Más de un año después del acuerdo de la UE con Turquía, siguen existiendo serias dudas sobre su legalidad y su efectiva implementación, mientras que la reforma propuesta por la Comisión Europea respecto al reglamento de Dublín, que regula qué Estado es responsable de procesar las demandas de asilo, no parece romper con la dinámica actual.

Según informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, la UE puede estar sentando un precedente peligroso en el acuerdo con Turquía y la intención de incorporar su lógica en la reforma de Dublín respecto al derecho de asilo, ya que existen serias dudas de que Turquía sea un país de origen seguro. El principio de país de origen seguro, elemento central del acuerdo, permite declarar la inadmisibilidad en el procesamiento de las solicitudes en caso de que el demandante en cuestión haya llegado a la UE a través un país en el que ya ha recibido protección (artículo 38 de la Directiva sobre procedimientos comunes para la concesión de protección internacional) o en el que podría potencialmente recibir tal protección (artículo 35 de la misma directiva). Si tal fuera el caso, el procesamiento puede hacerse por la “vía rápida”, acelerando el retorno en 15 días y sin un análisis riguroso de la solicitud de asilo.

A pesar de que en los últimos meses cada vez más comités de apelación griegos en materia de asilo han considerado a Turquía como país de origen seguro (acelerando el retorno), son decenas los casos en los que tales Comités han considerado lo contrario, dejando en el limbo jurídico a demandantes de asilo y convirtiendo las islas en ratoneras en las que no se cumplen los mínimos estándares humanitarios. Siguiendo la tendencia de varias organizaciones de la sociedad civil, varios de dichos comités han considerado que Turquía no garantiza protección efectiva a los demandantes de asilo, rechazando su retorno por las dificultades que estos encuentran en lo que se refiere al registro, así como respecto al acceso al mercado de trabajo, la sanidad y la educación.

Ello se debe fundamentalmente a la incapacidad de implementar de forma eficaz la legislación aprobada en 2014 por parte del Gobierno turco en materia de asilo como resultado del mantenimiento de la limitación geográfica en la ratificación del Protocolo de Nueva York (1967). En este sentido, el país solo ofrece protección temporal (que no completa, según la Convención de Ginebra de 1951) a demandantes de asilo de origen sirio, lo que no garantiza la residencia a largo plazo y solo da acceso a una lista limitada de servicios, mientras que aquellos de otras nacionalidades como iraquíes o afganos solo pueden optar a protección condicionada o subsidiaria, las cuales ofrecen aún menos garantías.

Por otro lado, parece que se está dando prioridad a los demandantes de asilo sirios por encima del resto, algo expresamente prohibido por la legislación internacional, creando tensiones entre los demandantes de asilo de distintas nacionalidades. Además, se ha documentado el incumplimiento del principio de no-devolución por parte de Turquía, el cual garantiza el derecho de toda persona a pedir asilo político sin ser devuelta de forma automática.

Lo más alarmante del caso, sin embargo, es que la reforma de la Política Europea de Asilo Común y especialmente de Dublín IV persigue consolidar en el acervo comunitario la externalización de la responsabilidad de asilo en terceros países a través del controvertido concepto de “país de origen seguro” utilizado en el acuerdo con Turquía, que podría ser replicado en otros estados del norte África. Un concepto controvertido, difícil de verificar y excesivamente abierto a la interpretación y la arbitrariedad.

¿En el marco de la involución democrática actual, alguien cree que Turquía es un país de origen seguro o que iraquíes y afganos, entre otros, no están amenazados si son devueltos a sus países de origen? ¿Qué garantías tenemos de que sus derechos son respetados en caso de ser devueltos a Turquía?

Lo que sí parece evidente es que el uso sistemático del principio de “país de origen” seguro como herramienta de aceleración del proceso de retorno está poniendo en riesgo los derechos humanos.

Dudas sobre las garantías en el proceso de retornos

Por lo que a la UE respecta, algunas de las deportaciones en el marco del acuerdo de la UE con Turquía parecen no haber tenido completas garantías respecto al cumplimiento de la legislación internacional en materia de asilo. Además, a pesar de la presión de la UE para que se reduzcan garantías en la identificación de demandantes en situación de vulnerabilidad, parece que existen serias deficiencias en la identificación de tales casos (mujeres embarazadas, menores no acompañados, personas con discapacidad, víctimas de tortura, etc.) que deberían quedar excluidos del procedimiento por “vía acelerada”, según la legislación griega, y ser analizados caso por caso.

Hasta ahora, solo alrededor de 2.000 retornos han tenido lugar desde Grecia en el marco del acuerdo, de los cuales la gran mayoría por voluntad propia (retirada de la demanda de asilo o por no haberse registrado como demandantes de asilo). En este contexto, Human Right Watch ha advertido del impacto negativo del acuerdo en los derechos de los refugiados y su salud mental, debido a la política de confinamiento y saturación en las islas, así como a la lentitud de las autoridades turcas en la aprobación de los retornos. Por otro lado, son varias las organizaciones que han documentado la mala protección de los menores no acompañados, así como de muchas mujeres que han sufrido episodios de violencia sexual en los campos de las islas del Egeo.

Un enfoque más centrado en la integración garantizaría una mejor protección de los derechos humanos, mientras que un reparto permanente entre Estados que vaya más allá de la lógica de Dublín debería ser establecido si de verdad queremos conseguir un esquema solidario. Desde el punto de vista humanitario, una verdadera misión de recate debería ser puesta en marcha en el Mediterráneo, mientras que se deberían tomar las medidas necesarias para dar prioridad a las vías legales y seguras, cumpliendo estrictamente con las cuotas de reubicación.

Finalmente, los Estados de la UE deberían evitar replicar el acuerdo con Turquía en otros países, analizando cuidadosamente sus implicaciones humanitarias como así lo ha pedido la defensora del pueblo europeo. Para ello, necesitamos más garantías de que éste cumple estrictamente con la legislación internacional y que el principio de país de origen seguro no es utilizado de forma sistemática en detrimento del asilo y la protección internacional de aquellos que buscan refugio en Europa.

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Carlos Mascarell Vilar es politólogo y asesor del Consejo de Municipios y Regiones de Europa (CMRE) en gobernanza y ciudadanía. Participa en el “Partenariado sobre inclusión de migrantes y refugiados” de la agenda urbana de la UE.

*Las opiniones expresadas en este artículo no representan las del CMRE.

El problema de fons de la qüestió catalana no és que la classe política independentista hagi trencat la legalitat, sinó que 3 dels 4 grans partits majoritaris a nivell estatal no estan disposats a acceptar el dret d’autodeterminació del poble de Catalunya. I segurament, no ho estaran mai.

No és molt difícil assegurar, que efectivament, el govern cessat de Catalunya ha trencat el marc constitucional i que l’estat de dret és el que ha de regular que es permet i que no es permet en democràcia. Si bé l’argument de la legalitat pot resultar atractiu en el context actual i tot dirigent hauria d’intentar aconseguir els seus objectius polítics respectant el marc jurídic sota el que actua, la aplicació de l’article 155 i la “judicialització” del conflicte amaguen en realitat i, com en quasi tots els processos d’independència, que l’estat no esta disposat a acceptar la possibilitat de que una part del seu territori s’independitzi per la via legal.

Ens trobem per tant, davant una trampa intel·lectual basada en l’ús del respecte al marc jurídic com a camisa de força i arma política davant una demanda també democràtica, que és poc probable que sigui acceptada dins del marc jurídic en qüestió. Trampa. Una argumentació, que si bé ven molt bé a les cancelleries occidentals del segle XXI (i especialment a la UE post-crisi que busca estabilitat) per què tothom esta d’acord amb que s’ha de respectar el marc jurídic existent, només busca amagar la falta de voluntat de permetre, de forma legal, que Catalunya decideixi el seu futur. Una trampa a més, que tornarem a trobar-nos el 22-D en cas de que una majoria independentista guanyi les eleccions, ja que en cas de que les seves propostes no s’ajustin a la legalitat (i inclús potser en el cas de que ho facin també), el 155 (i la via judicial) tornaran a aplicar-se a Catalunya les vegades que calgui per tal de aconseguir així, l’abandonament definitiu de les pretensions independentistes.

Hem de recordar que si de veritat el problema fos jurídic i no polític (allò de que “dintre la legalitat es por parlar de tot”), l’estat podria perfectament acceptar de negociar amb Catalunya la seva secessió, en cas d’una clara majoria independentista en vots i escons el 21-D, tenint en compte que aquestes tindran lloc dins el marc jurídic espanyol. El debat no és per tant si s’ha fet el que s’ha fet respectant el marc jurídic, si no que amb les majories parlamentàries actuals a nivell de l’estat, és gairebé impossible que hi hagi una solució que inclogui la independència pactada (o un referèndum) dins el marc legal y menys davant l’atenta mirada del País Basc. Inclús  en el cas que els partits favorables a un referèndum i una sortida negociada (que inclogués la independència com a possibilitat) gaudissin d’una majoria parlamentaria a nivell estatal (molt improbable) seria molt difícil obtenir les majories qualificades necessàries per canviar les regles del joc i permetre un referèndum o secessió pactada. Per un costat, els partits constitucionalistes, però sobretot el PP i Ciutadans, utilitzaran sempre els mecanismes legals de l’estat per impedir que això passes, mentre que aquells favorables a un referèndum amb activitat a la resta de l’estat, no acceptaran mai la unilateralitat.

Davant la falta de voluntat d’acceptar un referèndum pactat o una sortida negociada en cas de majoria independentista, l’estratègia basada en la defensa de l’estat de dret, així com el 21-D, són només mecanismes que ajornen la confrontació política si volem que totes les opcions (statu quo, reforma pactada o independència) tinguin el seu espai.

Més enllà de si l’independentisme és majoritari o no (i encara que ho fos), el problema de fons no és si la DUI o un referèndum d’autodeterminació són il·legals o no, si no la incompatibilitat entre la legitimitat política i democràtica majoritària actual del poble de Catalunya (en que un 80% esta a favor d’un referèndum pactat), i la legitimitat del marc jurídic en la que opera per a poder aconseguir els seus objectius. Però, sobretot, com així ha tingut lloc all llarg de la història abans d’aconseguir multitud de demandes polítiques (prohibició de l’esclavitud, vot femení, etc.) i excepte justament en gairebé tots els processos d’independència; per la falta de voluntat majoritària d’adaptar el marc jurídic a les demandes polítiques determinades d’una minoria. Al cap i a la fi, Catalunya representa només un 16% de la població de l’estat.  

Si considerem l’escull de la legalitat com una trampa molt difícil de superar per raons històriques, contextuals i de cultura política, no sembla difícil assegurar que el problema de fons a de la DUI, ha estat més aviat de legitimitat democràtica i capacitat d’implementar-la (així com de voluntat política real per fer-ho) que no pas jurídica. Es miri com es miri, el referèndum de l’1-O no es va poder celebrar amb les garanties necessàries, i en democràcia, no es poden utilitzar hipòtesis per prendre decisions (allò de que mirant la participació habitual a Catalunya els del “no” mai haguessin superat els del “si” en un referèndum pactat  o que aquells que no es van posicionar a les plebiscitàries de 2015 no compten com a “no” i, per tant, el 48% era suficient). La repressió i la falta de voluntat de l’estat de facilitar un referèndum  no donaven llibertat a l’independentisme d’utilitzar l’1-O per fer una DUI sense saber amb certesa si aquest arribava al 50% de recolzaments. Sembla que les enquestes sobre el 21-D apunten que aquesta majoria no és gens clara, sense ni tan sols entrar al debat sobre si un tema tan important com la secessió hauria de gaudir d’unes majories no només qualificades si no estructurals i sostingudes en el temps per evitar un debat permanent d’anada i tornada al respecte.

Davant aquesta superposició de despropòsits, dificultats contextuals, enganys i autoenganys, hi ha tres escenaris possibles per a Catalunya: Primer. Lluitar per un canvi de majories i posicionaments (molt improbable) dels constitucionalistes a nivell estatal durant anys, que acabi per incloure la possibilitat legal d’independència legal (via referèndum). Segon. Que l’independentisme aconsegueixi una majoria clara en vots i escons i ofereixi un referèndum pactat a l’estat i si no l’accepta, es declari la independència contra la legalitat espanyola i pugui demostrar-la (molt improbable) davant la comunitat internacional (control del territori a través dels mossos, control de les finances, mobilització dels CDR i funcionaris, etc.) sense saber qui i per què acabaria reconeixent-la, arriscant-se a un bloqueig institucional durant anys i a una situació d’incertesa i inestabilitat (sortida de la UE, potencial violència  policials i civil als carrers, recessió econòmica a curt termini, potencial doble administració, etc.). Tercer. Tornar al nacionalisme moderat i intentar aconseguir una reforma confederal aglutinant una majoria independentista i sobiranista sota la mateixa estratègia. Per desgràcia, veient les diferents enquestes pre-21, em temo que el risc d’un 4t escenari de bloqueig i manteniment del statu quo  es enorme, particularment amb mig govern legítim de Catalunya a la presó, uns resultats que poden ser molt similars als del 27-S i el PP al govern central.

Davant aquests escenaris, sembla que si hi ha diverses coses evidents que s’han de tenir en compte quan es vagi a votar (analitzant el que ha passat dels últims anys, així com les últimes enquestes): Primer. No és probable que el PP, Ciutadans (no hi ha reforma possible sense ells) i part de la societat espanyola acceptin al futur la reforma confederal profunda que Espanya necessita (ni un referèndum, per descomptat) i que els favorables a un referèndum amb presència a nivell estatal ho facin amb la unilateralitat.

Segon. No sembla que els independentistes estiguin disposats a recolzar una reforma que ni tan sols sabem si serà  suficientment ambiciosa per a que acceptin deixar fora de la taula la possibilitat d’una secessió pactada (via referèndum) com a alternativa. Tercer. És molt improbable que les majories canviïn suficientment a nivell de l’estat en la pròxima dècada per a que els constitucionalistes actuals siguin una minoria molt minoria (o canviïn d’estratègia) i acabin per acceptar un referèndum o secessió pactada. Quart. No sembla massa realista pensar que es podrà fer la independència amb l’estat en contra (tenint en compte que serà molt difícil que els mossos en el seu conjunt segueixin ordres que portin a la ruptura, que es controlin els impostos, o que els funcionaris assumeixin els riscos d’acceptar les directrius d’un futur govern, etc.) sense assumir els costos, incerteses i riscos a tots els nivells que implica si repassem els processos d’independència anteriors (més enllà de països profundament democràtics com el Regne Unit o Canadà).  

Amb tot això en ment, més enllà de la geometria variable post 21-D i per molta tornada al dret a decidir, ampliació de la base sobiranista, govern d’esquerres o el que sigui que hi hagi, molt em temo que a la llarga tornarem on som. De moment sembla que alguns volen que sortim de l’atzucac de forma civilitzada obligant a part dels catalans a renunciar a les seves pretensions democràtiques. Com analogia respecte al trilema de Rodrik, preservar la convivència, la democràcia en la seva plenitud (es a dir assegurant que totes les opcions democràtiques tinguin la seva opció) i protegir la ciutadania (les tres coses a la vegada) com a màximes que hauria de buscar tot governant responsable, serà gairebé impossible a partir d’ara.

No es tracta de ser independentista o no, si no d’admetre, que tot apunta des de fa anys a que només aconseguirem una sortida vertaderament democràtica que inclogui algun dia totes les opcions possibles, si els independentistes guanyen en vots les eleccions.

*Les opinions expressades en aquest article són exclusivament personals.

El problema de fondo de la cuestión catalana no es que la clase política independentista se haya saltado la ley, sino que 3 de los 4 grandes partidos mayoritarios del estado no están dispuestos a aceptar la autodeterminación del pueblo de Cataluña por la vía legal. Y seguramente, no lo estarán nunca.

No es muy difícil asegurar, que efectivamente, el depuesto govern de Cataluña ha roto el marco constitucional y que el estado de derecho es el que debe regular que se permite y que no se permite en democracia. Si bien el argumento de la legalidad puede resultar atractivo en el contexto actual y todo dirigente debería intentar conseguir sus objetivos políticos respetando el marco jurídico en el que actúa, la aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto esconden en realidad y, como en casi todos los procesos de independencia, que el estado no está dispuesto a aceptar la posibilidad de que una parte de su territorio se independice por la vía legal.

Nos encontramos, por tanto, ante una trampa intelectual basada en el uso del respeto al marco jurídico y la legalidad como camisa de fuerza y arma política ante una demanda también democrática, que es poco probable que sea aceptada dentro de dicho marco jurídico. Trampa. Una argumentación, qué si bien vende muy bien en las cancillerías occidentales del siglo XXI (y especialmente en la UE post-crisis que busca estabilidad) porque todo el mundo está de acuerdo en que hay respetar el marco jurídico existente, solo busca esconder la falta de voluntad política de permitir, de forma legal, que Cataluña decida su futuro. Una trampa, además, que volveremos a encontrarnos el 22-D en caso de que una mayoría independentista gane las elecciones, ya que en caso de que sus propuestas no se ajusten a la legalidad (e incluso puede que aunque lo hagan también), el 155 (y la vía judicial) volverá a aplicarse en Cataluña las veces que haga falta para intentar conseguir así, el abandono definitivo de las pretensiones separatistas.

Recordemos qué si de verdad el problema fuera jurídico y no político (aquello de que “dentro de la legalidad se puede hablar de todo”), el estado podría perfectamente aceptar negociar con Cataluña su secesión, en caso de una clara mayoría independentista en votos y escaños el 21-D, teniendo en cuenta que estas tendrán lugar dentro del marco jurídico del estado. El debate no es por tanto si se ha hecho lo que se ha hecho en el marco legal o no, si no qué con las mayorías parlamentarias actuales a nivel del estado, es imposible que haya una solución que incluya la independencia pactada (o un referéndum) dentro del marco legal (y aún menos ante la atenta mirada del País Vasco). Incluso en el caso de que los partidos favorables a un referéndum y una salida negociada (que incluya la independencia como posibilidad) gozaran de una mayoría parlamentaria a nivel estatal (muy improbable), sería muy difícil obtener las mayorías cualificadas necesarias para cambiar las reglas del juego y permitir un referéndum o una secesión pactada. Por un lado, los partidos constitucionalistas, pero sobretodo el PP y Ciudadanos, utilizarán siempre los mecanismos legales del estado para impedir que ello ocurra, mientras que aquellos favorables al referéndum con actividad en el resto del estado, no aceptarán nunca la unilateralidad.  

Ante la falta de voluntad de aceptar un referéndum pactado o una salida negociada en caso de mayoría independentista, la estrategia basada en la defensa del estado de derecho, así como el 21-D, son solo mecanismos que aplazan la confrontación política y no resuelven el problema de fondo si queremos que todas las opciones (statu quo, reforma pacta o independencia) tengan su espacio.

Más allá de si el independentismo es mayoritario o no (y aunque lo fuera), el problema no es si la DUI o un referéndum de autodeterminación son ilegales o no, si no la incompatibilidad entre la legitimidad política y democrática mayoritaria actual del pueblo de Cataluña, (en que un 80% está a favor de un referéndum pactado), y la legitimidad del marco jurídico en la que opera dicha mayoría para poder conseguir sus objetivos. Pero, sobre todo, como así ha ocurrido a lo largo de la historia antes de conseguir multitud de demandas políticas (prohibición de la esclavitud, voto femenino, etc.) y salvo justamente en casi todos los procesos de independencia; por la falta de voluntad mayoritaria de adaptar dicho marco jurídico a las demandas políticas determinadas de una parte. Al fin y al cabo, Cataluña solo representa un 16% de la población del estado.

Si consideramos el escollo de la legalidad como una trampa muy difícil de superar por razones históricas y de cultura política, parece evidente también que el problema de fondo de la DUI ha sido más bien de legitimidad democrática y capacidad de implementación (y de voluntad política real para hacerlo) que no una cuestión jurídica. Se mire como se mire, el referéndum no se pudo celebrar con las garantías necesarias, y en democracia, no se pueden utilizar hipótesis para tomar decisiones, aunque la culpa sea del de enfrente (eso de que mirando la participación habitual en Cataluña los “noes” nunca hubieran superado los “síes” en un referéndum pactado o que aquellos que no se posicionaron en las plebiscitarias de 2015 no cuentan cómo “noes” y, por tanto, el 48% era suficiente). La represión y la falta de voluntad del estado de facilitar un referéndum (con garantías) por tanto, no daban la libertad al independentismo de utilizar el 1-O para hacer una DUI sin ni siquiera saber a ciencia cierta si este llegaba al 50% de apoyos y sin dar los pasos necesarios para poder implementarla. Parece que las encuestas sobre el 21-D apuntan en la dirección de que no hay una mayoría clara, sin entrar al debate siquiera, sobre si un tema tan importante como la secesión debería gozar de unas mayorías, no solo muy cualificadas, si no estructurales y sostenidas en el tiempo para evitar un debate de ida y venida permanente al respecto. 

Ante tal superposición de despropósitos, dificultades contextuales, engaños y autoengaños, hay tres escenarios posibles para Cataluña: Primero. Luchar por un cambio de mayorías y posicionamientos (muy improbable) de los constitucionalistas a nivel estatal durante años, que acabe por incluir la posibilidad legal de independencia (vía referéndum). Segundo. Que el independentismo consiga una mayoría clara en votos y escaños, ofreciendo un referéndum pactado al estado y si no lo acepta, declarar la independencia contra la legalidad española intentando demostrarla (esta vez sí) de forma efectiva (control del territorio a través de los mossos, control de las finanzas, movilización de los CDR y funcionarios, etc.) ante la comunidad internacional sin saber quién y por qué acabaría reconociéndola, arriesgándose a un bloqueo institucional y a una situación de incertidumbre e inestabilidad (salida de la UE, potencial violencia callejera y policial, recesión económica a corto plazo, potencial doble administración, etc.). Tercero. Volver al nacionalismo moderado e intentar conseguir una reforma confederal aglutinando a una mayoría independentista y catalanista bajo la misma estrategia. Por desgracia, viendo las distintas encuestas pre 21-D, me temo que el riesgo de un 4º escenario de bloqueo y mantenimiento del statu quo es enorme, particularmente con la mitad del gobierno legítimo de Cataluña en la cárcel, unos resultados que pueden ser muy similares a los del 27-S y el PP en el gobierno central.

Ante tales escenarios, hay varias cosas que sí parecen evidentes y que hay que tener en cuenta cuando se vaya a votar (analizando los acontecimientos de los últimos años, así como los últimos sondeos): Primero. No es probable que el PP, Ciudadanos (no hay reforma posible sin ellos) y parte de la sociedad española acepten en el futuro la reforma confederal profunda que España necesita (ni un referéndum, por descontado) y que los favorables al referéndum con presencia estatal lo hagan con la unilateralidad.

Segundo. No parece que los independentistas estén dispuestos a apoyar una reforma que ni siquiera sabemos si sería lo suficientemente ambiciosa para que acepten dejar fuera de la mesa la posibilidad de una secesión pactada (vía referéndum) como alternativa. Tercero. Es muy improbable que las mayorías cambien lo suficiente a nivel del estado en la próxima década, para que los constitucionalistas actuales sean una minoría muy minoría (o cambien de estrategia) y acaben por aceptar un referéndum o la secesión pactada. Cuarto. No parece muy realista pensar que se podrá hacer la independencia con el estado en contra (teniendo en cuenta que será muy difícil que los mossos en conjunto sigan ordenes que lleven a la ruptura, que se controlen los impuestos o que los funcionarios asuman riesgos por aceptar las directrices de un futuro gobierno, etc.) sin asumir los costes, incertidumbres y riesgos a todos los niveles que ello implica repasando los procesos de independencia anteriores (más allá de países profundamente democráticos como Reino Unido o Canadá).

Con todo ello en mente, más allá de la geometría variable post- 21-D y por mucha vuelta al dret a decidir, ampliación de la base soberanista, gobierno de izquierdas o lo que sea que venga, mucho me temo que a la larga volveremos a dónde estamos. De momento parece que algunos quieren que salgamos de ésta de forma civilizada obligando a parte de los catalanes a ceder en sus pretensiones democráticas. Como analogía respecto al trilema de Rodrik, preservar la convivencia, la democracia en su plenitud (es decir, asegurando que todas las opciones democráticas tengan su opción) y proteger a la ciudadanía (las tres cosas a la vez) como máximas de lo que debería buscar todo gobernante responsable, será casi imposible a partir de ahora.

No se trata de ser independentista o no, si no de admitir que todo apunta desde hace años a que solo conseguiremos una salida verdaderamente democrática, que incluya quizás algún día todas las opciones posibles, si los independentistas ganan en votos las elecciones.

*Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente personales.

Esta semana ha tenido lugar en Quito la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible-Hábitat III (conocida como la Nueva Agenda Urbana o Hábitat III) que reúne cada 20 años a Naciones Unidas para discutir sobre los grandes retos que suponen la urbanización y los asentamientos humanos para el planeta, así como para diseñar una nueva hoja de ruta. A pesar de que el mundo de las relaciones internacionales y de la política en general está aún muy monopolizado por los estados-nación, actores principales en las negociaciones de la declaración de Quito, las ciudades y autoridades sub-nacionales juegan cada vez más un papel determinante en la diplomacia internacional. Lo que se conoce como paradiplomacia.

¿Pero qué nos jugamos exactamente después de la aprobación de la declaración de Quito? ¿Cuáles son las demandas principales de las ciudades de cara al futuro y por qué podemos considerar la Nueva Agenda Urbana como un avance positivo para la paradiplomacia?

El documento sobre la Nueva Agenda Urbana menciona alrededor de 40 veces a los gobiernos locales y regionales, mientras que, en general, contiene varias de las demandas abanderadas por la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales (surgida para influir el proceso de Hábitat II) y pilotada por la Global Taskforce, que reúne a las distintas redes de gobiernos locales y regionales en una misma plataforma para darles voz en las discusiones globales en el marco de Naciones Unidas (COP21, Agenda Urbana, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc).

Además, también reconoce el papel de la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales en el diseño de la Nueva Agenda Urbana, así como en el proceso de monitorización y revisión de ésta. Por otra parte, se menciona la necesidad de destinar más recursos a las áreas metropolitanas y al desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales para los próximos 20 años mientras que el texto reconoce la necesidad de integrar las iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad y desarrollo en una única agenda. Es por ello que el documento incluye la voluntad de construir sinergias para la implementación y revisión de la Nueva Agenda Urbana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (conocida como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; anteriormente llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio) y, especialmente respecto al punto No.11, que hace referencia al diseño de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.

Otro de los grandes éxitos de la Nueva Agenda Urbana para las ciudades y estructuras urbanas es la inclusión en el texto del concepto de “derecho a la ciudad”, una de las propuestas estrella de la Global Taskforce de cara a la cumbre de Quito.

El derecho a la ciudad persigue una especie de “municipalización” de los derechos humanos, siendo la ciudad su máximo exponente. Más concretamente, la idea de dicho concepto es intentar asegurar el derecho de todos los habitantes de una ciudad, tanto del presente como del futuro, a usar, ocupar y producir temporal o permanentemente, ciudades justas, inclusivas y sostenibles, entendiéndolas como un bien común esencial para una vida plena y decente. Por desgracia sin embargo, las urbes actuales están aún muy lejos de tal concepto, por el uso excesivo del coche privado, la especulación, la falta de participación ciudadana y el dogma de que la tecnología, los grandes acontecimientos y las smart cities solucionarán todos nuestros males y democratizarán las ciudades.

Sin embargo, la realidad es que en un mundo cada vez más global, en el que las áreas urbanas juegan cada vez más un papel central, la gentrificación, los cambios físico-espaciales y económicos, así como la creciente densidad o la falta de planificación y un diseño espacial poco propicio a contribuir a la creación de ciudades más inclusivas, pueden tener un efecto en la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios.

El objetivo de la introducción de dicho concepto es justamente trabajar para que ningún habitante se vea obligado a abandonar la ciudad o a vivir en condiciones inaceptables por una mala concepción de la planificación y el desarrollo urbano. Garantizar el respeto a la igualdad de género, la función social del suelo o el control de la gentrificación son objetivos subyacentes de dicho concepto. Objetivos que están por primera vez presentes en un acuerdo global en el marco de Naciones Unidas.

Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tiene la introducción de dicho concepto en la estrategia de desarrollo urbano para los próximos 20 años desde la perspectiva de la “municipalización” de los derechos humanos, el reto a partir de la firma de la declaración sobre la Nueva Agenda Urbana será implementar dicho concepto de forma efectiva. Especialmente, teniendo en cuenta que existen aún muchas voces críticas con el proceso (Hábitat III Alternativo, Resistencia Hábitat III) por la distancia entre las palabras y los hechos, así como por la concepción de desarrollo urbano actual, las dudas sobre su concreción en lo que se refiere a los instrumentos para implementarla, la falta de recursos a nivel local y regional y una percepción jerárquica de gobernanza multinivel en la que las autoridades sub-nacionales son percibidas aún como súbditas del estado-nación.

El éxito de la Nueva Agenda Urbana dependerá de si conseguimos una gobernanza global multinivel reforzada y descentralizada que fortalezca las capacidades a nivel local, a través de la profesionalización de la paradiplomacia, destinando más recursos a las ciudades y sin olvidar la relación con el mundo rural, así como las áreas urbanas de tamaño intermedio. Diseñar instrumentos y mecanismos de implementación específicos que vayan más allá de las palabras para que todo lo acordado se convierta poco a poco en una realidad es el siguiente paso.

En general, las ciudades han conseguido empezar a avanzar en esta dirección a través de la inclusión en el texto de demandas tales como: mejorar la financiación de las infraestructuras urbanas a través de la creación de nuevos instrumentos públicos y privados, un fondo global para el desarrollo de infraestructuras, servicios básicos y vivienda, así como el fortalecimiento de bancos de desarrollo a nivel urbano, un mejor acceso a financiación para luchar contra el cambio climático a nivel local y un mayor control de las finanzas desde las ciudades.

Pero para ello, necesitamos un partenariado renovado entre niveles de gobierno a nivel global respecto al diseño y planificación de las políticas públicas a nivel urbano, así como un Partenariado Global para la Localización de las Finanzas que actúe como una coalición multi-actor y multinivel que tenga por objetivo fortalecer programas y líneas de financiación para gobiernos locales y regionales (descentralización, profesionalización, etc).

Finalmente, también piden a la comunidad internacional y a los estados que reconozcan a la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales como el legítimo interlocutor para el seguimiento y asesoramiento político respecto a la evolución futura de la Nueva Agenda Urbana y las distintas agendas globales de desarrollo, así como sobre su implementación. En otras palabras, el reconocimiento de los gobiernos locales como un actor central e indispensable y no sólo como una simple fuente de consulta para el futuro de la Nueva Agenda Urbana.

Un reconocimiento indispensable de la paradiplomacia si queremos garantizar que el acuerdo firmado en Quito no quede en papel mojado y las autoridades locales monitoricen la voluntad política de los estados, teniendo en cuenta que la hoja de ruta no es un documento legal vinculante.

Los estados y las ciudades no deberían competir entre sí, sino más bien, trabajar juntos por un futuro mejor. Voluntad política, recursos, descentralización, empoderamiento urbano, paradiplomacia profesionalizada, gobernanza multinivel reforzada e instrumentos de implementación más concretos son las claves para el futuro de la Nueva Agenda Urbana.

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Carlos Mascarell Vilar es asesor en Gobernanza y Ciudadanía del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CMRE), sección Europea de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).