La tramitación en el Congreso del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario ofrece una oportunidad para resolver los problemas de dicho sistema. Entre ellos, y no son los menores, los que presenta la organización de las enseñanzas, regulada por un decreto de setiembre de 2021.

Tales enseñanzas comprenden las de los títulos oficiales (grado, máster universitario, doctorado), que en las universidades públicas tienen precios regulados, y los estudios propios, que comprenden los de formación permanente y otros sin denominación ni función definida en el sistema.

En cuanto a los títulos oficiales, la oferta es a todas luces excesiva, comporta altos costes de producción y resulta confusa (hasta 20 nombres distintos para los grados relacionados con la administración de empresas, por ejemplo), pese a que el decreto establece como un principio rector en el diseño de los planes de estudios oficiales “su comprensibilidad social”. Y el nombre de algunos grados (p. ej., Asistencia de Dirección) sugiere que su alcance es inferior al propio de esta etapa formativa o que su carácter especializado no concuerda con el “objetivo fundamental de formación básica y generalista” correspondiente al grado.

Los títulos oficiales se imparten en las facultades y escuelas de las universidades y también en los centros adscritos, públicos y privados, en los que no rigen los precios públicos. Así, crear un centro y adscribirlo es una posible vía para que una universidad pública pueda percibir por enseñanzas oficiales precios superiores a los públicos.

Los títulos propios, los no oficiales, incluyen una amplia gama de programas docentes, diversos por su número de créditos, por el personal docente y por la entidad que los implementa, que puede ser la propia universidad, una fundación o similar perteneciente a la universidad o, mediante convenio, un centro privado. Puede haber, pues, títulos propios impartidos fuera de la universidad y sin participación de su personal, tal vez bajo la supervisión de algún centro o departamento.

Antes de 2008 había un catálogo (una lista limitada) de 140 títulos universitarios oficiales. Podía tener sentido implantar, para un nuevo ámbito de conocimiento, un título propio, con características similares a las de los oficiales, a fin de que fuera reconocido e incorporado al Catálogo. Pero desde que este fue sustituido por el Registro de Universidades, Centros y Títulos, en el que se inscriben, con la denominación propuesta por la universidad, los títulos que superan un proceso de verificación, no parece haber otros motivos para la existencia de títulos propios parecidos a los oficiales que la poca calidad de la propuesta o, en el caso de las universidades públicas, la voluntad de sortear los límites fijados para los precios. 

Ciertamente, la idea de ofrecer grados propios no ha prosperado, aunque alguna universidad los ha llegado a programar. En cambio, existen infinidad de másteres que no son másteres universitarios: másteres propios de las universidades (pero no universitarios), másteres (tal vez propios) impartidos en fundaciones o entidades similares dependientes de las universidades o en entidades privadas, con pocas restricciones en cuanto a sus características (contenido, profesorado, instalaciones).

El conjunto es confuso y tiene elementos que no se ajustan a los objetivos de formación deseables y previstos por la ley. En los grados, la confusión proviene de la misma oferta de títulos oficiales. En los másteres, de la concurrencia de los universitarios con otros de variadas características, sin los efectos de los oficiales y en perjuicio de estos últimos.

Las causas más inmediatas de este estado de cosas son la concepción de la enseñanza superior como un mercado competitivo y los recortes presupuestarios en las universidades públicas, que las han inducido a diversificar su oferta docente con el objetivo de captar más estudiantes y, así, más recursos.

El decreto de 2021 es un intento de poner orden, pero es tímido, concede plazos transitorios demasiado largos y no estructura claramente el ámbito de las enseñanzas universitarias no oficiales.

Lamentablemente, el Proyecto de ley actualmente en trámite no aporta nada nuevo en relación con esta problemática. Asume, por omisión, la situación de la oferta de grados y no contiene elementos para regular y distinguir debidamente los ámbitos del posgrado oficial y de la formación permanente.

La ley debería garantizar el carácter universitario de los títulos propios y que la calidad de su docencia sea comparable con la de los títulos oficiales. Y evitar así que, a través de entidades vinculadas más o menos estrechamente a la universidad, se ofrezcan como títulos propios estudios con escasa o nula intervención de su profesorado. Los títulos propios deberían llevarse a cabo bajo la responsabilidad de unidades académicas de la universidad y por medio de su personal docente e investigador.

La confusión de los títulos propios con los oficiales debería vedarse de forma más precisa que la prevista en el Proyecto de ley, en el cual se indica que “las universidades y otros centros de estudios superiores deberán evitar que la denominación o el formato de sus títulos propios puedan inducir a confusión con respecto a los títulos universitarios oficiales”, sin más detalle y sin prever qué medidas deberían adoptarse en caso de incumplimiento de este precepto, que el propio texto contradice al introducir como títulos propios los microgrados.

Subsiste, pues, el riesgo de trivializar los títulos oficiales y de que sean progresivamente canibalizados por los propios, con la repercusión consiguiente sobre los precios de las matrículas y las tasas.

La nueva ley podría racionalizar la oferta de grados y ajustarla a los objetivos formativos que les corresponden, eliminar la confusión entre títulos oficiales y propios, robustecer las garantías de calidad, evitar el uso indebido de la adscripción de centros y, finalmente, poner barreras a la canibalización de los títulos oficiales por títulos propios.

Que eso sea así, o no, depende ahora del Congreso.

• Este es un artículo publicado en El Diari de l'Educació

Hace unos meses se hizo público que profesores de una universidad pública catalana habían gastado, entre 2009 y 2014, a través de una fundación de universidad, unos 800.000 euros en actividades –tales como viajes, hoteles, comidas o compra de DVD– que no tenían ninguna relación aparente con la docencia ni con la investigación. La misma fundación había hecho gastos para nada módicos, incluido el alquiler de un velero y fiestas de inicio y de final de curso para su personal. El rector, en una comparecencia parlamentaria motivada por estos hechos, dijo que no se opondría a un cambio en el modelo de gestión de muchas entidades de este tipo que, de acuerdo con sus palabras, en su momento se crearon para ganar flexibilidad, pero que en muchos casos se había tenido que ir con mucho cuidado. La Sindicatura de Cuentas ha señalado hechos similares en otros momentos y en otras universidades.

¿Cómo pueden pasar cosas así? ¿Por qué pasan? Por lo menos, se pueden apuntar tres causas.

Las leyes: ¿obstáculo o garantía?

En primer lugar, sigue muy extendida la visión de la ley como una amenaza y un obstáculo, y no como un instrumento de protección de derechos, por lo que saltársela a menudo es bien visto socialmente, considerado como algo meritorio y digno de ser ensalzado –el fraude fiscal, por ejemplo, puede llegar a generar muestras públicas de comprensión y de solidaridad–. Es, en parte, una herencia del siniestro régimen franquista que, cuarenta años después, marca todavía muchos de los comportamientos en nuestra sociedad.

País de jauja

La ley de reforma universitaria de 1983 estableció el derecho del profesorado a cobrar por trabajos en el marco de contratos con empresas o instituciones, y esto se ha mantenido en todas las leyes universitarias posteriores. Así se fomentaba la relación de las universidades con el entorno y la obtención de recursos para universidades y profesorados, que estaban bastante faltos de ello. Pocos años después, España era el país europeo en el que uno se podía enriquecer más fácilmente y más rápidamente, como dijo, memorablemente y significativamente, el ministro socialista Carlos Solchaga. Un medio propicio para relajar controles y para que una parte del profesorado considerara que el dinero generado con los contratos era suyo y lo podía gastar como considerara oportuno. Pero lo que preveía la ley de 1983 es que este dinero se podían cobrar en una nómina, respetando los límites establecidos y las regulaciones fiscales correspondientes, y no gastárselo directamente en recreos y facilitar así la elusión de impuestos.

Gestión privada de lo público

Mientras tanto, bajo el impulso de la primera ministra inglesa Margaret Thatcher y del presidente estadounidense Ronald Reagan, el neoliberalismo, y en particular el concepto de New Public Management (NEP: no debe confundirse con la New Economic Policy de Lenin, en los primeros años de la URSS), iba ganando terreno. En síntesis, la NEP (ahora superada por la NEG, New Economic Governance) consiste en introducir conceptos y prácticas de la gestión privada en el sector público, tachado de rígido y pesado. En el ambiente creado por este discurso, varias administraciones públicas han generado entidades de propiedad pública y derecho privado. Recordemos, por ejemplo, que el actual gobierno municipal de Barcelona ha llevado a la fiscalía el caso de Barcelona Regional, SA, creada por el ayuntamiento de Barcelona, por actuaciones llevadas a cabo por su filial Barcelona Strategical and Urban Systems (BSUS).

El control público, ejercido por las personas elegidas democráticamente por la ciudadanía, se diluye a medida que se intercalan estratos entre la entidad pública y la sociedad o fundación que lleva a cabo las actividades. Que estas prácticas agilicen la gestión o reduzcan los costes es dudoso (cada entidad, por el solo hecho de existir, genera unos costes fijos correspondientes a locales y estructuras de dirección y de administración), pero está claro que facilitan las irregularidades, sean por acción o por omisión.

En cuanto a las universidades, aunque gozan de un margen muy amplio en su gestión –a diferencia de los ayuntamientos, por ejemplo, no están sujetas a intervención y rinden cuentas a posteriori– a menudo han considerado conveniente, en este ambiente de desprestigio de la cosa pública y de ensalzamiento de la privada, constituir sociedades o fundaciones, en particular para gestionar la formación permanente o, en algunos casos, los contratos de la universidad con entidades públicas y privadas. Incluso se da el caso de fundaciones de universidades públicas que han creado centros docentes, de derecho privado, adscritos a las mismas universidades, en los que se imparten títulos oficiales a precios muy superior a los públicos. Todas estas entidades se rigen por normas menos estrictas que las de las administraciones públicas y, al tener personalidad jurídica, objetivos y órganos de gobierno propios, el control por parte las universidades que son responsables se complica y, así, es más fácil que se lo produzcan anomalías y que se celebren actos, irregulares o no, impropios de una universidad pública como aquellos a que se ha hecho referencia más arriba.

Una cuestión moral

En comparación con los grandes escándalos de corrupción que se han hecho habituales en nuestro entorno, irregularidades como las mencionadas pueden parecer insignificantes, pero no caben la tolerancia ni la resignación, porque, por encima de todo, se trata de una cuestión moral.

No es posible que todos los miembros de unas comunidades tan numerosas como las universitarias se comporten ejemplarmente, pero las universidades públicas deben ser ejemplares. Es necesario que controles internos, consejos de gobierno y consejos sociales celen escrupulosamente el cumplimiento estricto de la legalidad y erradiquen las irregularidades, sin excepciones ni vacilaciones. Y que se reviertan decisiones organizativas adoptadas en circunstancias muy diferentes de las actuales y que han mostrado sus limitaciones y peligros.

Y es necesario que las universidades fomenten la transparencia y, sobre todo, un cambio cultural que propicie el rechazo activo de las prácticas incorrectas en las propias universidades y en las entidades en las que participan.