Un ejemplo de ello es ese cuestionamiento continuo de la mujer, y de la madre, incluso cuando por fin se la cree. Me refiero a ese momento donde parte de la opinión pública pasa de acusarla de mala madre -y mala mujer- por cómo interpretan su relación con los hijos, a de repente creerla tan firmemente en su relato de malos tratos como para entonces censurarla con aquello de: “¿y cómo podía querer tener la custodia compartida de sus hijas/os con ”ese monstruo?“. Y es que, sea como sea, al final Rocío Carrasco, y como ella tantas y tantas mujeres, terminan siempre con la etiqueta de mala madre. Frente a ello, me gustaría compartir algunas reflexiones.

En primer lugar, querer buscar lógicas saludables en una víctima de violencia de género en vez de empatizar con ella en su situación de desesperación por conseguir terminar con el maltrato es un error. Más aun en víctimas de antes del 2004, cuando muchos maltratos se entendían socialmente como “problemas de parejas”. De hecho, la propia ley integral 1/2004 contra la violencia de género fue profundamente desacreditada durante años e incluso llevada frente al Tribunal Constitucional (quien avaló la ley, para desgracia de quienes la querían desacreditar). Es decir, que ni tan siquiera con la ley en vigor se entendía, por parte de muchos, el machismo como un problema. Recordemos que la ley de igualdad nació tres años después, en 2007, ampliándose todavía más la mirada en su perspectiva transversal contra el patriarcado, y justo por ello siendo esta ley enorme y nuevamente atacada.

En segundo lugar, tampoco podemos dejar de lado las diferentes fases del ciclo de violencia de género por las que pasa una mujer maltratada, donde se incluye la llamada “luna de miel”. Y es que estamos hablando de hombres manipuladores que además son los padres de sus hijos, y a quien han amado tanto como para, en su momento, querer construir un proyecto de vida común.

Pero más allá de esto, quiero recordar que en pleno año 2021, los Juzgados de familia están repletos de demandas de divorcios que esconden casos de violencia de género. Son muchas las mujeres que confían con que divorciándose cesará la violencia. No queriendo denunciar, por ser el padre de sus hijos/as, o por despertar todavía más la ira de sus parejas y que terminen asesinándolas a ellas y/o a sus hijas/os. es lo que piensan y temen.

Por eso las leyes de custodia compartida preferente o impuesta se convierten en un efecto colateral y en una perversión. Termina en fatalidad aplicar como un mecanismo automático la asignación de la custodia compartida sin una evaluación concreta de cada caso: y es que tan solo podría ser posible en sociedades realmente igualitarias. Ójala la violencia machista no existiese y, en caso de existir, todos los casos se iniciaran a través de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Pero hasta que eso ocurra, el interés superior del/a menor requiere de una evaluación concreta de cada caso, sin deberse olvidar por parte de los jueces y las juezas que en los juzgados de familia existen casos encubiertos de violencia de género. La custodia compartida es más que deseable desde la óptica feminista por suponer un mecanismo eficaz de corresponsabilidad, pero no por ello se debe obviar que puede convertirse en todo lo contrario si se manipula a favor del machismo. Tan solo en los casos donde realmente exista una corresponsabilidad de padres y madres podría darse una custodia compartida. Y por supuesto, derivar los casos de violencia a los juzgados correspondientes, como el de Violencia sobre la Mujer.

En este sentido, del documental de Rocío Carrasco podemos aprender que responsabilizar a las mujeres por no poner denuncias, de que insten “solo” un divorcio o incluso de que finalmente se les asigne una custodia compartida con un maltratador es algo injusto y cruel.

Es responsabilidad de los poderes públicos garantizar instituciones en las cuales las mujeres puedan confiar y poner los mecanismos necesarios para terminar con su sufrimiento cuando este es, además, estructural. Es decir: público. Pero la opinión pública también debe empezar a responsabilizarse de conocer cuál es la verdadera situación de las mujeres víctimas y supervivientes de VG y las formas del machismo. Y para ello es fundamental alejarse del continuo juicio de valor y crítica constante sobre ellas.

A finales del 2020 vivimos tres manadas en la Comunidad Valenciana donde tres menores fueron violadas en tres diferentes localidades por múltiples hombres, alguno de ellos también menor. Los vídeos de las agresiones fueron, también, difundidos. Por esta razón, el pasado mes de febrero llevé a Les Corts Valencianes la necesidad de implementar la educación sexoafectiva en la Estrategia valenciana contra la violencia sexual.

El Partido Popular se abstuvo de aprobar la propuesta por no haberle aceptado una enmienda donde exigía que del contenido educacional debía ser conocedora las familias y que este contenido debía ser impartido por sanitarios y psicólogos. Y esto, está muy relacionado con entender la igualdad como adoctrinamiento.

Sin embargo, la realidad es que cualquier familia puede acceder siempre a cualquier contenido educacional que se le imparte a sus hijas/os. Enfatizar siempre que el contenido sexoafectivo debe pasar por un filtro parental es tener en mente que los padres puedan vetar un contenido clave para constituir unas relaciones saludables. En otras palabras, se trata del PIN parental que pretende La OMS ha indicado que la educación sexoafectiva de niñas/os y adolescentes es un derecho. Por mucho que una familia quiera educar a su hijo en el machismo, no se puede permitir que los colegios, y mucho menos los públicos, no dispongan de los mecanismos para asegurar una educación en respeto e igualdad.

Por otra parte, que esta educación sea impartida por sanitarios o psicólogos es no entender, o no querer entender, el origen de las violencias sexuales que padecemos las mujeres. Estoy segura que las chicas violadas recibieron un taller de un sanitario en sus colegios enseñándoles a poner un condón. Todas lo hemos recibido. Ese tipo de educación ya la tenemos y no sirve para cambiar una estructura asentada en que violar es posible porque las mujeres son ciudadanas de segunda. Además, decir que los talleres deben ser impartidos por psicólogos recuerda a cuando el Partido Popular negaba la existencia de la violencia de género y opinaba que se trataba de un problema puntual de un hombre puntual que tenía un problema con el alcohol, las drogas o mental. Y no es así.

Cuando los problemas son estructurales, se necesitan de soluciones interdisciplinares que cambien los valores de la sociedad. La violencia sexual no es un problema de una chica que ha tenido mala suerte por haberse cruzado con un loco, al igual que la violencia de género no eran problemas de pareja. Y ninguna familia que quiera vivir en esta sociedad puede ponerse en contra de la igualdad.

Con estas lógicas que arrastra el Partido Popular es lógico que cuando su gobernanza depende de VOX, terminen aceptando PINs parentales y nieguen el concepto de violencia de género sustituyéndolo por el de violencia intrafamiliar. Es triste que no hayan aprendido nada acerca de los debates que ya se tuvieron sobre violencia de género y que ahora trasladen sus lógicas equivocadas a la violencia sexual, porque así avanzaremos el doble de lentas. El Partido Popular debe decidir si realmente está al lado de la igualdad y, eso, no es adoctrinar. 

Evitando ese riesgo me gustaría hoy acercar unas reflexiones al respecto. La primera es innegable: el rostro de mujer que encontramos en esta esclavitud sexual. En otras palabras, el tráfico y la explotación sexual se trata de una de las múltiples formas de violencia machista, de las más brutales, que suponen una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Por ello es lamentable que los prostíbulos, como espacios históricos donde se suceden estos delitos, tan solo hayan sido noticia durante los últimos meses y debido a convertirse en focos de contagio de la covid19, y no como lo que son: lugares donde se cometen violaciones contra los derechos más fundamentales de las mujeres.

El sistema que crea mujeres prostituídas, como crea también mujeres precarias y mujeres maltratadas por la violencia de género, es una institución estructurada desde la desigualdad entre mujeres y hombres. Los parlamentos, los gobiernos y la sociedad en sí deben empezar a llenarse de este debate, a asumirlo y a entenderlo como una responsabilidad de todas y de todos. El tabú que todavía hoy en día supone tratarlo le hace a una pensar que quizás tenga relación con el hecho de que sin demanda no hay oferta.

En este sentido, uno de los retos políticos y sociales que tenemos en el presente, que ya no “en este siglo”, es enfrentarnos y desmantelar toda esta institución enraizada en nuestra estructura social y económica, al mismo tiempo que defensamos los derechos humanos de las mujeres prostituídas, asegurándoles alternativas dignas para una vida merecida de ser vivida.

Asumir estos retos es gobernar con valentía y responsabilidad y fue esa valentía y responsabilidad la que llevó a la Ministra de Igualdad, Irene Montero, a instar a los Gobiernos autonómicos al cierre de prostíbulos y de los conocidos como locales de alterne. También a que nuestro grupo parlamentario, Unides Podem a Les Corts Valencianes, plantee a sus socios de gobierno la lucha contra la trata, la explotación sexual y la protección de las mujeres en contextos de prostitución como punto a ejecutar en este año político que iniciamos y, por ello, a establecer este compromiso del Botànic por escrito en los acuerdos aprobados en el debate de política general para este curso presente.

La esclavitud sexual de las mujeres ha acompañado a la historia de la humanidad. Está claro que el reto no será fácil pero, sin duda, caminar en una democracia cada día más paritaria debe ser una oportunidad para asegurar que ninguna mujer, nunca, tenga que vivir en este Régimen.

Frecuentemente este es un debate que se enfoca desde lo gramatical, especialmente cuando se enfatiza en las diferentes posturas sobre el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista que tienen las Instituciones o Academias relativas a las lenguas. Por todes es sabido las enormes reticencias que tiene la RAE a abrirse al lenguaje no sexista; sin embargo, cabe tener presente que el castellano no solamente es la lengua oficial en España, y que existen otras instituciones que sí se acercan a este lenguaje inclusivo. En palabras, por ejemplo, de Alicia Zorrilla, Presidenta de la Academia Argentina de las Letras, “el lenguaje inclusivo no es un lenguaje, sino el espejo de una posición sociopolítica”. Tanto es así que otras instituciones, quizás no académicas pero sí públicas y de especial relevancia en cuanto a poder, han habilitado morfemas como la -e. Este es el caso, ni más ni menos, del Consejo argentino de la Magistratura, quien habilitó a juezas y jueces a escribir con el morfema -e.

Y es que, lo que no suele decirse, es que este es un debate perteneciente a los espacios del poder. Es justamente en los poderes públicos donde debe arbitrarse o, como mínimo, arbitrarse al mismo tiempo que se da en los referidos espacios académicos.

La constatación de esta premisa se produce cuando vemos la negativa de sectores y personalidades por “feminizar” la nomenclatura de cargos y responsables públicos; es decir, la negativa a llamar “Presidenta” a una mujer que ostenta este cargo, por querer llamarla “Presidente”; “diputada” por querer nombrarla “diputado”; o “Síndica” por querer nombrarla “Síndic”. Esta negativa, a día de hoy ejercida, por ejemplo, por VOX en el Parlamento valenciano, suele venir acompañada del intento de ridiculizar el lenguaje no sexista, derivando el debate a una mera cuestión gramatical de tal forma que se disfrace, justamente, el debate acerca del poder.

Sin embargo, lo que se esconde al llamar en masculino a cargos públicos y de poder femeninos, es un continuo recordatorio a esas mujeres de que el lugar que ocupan y el poder que ejercen es excepcional en tanto que originariamente pertenece a lo masculino, o a los hombres. De esta forma, se indica que el ejercicio del poder por parte de las mujeres debe, en primer lugar, ejercerse bajo los cánones patriarcales, y en segundo lugar, de forma anecdótica.

De igual forma, a los poderes públicos nos corresponde repensar no tanto sobre si el masculino es genérico o no, sino por qué al contrario no lo es: por qué el femenino no se ha configurado nunca como inclusivo. Dicho de otra manera, el debate gramatical debe verse y analizarse desde la óptica del poder y esa es una responsabilidad de los propios poderes y de quienes los ostentamos, hombres y mujeres. Así pues, en las calles, que es donde reside el poder popular, cabe pensar por qué un coñazo es algo aburrido, mientras la polla es lo espectacular. Es fácil llegar a la conclusión de que lo gramatical es un coñazo por ser un debate de segundas. La polla está en el debate de poder.

La lengua y el lenguaje evolucionan de acuerdo a las necesidades de cada época, reflejan la realidad y ayudan a construirla. El lenguaje parlamentario de hace 40 años no puede ser el mismo que el actual porque, al igual que la sociedad y la cultura, la realidad parlamentaria no es la misma: en la primera legislatura de Les Corts había 6 mujeres frente a 88 hombres; y en la actual legislatura existen 48 mujeres frente a 51.

Las mujeres y el poder que ostentamos no somos anécdotas ni algo temporal, además tampoco tenemos por qué ejercer nuestro liderazgo atendiendo a los cánones tradicionales masculinos. Somos, en todo caso, la confirmación de la democracia desde la perspectiva de género.

*Cristina Cabedo Laborda, presidenta de comisión de Igualdad de Género y Colectivo LGTBI de las Corts, secretaria primera de las Corts Valencianes y diputada d’Unides Podem

En los últimos meses hemos escuchado infinitos improperios de VOX a las personas LGTBI. La más sonada, quizás, la afirmada en la Asamblea de Madrid, llamando “semejante cosa” a las personas homosexuales y trans. También aquí, en el Ayuntamiento de Vilarreal donde se afirmó que si habían gays, que se escondieran en sus casas. Es obvio que a estas alturas, este tipo de pensamientos no pueden convencer porque van, directamente, contra el sentido común.

Lo triste es que estas aseveraciones no solamente atentan contra este sentido, sino que desprestigian la lucha de muchísima gente asesinada y apalizada a lo largo de los tiempos; personas que han venido siendo humilladas por los intolerantes y que deben continuar siendo humilladas con declaraciones como estas, proyectadas incluso desde las propias instituciones cuando estas deben representar al conjunto de la sociedad.

Tener un mínimo de educación y con ella, de educación sexual, es saber que la sexualidad no es “eso que ocurre en un dormitorio”. Sino que también es gustarte alguien sin armarios, ser como se es  -sin imponerte la heteronorma-, no tener que sentir miedo a que haya gente –e incluso representantes públicos con sus cuotas de poder– diciéndote cómo vivir tus vidas.

Tener ese mínimo de educación sexual también serviría para saber que las mujeres pueden ser homosexuales y que no solamente existen “gays”; al igual que también existen personas bisexuales y trans. Aunque para ello, primero, VOX debería aprender a decir la palabra “gay” sin miedos y de forma no despectiva. Sería un buen inicio para que, después, ver y conocer de la existencia de hombres con vagina enamorados de otros hombres con pene no fuese vista como una ecuación indescifrable sino como personas con identidades y sexualidades diversas que no hacen ningún daño a nadie.

Vox debería, si realmente creyera en la igualdad de todos y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas, pensar en cómo se sentirían si se les “permitiera” vivir su heterosexualidad siempre y cuando se viviese debajo de las sábanas y no delante de los y las niñas. Por ello, y aprovechando estas fechas, esperemos que los espíritus navideños les traigan la generosidad y empatía de amar al prójimo.

*Cristina Cabedo Laborda, secretaria de las Corts Valencianes, presidenta de la Comisión de Igualdad de género y LGTBI de las Corts, diputada de Unides Podem

*Martina Gual Llorens, activista LGTBI

Nosaltres les dones hem fet que tinguem el Govern valencià de coalició progressista, perquè tenim memòria però també exigències:  Volem cobrar el mateix. Volem parir, si volem parir. Volem no parir, si no volem parir. Volem no patir violències, i menys encara si aquestes són per la nostra condició de sexe. Volem somniar en allò que ens vinga en gust. Volem viure. I sobretot, volem fer totes aquestes coses amb dignitat. Dignitat no sols per a nosaltres. Sinó per al conjunt del poble valencià. En primer lloc, perquè nosaltres les dones formem part del poble valencià. Però en segon lloc, també, perquè unes institucions que no asseguren la dignitat dels pobles, condemnen les dones a responsabilitzar-se, sí o sí, del benestar i la vida dels altres, oblidant i renunciant la nostra pròpia vida.

A voltes, inclús, volem coses tan senzilles (però sembla que tan difícils) com caminar pels també nostres carrers sense ser agredides; en ciutats segures que reivindicarem també a la nit el proper 20 de setembre.

A través del Consell del Segon Botànic, i a través de les majories parlamentàries de Les Corts, tenim el repte de construir el feminisme, popular, transversal i en tota la seua pluralitat, com la gran teoria pràctica político-social i econòmica que done solució efectiva als problemes actuals, superant el socialisme, el comunisme i per suport el neoliberalisme.

Parle del feminisme com a nom propi, sense apel·latius i sense ser dama o senyora de companyia. Fer d’ell la columna vertebral del Botànic, en l’oportunitat de construir les dones com el gran subjecte polític transcendental d’aquest nou segle, al mateix temps que transformem les vides del conjunt del poble valencià, en justícia i amb igualtat: d’homes, dones, xiquetes i xiquets. Parle, en definitiva, de ficar la vida al centre.

Aquest repte caldrà fer-se de forma transversal i aquesta mirada l’haurà d’integrar el conjunt del Consell: perquè quan parlem de que no ens poden imposar retallades des d’altres institucions que no estan fent els deures, parlem de què, el conjunt del Consell, entenga que, entre altres, les dones no anem a fer dobles jornades laborals per assumir les cures de l’Estat o de la Comunitat. Perquè quan parlem de qüestionar la relació que ha vingut tenint amb la natura, és necessari que tot el Consell entenga que parlem de font de vida i no d’un recurs d’explotació de forma insostenible a mans, per exemple, de mega projectes. Perquè quan parlem de la vivenda, tot el Consell ha d’entendre que no sols, i com si fora poc, parlarem d’un dret constitucional, sinó de la llar imprescindible con ens refugiem, on veiem créixer els nostres fills i on cuidem de les nostres mares. Perquè quan parlem d’estimar la nostra llengua valenciana, parlem de què, el conjunt del Consell, ha de tractar com a igual la llengua criada a eixes quatre parets per haver estat expulsada de l’espai públic i que mereix els mateixos drets a inundar els espais de totes i de tots.

Tanmateix, aquest Consell, i les majories parlamentàries progressistes de Les Corts, no ho tindran fàcil. En Les Corts, en aquestos pocs mesos de nova legislatura, ja hem tingut exemples de vergonyoses propostes amb pretensió d’atemptar contra els drets més fonamentals.

El feixisme camina pel món. Bé per sí mateix, bé de la mà de qui li dona ales, de la mà de qui dissimula mentre signa pactes deshonrosos amb ells, de la mà de qui calla. Hi ha qui diu que no hi ha que parlar d’ells. No ho pensaven així grans referents com Virginia Woolf: tot el segle passat assenyalant-los clarament a les seues obres amb la responsabilitat de ficar veu a la conseqüència de les seues idees sobre nosaltres.

Potser la clau està en parlar d’eixa realitat però parlar-la sense por. Parlar-la amb la valentia de l’alternativa. Alternativa necessàriament real i, per tant, essencialment transformadora i nova. Parlar de ficar, ara sí en este segle, la vida al centre.

I en eixa alternativa hi ha una idea que és clau: la tendresa  és ofensiva al feixisme; perquè el feixisme és al·lèrgic a la vida. Cal reivindicar la tendresa; cal reivindicar els cossos; cal reivindicar les possibilitats; cal reivindicar la diversitat; per tal d’afirmar la vida, i amb ella, allunyar la mort, que és l’odi i que és l’autoritarisme, d’ells i de qui els donen altes.

El grup parlamentari d’Unides Podem donarà, de forma ferma, suport al Consell del Segon Botànic, si aquest defensa la tendresa, defensa els cossos, defensa les possibilitats i la defensa la diversitat; en este Govern de coalició, que si bé torna a atorgar-li a la igualtat condició de Vicepresidència, també ha tornat a entendre, encara més, que els temps monocolors han acabat; i que la riquesa de la pluralitat també es demostra així.

*Cristina Cabedo Laborda, secretaria Primera de Les Corts Valencianes, presidenta de la Comissió d’Igualtat de Gènere de Les Corts. Diputada d’Unides Podem

Sin embargo, Beatriz no es, ni debe ser, un número más: era una mujer con nombre y apellidos, con su propio proyecto de vida, sus sueños y objetivos por cumplir, su pasado como camino recorrido y su futuro como camino por recorrer, ambos con derecho a pasearlos a través de una vida libre de violencias machistas y sin sometimientos por su simple condición de mujer. Y como Beatriz, las otras 1.000 mujeres anteriores. Sus hijos e hijas. Y las que no han contado para, ni tan siquiera, ser número.

Porque el número 1.000 no es un número real; es una cifra que solo computa -sin nuestro esfuerzo, además, de forma fría y meramente numérica- unos asesinatos concretos (los llevados a cabo por parejas o exparejas) en un período concreto (desde 2003 a la actualidad). Una cifra que excluye a todas las otras: “las” de otras fechas, “las” asesinadas por su condición de mujer a manos de quienes no son sus parejas o exparejas, y “las” apaleadas, violadas y humilladas que no llegaron a morir.

Pero este número, que no es Beatriz y que no es fidedigno a la violencia que sufrimos las mujeres, debe hacernos reflexionar de golpe, como los golpes que reciben ellas: que esta es una cuestión de Estado y que nadie puede ponerlo entredicho. Todavía menos, para acceder a gobiernos que tienen en sus obligaciones asegurarnos vidas dignas a quienes somos más de la mitad de la población. A las que aspiramos a ser más que una cifra. A las que aspiramos a ser más que un cuerpo y objeto.

*Cristina Cabedo Laborda, presidenta de la Comisión de políticas de género y colectivo LGTBI de las Corts, secretaria primera de las Corts. Diputada de Unides Podem

La enmienda presentada por Podemos a este criterio sirvió para que este cambio, que pedían los colectivos – tanto como para convertirlo en una de las demandas en las manifestaciones del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres- , fuese posible, pero especialmente y, desde mi punto de vista, para un asunto no menor y de gran importancia: sentarse a negociar una cuestión que para los colectivos era fundamental, es decir, que los hijas e hijas fuesen los beneficiarios prioritarios de las indemnizaciones, en contra del criterio asentado por el Consell (quien priorizaba a los cónyuges).

En verano de 2015 y recién llegadas a les Corts, una de las primeras propuestas de Podem fue la creación de una comisión que estudiara la situación de las violencias machistas en la Comunidad Valenciana; una comisión aprobada por unanimidad y cuyas conclusiones sirvieron para la base del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista. A través de esa comisión presidida por Podemos, y por primera vez en la historia de les Corts Valencianes, una delegación de diputadas nos trasladamos a conocer, en primer persona y en sede de una asociación de mujeres supervivientes de violencia machista, sus relatos de vidas maltratadas. Esta filosofía continuó en la confección del Pacto, cuya finalidad para su existencia, habiendo ya unas conclusiones asentadas de forma unánime por todos los grupos políticos en el seno del parlamento valenciano, era aunar todavía más agentes comprometidos y afectados por este tipo de violencia, especialmente, los colectivos feministas. No se entiende, por tanto, como una decisión de tanto calado político, no pasase por esta Comisión de seguimiento del Pacto, donde no solamente están representados los grupos políticos y diferentes instituciones, sino – y necesariamente- los colectivos feministas.

El Consell, con su propuesta –pionera en todo el Estado Español en asumir la responsabilidad pública de los asesinatos machistas, cabe decir-, erró en no hacer partícipe la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano, tanto como para casi romperlo. Esta fue una de las razones por las que Podemos presentó su enmienda, más allá del contenido de la misma.

La clase política, en un momento histórico donde los movimientos sociales han conseguido logros como una moción de censura, no puede permitirse que los colectivos se sientan instrumentalizados en sus causas, atendiendo a que para ciertas cuestiones son atendidos y para otras, no. Y mucho menos se lo puede permitir en un momento donde la desafectación de la ciudadanía respecto de esta clase política puede beneficiar grupos ultraderechistas, los cuales son justamente quienes trabajan para normalizar el odio a las mujeres y despreciar las causas feministas.

La enmienda de Podemos nunca debió existir, porque el Consell nunca debió de dejar de pactar con los agentes implicados en el Pacto valenciano contra la violencia de género y machista algo tan importante como quiénes deben recibir las indemnizaciones en casos de asesinatos machistas. Pero cumplimos con nuestra función y el sentido de querer hacer las cosas de una forma diferente. También eso, es actuar de forma feminista.

Si ens paràrem a esbrinar les causes d’aquestes situacions, l’existència de Governs i polítiques que conformen identitats es presenten com a claus; claus que prefiguren l’odi a l’altre com l’eix vertebrador de l’orgull a pertànyer a eixes identitats.

L’exemple més explícit seria la Llei de senyes d’identitat que la majoria absoluta del Partit Popular va imposar en el seu moment sobre tota la ciutadania valenciana, dient-nos com havíem de veure’ns i com havíem de sentir-nos si ens volíem considerar valencianes: l’orgull valencià baix les normes i les pautes del PP. Però hi ha d’altres exemples.

Algunes d’àmbit autonòmic com ara polítiques lingüístiques nefastes que confrontaven qui parlava valencià amb qui parlava castellà, i qui parlava valencià apitxat amb qui parlava valencià septentrional, però també d’altres on es conjugava la voluntat estatal de dividir. Em referisc a aquelles que boicotejaven i boicotegen la vertebració territorial de Castelló, València i Alacant, però també d’altres amb impacte en nosaltres i amb la resta de l’Estat. Eixes polítiques basades en l’odi a qui estima, és i viu de forma diferent (a qui mana). El Partit Popular ja en el seu moment es va oposar al matrimoni homosexual, també a les llistes electorals amb almenys un 40% de dones, i encara a dia d’avui mantenen els anomenats centres d’internament per a estrangers, on persones amb situació irregular són presses com si de criminals es tractaren. Aquesta és la identitat i l’orgull nacional del Partit Popular.

Aquesta setmana, Donald Trump ha guanyat les eleccions baix l’eslògan de tornar-li als Estats Unitats l’esplendor dels anys 60, uns anys dibuixats en anuncis publicitaris per famílies, òbviament heterosexuals, blanques, ben felices, on l’esposa esperava al seu exitós marit amb el sopar ben servit i segurament cuinat per una serventa negra.

D’aquells anys vam veure dels moviments socials no només la lluita per a revertir aquestes violències, sinó la forma subversiva que molt a sovint s’utilitzava. La Teoria Queer és a dia d’ara una de les més útils en les polítiques que combaten les discriminacions per raó de sexe, identitat de gènere i orientació sexual; una teoria ara estudiada i coneguda que va agafar com a nom l’apel·latiu “queer”, és a dir, “marica/bollera”, paraules nascudes per insultar i odiar a la resta, però paraules assumides pels propis moviments socials contra la discriminació, qui les van fer seues, subrogant-se-les tant com per a fer nàixer una teoria que anys després ens ajuda a continuar subvertint aquestes discriminacions des de les pròpies polítiques fetes des de les institucions.

Les institucions, aliades ara a aquestes subversions, mai substitutives dels moviments socials i de tot el seu poder, però també nostres: em pregunte quantes formes i teories noves hauran –haurem- de canalitzar en els pròxims anys fins assegurar que des d’elles no es configuren polítiques i identitats basades en l’odi.

Cristina Cabedo Laborda és Diputada de Podem a les Corts i membre del Consell Ciutadà Municipal de Castelló.