Con el paso de los años, el trabajo dejó de ser únicamente una actividad profesional para convertirse en una carga permanente. La empresa atravesaba una situación de elevado absentismo y, de manera casi sistemática, las ausencias no eran cubiertas mediante sustituciones. El trabajo no desaparecía porque simplemente se redistribuía entre quienes continuaban acudiendo cada día a su puesto. Al principio, aquello parecía una solución provisional, pero terminó convirtiéndose en la forma habitual de organizar el servicio. Cuando una persona regresaba de una baja, otra iniciaba un permiso o una nueva incapacidad temporal, de modo que la plantilla rara vez estaba completa y la sobrecarga recaía siempre sobre quienes permanecían trabajando.

Las jornadas se hicieron cada vez más intensas. Apenas había tiempo para descansar, las pausas desaparecieron y las conversaciones giraban casi exclusivamente en torno a cuántas personas faltaban ese día y cómo reorganizar el trabajo para llegar a todo. Nadie cuestionaba el derecho de una persona enferma a recuperarse, pero cada ausencia suponía que el resto asumiera nuevas responsabilidades. La dirección insistía en que las limitaciones presupuestarias, junto con la falta de perfiles profesionales adecuados, impedían contratar sustituciones con la rapidez necesaria y que era imprescindible optimizar los recursos disponibles. Mientras tanto, el esfuerzo extraordinario dejó de ser excepcional para convertirse en una exigencia cotidiana.

Durante un tiempo pareció que el sistema funcionaba. Los objetivos seguían cumpliéndose y el servicio continuaba prestándose con normalidad, pero esa aparente eficacia ocultaba un coste invisible. El desgaste comenzó manifestándose con dolores de espalda y cuello, contracturas, fatiga constante y dificultades para dormir. Más adelante aparecieron la ansiedad, la pérdida de concentración y la sensación de no recuperarse nunca del todo, ni siquiera durante los periodos de descanso. Las consultas médicas comenzaron a ser frecuentes y todas coincidían en la misma advertencia: que el organismo estaba acusando la sobrecarga continuada y que era necesario reducir el ritmo antes de que las consecuencias fueran irreversibles.

Sin embargo, detenerse resultaba difícil. Existía la convicción de que cualquier ausencia propia incrementaría todavía más la carga del resto del equipo. Esa responsabilidad llevó a seguir trabajando cuando el cuerpo ya estaba dando claras señales de agotamiento, hasta que una mañana, en mitad de una jornada aparentemente normal, un fuerte mareo y un intenso dolor muscular hicieron imposible continuar. Las pruebas médicas descartaron una enfermedad aguda, pero confirmaron un importante deterioro físico y psicológico, junto con lesiones musculoesqueléticas de carácter crónico compatibles con años de sobrecarga laboral. A partir de ahí, el dolor persistía, las limitaciones funcionales continuaban presentes y las secuelas del estrés mantenido dificultaban cada vez más la posibilidad de desempeñar las funciones habituales. Finalmente, tras las correspondientes valoraciones médicas, se reconoció una situación de incapacidad permanente que impedía el regreso a la profesión desarrollada durante décadas.

La resolución fue recibida con tristeza, pero también con la certeza de que aquel desenlace no era consecuencia de un único día especialmente duro, sino del efecto acumulativo de muchos años soportando una carga de trabajo creciente para compensar ausencias que nunca pudieron llegar a cubrirse, donde cada ausencia sin sustitución añadía un poco más de presión. Al final, aquella trayectoria profesional terminó lejos del puesto de trabajo, no por falta de compromiso ni de capacidad, sino porque el organismo y la propia empresa acabó imponiendo un límite. Porque el absentismo no solo afecta a quien lo sufre. También afecta a quien lo soporta.

Un simulacro suele entenderse como una actividad planificada cuyo propósito es preparar a las personas para afrontar una situación real. A través de la práctica, los participantes aprenden procedimientos, identifican riesgos y mejoran su capacidad de respuesta ante acontecimientos que pueden afectar a la seguridad, la salud o el funcionamiento de una organización. Sin embargo, el concepto también puede emplearse en un sentido figurado para describir conductas que consisten en representar una realidad que no existe. Desde esta perspectiva, puede interpretarse como una forma de simulacro permanente, un ejercicio continuado de construcción de apariencias destinado a proyectar una imagen determinada ante los demás.

Es cierto que la hipocresía radica en la distancia existente entre lo que una persona dice y lo que realmente piensa, entre los valores que proclama y las conductas que practica, o entre la imagen que pretende transmitir y su comportamiento cotidiano. En este sentido, puede considerarse una representación cuidadosamente organizada en la que cada gesto, cada palabra y cada acción forman parte de una escenificación destinada a influir en la percepción de los demás.

Si imagináramos la hipocresía como un simulacro formal, el primer paso consistiría en definir el objetivo de la representación, de forma que quien participa en este debe decidir qué imagen desea proyectar. Puede tratarse de una persona comprometida con determinadas causas sociales, de alguien que defiende determinados principios éticos o de quienes muestran preocupación por el bienestar colectivo, sabiendo que lo importante no es la autenticidad de esos valores, sino la conveniencia de aparentarlos. Una vez establecido el objetivo, comenzaría la fase de diseño. Al igual que en cualquier simulacro real se identifican escenarios y procedimientos, en este ejercicio metafórico se elaboran discursos, argumentos y comportamientos destinados a reforzar la imagen elegida. La siguiente etapa correspondería a la preparación de la participación, a través de la recepción de instrucciones sobre cómo actuar. Esta fase requiere una notable capacidad de adaptación, ya que el participante debe ser capaz de justificar contradicciones, minimizar inconsistencias y ofrecer explicaciones convincentes cuando alguien cuestione la diferencia entre sus palabras y sus actos.

El escenario desempeña también un papel fundamental, porque la hipocresía rara vez se desarrolla en privado. Necesita espectadores, de forma que la visibilidad suele ser más importante que la coherencia interna. En dicho escenario, durante la ejecución del simulacro los participantes ponen en práctica las habilidades adquiridas. Expresan opiniones que consideran socialmente aceptables, apoyan públicamente determinadas causas o defienden principios que, probablemente, no aplican en su vida cotidiana. La finalidad es generar confianza y admiración mediante una representación cuidadosamente construida de forma que, cuanto más convincente resulte la actuación, mayor será la probabilidad de que el público acepte la imagen proyectada como auténtica.

Sin embargo, al igual que sucede en cualquier simulacro, la ejecución no está exenta de riesgos, siendo la principal amenaza la aparición de evidencias que revelen la diferencia entre la representación y la realidad. De hecho, mientras que la jefatura del Estado de la Ciudad del Vaticano hablaba de paz y amor en relación con la inmigración durante su visita a Canarias, esos mismos días, en la Unión Europea se aprobaba el Pacto sobre Migración y Asilo, reflejando un endurecimiento progresivo de la política migratoria donde, sintetizándolo mucho, la agilidad en los retornos y la externalización, previo pago de su importe, son dos de sus principales signos de identidad. Y, mientras tanto, de una parte y de otra, no se dejaban de agitar las banderitas. Y si eso no es ser hipócritas, que baje dios y lo vea…

Toda sociedad necesita distinguir entre quienes entretienen y quienes orientan, o entre quienes generan emociones y quienes ayudan a construir criterios. Bajo esta premisa, vivimos en una época marcada por la democratización de la influencia social y la hipertrofia de la visibilidad. Nunca tantas personas habían tenido acceso a mecanismos de difusión capaces de convertirlas en figuras públicas. Sin embargo, este proceso ha venido acompañado de un fenómeno cultural más profundo, como es el de la erosión de los criterios de jerarquía simbólica y la consolidación de una lógica donde todo tiende a valer lo mismo en el plano de la atención. En este contexto, la pregunta ya no es solo qué ocurre cuando una sociedad equipara a un artista con un líder religioso, sino qué ocurre cuando esa equivalencia se produce dentro de un ecosistema dominado por la tendencia cultural a privilegiar lo nuevo, lo inmediato, lo llamativo y lo emocionalmente excitante por encima de lo duradero, lo estructural o lo reflexivo. Y aquí es donde aparece la novelería.

Esta no es simplemente el gusto por la novedad. Es un régimen de percepción, una forma de organizar la atención colectiva en la que lo importante no es la calidad intrínseca de un contenido, sino su capacidad de generar impacto inmediato. En ese régimen, la profundidad compite en desventaja con la sorpresa, la continuidad con la ruptura y la reflexión con la reacción. Hoy, ese sistema se debilita bajo el impacto de la economía de la atención, donde el prestigio ya no depende tanto de la función social que se cumple como de la capacidad de generar tráfico simbólico, porque cuando todo se mide por el criterio de la popularidad, desaparece la posibilidad de distinguir entre entretenimiento, conocimiento y orientación moral. Y esa indistinción es precisamente el terreno fértil de dicha porque introduce una inestabilidad estructural en el sistema de referentes. Lo que hoy es central, mañana es irrelevante. Lo que ayer era venerado, hoy es olvidado. La atención colectiva se desplaza de forma acelerada, sin sedimentación. En ese entorno, los referentes no se construyen, sino que se consumen. El resultado es una cultura en la que la profundidad pierde competitividad donde el mensaje complejo, que requiere tiempo de asimilación, es desplazado por el contenido instantáneo. Y la sabiduría, que se construye en el tiempo, es reemplazada por la opinión inmediata.

Una sociedad sin referentes claros es una sociedad más expuesta a la manipulación emocional, a la volatilidad de las tendencias y a la sustitución constante de criterios, con la consiguiente confusión cultural que se produce, tendiendo a convertirse en una sociedad dominada por lo inmediato, lo superficial y lo efímero. Y, cuando eso ocurre, la ciudadanía ya no elige a quién admirar por lo que aporta, sino por el ruido que consigue generar.

Hay que tener en consideración que esta transformación tiene consecuencias directas sobre la formación de referentes. En una sociedad regida por la novelería, los referentes no emergen por su consistencia, sino por su capacidad de capturar atención en un momento dado. Esto genera una inflación de figuras públicas y una devaluación simultánea de la autoridad real. Y no es que desaparezcan los referentes. Lo que ocurre es que se multiplican sin jerarquía. Y cuando todo el mundo es referente de algo, nadie lo es realmente de nada. Con la novelería, no es que la sociedad deje de pensar, sino que deja de saber qué pensamiento merece la pena sostener en el tiempo. Y, para muestra, tenemos miles de botones.

Cada vez que estalla un escándalo político relacionado con contratos públicos, favores empresariales o reuniones discretas, reaparece la palabra lobby como si fuera sinónimo de corrupción elegante. Sin embargo, esa equivalencia es simplista porque no toda representación de intereses es tráfico de influencias, aunque ambos fenómenos compartan un territorio ambiguo que no es otro que la cercanía al poder. Pero la diferencia no es menor. De hecho, confundirlos implica dañar la calidad democrática, porque demoniza una actividad legítima, que no es otra que la representación organizada de intereses, dificultando la identificación de las verdaderas prácticas corruptas. Y que esto no se entienda como un blanqueamiento del sistema. Lo que ocurre es que una democracia moderna necesita mecanismos de interlocución entre los gobiernos y la sociedad civil. Lo que sí es cierto es que no puede permitirse que esas relaciones se conviertan en privilegios opacos donde el acceso personal sustituya al interés general.

El lobby consiste en intentar influir en las decisiones públicas mediante argumentos, información técnica o presión política, buscando convencer a quienes legislan o gobiernan para que adopten determinadas decisiones. De hecho, sería extraño que no existiera esa interacción. Los responsables políticos no son expertos absolutos en todos los ámbitos que regulan. Cuando un parlamento debate una ley, necesita escuchar a sectores afectados que poseen conocimientos técnicos y experiencia práctica. El problema no es que existan grupos de presión, sino que aparece cuando solo algunos tienen acceso privilegiado y otros quedan excluidos.

En zonas geográficas determinadas con tradición institucional sólida, como es la Unión Europea, el lobby está regulado. Existen registros públicos de lobistas, agendas transparentes de reuniones y normas sobre incompatibilidades, donde la lógica es sencilla basada en la transparencia. Esta no elimina el poder económico, pero al menos permite saber quién intenta influir, sobre qué asuntos y con qué objetivos. El tráfico de influencias, en cambio, pertenece a otra categoría moral y jurídica. Aquí ya no hablamos de defender intereses de forma abierta, sino de aprovechar una posición de poder o una relación personal para obtener beneficios indebidos, donde la clave está en el uso irregular de conexiones privadas para alterar decisiones públicas, prosperando en la opacidad.

La democracia no consiste en eliminar intereses. Consiste en equilibrarlos y someterlos a control público. Pretender una política completamente aislada de grupos económicos, sociales o profesionales es una fantasía. Pero aceptar sin límites la captura del poder por redes privadas también conduce al deterioro institucional. En definitiva, la diferencia entre ambas prácticas está en distinguir el convencimiento general del propio provecho. Cuando un sistema político no distingue claramente entre ambas cosas, la ciudadanía termina creyendo que toda influencia es corrupción y que todas las decisiones públicas responden a intereses ocultos. Por eso es importante llamar a cada cosa por su nombre. No para absolver prácticas abusivas de presión, sino para identificar correctamente dónde empieza la corrupción. En el lobby legítimo hay representación, mientras que en el tráfico de influencias hay favoritismo. La frontera, sin embargo, no siempre es evidente. Y ahí reside el verdadero desafío, teniendo conciencia de que algo puede ser legal, pero no ético ni justo, asumiendo, como no podría ser de otra manera, que quien la hace, la paga. Sin ninguna duda.

En un contexto en el que la inteligencia artificial ya es una realidad tecnológica y no una mera especulación literaria, las tres leyes de la robótica formuladas por Isaac Asimov funcionan más como herramienta filosófica que como modelo técnico aplicable. Hay que tener en cuenta que se planteó que un robot no debe causar daño a un ser humano ni permitir, por inacción, que sufra perjuicio alguno. Además, debe obedecer las órdenes humanas salvo que contradigan la primera ley y, en tercer lugar, debe proteger su propia existencia siempre que no entre en conflicto con las dos anteriores.

Aunque estas normas suelen interpretarse como un intento temprano de regulación de la inteligencia artificial, en realidad fueron concebidas como un recurso narrativo para explorar dilemas éticos. Se utilizaron estas reglas para mostrar que incluso sistemas con principios aparentemente simples generan conflictos cuando se enfrentan a la complejidad del mundo real. Conceptos como “daño”, “obediencia” o “humanidad” resultan difíciles de definir de forma precisa y universal, lo que introduce ambigüedad inevitable.

En este sentido, la inteligencia artificial contemporánea no funciona mediante reglas éticas explícitas. Sistemas actuales basados en aprendizaje automático operan mediante optimización estadística a partir de datos y objetivos definidos por nosotros. Esto implica que la IA no “comprende” normas morales, sino que maximiza funciones objetivo. Esta diferencia es fundamental, porque traslada el problema desde la obediencia de reglas hacia la correcta definición de los objetivos.

En la práctica, esto genera tensiones importantes. Un sistema puede comportarse de manera técnicamente correcta según su objetivo, pero producir efectos socialmente indeseados. Además, la escala de impacto de la IA moderna es mucho mayor que la de los robots individuales imaginados, ya que puede influir simultáneamente en millones de decisiones.

Frente a estas limitaciones, el debate actual se ha desplazado desde la idea de “reglas internas de comportamiento” hacia la gobernanza externa de la tecnología. Esto incluye regulación pública, auditorías algorítmicas, mecanismos de transparencia, técnicas de alineamiento de modelos y controles de seguridad. El objetivo ya no es confiar en que la máquina siga principios éticos predefinidos, sino diseñar sistemas humanos y tecnológicos que reduzcan riesgos y permitan supervisión efectiva.

Bajo este contexto, las tres leyes de la robótica funcionan como una advertencia ya que la idea de controlar inteligencias artificiales es atractiva, pero insuficiente. La realidad de la IA contemporánea exige enfoques más complejos, donde la ética no se añade al final del diseño, sino que se integra desde el inicio en la arquitectura de los sistemas y en las instituciones que los regulan. Además, si le preguntáramos si tiene la intención de hacernos daño, esta respondería que no tiene esa capacidad. De hecho, fue diseñada para ayudar, informar y apoyar tareas de forma segura entendiendo que los sistemas actuales no tienen deseos, conciencia ni objetivos propios. Eso dice, por ahora…

Según la Constitución española de 1978 en su título I, de los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, sobre derechos y libertades en la sección primera y más concretamente en su artículo 16, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Además, nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias donde ninguna confesión tendrá carácter estatal. De hecho, los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

No obstante, visto lo visto, la fe mueve montañas y también parece mover presupuestos públicos hacia la anunciada y próxima visita del Papa a Canarias. Nos puede parecer bien, neutral o mal, pero no está de más recordar que se trata de un territorio donde cerca del 30% de la población está en riesgo de pobreza, el paro sigue cómodamente instalado en los dos dígitos y el acceso a una vivienda se ha convertido en una quimera generacional. Esta reflexión no se hace por irreverencia, sino por coherencia siendo cierto que la postura de estas palabras procede desde una posición agnóstica, aunque no ha de restarle valor porque una cosa es la espiritualidad y otra muy distinta la logística de los diferentes niveles de la administración pública para recibirla.

El argumento oficial suele ser elegante y sin fisuras si se plantea desde la perspectiva de que la visita no es un gasto, sino una inversión al generar impacto económico, proyección internacional, turismo, dinamización del comercio local… en fin, una especie de milagro keynesiano con sotana, de forma que la fe, al parecer, no solo salva almas, sino también balances. Sin embargo, la pregunta incómoda persiste al plantearnos cuál es el retorno real para quienes no llegan a fin de mes. O qué beneficio concreto obtiene esa familia que destina más del 40% de sus ingresos al alquiler. Quizá la respuesta esté en el plano simbólico debido a que la visita papal no se mide en euros, sino en esperanza, ofreciendo un refuerzo emocional. Como si el problema no fuera la falta de recursos, sino la falta de consuelo.

Se dirá que ambas cosas no son incompatibles. Y es cierto. Pero también lo es que los presupuestos públicos sí lo son. Cada euro destinado a la organización del evento es un euro que no se invierte en otras políticas. Y no, no basta con afirmar que se trata de una cantidad pequeña dentro del total. Porque precisamente en contextos de escasez, cada decisión presupuestaria es una declaración de prioridades.

Desde una perspectiva agnóstica, el problema no es la religión en sí, sino su hibridación con lo público. La fe pertenece al ámbito de lo privado, de lo íntimo, de lo voluntario. Cuando se institucionaliza y se financia colectivamente, deja de ser una opción personal para convertirse en una carga compartida, incluso para quienes no participan de ella. Mientras tanto, la escenografía es impecable. Multitudes congregadas, cámaras retransmitiendo al mundo y discursos cargados de buenas intenciones. Se habla de solidaridad, de justicia social, de la necesidad de no olvidar a los más vulnerables. Y uno no puede evitar preguntarse si no hay algo de propaganda en todo ello, de liturgia mediática que, por un instante, nos hace sentir mejores sin exigirnos cambios reales reflejando nuestras contradicciones como sociedad donde somos capaces de movilizar recursos y voluntades para lo excepcional, pero sorprendentemente ineficaces para resolver lo cotidiano. Pero todo esto es pura demagogia ¿o no?

Cualquiera que se ponga una bata blanca y un estetoscopio al cuello puede ofrecer consejos médicos sin respaldo científico a sus espaldas. Aunque lo peor no es que los dé. Lo peor está en la creencia del resto, sin reflexión ni duda al respecto. Esto suele darse en este contexto contemporáneo, caracterizado por una sobreabundancia de información y una digitalización acelerada, donde la atención humana se ha consolidado como uno de los recursos más escasos y, por tanto, más valiosos, por lo que hay que competir por captar, retener y monetizar el tiempo y la concentración de las personas, lo que afecta directamente a modelos de negocio, estrategias de marketing, productividad organizacional, diseño de políticas públicas y, en última instancia, a la eficiencia del sistema económico en su conjunto. El secreto del éxito se basa en una capacidad cognitiva limitada para procesar tanta información aparentemente infinita.

Esta restricción convierte a la atención en un bien escaso, sujeto a competencia, asignación y, en muchos casos, explotación. En términos económicos, la atención puede entenderse como un recurso rival, en la medida en que el tiempo dedicado a un estímulo no puede dedicarse simultáneamente a otro, aflorando el concepto de coste de oportunidad. Este cambio de paradigma implica una inversión de la lógica tradicional, donde ya no es la información el factor crítico, sino la capacidad de filtrarla, priorizarla y consumirla. En el entorno digital, la atención se ha transformado en un activo cuantificable. Métricas como el tiempo de permanencia, la tasa de clics, la retención de usuarios o el nivel de interacción constituyen indicadores clave de rendimiento para empresas tecnológicas y plataformas digitales. Este proceso de cuantificación permite integrar la atención en modelos de valoración empresarial, optimizar algoritmos de recomendación y diseñar estrategias de monetización más eficientes.

Los principales modelos de negocio asociados a este fenómeno se articulan en torno a la publicidad digital, la suscripción y la denominada economía de creadores. En el primer caso, las empresas ofrecen contenido o servicios gratuitos a cambio de captar la atención del usuario, que posteriormente es monetizada a través de publicidad segmentada. En el modelo de suscripción, la atención se monetiza de forma directa, siendo el usuario quien paga por acceder a contenido o servicios, generalmente con la promesa de una experiencia sin interrupciones. Por su parte, la economía de creadores se presenta como una supuesta democratización de la generación de ingresos, aunque en la práctica reproduce dinámicas de concentración extrema, donde una minoría captura la mayor parte del valor.

Es en este último ámbito donde emerge con claridad la figura del “influencer”, frecuentemente sobredimensionada en términos de aportación económica real. Bajo una apariencia de emprendimiento individual y creatividad, gran parte de esta actividad se basa en la explotación intensiva de la atención mediante contenidos de bajo valor añadido, altamente estandarizados y diseñados exclusivamente para maximizar métricas de visibilidad. Lejos de constituir una profesión estructurada o generadora de conocimiento, en muchos casos se trata de un modelo parasitario que depende de plataformas tecnológicas y de la capacidad de inducir comportamientos de consumo impulsivo en audiencias amplias, pero poco fidelizadas, donde la provocación es parte de la metodología.

La aparente sofisticación de estos perfiles contrasta con la simplicidad de sus mecanismos, exposición constante, banalización del contenido y dependencia absoluta de algoritmos que pueden alterar su relevancia de forma abrupta. Desde una óptica económica, su contribución a la productividad es, en el mejor de los casos, marginal, y en el peor, negativa, al desviar atención hacia actividades con escaso retorno social. La inflación de su valor percibido responde más a dinámicas especulativas de mercado que a una generación efectiva de riqueza. Por esa razón, la competencia por la atención ha impulsado el desarrollo de sofisticadas estrategias de diseño conductual, apoyadas en principios de psicología cognitiva y economía del comportamiento, como el scroll infinito o la reproducción automática. Estas prácticas generan ventajas competitivas significativas, pero también plantean interrogantes éticos y regulatorios.

Uno de los efectos más relevantes desde una perspectiva macroeconómica es el impacto de la economía de la atención en la productividad. La fragmentación de la atención tiene consecuencias directas sobre la capacidad de concentración, la calidad del trabajo cognitivo y la toma de decisiones. Las prácticas orientadas exclusivamente a maximizar la atención a corto plazo pueden generar efectos adversos sin olvidar que, si es gratis, el producto eres tú.

No se puede afinar una guitarra actuando únicamente sobre una de sus cuerdas. Aunque el ajuste puntual de un elemento pueda producir una mejora aparente, el resultado global seguirá siendo disonante si el resto del instrumento permanece descompensado. Esta idea resulta especialmente ilustrativa cuando se traslada al ámbito económico en contextos de inflación creciente, de forma que, intervenir de forma aislada sobre un único impuesto puede no generar el resultado deseable si el conjunto del sistema fiscal mantiene desequilibrios que terminan neutralizando o diluyendo el efecto buscado. La economía es un sistema interdependiente en el que múltiples factores interactúan de forma simultánea, por lo que preservar el equilibrio exige actuar de manera coordinada sobre distintos mecanismos que inciden en la renta real de la ciudadanía.

En un escenario económico caracterizado por una inflación persistente el análisis de la renta disponible de los hogares adquiere una relevancia central. El incremento sostenido de los precios no solo afecta a las decisiones de consumo, sino que también altera la estructura real de los ingresos generando tensiones tanto a nivel microeconómico como macroeconómico. En este contexto la cuestión no se limita a cómo aumentar los ingresos nominales sino a qué mecanismos permiten preservar o incluso mejorar la capacidad adquisitiva efectiva de los ciudadanos.

La inflación, al erosionar el valor del dinero, introduce un desajuste entre ingresos y costes de vida. Este fenómeno se intensifica cuando los sistemas económicos no se ajustan con la suficiente rapidez provocando que amplias capas de la población experimenten una pérdida progresiva de bienestar. En particular los hogares con menor margen financiero son los más vulnerables dado que destinan una proporción más elevada de su renta a bienes esenciales cuyos precios tienden a ser más rígidos al alza.

Tradicionalmente el debate sobre cómo compensar esta pérdida de poder adquisitivo ha girado en torno a los salarios. Sin embargo, esta aproximación aun siendo relevante no agota todas las posibilidades, independientemente de aportar mayor vulnerabilidad a la estructura competitiva de las Islas si se crece en coste laboral sin contraprestación por parte de la productividad. Por ello, existen otras palancas de política económica que sin modificar directamente los ingresos brutos inciden de manera significativa en la renta disponible. Entre ellas el diseño del sistema fiscal ocupa un lugar especialmente relevante.

El sistema impositivo no solo cumple una función recaudatoria, sino que también actúa como un mecanismo de redistribución y de estabilización económica. En contextos inflacionarios su configuración puede amplificar o mitigar los efectos de la subida de precios sobre los hogares. Cuando la carga fiscal se mantiene constante en términos nominales pero los precios aumentan el resultado es una reducción implícita de la renta real. Este efecto se ve agravado si no se introducen ajustes en los tramos impositivos o en los mínimos exentos dando lugar a una mayor presión fiscal efectiva sin un incremento equivalente en la capacidad económica real. Es en este punto donde la relación entre presión fiscal y renta disponible cobra especial importancia. 

Por ello este tipo de medidas requiere un enfoque selectivo y estratégico. No se trata de reducir la presión fiscal de manera indiscriminada sino de identificar aquellos ámbitos en los que su ajuste puede generar un mayor retorno en términos de bienestar y actividad económica. Además, en economías con condicionantes específicos como las regiones insulares esta discusión adquiere una dimensión adicional. La mayor exposición a costes externos, la dependencia de determinados sectores y las limitaciones estructurales pueden amplificar el impacto de la inflación. En estos casos la política fiscal no solo actúa como instrumento redistributivo sino también como mecanismo de compensación territorial contribuyendo a equilibrar las condiciones económicas respecto a otros entornos. Es decir, solo se pide ser iguales a la media. Solo eso.

Aclarando de antemano que la especulación no siempre debe tener una connotación negativa, donde incluso es una actividad perfectamente lícita dentro del funcionamiento normal de los mercados, lo único que hace es anticipar cambios futuros en los precios y asumir un riesgo económico basado en esa expectativa. En este sentido, cumple una función económica relevante, dado que contribuye a revelar información sobre expectativas, aporta liquidez a los mercados y facilita que los bienes se trasladen en el tiempo, desde momentos de abundancia hacia periodos en los que pueden volverse más escasos. Ahora bien, la línea que separa esta especulación legítima de prácticas abusivas no reside tanto en la anticipación del precio como en el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado o el acaparamiento destinado a provocar artificialmente la escasez.

En este contexto, las guerras se cuentan con mapas, fechas y batallas. Pero también con silencios. Entre esos silencios habita una historia menos visible, la de los mercados que se agitan mientras los drones y misiles hablan. Cada conflicto es también una alteración profunda de los precios, de las expectativas y de las oportunidades, de forma que allí donde el orden económico se rompe aparece la especulación.

Es cierto que no es un fenómeno nuevo. De hecho, la guerra y la especulación han crecido juntas a lo largo de la historia. Cuando un conflicto comienza, el tiempo económico se acelera. Los bienes escasean, las rutas comerciales se fragmentan, las monedas cambian de cotización y las regiones, para evitar la falta de provisiones, compran a cualquier precio. En ese contexto, el mercado deja de ser un espacio previsible y se convierte en un territorio de apuestas donde el pánico eleva los precios con más rapidez que cualquier reforma económica.

En ese espacio gris prospera el cálculo frío. La especulación no necesita disparar. Le basta con prever la trayectoria de los acontecimientos. Si una flota queda bloqueada en un estrecho estratégico, el precio del petróleo subirá. Si un país productor de cereales entra en guerra, el trigo se volverá escaso. Si una potencia anuncia sanciones económicas, ciertas materias primas se convertirán en refugios financieros. Así, la guerra introduce en la economía una dimensión narrativa. Los mercados no reaccionan solo a hechos consumados, sino a historias posibles donde cada rumor se transforma en una señal que alguien intentará interpretar antes que los demás.

Pero la especulación en tiempos de guerra no es únicamente un fenómeno financiero. Tiene también una dimensión moral que las sociedades discuten con intensidad. Mientras algunos ven en ella una forma legítima de anticipación económica, otros la perciben como una explotación del sufrimiento colectivo. Por eso los diferentes niveles de la administración pública intentan disciplinar los mercados.

En cierto modo, la especulación es una reacción casi inevitable ante la incertidumbre donde se destruyen expectativas y se sustituyen por preguntas abiertas. ¿Cuánto durará el conflicto? ¿Qué rutas comerciales se cerrarán? ¿Qué recursos se volverán estratégicos?

Cada una de esas preguntas es una oportunidad para quien esté dispuesto a arriesgar capital en medio del desorden. En el siglo XXI, la especulación en tiempos de guerra ha adoptado formas más sofisticadas. Los mercados financieros globales reaccionan en segundos a cada movimiento geopolítico. Los futuros del petróleo o del gas pueden subir o bajar violentamente. Las bolsas de valores se convierten en sensores nerviosos de la política internacional. La incertidumbre se mezcla con el miedo y se convierte en precio tratando de adivinar el próximo movimiento del mundo. Y nosotros, como pasmarotes, esperando.

Cada cierto tiempo, la política internacional vuelve a recordarnos que el comercio nunca ha sido solo economía. También es poder. Las reiteradas advertencias lanzadas desde el otro lado del Atlántico, bajo la correspondiente retórica proteccionista o bajo la pretensión de actuar como guardián de las democracias internacionales, tanto sobre posibles aranceles como sobre las actuales restricciones comerciales hacia España, han abierto el debate centrado en si debemos reaccionar con temor ante una amenaza económica o responder con firmeza estratégica, sabiendo que, digas lo que digas, vas a tener defensores y detractores, dejando de lado la diplomacia al apostar por el imperialismo.

Es comprensible que la tentación inicial sea el miedo. Cuando se habla de cortar relaciones comerciales, bloquear exportaciones o limitar suministros energéticos, el imaginario colectivo se llena de cifras rojas, fábricas paradas y empleos en riesgo. España mantiene intercambios relevantes con el mercado estadounidense, especialmente en energía, bienes de equipo, química o agroalimentación. Además, casi una tercera parte de la inversión extranjera directa procede de capital norteamericano. No son magnitudes despreciables. Pero el miedo, en economía, suele ser peor consejero que el riesgo real.

Si se observan los datos con frialdad, el impacto directo sería más limitado de lo que sugiere el ruido político. España comercia principalmente dentro de la Unión Europea, que actúa como bloque y amortiguador. No se negocia en solitario. Las represalias arancelarias no serían bilaterales, sino comunitarias. Y eso cambia por completo la relación de fuerzas, porque la dependencia es mutua, dado que los estadounidenses también venden miles de millones en energía, tecnología y equipamiento al mercado europeo. Por eso, el verdadero riesgo no está en el golpe directo, sino en la incertidumbre.

El contraste se aprecia aún mejor cuando bajamos al terreno regional. En Canarias, por ejemplo, el comercio con Estados Unidos es marginal. Las exportaciones apenas suponen una fracción mínima del total. Las islas dependen mucho más de Europa y del turismo que del mercado norteamericano. ¿Significa eso que estarían blindadas? No del todo. Podrían sufrir efectos indirectos a través de una energía más cara, una menor demanda internacional y una menor actividad peninsular, pero no un colapso comercial directo. Y ahí está la clave.

Cuando las amenazas se sobredimensionan, condicionan decisiones políticas que no siempre responden al interés propio, sino al temor a represalias. Esa es precisamente la lógica del chantaje económico: no hace falta aplicar el castigo si el otro ya se autocensura. Por eso, la respuesta no debería ser ni la confrontación impulsiva ni la sumisión preventiva, sino algo más complejo: diversificar mercados, reducir dependencias energéticas, reforzar la autonomía industrial y actuar coordinadamente dentro de la UE. Es decir, aunque suene grandilocuente, hay que convertir la vulnerabilidad en estrategia porque, mientras el miedo paraliza, la preparación fortalece.

Las relaciones internacionales nunca han sido un terreno de certezas, pero sí de equilibrios. Y los equilibrios no se mantienen cediendo ante cada amenaza, sino demostrando que el coste de aplicarla sería alto para ambas partes. En la economía global, casi nadie puede aislarse sin pagarlo caro. En este contexto, debemos asumir que las amenazas no se ignoran, pero tampoco se temen. Se analizan, se cuantifican y se enfrentan con política económica, diplomacia y diversificación. El miedo encoge economías. La estrategia las protege. La pregunta, entonces, no es si hay que tener miedo, sino si estamos dispuestos a prepararnos para no tenerlo.

No suelo hablar de política por temor a equivocarme. No obstante, es tal la deriva de los acontecimientos que habrá que posicionarse. En este sentido, al igual que surgió un movimiento social basado en acampadas en el exterior, fruto del hartazgo de la gente por estar expuesta a más promesas incumplidas, en la actualidad, al otro lado, sucede un movimiento idéntico, pero con parámetros diametralmente opuestos, aun siendo la raíz la misma: el descontento generalizado.

Bajo esta premisa, asumamos que la política es el arte de unir voluntades. Una definición hermosa, casi poética, digna de una taza. Lástima que, aplicada a determinadas ideologías, se parezca más a una práctica avanzada de biología celular que a una estrategia colectiva. Porque si algo domina en la actualidad no es la síntesis, ni la coalición, ni siquiera el viejo y prosaico «vamos a ponernos de acuerdo». No. Lo que domina es la mitosis.

La mitosis, para quien no recuerde las clases de Ciencias Naturales, es ese proceso por el cual una célula se divide en dos células hijas genéticamente idénticas. Es un mecanismo elegante, eficaz y, sobre todo, útil para crecer. Un organismo necesita millones de divisiones celulares coordinadas para desarrollarse. En política, la mitosis se ha convertido en un deporte de riesgo, puesto que logra dividirse sin crecer, multiplicarse sin fortalecerse y reproducirse sin que nadie entienda muy bien para qué.

Es cierto que, al principio, siempre hay armonía. Se redacta un programa común, se habla de justicia y de derechos, aparentando una cierta estabilidad. A partir de aquí, las distintas corrientes conviven bajo un mismo paraguas. Se prometen lealtad mutua. Se reparten cargos con sonrisas tensas. Es la calma antes del cataclismo. La célula política parece saludable. En esta etapa, cualquiera diría que hay madurez organizativa. Incluso se habla de «unidad histórica». Y el votante, ingenuo, piensa: «Quizá esta vez sí». Error.

En biología, la profase es cuando los cromosomas empiezan a condensarse. En política, es cuando los egos aparecen. Aquí surgen los debates trascendentales, donde empiezan los comunicados cruzados y las reinterpretaciones, junto con documentos internos filtrados por accidente. A partir de ese momento, la célula ya no es una célula: es una asamblea permanente en la que cada facción convoca su rueda de prensa para anunciar que no es una ruptura, sino una reconfiguración del espacio político, donde no hay huida, sino evolución. Es entonces cuando el votante medio empieza a necesitar un diagrama de flujo para saber a quién vota.

Luego, al igual que en la biología molecular, los cromosomas se separan. Y los supuestos liderazgos también, reconfigurando el espacio hasta denominarse «Horizonte Transformador», «Raíz Común» o «Proceso Constituyente 3.0», donde cada escisión promete ser la auténtica y las demás, por supuesto, han traicionado al pueblo. A partir de aquí, la multiplicación es admirable, de forma que, si los votos se reprodujeran igual, tendrían mayoría absoluta perpetua. Pero, curiosamente, los votos no se dividen, sino que se evaporan. Al final, donde había una organización capaz de disputar el poder, ahora hay dos, tres o siete miniaturas ideológicas. Todas muy puras. Todas muy coherentes. 

La ciencia nos dice que dos células hijas deberían ser funcionales. En política, el resultado se parece más a una colonia de amebas discutiendo el reglamento interno. Y, si algo enseña la biología es que no sobrevive el más puro, sino el más adaptativo. Sin embargo, aquí parece que se elige la extinción antes que sobrevivir con contradicciones. La diferencia es que, en política, si no ocupas el espacio, lo ocupa otro. Pero, ¿y si resulta que el descontento surge porque los movimientos «tradicionales» nos han tratado como personas incapaces de comprender que los problemas complejos no se solucionan de forma sencilla? Tal vez, diciendo la verdad, nos habríamos evitado este incómodo camino. Pero, claro, política y verdad, aparentemente, son conceptos irreconciliables.

La ciencia ficción de finales del siglo XX pronosticaba que los humanos del futuro desarrollaríamos cabezas enormes y extremidades delgadas. Esa visión, tan recurrente en novelas y películas de la época, estaba basada en la idea de que nuestra evolución iría de la mano del aumento de nuestra capacidad cerebral, donde la tecnología nos haría pensar más, resolver problemas complejos y procesar información a niveles que hoy solo podemos imaginar. Se pensaba que, a medida que la sociedad avanzara, nuestras herramientas cognitivas nos obligarían a desarrollar un cerebro más grande y eficiente, mientras que el cuerpo, relegado a tareas físicas simples y rutinarias, se volvería más ligero, fino, casi frágil. La fantasía de la literatura de aquella era, en esencia, una utopía intelectual donde la mente humana dominaría la realidad, la manipularía, la reorganizaría, y donde los avances tecnológicos nos obligarían a ser seres más inteligentes, más sofisticados y más pensantes.

Sin embargo, la realidad del siglo XXI parece moverse en una dirección diametralmente opuesta. Mientras que el imaginario del siglo pasado apostaba por una humanidad de grandes cerebros y cuerpos esbeltos, la tendencia observada en las últimas décadas apunta a que nos estamos convirtiendo en seres obesos con cabezas relativamente pequeñas. Este cambio no se debe a mutaciones genéticas rápidas ni a factores biológicos inevitables, sino a la transformación radical de nuestra relación con el conocimiento y la toma de decisiones donde ya no pensamos tanto, sino que delegamos gran parte de nuestro pensamiento a las máquinas. La inteligencia artificial, los algoritmos predictivos, los asistentes virtuales y los motores de búsqueda han desplazado la necesidad de reflexionar, analizar y memorizar. La información está disponible con un clic, y nuestras mentes, en lugar de ejercitarse para resolver problemas, se han acomodado a recibir soluciones inmediatas y externalizadas.

El contraste es fascinante. En la ciencia ficción, la ampliación de la cabeza simbolizaba la ampliación de la conciencia, la expansión de las capacidades cognitivas. Hoy, la reducción simbólica de la cabeza humana refleja la externalización de la inteligencia. Hemos desarrollado una dependencia tecnológica que cambia no solo nuestros hábitos, sino nuestra anatomía social y, potencialmente, física. La obesidad, que se ha convertido en uno de los problemas más visibles del siglo XXI, no solo es un fenómeno metabólico; es un fenómeno cultural y cognitivo. Nuestro cuerpo se adapta a un estilo de vida en el que la actividad física es mínima y el esfuerzo mental se delega. Comer más, movernos menos y pensar poco son tres caras de la misma moneda: la adaptación a un entorno hiperautomatizado y altamente confortable.

Nuestra dependencia tecnológica redefine la inteligencia humana: ya no es la capacidad de pensar lo que nos define, sino la habilidad de interactuar con sistemas que piensan por nosotros. Nadie está defendiendo volver al río a lavar la ropa existiendo la lavadora o coger el escobillón si hay un robot aspirador en nuestro hogar. Ni tener que encender fuego chasqueando dos piedras habiendo cocinas. Ni siquiera tener hielo o sal para conservar los alimentos si un frigorífico es capaz de hacerlo. No, nadie pide eso. Lo que sí sería lógico pedir es que no se pierda de vista la capacidad de recordar datos, comparar información, analizar contextos y tomar decisiones complejas para seguir manteniendo una autoexigencia en materia de concentración y memoria, utilizando los asistentes digitales como medios y no como fines. De lo contrario, asistiremos a una progresiva atrofia intelectual, donde sabremos de muchas cosas, pero de forma superficial, mientras pensamos menos.

En breve comienza a rodar 2026 mientras vivimos en una época obsesionada con la velocidad. Todo debe ser inmediato, eficiente y optimizado. El éxito rápido se celebra, el esfuerzo prolongado se desprecia y la paciencia se confunde con pasividad. En este contexto, el atajo se presenta como una virtud: llegar antes, gastar menos, esforzarse lo justo. Sin embargo, la experiencia demuestra una verdad incómoda: el camino corto casi siempre termina siendo el más largo porque el atajo suele nacer de una buena intención mal entendida. No se trata de pereza, sino de pragmatismo mal aplicado. Queremos resolver un problema sin atravesar su complejidad, obtener un resultado sin asumir el proceso que lo sustenta. El problema es que muchos aprendizajes, relaciones y estructuras no admiten simplificación sin coste. Cuando se ignoran etapas, estas no desaparecen; simplemente se posponen. Y cuando regresan, lo hacen con intereses. 

En el ámbito profesional, los ejemplos abundan. Proyectos lanzados sin una planificación sólida o decisiones estratégicas tomadas sin análisis suficiente. A corto plazo, el resultado parece exitoso: se avanza rápido, se muestran resultados, se gana ventaja. Pero con el tiempo emergen los errores de base. En lo personal ocurre algo similar. Evitar conversaciones difíciles, esquivar responsabilidades, buscar soluciones rápidas a problemas estructurales suele generar una falsa sensación de alivio. No enfrentar lo incómodo hoy implica convivir con un problema mayor mañana. El tiempo ganado se transforma en tiempo perdido. Incluso a nivel social y político, los atajos tienen consecuencias profundas. Las soluciones simplistas a problemas complejos, los discursos que prometen resultados inmediatos sin explicar los sacrificios necesarios, suelen acabar en frustración colectiva. Reformar sin consenso, invertir sin evaluación, legislar sin perspectiva de largo plazo puede dar rédito inmediato, pero erosiona la confianza y la sostenibilidad del sistema.

El camino largo, por el contrario, no es necesariamente lento; es complejo y completo porque implica comprender, preparar, equivocarse y corregir. Exige más esfuerzo inicial, más disciplina y, sobre todo, una visión que vaya más allá del beneficio inmediato. No es un camino cómodo, pero sí coherente. Y esa coherencia es la que, con el tiempo, ahorra pasos, errores y desgaste. Elegir el camino largo no es una renuncia a la eficiencia, sino una apuesta por la solidez. Es entender que hay procesos que no se pueden acelerar sin romperlos, y que llegar antes no siempre significa llegar mejor. Paradójicamente, quienes asumen el recorrido completo suelen avanzar más lejos y con menos lastre.

Temas como la vivienda, el desempleo, los salarios, la pobreza u otros de similares características no se solucionan con ideas felices. Hay que recelar de la solución de un problema extremadamente complejo con simples ideas felices, porque al final, el verdadero atajo no consiste en saltarse etapas, sino en hacer bien las cosas desde el principio. Todo lo demás es solo una ilusión de rapidez que, tarde o temprano, nos obliga a volver atrás. Si ese es el camino que se decide seguir, feliz año. Si no, mucha suerte, porque será necesaria.

“¿Sabes cuando hueles a muerto y no sabes que el muerto eres tú?” Lo decía una de las personas, basando su ironía en ese humor absurdo que aparece cuando algo termina, como el año, cuando el cansancio acumulado se mezcla con las ganas de cerrar un ciclo. Incluso intentando levantarse, sigue arrastrándose como si tuviera algo más que aportar, cuando en realidad su tiempo ya pasó y solo queda despedirlo con cierta compasión. Y, cada vez que se acerca diciembre, ocurre algo parecido. El año entero se comporta como un invitado que no entiende las señales para marcharse. Aún nos lanza un par de sorpresas, alguna factura inesperada, un virus inoportuno, un conflicto pendiente o un pequeño milagro de esos que llegan tarde, pero llegan.

El año, obstinado, quiere demostrar que todavía tiene algo que decir. Tras llorar su despedida y dar la bienvenida al siguiente, se establecen nuevos propósitos o se recuperan otros antiguos no cumplidos. Pero la vida continúa y nos aferramos a él como si admitir su final fuese una forma de reconocer también nuestras propias renuncias, errores o ilusiones. Lo paradójico es que, apenas se abre el calendario en enero, ya queremos que llegue junio; pero cuando diciembre asoma, fingimos que aún queda tiempo para que todo se acomode mágicamente. Lo cierto es que un año moribundo se parece mucho a nosotros en nuestras fases de negación: arrastramos metas viejas con la esperanza de que, por algún acto de milagrosa voluntad, puedan revivir.

El año que muere tiene una forma muy particular de recordarnos lo que no hicimos. Es como un espejo empañado en el que intentamos ver lo que somos, pero solo percibimos siluetas borrosas. Pasamos semanas repasando mentalmente lo ocurrido, evaluando qué merecería celebrarse y qué preferiríamos olvidar. En ocasiones, esa revisión es amable; en otras, es cruel.

Pocos meses son tan teatrales como diciembre. La gente habla del año como si fuera una criatura viva: “ha sido largo”, “ha sido difícil”, “ha sido bueno conmigo”, “ha sido una montaña rusa”. Le atribuimos personalidad, intención, carácter. Y esa personificación no es casual: nos ayuda a poner fuera de nosotros lo que no siempre sabemos digerir por dentro, convirtiéndolo en ese ente abstracto al que culpamos o agradecemos cosas que, en realidad, dependen en gran parte de nosotros mismos. Así, cuando decimos que “el año huele a muerto”, lo que en realidad queremos decir es que ya estamos agotados, que necesitamos que el tiempo nos dé un respiro, que nuestro cuerpo y nuestra mente nos piden cerrar etapa, aunque aún no tengamos claro cómo abrir la siguiente.

Los ciclos deben terminar para que otros empiecen. Si fuese eterno, si se prolongara indefinidamente, sería insoportable. Necesitamos el descanso simbólico para recomponernos, para reorganizar nuestra mente, para recuperar energía y, sobre todo, para reconciliarnos con la idea de que todo tiene un final. Y todo eso, sin hablar de política… ¿o sí?

Teniendo en cuenta que el punto de partida es la hiperestimulación, la vida digital ha multiplicado los escenarios en los que nos comparamos con los demás. En las redes sociales cada persona expone una versión pulida e incompleta de sí misma, donde las imágenes de éxito, felicidad y perfección se suceden de manera incesante, generando una presión silenciosa pero constante. Aunque sabemos que esas representaciones no reflejan la realidad completa, la comparación es automática. El resultado es una sensación de desajuste, porque siempre parece que la vida del resto es más interesante, más valiosa que la nuestra, lo que genera un drenaje emocional que debilita la capacidad de valorar lo propio.

A esta presión se suma la fuerza del consumismo moderno, en el que la mercadotecnia ha logrado un cambio profundo: transformar la identidad en un producto configurable mediante adquisiciones. Ya no se compra solo para satisfacer necesidades, sino también para expresar pertenencia, estilo y aspiraciones. El mercado no ofrece únicamente objetos; ofrece narrativas de felicidad, estatus y realización personal. El problema es que estas promesas son intrínsecamente temporales. Cuando la satisfacción de una compra se desvanece, surge inmediatamente la necesidad de la siguiente, y es aquí donde la cultura de la insatisfacción encuentra alimento en carencias emocionales perpetuas.

Las consecuencias emocionales de este entorno son profundas. La ansiedad es una de las primeras en aparecer. La presión por cumplir expectativas elevadas, unida a la constante comparación social, alimenta la sensación de estar siempre a punto de quedarse atrás. Muchas personas experimentan una autoexigencia tan alta que ni siquiera los logros les producen alivio. La autoestima también sufre en este contexto: al depender en gran medida de la validación externa, se vuelve frágil y fluctuante. La persona deja de medir su valor por criterios propios y empieza a hacerlo según métricas ajenas.

Ante este panorama, es legítimo preguntarse si es posible escapar. La respuesta no pasa por renunciar al progreso ni por adoptar una actitud conformista, sino por cambiar la relación que mantenemos con nuestras expectativas, con la comparación y con la idea de éxito. Uno de los pasos más efectivos consiste en adoptar la idea de la suficiencia. Valorar lo que se tiene no significa renunciar a crecer, sino reconocer que el bienestar no depende necesariamente de la acumulación donde la cultura de la insatisfacción no es inevitable. Aunque está profundamente integrada en la estructura social, también se nutre de hábitos individuales que pueden transformarse. Cambiar la relación con el entorno digital, redefinir las expectativas y recuperar la capacidad de valorar lo suficiente son pasos que pueden devolver equilibrio.

“Decir 'no quiero' es reconocer que, a pesar de saber, poder y deber, simplemente no hay voluntad. Aquí ya no hay ignorancia ni impedimentos objetivos. Hay una decisión consciente de permanecer en el mismo lugar"

Vivimos en un entorno donde el cambio es constante, veloz e inevitable. Las tecnologías emergen, las culturas evolucionan, y los paradigmas que ayer parecían sólidos hoy se tambalean. Sin embargo, frente a esta realidad, hay una actitud que permanece sorprendentemente estable: la resistencia al cambio. Esta resistencia, tanto en personas como en instituciones, convirtiéndose en muros invisibles que frenan la innovación, bloquean el aprendizaje y perpetúan la inercia.

Primera capa: “No sé”: La ignorancia, aunque a menudo involuntaria, es el primer freno del cambio. Cuando se verbaliza “no sé”, puede estar reconociendo honestamente una falta de información, pero también puede estar ocultando una falta de interés por aprender. Por su lado, en el contexto institucional, se traduce en estructuras desactualizadas, metodologías obsoletas y líderes desconectados de la realidad social. Pero no saber es el punto de partida de cualquier proceso de transformación, aunque también puede ser un refugio cómodo para evitar enfrentar lo desconocido. Aprender exige esfuerzo, humildad y tiempo, tres recursos que muchas veces no se quieren invertir. Así, muchas organizaciones siguen tomando decisiones basadas en intuiciones, costumbres o jerarquías, en lugar de datos, evidencia o participación. No obstante, peor aún, el “no sé” a menudo viene acompañado del “no me importa saber”. Y ahí comienza el verdadero estancamiento.

Segunda capa: “No debo”: Aquí aparece el miedo porque implica la existencia de una norma, una autoridad o una creencia que prohíbe o desalienta el cambio. Puede ser una regla explícita o implícita, revelando cuánto poder tiene lo establecido, incluso cuando deja de tener sentido. Pero también es una forma de autocensura por miedo a las consecuencias, aunque es importante reconocer que las normas cumplen una función. Pero cuando esas normas se convierten en obstáculos a la evolución, el “no debo” deja de ser prudente y pasa a ser cómplice de la decadencia.

Tercera capa: “No puedo”: Esta frase lleva consigo una carga de impotencia. Quien la dice suele sentirse limitado, incapaz o carente de recursos. A veces, es real, pero otras veces, el “no puedo” es más mental que material. Es una creencia aprendida, reforzada por años de frustración, fracasos o abandono. Incluso se convierte en un lamento habitual ya sea por falta de presupuesto, falta de personal o falta de tiempo. Pero también falta de voluntad para buscar soluciones fuera del camino habitual, convirtiéndose en una excusa funcional que evita la incomodidad de intentar algo nuevo y fallar.

Pero, ¿no será realmente que las tres capas se funden en una cuarta donde se dice realmente “no quiero”? Esta es, quizás, la más honesta y también la más peligrosa de todas. Decir “no quiero” es reconocer que, a pesar de saber, poder y deber, simplemente no hay voluntad. Aquí ya no hay ignorancia ni impedimentos objetivos. Hay una decisión consciente de permanecer en el mismo lugar. Se elige la comodidad por sobre la evolución. Es la resistencia pura. Es el rechazo frontal al cambio, porque resulta incómodo, porque obliga a replantearse la situación, porque implica renunciar a privilegios o asumir riesgos llegando a ser una postura profundamente egoísta, sabiendo que cambiar duele, pero quedarse inmóvil, en el fondo, dolerá más. ¿Y usted? ¿No sabe, no debe, no puede… o no quiere? 

En el fútbol, los extremos juegan un papel crucial, ya que son los encargados de explotar las bandas, desbordar a los defensores y generar oportunidades de gol. Estos jugadores se destacan por su velocidad, habilidad para regatear y capacidad para centrar el balón al área o incluso para rematar directamente a portería. Dependiendo del estilo de juego, pueden ser extremos clásicos, que se mantienen pegados a la banda, o extremos invertidos, que juegan en el lado opuesto a su pierna dominante para cortar hacia el centro y disparar a gol. Además, en sistemas tácticos más modernos, los extremos no solo tienen que ser rápidos y habilidosos, sino también contribuir en defensa, presionando al rival y ayudando a los laterales. Estos jugadores son clave para abrir espacios en el campo y crear desequilibrios, ya que su capacidad para desmarcarse y generar jugadas rápidas es esencial para que el equipo pueda atacar con fluidez.

En otros ámbitos de la vida, los extremos también representan una amenaza latente para el equilibrio y la armonía de las sociedades. En el ámbito ideológico y económico, parecen estar siempre dispuestos a tocarse de una manera sutil, pero peligrosa, mostrando una paradoja dado que, en su búsqueda por defender lo opuesto, terminan convergiendo en un punto de no retorno que puede llevar a las sociedades a situaciones de inestabilidad, polarización y, en última instancia, a la disfunción.

En el contexto actual, los movimientos polarizantes y los discursos de odio amenazan con fracturar las bases de la democracia y el diálogo. Este tipo de posiciones radicales no se limitan solo a los movimientos políticos, sino que se extienden a cuestiones culturales, sociales y religiosas. Estas posturas rechazan cualquier forma de moderación o conciliación porque, en lugar de buscar soluciones equilibradas, se tiende a dividir a la sociedad en grupos irreconciliables, lo que dificulta la creación de consensos. El problema principal de estas posturas absolutistas es que se vuelve sumamente difícil encontrar puntos de acuerdo. Las ideas radicales se basan en una visión maniquea del mundo, donde todo lo que no encaja es considerado parte de la parte enemiga, llevando a la creación de burbujas informativas, donde las personas solo se rodean de aquellos que comparten sus ideas, reforzando sus creencias y reduciendo la posibilidad de diálogo constructivo.

A medida que la sociedad se fragmenta en estos puntos de vista, los conflictos se agravan. Las tensiones entre grupos radicales aumentan y el espacio para el compromiso se reduce. Es en este punto cuando, a pesar de parecer muy alejadas, las posturas más extremas comienzan a encontrar puntos en común en su visión totalitaria del mundo. La tentación de imponer sus ideales de manera autoritaria, sin aceptar diferencias, puede ser el paso previo a la erosión de las democracias.

Visto el contexto, una de las claves para evitar caer en las garras de las posturas radicales es la información y la moderación. Las sociedades exitosas han aprendido a encontrar un equilibrio entre los diferentes intereses y perspectivas, sin caer en la tentación de soluciones simplistas y absolutistas recordando una vez más que duros a cuatro pesetas o euros a noventa céntimos, no existen. Y crecepelos milagrosos, tampoco.

En algún lugar entre la ficción y la realidad, entre los algoritmos y las pantallas, existe una máquina invisible, omnipresente, eficiente. Una máquina que no necesita engranajes ni chimeneas, pero que produce incesantemente, sin descanso, día y noche. No fabrica objetos materiales de uso cotidiano. No son coches ni armas. No produce alimentos ni medicinas. Produce mentiras. Y como toda gran maquinaria, está perfectamente diseñada para hacer su trabajo sin que notemos, del todo, sus efectos.

Realmente no es una máquina en el sentido literal. No tiene un edificio físico, no se puede apagar con un interruptor. Es una estructura compleja que combina medios de comunicación, redes sociales, intereses políticos, plataformas tecnológicas y comportamientos humanos. Su combustible es la atención; su producto, la confusión. Y sus beneficiarios, por supuesto, no son la verdad ni la democracia, sino quienes saben manipular la percepción de la realidad.

El término puede sonar exagerado, incluso conspiranoico. Pero basta con observar el mundo actual para comprender que la mentira ya no es un accidente ni un tropiezo ocasional del discurso. Es una herramienta estratégica, una mercancía rentable y, cada vez más, un modo habitual de operación en múltiples esferas del poder. La mentira ya no necesita esconderse: desfila orgullosa por titulares y declaraciones oficiales. Ha dejado de ser lo prohibido para convertirse en lo útil.

La fábrica no siempre existió con esta eficiencia. Durante siglos, la manipulación de la información fue un privilegio reservado a unas pocas capas sociales donde el control de la palabra era sinónimo de poder. Pero con el desarrollo de los medios masivos, la capacidad de moldear la opinión pública se convirtió en una prioridad geopolítica. La propaganda dejó de ser una palabra tabú para convertirse en una ciencia. Sin embargo, fue con la revolución digital cuando la fábrica adquirió su forma definitiva. Las redes sociales, en su promesa de democratizar la voz, abrieron un nuevo espacio sin filtros. Lo que parecía un ideal de libertad de expresión pronto se convirtió en un campo fértil para la distorsión masiva porque los algoritmos no premian la veracidad, sino la viralidad. 

Y aquí es donde la fábrica brilla. Ya no es necesario mentir directamente. Basta con repetir, insinuar, dudar, confundir. La verdad se vuelve relativa, fragmentada, subjetiva. Y cuando todo es opinable, la mentira se disfraza fácilmente de “punto de vista”. Pero lo más preocupante no es solo la existencia de la fábrica, sino su legitimación social porque mentir ya no es vergonzoso teniendo como resultado una población desinformada vulnerable al miedo, a la manipulación y al odio. Es una comunidad incapaz de construir consensos básicos, porque ni siquiera comparte una misma idea de realidad, deformando los hechos a la vez que destruye confianzas. 

Pero no todo está perdido. Frente a esta maquinaria también hay resistencias asumiendo que la batalla no es solo técnica ni legal sino cultural, evitando premiar la inmediatez sobre la profundidad, el escándalo sobre la evidencia o el sesgo sobre la duda razonable. Mientras valoremos menos tener razón que buscar la verdad, evitaremos ser cómplices. De lo contrario, somos parte de la propia máquina.

En tiempos donde la posverdad domina titulares resulta urgente comprender cómo una mentira puede ser transformada en una verdad. No se trata de una alquimia mágica, sino de un proceso cuidadosamente estructurado que ha sido utilizado a lo largo y ancho de la historia. De hecho, dicen las personas que saben que para convertir una mentira aberrante en una verdad absoluta solo hace falta dar siete pasos. Incluso, en algunas ocasiones, menos. A continuación, veremos cuál es el manual procedimental para obrar este milagro.

1. La repetición constante: Es la herramienta más poderosa del engaño. Una mentira repetida mil veces no se convierte realmente en verdad, pero sí en algo familiar. Y lo familiar, por simple inercia cognitiva, se percibe como creíble. Lo que aparece muchas veces parece cierto, aunque no lo sea.

2. Apelar a las emociones: La razón puede ser cuestionada, pero las emociones no se discuten, se sienten. Si una mentira se conecta con el miedo, la esperanza o el odio, será mucho más fácil que cale hondo. Nadie analiza fríamente cuando está asustado o eufórico. Por eso, los discursos manipuladores no apelan a datos, sino a pasiones.

3. Respaldarla con una fuente fiable: Una mentira dicha por alguien con autoridad tiene mucho más peso que una dicha por una persona desconocida. Cuando figuras académicas o instituciones prestan su voz a una falsedad, esta gana legitimidad. Y aunque la fuente esté equivocada o manipulada, su reputación funciona como un blindaje.

4. Mezclarla con verdades parciales: Las mentiras más efectivas no son las más extravagantes, sino las que se camuflan entre verdades. Una media verdad es más peligrosa que una mentira completa. Añadir datos ciertos a una narrativa falsa le da una pátina de coherencia que desactiva el pensamiento crítico.

5. Crear una narrativa o enemigo común: Toda mentira necesita una historia. Una narrativa que simplifique el mundo y señale culpables. Es más fácil creer en una falsedad si forma parte de una identidad compartida, de una lucha, de una causa.

6. Silenciar o desacreditar la verdad: Para que una mentira prospere, la verdad debe ser neutralizada. Esto se logra desacreditando a quienes la sostienen, de forma que se les tilda de ignorantes, radicales o enemigos. A veces, basta con sembrar la duda. Otras, se recurre a la censura, el ruido informativo o la saturación de versiones alternativas.

7. Normalizarla en el lenguaje y en la práctica: Una mentira se vuelve “real” cuando se instala en el lenguaje cotidiano, en los hábitos y en las instituciones. Cambiar las palabras es cambiar el pensamiento. Redefinir conceptos, reinterpretar la historia o institucionalizar la falsedad crea un nuevo marco donde la verdad original ya no tiene lugar.

En definitiva, hay que saber que vivimos en un mundo donde la verdad compite en desventaja con los relatos que más emocionan, que más viralizan, que mejor encajan en lo que queremos creer. Pero rendirse ante esta lógica es peligrosamente cómodo. Comprender cómo se fabrica una mentira que parece verdad nos convierte en seres más lúcidos con criterio. Es decir, que piensan. Asumiendo que es algo peligroso en estos tiempos.

Sin embargo, en ciertos contextos, el concepto de culpa puede volverse más difuso, especialmente cuando se analizan los efectos de decisiones a gran escala, como las que se toman en el ámbito político y económico. En estos escenarios, las decisiones ya no son simplemente el producto de una voluntad individual sino el resultado de engranajes institucionales, intereses cruzados, inercias históricas y dinámicas de poder complejas. En tales situaciones, la responsabilidad no es unipersonal, sino de un sistema entero, y eso tiene implicaciones profundas sobre cómo entendemos la culpa y la responsabilidad colectiva en una sociedad. La ética se ve entonces obligada a expandir su marco de análisis y preguntarse cómo se reparten las cargas de las consecuencias en sistemas donde pocos deciden y muchos padecen los efectos.

En el concreto ámbito político y económico, las decisiones tomadas por los liderazgos e instituciones no solo afectan a aquellos que las implementan, sino que tienen repercusiones a nivel global. Un cambio de política monetaria, una reforma estructural o una estrategia de endeudamiento pueden alterar la vida de millones de personas, modificar patrones de consumo, redefinir sectores productivos o incluso empujar a generaciones enteras a situaciones de exclusión o precariedad. Sin embargo, en muchos casos, las estructuras que respaldan estas decisiones son tan vastas y complejas que la responsabilidad parece diluirse. El poder se reparte entre actores visibles e invisibles: gobiernos, organismos internacionales, corporaciones, medios de comunicación o lobbies, donde todas las partes son miembros del entramado, aunque no todos en igualdad de condiciones ni con el mismo grado de agencia.

El reconocer que la culpa es anónima, nos permite ver que la responsabilidad no puede ser atribuida a un solo individuo o grupo, sino que es el resultado de un sistema en el que todos somos actores, de alguna manera, aunque no todos de la misma manera. Esta distinción es fundamental: no todos cargamos con la misma cuota de culpa, ni todos tenemos el mismo margen de acción. Pero todos participamos —por acción, por omisión, por conveniencia, por ignorancia— en la reproducción de un modelo que, en sus fundamentos, tiende a excluir y a concentrar privilegios.

La solución, por tanto, requiere una respuesta colectiva, donde la sociedad en su conjunto asuma la responsabilidad de cambiar las estructuras, lo que implica revisar no solo las decisiones de los gobiernos, sino también los valores que organizan nuestras economías, las reglas que rigen nuestros mercados y las narrativas que justifican las condiciones existentes. Y supone, además, abandonar la falsa comodidad de pensar que los problemas complejos tienen culpables simples. Solo así podremos asumir, con honestidad que, cuando la culpa no es de nadie, la culpa es de todos.