A finales de agosto, el lehendakari jeltzale Imanol Pradales despertaba el parón vacacional de la política sorprendiéndonos con la propuesta de un pacto ético para la política vasca. Prácticamente a la par que este anuncio, cogía fuerza entre la opinión pública el derribo del edificio Irurak Bat en el municipio de Getxo, feudo histórico del PNV. Este palacete protegido a nivel municipal fue derribado ilegalmente y en él se levantarán dos edificios de 12 viviendas de lujo en total en régimen de cooperativa, cooperativa de la que forman parte dos concejales del PNV.

Así es. Mientras el PNV intentaba sentar cátedra ética desde Ajuria Enea, las endebles costuras de su disfraz de institucionalidad no aguantaron ni unos días. El pacto que llamaba a una “actividad política ejemplar” porque el lehendakari no quiere “lo que vemos en otros lugares para Euskadi”, se convierte en una broma del mal gusto al acercarse a la política local.

El Partido Nacionalista Vasco es ante todo un partido de derechas, y, como tal, también acostumbra a adoptar lo peor de la forma de hacer política de las derechas en la política nacional. Bajo la máxima de que si las reglas de la democracia no juegan a favor de uno mismo, entonces no las cumplo (recordemos al PP bloqueando la renovación del CGPJ durante más de cuatro años), el PNV de Getxo decidió bloquear hasta en dos ocasiones la votación para que se incluyera en el orden del día de las comisiones informativas la propuesta de Podemos Getxo para crear una comisión que investigara el derribo del palacete.

Este bloqueo, decidido unilateralmente por la y el presidente de hasta dos comisiones, supone una ilegalidad flagrante que vulnera el derecho de las y los concejales a introducir puntos en el orden del día. Cabe destacar además que, en el primer caso, se hizo en contra del criterio técnico de la sala y de un informe jurídico vinculante que emitió el Secretario municipal en 2014 y, en segundo lugar, la decisión fue tomada por el concejal miembro de la cooperativa que promueve la obra que debería haberse abstenido y ausentado de la sala durante la cuestión, tal y como hizo en el pleno del día 26 a instancia del escrito de recusación presentado por Podemos.

La democracia es un sistema político en donde las diferentes sensibilidades políticas acuerdan unas reglas de juego: la Ley. Sin embargo, la ética y la institucionalidad es un concepto muy líquido y demasiado relativo para algunos. ¿Qué esconde el PNV detrás de este derribo que hasta incumple las normas del juego democrático con tal de evitar que se investigue? ¿Cuándo van a aclarar todas las dudas e incongruencias que tanto la oposición como los vecinos y vecinas pusimos encima de la mesa la semana pasada?

Durante la primera de las comisiones en las que se bloqueó el intento de crear una comisión para la investigación, desde Podemos denunciamos que la licencia se había otorgado tan sólo un día antes de que se suspendiera el plazo por la entrada en vigor de la aprobación inicial del futuro PGOU, que durante ocho meses se habían empezado los trabajos en la obra sin que el Ayuntamiento lo conociera, que tardó más de un mes en tramitar expediente sancionador desde que el derribo total se efectuó y que, frente a este delito contra el patrimonio, proponen una sanción administrativa de 4.000 a 32.000 euros para una promoción de 12 viviendas que se venderán por hasta 700.000 euros.

Sin embargo, el derribo del edificio histórico Irurak Bat en Getxo no es sino la punta del iceberg del desinterés de este gobierno municipal por el patrimonio material e inmaterial de nuestro pueblo; así como por el rentable negocio de los pelotazos urbanísticos. Los precedentes son nefastos: derribo de la Nagusien Etxea y las escuelas de Romo, borrado del mural del ajedrez, derribo de la Haurtegi o Villa Fernanda de Algorta, propuesto por Gobierno Vasco como monumento; derribo de caseríos y viviendas singulares en La Humedad, Ollaretxe, etc. Y lo que nos está por venir es desolador: con el apoyo del PP, PNV y PSE dieron el mes pasado luz verde a un PGOU que supone artificializar suelo que ahora es rural o natural equivalente a 100 campos de fútbol. El 6,5% de la superficie total del municipio. Todo este planteamiento urbanístico se llevará por delante edificios históricos como el caserío Tosu, de 500 años de antigüedad, y otros más en el barrio de Andra Mari, barrio original del municipio allá por el siglo XI.

Mientras el municipio de Getxo, como tantos otros pueblos, va perdiendo su patrimonio y sus rincones de paisaje urbano singulares, o simplemente los abarrota de turistas, no deja de ser una paradoja que esto suceda de la gracia del partido de la identidad, la tradición y la institucionalidad. La próxima vez que se permitan el atrevimiento de dar lecciones de ética en política, procuren limpiar su casa antes.

Indudablemente la pandemia ha tenido un impacto muy negativo en el sector turístico de todo el país, sector desde el que además se han visto abandonados por las administraciones vascas a la hora de poder mantener los negocios abiertos cuando la población no podía ni salir del municipio propio.

Afortunadamente, 2021 no ha sido 2020. Si las pernoctaciones de turistas en Euskadi en el año 2020 para el mes de Abril fueron cero, en 2021 fueron 63.209 (más que en 2019). Para el mes de agosto de 2020 las cifras se acercaron bastante a las de 2019, 334.666 y 315.985 respectivamente. De hecho, el propio consejero de turismo del Gobierno Vasco dijo, en mi opinión con demasiado optimismo, que “contamos con cifras superiores a Agosto de 2019 en entradas, pernoctaciones y tarifas medias”. El problema hoy en día es que a pesar de que en las temporadas altas se alcanzan o se superan las cifras prepandemia, el resto de meses las cifras son más bajas que antes, por efecto también de las diferentes olas del virus. Aún con todo, el sector turístico es hoy en día un sector en recuperación y necesitado de mimo a la vez.

Por eso mismo es el momento de que los territorios históricos de Euskadi retomen la reflexión sobre la modernización y avance en la sostenibilidad del sector con medidas de probada eficacia como es la implantación de un impuesto turístico, especialmente Bizkaia y Araba, que hasta la fecha han sido reacios a esta nueva figura fiscal a diferencia de Gipuzkoa.

Soy consciente de que lo primero que nos viene a la cabeza es pensar que un impuesto desincentivará la venida de visitantes. Así lo argumentaron PNV, PSE y PP en las Juntas Generales de Bizkaia para oponerse a iniciar este trabajo y también en Gipuzkoa ocurrió algo similar. Sin embargo, la política de hoy en día necesita más de datos que de pasiones y falacias, de esas va sobrada. Este es un impuesto que se aplica desde hace muchos años en otras zonas del Estado como Catalunya o Baleares y en otros lugares del extranjero como París, Amsterdam, Suiza o Croacia, entre otros. ¿Alguien dejaría de visitar alguno de estos destinos porque tiene que pagar en torno a 2 euros al día de impuesto? Seguramente no. De hecho, si pagas 2 euros por un café en Suiza o París puedes considerarte un excelente buscachollos.

Los impuestos no sirven solo para incentivar o desincentivar actividades humanas. Sirven también para informar de los costes de algunos de los servicios que disfrutamos, en este caso, como turistas. Y es que los atractivos turísticos de Euskadi o cualquier punto del mundo no vienen caídos del cielo. Es gracias a la inversión de las administraciones públicas locales, forales, autonómicas o estatales que tenemos museos, que se conserva el patrimonio natural y cultural o que, sencillamente, tenemos infraestructuras para acceder a ellos y servicios para hacerlo en las mejores condiciones posibles (recogida de basuras, agua y saneamiento, policía, transporte público, asistencia sanitaria…). La mayoría de estos servicios o no tenemos que pagarlos (como la policía o las carreteras) o el precio está subvencionado (como el ticket de autobús, que no recoge todo el coste del servicio). Un impuesto turístico serviría para informar al visitante de ese coste y que pueda aportar a su mantenimiento. Actualmente este gasto se mantiene exclusivamente con el esfuerzo de los y las ciudadanas.

Los impuestos no sirven solo para incentivar o desincentivar actividades humanas; sirven también para informar de los costes de algunos de los servicios que disfrutamos, en este caso, como turistas

De ninguna manera se puede decir que un impuesto de estas características vaya a tener un efecto desincentivador. De hecho, no existe ni un informe o ejemplo que soporte esa idea que tan solo existe en el imaginario de aquellas fuerzas políticas reacias a avanzar. Según la Agencia Tributaria catalana “los datos prueban que la tasa no desincentiva las pernoctaciones. Desde su aplicación en Catalunya se ha pasado de 63,6 millones de euros recaudados a 76,5 en 2019 por el incremento de los visitantes. El número de pernoctaciones se ha incrementado un 20%. Así lo analiza también un informe para la Comunitat Valenciana de la Fundación NEXE: ”un gravamen de 2 euros por persona y noche no tendría impacto en la demanda turística valenciana“. Allí el gasto medio por visitante es de 92 euros al día. En Euskadi es de 165 euros al día. El impuesto es aquí, aún si cabe, más insignificante que en otros territorios.

Debería ser, en todo caso, un impuesto de carácter progresivo, que grave más a quienes optan por alojamientos más lujosos. Debe ser también un impuesto que contribuya a reconocer los impactos en el territorio de la carga turística independientemente del lugar de pernoctación y es que analizando el comportamiento del turismo en Euskadi vemos que este se aloja principalmente en las capitales, pero se mueve por los atractivos turísticos de todo el territorio. Es el ejemplo claro de Bakio o Bermeo, que tienen que lidiar con las miles de visitas diarias a San Juan de Gaztelugatxe sin que ninguno de ellos pernocte en esos municipios, sino en la capital. Y en último lugar, el impuesto debe informar y no desincentivar, como he explicado anteriormente. Informar y aportar al mantenimiento de los servicios básicos, sin necesidad de cerrarnos a figuras impositivas finalistas. La recaudación de este impuesto puede ir a la hacienda común (como el resto de impuestos) e invertirse en lo que más falta haga: promoción del turismo sostenible, mejora de las infraestructuras o mejora de los servicios sociales, entre muchos otros.

Es el momento y es el lugar. Las instituciones vascas llevan años invirtiendo grandes cantidades del presupuesto público en impulsar descontroladamente el turismo a través del posicionamiento internacional de la marca Euskadi y los macroeventos (como hace la Diputación Foral de Bizkaia). Los impactos negativos de esta apuesta son cada vez más notorios: pérdida de diversificación económica, impactos medioambientales, gentrificación y turistificación de barrios o masificación de los puntos de interés cultural y natural. Euskadi no es la costa mediterránea, y posiblemente nunca lo será, pero es el momento de actuar con antelación con la aplicación de medidas concretas y de contrastada eficacia como es el impuesto turístico.

En los últimos años, desgraciadamente, estamos asistiendo al cierre de muchas grandes plantas de empresas multinacionales afincadas en nuestro territorio a través de sus filiales. Sin ir más lejos, hace unos días, unas 2.000 personas se manifestaron en Bilbao antes los despidos de Tubacex. En muchos casos, son empresas tractoras de la economía de una comarca entera, no sólo por la cantidad de puestos de trabajo directos que generan, sino también por la cantidad de puestos de trabajo indirectos que su actividad genera en empresas auxiliares o en la actividad de los comercios de la zona. Y es que, a pesar de que desde Gobierno Vasco y Diputaciones Forales se afanen en remarcarnos siempre la cantidad de empleos e ingresos que genera el incipiente sector del turismo “de calidad” y de “grandes eventos”, lo cierto es que el sector secundario, por su propia naturaleza, tiende a crear puestos de trabajo más estable y de mayor calidad y cualificación.

Incluso en complicados tiempos de pandemia esta afirmación se puede verificar: según datos del Eustat para Bizkaia el último trimestre del año 2020 se cerró con 85.700 empleos más en el sector industrial, es decir, 6.600 empleos más que a finales de 2019. En un año tan dramático como ha sido el 2020 para la economía, el sector industrial ha sido capaz de salir creando más empleo que con el que entró a principios de año. Eso es una buena noticia para Bizkaia y para todas esas personas empleadas, pero por desgracia no es un dato para el optimismo y ni para la relajación. Sencilla y únicamente porque se trata de un dato aislado en un contexto general de destrucción del tejido empresarial y por ende, del total de personas a las que emplea este sector. Según datos también del Eustat del año 2000 al 2017 el Valor Añadido Bruto del sector industrial de Bizkaia respecto al total ha bajado del 27% al 19,3%. Fijándonos exclusivamente en el empleo de las últimas décadas como hacen en este artículo vemos un panorama desolador en el que el empleo industrial pasó de 423.000 empleos en 1975 a 274.000 en 1986 y 194.000 en 2018, lo que supone una pérdida de 229.000 empleos netos en este periodo.

En la mayoría de los cierres más sangrantes de estos últimos años nos podemos encontrar dos denominadores comunes a todos en boca de los comités de personas trabajadoras. El primero sería la deslocalización de empresas: el grupo multinacional propietario desplaza la carga de trabajo de la planta de Bizkaia para alegar pérdidas y así poder presentar un ERE y deslocalizar. Todo ello mientras el grupo en su conjunto mantiene un resultado de beneficios. El segundo es que habitualmente se trata de empresas filiales que han recibido cuantiosas subvenciones de nuestras instituciones públicas para ampliar o mejorar su producción, es decir, su margen de negocio y beneficio. Habitualmente, cuando desde Elkarrekin Podemos-IU nos reunimos con estos comités en huelga ante EREs, se plantean la misma pregunta: ¿no deberían devolver las subvenciones recibidas si han decidido trasladar su actividad? Sorprendentemente, esto algo que se comenta habitualmente en el debate público, y que lo piden los sindicatos, pero que rara vez se debate en las instituciones. Y ciertamente, tienen razón: Si hemos estado concediendo subvenciones económicas ¿cómo es posible que puedan provocar el cierre de una planta y no haya ninguna reacción por parte de las instituciones?

No hablamos de cifras pequeñas. Hablamos de casos como Gestamp, que cerró hace meses GTS y Matricería Deusto despidiendo a 230 trabajadoras con un ERE declarado injustificado pero que en los últimos años ha recibido de la Diputación Foral de Bizkaia un total de 247.000 euros y del Gobierno Vasco otros 19 millones de euros, además del beneficio de la participación en el Automotive Intelligence Center. Hablamos también de ITP aero, con 87 personas recientemente despedidas en Barakaldo y Sestao pero que desde 2010 ha recibido del ente foral 76.000 euros y del ente vasco 138.000 euros. Batz, cerró la planta de Igorre el año pasado habiendo recibido del Gobierno Vasco 884.000 euros en subvenciones en los últimos 10 años. La última de la lista es Tubacex, que incluso ubicándose en Álava ha recibido de la Diputación Foral de Bizkaia 135.000 euros en subvenciones en la última década y otros 4 millones de euros del Gobierno vasco.

Antes de llegar a una conclusión que pueda tacharse de simple y “revanchista” me gustaría que nos paráramos a pensar antes el porqué de estas subvenciones a empresas. Habitualmente se trata de subvenciones para incentivar la I+D+i, a apoyar a las empresas en la internacionalización buscando nuevos clientes en otros países, a implementar medidas de ahorro energético y de reducción de la huella ecológica, etc. En ocasiones son también apoyos en forma de servicios de asesoramiento, apoyo, facilidades administrativas, acompañamiento en los planes de internacionalización, etc. ¿Cuál l es el fin último que una administración pública que nos representa a todas debería buscar en todo este cosmos de apoyos al sector privado? No se me ocurre otro distinto de la creación de empleo estable y de calidad. Es decir, el bienestar social. Si las instituciones dan, con dinero público, dan/damos subvenciones o ayudas para la promoción de ciertos sectores no es para que el grupo multinacional aumente su margen de beneficios o para que repartan mejores dividendos el año que viene. Es para que la actividad de esos sectores sea más sostenible y genere más y mejores empleos en nuestras comarcas. 

Este es sencilla y claramente el motivo por el que las políticas de subvención al sector privado deben ir vinculadas a compromisos de mantenimiento o creación de empleo: porque es el motivo por el que las otorgamos. El ejemplo más claro y actual de este tipo de vinculación es la de los ERTEs durante la pandemia: el estado cubre el coste de los trabajadores en ERTE mientras se mantengan un compromiso de no despidos. Si el compromiso se rompe las subvenciones deben ser devueltas. Y es que el objetivo de todas las políticas debería ser el bienestar social, también en la política industrial.

Viendo hace semanas como PNV-PSE se oponían en el pleno de las Juntas Generales de Gernika a una propuesta en esta dirección presentada por Elkarrekin Podemos-IU, no pude dejar de acordarme de aquel lema tan desafortunado que el diputado General, Unai Rementeria, sacó en la legislatura pasada: ayudas sí, control también. Claro que en aquel momento se referían a ayudas sociales. Cuando se trata de controlar a los grandes, algunos se vuelven demasiado pequeños.

Este martes es el Día Internacional del Migrante, efeméride declarada por la Asamblea de la ONU en 1999 con el objetivo de reconocer la gran contribución, a menudo ignorada, que millones de emigrantes hacen a la economía y al desarrollo social y cultural de los países en todo el mundo. Pero no sólo se ignoran los beneficios y sobre todo los derechos de las personas migrantes, sino que estamos asistiendo en los últimos años a un peligroso proceso de criminalización de la migración y del propio migrante como sujeto de derecho. 

Celebrar el Día del Migrante cobra especial relevancia ante la fallida cumbre migratoria de Marrakech, que a pesar de ratificar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, nace herido de muerte. No sólo por ser un acuerdo jurídicamente no vinculante sino, sobre todo, por las resistencias que ha generado entre países especialmente relevantes como Australia, Chile, Italia, Israel, hasta seis países centroeuropeos y los Estados Unidos, que se opuso desde el principio. 

Un pacto mundial para las migraciones que llega en un momento político en el que las instituciones y gobiernos europeos están respondiendo a uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado la UE en los últimos tiempos con una combinación inédita de neoliberalismo y xenofobia, un fortalecimiento de todas las políticas securitarias y de externalización de fronteras. 

Porque la criminalización de la población migrante no es sólo producto de una extrema derecha en auge o de unos cuantos políticos irresponsables, sino que es la consecuencia de una política institucional, de guante blanco, consciente y planificada, que persigue una degradación de la protección jurídica y social del migrante. 

Este martes, Día Internacional del Migrante, estamos en la ciudad de Agadez (Níger), dentro de una delegación de la Izquierda Unitaria Europea (GUE). La ciudad de Agadez es conocida como la puerta del desierto por su posición estratégica en las rutas del Sáhara y durante los últimos años como la gran sala de espera de la migración subsahariana hacia Libia y Argelia. 

De hecho, se sabe que tres de cada cuatro migrantes llegados a Europa lo han hecho atravesando Níger. Este país del Sahel se ha convertido, debido a los acuerdos de externalización de fronteras, en la última frontera de la Europa Fortaleza. 

El primer viaje que realizó la comisaria de Acción Exterior de la UE a África fue a Níger: “Compartimos el interés por controlar el flujo migratorio de la mejor manera posible”, explicó. Tan sólo tres años después, a Níger se lo considera como el ejemplo “emblemático” de cooperación y control migratorio de la UE, siendo la mayor beneficiaria de fondos europeos de toda África. 

La UE lleva varios lustros haciendo pivotar buena parte de su acción exterior sobre los intereses migratorios, buscando externalizar la gestión de fronteras y de los flujos migratorios, alejando y subcontratando para ello las funciones de policía de fronteras a países terceros que ejercen ya no solo de tapón migratorio, sino también de gestor indirecto de la movilidad humana. 

Esta nueva acción exterior también ha alcanzado y alterado el fondo de las políticas de cooperación al desarrollo, que ahora se basan en el impulso de la inversión a cambio del control fronterizo. Una inversión que además se realiza a través de partenariados público-privados, lo que favorece la carrera de las multinacionales europeas por los recursos de África. 

En la externalización de fronteras y la “diplomacia del euro” juega un papel fundamental el llamado Plan África, que arranca con la cumbre de la Valeta en noviembre del 2015. En esta cumbre, la UE se sentó con la mayoría de los países africanos por primera vez en la misma mesa y constituyeron el Fondo Fiduciario europeo de Emergencia para África, el “Trust Fund”, dotado en un principio con 2.820 millones de euros, el 95% de los cuales proceden de fondos para la cooperación y la ayuda humanitaria y ampliado en septiembre de 2016 con 3.350 millones de euros más, dentro del Nuevo Marco de Asociación en Materia de Migración. 

Toda esta generosidad europea a cambio de limitar los flujos migratorios “del Mediterráneo central”, mediante el desarrollo de los acuerdos de repatriación y la externalización de las fronteras comunitarias al sur de la arena del Sáhara. 

En esta estrategia de externalizaciones de fronteras Níger cumple un papel fundamental al ser el cruce principal de las rutas migratorias hacia el Mediterráneo central. 

Níger, uno de los países más pobres del mundo, no ha dudado en aceptar todas las peticiones de Bruselas, lo que lo ha convertido en un “modelo” en la estrategia de la “externalización” de fronteras, como lo es Turquía en la ruta oriental. 

Dicho modelo de externalización de fronteras tiene su punto culmen en la ciudad de Agadez. Aquí las rutas migratorias constituyen, desde siempre, la columna vertebral de la economía local, pero, a raíz de los recientes acuerdos, la que era la principal fuente de subsistencia se ha transformado, en poco tiempo, en un fenómeno cada vez más criminalizado e invisibilizado. 

El aumento de los controles en la región con la presencia de soldados en todos los “puntos de agua” del desierto ha supuesto: más desierto y más rodeos, lo que ha significado también más muertos, más mafias y más migrantes “fantasma”. Porque como nos enseña la historia de las migraciones, el cierre de una ruta no frena de ninguna manera el fenómeno. Como mucho, lo desplaza a rutas paralelas, a menudo más peligrosas y caras, especialmente en lo que se refiere al número de vidas humanas perdidas. 

De hecho, el aumento de los controles militares ha convertido esta ruta en una de las más mortíferas y peligrosas del mundo. En esta situación, los migrantes tienden por tanto a recurrir más a las mafias de tráfico de personas. Si el control fronterizo se establece con la excusa de combatir a las mafias, lejos de conseguirlo, las benefician. 

Muertes, secuestros, trata, torturas, venta de esclavos, consecuencias directas de la externalización de fronteras, una especie de estrategia de la disuasión, ampliar los riesgos para aquellas personas que cruzan la frontera de tal forma que se disuada a quienes lo intenten en un futuro. Así lo afirmaba la alcaldesa de la isla de Lampedusa, Giusy Nicolini, al hablar de las muertes en el Mediterráneo: “Estoy cada vez más convencida de que la política europea sobre inmigración considera este tributo de vidas un modo para calmar los flujos, para lograr una especie de efecto disuasorio”. 

Los cadáveres de los náufragos de las pateras, los muertos en los desiertos (casi el doble que los que se conocen en el Mediterráneo) y las vallas fronterizas son la expresión de otra forma de racismo: la xenofobia institucional. Un racismo de guante blanco, anónimo, legal y poco visible pero constante, que sitúa una frontera entre los que deben ser protegidos y los que pueden o efectivamente resultan excluidos de cualquier protección. 

No estamos asistiendo a una crisis migratoria sino a una crisis de derechos. Y ésta no sólo afecta a refugiados y migrantes; nos afecta al conjunto de los pueblos de Europa y nos plantea una pregunta clave: ¿quién tiene derecho a tener derechos? 

Reconocer, especialmente un día como hoy, que la lucha de las migrantes y refugiadas es nuestra lucha, es una tarea tan urgente como imprescindible para poder revertir la constante pérdida de derechos que sufrimos y poder darle la vuelta a Europa.

Medio grado centígrado. A primera vista puede parecer insignificante; en la práctica, aumentar la temperatura en medio grado probablemente no nos obligue a quitarnos el jersey, pero para el clima es diferente. Es lo que confirma el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que publicó la semana pasada un informe especial con unas conclusiones demoledoras: la diferencia entre limitar el calentamiento global a dos grados (objetivo principal del Acuerdo de París) en vez de hacerlo a 1,5 grados implica, ese medio grado de más, unas consecuencias colosales para las condiciones de vida de las personas. 

Los resultados de los trabajos cuantitativos y cualitativos del IPCC son, si aún quedaban dudas, más claros que nunca. Esa estrecha diferencia de medio grado duplicaría la pérdida del hábitat natural de los vertebrados o provocaría la casi total desaparición de los arrecifes de coral del mundo. 

Con un aumento de 1,5 grados, el nivel del mar subiría entre 26 y 77 centímetros para 2100, mientras que si el ascenso es de dos grados, habría que sumar diez centímetros más. Esa decena de centímetros significaría hasta diez millones de personas adicionales afectadas directamente. 

La acción humana ya ha provocado un calentamiento de la tierra de un grado y, de acuerdo con los pronósticos de la ONU, ahora mismo estamos en una trayectoria que nos llevará al aumento de tres grados. 

Este escenario podría incluso ser el menos peligroso ya que sigue modelos lineales de aumento de temperatura correlacionados con el incremento de las emisiones. Sin embargo, existen otros estudios más preocupantes que señalan la posibilidad de un aumento no lineal e incontrolable del clima una vez superado cierto umbral de emisiones. 

A principios de diciembre, los Estados de todo el mundo se volverán a reunir esta vez en Katowice (Polonia) en la COP24. El objetivo declarado es redoblar los esfuerzos internacionales para evitar el fracaso. 

Lamentablemente, la realidad está lejos de las bonitas palabras. Según un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de los 180 países firmantes del Acuerdo de París, tan sólo nueve han presentado programas lo suficientemente concretos y ambiciosos. 

Cambiar el sistema, no el clima. Es el lema desde hace muchos años del movimiento por la justicia climática. Para evitar las catástrofes anunciadas, que lamentablemente ya se están notando, debemos hacer exactamente lo contrario de lo que marcan Macron, Juncker, Trump, etc. 

De hecho, en Francia, la dimisión del ya exministro de Transición Climática, Nicolas Hulot, fue un varapalo para la política de maquillaje climático de Macron. 

En el Estado español, el gobierno socialista tiene también la responsabilidad de arreglar los ocho años de nefastas políticas del PP si no quiere que su campaña climática se quede en papel mojado. 

El IPCC pone blanco sobre negro esta cuestión: para evitar la catástrofe hacen falta transformaciones “sin precedentes”. Dicho de otra manera: debemos poner fin al insostenible crecimiento capitalista reinventando nuestros modelos de producción y consumo. 

Europa en el punto de mira

Aunque a primera vista las elecciones europeas de mayo de 2019 parecen relativamente desconectadas de los problemas climáticos, una parte importante de la partida se jugará en ese momento. De hecho, lo que se decide en Bruselas influye mucho sobre nuestras políticas energéticas, medio ambientales o agrícolas, así como en las de gestión del agua, del transporte, de la industria, de la minería y de los residuos. 

Inspirándose en alternativas que ya se están construyendo y están funcionando, como es el caso de los ayuntamientos del cambio o el ejemplo de Alternatiba (surgido en Bayona en 2013) y de resistencias como Ende Gelände en Alemania, la candidatura europea de Ahora La Gente, formada por la alianza entre Podemos, Francia Insumisa, Bloco de Esquerda y partidos de la Izquierda Nórdica, pondrán encima de la mesa el próximo año un programa que no ceda al catastrofismo y que haga de la transición una gran oportunidad para establecer un nuevo paradigma. 

Es urgente revertir la inacción y el maquillaje al que nos tienen acostumbradas las instituciones europeas, con el comisario Miguel Arias Cañete a la cabeza de una política climática al servicio de los lobbies.  

Para ello, debemos adoptar la regla del techo verde a nivel europeo, es decir, no extraer ni explotar más recursos de la naturaleza que los que se renuevan anualmente. Este año hemos vuelto a superar el récord: el 1 de agosto ya habíamos consumido todos los recursos naturales del planeta de este año (lo que se conoce como el Overshoot Day o Día de la Deuda Ecológica). 

Para lograr este obligatorio necesario objetivo, es esencial reconocer la energía como un bien común, aumentar significativamente los objetivos climáticos para 2030, poner fin a las subvenciones de los combustibles fósiles, sustituir el ineficaz mercado de carbono por una rigurosa fiscalidad verde con objetivos vinculantes de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar mecanismos de solidaridad y justicia climática con el Sur global. 

Además, es crucial detener los grandes proyectos inútiles e impuestos para garantizar la protección incondicional de los ecosistemas que almacenan carbono, como los bosques y los humedales. 

En Francia, el ejemplo de Notre-Dame-des-Landes es muy claro y ha sido y es un modelo de construcción colectiva y sostenible. En España también contamos con cuantiosos megaproyectos que han sido inútiles y dañinos para el entorno como los aeropuertos sin aviones, la llamada Y vasca, la mina de uranio de Salamanca o los almacenes de gas del Castor y el Musel, entre otros. 

Por último, apostar por la transición ecológica a escala europea es también apostar por un empleo de futuro y sostenible. Según Luis Morales, director de innovación de Greenbiz, se podrían crear dos millones de empleos verdes en España de aquí a 2020 siempre y cuando se apueste por políticas públicas enfocadas a la innovación y a la cooperación. 

Es por eso que, para evitar el incremento de este medio grado tan importante, pero también para construir un futuro deseable para todas las personas, la candidatura de Ahora La Gente será en las próximas elecciones europeas la candidatura para salvar el clima.

Las élites europeas se llevaban las manos a la cabeza. En el Parlamento Europeo se veía y oía las intervenciones nerviosas de aquellos cargos públicos que más bien parecen representar los intereses de la industria exigiendo a la Comisión Europea responsabilidades: el acuerdo entre la UE y el Mercosur es bueno per se y punto en boca. Sin embargo, la cantinela de que más comercio neoliberal es bueno en cualquier caso está muy en entredicho.

Desde Podemos nos preocupa, en primer lugar, el secretismo de estas reuniones y la falta de transparencia y participación. Esto viene siendo una práctica habitual en todas las negociaciones de tratados de comercio e inversión. De las reuniones secretas de la comisaria europea de comercio, Cecilia Malmström, el comisario de agricultura, Phil Hogan y los ministros de relaciones exteriores e industria de los países del Mercosur, ha trascendido que Bruselas ha aumentado la cuota de importación de ternera libre de aranceles a 99.000 toneladas por año. Aunque la UE lo niega de cara a la prensa por miedo a las respuestas del sector agro-ganadero.

En marzo de 2017 hubo un escándalo en torno a la carne podrida de Brasil. Varias empresas brasileñas, entre ellas JBS y BRF, sobornaron a fiscales sanitarios para que autorizaran la venta de carnes manipuladas con productos químicos que estaban en mal estado y no cumplían con los requerimientos para poder ser destinadas al consumo en el exterior.

Una de las mayores compañías de carne del mundo -la brasileña JBS- admitió haber sobornado a inspectores y políticos de alto rango durante años. Los altos ejecutivos de JBS están siendo juzgados por un masivo esquema de corrupción que involucra a 1.893 políticos en Brasil.

Además, la industria cárnica y la producción insostenible de piensos son los grandes responsables de la deforestación en áreas como la selva tropical del Amazonas. La agroindustria causa asimismo el desplazamiento forzado y otras violaciones de derechos humanos a las comunidades indígenas y campesinas. Y en las mega-granjas prevalecen a menudo las condiciones de trabajo similares a la esclavitud.

Más del 75% de las importaciones de carne bovina a la UE -246.000 toneladas- ya provienen de los países del Mercosur. Sin embargo, el acuerdo comercial con el Mercosur aumentaría esta producción insostenible e injusta al importar más carne sin aranceles y reduciría los controles de importación.

La política comercial neoliberal de la UE se realiza a expensas de los derechos humanos, el medio ambiente y la protección del consumidor. De nada vale que se ponga en riesgo el desarrollo endógeno de los sectores industriales del Mercosur. El acuerdo hace saltar por los aires los acuerdos previos dentro del Mercosur sobre productos industriales como automóviles: este tratado tiene también como objetivo dinamitar las dinámicas de integración latinoamericanas. Según un estudio del Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP), organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), 186.000 empleos industriales podrían perderse sólo en Argentina.

También la agricultura y ganadería familiar del Estado español se verán muy afectadas por las importaciones de carne barata. El sindicato agrario COAG ya advirtió que el acuerdo comercial UE-Mercosur tendría un impacto muy negativo sobre el 20% de la producción final ganadera española y equivaldría a pérdidas de 2.700 millones de euros al año. Si el sector primario y la población rural ya están muy abandonados por los poderes públicos europeos y españoles con una PAC cada día con menos fondos y orientada a la agroindustria de la exportación, esto es una puñalada mortal más.

Igualmente una mayor importación de azúcar, pollo o etanol afectaría negativamente a la agricultura familiar. Desde Podemos nos sumamos a las declaraciones de las organizaciones agrarias que valoran como inaceptable que la UE haya incrementado su oferta a cambio de concesiones en otros sectores como el automovilístico.

¿Con quién se negocia?

Por último, cabe destacar que varios miembros del gobierno de Brasil y Argentina aparecen en la última filtración mundial sobre paraísos fiscales, los “Paradise papers”. El actual ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, es accionista de una empresa que procesa alimentos, con su sede “oficial” en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. Por si fuera poco, el ministro de Finanzas de Argentina, Nicolás Caputo, es el administrador de una compañía de inversiones ubicada en las islas Caimán, cuyos fondos de cobertura casi causaron la bancarrota del estado argentino.

Para Podemos, el hecho de que Bruselas negocie con gobiernos comprometidos con el saqueo de dinero público y la evasión de impuestos es también un apoyo a estas prácticas. Al igual que aceptar como interlocutor a un gobierno golpista como el de Temer en Brasil es legitimar el grave atropello democrático que la población brasileña lleva sufriendo ya un año. Cuando pregunté al representante de la Comisión Europea sobre las medidas contra la evasión fiscal que se barajan contestó este que era natural que aumentaran si aumentaban los intercambios comerciales.

Tanto la Unión Europea como los gobiernos del Mercosur están obligados por el derecho internacional a una evaluación de impacto rigurosa e independiente y a un control transparente de las normas ambientales, sociales, laborales y de derechos humanos.

Pero como sabemos que esto no va a suceder, nos movilizaremos contra este tratado. Además defenderemos un comercio alternativo que represente el interés general y beneficie a las mayorías sociales.

Estos días se celebra en Bonn la 23ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP23. Conviene recordar que la COP21 fue la conferencia ‘de las decisiones’, en la que 195 países suscribieron el Acuerdo de París, presentado como un gran éxito internacional por los mandatarios del mundo. Y que la COP22, de Marrakech, se dijo que sería la ‘de las soluciones’ –pero más bien resultó ‘la de las paradojas’–. Ahora nos encontramos con que la COP23 o es la ‘de los compromisos económicos’ o habremos llegado, definitivamente, tarde.

Muchos países del norte global querrán renegociar en la COP23 para ver el alcance de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático limitados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para no incluir ninguna mención de adaptación al cambio climático a través de un cambio en el modelo económico y productivo. El desafío al que nos enfrentamos es, por un lado, que no lo logren y, por otro, que contribuyan económicamente con los objetivos de lucha contra el cambio climático fijados por los países del sur global. Tanto el Acuerdo de París como el Convenio Marco obligan a los países ricos a contribuir a estos costos. Cerrar esta brecha sigue siendo una cuestión urgente. Desde Podemos Europa lo hemos dicho muchas veces: mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta.

Para evitar que el calentamiento global nos lleve a fenómenos climáticos incontrolables debemos transitar desde ya hacía un modelo de energía distribuido y democrático basado en el 100% renovables. Esa transición energética debe permitir un abandono paulatino de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, debe hacerse de manera justa, incluyendo plenamente a los trabajadores de los sectores afectados. Se trata de no hacer cierres, sino finales con alternativas para todos y todas. Invertir en renovables, ahorro y eficiencia energética generará más empleos, más sostenibles y menos contaminantes.

En Europa estamos trabajando para que la nueva legislación energética permita incentivar el desarrollo de las energías renovables. Existen experiencias transformadoras desde los ayuntamientos del Cambio, la distribuidora pública y 100% renovable de Barcelona o a la mesa de transición de Cádiz son un hito esperanzador en el camino hacia un modelo energético en manos de las personas, que pone en el centro la sostenibilidad de la vida.

El agua, fuente de vida y derecho humano fundamental es el eje central de una crisis que enfrentan millones de personas diariamente y esperamos que en esta Cumbre se aborde con la urgencia que requiere. Según los datos de la ONU, 748 millones de personas no disfrutan de un acceso de agua potable y 2500 millones no cuentan con un saneamiento mejorado. En la lucha contra el Cambio Climático, Podemos reivindica en la COP23, una apuesta por una gestión pública y participada bajo el prisma de la Nueva Cultura del Agua, que propone una hoja de ruta basada en políticas de mitigación y adaptación.

Esperemos que gane protagonismo la visión del mundo de las mujeres, especialmente de las mujeres campesinas e indígenas; sus conocimientos sobre el cultivo respetuoso de la tierra y la gestión de los recursos naturales deben ser puestos en valor. Y esperamos que pierda todo el poder la visión de los lobbies energéticos y de las multinacionales que hablan a través de muchos de nuestros gobiernos. Celebramos que, por primera vez, para la COP23 se esté elaborando un plan de género, que tendrá en cuenta los efectos del cambio climático en las mujeres y su papel fundamental en la transformación de sus comunidades. Y también celebramos que por fin se esté discutiendo y poniendo en tela de juicio la legitimidad de los lobbies’ energéticos para participar en la COP23.

No queremos olvidar tampoco que “El cambio climático tiene rostro” Los refugiados climáticos son las víctimas silenciosas del calentamiento global. Según ACNUR, 64 millones de personas se ven ya forzadas a desplazarse por desastres y efectos climatológicos. En los próximos 50 años, se prevé que podríamos ascender los 1.000 millones de refugiados climáticos.

Son los y las agricultoras de la región del Sahel que ya no pueden cultivar sus tierras por falta de precipitaciones y que tienen que emigrar a la ciudad, son habitantes de las Islas Fiyi (país que ocupa la presidencia rotativa de la COP) que deben dejar sus islas porque el nivel del mar está subiendo. Por solidaridad, humanismo y por la justicia climática, atajar las razones que llevan estas víctimas silenciosas a dejar sus casas y reconocerles un estatuto protector debe ser una de nuestras prioridades.

La UE debe apoyar los esfuerzos de los países del norte global en la transición hacia sociedades de bajas emisiones de carbono; para que sean así más sostenibles y más seguras. Pero también debe instarse a sí misma a dejar de hacer políticas al servicio de los mercados, y empezar a hacerlas al servicio de las personas. Porque, ¿de verdad creemos que es compatible la política comercial de la UE con la lucha contra el cambio climático? No, no lo es. La batalla por el clima es política y enfrenta dos visiones del mundo.

Desde la semana pasada se celebra la 22ª cumbre por el clima (COP22) este año en Marrakech (Marruecos), lo que la convierte en La cumbre de África, algo que no es baladí siendo el continente más afectado por el cambio climático y por el desigual reparto de los recursos naturales en todo el mundo.

Venimos de más de dos décadas errando de una cumbre a otra sin éxitos ni compromisos eficaces alcanzados. Cada cumbre nos enfrentamos a dos opciones: o incrementar los compromisos de los Estados y la ambición general por frenar el cambio climático, o incrementar el cambio climático.

El Protocolo de Kyoto fue el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que perseguía bajar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). No obstante, el protocolo se aplicaba solamente a 55 países industrializados; pero no a China, que desde entonces es el país que más GEI emite, mientras que Estados Unidos nunca lo ratificó y Canadá y Rusia se retiraron posteriormente.

Desde entonces, el siguiente hito ha sido el Acuerdo por el Clima de París del año pasado. Desde la firma del Protocolo de Kyoto en 1997, el de París es el primer gran acuerdo vinculante: obliga a los Estados a mantener el incremento de la temperatura media global muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales.

Sin embargo, no vincula a los Estados, y en especial a los más desarrollados, a tomar medidas que garanticen tal objetivo. Los compromisos a adoptar son voluntarios y, según los cálculos de la ONU, hasta la fecha no mantienen el aumento de la temperatura por debajo de los 3 grados ni tan siquiera.

Por otro lado, siendo esta la cumbre de África, como menciona la presidencia marroquí, existen dos cuestiones importantes a concretar que quedaron pendientes desde la COP21. En primer lugar, en París los países en desarrollo alcanzaron la introducción de una sección sobre las pérdidas y los daños causados por las catástrofes naturales, pero el acuerdo no contempla el reconocimiento de la responsabilidad de los países desarrollados durante su primera industrialización. Se tratará de fijar las reglas para contabilizar estas pérdidas y daños.

En segundo lugar, se acordó la creación de un fondo de 100.000 millones de dólares por año a partir de 2020. De momento solamente se alcanzarán 90.000 millones de dólares en 2020. Además, se estima que para hacer frente al cambio climático los fondos disponibles deben estar alrededor del billón de dólares.

Tampoco los esfuerzos por detener el cambio climático pueden pasar de lado la principal causa de emisión de CO2 a la atmósfera y de calentamiento global: la quema de combustibles fósiles.

'Keep it in the ground'

Lamentablemente, en esta nueva cumbre por el clima, al igual que en la COP21 de París, no se abordará esta cuestión. Éste ha sido uno de los principales motivos por los que, desde los movimientos sociales por la Justicia Climática, se han iniciado fuertes campañas bajo el lema Keep it in the ground (mantenlo bajo tierra) contra la extracción y quema de combustibles fósiles con un objetivo: el 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles debe quedar bajo tierra para poder limitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados.

Para ello, es necesario emprender decididamente una transición energética hacia un modelo de menor consumo y de fuentes de energía 100% renovables. El tiempo para hacerlo escasea, no basta sólo con mencionarlo en los textos internacionales y nacionales, sino plasmarlo en acciones políticas.

La inversión en nuevas infraestructuras que perpetúen el uso de los combustibles fósiles, como el almacén de gas Castor en el estado español, el gaseoducto Keystone XL en Estados Unidos (rechazado por el Gobierno Obama pero en peligro de volverse a plantear por Trump) o el Southern Gas Corridor a nivel europeo, tiene que detenerse en pro de una inversión pública en energías renovables y eficiencia energética.

Según un nuevo informe de Oil Change International, los proyectos de carbón, petróleo y gas que ya están en funcionamiento contienen suficiente contaminación por dióxido de carbono como para llevar al planeta más allá de las líneas rojas de calentamiento que se establecieron en París. Por si fuera poco, estas infraestructuras acaban afectando e inflando la factura final de la luz, agravando la pobreza energética de las familias más vulnerables.

En definitiva, y lamentablemente, no podremos esperar grandes avances en esta próxima cumbre. La crisis medioambiental es tan solo una de las diversas manifestaciones de la crisis de modelo que vivimos, junto con la crisis económica y social.

Cuando se trata de buscar soluciones falsas a la cuestión climática como el carbón limpio, el mercado de carbono o las tecnologías de emisiones negativas y de captura de carbono, estamos huyendo hacia adelante, estamos financiarizando la naturaleza y expandiendo la necesidad de nuevos mercados para el capitalismo. Las soluciones están fuera de los espacios de negociación oficial.

El papel de la sociedad civil

Las soluciones están en la sociedad civil que se autoorganiza para impulsar proyectos de cooperativas energéticas, para compartir el autoconsumo de energía y democratizar el sector. Una sociedad civil que defiende la buena gestión de los recursos esenciales, como el agua de las privatizaciones; personas que impulsan grupos de consumo de alimentos ecológicos y de ciclo corto.

Las soluciones están también en las iniciativas implementando la economía circular y la reducción de residuos o en las que buscan generar alternativas económicas y laborales para las zonas industriales olvidadas impulsando la transición justa.

Al fin y al cabo, son proyectos que están construyendo desde ayer la alternativa a la máquina depredadora del neoliberalismo y al gran horno de recursos naturales que es el capitalismo. Son realidades que encuentran poco respaldo desde las instituciones y cuyos objetivos debemos priorizar.

La cuestión climática no es sólo la defensa de un medio ambiente sostenible, sino que es también la oportunidad para construir una sociedad que produzca lo suficiente para todas las personas, que no deje a nadie atrás en la pobreza o sin empleo, que devuelva a la gente la capacidad democrática de decidir sobre su vida y su futuro. El clima es nuestra vida y nuestro futuro.