Transcurridos catorce años desde que el Gobierno de Rodríguez Zapatero promoviera la denominada Ley de Memoria, Pedro Sánchez ha decidido presentar un nuevo proyecto de ley. Atrás quedan los múltiples intentos del republicanismo catalán, todos frustrados a raíz de la acción combinada entre PSOE y PP sumando votos en el Congreso de los Diputados, de conseguir una ley que fuese tributaria de una sociedad democrática avanzada y, en consecuencia, homologable a las de otras que, como la nuestra, sufrieron dictaduras responsables de crímenes de lesa humanidad.

Desde el 'no' de Esquerra Republicana a aquella ignominiosa ley de 2007, miles de personas han fallecido sin haber sido reparadas como víctimas, lo cual no solamente ha generado una profunda tristeza en el movimiento memorialista sino que convirtió en incomprensibles e indignantes los argumentos repetidos por el PSOE que atribuían al texto legislativo promovido por Rodríguez Zapatero una categoría de excelencia cada vez que en el parlamento español justificaban el voto contrario a las posteriores propuestas de reforma. Efectivamente, el Partido Socialista, parapetado en la Ley de la Memoria, siempre se negó a apoyar las demandas de Esquerra Republicana de reformar la ley a caballo de las palabras del mismo presidente del Gobierno de aquel momento –“Todo lo que esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva española, será un buen dato”– y de las acusaciones de los portavoces socialistas verbalizadas en la tribuna dirigidas a los republicanos a través de las cuales se nos acusaba de vivir instalados en la revancha y en posiciones reaccionarias de carácter nacionalista. Cabe decir que los cojinetes de este relato socialista habían sido engrasados por los nacionalistas vascos y catalanes, IU e ICV, avaladores de la Ley de la Memoria.

El año 2021, tarde, escandalosamente tarde, el Partido Socialista se ha dado de bruces con una realidad que, a manera de herida abierta, no han podido esconder más a raíz del empeño por parte del republicanismo catalán de impedir que se pudiera afirmar que todas las fuerzas antifranquistas con representación parlamentaria habían avalado la ley. Y gracias, especialmente también, a una buena parte del movimiento memorialista que nunca aceptó que las subvenciones y la voluntad de control gubernamental lo enmudecieran.

Genera, no obstante, un gran desasosiego que, atendiendo a estos precedentes, el actual proyecto de ley presentado por el Gobierno no apueste por otorgar una tutela judicial efectiva a las víctimas y continúe driblando los principios de Verdad, Justicia y Reparación. Es decir, condenando a las personas y las instituciones perseguidas a un doble victimario: el provocado por la dictadura y el mantenido a raíz de su invisibilidad y no reconocimiento pleno. A destacar cómo se continúa tratando la recuperación de las personas desaparecidas como si se tratase de una excavación estrictamente arqueológica sin el requerimiento de apertura de un procedimiento judicial para conocer no solo la identidad de los restos, sino también la causa y sus responsables.

El mismo Partido Socialista que en Catalunya votó favorablemente la ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo aprobada por el Parlament de Catalunya en 2017, en la cual se declaraba la ilegalidad de los tribunales y en consecuencia la declaración judicial de la nulidad de pleno derecho de las sentencias emitidas, ha presentado ahora un texto que blinda la legalidad de los tribunales al declararlos solamente ilegítimos, como en 2007. De lo cual se desprende que la declaración de nulidad subsiguiente, que podrá ser solicitada, será entregada por el Gobierno, pero nunca será asumida por el tribunal sentenciador ni será susceptible de generar otros efectos. ¡Se admite, pues, la legalidad de los tribunales franquistas!

De igual forma que se obvia cualquier modificación de la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977 para dejarla sin efecto tal y como en el año 2014 reclamó en su informe el relator especial de Naciones Unidas Pablo de Gueiff. Por la cual se convierte en un espejismo la creación de un fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática en la medida en que, durante decenios, el Estado la ha utilizado para impedir que las víctimas pudieran llevar a los verdugos a los tribunales. Una Ley de Amnistía que, a pesar de que la Constitución Española reconoce que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades deben ser interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es aceptada como ley de punto final. Lo prueba el hecho de que mientras desde el sistema judicial se abrieron procesos destinados a perseguir y llevar delante de tribunales españoles a dictadores de repúblicas suramericanas al amparo de la Constitución Española, las víctimas de los verdugos franquistas han tenido que recurrir a tribunales de otros países, lo que ha evidenciado cómo el Estado español se niega a equipararse al resto de democracias que también tuvieron el infortunio de sufrir regímenes dictatoriales.

Estamos delante de un texto legislativo que pretende, nuevamente, hacer creer a la ciudadanía que se trata de una reparación definitiva de las víctimas, lo cual, vistos los precedentes, adquiere una connotación perversa. De ejemplos, los que queramos. Pero tal vez hay uno que lo ilustra de manera fehaciente. La ley de 2007 consagró dos categorías de víctimas por razón de cronología. Se reconocía a las personas muertas “en defensa de la democracia” entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 el derecho a una indemnización de 135.000 euros, cifra que no tenía nada que ver con aquellas otras previstas para las víctimas anteriores. Más allá del hecho crematístico en sí, nunca una aparente arbitrariedad había estado más difícil de metabolizar para las víctimas. ¿A qué respondía que por la “defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos” los abogados laboralistas asesinados en Atocha en 1975 fueran merecedores de un reconocimiento al cual no podían acogerse otras víctimas, de entre las cuales Julián Grimau, ejecutado en 1963? ¿O es que el dirigente comunista madrileño no fue también un heroico combatiente de la libertad y de la democracia? Detrás de todo esto se encontraba un doble interés que el proyecto de ley mantiene con tal de consolidar una doble categoría de víctimas a fin de ocultar el ADN del régimen franquista, aliado de la Alemania nazi, y en consecuencia condenado por Naciones Unidas, creando un relato que, por cronología, lo alejase de su esencia de régimen político perpetrador de delitos de lesa humanidad, es decir, pretender dar entrada a los argumentos de irretroactividad y de la prescripción utilizados a lo largo de estos años por parte de la administración española para evitar la comparecencia de los responsables de la dictadura delante de los tribunales. En definitiva, confeccionar un nuevo parámetro en la aplicación del derecho penal internacional y sobre las categorías y conceptos relativos a crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, todos ellos originados por el Tribunal Penal de Nuremberg y consagrados como imprescriptibles por Naciones Unidas. Voluntad, también, de ignorar las resoluciones de su Asamblea General sobre la cuestión española en las que se hacía explícito que en origen, estructura y conducta el régimen de Franco era de carácter fascista y establecido gracias a la ayuda de Mussolini y Hitler. La Ley de la Memoria olvidó, y con el actual proyecto de ley se vuelve a hacer, que ningún parlamento puede legislar en contra del derecho internacional de Naciones Unidas. De aquí la perversidad de establecer 1968 (año en que ETA ejecutó al torturador Melitón Manzanas) como fecha bisagra a partir de la cual reconocer a los luchadores para la democracia. De igual manera que continúa negándose a reconocer a víctimas antifranquistas como Salvador Puig Antich y tantos otros cualquier tipo de reparación tal como mandata el Real Decreto-Ley 1803/2008 de 3 de noviembre.

Se afirma en el proyecto de ley que de su aprobación no se derivará ningún efecto para con el reconocimiento de responsabilidades patrimoniales por parte del Estado ni dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización económica, aunque sí se hace referencia a la conveniencia de proceder a realizar una auditoría de los bienes espoliados. Conviene, pues, recordar a título de ejemplo cómo el mismo Partido Socialista en el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley el año 2005 que posteriormente fue presentado en el Congreso por parte del entonces ministro Jesús Caldera por el cual el sindicato UGT recibió 149 millones de euros en concepto de restitución de bienes incautados. ¿Por qué razón lo que recibió esta central sindical durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero no lo deben recibir las personas físicas o jurídicas (como por ejemplo el largo listado de bienes inmuebles pertenecientes a ERC) que también fueron espoliadas en sus bienes?

En las líneas anteriores se hace referencia solamente a algunos de los déficits, hoy en día inasumibles por parte del republicanismo catalán si el Gobierno no está dispuesto a modificar mucho el posicionamiento durante el trámite parlamentario. Desgraciadamente hay más, lo que no nos ha sorprendido atendiendo al hecho de que nunca ha existido por parte del PSOE la voluntad de culminar aquello que una sociedad democrática avanzada debería perseguir respecto a metabolizar el pasado en clave de Verdad, de Justicia y de Reparación.

O sea, enterrar de una vez por todas, en definitiva, el modelo español de impunidad impuesto desde la muerte del dictador.

Son ya diez los meses que llevamos desde la constitución de la Comisión de Investigación Parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular en el Congreso y dieciséis sesiones en las que se han sucedido un total de dieciocho comparecencias y tres comparecientes que no han recibido la citación o no ha podido comparecer: Beltrán Gutiérrez, Marcos Benavent y Ricardo Costa.

El planteamiento del que ha partido el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en esta comisión es el de establecer lo más parecido a una comisión de la verdad, dado que creemos necesario hacer una reflexión catártica acerca del estercolero en el que se ha convertido el Estado en lo que respecta a la corrupción. Sobre todo, porque entendemos que la financiación ilegal de un partido político supone la compra de voluntades políticas.

Actualmente, nos encontramos en el ecuador del proceso de comparecencias y, a nuestro modesto entender, podemos establecer cuatro perfiles claramente diferenciados en relación a los comparecientes. Por un lado, encontramos a los llamados expertos en corrupción: personas que dada su larga trayectoria policial o periodística son conocedores y han informado en primicia de los distintos casos de corrupción que se han sucedido en el Estado durante los años de boom inmobiliario. En segundo lugar, están los facilitadores de la corrupción, es decir aquellas personas que actuaron de correa (nunca mejor dicho) de transmisión entre los dos grupos restantes para hacer efectiva la corrupción. En tercer lugar, encontramos los dirigentes políticos que accedieron a la práctica de conductas corruptas, es decir, los corrompidos. Y, finalmente, pero no menos importantes, los corruptores. Esos empresarios que, haciendo uso de su poder económico, administraron prebendas y privilegios para que los corrompidos, en uso de su cargo público les favorecieran con jugosos contratos, concesiones y/o adjudicaciones de obra pública.

Pese a estar aprobadas sus comparecencias, este último grupo de comparecientes no se ha prodigado prácticamente nada en las dieciséis sesiones que llevamos. En cualquier caso, las sesiones celebradas hasta la fecha nos permiten ya sonsacar una principal conclusión y es que el Partido Popular actúa como el cuerpo de Marines. Trataré de explicarme.

Existe una máxima entre el cuerpo de Marines de los Estados Unidos por el que no se abandona a ningún compañero en el campo de batalla conocida como No Man Left Behind. Esta loable afirmación es defendida por orgullo por los soldados americanos a la par que explotada cinematográficamente por no pocas producciones americanas en las que un solo soldado o un grupo de ellos emprenden una misión casi suicida con el único y noble objetivo de salvar la vida de su compañero de armas que ha caído malherido, emboscado o bien capturado por el enemigo de turno.

Esta misma actitud es la que está teniendo la bancada popular con los comparecientes con carnet popular que han tenido que comparecer para esclarecer la supuesta financiación ilegal del PP. Baño, masaje y diatriba contra las demás fuerzas políticas por haber organizado una causa general contra su formación política. En lugar de mirar la Luna (la corrupción) optan por seguir mirando el dedo.

El PP no ha dejado a nadie atrás en estas comparecencias. Incluso sabiendo que una defensa simultánea del Sr. Granados y la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, supone nada menos que un acto de fe. O incluso a aquellos cargos políticos que en su momento fueron obligados a apartarse como Francisco Camps.

El PP no deja nunca nadie atrás. Sobre todo si saben que esta persona luego pueda sentirse traicionada. ¡Qué lástima que Ricardo Costa, traicionado por Camps, no haya podido comparecer todavía! Por ejemplo, Bárcenas tuvo una indemnización en diferido, según Cospedal, y mantuvo su despacho, su secretaria y chófer a cambio de cesar su actividad como tesorero popular. Beltrán Gutiérrez, el gerente del PP madrileño, controlaba los presupuestos de campaña en Madrid al mismo tiempo que firmaba los recibíes de las donaciones de empresarios a FUNDESCAM con los que luego, según informes policiales, se pagaba a Special Events los actos de campaña de Esperanza Aguirre. En 2003, tuvo que dimitir. Sin embargo, fue contratado por el PP de Madrid al día después que el PP diera de baja su contrato indefinido en la Seguridad Social. Nadie se queda atrás.

Ni el big bang de corrupción que supusieron los Papeles de Bárcenas ha alternado el equilibrio de alianzas y la omertá popular. Ni aún existiendo el precedente de la admisión de delitos electorales por parte de empresarios del País Valencià que admitieron haber asumido mediante el pago de facturas falsas gastos electorales populares, parece hacer mella en la granítica defensa del PP a sus corrompidos. Una omertá popular que no deja de ser el reflejo de la cultura de la impunidad en la que se fraguaron las grandes tramas de corrupción por la que han prevalecido los intereses privados de algunos por encima de los públicos.

Se trata de una cultura de la impunidad, ampliamente reproducida en la reciente historiografía española. La falta de una cultura de la res pública, heredada de la falta de criterios de transparencia y democracia política del franquismo, abonaron el terreno para la existencia de una percepción de impunidad política, judicial y social que gozaron muchas de la reconvertidas élites políticas y empresariales en el Estado español desde la instauración del Régimen del 78. Una impunidad que ha permitido a las élites económicas tener acceso a las publicaciones oficiales por medio de aportaciones económicas a las cuentas del partido o el ofrecimiento de prebendas.

Solamente con la asunción de los actos cometidos y de los daños sociales causados, así como la concreción de actos de perdón concretos a la ciudadanía junto con la puesta en marcha de mecanismos de mejora en el control de la financiación de los partidos políticos, se podrá acortar una de las más hondas brechas que separa a la ciudadanía de la política y con la cultura de la impunidad heredada del Régimen del 78.

Els partits i les institucions del règim del 78 s'oposen frontalment al referèndum català perquè suposaria el triomf del principi democràtic de la voluntat popular sobre les regles establertes fa 40 anys. Es va redactar llavors una Constitució que va néixer morta, sota la pressió dels poders fàctics, a instàncies del ministre de Franco Manuel Fraga. Els experts constitucionalistes consideren “morta” una Constitució que no es pot adaptar a l'evolució de la societat. Només en el passat mes de maig 17 Estats van modificar les seves constitucions vives, entre ells la República Federal Alemanya per resoldre les reclamacions de Baviera sobre la seva contribució excessiva al fons de solidaritat entre els “lands”.

La Constitució espanyola no només no s'ha adaptat, sinó que ha retrocedit. La prevaricació del Tribunal Constitucional que va modificar l'Estatut aprovat en referèndum pels ciutadans de Catalunya vulnerant l'article 152.2. de la Constitució de 1978 que estableix que un Estatut aprovat en referèndum només pot ser modificat pel mateix procediment, és una mostra extrema d'aquest caminar cap a enrere com els crancs. La resposta de la majoria del poble català han estat set anys de mobilitzacions extraordinàries de més d'un milió de persones i les victòries sobiranistes en les eleccions de 2012 i 2015. La metamorfosi popular i política catalana han conduït al plebiscit sobre l'estat independent en forma de república. Un referèndum que obrirà el camí per proclamar la III República.

La gegantesca propaganda del règim del 78, que controla totes les televisions i els principals diaris espanyols, que enalteixen a tota hora els seus supòsits grans assoliments, no aconsegueix amagar la seva naturalesa corrupta i la seva incapacitat per oferir un horitzó de futur als joves. Aquests, que no havien nascut el 1977 ni el 1978, són els més perjudicats per la incapacitat de l'oligarquia espanyola. Una dada irrefutable: la tan cloquejada recuperació econòmica de 2015 i 2016 no ha impedit que en aquests dos anys hi ha hagut menys naixements que defuncions, la qual cosa no ocorria des de 1939. Amb més d'un 40% d'atur juvenil, amb contractes precaris i a temps parcial, amb sous de menys de 1000 euros i lloguers de més de 700 euros els joves no poden emancipar-se i molt menys fundar una família.

Al mateix temps, la corrupció i les clavegueres del Règim del 78 projecten la veritable naturalesa del sistema polític vigent. La llista de 60 casos del PP que va recordar Irene Montero va deixar clara la dimensió de la cobdícia dels partits que monopolitzen el poder. Per la meva banda, vaig afegir la negativa a investigar els 1600 milions que ha acumulat Joan Carles I en els seus anys de regnat i el paper dels corruptors de les grans constructores.

A més, tenim la malversació legal. El Banc d'Espanya ha quantificat en més de 60.000 milions els euros que els contribuents haurem de pagar per cobrir la fallida de tantes caixes d'estalvis derivada de la bombolla immobiliària. Era una bona ocasió per destinar aquesta enorme quantitat de diners per crear un gran parc públic d'habitatge, com el que existeix en la majoria de països europeus. L'oligarquia ha utilitzat aquests 60.000 milions per concentrar tot el poder financer en només cinc megabancs.

Al mateix temps, la recerca de periodistes valents ha tret a la llum les misèries policials. En el documental «Les clavegueres d'Interior» el policia Jaime Barrado lamenta: «El sistema està tan corrupte que expulsa als decents». Al seu costat les maniobres del Govern espanyol a la fiscalia general de l'Estat, a anticorrupció, en el desplaçament de jutges per entorpir els processos judicials que aborden els casos de corrupció mostren que el poder judicial és manipulat per mantenir la impunitat dels poderosos.

La commemoració dels 40 anys de les eleccions de 1977 s'ha utilitzat per magnificar el mite de la Transició espanyola. Ja ho vaig denunciar en la fallida investidura de Pedro Sánchez: el model espanyol de transició solament va ser seguit pel General Pinochet a Xile. El model de reconciliació i democratització, admirat per tot el món, va ser el de Nelson Mandela a Sud-àfrica, amb la seva Comissió de la Veritat. Per aquesta raó va rebre el premi Nobel de la Pau i al seu enterrament van assistir tots els caps d'Estat del món. Al funeral d'Adolfo Suárez, esdevingut pocs mesos més tard, només va assistir un cap d'Estat estranger: el dictador Teodoro Obiang. No hi ha evidència més clara de l'ínfim prestigi del règim postfranquista.

Hi ha les condicions per repetir a Espanya la metamorfosi contra el règim del 78 que s'ha produït a Catalunya. Com en el 14 d'abril de 1931 Espanya pot ficar-se al llit monàrquica i despertar-se republicana. El triomf del “sí” a l'Estat independent en forma de república l'1 d'octubre generarà una crisi en el règim monàrquic que ni la pell d'elefant de Rajoy podrà resistir. Els següents passos del Parlament de Catalunya per implantar la República Catalana desencadenaran un conflicte democràtic d'altíssima intensitat, amb la tornada dels presos polítics a Espanya. La situació serà tan convulsa que es convocaran eleccions generals.

Davant aquestes eleccions s'hauria de plantejar una actualització del Pacte de Sant Sebastià de 1930. Tots els partits contraris al règim del 78 haurien d'incloure al seu programa, com a mínim, un punt comú: la convocatòria d'un referèndum sobre monarquia o república. Si la proclamació de la República Catalana fos reprimida per la força i els seus representants democràtics estiguessin empresonats, s'hauria d'afegir l'amnistia com un altre punt central del programa comú. Si aquests partits obtinguessin la majoria absoluta al Congrés es convocaria el referèndum sobre monarquia o república. Si guanyés la república, el pas següent no seria un altre que la celebració d'eleccions constituents. La victòria de les forces republicanes hauria liquidat el corrupte i incapaç règim del 78 i la proclamació de la III República seria realitat.

Si Catalunya no ha aconseguit la independència a causa de la repressió del Regne d'Espanya, la III República haurà de reconèixer la República Catalana. Si per contra, aquesta ja s'ha consolidat hauria de proposar a la república espanyola i a la portuguesa una Unió Ibèrica com a entitat reforçada dins de la Unió Europea, seguint l'exemple del Benelux. Es complirà el projecte de Francesc Macià en proclamar la República Catalana dins de la Unió de Repúbliques Ibèriques el 14 d'abril de 1931.

Los partidos y las instituciones del régimen del 78 se oponen frontalmente al referéndum catalán porqué supondría el triunfo del principio democrático de la voluntad popular sobre las reglas establecidas hace 40 años. Se redactó entonces una Constitución que nació muerta, bajo la presión de los poderes fácticos, a instancias del ministro de Franco Manuel Fraga. Los expertos constitucionalistas consideran “muerta” una Constitución que no se puede adaptar a la evolución de la sociedad. Sólo en el mes de mayo pasado 17 Estados modificaron sus constituciones vivas, entre ellos la República Federal Alemana para resolver las reclamaciones de Baviera sobre su contribución excesiva al fondo de solidaridad entre los “lands”.

La Constitución española no sólo no se ha adaptado, sino que ha retrocedido. La prevaricación del Tribunal Constitucional que modificó el Estatuto aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña vulnerando el artículo 152.2. de la Constitución de 1978 que establece que un Estatuto aprobado en referéndum sólo puede ser modificado por el mismo procedimiento, es una muestra extrema de este caminar hacia atrás como los cangrejos. La respuesta de la mayoría del pueblo catalán han sido siete años de movilizaciones extraordinarias de más de un millón de personas y las victorias soberanistas en las elecciones de 2012 y 2015. La metamorfosis popular y política catalana han conducido al plebiscito sobre el estado independiente en forma de república. Un referéndum que abrirá el camino para proclamar la III República.

La gigantesca propaganda del régimen del 78, que controla todas las televisiones y los principales periódicos españoles, que enaltecen a todas horas sus supuestos grandes logros, no consigue esconder su naturaleza corrupta y su incapacidad para ofrecer un horizonte de futuro a los jóvenes. Éstos, que no habían nacido en 1977 ni en 1978, son los más perjudicados por la incapacidad de la oligarquía española. Un dato irrefutable: la tan cacareada recuperación económica de 2015 y 2016 no ha impedido que en estos dos años ha habido menos nacimientos que defunciones, lo que no ocurría desde 1939. Con más de un 40% de paro juvenil, con contratos precarios y a tiempo parcial, con sueldos de menos de 1000 euros y alquileres de más de 700 euros los jóvenes no pueden emanciparse y mucho menos fundar una familia.

Al mismo tiempo, la corrupción y las cloacas del Régimen del 78 proyectan la verdadera naturaleza del sistema político vigente. La lista de 60 casos del PP que recordó Irene Montero dejó clara la dimensión de la codicia de los partidos que monopolizan el poder. Por mi parte, añadí la negativa a investigar los 1600 millones que ha acumulado Juan Carlos I en sus años de reinado y el papel de los corruptores de las grandes constructoras.

Además, tenemos la malversación legal. El Banco de España ha cuantificado en más de 60.000 millones los euros que los contribuyentes tendremos que pagar para cubrir la quiebra de tantas cajas de ahorros derivada de la burbuja inmobiliaria. Era una buena ocasión para destinar esta enorme cantidad de dinero para crear un gran parque público de vivienda, como el que existe en la mayoría de países europeos. La oligarquía ha utilizado estos 60.000 millones para concentrar todo el poder financiero en sólo cinco megabancos.

Al mismo tiempo, la investigación de periodistas valientes ha sacado a la luz las miserias policiales. En el documental «Las cloacas de Interior» el policía Jaime Barrado lamenta: «El sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes». A su lado las maniobras del Gobierno español en la fiscalía general del Estado, en anticorrupción, en desplazamiento de jueces para entorpecer los procesos judiciales que abordan los casos de corrupción muestran que el poder judicial es manipulado para mantener la impunidad de los poderosos.

La conmemoración de los 40 años de las elecciones de 1977 se ha utilizado para magnificar el mito de la Transición española. Ya lo denuncié en la fallida investidura de Pedro Sánchez: el modelo español de transición solo fue seguido por el General Pinochet en Chile. El modelo de reconciliación y democratización, admirado por todo el mundo, fue el de Nelson Mandela en Sudáfrica, con su Comisión de la Verdad. Por esta razón recibió el premio Nobel de la Paz y a su entierro asistieron todos los jefes de Estado del mundo. Al funeral de Adolfo Suárez, acaecido pocos meses más tarde, sólo asistió un jefe de Estado extranjero: el dictador Teodoro Obiang. No hay evidencia más clara del ínfimo prestigio del régimen postfranquista.

Hay las condiciones para repetir en España la metamorfosis contra el régimen del 78 que se ha producido en Catalunya. Como en el 14 de abril de 1931 España puede acostarse monárquica y despertarse republicana. El triunfo del “si” al Estado independiente en forma de república el 1 de octubre generará una crisis en el régimen monárquico que ni la piel de elefante de Rajoy podrá resistir. Los siguientes pasos del Parlament de Catalunya para implantar la República Catalana desencadenaran un conflicto democrático de altísima intensidad, con el retorno de los presos políticos en España. La situación será tan convulsa que se convocarán elecciones generales.

Ante estas elecciones se debería plantear una actualización del Pacto de San Sebastián de 1930. Todos los partidos contrarios al régimen del 78 deberían incluir en su programa, como mínimo, un punto común: la convocatoria de un referéndum sobre monarquía o república. Si la proclamación de la República Catalana fuese reprimida por la fuerza y sus representantes democráticos estuviesen encarcelados, se debería añadir la amnistía como otro punto central del programa común. Si estos partidos obtuviesen la mayoría absoluta en el Congreso se convocaría el referéndum sobre monarquía o república. Si ganase la república, el paso siguiente no sería otro que la celebración de elecciones constituyentes. La victoria de las fuerzas republicanas habría finiquitado el corrupto e incapaz régimen del 78 y la proclamación de la III República sería realidad.

Si Catalunya no ha conseguido la independencia a causa de la represión del Reino de España, la III República deberá reconocer la República Catalana. Si por contra, ésta ya se ha consolidado debería proponer a la república española y a la portuguesa una Unión Ibérica como entidad reforzada dentro de la Unión Europea, siguiendo el ejemplo del Benelux. Se cumplirá el proyecto de Francesc Macià al proclamar la República Catalana dentro de la Unión de Repúblicas Ibéricas el 14 de abril de 1931.

"Donada la nostra orgullosa definició republicana compartim plenament la moció contra la corrupció, perquè és una moció de censura al règim vigent", opina Joan Tardà, Portaveu del grup d’Esquerra Republicana al Congrés de Diputats

Uns quants grans a la cara poden ser el resultat de picades d'insectes. Si els grans estan escampats per tot el cos, és segur que es tracta d'una infecció interna. La repetició d'infeccions purulentes mostra un sistema immunològic deficient de manera congènita.

L'operació Lezo sobre la immensa trama de corrupció de la Comunitat de Madrid ha fet esclatar la indignació perquè les maniobres del Govern Rajoy sobre la Fiscalia s'han sumat al robatori de milions d'euros. La còlera ciutadana ha entrat en erupció perquè aquest cas se suma a la multitud de corrupcions que afecten el Partit Popular, PSOE, CiU, etc. La llista és llarguíssima i els càrrecs públics investigats són milers. Els més recents són Gürtel, Púnica, targetes black, Emarsa, Bárcenas, Bankia, accions preferents, Mercasevilla, els ERE’s d'Andalusia, Campeón i Pokemon a Galícia; Taula, Brugal i molts altres al País Valencià, Arena-Palma i altres a les Illes Balears, Pretòria, ITV i Millet a Catalunya, la dimissió del president de Múrcia...

D'altres dècades recordem els casos Flick, els fons reservats del cas GAL, la privatització de RUMASA, el cas CESID d'escoltes il·legals, el cas Juan Guerra, el cas Ibercorp que va afectar el governador del Banc d'Espanya, el cas Roldán, el cas Casinos, el cas Estivill, el cas Pallerols de finançament, el cas Naseiro, els casos d'informació privilegiada per pelotazos de Juan Vilallonga, president de Telefónica o el cas Tabacalera protagonitzat per César Alierta. No oblidem la negativa a investigar l'enriquiment de Juan Carlos Borbón, que ha acumulat 1.600 milions d'euros segons càlculs del professor de finances Herman Matthijs de la Universitat de Brussel·les i del diari New York Times.

Aquest ràpid repàs mostra que la corrupció no és una infecció del Partit Popular, sinó un mal congènit del règim del 78. La repetició de les eleccions legislatives de 2015 i la crisi provocada al Comitè Federal del PSOE per investir el líder del PP com a president corroboren el caràcter sistèmic de la corrupció en el règim monàrquic. En efecte, 16 milions de ciutadans van votar partits que es van comprometre de manera repetida i solemne a treure Mariano Rajoy de la Moncloa, contra 8 milions que van optar per la seva continuïtat. Les maniobres de les elits extractives que dominen el Regne d'Espanya per burlar la voluntat popular no han tingut límit. Només els incauts podien creure que Ciudadanos compliria el seu compromís electoral d'impedir que continués a la presidència qui va nomenar Luis Bárcenas. Per doblegar el “no és no” de Pedro Sánchez l'oligarquia espanyola va moure tots els seus tentacles als mitjans de comunicació i a l'aparell del PSOE fins a arribar al clímax de l'1 d'octubre de 2016. Només la complicitat de tots els partits del règim amb la corrupció explica que cap d'ells hagi reaccionat amb la contundència exigible al doble escàndol de la corrupció del Canal de Isabel II i de les maniobres del ministre de Justícia per obstruir la investigació.

Davant la falta de reacció del sistema, una formació que no forma part del règim del 78 ha recollit la ira de la gent decent i ha presentat una moció de censura contra Mariano Rajoy. Per primera vegada un líder compromès a “trencar el cadenat del règim de 1978” es presentarà enfront d’un president amb el suport dels tres partits constitucionalistes. Pablo Iglesias ha demostrat la seva audàcia. Ara ha de demostrar que hi ha una alternativa de futur per a les noves generacions, al marge d'una segona Restauració tan corrupta com la primera, i en la qual el republicanisme espanyol mai va tenir aquesta oportunitat.

Esquerra Republicana de Catalunya té gravat amb foc en el seu nom que és una alternativa a la monarquia. Ens enorgulleix formar part d'una tradició política, el republicanisme, que es remunta a Pi i Margall, formada per persones exemplars d'integritat insubornable, entre les quals destaca Lluís Companys, afusellat per ser President de Catalunya. Una tradició unida fraternalment a republicans espanyols de la mateixa alta qualitat moral i intel·lectual, com Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Rios, Santiago Ramón y Cajal, Pablo Iglesias (fundador del PSOE), Manuel Azaña, Severo Ochoa, entre una multitud extraordinària, entre la qual sobresurten els que van morir lluitant contra la dictadura franquista. Cito els dos únics espanyols que han rebut el Premi Nobel científic perquè tots dos eren republicans. Donada la nostra orgullosa definició republicana compartim plenament la moció contra la corrupció, perquè és una moció de censura al règim vigent.

M'he referit al Consell de Guerra que va condemnar a mort al President Companys perquè hi va haver desenes de milers d'afusellats per Tribunals militars del general Franco. La impunitat d'aquests crims és el mal congènit que corroeix el règim actual i provoca els seus corruptes esputs de pus. El sociòleg Émile Durkheim va crear el concepte de “anòmia social” per explicar les societats en què els governants i els ciutadans no interioritzen uns principis morals sòlids. Seguint aquest concepte Fabiola Letelier, germana del ministre de Defensa xilè assassinat pel general Pinochet, va assenyalar en una conferència a favor de les Comissions de la Veritat: “La impunitat socialitza la perversa idea que tot està permès i els delictes més greus no mereixen càstig, fomentant així l’anòmia generalitzada i la corrupció en els més diversos àmbits de la vida social». Aquesta amoralitat caracteritza el règim de 1978 i ha impedit la creació del sistema immunològic que reacciona contra la corrupció en els sistemes democràtics autèntics.

Unos cuantos granos en la cara pueden ser el resultado de picaduras de insectos. Si los granos están por todo el cuerpo, es seguro que se trata de una infección interna. La repetición de infecciones purulentas muestra un sistema inmunológico deficiente de manera congénita.

La operación Lezo sobre la inmensa trama de corrupción de la Comunidad de Madrid ha hecho estallar la indignación porque las maniobras del Gobierno Rajoy sobre la Fiscalía se han sumado al robo de millones de euros. La cólera ciudadana ha entrado en erupción porque este caso se suma a la multitud de corrupciones que afectan al Partido Popular, PSOE, CiU, etc.

La lista es larguísima y los cargos públicos investigados son millares. Los más recientes son Gürtel, Púnica, tarjetas black, Emarsa, Bárcenas, Bankia, acciones preferentes, Mercasevilla, los ERE de Andalucía, Campeón y Pokemon en Galicia, Taula, Brugal y muchos otros en el País Valencià, Arena-Palma y otros en las Illes Balears, Pretoria, ITV y Millet en Catalunya, la dimisión del presidente de Murcia.. De otras décadas recordamos los casos Flick, los fondos reservados del caso Gal, la privatización de RUMASA, el caso CESID de escuchas ilegales, el caso Juan Guerra, el caso Ibercorp que afectó al gobernador del Banco de España, el caso Roldán, el caso Casinos, el caso Estivill, el cas Pallerols de financiación, el caso Naseiro, los casos de información privilegiada para pelotazos de Juan Villalonga, presidente de Telefónica o el caso Tabacalera protagonizado por César Alierta. No olvidemos la negativa a investigar el enriquecimiento de Juan Carlos Borbón, que ha acumulado 1.600 millones de euros según cálculos del profesor de finanzas Herman Matthijs de la Universidad de Bruselas y del periódico New York Times en 2012.

Este rápido repaso muestra que la corrupción no es una infección del Partido Popular, sino un mal congénito del régimen del 78. La repetición de las elecciones legislativas de 2015 y la crisis provocada en el Comité Federal del PSOE para investir el líder del PP como presidente corroboran el carácter sistémico de la corrupción en el régimen monárquico.

En efecto, 16 millones de ciudadanos votaron partidos que se comprometieron de manera repetida y solemne a echar Mariano Rajoy de La Moncloa, contra 8 millones que optaron por su continuación. Las maniobras de las élites extractivas que dominan el Reino de España para burlar la voluntad popular no han tenido límite. Solamente los incautos podían creer que Ciudadanos cumpliría su compromiso electoral de impedir que la continuación en la Presidencia del que nombró a Luis Bárcenas.

Para doblar el “no es no” de Pedro Sánchez la oligarquía española movió todos sus tentáculos en los medios de comunicación y en el aparato del PSOE hasta llegar al clímax del 1 de octubre de 2016. Sólo la complicidad de todos los partidos del régimen con la corrupción explica que ninguno de ellos haya reaccionado con la contundencia exigible al doble escándalo de la corrupción del Canal de Isabel II y de las maniobras del ministro de Justicia para obstruir la investigación.

Ante la falta de reacción del sistema, una formación que no es parte del régimen del 78 ha recogido la ira de la gente decente y ha presentado una moción de censura contra Mariano Rajoy. Por primera vez un líder comprometido a “romper el candado del régimen de 1978” se presentará frente un presidente con el apoyo de los tres partidos constitucionalistas. Pablo Iglesias ha demostrado su audacia. Ahora debe demostrar que hay una alternativa de futuro para las nuevas generaciones, al margen de una segunda Restauración tan corrupta como la primera. En ésta el republicanismo español nunca tuvo esta oportunidad.

Esquerra Republicana de Catalunya tiene grabada con fuego en su nombre que es una alternativa a la monarquía. Nos enorgullece formar parte de una tradición política, el republicanismo, que se remonta a Pi i Margall, formada por personas ejemplares de integridad insobornable, entre los que destaca Lluís Companys, fusilado por ser presidente de Catalunya. Una tradición unida fraternalmente a republicanos españoles de la misma alta calidad moral e intelectual, como Nicolás Salmerón, Francisco Giner de los Ríos, Santiago Ramón y Cajal, Pablo Iglesias (fundador del PSOE), Manuel Azaña, Severo Ochoa, entre una multitud extraordinaria, entre la que sobresalen los que murieron luchando contra la dictadura franquista. Cito los dos únicos españoles que han recibido el Premio Nobel científicos porque los dos eran republicanos. Dada nuestra orgullosa definición republicana compartimos plenamente la moción contra la corrupción, porque es una moción de censura al régimen vigente.

Me he referido al Consejo de Guerra que condenó a muerte al president Companys porque hubo decenas de miles de fusilados por Tribunales militares del General Franco. La impunidad de estos crímenes es el mal congénito que corroe el régimen actual y provoca sus corruptos esputos de pus. El sociólogo Émile Durkheim creó el concepto de “anomia social” para explicar las sociedades en las que los gobernantes y los ciudadanos no interiorizan unos principios morales sólidos.

Siguiendo este concepto Fabiola Letelier, hermana del ministro de Defensa chileno asesinado por el General Pinochet, señaló en una conferencia a favor de las Comisiones de la Verdad: “La impunidad socializa la perversa idea de que todo está permitido y los delitos más graves no merecen castigo, fomentando así la anomia generalizada y la corrupción en los más variados ámbitos de la vida social”. Esta amoralidad caracteriza el régimen de 1978 y ha impedido la creación del sistema inmunológico que reacciona contra la corrupción en los sistemas democráticos auténticos.

"El cas espanyol és únic perquè les víctimes no són reconegudes jurídicament com a tals", assegura el diputat d'Esquerra al congrés Joan Tardà

"Per l'Estat, Companys no només no és víctima, sinó que és culpable"

L'any 2007, amb l'aprovació de la mal anomenada Llei de la Memòria es van consagrar dues anomalies. La primera, comprovar com partits polítics amb els quals havíem compartit cultura i lluites antifranquistes i antifeixistes (IU, PSOE, PNB...) aprovaven un text legislatiu insultant per a les víctimes. I en segon lloc, convertir de facto a l'Estat espanyol en una excepció entre les democràcies madures en la mesura que es blindava un model d'impunitat impossible d'homologar amb aquelles. Totes dues han fet de l'espanyol un cas únic.

Altres societats que van patir l'infortuni de règims dictatorials, fins i tot menys sanguinaris que el Franquisme, tard o d'hora van reconciliar a la ciutadania mitjançant l'assumpció de la veritat de tot el que va passar i la reparació jurídica de les víctimes. No ha estat així en el cas espanyol, per als successius dirigents la demanda de fer justícia amb l'ànim i voluntat d'invertir en l'enfortiment dels valors democràtics de les noves generacions ha estat una opció sistemàticament descartada.

El cas espanyol és únic perquè les víctimes no són reconegudes jurídicament com a tals, en considerar legals els tribunals de la Dictadura, fet que impossibilita la nul·litat de les seves sentències. Just el contrari del que s'ha fet a Alemanya o Itàlia.

El cas espanyol és únic perquè l'Estat és encara incapaç de reconèixer les seves responsabilitats en la deportació de milers de republicans als camps d'extermini nazis. I perquè encara s'inhibeix davant els milers de desapareguts, assassinats en cunetes i davant tàpies de cementiri, fins al punt de tractar legalment les fosses trobades com si fossin necròpolis romanes.

El cas espanyol és únic perquè l'Estat es nega a reparar el treball esclau dels republicans que va permetre a grans empreses espanyoles sumar capitalitzacions. Com es nega igualment a posar a l'abast de la ciutadania els arxius policials i la desclassificació de la documentació reservada o retornar els patrimonis espoliats a milers de persones.

El cas espanyol és únic perquè mentre obvia les víctimes dels grups ultradretans i de les organitzacions paramilitars organitzades pel mateix Estat o els seus funcionaris, desplega tots els seus recursos per impedir que la causa oberta a la República argentina pugui avançar.

La llista de greuges seria interminable, però ja a hores d'ara hauria d'avergonyir tants i tants polítics espanyols que es consideren decents, siguin de dretes o esquerres. Polítics que durant anys han publicitat cínicament les bondats de la Transició sense cap voluntat d'exercir una mínima autocrítica com a mostra de respecte a les víctimes i els seus descendents. Encara al contrari, polítics que van callar i van aplaudir una llei de la Memòria que desviava l'atenció d'un sistema judicial espanyol que es mantenia bunqueritzada davant les demandes de justícia envers els seus ciutadans. El mateix sistema judicial que sí que s'atrevia amb la persecució de botxins i mandataris vulneradors dels Drets Humans a l'Amèrica Llatina. Sens dubte un noble afany que, però, avui ja no seria possible arran de la modificació de la legislació, propiciada pel PSOE primer i pel PP després, que limita l'abast de l'aplicació dels principis de justícia universal.

El món democràtic clama contra el vergonyós i distintiu model espanyol d'impunitat. I així vam arribar, un any més, a l'aniversari de l'afusellament del president de Catalunya Lluís Companys. Malgrat els compromisos adquirits en 2005 davant la seva tomba per part de la llavors vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, l'Estat espanyol continua negant l'anul·lació de la sentència que va conduir a la seva execució. Per a l'Estat, Companys no només no és víctima, sinó que és culpable.

No obstant això, la imprescriptibilitat dels Crims contra la Humanitat (així com els Crims contra la Pau i dels Crims de Guerra) són avui dia un valor de civilització que difícilment la democràcia espanyola podrà burlar. El gest polític que els republicans catalans portem a terme el 2007 votant no a una Llei de la Memòria que legitimava la preconstitucional Llei d'amnistia de punt final de 1977 avui té un enorme valor.

El té reforçat per una nova realitat, que ofereix un triple escenari. D'una banda, bona part de les forces polítiques que llavors van aprovar la llei (IU, ICV i els nacionalistes catalans i bascos) avui reconeixen que no és mereixedora de nous avals. D'altra banda, la constatació que van a obrir-se noves causes en altres països de la mateixa manera que es va obrir camí la Querella Argentina. I, finalment, l'escletxa catalana.

Catalunya aprovarà d'aquí a pocs dies la llei que declararà anul·lats i sense efectes jurídics tots els consells de guerra i les corresponents sentències instruïdes per causes polítiques a Catalunya per part del règim franquista. El Govern de la Generalitat emetrà a sol·licitud dels processats o dels seus familiars un certificat de la nul·litat del procediment i sentència corresponents. Per primera vegada a l'Estat espanyol, la causa de les víctimes superarà l'estricte àmbit del que és legítim per assolir també el de la legalitat. En el marc del procés iniciat a Catalunya cap a l'exercici del Dret a Decidir i l'establiment d'una nova legalitat, al Parlament legisla per reparar jurídicament a les víctimes, catalanes o no, que van ser jutjades a Catalunya.

Al cap i a la fi, és per això, i per a ells i elles, que a Catalunya no cessem en l'afany de constituir una nova República. Davant la constatació de la impossibilitat de canviar els fonaments profunds de l'Estat espanyol, només una nova legalitat inequívocament democràtica i republicana pot garantir el respecte a les víctimes i reconciliar la ciutadania. I els que optin, volent o no, per mantenir un statu quo caduc han de ser conscients que estan sostenint una anomalia vergonyant a escala mundial.

Aquest estat de coses no és una maledicció eterna. Pot i ha de canviar. Serveixi l'escletxa catalana com a prova que si es vol, es pot.

"El caso español es único porque las víctimas no son reconocidas jurídicamente como tales", asegura el diputado de Esquerra al congreso Joan Tardà

"Para el Estado, Companys no sólo no es víctima, sino que es culpable"

En el año 2007, con la aprobación de la mal llamada Ley de la Memoria se consagraron dos anomalías. La primera, comprobar cómo partidos políticos con los que habíamos compartido cultura y luchas antifranquistas y antifascistas (IU, PSOE, PNV…) aprobaban un texto legislativo insultante para las víctimas. Y en segundo lugar, convertir de facto al Estado español en una excepción entre las democracias maduras en la medida que se blindaba un modelo de impunidad imposible de homologar con aquellas. Ambas han hecho del español un caso único.

Otras sociedades que padecieron el infortunio de regímenes dictatoriales, incluso menos sanguinarios que el Franquismo, tarde o temprano reconciliaron a la ciudadanía mediante la asunción de la verdad de todo lo acaecido y la reparación jurídica de las víctimas. No ha sido así en el caso español, para cuyos sucesivos dirigentes la demanda de hacer justicia con el ánimo y voluntad de invertir en el fortalecimiento de los valores democráticos de las nuevas generaciones ha sido una opción sistemáticamente descartada.

El caso español es único porque las víctimas no son reconocidas jurídicamente como tales, al considerarse legales los tribunales de la Dictadura, hecho que imposibilita la nulidad de sus sentencias. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en Alemania o Italia.

El caso español es único porque el Estado es todavía incapaz de reconocer sus responsabilidades en la deportación de miles de republicanos a los campos de exterminio nazis. Y porque todavía se inhibe ante los miles de desaparecidos, asesinados en cunetas y ante tapias de cementerio, hasta el punto de tratar legalmente las fosas encontradas como si fueran necrópolis romanas.

El caso español es único porque el Estado se niega a reparar el trabajo esclavo de los republicanos que permitió a grandes empresas españolas sumar capitalizaciones. Como se niega igualmente a poner al alcance de la ciudadanía los archivos policiales  y la desclasificación de la documentación reservada o a retornar los patrimonios expoliados a miles de personas.

El caso español es único porque mientras obvia las víctimas de los grupos ultraderechistas y de las organizaciones paramilitares organizadas por el mismo Estado o sus funcionarios, despliega todos sus recursos para impedir que la causa abierta en la República argentina pueda avanzar.

La lista de agravios sería interminable, pero ya a estas alturas debería avergonzar a tantos y tantos políticos españoles que se pretenden decentes, sean de derechas o izquierdas. Políticos que durante años han publicitado cínicamente las bondades de la Transición sin ninguna voluntad de ejercer una mínima autocrítica como muestra de respeto a las víctimas y sus descendientes. Aún al contrario, políticos que callaron y aplaudieron una Ley de la Memoria que desviaba la atención de un sistema judicial español que se mantenía bunquerizado ante las demandas de justicia para con sus ciudadanos.

El mismo sistema judicial que sí se atrevía con la persecución de verdugos y mandatarios vulneradores de los Derechos Humanos en América Latina. Sin duda un noble empeño que, sin embargo, hoy ya no sería posible a raíz de la modificación de la legislación, propiciada por el PSOE primero y por el PP después, que limita el alcance de la aplicación de los principios de justicia universal.

El mundo democrático clama contra el vergonzante y distintivo modelo español de impunidad. Y así llegamos, un año más, al aniversario del fusilamiento del President de Catalunya Lluís Companys. Pese a los compromisos adquiridos en 2005 ante su tumba por parte de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el Estado español sigue negando la anulación de la sentencia que condujo a su ejecución. Para el Estado, Companys no sólo no es víctima, sino que es culpable.

No obstante, la imprescriptibilidad de los Crímenes contra la Humanidad (así como los Crímenes contra la Paz y los Crímenes de Guerra) son hoy día un valor de civilización que difícilmente la democracia española podrá burlar. El gesto político que los republicanos catalanes llevamos a cabo en 2007 votando no a una Ley de la Memoria que legitimaba la preconstitucional Ley de amnistía de punto final de 1977 hoy tiene un enorme valor.

Lo tiene reforzado por una nueva realidad, que ofrece un triple escenario. Por un lado, buena parte de las fuerzas políticas que entonces aprobaron la ley (IU, ICV y los nacionalistas catalanes y vascos) hoy reconocen que no es merecedora de nuevos avales. Por otra parte, la constatación que van a abrirse nuevas causas en otros países al igual que se abrió camino la Querella Argentina. Y, por último, la brecha catalana.  

Catalunya aprobará dentro de pocos días la ley que declarará anulados y sin efectos jurídicos todos los consejos de guerra y las correspondientes sentencias instruidas por causas políticas en Catalunya por parte del régimen franquista. El Govern de la Generalitat emitirá a solicitud de los procesados o de sus familiares una certificación de la nulidad del procedimiento y sentencia correspondientes. Por primera vez en el Estado español, la causa de las víctimas superará el estricto ámbito de lo legítimo para alcanzar también el de lo legal. En el marco del proceso iniciado en Catalunya hacia el ejercicio del Derecho a Decidir y el establecimiento de una nueva legalidad, el Parlament legisla para reparar jurídicamente a las víctimas, catalanas o no, que fueron juzgadas en Catalunya.

Al fin y al cabo, es por ello, y para ellos y ellas, que en Catalunya no cesamos en el empeño de constituir una nueva República. Ante la constatación de la imposibilidad de cambiar los cimientos profundos del Estado español, sólo una nueva legalidad inequívocamente democrática y republicana puede garantizar el respeto a las víctimas y reconciliar a la ciudadanía. Y los que opten, queriendo o no, por mantener un statu quo caduco deben ser conscientes que están sosteniendo una anomalía vergonzante a escala mundial.

Este estado de cosas no es una maldición eterna. Puede y debe cambiar. Sirva la brecha catalana como prueba de que si se quiere, se puede.