Si el estado y el mercado promueven la vivienda como un activo cuyo compra-venta genera ganancias, los ciudadanos nunca tendremos un acceso universal a la vivienda digna

El tópico dice que con la crisis viene la oportunidad. Si lo pensamos a nivel del derecho a la vivienda, ha habido amplia oportunidad en los últimos nueve años de crisis en el Estado español para asegurar el derecho a la vivienda digna para todos a través de la prohibición de desahucios, del cambio de leyes relevantes como la ley hipotecaria o a través de mecanismos redistributivos – es decir, de «rescatar a las personas y no a la banca». Es que, como dice la PAH, sí se puede, pero no quieren.

En vez de tomar la oportunidad para asegurar el acceso seguro y estable a la vivienda para todo el mundo, la oportunidad ha sido aprovechada por el capital con, como suele pasar, la ayuda del Estado.

Como parte del proceso del rescate y reestructuración del sistema bancario, el Estado español, con la ayuda y apoyo de la Comisión Europea, generó unos instrumentos y estructuras que tienen un largo recorrido en varios países en crisis para reanimar el sector inmobiliario. Específicamente, el banco malo, que aquí conocemos como la Sareb, que no es nada más que una empresa de gestión de activos “tóxicos”, los activos no deseados por el sistema financiero después de ser rescatados con dinero de nuestros bolsillos. Y también los Real Estate Investment Trusts (REITs), que son compañías inmobiliarias con un régimen de impuestos especial y cotizados en el mercado bursátil que invierten en activos urbanos de alquiler -oficinas, vivienda, centros comerciales. En España estos REITs los llamamos SOCIMIs: las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario.

La Sareb y los SOCIMIs eran unos de los muchos actores presentes en un foro de inversión inmobiliaria española en mayo de este año, donde unas 300 personas del sector expusieron las tendencias y estrategias para hacer fluir y amasar el capital. Además de hablar de la estrategia de siempre, de la vivienda en propiedad a través del endeudamiento, una vía nueva muy celebrada es el afloramiento del alquiler como un clase de activos emergente.

En el foro fueron identificadas las tres principales fuerzas que están formando el sector inmobiliario ahora en el estado español: las SOCIMIs, la Sareb y las empresas que gestionan las carteras de activos inmobiliarios, las que se denominan servicers. Estos últimos son nombres de inmobiliarias conocidos, como Servihabitat, Altamira, Solvia, Haya Real Estate y Anticipa Real Estate. Menos conocido es que la mayoría de estos servicers están controlados por accionistas de fondo buitres norteamericanos, como por ejemplo TPG Capital (Servihabitat), Apollo Global Management (Altamira), Cerberus (Haya Real Estate) y Blackstone (Anticipa). Esta realidad está vista de forma positiva desde los voceros pro-mercado, por la experiencia de gestión de estos fondos buitres y sobre todo su gran conocimiento internacional de cómo exprimir los activos para sacarles hasta la última gota.

En definitiva, los debates de este foro se centraban en el derecho a las ganancias de unos pocos privilegiados con la especulación inmobiliaria en vez del derecho a la vivienda como derecho universal. De dejar estas fuerzas trabajar a su manera se generarían dos únicas alternativas del acceso a la vivienda: a través de la creación de propietarios a base del endeudamiento, endeudados por décadas para pagar un derecho de primera necesidad, o como inquilino en un piso de capital de inversión (nacional o extranjero) gestionado por un servicer que desahucia al mes que no se puede pagar, como estipula la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente.

Las “muchas oportunidades” que se ven ahora en el estado español para la inversión en el mercado inmobiliario se concentran en pocas manos. No nos debería sorprender que la prioridad desde el estado sea reactivar el sector inmobiliario, un sector que junto con el turismo sigue siendo, desde tiempos franquistas, la base del crecimiento del país. Hasta que no cambiemos esto, y empecemos a garantizar la estabilidad para los inquilinos y crear otros modelos de vivienda como el de cesión de uso o la vivienda cooperativa, el derecho a la vivienda será el derecho a vivir como un propietario endeudado o el derecho a vivir como un inquilino precario.

Ver el informe sobre la inversión en el mercado inmobiliario español para más detalles.el informe