Cosco compró en 2017 el 51 % de Noatum Port Holdings incluyendo las terminales de Valencia y Bilbao y las plataformas ferroviarias de Madrid y Zaragoza, como parte de una estrategia para desarrollar una cartera global de terminales y reforzar el control sobre el negocio portuario. Nueve años después, Cosco solicita extender hasta 2070 su concesión en la Terminal del Puerto de Valencia en una operación estratégica de primer orden que pretende asegurarse durante más de cuatro décadas, el control operativo de un activo portuario estratégico: el Puerto de Valencia.

Cosco necesita ampliar el plazo de su concesión en el puerto de Valencia porque le proporciona seguridad estratégica a muy largo plazo y para amortizar y rentabilizar las inversiones que pretende acometer para mantener y mejorar su posición competitiva teniendo en cuenta que la nueva terminal norte será operada por MSC, su principal competidor mundial. Cosco no quiere encontrarse dentro de 10-15 años con una terminal de MSC mucho más moderna y de gran capacidad mientras su actual concesión se aproxima a su vencimiento.

Por ello, son necesarias las inversiones previstas:

Desde el punto de vista económico-financiero, la ampliación de la concesión es conveniente para Cosco, pero ¿es igualmente relevante para el Puerto de Valencia?

Tánger Med es el principal competidor estructural del Puerto de Valencia. El crecimiento de Tánger Med es enorme. En 2025 superó los 11 millones de TEU, frente a 5,66 millones de Valencia y 4,74 millones de Algeciras.

Marruecos ofrece a los operadores internacionales importantes atractivos:

El puerto de Valencia, por su parte, es un puerto import-export conectado con el hinterland español, que movió 5,66 millones de TEU en 2025, un 3,4 % más que en 2024, siendo China su principal socio comercial. Reúne, además, una serie de condiciones que no tienen simultáneamente muchos otros puertos mediterráneos:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la cuestión clave, ahora, es valorar la conveniencia de esta operación para Valencia.

Sin duda alguna, hay aspectos muy positivos:

Todo ello permite al puerto de Valencia mejorar su competitividad.

Pero también existen riesgos derivados de la extensísima duración de la concesión hasta 2070, lo que significa comprometer durante décadas una parte muy relevante del dominio portuario a un operador extranjero, lo que exige cautelas desde el punto de vista estratégico.

¿Cuánto tiempo adicional necesita realmente Cosco para amortizar esas inversiones? Si el máximo legal es 75 años, el que la ampliación sea jurídicamente posible no significa que sea económica o estratégicamente conveniente. Y esa es la clave a dilucidar, lo que requiere que Cosco proporcione toda la información necesaria.

La APV y el Ministerio de Transportes deberían asegurarse de que la prórroga incorpora obligaciones de inversión, productividad, sostenibilidad y servicio, realmente exigentes y verificables y que el plazo de ampliación sea el estrictamente necesario y conveniente.

Cosco está intentando asegurarse una posición estructural en el Mediterráneo occidental durante las próximas décadas en un momento complejo lleno de incertidumbres, en el que confluyen simultáneamente diversos factores:

El gobierno de España deberá estudiar detenidamente la operación y establecer las condiciones que considere más adecuadas para garantizar, en una infraestructura crítica como es el Puerto de Valencia, la necesaria seguridad económica, la autonomía estratégica y un plazo de ampliación razonable y justificado.

Creo sinceramente que deben defenderse las inversiones estratégicas que beneficien al Puerto de Valencia, pero con condiciones.

Hay que exigir a Cosco compromisos verificables en cuanto a la inversión, calendario de ejecución, mejoras de productividad, sostenibilidad, empleo y formación, conectividad ferroviaria, transparencia, cláusulas de revisión, mecanismos de reversión o penalización si no se cumplen los compromisos, y revisión periódica de las condiciones de la concesión.

En definitiva, se trata de determinar qué condiciones se deben exigir a COSCO para que la ampliación de su permanencia responda al interés general de España y la Comunitat Valenciana, cuya defensa es, sin duda, la principal obligación de todo gobierno.

No cabe otra opción: sólo una estrategia coordinada a todos los niveles de la administración hará posible acabar con esta pandemia y lograr una recuperación sanitaria, social, económica y empresarial en el seno de la Unión Europea.

Sí, soy partidaria de un nuevo Plan Marshall que incluya un potente y eficaz paquete de medidas de estímulo económico para dotar de más recursos a nuestros sistemas sanitarios y de mayor liquidez a nuestras empresas.

La propuesta surgió entre las paredes del Palau de la Generalitat y la idea se ha expandido tan rápidamente como el propio virus. Pedro Sánchez y el presidente del Parlamento Europeo fueron los primeros en hacerla suya, pero también se ha sumado ya la presidenta de la Comisión.

Porque no es momento de avanzar a paso lento, sino con zancadas de gigante. Porque no es momento de priorizar el déficit público ni de quedarnos cortos en los programas de estímulo. Es momento de priorizar a las personas y de aportar todos los recursos y medidas necesarias para proporcionarles la seguridad y la confianza en unas Instituciones que funcionan y que les protegen cuando más las necesitan.

Nadie puede creer, sinceramente, que de una pandemia mundial podremos salir de forma individual. Ni siquiera la UE puede.  Los gobiernos de Alemania y Holanda, entre otros, se equivocan profundamente con su actitud y lo único que van a lograr es alimentar todavía más el populismo euroescéptico. Europa se juega más que nunca su futuro si no es capaz de estar ahora a la altura de lo que la ciudadanía reclama.

Necesitamos una acción coordinada para que la suma de todos los recursos multiplique la efectividad y la rapidez de las respuestas. El ejemplo es la Generalitat Valenciana, que en vez de centrarse en la crítica destructiva y partidista para desgastar al Gobierno ha optado por la cooperación y la colaboración conjunta para agilizar la llegada de equipos de protección a nuestros hospitales y para aumentar la eficacia de las medidas en beneficio de nuestros autónomos y de nuestras PYMES.

Creo que la Comunitat Valenciana está dando un claro ejemplo de cómo a través del diálogo y la colaboración entre instituciones, partidos políticos, agentes económicos y sociales, universidades y centros de investigación, es posible trabajar unidos en beneficio de los cinco millones de valencianos y valencianas que esperan una respuesta por parte de sus representantes públicos. Ximo Puig se ha empleado a fondo en ello y lo ha conseguido gracias a la respuesta solidaria de todos. Por ello soy optimista en que podremos salir reforzados de esta crisis.

Y también la Unión Europea. Tiene delante la oportunidad para salir reforzada si demuestra que ha aprendido la lección y ha tomado buena nota de que los ciudadanos no vamos a aceptar una Europa que no esté al servicio de nuestras necesidades. Es el momento de la solidaridad y de trabajar juntos para superar esta crisis. La mayoría de los Grupos Políticos del Parlamento, junto a la Comisión Europea, así lo venimos exigiendo.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a los Primeros Ministros de otros 9 países, entre ellos Francia, Italia o Portugal, se ha rebelado contra la insolidaridad e irracionalidad de quienes creen que las soluciones del pasado valen para los retos del presente.  Europa tiene 15 días de plazo para acordar un paquete de medidas de estímulo económico que sea aceptable para todos y financiable mediante un fondo europeo solidario sin condicionalidad macroeconómica y que actúe como “red de seguridad” frente a la crisis del coronavirus.

Estamos a tiempo de reforzar el proyecto europeo y el papel de España es determinante. Trabajemos por ello y estemos a la altura de lo que las circunstancias exigen y los ciudadanos requieren.

Inmaculada Rodríguez-Piñero es eurodiputada del PSPV-PSOE

Ha sido un orgullo ver a más de 5 millones y medio de personas manifestarse en todos los puntos de España el pasado 8 de marzo y llenar las portadas de la prensa internacional, por la gran movilización y el seguimiento conseguido en una huelga más que justificada. España ha sido referente, una vez más, por su profundo sentido de la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Mujeres y hombres que reclaman políticas y voluntad para alcanzar la igualdad real. Pero ninguna política aislada puede cambiar que la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de mujer y, mientras tanto, los datos confirman la tendencia creciente a la “feminización de la pobreza”. De hecho, se calcula que a día de hoy serían necesarios 52 años para alcanzar la paridad.

Las mujeres somos la mitad de la población pero representamos más del 70% de los mil millones de personas más pobres del mundo. Si nos fijamos en el sector agrícola, las mujeres representan el 43% de la fuerza de trabajo, pero sólo poseen el 1% de la propiedad de la tierra.

En términos generales, la tasa de ocupación de la población mundial asciende a un 72% para los hombres, mientras que para las mujeres se reduce a un 47%, que sólo ganan entre el 60 y el 75% del salario masculino.

Cuando ponemos el foco sobre los trabajos no remunerados y la economía informal, son ellas las que se ocupan mayoritariamente de ellos: más del 80% en Asia Meridional, del 74% en África subsahariana y del 54% en América Latina y Caribe.

Se necesitan leyes, medidas, acciones... que reviertan esta situación, porque ninguna política es neutral respecto al género y, desde luego, la comercial tampoco. El reto es mayúsculo, porque los desiguales roles económicos y sociales, el diferente acceso y control sobre los recursos, el crédito, la tierra y la tecnología, así como las desigualdades en la distribución del ingreso, hacen que las mujeres se enfrenten a mayores desafíos que los hombres, también cuando se trata de aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio.

La UE debe liderar una nueva política comercial más inclusiva que incorpore la perspectiva de género en todos los acuerdos comerciales. Una política comercial con cara de mujer, porque acabar con la brecha de género no es sólo una cuestión de justicia y derechos, es también una cuestión de eficiencia económica, porque permitiría aumentar el PIB mundial hasta en 10 billones de euros al año.

Un paso en esta dirección, pero aún insuficiente, ha sido la inclusión, por primera vez, de un capítulo de género en la modernización del Acuerdo UE-Chile, ampliamente demandado por los socialdemócratas. 

En este sentido, tiene gran importancia el informe “La Igualdad de Género en los Acuerdos Comerciales de la UE”, que hemos aprobado por una amplísima mayoría esta semana en el Pleno de Estrasburgo, y en el que los socialistas proponemos medidas como la inclusión de un capítulo de género en todos los acuerdos comerciales con medidas específicas en función de la situación de cada país, así como la realización de análisis de impacto.

Del mismo modo, se incluyen capítulos de desarrollo sostenible ambiciosos, con medidas obligatorias, efectivas y ejecutables en materia de derechos humanos y estándares laborales y medioambientales, con especial atención a los derechos y libertades de las mujeres.

Un aspecto en el que también hemos incidido es en la participación de personas expertas en igualdad de género en todas las fases de las negociaciones de los acuerdos comerciales.

Tenemos que garantizar que las mujeres aprovechen los beneficios que aportan los acuerdos comerciales, para lo cual exigimos compromisos firmes para que los gobiernos regulen y apliquen políticas activas que mejoren su acceso a la propiedad de los recursos, a los créditos, a la información, a la capacitación y formación y a favorecer la internacionalización de las PYMES.

El informe aprobado recoge también la necesidad de impulsar la ratificación por parte de los Estados miembros de los Convenios de la OIT referentes a la Conciliación de la Vida Laboral y las Responsabilidades Familiares (ratificada por España) y del Trabajo Doméstico (no ratificada).

Asimismo, hemos solicitado al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que vele para que las empresas que participen en proyectos cofinanciados por él respeten los principios de igualdad de remuneración, transparencia salarial e igualdad de género.

Las y los dirigentes políticos tenemos la obligación de velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y por la igualdad de oportunidades a todos los niveles de decisión. Hombres y mujeres, el sector público y el privado, todas y todos los actores implicados en el comercio internacional tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad e implicarnos en acabar con la desigualdad de género y con las restricciones existentes para conseguir el empoderamiento de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres.

Hace dos semanas se alcanzó un acuerdo para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales a practicar un comercio más responsable, el Reglamento de los "minerales de conflicto"

De prosperar, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por conflictos o violaciones de derechos humanos

Esta semana conmemoramos la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un enorme hito con el que representantes de los 5 continentes establecieron, por primera vez en la historia, los derechos fundamentales que deben respetarse en el mundo entero.

68 años después, podemos aclamar que la Unión Europea (UE) es líder mundial en su defensa. Los europeos, con una larga tradición democrática, somos muy críticos, porque queda mucho por hacer y errores que corregir, pero no podemos poner en peligro lo que tanto nos ha costado construir. En el año 2012, la UE fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a los más de 50 años de paz y estabilidad que han sido posibles gracias a un complejo modelo de integración que, aunque con una gobernanza todavía ineficiente, es visto desde fuera como modelo de referencia.

Movidos por nuestros valores en defensa de los derechos humanos, hemos aprobado una nueva legislación europea para prohibir el comercio de productos que puedan emplearse para infligir torturas o la pena de muerte. Y hace tan solo dos semanas se alcanzó otro acuerdo histórico entre las Instituciones Europeas para obligar a nuestras empresas importadoras de minerales, a practicar un comercio más responsable. Me refiero al llamado Reglamento de los “minerales de conflicto”. De prosperar esta propuesta, que aún deberá someterse a aprobación de los miembros del Consejo y del Parlamento Europeo, los importadores europeos de oro, wolframio, estaño o tantalio, deberán garantizar que no provienen de minas controladas por grupos armados o de áreas afectadas por graves conflictos o violaciones de derechos humanos.

Con el comercio ilegal de estos minerales -que están presentes en productos de uso tan cotidiano como nuestros móviles, coches o lavadoras, por ejemplo-, se financian algunos de los peores conflictos armados, como es la guerra civil de la R.D. del Congo, donde más de cinco millones de personas han sido asesinadas desde 1998, más que las vidas perdidas en la II Guerra Mundial.

Los grupos armados que controlan estas minas atemorizan y controlan poblaciones enteras, empleando la violencia sexual como su más terrible arma de guerra.

Al Parlamento Europeo han llegado testimonios terriblemente trágicos, entre ellos fue conmovedor el del Dr. Denis Mukwege, a quien concedimos el Premio Sajarov en 2014. Este ginecólogo congoleño ha fundado un hospital donde atienden, reconstruyen genitalmente y asisten psicológicamente a miles de niños y mujeres víctimas de violación. Se estima que, cada hora, 48 mujeres son violadas en el Congo.

No podemos cerrar los ojos.

La UE es uno de los mayores importadores de estos 4 metales, con el 35% del comercio mundial. Y no basta con exigir el cese de la violencia y el respeto al Derecho Internacional. Debemos emplear todas las herramientas a nuestro alcance, para hacer de nuestros principios una realidad. De ahí la importancia de legislaciones comerciales como esta.

El Reglamento de los Minerales de Conflicto hará una distinción entre las empresas más directamente vinculadas a las minas, como las fundiciones o refinerías, del resto de empresas que comercian con minerales ya transformados, componentes o productos ya acabados. Los primeros, estarán plenamente obligados a cumplir con el nuevo procedimiento de trazabilidad e información a partir del año 2021. Los segundos, tendrán la opción de acogerse voluntariamente al sistema.

Se ha pensado también en las PYMES y en aquellos que importan materiales reciclados. Ninguno de ellos estará obligado, pero sí podrán aplicarlo voluntariamente. No hay que obviar que, según estimaciones de la Comisión, el coste de aplicar el nuevo marco de diligencia, podría llegar hasta los 15.000 euros de partida y a unos 2.500 euros de mantenimiento al año, dependiendo del tamaño de la empresa.

También se han marcado unos volúmenes de importación mínimos a partir de los cuales las empresas estarán sujetas al deber de diligencia. Los socialistas hemos exigido que se garanticen los necesarios controles y que, en caso de constatarse elusiones, se revisen los límites. Una vez aprobada la nueva regulación, lo más importante será recabar de la Comisión unas buenas medidas de acompañamiento y una estricta evaluación de su efectividad, que tendrá lugar cada tres años.

Creo que este nuevo reglamento de los minerales en conflicto es una buena prueba de cómo, a través del comercio bien regulado, se pueden defender los derechos humanos. Partíamos de una posición muy difícil, en la que conservadores, populares y liberales, con mayoría en el Parlamento Europeo, se oponían frontalmente a la obligatoriedad del sistema. De hecho, el Gobierno de Rajoy ha sido uno de los más activos miembros del Consejo contra ella. Pero el sistema totalmente voluntario que los conservadores defendían no funciona: existe ya en el marco de la OCDE y a él se han acogido únicamente un 4% de las alrededor de 420 empresas europeas. Nos hubiera gustado llegar más lejos, pero es un buen paso adelante y las atrocidades que están ocurriendo tiene que parar.

Si las fuerzas progresistas hemos logrado este paso, ha sido también gracias a la labor de muchas organizaciones que, como Amnistía Internacional o Alboan, han realizado un valioso trabajo de sensibilización y denuncia.

Como decía Ban Ki Moon, ex secretario general de la ONU: “El ejercicio de los derechos humanos no es un sueño, es un deber por el que todas y todos debemos trabajar hasta lograr su aplicación universal”.

Algo que tener muy presente esta semana en que celebramos la conquista de los Derechos Humanos y en la que también, el Reglamento Europeo de los Minerales de Conflicto deberá someterse a aprobación por los representantes de los Estados miembros.

Espero y deseo que, esta vez, el Gobierno de Rajoy, esté a la altura.

Inmaculada Rodríguez-Piñero

Eurodiputada de S&D, miembro de la Comisión de Comercio Internacional

El debate sobre la protección de las Indicaciones Geográficas (IGs) en los acuerdos comerciales de la Unión Europea está cobrando interés mediático a propósito de la negociación del Acuerdo Comercial con Canadá, conocido como CETA por sus siglas en inglés.

Los socialistas siempre hemos defendido la protección de las Indicaciones Geográficas en los acuerdos comerciales, que son aquellas que distinguen los productos agroalimentarios europeos, por su lugar de origen y calidad. Y hemos conseguido que la UE lo considere uno de los objetivos prioritarios en la negociación de la nueva generación de Acuerdos Comerciales, como es el caso de CETA.

Las preguntas clave que hay que hacerse para llegar al fondo de este debate son dos: ¿Quién es competente para elaborar la lista de productos protegidos por las IG? y ¿Cómo se determinan en un Acuerdo Comercial y quedarán recogidas en CETA?

La competencia para definir un producto con denominación de origen es de los Estados miembros y quien determina la lista de productos protegidos por las IGs en cada acuerdo comercial es la Comisión Europea, en estrecha coordinación con los Estados. En la elaboración de dicha lista se vela porque la selección de productos sea equilibrada en cuanto a sectores y cobertura geográfica, y porque haya coherencia con las listas establecidas en otros países situados en la misma zona geográfica.

De toda la amplia gama de IGs existentes en la UE, la Comisión selecciona un listado con aquellas más importantes que se han de defender en cada negociación comercial. La selección se realiza en consulta con los países, partiendo del nivel de protección ya existente y de la importancia económica de cada una de las IG protegidas en la Unión. Por tanto, para proteger un producto tiene que estar introducido en el mercado del tercer país y existir posibilidades reales de copiarlo. Si no se comercializa un producto en un mercado, es obvio que no hay ningún incentivo para que otros productores deseen copiarlo.

Sobre la protección de las IGs en CETA, conviene señalar que Canadá, como otros países, entre otros Australia, China o los Estados Unidos, no tiene un sistema de protección de IGs, sino de derecho de marcas, a través de marcas colectivas o marcas de certificación, siguiendo un modelo completamente distinto al de la UE. Sin embargo, fruto de la negociación, la Comisión Europea ha conseguido que Canadá haya aceptado 145 indicaciones prioritarias de la UE, 27 españolas, con un nivel de protección comparable al de la legislación de la UE.

Todos y cada uno de los productos españoles presentes en el mercado canadiense contará con la protección necesaria para evitar su plagio. La lista incluye los productos españoles de mayor implantación en el mercado canadiense como el jamón de Huelva, el de Teruel, el Guijuelo, los cítricos valencianos, el queso manchego, el turrón de Alicante y el de Jijona y 13 aceites de oliva, entre otros. Además, si en el futuro hubiera productos europeos que entraran en el mercado canadiense y fueran susceptible de copiarse, la lista se ampliaría para poder protegerlos.

En definitiva, si finalmente se llega a un acuerdo con Canadá, la UE tendrá, por primera vez, 145 IGs protegidas en el mercado canadiense. De no aprobarse CETA, las IGs protegidas serán 0, como hasta ahora.

CETA, lejos de ser una amenaza para las IGS europeas, como algunos quieren hacernos creer, es una oportunidad.