otro lado, debe servir para igualar las capacidades financieras de partida de los territorios para afrontar la recuperación en las mismas condiciones. De lo contrario, consolidaremos –inexplicablemente– dentro de España una desigualdad de trato que será idéntica a aquella contra la que luchamos en Europa. Y el riesgo de que las comunidades infrafinanciadas –como Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Baleares o Castilla-La Mancha– continuemos alejadas de la media española, como ha sucedido en la última década, será todavía mayor. Y aún más en aquellas CCAA que estamos infrafinanciadas y contamos, además, con una renta per cápita inferior a la media.

No permitamos que la injusticia financiera se consolide cuando tenemos al alcance la herramienta más eficaz para superarla: recursos adicionales a través de los Presupuestos Generales del Estado para dotar de recursos a las autonomías peor financiadas mientras acometemos la reforma del sistema. Para resolver el problema de la falta de recursos el Consell del Botànic se ve obligado a introducir desde 2016 una partida reivindicativa en sus presupuestos, que en 2021 será de 1.336 millones de euros, cifra anual que supone nuestra infrafinanciación.

Reconstrucción, resiliencia y financiación justa van inexorablemente unidas. La convergencia en los niveles de renta per cápita de todos los territorios es un gran reto en el que España no ha logrado avanzar. Si una pandemia mundial que ha puesto en jaque nuestros sistemas sanitarios y socio–sanitarios y cuya presión ha recaído mayoritariamente sobre las comunidades autónomas no es suficiente para agilizar la reforma del modelo, no habremos entendido nada ni sobre bienestar, ni sobre generación de riqueza, ni sobre progreso en 42 años de democracia.

Un nuevo retraso no es viable, merecemos conseguir un futuro sin más hipoteca que la de la igualdad de oportunidades.

• (L'actual conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, va pronunciar aquestes paraules en un acte celebrat al col·legi major Rector Peset, de València, el 25 de març del 2015, per a presentar el llibre 'Fulgor y muerte de las cajas de ahorros', d'Emili Tortosa. Es reprodueixen ací com a homenatge a qui va ser director general de Bancaixa, mort dissabte passat a 79 anys d'edat)

La pèrdua de les caixes d’estalvi, com de la radiotelevisió, com de la capacitat per fer valdre els nostres drets en el sistema de finançament autonòmic són alguns dels assumptes que marcaran els llibres d’història valenciana amb ferro roent.

Les caixes d’estalvi (i, com una prolongació, el Banc de València) eren la banca de proximitat, la que ens coneixia, la que parlava amb el nostre dens teixit de petites i mitjanes empreses de tu a tu, la que sabia de les capacitats de les nostres famílies per a endeutar-se, la que podia apostar per uns clients jugant a llargues, a projectes de futur sabent del seu passat.

Eren, en resum, els intermediaris financers arrelats al territori. Que, a més, per la seua singularitat fundacional i jurídica, tenien una sensibilitat social més gran que els bancs. Uns intermediaris financers que, amb una legislació canviant, van acabar de trobar el punt d’eficiència que els va permetre tindre més del 50% del mercat bancari a casa nostra.

Doncs, el llibre d’Emili Tortosa, Fulgor y muerte de las Cajas de Ahorro, està escrit perquè entenguem les dues coses: el “fulgor”, la capacitat de les caixes per competir de la millor manera en el seu segment de negoci i obtindré eixa increïble quota de mercat, i la “muerte”, la seua desaparició del mapa en un tres i no res, desprès de 180 anys de vida. 

Està escrit per al ciutadà encuriosit per un fenomen que condueix indefectiblement cap a la perplexitat més profunda. No debades el títol del primer capítol és Cóm hem arribat a això? La vocació de l’autor és adreçar-se al gran públic, i ausades que ho aconsegueix! 

De fet, molt poques pàgines estan dedicades als tècnics o experts en la matèria. En bastants pàgines, particularment quan tracta de descriure el comportament dels polítics i dels gestors de les caixes, sembla que estàs llegint una novel·la de Ferran Torrent.

Redacció fluïda, tocs d’erudició i, sobre tot, passió i dolor per la història d’unes entitats que l’autor ha viscut com a pròpies desprès de passar tota la llarga escala d’ascens professional en una d’elles: des de 'botone's a director general, 43 anys viscuts intensament. I 15 més, com diu ell, d’observador privilegiat, com a ex.

Sobre les caixes d’estalvi ja tenim bastants articles i llibres, però aquest llibre afegeix a tot el que hi ha un plus d’autenticitat perquè ho fa qui ho fa. Amb un coneixement del tema fora de dubtes i una capacitat envejable per comparar èpoques i actuacions. Escriu i sua el text des de dins, des de dins de l’objecte d’estudi. Un testimoniatge impagable.

Hi ha una idea força: les caixes d’estalvi podrien haver tingut una altra senda a recórrer. Els responsables que no haja estat així són molts i diversos. En primer lloc, els gestors de les mateixes i els polítics que els van posar i que van crear les condicions legals perquè pogueren fer el que van fer. 

En segon lloc, les agències de rating, a les quals se'ls escapava la lectura rigorosa de les comptabilitats financeres. Sense oblidar, és clar, els supervisors, començant per l’Institut Valencià de Finances i passant, sobretot, pel Banc d’Espanya.

L’autor ens aconsella, però, que no confonguem politització amb mala gestió. Posa exemples de caixes d’estalvi tan polítitzades com les valencianes que no van fer-ho tan malament, com és el cas de les basques, o de la Caixa, o d’Ibercaja o d’Unicaja.

El problema, dirà, és no haver sabut respectar l’autonomia dels professionals al si de les caixes quan els presidents i altres membres dels Consells d’Administració -que no sabien de finances- assumiren funcions executives i posaren la lògica del negoci al servei d’interessos espuris partidistes. 

Hi ha noms propis, però, com el de Josep Maria Simó, president de Bancaixa, que el destaca en positiu per haver sabut envoltar-se de bons professionals als quals respectaria.

Això dit, també parla d’alguns d’aquests bons professionals que esdevingueren amb el temps corretja de transmissió dels polítics perquè l’únic incentiu que acabaren atenent fou augmentar els seus emoluments professionals i creien que, amb la submissió, no tindrien problemes al respecte. Fins i tot, en les astronòmiques jubilacions que es varen concedir ja en plena crisi financera.

Per tant, per a Emili Tortosa, la causa de la crisi de les caixes no és financera sinó de valors i, més encara, política. Amb les desatrosses conseqüències socials i econòmiques, directes i indirectes, que la seua caiguda ha suposat, començant pels milers d’acomiadaments de personal, molts més dels que una racional reorganització del sector haguera suposat.

Evidentment, els protagonistes de la “trama” del llibre són Bancaixa i la CAM. I indirectament, Caixa Ontinyent, perquè fou l’única que es val salvar de la “cremà” entre 2008 i 2012. 

Per cert, un llibre que descriu amb pèls i senyals un magnífic rerefons de la història financera i legislativa de les caixes espanyoles. Principalment, des dels impulsos renovadors de Fuentes Quintana a les darreries dels setanta dels segle passat, passant per la  LORCA del 1985 i acabant per la normativa estatal i autonòmica més recent.

Com també descriu el canvi -que va viure personalment l’autor- de la Caixa de València entre 1989 i 1999 ja convertida en Bancaixa. D’aquella Caixa del 89 obsoleta fins i tot tecnològicament i amb un personal desmotivat a aquella que 10 anys més tard era la tercera de les caixes espanyoles

Heus ací unes quantes preguntes que es faran els presents i que l’autor explica en el llibre amb l’autoritat que se li reconeix: 

Per què no es va fer la fusió Bancaixa-CAM i se'n fa una de pitjor entre Bancaixa i Caja Madrid que, a més, ha creat un perill sistèmic en el sistema financer? On estaven els financers valencians per tal de preservar, com a mínim, el Banc de València?

Per què, en la desesperada necessitat de capitalització –les caixes no tenen accionistes i els acords interbancaris de Basilea III exigeixen uns mínims importants de capital social- emprenen una croada d’enganys amb els mateixos clientes per tal de fer-los comprar tota mena de productes híbrids de difícil compressió com les quotes participatives, les participacions preferents o les obligacions subordinades?

Per què s’abandona en bona part el negoci tradicional de banca familiar i de la petita i mitjana empresa –que tants bons rendiments i guanys de quota de mercat havia reportat- i s’aboquen bojament i directa al negoci de l’especulació immobiliària i, particularment, del sòl urbanitzable? 

Per què els milers de milions d’euros que està costant reflotar-les –la majoria de la butxaca del contribuent- no han exigit que el crèdit torne a qui ho necessita (famílies i pimes) i, sobretot, no signifique que continue el desnonament de tantes famílies que no poden pagar les hipoteques? 

En paraules de l’autor: “El teixit productiu valencià és un exemple perfecte d’ecosistema productiu en què les caixes d’estalvi jugaren històricament un paper de donar suport i dinamització i que ha acabant pagant cara l’orientació preferent de la política de les caixes cap a suculents negocis de la bombolla financera...”. 

Paraules ben significatives perquè el finançament de la pime valenciana i espanyola és bàsicament mitjançant el crèdit bancari, a diferència de les grans empreses que tenen altres canals complementaris de finançament.

Què passa també amb l’Obra Social de les caixes que tant han aportat en l’àmbit de la cultura, el voluntariat o la dependència? 

Per què no hi ha manera que, amb tot això, no torne la confiança entre clients i gestors bancaris? Això que els economistes anomenem “capital relacional”, una part important de l’anomenat “capital social”, l’atmosfera adient perquè es desperte l’activitat econòmica. L’autor posa unes experiències viscudes personalment en aquest sentit a Bocairent i Benetússer, quan era director d’oficina, ben alliçonadores.

Per què els supervisors –especialment, el Banc d’Espanya- no denuncia a temps la concentració de riscs que això suposava? Va voler realment l’autoritat financera que s’afonaren les caixes per tal de tindre el camp expedit per obligar-les a fusionar i a que esdevingueren bancs? 

Perquè de crisis financeres ja n’havíem passat unes quantes -com la dels anys vuitanta que afectà a més de 50 entitats-, però cap ni una va suposar posar en qüestió la pervivència de les caixes d’estalvi com a intermediaris financers. Es va perdre la memòria o el sentit comú? Per què les caixes haurien d’esdevindre necessàriament bancs, com premonitòriament va assenyalar el professor Jack Revell, el 1989?

Ara sí, ara s’ha acabat amb un tipus d’intermediari financer que tenia defectes funcionals, principalment de govern de l’entitat, però que havien demostrat que acomplien un paper important en la fluïda relació financera amb famílies i pimes. Amb una capil·laritat territorial immensa, potser excessiva en els últims temps, que permetia aquella sensació de proximitat entre client i entitat.

L’autor cita un article d’Anton Costas, un reputat col·lega de la UB, que fa feredat. Un article publicat en El País el 2011, quan encara no s’havia perpetrat del tot l’assalt complet al sistema espanyol de caixes d’estalvi. Diu el professor Costas: “Estamos a punto de cometer el mayor desmán financiero de nuestra historia: la entrega de la mitad del sistema financiero español, a precios de saldo y desguace, a bancos, inversores privados y 'fondos buitre”. I es va cometre, com tothom hem vist davant dels nostres propis ulls.

Les caixes tenien alguns problemes derivats de la seua singularitat. Problemes de propietat (segons el Tribunal Constitucional eren “ens privats de caràcter social”), per tant, com ja s’ha esmentat, amb problemes de govern corporatiu, amb una representació que combinava la indirecta de les corporacions locals i la de les Corts Valencianes, amb la “democràcia futbolística” del col·lectiu dels impositors

Diguem “democràcia futbolística (un terme encunyat pel sempre enginyós Ernest Lluch) perquè era una elecció per sorteig a partir d’impositors, però que també era intervinguda pels grans partits polítics, mitjançant plataformes electorals. Finalment, també hi tenien presència representants dels treballadors i, si s'esqueia, una presència de l’ens fundador, cas de Bancaixa i la Societat Econòmica d’Amics del País.

Tot això derivava en problemes de gestió quan polítics i professionals entraven en col·lisió de perspectives i actituds. Que a la fi, en els moments de major complexitat de gestió, quan s’havia de fer front a la crisi, sembla que en molts casos, ni això, perquè uns i altres van tirar pel camí del mig, fent una fugida cap a endavant, de desori en desori, fins a la derrota final.

Tot plegat, Emili Tortosa ha escrit un llibre que, com he dit adés, és imprescindible per conèixer l’època en que ens ha tocat viure als valencians. Ha estat valent, tot i la seua prudència congènita. Ixen noms, bastants, de tot tipus i condició. Ixen operacions que tenen més a vore amb Sicília que amb València. Es descriuen contextos i situacions que expliquen per què estan tan escampada la pràctica d’operacions en negre i l’omertà amb la qual s’ha viscut durant la bombolla i, fins i tot, desprès de la bombolla.

Costa molt entendre com en situacions tan doloroses socialment com la dels darrers set anys, han pogut mantindre’s actituds tan insolents des del punt de vista econòmic i financer. I allò de les pensions milionàries només és la punta de l'iceberg del que s’ha fet fins fa quatre dies. Fins que l’opinió pública ha obligat a jutges i fiscals a entrar a fons en el tema.

Desprès de llegir el llibre, penses que els 800 milions de fiança que han posat als responsables de Bankia és una quantitat adequada a les insolents malifetes –ho remarque- que s’hi ha fet. I el reguitzell de judicis als que han de fer front els responsables de la CAM, Bancaixa i Banc de València, el mínim cost que han de pagar aquells que ens han deixat als valencians amb un pam de nas en un assumpte tant estratègic per al present i futur de tots nosaltres com és el sistema financer propi. 

Que paguen judicialment i que tornen els diners són dos objectius de justícia que a hores d’ara la majoria tenim clar. Més encara, com dic, desprès de llegir llibres com aquest.

Moltes gràcies, Emili Tortosa, per escriure el llibre, per complicar-te la vida a aquestes altures de la teua pel·lícula personal i fer-ho com un servei a la teua gent, al país dels valencians i les valencianes. 

Un servei que ens toca molt de prop a la nostra consciència de poble, de poble castigat per la Història i tan invisible en tants aspectes socials, econòmics, culturals i polítics. Moltes gràcies, Emili.

El poble valencià celebra hui un atípic 9 d’Octubre, marcat per les restriccions que s’han instal·lat en la nostra vida quotidiana com a conseqüència de la Covid-19. Els actes festius i alguns dels protocolaris s’hauran de quedar per a millor ocasió, perquè en estos moments la salut i la seguretat de la ciutadanía està per davant de tot. Però, possiblement per això, hui és un bon dia per a fer una reflexió sobre la nostra realitat social, econòmica i política i sobre quin és, a part del sanitari, el repte més important a què ens enfrontem les valencianes i els valencians: la solució definitiva al nostre històric i injust infrafinançament.

La crisi generada pel coronavirus ha posat de manifest el rellevant paper que juguen les comunitats autònomes en la prestació dels serveis públics fonamentals, amb les seues competències en la gestió de tres dels quatre pilars de l’Estat de Benestar: la sanitat, l’educació i els serveis socials.

En eixe escenari, la suficiència financera de les autonomies per a atendre les seues obligacions determinarà la seua capacitat de recuperació. Aixó exigeix comptar amb recursos suficients que garantisquen la sostenibilitat del sistema i la igualtat entre els territoris. Si els governs autonòmics disposen dels fons necessaris, podran impulsar estímuls i polítiques que afavorisquen la creació d’ocupació, la generació d’activitat i la reactivació econòmica.

Malauradament ara mateix no arriben a la Comunitat Valenciana, via sistema de finançament autonòmic, els recursos necessaris d’un model que maltracta cinc milions de valencianes i valencians.

Les xifres són tossudes i ja fa molt de temps que absolutament ningú discuteix que la Comunitat Valenciana és la pitjor finançada per un sistema caducat des de 2014, i que fa que la seua reforma s’haja convertit en una reivindicació que uneix totes les forces polítiques amb representació a les Corts, als experts, agents socials i institucions valencianes.

Un recent estudi de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada (FEDEA) i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) revela que el finançament per habitant de la Comunitat Valenciana va ser en 2018 un 10% inferior a la mitjana del conjunt de comunitats de règim comú; i que solucionar aquest infrafinançament suposaria per a la Comunitat Valenciana uns ingressos addicionals anuals de 1.350 milions d'euros.

Els exemples són encara més aclaridors. La Comunitat Valenciana rep cada any 2.290 milions d’euros menys que Galícia o 2.540 milions menys que Astúries, regions que tenen una renda per càpita similar a la nostra.  Aquesta situació és insostenible i només genera desigualtats de tracte entre ciutadans espanyols que resideixen en territoris diferents.

És peremptori, per tant, l’establiment d’un nou sistema de repartiment de recursos que atenga eficaçment el precepte constitucional, recollit en el seu l’article 156, que establix un mandat de suficència i equitat per a totes les comunitats autònomes. Reformar el sistema del finançament significa, doncs, reforçar l’Estat de Benestar i més encara enfront de la crisi que patim.

Si no afrontem de forma immediata les negociacions que permeten l’aprovació d’un nou sistema de finançament, correm el risc d’augmentar encara més les actuals desigualtats entre els territoris.

Aquesta és la realitat a què ens enfrontem. I partint d’aquesta realitat el Consell, i jo especialment com a conseller d’Hisenda, hem asumit com a objectiu prioritari d’endreçar la situació. Això suposa dur a terme la reforma del sistema de finançament i fins que això s’aconseguisca, posar en marxa les mesures que permeten pal·liar la situació, garantint en tot moment l’Estat del Benestar.

Aposta per la despesa social

El Consell, tot i l’evident mancança de recursos, ha fet un gran esforç per a reforçar els serveis públics fonamentals. En estos moments, la Generalitat invertix cada dia 39,1 milions d’euros en despesa social, dels quals 18,5 milions van a sanitat, 14,6 a educació, 4,4 a igualtat i polítiques inclusives. En total, la inversió en serveis socials en 2019 va arribar als 14.278 milions d’euros, la major dotació de la història.

A més en els últims cinc anys, la despesa sanitària per habitant del Consell del Botànic ha duplicat, per exemple, la de la Comunitat de Madrid, que no hem d’oblidar que té un finançament per càpita superior al valencià.

Aquest esforç inversor ha fet que la Comunitat Valenciana acumule més dèficit, i en estos moments és la més endeutada de totes les autonomies en relació al seu PIB i la més dependent de l'assistència financera de l'Estat a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). Però no tenim el·lecció. El benestar dels ciutadans va per davant de les xifres macroeconòmiques. Quan la Comunitat Valenciana tinga els ingressos que li corresponen, el recurs al dèficit i al deute no serà una necessitat.

Aquesta aposta per apropar-nos a la mitjana en despesa sanitària i educativa per habitant, unida a la nostra evident falta de recursos, ha obligat al Consell del Botànic a reduir a nivells considerablement inferiors a la mitjana la resta de despeses, com la destinada a les polítiques de foment del desenvolupament regional i la competitivitat, situant-la molt per davall de la del conjunt de les comunitats autònomes. Aquesta és la més clara evidència de que la Comunitat Valenciana no té un problema d’excés de despesa, sinó de manca alarmant d’ingressos.

La resposta d’Espanya i la Unió Europea

La resposta del Consell s’ha vist complementada per les mesures preses pel Govern central i la Unió Europea. Les repercusions de la pandèmia, sense dubte l’esdeveniment més transcendent per als comportaments econòmics i socials de les societats avançades des de la Segona Guerra Mundial, reclamaven una resposta decidida i així ho han entès tant les autoritats espanyoles com les europees, posant les bases per a un procés de recuperació que necessita una inversió intel·ligent, amb una decidida aposta pel coneixement, el capital físic, la tecnologia i la cohesió social.

Tant la Unió Europea com el Govern progressista d’Espanya han sabut respondre adequadament  amb una movilització de recursos financers sense precedents  per a iniciatives estratègiques que  faran possible la millora de les condicions de vida dels ciutadans. Els fons europeus React o el Next Generation EU, per aconseguir una economia més social, més digital i més sostenible, o be els fons no reemborsable de 16.000 milions d’euros, oferit pel Govern de Pedro Sánchez per tal de fer front a les conseqüencies sanitàries, socials i econòmiques, constitueixen alguns exemples del compromís d’ambdues administracions.

A més, ha sigut crucial la ràpida resposta de l’executiu central a la reclamació del president del Consell perquè la Comunitat Valenciana poguera disposar de liquiditat per fer front a l’augment de la despesa durant els mesos més crítics de la pandèmia. Així es van poder pagar més de cent mil factures a empreses, autònoms i pimes per un import de 1.095 milions d'euros, reduint el període mitjà de pagament en poc més de 30 dies, perquè la Generalitat no podia ser part del problema, sinó de la solució. Era fonamental posar a disposició de les nostres empreses els recursos que necessitaven en el pitjor moment de la crisi i ho vam poder fer.

Queda clar que el camí de la recuperació serà molt llarg i complicat, però hem de continuar posant messures imaginatives, innovadores i intel·ligents per tal de assolir-la. Així, aquesta setmana hem conegut que el Ministeri d’Hisenda ha decidit relaxar les regles fiscals i mantenir els lliuraments a compte de l’any passat, el que permetrà a la Comunitat Valenciana disposar d’uns 1.300 milions d’euros que compensaran la caiguda d’ingressos motivada per la pandèmia. A més, la taxa de referència del dèficit del 2,2% del PIB suposarà una oportunitat per a convergir amb la despesa mitjana de les comunitats autònomes.

Els recursos dels quals disposarem gràcies a la decissió del Ministeri d’Hisenda d’ampliar a 2021 l’excepcionalitat de 2020, amb els lliuraments a compte i la taxa de dèficit, ens permetran elaborar uns Pressupostos de la Generalitat per a l’any vinent sense retallades en els serveis públics fonamentals, amb capacitat de resposta front a les noves despeses que puga generar la pandèmia i també per a col·laborar en la imprescindible reactivació de l’economia valenciana.

Per altra banda, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia Española, elaborat pel Govern central, contempla 72.000 milions d'euros en tres anys, que possibilitaran la creació de més de 800.000 llocs de treball. Espanya i Europa estan impulsant, doncs, importants mesures necessaries i positives, però que també són excepcionals.

Davant d’això, necessitem mesures que permeten l’estabilitat financera a llarg termini. Per tant, mentre es negocia, es dissenya i es posa en marxa la reforma del sistema de finançament, s’ha d’establir un mecanisme transitori que elimine les importants diferències de finançament per habitant que existeixen en l'actualitat entre les comunitats autònomes.

És necessari que el punt de partida siga el mateix per a totes les comunitats autònomes. I que com diu el president de la Generalitat, Ximo Puig, s’aposte per la singularitat entre els territoris i la igualtat entre les persones.

Tant la fundació d’estudis FEDEA com la Comissió d’Experts de la Comunitat Valenciana per a la Reforma del Sistema de Finançament, han coincidit en la necessitat de crear un fons complementari d’anivellament dels recursos destinats a les comunitats autònomes, finançat amb recursos de l’Estat.

El mecanisme transitori, orientat a convertir el dèficit estructural derivat de l’infrafinançament per habitant en una transferència addicional de recursos, té l’objectiu de posar fre a l’augment de la bretxa de desigualtat entre els territoris que imposa l’actual sistema de finançament i acabar d’una vegada per sempre amb l’asimetria valenciana.

L’asimetria valenciana és una desigualtat que no pot continuar. I quina millor manera de celebrar el Nou d’Octubre enguany que reivindicant que el poble valencià no vol ser més que ningú, però tampoc menys. Que volem els recursos que ens corresponen perquè els valencians i les valencianes disposen del serveis i la qualitat de vida que mereixen.

L’asimetria valenciana l’ha creat un sistema de financiament injust, però nosaltres, des del Consell treballarem de valent, amb el recolzament que ens donen tots el partits polítics de l’arc parlamentari, els sindicats, els agents econòmics i socials, les organitzacions i, en definitiva, tota la societat valenciana per a que eixa injusta asimetria s’acabe d’una vegada per sempre.

Bon 9 d’Octubre!

Un any més arriba l’aniversari del poble valencià, set-cents setanta-vuit anys des que s’inicià al territori valencià una nova etapa històrica que va configurar una entitat politicoadministrativa que, a grans trets, coincideix amb el territori actual de la Comunitat Valenciana i, sobretot, que els valencians d’ara identifiquem amb les nostres arrels.

Una efemèride que es compleix també després de trenta-tres anys d’haver recuperat la identitat col·lectiva que, pel que fa a l’aspecte administratiu, es va perdre el 1707 i, pel que fa a altres aspectes, havia patit deterioraments molt seriosos.

La recuperació de la nostra identitat politicoadministrativa dins del marc de l’Estat de les autonomies de l’Espanya democràtica ens va permetre recuperar la nostra trajectòria històrica de poble amb capacitat d’autogovern dins de marcs més amplis on poder desenvolupar amb més força les nostres potencialitats: primerament, la Corona d’Aragó –dins la qual va nàixer el nostre Regne–; després, l’Espanya projectada sobre quatre continents, des d’Amèrica del Nord fins a les Filipines, passant per Europa i Àfrica.

Tanmateix, no sempre va ser fàcil afermar els interessos valencians –i fins i tot la identitat valenciana– en aquests marcs polítics més amplis. Les tendències autoritàries –i al mateix temps centralistes i uniformitzadores– han estat quasi sempre dominants i també hem de dir que les elits socials i econòmiques valencianes també quasi sempre han estat solidàries d’aqueixes tendències, ja que han buscat la seua pròpia prosperitat de classe i, en el millor dels casos, han mantingut el seu valencianisme reduït a l’àmbit domèstic i li han atorgat una dimensió secundària.

L’arribada de la democràcia a Espanya va permetre revifar la identitat valenciana, però restituir la dignitat pública als maltractats elements identitaris dels valencians –la llengua en primer lloc– ha estat molt més difícil. També ho ha estat afermar una posició política dels valencians al conjunt de l’Estat per a defensar els interessos que tenim com a comunitat: un, aconseguir un finançament equiparable a la mitjana de les comunitats autònomes per a prestar els serveis bàsics que necessiten els ciutadans i desenvolupar les polítiques que corresponen a la Generalitat perquè la Comunitat Valenciana puga desenvolupar una economia competitiva en condicions que permeten el benestar dels valencians.

A l’Estat de les autonomies que és Espanya, correspon a les comunitats autònomes proporcionar tres dels quatre puntals principals de l’estat del benestar: la sanitat, l’educació i l’assistència social. Per tant, el fet que les comunitats autònomes no disposen dels mateixos mitjans a càrrec del sistema de finançament comú de l’Estat per a poder prestar-los implica que no tots els espanyols som iguals a l’hora de rebre aquests serveis bàsics. I que hàgem de dedicar recursos propis per a igualar la prestació d’aquests serveis implica que hem de renunciar a una part de les altres polítiques, per a les quals altres comunitats poden reservar-los: inversions en infraestructures, recerca i desenvolupament, suport a la internacionalització de les empreses, cuidar el nostre medi ambient, potenciar la nostra cultura i els nostres recursos turístics, etc. En tot això ens cal fer uns estalvis que altres comunitats autònomes no han de fer en la mateixa mesura o ens hem d’endeutar més que aquella, o una mica de les dues coses.

Sens dubte, visquem una situació d’emergència greu: 41.953 milions d’euros de deute acumulat a la fi del 2015 amb creixements del 15,1% i del 12,2% el 2014 i el 2015 i dèficits pressupostaris no financers de 3.608 i 3.511 milions en aquests mateixos anys que suposaven més d’un terç dels ingressos no eren ni són suportables. Des del 2016, el primer any per al qual l’actual Consell ha elaborat els pressupostos de la Generalitat, hem encetat, forçats per una complaença menor del Govern d’Espanya de la que havia mostrat fins ara –també ho hem de dir–, un camí de consolidació per a reduir les despeses, dins del molt poc marge que hi ha, i per a incrementar els ingressos demanant una mica més de solidaritat als valencians que tenen millor situació econòmica. Amb aquesta combinació el Programa Econòmic Financer de la Comunitat Valenciana per al 2016-2017 preveu tancar l’any 2016 amb un dèficit pressupostari no financer de 948 milions i que el 2017 abaixe a 704 milions d’euros. Així i tot, el deute continuaria augmentant fins a situar-se en 45.266 milions.

Estem davant d’un problema que els valencians no podem resoldre a soles perquè és un endeutament que tenim majoritàriament amb l’Administració central de l’Estat i la responsabilitat és, en bona mesura, de l’infrafinançament que crònicament ha patit la Comunitat Valenciana dins del sistema de finançament autonòmic. No podem resoldre el problema a soles, però el que és clar és que hem de reivindicar-ne la solució els valencians tots junts i en diàleg raonat amb les altres comunitats autònomes de l’Estat, perquè és l’Estat qui incompleix quan no garanteix de facto el mateix nivell de serveis a tots els ciutadans perquè dóna menys recursos a l’Administració que els ha de prestar.

Els valencians hem aconseguit el consens per a reivindicar la fi d’aquesta injustícia. Totes les forces polítiques representades a les Corts i tots els representants de les institucions i entitats representatives de la societat valenciana hi han donat suport explícit. D’altra banda, el Consell ha encetat el diàleg amb altres comunitats autònomes i ha aconseguit que l’òrgan tècnic que supervisa, per encàrrec de la Unió Europea, el dèficit de les administracions públiques a Espanya haja pres consciència de la nostra situació.

Ara només ens resta que el nou govern que es forme a Espanya tinga en compte els interessos justos –en aquest cas veritablement hauríem de dir-ne necessitats– dels valencians. D’uns valencians que no volem renunciar a formar part d’un marc de convivència més ampli, però on també hem de poder sentir-nos i fer valdre la nostra identitat i interessos propis.

Una efeméride que se cumple también al cabo de treinta y tres años de haber recuperado la identidad colectiva que, respecto al aspecto administrativo, se perdió en 1707 y, en cuanto a otros aspectos, había sufrido deterioros muy serios.

La recuperación de nuestra identidad político-administrativa dentro del marco del Estado de las Autonomías de la España democrática nos permitió recuperar nuestra trayectoria histórica de pueblo con capacidad de autogobierno dentro de marcos más amplios en los que desarrollar con más fuerza nuestras potencialidades: primero, la Corona de Aragón –en la cual nació nuestro Reino–; después, la España proyectada sobre cuatro continentes, desde Norteamérica hasta las Filipinas, pasando por Europa y África.

Sin embargo, no siempre fue fácil afianzar los intereses valencianos –e incluso la identidad valenciana– en estos marcos políticos más amplios. Las tendencias autoritarias –y al mismo tiempo centralistas y uniformizadoras– han sido casi siempre dominantes y también debemos decir que las élites sociales y económicas valencianas también casi siempre han sido solidarias de esas tendencias, puesto que han buscado su propia prosperidad de clase y, en el mejor de los casos, han mantenido su valencianismo reducido al ámbito doméstico otorgándole una dimensión secundaria.

La llegada de la democracia a España permitió reavivar la identidad valenciana; sin embargo, restituir la dignidad pública a los maltratados elementos identitarios de los valencianos –la lengua en primer lugar– ha sido más difícil. También lo ha sido afianzar una posición política de los valencianos en el conjunto del Estado para defender los intereses que tenemos como comunidad: uno de ellos, conseguir una financiación equiparable a la media de las comunidades autónomas para prestar los servicios básicos que necesitan los ciudadanos y desarrollar las políticas que corresponden a la Generalitat para que la Comunidad Valenciana pueda desarrollar una economía competitiva en unas condiciones que permitan el bienestar de los valencianos.

En el Estado de las Autonomías que es España, corresponde a las comunidades autónomas proporcionar tres de los cuatro principales pilares del estado del bienestar: la sanidad, la educación y la asistencia social. Por lo tanto, que las comunidades autónomas no dispongan de los mismos medios a cargo del sistema de financiación común del Estado para su prestación supone que no todos los españoles somos iguales al recibir dichos servicios básicos. Y que debamos dedicar recursos propios para igualar la prestación de estos servicios implica que debemos renunciar a una parte del resto de las políticas para las que otras comunidades pueden reservarlos: inversiones en infraestructuras, investigación y desarrollo, apoyo a la internacionalización de las empresas, cuidar nuestro medio ambiente, potenciar nuestra cultura y nuestros recursos turísticos, etc.

Para todo ello hacen falta unos ahorros que otras comunidades autónomas no necesitan mantener en la misma medida o debemos endeudarnos más que aquella, o un poco de las dos cosas. Sin duda, nos encontramos ante una situación de grave emergencia: 41.953 millones de euros de deuda acumulada a finales de 2015 con crecimientos del 15,1% y del 12,2% en 2014 y en 2015 y déficits presupuestarios no financieros de 3.608 y 3.511 millones en estos mismos años que suponían más de un tercio de los ingresos no eran ni son soportables.

Desde 2016, el primer año para el cual el actual Consell ha elaborado los presupuestos de la Generalitat, hemos abierto, forzados por una menor complacencia del Gobierno de España de la que había mostrado hasta ahora –también hay que decirlo–, un camino de consolidación para reducir los gastos, dentro del muy poco margen que existe, y para incrementar los ingresos pidiendo un poco más de solidaridad a los valencianos que se encuentran en una mejor situación económica.

Con esta combinación el Programa Económico Financiero de la Comunidad Valenciana para 2016-2017 prevé cerrar el año 2016 con un déficit presupuestario no financiero de 948 millones y que el 2017 baje a 704 millones de euros. Aun así, la deuda seguiría aumentando hasta situarse en 45.266 millones. Estamos ante un problema que los valencianos no podemos resolver solos porque es un endeudamiento que tenemos mayoritariamente con la Administración Central del Estado y la responsabilidad es, en buena medida, de la infrafinanciación que crónicamente ha sufrido la Comunidad Valenciana dentro del sistema de financiación autonómica.

No podemos resolver el problema solos, pero lo que está claro es que la solución la debemos reivindicar los valencianos todos juntos y en diálogo razonado con las otras comunidades autónomas del Estado, puesto que es el Estado quien incumple cuando no garantiza de facto el mismo nivel de servicios a todos los ciudadanos dando menos recursos a la Administración que los debe prestar.

Los valencianos hemos conseguido el consenso para reivindicar el fin de esta injusticia. Todas las fuerzas políticas representadas en las Corts y todos los representantes de las instituciones y entidades representativas de la sociedad valenciana lo han apoyado explícitamente. Por otro lado, el Consell ha abierto el diálogo con otras comunidades autónomas y ha conseguido que el órgano técnico que supervisa, por encargo de la Unión Europea, el déficit de las administraciones públicas en España haya tomado conciencia de nuestra situación.

Ahora solo queda que el nuevo gobierno que se forme en España tenga en cuenta los justos intereses –en este caso verdaderamente deberíamos decir necesidades– de los valencianos. De unos valencianos que no queremos renunciar a formar parte de un marco de convivencia más amplio, pero en el que también debemos poder hacernos oír y hacer valer nuestra identidad e intereses propios.