La pandemia que está azotando al planeta lo ha hecho con especial virulencia en España, donde las cifras de infectados y fallecidos han crecido de modo alarmante durante las últimas semanas. Esta crisis sanitaria ha venido a coincidir con una situación política inédita en la actual democracia española, pues en los cuarenta años de su existencia nunca se había producido un Gobierno de coalición. Hay que remontarse a febrero de 1936 para encontrar el más cercano Gobierno de coalición en nuestro país, el de un Frente Popular que tuvo que plantar cara, solo cinco meses después, a un golpe de Estado fascista que desembocó en la Guerra Civil.

En un artículo sobre la situación de España en tiempos del coronavirus pudiera parece que la referencia a la Guerra Civil no pasara de ser una anécdota. Y sin embargo, no lo es. Hay que recordar que España viene viviendo desde hace unos años una profunda crisis territorial como consecuencia de las ansias independentistas del nacionalismo catalán, contestadas con enorme virulencia por el nacionalismo españolista de la derecha. Dos derechas, las nacionalistas catalana y española, que comparten un mismo proyecto social neoliberal, pero enfrentadas a muerte en la cuestión territorial. Esa crisis que ha venido viviendo España durante estos últimos años ha sacado a la luz un nacionalismo español ultramontano, reaccionario y furibundo que ha perdido todos sus complejos, también todas sus cautelas, y ha articulado un discurso enormemente agresivo que ha emponzoñado la convivencia en el país. Hubiera parecido lógico que, ante la gravísima situación generada, todo el espectro político hubiera decidido aparcar diferencias para afrontar de manera unitaria la pandemia. Pero, si la epidemia ha provocado, ciertamente, que el conflicto territorial haya desaparecido de la agenda política, sin embargo la visceralidad de las derechas ha permanecido intacta, de tal modo que, lejos de apoyar al Gobierno en esta excepcional situación, han mantenido un tono crispado, hiperbólico, desmesurado, con la intención de socavar al Gobierno de coalición, al que algunos llaman “comunista”, “bolivariano”, incluso “soviético”. Creo no exagerar si digo que muchos ciudadanos españoles hemos entendido ahora, más de ochenta años después, por qué en nuestro país se produjo una Guerra Civil, al descubrir el verdadero rostro de una derecha que, realmente, produce miedo y que desprecia profundamente a su país.

Este es el contexto político en el que el país ha debido hacer frente a la pandemia. Y ello con un Gobierno recién constituido, con dos formaciones que se vigilan de reojo, sin experiencia de colaboración y con un cierto historial de enfrentamientos. No parecía ser, desde luego, la mejor situación. Sin embargo, el Gobierno no solo ha afrontado con decisión la situación sanitaria, sino que no ha olvidado la dimensión social de su pacto de gobierno. No cabe duda de que la crisis sanitaria lleva aparejada una profunda crisis social y económica, con el cese de actividad de numerosos sectores productivos y de servicios, lo que, evidentemente, perjudica a la economía nacional y deja en una situación tremendamente complicada a buena parte de la población, cuyos trabajos no pueden ser desempeñados. La precarización social y la destrucción de empleo se han acentuado hasta límites impensables hace unos meses. Ante esta situación, el Gobierno ha implementado una serie de medidas de profundo calado social para proteger a los sectores más desprotegidos en estos momentos. Medidas para garantizar la supervivencia de amplios sectores sociales expuestos ante la crisis.

Resulta evidente que desde los poderes fácticos se va a seguir trabajando intensamente para erosionar al Gobierno de coalición, para evitar que se consolide la alianza entre PSOE y UP, alianza que, por primera vez en mucho tiempo, ha permitido que se implementen amplias medidas dirigidas a la mayoría social. Muchos nos preguntamos, con inquietud, qué tipo de políticas se estarían desarrollando en nuestro país si no se hubiera llegado a producir el actual gobierno de coalición y la derecha, o un PSOE sin el suficiente contrapeso a su izquierda que frenara sus tradicionales querencias neoliberales, gestionara los destinos del país en medio de esta terrible crisis sanitaria.

Con las cautelas necesarias, dado que estamos todavía atravesando una situación excepcional, tanto en lo social, como en lo sanitario, como en lo económico, hay indicios que apuntan a que muchas cosas pudieran y debieran cambiar tras este momento de crisis. Momento en el que la palabra crisis, por otro lado, adquiere toda su dimensión etimológica. La misma nos coloca ante ciertos hechos sobre los que resulta imprescindible reflexionar para realizar una apuesta de futuro.

En primer lugar, la crisis ha hecho muy evidente el carácter imprescindible de ciertos sectores para el buen funcionamiento de un país, de una sociedad. En primer lugar, sin ninguna duda, la sanidad, cuyo carácter público y universal se ha mostrado como fundamental para abordar con garantías la pandemia. A pesar de que, con la excusa de la crisis, la derecha neoliberal intentó debilitar la sanidad pública para favorecer al sistema privado, el sistema público de salud ha demostrado una enorme eficacia y altísimas dosis de compromiso social. Paralelamente a ello, algunos sectores de la sanidad privada intentaban que sus trabajadores tomaran vacaciones en este momento, para ahorrase costes laborales desentendiéndose de la situación de emergencia nacional. Ello ha redundado, en el imaginario social, en una conciencia de la posesión, en la sanidad pública, de un bien imprescindible, de unos profesionales cualificados, de unas infraestructuras robustas que, afortunadamente, estaban ahí para cuidarnos a todos y todas. Pero no solo la sanidad, sino que los suministros eléctricos y de agua, la alimentación, la vivienda, el transporte, han puesto sobre la mesa la importancia de un cierto nivel de control por parte del Estado que garantice la efectividad de derechos reconocidos en nuestra Constitución. Probablemente, el discurso de lo público salga reforzado de esta crisis y ello pudiera ser un punto de apoyo para plantear debates mucho más amplios que permitieran poner en primer plano el problema de lo común como garantía social.

Si el discurso privatizador sale tocado de esta crisis, también pudiera salir del mismo modo el discurso xenófobo, en especial aquel que recurre al mantra de que los extranjeros vienen a robarnos el trabajo. La situación en el campo, la recolección de las cosechas, indispensable para garantizar el aprovisionamiento de tiendas y supermercados, se va a presentar como un serio problema. Ante la imposibilidad de utilizar mano de obra extranjera, se abre una profunda incertidumbre. Desde diferentes sectores se llama a que esa mano de obra sea sustituida por la mano de obra nacional que ha quedado en paro como consecuencia del cierre de actividad declarado. Sin embargo, no parece que esa mano de obra nacional vaya a estar dispuesta a trabajar en las condiciones salariales, y laborales en general, en que lo hacía la mano de obra extranjera, lo que ha llevado al Gobierno a permitir a los parados trabajar en el campo sin dejar de percibir el subsidio de desempleo, en un reconocimiento implícito de la miseria salarial asociada al trabajo agrícola. Todo esto puede provocar dos efectos: la visibilización de la enorme aportación que realiza esa mano de obra extranjera, tan denigrada por la derecha y la extrema derecha, a la economía nacional y un debate sobre las condiciones laborales en el campo español.

La crisis ha puesto de manifiesto, por otro lado, la debilidad del tejido productivo nacional, enormemente dependiente del exterior. España se ha mostrado deficitaria en la producción de buena parte del material sanitario imprescindible para abordar la crisis, al tiempo que el mercado ha manifestado sus efectos perversos, expresados en el alza de precios y la incapacidad de satisfacer la demanda. A marchas forzadas ha habido que reorientar la actividad productiva de ciertas empresas para que pudieran abastecer de mascarillas o respiradores al sistema sanitario. Evidentemente, se abre un debate sobre el abastecimiento en una sociedad globalizada.

La crisis, finalmente, y para enlazar con lo que decía al principio, nos da una enorme lección sobre los territorios, poniendo en cuestión, precisamente, la euforia nacional de los patriotas de todo signo que hemos vivido en este país: los virus no conocen fronteras y las respuestas deben desbordar, sin ninguna duda, el ámbito nacional. En tiempos de globalización, las fronteras se hacen tremendamente permeables e intentar encapsular una crisis, ya sea financiera o sanitaria, en el marco de un país o región, es una pretensión quimérica. El espectáculo de desorganización que ha proporcionado la UE es una expresión más del carácter desgraciadamente fallido de su proyecto, lo que debiera llevarnos no a un imposible repliegue nacional, sino a la construcción de un verdadero proyecto colectivo que debe tener vocación cosmopolita. No se trata de cuestionar la globalización, ya incuestionable, sino de gestionarla desde una óptica alejada del neoliberalismo, desde la óptica del común, de los intereses de una humanidad que, ahora más que nunca, es una.

En resumidas cuentas, si, como decía Naomi Klein, el shock es siempre un instrumento para provocar modificaciones en el orden social, quizá el shock que estamos viviendo, por una vez no promovido desde las instancias del poder y, por tanto, no controlado por él, pudiera ser utilizado para repensar profundamente nuestro diseño social, para poner en cuestión esas dinámicas neoliberales que han proporcionado al capitalismo una pulsión suicida. Quizá esta crisis pudiera ser un aldabonazo que permitiera abordar los grandes problemas, ecológicos, económicos, sociales, que ponen en peligro el futuro de nuestro planeta.

"La ética (con mayúsculas y con minúsculas) pondría de relieve la doble moral de nuestro gobierno, que condena la presunta violencia en Venezuela, pero no en Colombia, donde cada día muere asesinado algún activista social"

Quizá sea una cuestión de ingenuidad, pero en ocasiones, ciertos incumplimientos nos siguen pillando por sorpresa. No por la naturaleza del incumplidor, cuyo currículo en esa asignatura raya, desde tiempos de la OTAN, el sobresaliente cum laude con mención europea, sino por tratarse de un tema para el que solo se necesitaba voluntad política, una cierta lucidez y, por ahí vendrá la cuestión, un ánimo mínimamente progresista. Porque recuperar la Ética como asignatura para cuarto de la ESO, más que algo aceptable debiera ser una prioridad en una sociedad sumergida hasta las cejas en la corrupción.

Hace tiempo que pienso que es preciso reformar en profundidad el sistema educativo, pero, precisamente, exactamente en la dirección contraria en la que van las actuales tendencias. Empeño superior de todo sistema educativo democrático debiera ser el de construir ciudadanía con capacidad crítica y autónoma. Si de algo están huérfanas nuestras sociedades occidentales es de valores, de conciencia ciudadana. Su ausencia abre la puerta a derivas muy peligrosas, como las que estamos viviendo ya en el Viejo Continente. No abogo, desde luego, por inculcar una tabla de valores, en absoluto, pero sí por dar herramientas a la gente joven para poder leer el mundo con un mínimo de autonomía y de espíritu crítico. Cuando los medios de comunicación se han convertido en el más efectivo poder e instrumento de construcción de sujetos políticamente correctos, la enseñanza debiera ser un contrapunto para sacudir las conciencias adormiladas por el nuevo opio del pueblo.

Esa es una labor que compete, sin ninguna duda, al ámbito de la filosofía. Me atrevería a decir más: de una cierta filosofía. Porque hay una filosofía empeñada en mantener esa mirada sumisa, que se esfuerza, al modo de una teología con barniz laico, en contarnos cuentecillos estrambóticos de mundos de las ideas y espíritus de no se sabe muy bien qué. Una filosofía preñada de metafísica –en el peor y más literal sentido del término- que ha sido siempre útil a los intereses del poder. Pero hay otra que quiere mirar a los ojos a la realidad para desentrañar sus mecanismos de poder y dominio, que apuesta por una actitud crítica y que desconfía de dogmas y verdades absolutas, las diga Platón o el Informativo de la 1.

Pero claro, ¿a qué poder puede interesar una filosofía tal que erosione sus cimientos, que ponga de manifiesto las mentiras sobre las que se sustenta? ¿Qué poder está interesado en asignaturas que desenmascaren a los medios de comunicación como productores de escandalosas falsedades, nuevas encarnaciones de las evangélicas ruedas de molino? La Filosofía, como asignatura crítica, siempre será una concesión del poder, a regañadientes.

Por ello, hay que entender la coherencia del PSOE. La ética (con mayúscula, como asignatura, o con minúscula, como práctica) no le interesa en absoluto, es más, es un verdadero impedimento para su acción política. Lo estamos comprobando estos días con la cuestión de Venezuela, donde la falta de principios y el cinismo de nuestro gobierno están alcanzando límites insospechados. La ética (con mayúsculas y con minúsculas) pondría de relieve la doble moral de nuestro gobierno, que condena la presunta violencia en Venezuela, pero no en Colombia, donde cada día muere asesinado algún activista social (aunque nuestros medios no lo cuenten), que critica el trato a los periodistas, obviando los asesinatos cotidianos que se venían produciendo en México y que el nuevo gobierno mexicano está intentando erradicar, que habla de democracia, la misma que se le olvida en Arabia Saudí, China y tantos otros países.

La ética, (con mayúsculas y con minúsculas) hablaría de diálogo, como reclama el Papa, la ONU, la mayoría de los países, a pesar del constante boicoteo del mismo por parte de la oposición (aunque esto tampoco lo cuenten los medios, y haya que buscar en las entrañas de Youtube la indignación de Zapatero contra los que promueven el choque civil). La ética le enseñaría que los cínicos fueron unos filósofos de enorme interés que poco tienen que ver con la deformación que la palabra cínico (como también la palabra sofista), a golpe de menosprecio del pensamiento dominante, adquiere en la actualidad y que sirve para describir la actitud de quienes bloquean económicamente un país y luego tienen el enorme cuajo de intentar entrar por la fuerza ayuda humanitaria, una ayuda que la propia Cruz Roja rechaza gestionar.

En fin, que la ética (con mayúscula y con minúscula) funciona un poco como el retrato de Dorian Grey y coloca a nuestros dirigentes políticos ante la imagen de aquello en que se han convertido. La solución para ellos es fácil: rasgar el cuadro, acabar con la Ética. La solución social es exactamente la contraria: acabar con ellos, implantar la ética, al menos, unas gotas.

"La junta directiva del Real Zaragoza ha decidido utilizar el club para hacer política, cosa que no es de extrañar si vemos algunos de los nombres que componen esa junta y que están vinculados a los grandes intereses económicos de la ciudad, en pugna constante con el Ayuntamiento para mantener sus privilegios"

Creo que hemos sido muchos los que hemos sentido estupor al observar las actitudes de la directiva del Real Zaragoza con respecto al Ayuntamiento la pasada semana. No asistir a la tradicional recepción al club y publicar una nota de prensa crítica con el equipo de gobierno del Ayuntamiento supuso una evidente politización de un acto que debiera haberse mantenido dentro de la cortesía necesaria entre dos instituciones representativas, de modo muy diferente, de la ciudad.

Es cierto que en estos años ha habido desencuentros entre el club y el Ayuntamiento, el más sonoro el que tuvo que ver con una subvención de 800.000 euros finalmente aprobada.  El club, como es lógico, pretendió conseguir dinero para financiar sus actividades; el equipo de Gobierno del Ayuntamiento defendió, también con lógica, que el dinero público no puede ser utilizado, y menos de forma tan abundante, para subvenir las necesidades de una empresa privada.  Finalmente, la subvención se aprobó pero, como debe ocurrir siempre con el dinero público, sujeta a unos objetivos precisos, cosa que no gustó al club, que quería disponer del dinero a su antojo, en un planteamiento que no es acorde con la utilización del dinero público

No es menos cierto que el Ayuntamiento ha seguido apoyando, de manera indirecta, al club, dado que este sigue sin abonar cantidad alguna por la utilización de una infraestructura pública, La Romareda, que, además, sigue siendo mantenida y cuidada por el Ayuntamiento con el dinero de todos los zaragozanos y zaragozanas, les guste o no el fútbol.  Como bien sabemos los usuarios de instalaciones deportivas municipales, el disfrute de las mismas solo se puede hacer mediante el pago de un alquiler.  Quien quiera jugar a tenis o usar la piscina pública, debe pagar por ello.  Cosa que el Real Zaragoza no hace con la instalación más grande y más cara de la ciudad.

Difícilmente el club puede hablar de maltrato por parte del Ayuntamiento, pues, por el contrario, sigue gozando de privilegios ajenos al resto de ciudadanos y ha conseguido una ayuda que supera todo el dinero que el Gobierno de Aragón dedica a becas universitarias.  Por ello, es bastante fácil deducir que lo que hay tras la actitud de la directiva es una posición política en la que se está utilizando el club para arremeter contra el gobierno de la ciudad.  La junta directiva del club ha decidido utilizar el club para hacer política, cosa que no es de extrañar si vemos algunos de los nombres que componen esa junta y que están vinculados a los grandes intereses económicos de la ciudad, en pugna constante con el Ayuntamiento para mantener sus privilegios.

El Real Zaragoza, por vía de su junta directiva, ha venido a sumarse a la labor de acoso y derribo que muchos de los poderes fácticos de la ciudad están desarrollando contra el gobierno municipal.  Hay gente muy poderosa en esta ciudad que desea que nada cambie y que se esfuerza denodadamente porque sus privilegios se mantengan y sus negocios no se vean perjudicados.  Y así cuando, a veces con cierta torpeza, a veces metiendo la pata, sin duda, el gobierno municipal intenta racionalizar la administración, usar el dinero para los intereses de la ciudad en su conjunto y no para los caprichos de sus poderes fácticos, estos exhiben toda su artillería política, social y mediática para conseguir sus objetivos.  Y a sus muchas piezas, han decidido unir el Real Zaragoza.

Es una verdadera lástima que un club que, como dice la nota de prensa en la que se anuncia la no asistencia a la recepción, es embajador de la ciudad y pretende expresar los valores de la misma, sea utilizado para fines políticos por una  junta directiva que no ha sabido estar a la atura de las circunstancias y que se ha prestado a maniobras que, por otro lado, en nada benefician ni al club ni a la ciudad.

"Soy seguidor del Real Zaragoza, pero ello no impide que me parezca completamente inadecuado dedicar dinero público a una empresa privada en estas condiciones"

Es algo sabido que las grandes películas suelen tener su segunda parte, lo que ahora, de manera cursi, llaman secuela. La oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, que en 2015 rodó el éxito empresarial One million euros, baby, para evitar que las grandes empresas tributaran de manera más ajustada a sus ingresos, culmina estos días el rodaje de la segunda parte, Ochocientos mil euros, baby, por la que se pretende destinar esa cantidad de dinero a una empresa privada sin ningún tipo de concurso, condición u objetivo claros.

Una saga con marcado acento neoliberal cuyo único propósito es hacerle el caldo gordo a los poderosos. Algo a lo que nos tiene muy acostumbrados el PP, atento siempre a pagar con el dinero de todos por autopistas sin coches, depósitos de gas que nada depositan o aeropuertos sin aviones, pero que no debiera estar en la práctica política de una organización que se llama de izquierdas, como es el PSOE.

Conste que desde niño soy seguidor del Real Zaragoza, que fui socio cuando mi padre lo era, que iba a La Romareda todos los domingos de partido, y que a veces me cogía verdaderos chotos cuando el equipo perdía. Pero ello no impide que me parezca completamente inadecuado dedicar dinero público a una empresa privada en estas condiciones. Sobre todo cuando los sueldos de los trabajadores de esa empresa resultan escandalosos en comparación con el que perciben la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. Claro que no es una cuestión particular del Zaragoza, sino de un mundo del fútbol disparatado, enloquecido y, en muchas ocasiones, más allá de la legalidad. Pero, en todo caso, destinar dinero público a una entidad de estas características no parece razonable.

Ochocientos mil euros es mucho dinero, y más en una situación de crisis. Para que se hagan una idea, es el doble de lo que Aragón dedica a un tema tan preocupante como el de violencia machista, el doble de lo que se dedica a Memoria Histórica, 200.000 euros más de lo que se dedica a becas universitarias, o a tecnología sanitaria, o al Hospital San Jorge de Huesca. ¿Debe ser una prioridad del Ayuntamiento de Zaragoza una ayuda directa a un club de élite cuando existen tantas y tan notables insuficiencias en la ciudad? ¿Con qué finalidad cuando, al parecer, nos hallamos ante otra temporada perdida de un club desastrosamente gestionado? En ese sentido, parece mucho más adecuada la propuesta del Ayuntamiento, en la que se vincula la ayuda a la promoción del deporte de base, entre otras cosas.

En realidad, lo que se dirime son dos concepciones del deporte. Una que lo entiende como negocio y espectáculo y que está dando unos resultados deplorables en Zaragoza, no solo en el fútbol, también en el balonmano y el baloncesto. Ese modelo de negocio-espectáculo está en estrecha relación con los poderes políticos y mediáticos, como el caso de Agapito Iglesias puso bien de manifiesto. Hace unos días circulaba por Internet una foto del palco del Real Madrid, ocupado por 43 personalidades entre ministros, expresidentes del gobierno, grandes empresarios; una foto que es una perfecta metáfora de lo que en realidad es el fútbol en la actualidad. Otra concepción del deporte, sin desdeñar la vertiente del mismo como espectáculo, lo entiende como instrumento en la formación global de las personas, en su salud y educación, y por ello se muestra atenta a promocionar el deporte de base. Ese modelo, como lo muestran todavía incluso algunos equipos de la liga española, no está reñido con los éxitos y la calidad.

En el fondo, late esa idea de que las instituciones tienen que servir al interés y los beneficios privados. Aunque sea en detrimento del interés general. Cambiar esa política, dedicar el dinero de todos al interés social es uno de los objetivos que toda institución representativa de la ciudadanía debiera tener grabado. Es lo que el actual Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza está intentando llevar a cabo, contra el viento y marea de una oposición que se empeña en mantener una escandalosa política de privilegios hacia sus empresas amigas y de unos medios de comunicación decididos a defender el statu quo. Expresión de esa perniciosa alianza entre negocios, medios y política que tanto daño está haciendo al país y a su ciudadanía.

Sin embargo, el movimiento más sorprendente es el que se ha producido en el otro ámbito del espectro político. La izquierda, que comenzó orgullosa exhibiendo su posición ideológica, aunque hablando un lenguaje de reconciliación nacional, ha ido difuminando sus perfiles hasta hacer de la ausencia de ideología una estrategia extremadamente extendida. También es cierto que desde el régimen posfranquista se apostó fuerte por la domesticación de las fuerzas de la izquierda que tenían un mayor peso social. En este sentido, el caso paralelo de CC.OO. e Izquierda Unida resulta paradigmático pues ese intento de domesticación fue coincidente en el tiempo y con resultados contrapuestos. En la IU de Anguita supimos mantener, contra viento y marea, un tibio perfil socialdemócrata, a pesar de la campaña global de criminalización. CC.OO. fue otro cantar, cuyos efectos todavía se muestran en el sindicato.

CC. OO. había supuesto lo fundamental de la lucha interna contra el franquismo en el ámbito laboral, bajo la dirección de un Marcelino Camacho ejemplo de dignidad, tenacidad, compromiso y, también, claridad ideológica. Y en eso llegó Antonio Gutiérrez, quien sustituyó a Camacho y se aplicó a la tarea de desideologizar el sindicato. Se trataba de que Comisiones dejara de tener un vínculo ideológico con IU, a pesar de que UGT lo tenía, y lo sigue teniendo sin problema, con el PSOE. En una significativa anécdota, Gutiérrez, futuro diputado del PSOE, llegó al esperpento de sustituir la Internacional por la Lambada en la clausura de un congreso del sindicato.

Y la ideología es, claro está, fundamental, para aquilatar posiciones políticas, sociales, sindicales. Sin ella, las frases pueden tornarse huecas o adquirir un sesgo contrario al que se pretende. Esto se ha visto, por desgracia, estos días con el tema de las empresas concertadas de educación. De manera absolutamente sorprendente, una parte de CC.OO. se ha opuesto a la propuesta de toda la izquierda del Parlamento aragonés de no renovar un puñado de conciertos. Y lo ha hecho desde un argumento de una gran simpleza, precisamente por su falta de consistencia ideológica: la pérdida de puestos de trabajo. Un sindicato, se ha llegado a decir, debe defender los puestos de trabajo. Pues no, esa expresión en abstracto puede ser una verdadera burrada, como es el caso. Desde esa perspectiva, imagino que CC.OO. defenderá en el futuro el mantenimiento de las Centrales Nucleares, de las fábricas de minas antipersonas, de la asignatura de religión en los coles, de fábricas contaminantes. El empleo se defiende desde una postura ideológica.

Es preciso, sí, defender el empleo y evitar que el profesorado de la concertada, tan maltratado por su patrones, sea el pagano del proceso. No se trata de abrir una guerra entre trabajadores de la pública y la concertada, pero tampoco de manifestarse del brazo de la insolidaria patronal concertada. La reducción de conciertos no solo no reduce empleo, sino que lo genera, por cuanto las horas de tiza en la pública son menos que en la concertada y porque en ese país de la libertad que son los colegios religiosos no se ofertan asignaturas de valores, con lo que el profesorado especialista de Filosofía es sustituido por adoctrinadores religiosos. La cuestión es estudiar de qué manera se facilita la incorporación de trabajadores de la concertada a la red pública, pero con el objetivo de priorizar la red pública. Esa, no otra, debe ser la posición de un sindicato progresista.

Por lo dicho, la recuperación de posiciones ideológicas claras resulta imprescindible en el ámbito sindical, como única manera de salir con dignidad de esta crisis. Todo lo demás es hacerle el juego a los de siempre. Para eso, compañeros, ya tenemos a ANPE.

He llegado a leer que quizá, acaso, pudiera entenderse que la Audiencia Nacional (en lo que sigue AN), habría podido incurrir en un delito de humillación de las víctimas del terrorismo franquista, al haber defendido la figura de un destacado dirigente de la dictadura. Este tipo de comentarios resulta de una enorme torpeza, en la medida en que, ateniéndonos a la actual legislación, la dictadura no produjo en modo alguno ningún tipo de víctima susceptible de ser atendida legalmente. Pudiera concederse a quienes esto argumentan que el Alzamiento Nacional, y el posterior Gobierno del general Franco, debieron emplearse con una cierto celo para poner fin a los desmanes y desórdenes que la malhadada II República provocó en España, y que desembocaron en los tristes episodios de nuestra Cruzada de Liberación. Pero más allá de ese impulso de orden y paz, el Gobierno de Franco se atuvo con rigor a la legalidad vigente.

También he podido leer que la AN podría haber incurrido en un delito de apología del terrorismo, al realizar una defensa implícita de un dirigente de un régimen no democrático establecido por la fuerza de las armas. Nos encontramos de nuevo ante un argumento singularmente peregrino, puesto que de todos es sabido que el Gobierno del general Franco dio lugar a una época que marchó al paso alegre de la paz, época sin parangón en la historia de nuestra patria y que la atribución al mismo de cualquier tipo de violencia no es sino efecto de la maledicencia característica del comunismo y la masonería internacional. Calificar de terrorismo lo acaecido en España entre 1939 y 1975 es un empeño propio de furibundos seguidores de Alka-ETA. Sabemos que el terrorismo adopta en la actualidad formas taimadas, que la izquierda radical emplea nuevas tácticas en su apoyo a la violencia y el terror, como pueda ser su declarado apoyo a la bicicl-ETA. Por ello, la labor de atenta vigilancia de la AN, impasible el ademán, resulta todavía más precisa.

Qué decir, por otro lado, de la persona condenada. Como bien reza el auto, nos encontramos ante una persona adulta, con una . No estamos, en absoluto, ante una Infanta de España, ante una persona desconocedora de la realidad y que actúa por puro amor. No, es el odio más profundo el que se adivina en cada uno de esos tweets. Probablemente, la AN haya advertido lo que para algunos, como es mi caso, resulta una evidencia: el carácter intrínsecamente terrorista de la propia herramienta de la acusada, Twitter. Frente a redacciones incorrectas, la acción de publicar un tweet debe ser castellanizada bajo el verbo tweetar. ¡En efecto! ¡TweETAr! Este hecho lingüístico seguro que no ha pasado inadvertido a la sagacidad de nuestros jueces, que conocen bien la diferencia entre un chiste en mísero papel, como los que pudieran realizar en su momento Tip y Coll o Juan Luis Cebrián, y otro perpetrado en un medio con intrínsecos fines terroristas.

Acabo ya el encomio de una institución, la AN, que si no existiera, debiera ser inventada. Su propio nombre habla de su excelencia. Audiencia nos pone sobre la pista de su no suficientemente ponderada actitud de escucha a las necesidades de la Patria, primordial entre ellas la lucha contra el terrorismo tweetero. Nacional… ¡Qué decir de Nacional! Su propia etimología nos lo deja bien a las claras. En las gallardas tierras vascongadas, allá por los años 80, con ocasión de celebrar a aquel magnífico cancerbero, que lo fue de nuestra selección ¡Nacional!, Arconada se coreaba lo siguiente: “no pasa nada/ tenemos a Arconada”. Ahora, con sempiterno agradecimiento, podemos decir: “Menos mal, menos mal/ la Audiencia Nacional”.

El acto de descubrimiento de una placa con el nombre de los asesinados resultó de una gran emoción, pues en él participaron algunos descendientes de quienes perdieron la vida por el simple delito de haber sido elegidos por sus conciudadanos para representarles. Pero también sobrevoló el mismo, al menos yo así lo entendí, un cierto sentimiento de estupor, al volver a constatar lo tremendamente difícil que resulta en este país recobrar la memoria democrática. Extirpar la memoria material, que no histórica, de la ominosa Dictadura, los monumentos que ensalzan una página de sangre y odio protagonizada por la derecha de este país, es una tarea tremendamente complicada, a pesar, incluso, de las leyes promulgadas, como puede comprobarse todavía en el lateral del coro de la Basílica de El Pilar, donde aún se ensalza la Guerra Civil, calificándola como liberadora de la patria. Conseguir colocar a escasos metros de ese monumento a la barbarie otro monumento a la justicia ha costado, lo hemos dicho, cuarenta años.

Hablaba de la necesidad de extirpar la memoria material, pero no la histórica, de la Dictadura. Pues si de algo andamos necesitados es de recuperar la historia de la Dictadura, de la represión que la acompañó, de la barbarie y miseria que instaló, para que las nuevas generaciones no hablen de ella con la inmensa frivolidad con la que actualmente se habla. Para que no volvamos a escuchar simplezas que tienden a repartir las responsabilidades por igual entre golpistas y gobierno legítimo, en un esfuerzo de equiparación como estrategia para borrar las huellas sangrientas de quienes conculcaron la legalidad y acabaron con la democracia. A diferencia de lo ocurrido en muchos otros lugares, donde la recuperación de la democracia ha ido paralela a un ejercicio de reparación histórica y de repulsa hacia la barbarie, la gatopárdica transición española, diseñada para que nada cambiara con la apariencia de tiempos nuevos, se ha construido bajo la consigna del olvido del pasado democrático y, paradójicamente, la omnipresencia de la memoria de la Dictadura.

La recién instalada placa de la plaza del Pilar es un ejercicio de exaltación de nuestra historia democrática y de las personas que perdieron la vida en su defensa. Causa estupor que tras varias corporaciones dirigidas por el PSOE haya que haber esperado hasta ahora para plasmar esta iniciativa. Sobre todo cuando un alcalde socialista, Juan Alberto Belloch, no tuvo reparo en generar una tremenda polémica para acabar imponiendo la figura de Escrivá de Balaguer en el callejero zaragozano. Este es un buen ejemplo de las dificultades con que se encuentran los gobiernos municipales del cambio, pues entre sus tareas se encuentran, en demasiadas ocasiones, promover medidas que nadie ha tenido el coraje o la decencia de promulgar a lo largo de cuarenta años.

Cada vez resulta más evidente que los cuarenta años de Dictadura se han prolongado en cuarenta años de cobardía o de complicidad en los que los partidos del régimen de la restauración borbónica no han tenido otro objetivo que el mantenimiento del statu quo, para lo que se han afanado en un proceso de desmemoria o de falseamiento de la historia. Por ello, ante la iniciativa del actual Gobierno de la ciudad de Zaragoza no cabe más que congratularse y pensar que ya era hora.