Con motivo de la situación de excepcionalidad jurídica que se vive en Cataluña, se ha celebrado este fin de semana en Barcelona el Primer Congreso en defensa del Estado de derecho. El evento reunió a magistrados, profesores de derecho penal o internacional, periodistas, miembros de entidades de derechos humanos y abogados. Uno de los objetivos del encuentro fue reivindicar el Estado de derecho como artefacto de denuncia y resistencia frente a la vulneración sistemática de las reglas democráticas que se ha producido en los últimos años en España. Es tanta la excepcionalidad jurídica que vivimos que, más que exigir una comprensión “alternativa” o “contrahegemónica” del derecho, la profundización democrática o los derechos sociales, lo que se reclamaba es simplemente que los poderes públicos sean coherentes con ellos mismos. Que no vulneren las reglas mínimas de las que se han dotado al aprobar constituciones y ratificar tratados internacionales.

En efecto, las actuaciones emprendidas contra el soberanismo catalán u otras formas de disidencia por parte del Gobierno del PP, con el apoyo de Cs y PSOE, y de las altas instancias judiciales ha planteado una crisis institucional que ha hecho tambalear los fundamentos del Estado de derecho. En ese contexto, el derecho y su interpretación se ha convertido en un campo de batalla crucial a la hora de establecer el margen de actuación de unos y otros. El mayor o menor grado de legitimidad de sus actos depende en buena medida de la aceptación y reconocimiento de sus razones jurídicas. Al mismo tiempo, la dimisión del debate político por parte del PP, PSOE y Ciudadanos y el refugio constante en un poder judicial controlado “desde arriba” respaldan la centralidad del derecho en el debate social.

En esa disputa, la ventaja de partida de quien ejerce el poder no es tan abrumadora como en tiempos pasados. La legalidad de nuestra época no es como la franquista. Es exigente y conlleva límites y controles de todo tipo. Buena parte de ella consiste en tratados, constituciones y declaraciones de derechos impensables sin la derrota de los fascismos y otras dictaduras que asolaron el siglo pasado. Un legado civilizatorio que puede convertirse en papel mojado si la ciudadanía no se lo reapropia para denunciar sus incumplimientos sistemáticos por parte del poder. A pesar de su aparente ineficacia, estos textos permiten considerar las situaciones de injusticia no como algo natural, sino como auténticas violaciones jurídicas.

En tiempo de involución democrática como la actual, por ello, esta legalidad se convierte en un espejo más incómodo de lo habitual para el poder. De hecho, sirve para mostrar su tendencia creciente a desligarse de ataduras garantistas y situarse en la ilegalidad. En realidad, invocar el estado constitucional en la actualidad implica defender la supremacía de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía, la separación de los tres poderes - cada uno con sus contrapesos -, el papel central de la sociedad civil, la proporcionalidad y el constante control o supervisión de las acciones del Estado. Esta visión de las cosas corresponde con una tradición jurídica alemana del estado de derecho (rechtsstaat), posterior a la Segunda Guerra Mundial, totalmente antitética a la noción de dictadura de la ley en que hoy la derecha jurídica española quiere caricaturizarlo. En el fondo la idea es muy sencilla: un Estado de derecho significa imponer límites “desde abajo” y desde fuera al poder del Estado. La ley no puede ser, en una concepción exigente del principio democrático, un mecanismo de cobertura de los abusos del poder, sino su freno o antídoto primordial.

Visto desde esta perspectiva, resulta más capital que nunca el papel de los juristas garantistas para mostrar el derecho no sólo como la expresión del poder sino también y, sobre todo, como herramienta para deslegitimar sus actuaciones más arbitrarias. Esta tarea tiene al menos dos funciones específicas. Por un lado, dar respuesta al inaceptable recorte de derechos políticos y la criminalización de toda disidencia al poder constituido. Por otro, mostrar que la protesta y la desobediencia, lejos de ser actos censurables, son instrumentos legítimos e incluso necesarias para forzar al poder para que cumpla su propia legalidad. Buen ejemplo de la resistencia jurídica ante la ofensiva contra el independentismo son las querellas interpuestas contra la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1 de octubre por parte de entidades de derechos humanos y varios ayuntamientos, como el de Barcelona o Girona.

En verdad, ese tipo de disputas por el sentido del derecho se libran principalmente en el Estado español. Y aquí el papel de las entidades de derechos humanos y de los juristas será relevante. Una iniciativa incesante fue la creación de la plataforma “No Callarem” (No Callaremos) que ha organizado recientemente, junto al consistorio barcelonés, la reciente “Semana de la Libertad de Expresión” en la antigua cárcel Modelo. Lo que durante casi un siglo fue un centro de privación de libertad, se convirtió en el epicentro de todo tipo de actividades políticas y culturales de denuncia de la deriva represiva. La plataforma denunciaba desde la censura en exposiciones, pasando por el secuestro del libro Fariña, la reciente condena a la revista Mongolia a pagar 40.000 euros por un chiste hasta las recientes condenas a raperos como Valtònyc o la de Pablo Hasél.

El desenlace de muchas de estas disputas, en realidad, se van a decidir en Europa. Como explicó en el encuentro el abogado Gonzalo Boyé, el mayor descrédito jurídico a la ofensiva judicial contra el independentismo proviene precisamente de los “litigios estratégicos” en los tribunales europeos. La primera señal de alarma vino con la retirada de la orden de extradición del Supremo contra los miembros del gobierno de la Generalitat exiliados en Bélgica ante su segura desestimación. A continuación, el segundo envite se produjo con las medidas de libertad acordadas por la justicia europea. Un contraste clamoroso con la dureza de las prisiones provisionales acordadas en España. Luego, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó, a petición de Jordi Sánchez, al Estado español a “tomar todas las medidas necesarias para garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos”. Un mensaje que incluía medidas cautelares, un mecanismo previsto por la ONU para evitar “daños irreparables” a las personas que denuncian abusos de sus derechos ante la institución. Y, por último, el varapalo final llegó de la justicia alemana. El tribunal de Schlewsig-Holstein descartaba la existencia de la violencia y el delito de rebelión en los hechos investigados, en contra del criterio del Gobierno y del juez Llarena.

El frente internacional, en efecto, ha provocado un boquete gigante a la línea de flotación de la causa penal seguida en el Supremo. Lo que en un lugar se percibe como hechos delictivos gravísimos contra el orden constitucional, con penas de hasta cuarenta años de cárcel, en el otro no pasan de ser simples hechos políticos sin relevancia penal. Otra actuación judicial que sacó lo colores al Estado español fue el reciente tirón de orejas del Tribunal de Estrasburgo a raíz de las condenas a unos jóvenes por la quema de fotos del Rey. Otra vez sucedía que lo que para unos era un delito de odio para los otros era un simple acto político amparado por la libertad de expresión.

En el fondo, el riesgo de corrosión del estado de derecho que todas estas actuaciones muestran no es del todo nuevo en España. Forma parte de un populismo punitivo que se ha incrustado en todo el entramado estatal como una bomba de relojería. No obstante, lo cierto es que lo sucedido en los últimos dos años con la cruenta persecución al independentismo catalán ha agudizado hasta extremos inauditos una involución democrática que ahora afecta a otros ámbitos y colectivos. El desafío, por eso, exige más que nunca construir frentes anti-represivos amplios, transversales y plurales que le disputen al poder la legitimidad del discurso del derecho. Y que pongan en el centro de la política el papel de los derechos como límites a sus abusos. Hacerlo es una cuestión de simple supervivencia para frenar su deriva abiertamente despótica.

Por si había dudas a disipar, el pasado viernes, con el auto de procesamiento dictado la desde la máxima institución del poder judicial español que es el Tribunal Supremo, el juez Llarena hizo entrar a toda la judicatura como institución y jerarquía en cruzada abierta contra el independentismo. No debía de ser casual que todo pasara el primer día de la Semana Santa, en viernes de dolores. Desde un estado tan poco aconfesional, seguro que la causa general se concibe, otra vez, en aquella Inquisición tan hispánica como una vía de expiación colectiva del ataque a la sacrosanta unidad de la patria.

Esta causa general, dirigida desde las altas instancias del Estado, con plena concertación de todos sus poderes, ha transmutado en un juicio de país que mantiene al vicepresident de la Generalitat, cinco consellers, la que fue presidenta del Parlament y los líderes de dos de las principales entidades del país en prisión y el resto del Govern en el exilio, con Carles Puidemont bajo custodia en Neumünster.

Todo ello sin olvidar el resto de imputados por el Tribunal Supremo, las personas investigadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los cientos de cargos electos investigados, y las decenas de personas citadas a declarar por las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre y demás hechos de octubre, en una clara demostración de que la administración de justicia se encuentra claramente posicionada en el conflicto. Y sin equidistancia posible, porque los independentistas no disponemos de instituciones ni poder similar.

En el Estado español del año 2018 se está consolidando una deriva autoritaria en muchos aspectos. En cuanto al independentismo, ha comenzado a aplicársele el “derecho penal del enemigo” como una especie de “doctrina del shock”. De hecho, el derecho penal del enemigo, prohibido en sistema democrático, se definía por el propio Tribunal Supremo español en la sentencia contra las detenciones de Guantánamo en tres elementos: juzgar a la gente por cómo es o cómo piensa en vez de por lo que ha hecho, eliminar las garantías procedimentales (que no te juzgue el tribunal que te correspondía), y la desproporción de las penas, como en el caso de la imputación por rebelión. Estos tres elementos son los que ahora mismo este tribunal aplica contra el independentismo en un Guantánamo europeo bastante particular.

El aparato represivo del Estado, compuesto por actores policiales y judiciales y que busca aplicar la “doctrina del shock”, se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación. De hecho, el triunvirato PP-PSOE-C's se sumó a esta explosión represiva mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así consumaba la unidad de acción entre todos los poderes del Estado, poderes institucionales, políticos , mediáticos y de calle, como las agresiones de la extrema derecha.

Se utiliza la brutalidad policial del 1-O como argumento para aplicar el 155 y para encarcelar a quien defendió ejercer el derecho a la autodeterminación. Es decir, se utiliza de argumento la brutalidad policial ejercida por el régimen para el simple mantenimiento del régimen. El orden social post155, fruto de la represión ejercida por todos estos poderes, en ningún caso es una solución del conflicto. Es sólo una manera de esconder el conflicto, de apartarlo a través de la estrategia del miedo.

En este contexto post155 se ha debatido mucho sobre la necesidad de rebajar el conflicto para no condicionar la defensa de las personas encausadas y en prisión preventiva. Pero el procesamiento dictado por el juez Llarena demuestra que no es una 'cuestión de desescalar' porque, en uno de los momentos de menos movilización independentista y de menos confrontación con el Estado, se ha dictado una de las resoluciones más duras y llenas de crueldad contra las filas independentistas, en una perversión absoluta del relato. Ante los últimos hechos, se evidencia que hay que cambiar la estrategia de la lucha antirrepresiva del conjunto del independentismo.

Dar un paso adelante

Desde la experiencia de la lucha antirrepresiva de la izquierda independentista y anticapitalista, pero también partiendo de este análisis de la situación actual y de la ofensiva judicial y política del Estado, la CUP ha defendido desde el inicio de esta macrocausa de país que hay que ir más allá y dar un paso adelante. Planteamientos como el 'no se atreverán a...' deben desaparecer de nuestro vocabulario.

Por si alguien lo había dudado, se evidencia que jueces, fiscales y cuerpos policiales, en su mayoría, están dispuestos a atreverse a hacer todo lo que consideren necesario para la preservación del régimen. No hay límites porque ha desaparecido cualquier concepto propio del Estado democrático basado en contrapoderes, equilibrios y derechos de la ciudadanía, que son precisamente eso, límites a la actuación abusiva de los poderes del Estado.

En esta idea de dar un paso más, de trabajar para detener y superar el embate represivo, es necesario construir una estrategia antirrepresiva que implique a todos los actores, y que parta de unos elementos comunes que tengan claro que el conflicto político ha sido el punto de partida y debe ser el punto de llegada de esta estrategia.

Hay que trabajar un frente común antirrepresivo donde se apoye a las personas encausadas y su entorno, desde el punto de vista económico, pero también emocional y político. Si partimos de que estamos ante una causa política las consecuencias deben ser asumidas colectivamente. La macrocausa del 'juicio de país' está vinculada a las tantísimas causas abiertas en todo el país contra la ciudadanía, que en estos momentos podemos decir que seguro superan la barrera de las mil personas, entre cargos electos, huelguistas, personas que mostraron su rechazo a la presencia de los cuerpos policiales, informáticos que colaboraron en la página web del referéndum o profesores que hablaron de la brutalidad policial del 1-O en las aulas.

De la represión más pequeña y más arrinconada hasta la macrocausa, todas ellas tienen el mismo origen y deben ser analizadas y tratadas en el conjunto.

Y es por eso también que este frente debe buscar establecer una estrategia lo más conjunta posible entre todas las personas afectadas, de fortaleza jurídica, pero sobre todo con alto contenido político. Una estrategia que sirva para destapar la naturaleza de estos procesos, tanto para el establecimiento de tribunales ad hoc, como por la recuperación de figuras delictivas del pasado y la criminalización de la actividad parlamentaria, entre otros. Tenemos claro que la mejor y la más fina de las estrategias jurídicas sólo será útil si tiene la fuerza de ir acompañada del conflicto político que ha originado este juicio de país.

Queremos ser un espejo que desde fuera que muestre la verdadera naturaleza del Estado. Es por ello que hay que vincular la estrategia antirepressiva a la estrategia de internacionalización del caso catalán, ya que se tiene que poner sobre la mesa el ejercicio del derecho a la autodeterminación que nos es sistemáticamente negado con la grave suspensión de los derechos civiles y políticos de los tratados internacionales suscritos por el Estado español.

Unos tratados que, además, no disponen de ninguna garantía institucional, porque quien debería encargarse de tutelarlos, los tribunales, se encuentra claramente posicionado en contra de la tutela de derechos. Este ejercicio de hacer de espejo también debe mirar hacia el Estado español, ya que el retroceso de derechos no nos afecta sólo a nosotros. Catalunya ahora mismo sólo es el laboratorio.

Desde la izquierda independentista y anticapitalista siempre hemos tenido claro que la represión también es y debe ser una herramienta política. No puede ser sólo utilizada en términos de defensa jurídica, sino que también debe poder reconvertirse como herramienta de pedagogía , y debe ser un argumento más en la defensa de nuestro proyecto político y de nuestra convicción independentista y republicana. En definitiva, en la lucha antirrepresiva es importante organizarse y organizarnos, trabajar un marco común de defensa de derechos y libertades que tenga claro el origen político de la regresión de derechos, y que sirva para movilizarnos de forma permanente frente la represión.

Organizarnos y movilizarnos en barrios, pueblos y villas para denunciar la represión calle a calle y tejer y recoger las más amplias solidaridades. Hacer un frente común que parta del 1-O, el 3-O, y que construya políticamente ante una represión que busca la desmemoria de la brutalidad policial, la desmemoria de la vulneración de derechos, pero sobre todo una desmemoria de lo nos llevó a organizarnos el 1-O: la república.

¿Un acusado por hechos abominables tiene derecho a una defensa? Esa pregunta se la formuló el abogado noruego, Geir Lippestad, tras el asesinato de ochenta personas en julio del 2011 por parte de un joven de extrema derecha. La matanza, perpetrada en nombre de la lucha contra “la multiculturalidad y la invasión musulmana”, se produjo en el centro de Oslo y en el campo de las juventudes laboristas en la isla de Utoya. Anders Breivik, el autor confeso y convicto de estos terribles hechos, lo escogió a él para llevar su defensa.

Geir Lippestad era un destacado miembro del mismo partido laborista afectado por tan crueles hechos. Ante la dura contradicción de la propuesta, el abogado consultó a su compañera Signo y ella le dijo: “Soy enfermera. Si me hubieran llamado del hospital para ir a curarlo, lo habría hecho. Ese es mi trabajo. Tú eres abogado, haz el tuyo”.

Lippestad, que personificaba todo aquello que Breivik odiaba de Noruega, aceptó el caso y lo vivió como un acto de reafirmación de los valores de democracia y dignidad de todas las personas, que incluye también el derecho a la defensa ante los tribunales.

Uno de los objetivos del terrorismo de extrema derecha, como de quienes perpetraron los crueles atentados de Barcelona y Cambrils, es destruir la democracia y un modelo de convivencia basado en la diversidad. El fascismo político o religioso busca que la respuesta de la sociedad sea simétrica a la suya. Quien comete un ataque terrorista espera que sea interpretado como un acto de guerra, no como un simple hecho criminal. Su victoria se produce cuando la democracia se degrada y se entra en una lógica primitiva de guerra. Se allana el camino, entonces, a la aplicación de un “derecho penal del enemigo” y a todo tipo de abusos que retroalimentan el conflicto.

Son un buen ejemplo el recurso a la legislación y los escenarios de excepción, incluida la tortura, del gobierno de los Estados Unidos después de los atentados del 11-S. Los excesos de la Patriot Act, las vejaciones en Abu Ghraib o Guantánamo fueron el principal recurso propagandístico de Al Qaeda para captar adeptos en sus filas. En los años sesenta, el sociólogo Gregroy Bateson llamó este fenómeno “cismogénesis complementaria”: los enemigos se retroalimentan como acción de respuesta a la acción del otro.

En situaciones de excepcionalidad como ésta es cuando, sin duda, la fortaleza democrática de una sociedad se pone a prueba. Por ello, la mejor reacción ante la barbarie es la del Estado de derecho. Como decía Albert Camus, “la democracia, si es consecuente, no puede beneficiarse de las ventajas del totalitarismo”. Cuando lo hace, la barbarie se apodera de todo. No degrada sólo quien la sufre sino también sus propios fundamentos. La democracia no puede defenderse desde fuera de la misma democracia sin destruirse.

Lippestad consideraba, de hecho, que más que defender Breivik, defendía la democracia y uno de sus pilares fundamentales: el derecho a un juicio justo. Un argumento no muy diferente al que utilizó el abogado comunista Jacques Vergès para defender al criminal de guerra nazi Klaus Barbie a finales de los 80. O el propio abogado y eurodiputado de C's, Javier Nart, para defender al llamado “talibán español” retenido en Guantánamo.

Entre los derechos que tiene cualquier acusado, en efecto, existe el derecho a que se presuma su inocencia, a la tutela judicial efectiva y a ser defendido por un abogado o abogada. Garantizar que, con independencia del hecho delictivo, la ciudadanía dispone de plenas garantías por el solo hecho de ser persona es una manera de poner límites al monopolio de la violencia estatal en la represión de los crímenes.

Es la plasmación del hilo de humanidad que atraviesa nuestro sistema jurídico desde la Ilustración y que sustenta mandatos esenciales como la prohibición de la tortura o de la pena de muerte. Y una prueba evidente de la fortaleza de la democracia noruega es, precisamente, la reciente sentencia que reconoce que a Breivik se le vulneraron los derechos en la prisión donde cumple una condena de 21 años. El Estado de derecho, a pesar de lo que piensen algunos, es más Estado de derecho cuando es capaz de reconocer sus excesos o errores.

Visto desde esta perspectiva, las polémicas palabras de los concejales Alberto Fernández Díaz (PP) y Carina Mejías (C's) cuestionando el derecho de defensa de los acusados de delitos vinculados al terrorismo son un signo de degradación democrática claramente reprobable. Como han señalado las asociaciones de juristas, de derechos humanos y los mismos colegios de abogados, sus palabras implican un ataque al sistema de garantías de un Estado de derecho. Y al conjunto de la abogacía que debe defenderlos ante los tribunales.

Uno de los principios básicos de su funcionamiento, reconocido por la ONU, es su carácter independiente. Los letrados deben poder ejercer sus funciones sin estar expuestos a persecuciones de ningún tipo. Ni ser asociados o identificados con sus clientes.

En verdad, la abogacía representa una especie de contrapoder, un espacio de libertad dentro de la propia institucionalidad que resulta imprescindible para una sociedad diversa y auténticamente democrática. De hecho, su rol consiste a menudo a proteger los derechos de los más débiles: las minorías, los desarraigados, las personas con enfermedades mentales, los repudiados o perseguidos.

Poner en el punto de mira a la abogacía por hacer su trabajo es poner en el punto de mira la idea misma de Estado de derecho. Si, además, se hace para sacar rédito político en momentos sensibles o para cuestionar la defensa de personas declaradas inocentes, entonces, se cierran las puertas de la justicia. Y se abren las de la barbarie contra la que supuestamente se pretende luchar. Entre justicia o barbarie, no hay dilema posible.

Amb l’anunci de la data i la pregunta d’un referèndum sobre la república aquesta tardor hem donat el tret de sortida a una nova fase en la reconstrucció de la sobirania catalana, en la setmana que es reunia novament el Pacte Nacional pel Referèndum amb quasi un centenar d’assistents, de la dreta a l’esquerra sobiranista, dels partits polítics als sindicats i les entitats socials, per constatar un cop més la negativa de l’Estat espanyol a resoldre per la via pactada l’exercici del dret a l’autodeterminació.

I l’exercici i la conquesta de drets és sempre conflicte. La convocatòria d’aquest divendres és un pols, un pols al govern Rajoy, però també un pols al conjunt de les institucions de l’Estat que l’emparen (Tribunal Constitucional, fiscalia, la jerarquia judicial) i a la majoria àmplia a l’arc parlamentari que el secunda, el conegut búnquer del 78. Un règim del 78 parit de les entranyes de la dictadura que va esclafar l’anterior experiència republicana a casa nostra, un règim del 78 que sota l’aparença de la democràcia parlamentària ha establert sobretot una societat de privilegis, de greuges, de desigualtats i d’autoritarisme descontrolat. I ho tenim clar, nosaltres hem arribat aquí després d’un cicle de mobilització i lluites molt llarg, molt potent i molt ampli, en un crit fort i eixordador que demana canvi i crida dignitat, en un projecte que és complex i que no és senzill però que és possible avui i aquí i que és inigualable en termes d’oportunitat en el conjunt devastat del sud d’Europa del qual ens sentim part.

No hi ha més aliances ni més reconeixements internacionals possibles sense la convocatòria d’un referèndum i la seva materialització. Precisament per augmentar la credibilitat de la proposta sobiranista és imprescindible posar fi al processisme i donar d’una vegada la paraula a la gent. I fer-ho de la millor manera possible. De la manera més discutida i consensuada possible. De la manera més efectiva possible. Per això és necessari un debat profund sobre les garanties del referèndum 2017, per fer-lo efectiu i que s’allunyi d’un acte de mobilització com ja va ser el 9-N del 2014. No cal que continuem posant adjectius al referèndum. Potser el que cal és deixar de mirar cap enfora i parlar dels altres (els estats, la Comissió de Venècia, la Unió Europea...) i mirar més cap al nosaltres en el sentit de definir quina és la fórmula d’aquesta eina que es diu referèndum que en les condicions d’avui i aquí ens permet arribar més lluny en l’exercici de la democràcia directa.

Per a la gent demòcrata un referèndum ha de ser sempre vinculant però ha de tenir unes garanties que ens permetin defensar que el seu resultat és una foto el més fidedigna possible del pensament del demos, el poble. En condicions de normalitat democràtica el govern de la Generalitat convocaria un referèndum i el celebraria a la quebequesa. No és la conjuntura que vivim, en som conscients. Les institucions estatals espanyoles, desbocades en la croada contra l’exercici del dret a l’autodeterminació, impediran una normalitat anhelada des d’aquí amb l’únic objectiu de disposar de pretesos arguments per discutir la legitimitat d’un possible resultat que els sigui advers. Per això hem de construir un carril central de consens sobre les garanties perquè hem d’estirar la institucionalitat al màxim però en un context d’autotutela de drets.

Des de la CUP-CC proposem una triple garantia: 1) garantir el dret a vot, amb cens previ conegut i mecanismes per votar des de fora de Catalunya, 2) garantir la imparcialitat de la votació i el recompte amb meses que no poden ser exclusivament de voluntaris i 3) garantir una campanya sobre els arguments del sí i els arguments del no que ha d’arribar arreu i amb un paper protagonista dels mitjans de comunicació públics.

Ens recordaven Gerardo Pisarello i Marco Aparicio que “juntament amb les garanties socials de participació institucional se solen articular garanties socials autònomes, és a dir, mecanismes d’autotutela de drets que se solen activar quan es considera que les garanties institucionals es troben bloquejades o resulten insuficients. Serien garanties d’autotutela en determinats supòsits des del dret a vaga fins a la desobediència civil”1, parafrasejant el concepte de garantia social de la Constitució de l’Any 1 de la Revolució Francesa que el proper solstici d’estiu farà 224 anys. (Una Constitució que també deia allò tan bonic que “una generació no pot imposar les seves lleis a les generacions futures)” en referència al dret inalienable a modificar i revisar estatus i constitucions.

I d’això es tractarà en els propers mesos, entre moltes altres coses, d’autotutelar els nostres drets. El dret a l’autodeterminació sempre té un component d’autogestió i de construcció des de baix. El cert és, però, que avui el nostre dret a vot sobre el naixement d’una república a Catalunya no té cap possibilitat d’acudir a una garantia jurisdiccional, no hi ha cap tribunal a l’Estat espanyol que vulgui emparar-lo; per això no ens queda cap altre remei que, com en tants altres moments de la nostra història, autotutelar-nos en els nostres drets. En la reunió d’aquesta setmana del Pacte Nacional del Referèndum un company del FAGC posava com exemple la seva lluita fa 40 anys contra la llei de perillositat social; una companya feminista seguia la llista d’exemples i de fites... i la llista del coneixement col·lectiu en la conquesta de drets es feia inacabable en el si de la reunió.

Nosaltres ja sabem que la celebració del referèndum aquest 2017 contindrà una certa dosi d’això, de desobediència, d’autotutela de drets, de rebel·lió. Serà imprescindible. I nosaltres farem que aquest repte esdevingui una doble oportunitat, com a expressió d’aquesta doble lluita que ens travessa. Per una banda hi ha la responsabilitat que aquest referèndum atacat des de dalt, des de la lògica del poder vertical, per un estat tan autoritari com l’Estat espanyol sigui tan seriós com qualsevol altre i que ningú pugui discutir-ne cap formalitat i per tant posar en dubte cap resultat. Per altra banda i si el guanyem, obrirem un procés constituent en què un exercici de sobirania popular exercit des de baix com a aquest, ens donarà una força com a poble incalculable que hauria de permetre construir, entre moltes altres coses, també una nova institucionalitat que ens ajudi a canviar-ho tot.

Con el anuncio de la fecha y la pregunta de un referéndum sobre la república este otoño hemos dado el pistoletazo de salida a una nueva fase en la reconstrucción de la soberanía catalana, en la semana que se reunía nuevamente el Pacte Nacional por el Referéndum con casi un centenar de asistentes, de la derecha a la izquierda soberanista, de los partidos políticos a los sindicatos y las entidades sociales, para constatar una vez más la negativa del Estado español a resolver por la vía pactada el ejercicio del derecho a la autodeterminación.

Y el ejercicio y la conquista de derechos es siempre conflicto. La convocatoria de este viernes es un pulso, un pulso al Gobierno Rajoy, pero también un pulso al conjunto de las instituciones del Estado que le amparan (Tribunal Constitucional, fiscalía, la jerarquía judicial) y a la mayoría amplia en el arco parlamentario que le secunda, el conocido búnker del 78. Un régimen del 78 nacido de las entrañas de la dictadura que aplastó la anterior experiencia republicana aquí, un régimen del 78 que bajo la apariencia de democracia parlamentaria ha establecido sobretodo una sociedad de privilegios, de agravios, de desigualdades y de autoritarismo descontrolado.

Y lo tenemos claro, nosotros hemos llegado a este punto después de un ciclo de movilización y luchas muy largo, muy potente y muy amplio, en un grito fuerte y ensordecedor que pide cambio y grita dignidad, en un proyecto que es complejo y que no es sencillo pero que es posible hoy y aquí. Y que es inigualable en términos de oportunidad en el conjunto devastado del sur de Europa del cual nos sentimos parte.

No hay más alianzas ni más reconocimientos internacionales posibles sin la convocatoria de un referéndum y su materialización. Precisamente para aumentar la credibilidad de la propuesta soberanista es imprescindible poner fin al “procesismo” y dar de una vez la palabra a la gente. Y hacerlo de la mejor manera posible. De la manera más discutida y consensuada posible. De la manera más efectiva posible. Por eso es necesario un debate profundo sobre les garantías del referéndum 2017, para hacerlo efectivo y que se aleje de un acto de movilización como ya fue el 9-N del 2014. No hace falta que continuemos poniendo adjetivos al referéndum. Quizás lo que hace falta es dejar de mirar hacia fuera y hablar de los otros (los estados, la Comisión de Venecia, la Unión Europea...) y mirar más hacia el nosotros en el sentido de definir cuál es la fórmula de esta herramienta llamada referéndum que en las condiciones de hoy y aquí nos permite llegar más lejos en el ejercicio de la democracia directa.

Para la gente demócrata un referéndum debe ser siempre vinculante, pero debe tener unas garantías que nos permitan defender que el resultado es una foto lo más fidedigna posible del pensamiento del demos, el pueblo. En condiciones de normalidad democrática el Gobierno de la Generalitat convocaría un referéndum y lo celebraría a la quebequesa. No es la coyuntura que vivimos, somos conscientes de ello. Las instituciones estatales españolas, desbocadas en la cruzada contra el ejercicio del derecho a la autodeterminación, impedirán una normalidad deseada desde aquí con el único objetivo de disponer de pretendidos argumentos para discutir la legitimidad de un posible resultado que les sea adverso. Por esto tenemos que construir un carril central de consenso sobre les garantías, porque tenemos que aprovechar la institucionalidad al máximo pero en un contexto de autotutela de derechos.

Desde la CUP-CC proponemos una triple garantía: 1) garantizar el derecho a voto, con censo previo conocido y mecanismos para votar desde fuera de Catalunya, 2) garantizar la imparcialidad de la votación y el recuento con mesas que no pueden ser exclusivamente de voluntarios y 3) garantizar una campaña sobre los argumentos del sí y los argumentos del no que debe llegar a todas partes y con un papel protagonista de los medios de comunicación públicos.

Nos recordaban Gerardo Pisarello y Marco Aparicio que “junto a las garantías sociales de participación institucional se suelen articular garantías sociales autónomas, esto es, mecanismos de autotutela de derechos que se suelen activar cuando se considera que las garantías institucionales se encuentran bloqueadas o resultan insuficientes. Serían garantías de autotutela en determinados supuestos desde el derecho a huelga hasta la desobediencia civil”1, parafraseando el concepto de garantía social de la Constitución del Año 1 de la Revolución Francesa que el próximo solsticio de verano cumplirá 224 años. (Una Constitución que también decía aquello tan bonito que “una generación no puede imponer sus leyes a las generaciones futuras” en referencia al derecho inalienable de modificar y revisar estatus y constituciones.)

Y de eso se tratará en los próximos meses, entre muchas otras cosas, de autotutelar nuestros derechos. El derecho a la autodeterminación siempre tiene un componente de autogestión y de construcción desde abajo. Lo cierto es que hoy nuestro derecho a voto sobre el nacimiento de una república en Catalunya no tiene ninguna posibilidad de acudir a una garantía jurisdiccional, no hay ningún tribunal en el Estado español que quiera ampararlo; por esto, no nos queda otro remedio que, como en tantos otros momentos de nuestra historia, autotutelarnos en derechos. En la reunión de esta semana del Pacte Nacional por el Referéndum un compañero del FAGC ponía de ejemplo su lucha hace 40 años contra la ley de peligrosidad social; una compañera feminista seguía con ejemplos e hitos... y la lista del conocimiento colectivo en la conquista de derechos se hacía inacabable en el seno de la reunión.

Nosotros ya sabemos que la celebración del referéndum este 2017 contendrá una cierta dosis de esto, de desobediencia, de autotutela de derechos, de rebelión. Será imprescindible. Y nosotros haremos que este reto se convierta en una doble oportunidad, como expresión de esta doble lucha que nos atraviesa. Por un lado, está la responsabilidad que este referéndum atacado desde arriba, desde la lógica del poder vertical, por un estado tan autoritario como el Estado español, sea tan serio como cualquier otro y que nadie pueda discutir sus resultados. Por otro lado, y si lo ganamos, abriremos un proceso constituyente, en el que un ejercicio de soberanía popular ejercido desde abajo como este nos dará una fuerza como pueblo incalculable que debería permitir construir, entre muchas otras cosas, también una nueva institucionalidad que nos ayude a cambiarlo todo.

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(1) Els drets humans al segle XXI: continuïtat i canvis. UOC. Barcelona 2007

"La perspectiva ha de ser centrar la mirada en aquells elements objectius que exterioritzen la riquesa i que avui tributen molt per sota del que ho fan els salaris de treballadores i treballadors", assegura el diputat de la CUP–Crida Constituent, Benet Salellas

Dèiem des de la CUP-Crida Constituent en el passat debat de política general al Parlament que qui té més ha de pagar més i que aquest principi bàsic de qualsevol societat que es vulgui considerar justa no és plenament vigent avui a Catalunya. Ho sabem, sobretot perquè ens falta més progressivitat en els impostos directes i perquè hi ha massa frau i elusió fiscal gràcies a l’enginyeria tributària d’aquells que poden posar mitjans i cervells a buscar fórmules per pagar menys.

Aquest mes la revista Forbes torna a publicar una llista de grans rics i Catalunya n’hi ha col·locat 27 –la comunitat autònoma de l’Estat que més nominats acumula en aquesta categoria– amb un patrimoni total de 34.100 milions d’euros, una xifra pràcticament equivalent al total del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2017 que es calcula en uns 37.000 milions d’euros. És a dir que 27 famílies tenen tant de poder econòmic com tota la xarxa de salut, educativa, policial, judicial... catalana junta. I nosaltres pensem que aquesta gent ha de pagar més.

El cert és que en el model tributari vigent i de la comparació de la naturalesa de l’IRPF, l’impost de societats i l’impost de patrimoni, en resulta evident que el patrimoni en mans de societats mercantils es troba sense un gravamen en matèria tributària al mateix nivell que el patrimoni de les persones físiques. A banda, el patrimoni de les societats mercantils es troba afectat pels balanços comptables, fórmula que genera un important vel en termes tributaris que amaga i disfressa bona part de la imatge patrimonial de la societat.

És per aquest motiu que les grans fortunes familiars i personals presents al nostre país no tenen pràcticament res a nom propi i han sabut teixir una extensa teranyina de societats en les quals han anat col·locant el patrimoni en un context de tributació molt per sota del que afecta les rendes petites i mitjanes, centrades principalment en rendes provinents del treball i en un petit o nul patrimoni immobiliari.

Una bona i eficient administració tributària, amb prou recursos i voluntat política podria fer caure aquests castells de cartes, és cert, i caldrà treballar perquè això sigui un dels principals objectius de la construcció republicana, però mentrestant hem d’augmentar els recursos públics per garantir més polítiques contra les desigualtats en aquest moment de forta crisi econòmica.

Per això proposem un impost sobre concentració de la riquesa i grans fortunes per a la redistribució de recursos, la cohesió social i l’economia productiva com a primer pas cap a un model tributari molt més progressiu, simplificat i transparent que volem desenvolupar.

Podem imaginar-lo com l’impost implantat per Bildu a Guipuzkoa mentre va tenir-ne la Diputació –el 2015 el pacte PNB-PSE va desdibuixar-lo totalment-, però suposaria entrar a legislar en l’espai competencial de l’impost de patrimoni. És una possibilitat però ja sabem que ens col·locaria una suspensió del Tribunal Constitucional, amb biaix de classe més que conegut, en un horitzó molt proper.

Una altra via seria construir un impost nou que se centri precisament en els béns que s’han col·locat en mans societàries precisament per escapar de l’impost de patrimoni i de l’impost de la renda. Estaríem pensant en immobles, vehicles i líquids bancaris que es troben sota titularitat d’una empresa però que no serveixen ni per aproximar-se a cap plantejament d’economia productiva. També en els béns de luxe com els cotxes d’alta cilindrada, les embarcacions d’oci i els immobles de valor superior al milió d’euros, tots ells avui en mans de participacions socials.

És complex, en som conscients, però la perspectiva ha de ser centrar la mirada en aquells elements objectius que exterioritzen la riquesa i que avui, si no han quedat amagats en l’immobilitzat d’un balanç fiscal, tributen molt per sota del que ho fan els salaris de treballadores i treballadors.

Caldrà pensar en bonificacions de l’impost, fins i tot elevades, per tal de garantir que protegim tot el que és patrimoni destinat a produir, generar treball i riquesa col·lectiva. Podem plantejar-nos també una exempció per sota, (a Guipuzkoa era de 700.000 euros, a l’estat francès és d'un milió) un cop efectuada la imatge real del patrimoni familiar més enllà que estigui en mans d’una o de pluralitat de societats.

Podem seguir pensant i perfilant tot el que faci falta però cal treballar en un impost que serveix una triple finalitat: que lluiti contra la concentració de la riquesa en poques mans; que recapti més diners precisament en relació a conceptes que ara estan infragravats i que realitzi un inventari de riquesa que serveixi per aprofundir en la lluita contra el frau i l’evasió fiscal.

Sabem que el primer que alguns posaran sobre la taula serà la por. Serà la por que tota la riquesa abandoni Catalunya de la nit al dia. I nosaltres els contestarem que l’experiència a Guipúscoa va demostrar que només van marxar un 0,62 % de les riqueses obligades a declarar (i no se sap encara si va ser precisament per la introducció de l’impost). És la mateixa por de sempre, la por del canvi, la mateixa por que la CEOE, la banca i la jerarquia catòlica esgrimien el 27-S per demanar vots contra la independència, la mateixa por que va intentar inculcar durant tants anys el règim feixista... el discurs de la por.

El passat mes de setembre va morir Edward Albee, l’autor de la mítica obra Qui té por de Virginia Woolf? un text en què mitjançant les discussions al límit d’una parella en un sopar es fan evidents les importants hipocresies de la nostra societat i, segons com ho llegim, l’interessant debat sobre el poder. Hipocresia i poder, dues qüestions que potser no estan tan lluny del debat de la fiscalitat. El dilluns passat Marta Pascal volia matar el debat adduint que ens fan falta uns pressupostos “sense ideologia”. Realment el debat de la fiscalitat té molt d’hipocresia i de detentació del poder. Nosaltres hem vingut a intentar destapar-ho i si podem, subvertir-ho. Qui té por d’un impost de les grans riqueses?

"La perspectiva debe ser centrar la mirada en aquellos elementos objetivos que exteriorizan la riqueza y que hoy tributan muy por debajo de lo que lo hacen los salarios de trabajadoras y trabajadores", asegura el diputado de la CUP–Crida Constituent, Benet Salellas

Decíamos desde la CUP–Crida Constituent en el pasado debate de política general en el Parlament que quien tiene más tiene que pagar más y que este principio básico de cualquier sociedad que se quiera considerar justa no es plenamente vigente hoy en Catalunya. Lo sabemos, sobre todo porque nos falta más progresividad en los impuestos directos y porque hay demasiado fraude y elusión fiscal gracias a la ingeniería tributaria de aquellos que pueden poner medios y cerebros a buscar fórmulas para pagar menos.

Este mes la revista Forbes vuelve a publicar una lista de grandes ricos y en Catalunya ha colocado a 27 –la comunidad autónoma del Estado que más nominados acumula en esta categoría– con un patrimonio total de 34.100 millones de euros, una cifra prácticamente equivalente al total del presupuesto de la Generalitat de Catalunya para el 2017 que se calcula en unos 37.000 millones de euros. Es decir, que 27 familias tienen tanto poder económico como toda la red de salud, educativa, policial, judicial... catalana junta. Y nosotros pensamos que esta gente tiene que pagar más.

Lo cierto es que en el modelo tributario vigente y de la comparación de la naturaleza del IRPF, el impuesto de sociedades y el impuesto de patrimonio, resulta evidente que el patrimonio en manos de sociedades mercantiles se encuentra sin un gravamen en materia tributaria al mismo nivel que el patrimonio de las personas físicas. Además, el patrimonio de las sociedades mercantiles se encuentra afectado por los balances contables, fórmula que genera un importante velo en términos tributarios que esconde y disfraza buena parte de la imagen patrimonial de la sociedad.

Es por este motivo que las grandes fortunas familiares y personales presentes en nuestro país no tienen prácticamente nada a nombre propio y han sabido tejer una extensa telaraña de sociedades en las que han ido colocando el patrimonio en un contexto de tributación muy por debajo lo que afecta a las rentas pequeñas y medianas, centradas principalmente en rentas provenientes del trabajo y en un pequeño o nulo patrimonio inmobiliario.

Una buena y eficiente administración tributaria, con suficientes recursos y voluntad política podría hacer caer estos castillos de cartas, es cierto, y habrá que trabajar para que esto sea uno de los principales objetivos de la construcción republicana, pero mientras tanto tenemos que aumentar los recursos públicos para garantizar más políticas contra las desigualdades en este momento de fuerte crisis económica.

Por ello proponemos un impuesto sobre concentración de la riqueza y grandes fortunas para la redistribución de recursos, la cohesión social y la economía productiva como primer paso hacia un modelo tributario mucho más progresivo, simplificado y transparente que queremos desarrollar.

Podemos imaginarlo como el impuesto implantado por Bildu en Guipuzkoa mientras estuvo en la Diputación –y que en 2015 el pacto PNV-PSE desdibujó  totalmente–, pero supondría entrar a legislar en el espacio competencial del impuesto de patrimonio. Es una posibilidad pero ya sabemos que nos colocaría una suspensión del Tribunal Constitucional, con sesgo de clase más que conocido, en un horizonte muy cercano.

Otra vía sería construir un impuesto nuevo que se centre precisamente en los bienes que se han colocado en manos societarias precisamente para escapar del impuesto de patrimonio y del impuesto de la renta. Estaríamos pensando en inmuebles, vehículos y líquidos bancarios que se encuentran bajo titularidad de una empresa pero que no sirven ni para aproximarse a ningún planteamiento de economía productiva. También en los bienes de lujo como los coches de alta cilindrada, las embarcaciones de ocio y los inmuebles de valor superior al millón de euros, todos ellos hoy en manos de participaciones sociales.

Es complejo, somos conscientes, pero la perspectiva debe ser centrar la mirada en aquellos elementos objetivos que exteriorizan la riqueza y que hoy, si no han quedado escondidos en el inmovilizado de un balance fiscal, tributan muy por debajo de lo que lo hacen los salarios de trabajadoras y trabajadores.

Habrá que pensar en bonificaciones del impuesto, incluso elevadas, para garantizar que protegemos todo lo que es patrimonio destinado a producir, generar trabajo y riqueza colectiva. Podemos plantearnos también una exención por debajo, (en Guipuzkoa era de 700.000 euros, en el estado francés es de un millón) una vez efectuada la imagen real del patrimonio familiar más allá de que esté en manos de una o de pluralidad de sociedades.

Podemos seguir pensando y perfilando todo lo que haga falta pero hay que trabajar en un impuesto que sirve una triple finalidad: que luche contra la concentración de la riqueza en pocas manos; que recaude más dinero precisamente en relación a conceptos que ahora están infragravados y que realice un inventario de riqueza que sirva para profundizar en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Sabemos que lo primero que algunos pondrán sobre la mesa será el miedo. Será el miedo a que toda la riqueza abandone Catalunya de la noche a la mañana. Y nosotros les contestaremos que la experiencia en Guipuzkoa demostró que sólo se fueron un 0,62% de las riquezas obligadas a declarar (y no se sabe aún si fue precisamente por la introducción del impuesto). Es el mismo miedo de siempre, el miedo del cambio, el mismo miedo que la CEOE, la banca y la jerarquía católica esgrimían el 27-S para pedir votos contra la independencia, el mismo miedo que intentó inculcar durante tantos años el régimen fascista ... el discurso del miedo.

El pasado mes de septiembre murió Edward Albee, el autor de la mítica obra ¿Quién teme a Virginia Woolf? un texto en que mediante las discusiones en el límite de una pareja en una cena se hacen evidentes las importantes hipocresías de nuestra sociedad y, según como lo leemos, lo interesante debate sobre el poder. Hipocresía y poder, dos cuestiones que quizás no están tan lejos del debate de la fiscalidad. El lunes Marta Pascal quería matar el debate aduciendo que nos hacen falta unos presupuestos “sin ideología”. Realmente el debate de la fiscalidad tiene mucho de hipocresía y de detentación del poder. Nosotros hemos venido a intentar tirar de la manta y si podemos, subvertir ello. ¿Quién tiene miedo de un impuesto de las grandes riquezas?