En plena crisis energética mundial, Madrid está aplicando recetas contrarias a lo que dicta el sentido común y a lo que recomiendan los organismos internacionales. ¿Qué debemos hacer cuando se dispara el precio de la electricidad, el gas y el petróleo a causa de la guerra de Ucrania? Evidentemente, no dificultar el uso del transporte público, sino favorecerlo. Es más eficiente que el coche, su uso puede suponer un gran ahorro en nuestros desplazamientos diarios y necesitamos reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, en Madrid, ni Comunidad ni Ayuntamiento han tomado medidas de apoyo al transporte público en el Metro o en la EMT. En un momento en el que su uso se está recuperando más lentamente que el del coche tras la pandemia y no alcanza todavía los datos previos a 2020, Ayuso y Almeida echan más leña al fuego y encaran esta crisis obstaculizando el uso del transporte público con recortes en el servicio que lo hacen menos rápido y confortable, dos de los criterios más importantes a la hora de decidir la forma de movernos.

No es momento de dar pasos atrás. Necesitamos que el transporte público vuelva a ser la opción mayoritaria de la ciudadanía madrileña si queremos respirar en nuestras ciudades, mejorar y frenar el cambio climático. Pero, ¿cómo podemos conseguirlo si el Metro y los autobuses cada vez tardan más en llegar, hay más colas y vuelven las aglomeraciones?

Necesitamos más y mejor transporte público, especialmente en este momento tan concreto. Por ese motivo, y para revertir los recortes, desde los sindicatos de Metro y EMT han ido convocando protestas que el jueves culminarán en una manifestación abierta a la ciudadanía, que saldrá a las 19 horas de Colón. 

En la EMT, donde todos los días faltan turnos para salir por la escasez de conductores, Almeida acaba de recortar de forma permanente el servicio en 16 líneas, que han perdido 22 autobuses y hasta un 15% de horas de conducción. El alcalde ha recortado líneas como la 27, la que más viajeros transporta, o la 28 y la 70, que ya presentaban problemas antes de los recortes. Otras, como la T61 han perdido la mitad del servicio en horario de tarde. Esta disminución de autobuses afecta, sobre todo, a las líneas de la almendra central y el norte, perjudicando a 15 de los 21 distritos.

No podemos permitir la degradación del servicio de EMT, como ya ha pasado, por ejemplo, en BiciMAD. Todo ello, mientras el gasto en altos cargos no ha dejado de aumentar en la empresa municipal de autobuses. Es absolutamente vergonzoso, recortan el servicio público a la ciudadanía, mientras en la EMT hay un 70% más de directivos desde que gobierna Almeida.

La situación en Metro de Madrid no es mucho mejor. El Gobierno de Ayuso sostiene con pinzas un servicio que es vital para nuestro día a día. Desde 2018, cuando se anunció, el PP ha sido incapaz de sacar un pliego de contratación para comprar nuevos trenes, que son imprescindibles para Metro. Es urgente mejorar el servicio cotidiano y dar respuesta a las necesidades de las ampliaciones que están en marcha.

En términos de personal, ni siquiera están contratando las 323 personas imprescindibles para cumplir la tasa de reposición, un acuerdo recogido en el convenio colectivo, ni tampoco ampliando la plantilla. La consecuencia de todo ello es que el servicio no mejora, al contrario, va a peor: no es atractivo para la gente, quienes pueden elegir su medio de transporte no eligen volver a viajar en el metro, lo que lleva a que haya menos demanda y a que el PP justifique nuevos recortes. Una pescadilla que se muerde la cola y que habría que afrontar con decisión y con una apuesta clara por Metro para solucionar este grave problema. 

Los gobiernos autonómico y municipal no están aprovechando todo el potencial que tienen una región y un área metropolitana como Madrid para estar a la cabeza de Europa con un modelo más sostenible, más sano y, sí, mucho más feliz. 

Porque en una región en la que ‘gastamos’ una media de 70 minutos al día solo en desplazarnos; en una región que deteriora el servicio público de transportes; en la que no se apuesta por los modelos activos de movilidad; en la que para movernos entre pueblos vecinos hay que ir a Madrid y volver; en un Madrid pensado por y para el coche ni tenemos libertad de elegir, ni tiempo para vivir.

Un barrio con elevados índices de contaminación, un hospital infantil, un edificio que forma parte del ámbito declarado Patrimonio Mundial de la Unesco y en medio de todo ello, un macroparking innecesario, contaminante, desproporcionado y nocivo para el entorno, los vecinos y los pacientes del hospital. Cualquier gobernante preocupado por avanzar hacia la sostenibilidad y por cuidar de la salud y el medio ambiente no habría siquiera contemplado la posibilidad de construir un macroaparcamiento de 800 plazas en un centro sanitario. 

El macroparking proyectado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid choca frontalmente con la inclusión del ámbito del Retiro y Paseo del Prado en la lista del  Patrimonio Mundial de la UNESCO. La contaminación y los accesos de los parkings fueron precisamente uno de los principales escollos para que se declarara la zona Patrimonio de la Humanidad. 

Salud y contaminación son incompatibles. Sin embargo tanto la presidenta Ayuso como el alcalde Almeida siguen defendiendo la política de atraer coches y más coches al centro de Madrid, en vez de defender la salud de las personas y el patrimonio natural, histórico y cultural. En coherencia con su política de cero inversión pública en sanidad, Ayuso quiere financiar la necesaria obra de ampliación del Hospital Niño Jesús mediante la construcción de este parking absolutamente desproporcionado. Pero no podemos pasar por alto que este plan tiene un coste muy alto para nuestra salud y la de las niñas y niños que acuden al hospital.

Ante semejante despropósito, Almeida, que como alcalde debería no solo defender la salud y el patrimonio de los Madrileños (y en este caso de la humanidad), permanece en silencio a pesar de que Madrid es la ciudad europea con más muertes por contaminación, a pesar de las llamadas de atención de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por su ineficaz e insuficiente estrategia fake 360, y a pesar de las advertencias de la Unesco para rebajar la contaminación en el ámbito protegido… Sumisión y complicidad del alcalde que pagaremos caras.

Resulta incomprensible que dos de las instituciones promotoras de la candidatura de la Unesco se empeñen en perpetrar la agresión de construir un macroparking en el Hospital Infantil Niño Jesús, para financiar con fondos privados la ampliación del hospital en una operación que, por lo demás, presenta serias lagunas en lo que se refiere a su viabilidad económica, dada la ausencia de demanda de parking privado en la zona. A pesar de la cesión de 40 años de la gestión del parking,  es probable que la empresa que finalmente se hiciera cargo de la obra no obtuviera la anunciada rentabilidad, razón por la cual el concurso podría quedar desierto.

La licitación, iniciada en 2020, contó ya con numerosas irregularidades: con tres informes negativos de la propia Intervención de la Comunidad, que señalaban desfases presupuestarios al alza por 1,6 millones de euros, sin autorización de Patrimonio para poder realizar este proyecto (el hospital es un bien protegido desde 1995) e incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Nada más y nada menos. El contrato fue declarado desierto en diciembre de 2020 tras comprobar que la única empresa licitadora no cumplía con los requisitos establecidos. La declaración de la zona como patrimonio mundial de la Unesco no hizo reconsiderar a la presidenta Ayuso su decisión de seguir adelante con este atentado contra el patrimonio y la salud y ha vuelto a licitar el contrato. 

Tampoco son necesarias las plazas de aparcamiento, ya que el Niño Jesús cuenta con muy buenos accesos (cinco líneas de la EMT y dos paradas de metro) y para quienes necesiten llegar en coche, en la cercana calle Doce de Octubre hay un aparcamiento que no se llena ni los fines de semana. Y más de 8.000 plazas de rotación en el entorno. No hay una demanda cierta. Para colmo, el precio del nuevo aparcamiento sería un 41% superior al de los aparcamientos municipales. 

No será más que un atractor de tráfico privado y, por tanto, de contaminación en una de las zonas más saturadas y contaminadas de la ciudad. La estación de medición de la contaminación de Escuelas Aguirre, próxima al hospital, es una de las que registra mayores índices de dióxido de nitrógeno de Madrid. Ubicar un aparcamiento de tales dimensiones bajo un hospital infantil es una irresponsabilidad, más aún en un hospital que tiene una unidad de ingresos de niños con patologías respiratorias. Según un estudio basado en los datos de seis años de altas en el Hospital Niño Jesús, la salud de los niños es un reflejo casi exacto de la contaminación ambiental, ya que los picos de polución se corresponden, de forma lineal, con un aumento de los ingresos hospitalarios. 

La contaminación generada por el uso del macroparking también afectaría a las niñas y niños del colegio Escuelas Aguirre, cuyo patio linda con la zona afectada, a la Casa Ronald McDonald, que aloja a familias que vienen a la capital para que sus hijas e hijos reciban tratamiento en el hospital infantil y al centro de mayores Pío Baroja. Todo ello sin contar con las numerosas afecciones que les producirá una obra que se prolongará durante meses. 

Esperamos que Ayuso y Almeida entren en razón antes de que la UNESCO tenga que pronunciarse e intervenir para parar un aparcamiento tan impactante e innecesario nada más estrenar nuestro primer bien Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, desde Más Madrid seguiremos trabajando para respaldar a las vecinas y vecinos de Retiro que muy razonable quieren impedirlo y para proteger la salud de las niñas y niños del hospital.

En la anterior legislatura, los concejales y concejalas que integramos Más Madrid empezamos a trabajar en una ciudad con menos contaminación y alternativas de movilidad sostenible, con mejores servicios públicos y menos desigualdades, una ciudad, en suma, más humana y cercana, más saludable y habitable. Los principios que nos guiaron en movilidad, biodiversidad o residuos han demostrado ser, con la llegada de la pandemia, la receta para salir de esta crisis que se ha aplicado en las ciudades y países de nuestro entorno. No en vano, las ciudades han aprovechado la reducción de la movilidad para crear nuevas redes de carriles bici y en las ayudas europeas ganan peso la reducción de emisiones contaminantes y la transición ecológica justa.

Por ese motivo, quisimos aportar nuestra experiencia y nuestro trabajo a la consecución de un acuerdo para la reconstrucción, ofreciendo nuestra disponibilidad real y sincera para alcanzar unos Pactos de Cibeles que nos dejan una serie de acuerdos que ayudarán a la ciudadanía a superar esta crisis, aunque todavía quede mucho camino por recorrer.

En la Mesa de Estrategia de Ciudad, hemos impulsado actuaciones que facilitarán que nos movamos de forma sostenible, con la mejora del transporte público como uno de los ejes principales de la ciudad, logrando que se vaya a construir el proyecto de la M35, una línea de bus de alta capacidad que unirá los distritos de la periferia este y sur, solventando al fin un déficit histórico de transporte público en los barrios obreros de nuestra ciudad. Esta medida debe ir acompañada de un fortalecimiento de la EMT, que ha sufrido una disminución enorme de ingresos por la caída de la demanda, y cuya solvencia económica y financiera hemos garantizado gracias a la propuesta de Más Madrid.

Pero la movilidad va más allá de la red de transporte público. La bicicleta debe tener un papel protagonista y ha salido reforzada mundialmente de la pandemia. Gracias a los colectivos ciudadanos y a nuestro impulso se consiguió reabrir BiciMAD y ahora en las negociaciones se ha arrancado in extremis la creación de carriles bici provisionales. Pese al anuncio a la prensa antes que a los grupos políticos que lo habían propuesto, nos alegramos de ello y desde nuestra labor en la oposición lucharemos para que se mantengan como definitivos. También hemos conseguido que se cree una línea de financiación para la compra de bicicletas, tanto eléctricas como convencionales, que ayude a tomar la decisión de moverse de manera más sostenible.

Un cambio en la movilidad de la ciudadanía, con menos coches y más movilidad activa, debe ir acompañada de una mejora del espacio público. Necesitamos realizar, como hemos convenido en la mesa de negociación, peatonalizaciones definitivas en todos los distritos de la ciudad de Madrid, haciendo un esfuerzo especial en los cascos históricos y en los alrededores de mercados, centros de salud, centros educativos y zonas de acceso al transporte público. Más espacio público al servicio de las personas y no de los coches, y también más verde, con la inclusión de medidas para crear corredores arbolados, azoteas verdes o terminar el acondicionamiento del río Manzanares en el límite sur de la ciudad, así como la recuperación ambiental del Camino de la Magdalena junto al arroyo de la Gavia.

Madrid necesita más transporte público y bicicletas, pero también medidas dirigidas directamente a reducir el uso del coche, a mejorar de forma sustancial la calidad del aire, como sucedió con Madrid Central, más ahora que sabemos que la contaminación no solo produce miles de muertes silenciosamente todos los años, sino que también puede hacer más mortal el SARS-CoV-2 . Sin embargo, en este caso, no ha habido receptividad por parte del Gobierno municipal, que continúa con proyectos que van en la dirección contraria, como el aumento de capacidad que supone el soterramiento de la A-5, y que no ha querido debatir la ampliación de Madrid Central hasta la M-30 o la creación de nuevas zonas de bajas emisiones en los distritos exteriores a la vía de circunvalación.

Además, Bicimad debería extenderse a estos distritos, pero el equipo de gobierno se ha negado a la única solución para llevar el servicio a toda la ciudad, es decir, la gestión directa del contrato por parte de EMT. Ha apostado, en cambio, por privatizar el servicio de bicicleta compartida, con un mecanismo cuyo rendimiento está aún por demostrar. Tampoco ha salido adelante la construcción de aparcamientos para residentes en los distritos exteriores a la M-30, actuación que iría acompañada de la implementación de Zonas de Aparcamiento Vecinal y que tiene que acompañar irremediablemente a las peatonalizaciones si queremos que estas tengan éxito y conseguir mejorar nuestros barrios.

En nuestras propuestas había una clara voluntad de reequilibrio territorial, que se han conseguido solo parcialmente, ya que se han quedado fuera de los acuerdos actuaciones como el plan para poner fin a la incineración en Valdemingómez en 2025 o la modificación de los contratos de limpieza actuales para contratar más personal y poder adaptarnos a la realidad actual marcada por nuevas necesidades de desinfección y limpieza, algo que no se está consiguiendo hacer como podemos ver en las calles y que sufren sobre todo los distritos del sur al ser los peor dotados por los contratos integrales que hizo el PP en 2013.

Ahora toca seguir los compromisos adoptados para asegurarnos su cumplimiento y buena ejecución, y también seguir reclamando soluciones a los problemas de la ciudadanía, cada vez más preocupada por la contaminación, el acceso a una movilidad sostenible y universal, la suciedad de las calles o la necesidad de ciudades más verdes para mejorar su salud y bienestar.

Estos días estamos viviendo con dolor y consternación las consecuencias que la COVID-19 está teniendo en nuestra ciudad, comunidad, país y, en general, a nivel mundial. Pero también sirve para replantearnos nuestra forma de vida y el modelo de ciudad en el que vivimos para avanzar hacia otro más sostenible y saludable, así como las actividades económicas y laborales que tendremos que potenciar para lograrlo, y que además contribuirán a solventar la emergencia social que ya está provocando esta crisis sanitaria.

Algunos estudios científicos relacionan la alta contaminación en las ciudades no sólo con el aumento de enfermedades respiratorias y cardíacas, sino también con una mayor probabilidad de propagación y virulencia de epidemias como la del coronavirus. La ciencia también apunta que la protección de la biodiversidad y de los espacios naturales es necesaria para combatir esta pandemia y otras posibles futuras.

Los datos de calidad del aire recientemente publicados demuestran que la drástica reducción de la movilidad en Madrid, provocada por el estado de emergencia, ha venido acompañada de una disminución histórica de los niveles de contaminación, producida fundamentalmente por el tráfico rodado.

Ello nos lleva a la reflexión sobre nuestro modelo de ciudad y a apostar aún más por la agenda verde. La reconstrucción social tiene que ser sostenible. La rehabilitación de edificios con criterios de eficiencia y ahorro energético, el fomento de energías renovables, la instalación de más puntos de recarga eléctrica y avanzar en la renaturalización, además de contribuir a la mejora de la calidad de vida y mitigar los efectos del cambio climático, posibilitarán la creación de gran cantidad de nuevos empleos que tanto necesitaremos una vez pase esta situación.

Además, Madrid puede aprovechar la oportunidad que está brindando esta crisis a las ciudades, más a las que como la nuestra tienen margen, de impulsar la movilidad ciclista. Como ya están haciendo o planificando otras ciudades como Berlín o New York, Madrid tiene que dar paso a un mayor uso de la bicicleta en un contexto de reducción general de la movilidad. No olvidemos que es uno los mejores modos de movilidad para hacer los desplazamientos permitidos durante la cuarentena, como recomienda el Ministerio de Sanidad.

Se debe reabrir Bicimad, el sistema de bicicleta pública eléctrica que dispone nuestra ciudad. Extremando las medidas de seguridad e higiene y la información a los usuarios, es sin duda una de las mejores formas para traslados dentro de la ciudad. París lo mantiene abierto ofreciendo la primera hora de uso gratuita y en el propio Wuhan nunca se llegó a clausurar su funcionamiento ni en los peores momentos del virus. También hay que acelerar su ampliación y ayudar económicamente a las personas que quieran pasarse a la bicicleta eléctrica individual.

Es rápido habilitar carriles de circulación con pintura y balizamiento en los ejes estructurantes de la ciudad, carriles que si sabemos aprovechar esta situación serán cada vez más demandados cuando paulatinamente vayamos volviendo al trabajo y habrán llegado para quedarse.

Pero no podemos dejar a nadie atrás, por lo que es necesario garantizar la calidad del servicio de la EMT, el pago de sus nóminas y en estos meses las medidas de higiene necesarias para todas las personas que dependen de la red de transporte público. El 42% de la población no dispone de coche ni de carnet de conducir y casi un 50% de los habitantes de Madrid son usuarios cautivos del transporte público. En un momento en que la mayoría de los operadores de movilidad están pasando por momentos económicos muy complicados debido a la bajada de viajeros, toca que el Ayuntamiento de Madrid demuestre el apoyo al transporte público con una aportación económica extraordinaria al Consorcio Regional de Transportes de Madrid por el valor de una anualidad.

Si pensamos en los modos de transporte sostenible y en medidas novedosas para adaptarnos a la situación y no solo en el vehículo privado como hasta el momento ha hecho el actual gobierno del Ayuntamiento de Madrid, podremos cambiar nuestras infraestructuras y cuando hayamos superado la pandemia seremos una ciudad más adaptada a los retos de nuestro tiempo. Esa reconstrucción verde debe comprender una revolución en las redes de transporte público para que crezcan de forma transversal y cubran zonas a las que actualmente no llegan, a la vez que mejorar la calidad de su servicio y la intermodalidad. De esta forma, solidariamente, igual que ahora aceptamos quedarnos en casa para evitar la propagación de la COVID-19, podremos contribuir a la mejora del aire que respiramos y de nuestra salud.

El tiempo del negacionismo, la inacción o incluso el retroceso en avances ya logrados quedaron atrás. Son tiempos de cambio y valentía y estos deben darse hacia una vida más sostenible, justa e igualitaria.

Hace pocos días celebrábamos el segundo aniversario de la llegada de Ahora Madrid al Ayuntamiento de la capital. Hemos andado un camino lleno de dificultades pero también de alegrías y ahora nos queda por recorrer un trecho en el que asentar los cambios iniciados para hacer política y gobernar de otra manera teniendo siempre presente que nuestra prioridad sigue siendo la misma: recuperar para la gente la institución que gobernamos. Hoy las cosas ya no son iguales. Madrid mejora lentamente aunque no es ni mucho menos suficiente, no podemos conformarnos con la realidad existente y debemos seguir trabajando con la misma intensidad y compromiso para cumplir el mandato ciudadano que nos trajo hasta aquí.

Una de las principales razones que trajo el cambio a nuestra ciudad fue la gestión que se hizo de la vivienda pública. Los gobiernos del PP permitieron y alentaron que la vivienda se convirtiese en un producto de intercambio para hacer negocio, profundizando con ello en la vulneración sistemática de un derecho fundamental. La vivienda pública de Madrid fue intencionadamente vendida a fondos buitre y especulativos como Fidere, olvidando con ello su carácter social, generando un quebranto al patrimonio público y al bienestar en Madrid. A cambio el gobierno del Partido Popular se quitaba de encima lo que consideraban un problema y amortizaban una pequeña parte de la deuda que generó la política megalómana de Gallardón.

Durante años se ha ido adelgazando sistemáticamente la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) así como a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, antiguo IVIMA, que no obstante aún cuenta con un número muy superior de inmuebles al escaso patrimonio con el que se dejó a la EMVS.

Estos días, han acampado frente a la Junta Municipal de Carabanchel Santi y Lidia, una familia con cuatro menores que es demandante de vivienda pública desde hace al menos 15 años y quienes, tras sufrir recientemente un desahucio de una vivienda vendida por el PP a FIDERE, han decidido llamar la atención sobre su situación para encontrar una respuesta ante la falta de respuesta de una Comunidad pasiva y la escasez de recursos del Ayuntamiento, a cuyas puertas permanecen porque es la única institución que en lugar de criminalizarles les escucha.

Nos encontramos ante la tormenta perfecta: un Ayuntamiento completamente saturado sin poder aumentar recursos de trabajadores sociales a causa del estrangulamiento a las administraciones locales, una EMVS sin capacidad para dar salida a todos los casos que hacen cola a sus puertas, y un IVIMA que mira para otro lado y se esconde sin dedicar apenas esfuerzos para atender a esta necesidad.

En estos dos años ya se han alojado a más de 1.800 familias, demostrando con ello el compromiso con las familias demandantes de ayuda, aunque sabemos que no es suficiente porque tenemos una lista de espera de 14.000 familias de las que 8.000 se encuentran en situación de emergencia. La única manera que tenemos de ser justos es respetando la lista de espera fijada por el criterio técnico de las trabajadoras de Servicios Sociales. Aunque la dimensión del problema sea difícil de entender, lo cierto es que en una ciudad con más de tres millones de habitantes conviven multitud de casos víctimas de esta situación.

El incremento de la pobreza y de la precariedad se constata con el fuerte ascenso de perceptores y solicitantes de la Renta Mínima de Inserción en el municipio de Madrid. Las familias que solo perciben este ingreso mínimo, a todas luces insuficiente para acceder al derecho a la vivienda, han crecido en el último año un 20%. En este sentido, los bancos rescatados con el dinero de todas y todos, están llamados a contribuir con viviendas en alquiler de bajo coste.

El problema de la vivienda en nuestra ciudad, de su precio, de su disponibilidad, de la garantía del derecho de la gente más humilde a poder vivir dignamente, es un problema profundo, que requiere una regulación acorde por parte de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Nación. El mercado inmobiliario lleva demasiado tiempo fuera de control democrático y las consecuencias se agravan.

La administración que tiene las principales competencias en materia de vivienda es la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento, que únicamente tiene competencias subsidiarias, es decir, somos una ayuda a la administración que tiene la principal competencia y responsabilidad, que en este caso es la Comunidad de Madrid, y por eso tenemos la obligación de denunciar que es quien menos está haciendo. Muchas de las viviendas de la Comunidad de Madrid están sin adecuar desde hace años y en muchos casos ocupadas por mafias que las usan para lucrarse con realquileres a las personas más vulnerables.

Asistimos a un absoluto abandono por parte la Comunidad Madrid, con consecuencias que padecen quienes teniendo derecho no pueden acceder a esas viviendas, así como quienes tienen que convivir con conductas delictivas por parte de las mafias que pretenden echarles de sus casas. Como concejala del Ayuntamiento de Madrid reitero lo que ya he trasladado en una carta al consejero de Vivienda, Pedro Manuel Rollán Ojeda: no es tolerable seguir mirando para otro lado, la gente necesita soluciones y encontrarlas es una obligación de todos los poderes públicos. La voz de Lidia y Santi es la voz de mucha gente, de muchos casos… No podemos permitir que se ahoguen en el silencio.

La noche del domingo Jordi Évole conseguía traspasar la pantalla de miles de hogares españoles con la historia del Astral; el velero de lujo reconvertido en una nueva vida para todos aquellos que huyen del horror jugándoselo todo en las aguas del Mediterráneo. El documental mostraba el júbilo que puede sentir una persona al sentirse a salvo y soñar que ahora sí, que todo lo malo se queda atrás y hay esperanza para empezar una vida nueva, para retomar lo que la guerra arrebató. Anoche llovía en Madrid y el CIE de Carabanchel hundía en lo más profundo aquellas sonrisas que veíamos en la televisión la noche anterior. Desde la acera se escuchaba a gritos una pregunta sin respuesta: “¿Por qué?”.

¿Qué pasaría si su hijo, el que está en Londres, o la suya que está en Berlín, mientras caminan por la calle hacia una entrevista de trabajo o a hacer la compra son retenidos por la Policía, internados en una prisión y privados de libertad sin haber cometido delito alguno?

¿Qué pasaría si pasasen meses en esa prisión sin un juicio, sin derecho al habeas corpus, privados de libertad durante semanas en un lugar que no reúne las condiciones sanitarias y materiales para albergarles?

¿Qué pasaría si durante esas semanas los incomunican, les impiden hablar o ponerse en contacto con sus parejas, sus compañeros de piso o sus padres?  ¿Cómo se afronta esa soledad y  ese desconcierto? ¿Cómo se digiere la impotencia y la rabia ante la injusticia que se comete con ellos? ¿Cómo se vive con ese desamparo extremo?

Esto pasa en nuestro país cada día, es una realidad, un hecho de apabullante crueldad que erosiona los principios democráticos del Estado de Derecho. Los CIE son la vergüenza de un país moderno y democrático como España, una vergüenza demasiado escandalosa como para seguir soportándola, algo que, sencillamente, no podemos aceptar.

La noche del 18 de octubre, Madrid entero se estremeció al ver en la azotea del CIE de Aluche a un grupo de personas gritando bajo la lluvia que no eran animales y pidiendo su libertad puesto que no habían cometido ningún delito.

Latina y Carabanchel son los dos distritos de la ciudad de Madrid en los que soy concejala; el CIE está enclavado en medio de ambos. Me desplacé al lugar en cuanto conocí los hechos. Me acompañaban Javier Barbero y otros concejales del Ayuntamiento de Madrid, junto a numerosos compañeros y diputados de Podemos. Teníamos la sensación de que, si no estábamos allí, no habría testigos de lo que estaba sucediendo; quisimos que nuestros ojos fueran los de todos y que nuestras palabras portaran la voz de un país que rechaza lo que allí ocurre.

Tiritando a causa de las horas de lluvia, no podíamos evitar pensar lo que tienen que soportar los internos del CIE, qué condiciones de vida tienen allí adentro, para que no les importe salir a la intemperie en una noche de lluvia sin más protección que una sudadera de algodón, para llamar la atención del mundo sobre su terrible realidad.

Pensé en los hijos e hijas de tantos amigos y compañeros que han emigrado para buscar una vida mejor en otros países de Europa, pensé en un mundo frío, negro, feo. Pensé en mi país, pensé que, si este país no cambia, seguirá condenando a generaciones enteras a la emigración, a ser visitantes no deseados y maltratados fuera de su casa. Pensé también que no debería ser tan difícil vivir sin unos papeles, y que nadie tendría que verse forzado abandonar su casa porque su país es inhabitable.

Yo no quiero, los españoles no queremos, una Europa así. El mejor compromiso con los internos en el CIE, el mejor compromiso con nuestros hijos y sobrinos, con nuestra gente que podría estar ahí, es trabajar sin descanso para darle la vuelta a esta Europa y a esta España que se están volviendo tan negras; desde cada barrio podemos construir una patria para todas y todos, una España y una Europa para su gente. Juntos y juntas podemos hacerlo.