Esta denuncia ha derivado con una querella contra José Manuel Haro, Marcos Navarro y Pascual Navarro, exalcalde, ex concejal de urbanismo y exgerente de la empresa municipal SUMA Chiva respectivamente. Pascual Navarro provenía de la empresa urbanística Llanera, quienes en su día se perfilaban para llevar a cabo la operación de desarrollo urbanístico más depredadora del término que Chiva haya recordado y que la crisis económica (paradojas de la historia) evitó. Tras la quiebra, Haro le hizo acomodo en el Ayuntamiento de Chiva creándole una empresa ad hoc encargada de recaudar fondos públicos en base a informes de urbanismo que, según se desprende de la información de la fiscalía, no se habrían realizado.

Que la fiscalía se querelle supone una evidencia más del clan que ha operado durante tantos años en el municipio desde las instituciones públicas para hacer el agosto mientras veían aumentar el desempleo de sus vecinos y las oportunidades se perdían en benefico de los pueblos de alrededor. Haro y Navarro, encausados y a la espera de apertura de juicio oral por otra trama de expolio de las arcas públicas a base cobrar dietas falsas por valor de cientos de miles de euros, en esta ocasión se sirvieron de una empresa pública para vaciar los bolsillos a sus vecinos, con o sin la complicidad de funcionarios de la casa. Eso ya lo determinará la justicia. Ahora se trata de SUMA Chiva, empresa liquidada al inicio de la legislatura anterior y que según la fiscalía se dedicaba a facturar trabajos falsos y a desviar esos fondos a una cuenta del todo sospechosa; idéntica operativa que con el caso de las dietas falsas. De nuevo decenas de miles de euros que se sustraen y se desvían quién sabe dónde.

Durante años diferentes cargos de la oposición política del municipio han recurrido a los tribunales para denunciar las numerosas irregularidades de lo que asemejaba una trama de corte criminal que operaba desde el Gobierno. Denuncias en fiscalía sobre urbanismo, sobre malversación de caudales públicos y prevaricación se acumulaban en el historial personal de Haro y compañía durante esos años. Pero ahora, con Haro en la oposición y el PP en sus horas más bajas y con un mayor acceso a la información, por fín, se están poniendo las cartas sobre la mesa.

Ahora ya no valen las excusas. La trama corrupta del PP de Chiva es cada vez más evidente a los ojos de los vecinos, y ya no vale recurrir al victimismo porque los jueces y los fiscales no tienen ningún tipo de problema personal con nadie ni ejercen de políticos con ambiciones.

Lejos quedan los tiempos en los que Haro, desde su Torre de Marfil, invitaba a algún jefe de fiscales a ver las procesiones desde el balcón de sus acólitos como demostración de fuerza ante sus vecinos, y sobretodo, ante su oposición política. Ahora el fiscal les he colocado una fianza de órdago para amarrarlos y parece que les queda tan sólo ejercer el zarpazo del felino acorralado; ahora vuelve a acusar a concejales, jueces, fiscales y funcionarios de persecución política para dañar su imagen. Nada nuevo bajo el sol.

Muchos ciudadanos de esta municipio tan maltratado en su fama por la ambición y falta de moral de este clan esperamos ahora de nuevo que se haga justicia y se le ponga freno en seco a los personajes que llevan arruinando el buen nombre de su propio pueblo para arreglar sus vidas mediante la política. Demasiado está tardando Isabel Bonig en destituir fulminantemente a Haro como concejal y portavoz del PP de Chiva si de verdad es coherente con su mensaje de reciclaje del PP Valenciano.

Desde las Cortes Valencianas, Antonio Montiel volverá a pedir por enésima vez a la presidenta del PP que haga dimitir a su compañero Haro por acumulación de imputaciones relacionadas con la pura y dura corrupción política. No espere a que un juez lo condene para que abandone su sillón.

El cerco se va estrechando y las causas se van acumulando, algunas durante demasiado tiempo, pero hay que tener paciencia. Personalmente reitero mi más sincera enhorabuena a los representantes de IU en Chiva por haber cumplido con su obligación con ética pública y audacia. Chiva no se merece este suma y sigue de despropósitos y la vergüenza que supone para todos los que seguimos amando a nuestro pueblo.

Gonzalo Guillén Tarín es politólogo y exconcejal del Ayuntamiento de Chiva.Gonzalo Guillén Tarín

El camino hasta la aprobación no ha sido fácil. La tramitación no ha estado exenta de trabas, obstáculos y zancadillas que han puesto de manifiesto, en ocasiones, el gran peso de los aparatos de los partidos sobre la vida institucional no exenta de desconfianzas, egos y cálculos ombliguistas; actitudes que nos muestran el largo camino que aún queda por recorrer en materia de calidad democrática de nuestro sistema al haberse puesto en riesgo la existencia de esta instrumento por ambiciones meramente orgánicas y partidistas.

No obstante la Ley, defendida en un ejercicio de épica dialéctica por la parlamentaria de Podem Fabiola Meco, dejó en evidencia todas las falsas acusaciones que se vertieron sobre la Agencia. Por una parte se esclareció que este nuevo instrumento no estaba destinado a ser un juguete para los gobiernos de turno. Se ha garantizado su independencia, no sin grandes esfuerzos por parte del grupo que la proponía, Podemos, así como por parte de la sociedad civil que acompañaron a la redacción de la Ley. Una independencia que ha sido el caballo de batalla contra el que la ciudadanía y Podemos han tenido que combatir día a día frente a los intentos continuados por parte del PSPV y Compromís de adjudicarse el control de la Agencia, quizás para apuntar con ella a conveniencia, quizás para que no les apuntase a ellos mismos, o quizás para inutizarla y guardarla en el cajón de las reliquias (quién sabe). Al final la Agencia está adscrita a Les Corts para garantizar su indepencia, y por ende, su razón de existir.

Por otra parte se desmontaron las acusaciones sobre el ente en cuanto a su extralimitación de competencias. Todas las acusaciones provenientes del Grupo Popular así como sus amenazas con recurrirla al Constitucional caen en saco roto. La falsedad de las acusaciones de los populares son de tal magnitud que la única conclusión benévola que se puede extraer es que simplemente no habían leído la Ley.No corren buenos tiempos para el PPCV; los excesos verbales y el gamberrismo político que les llevaron a bautizar como Gestapo a esta agencia dejan en evidencia a una fuerza política que se asfixía día a día por su propio entramado de corrupción sistémica fraguado durante décadas. Mal andamos cuando el partido con más causas abiertas por corrupción política vota en solitario contra esta agencia.

La agencia no pisotea las competencias ni de la policía, ni de la fiscalía ni de los jueces; es más, es un instrumento aliado para ellos que a buen seguro agradecerán encuanto comience a ejercer sus funciones.

Por otra parte, su composición garantiza que el trabajo se llevará a cabo por aquellos quienes mejor pueden colaborar a combatir el fraude y la corrupción: funcionarios de las administraciones donde se han fraguado los casos de corrupción habitualmente; y no sólo los casos más sonados, sino aquella corrupción cotidiana, de andar por casa, que día a día se había instalado en entidades locales, autonómicas y provinciales. Allí donde la corrupción campaba a sus anchas para el beneficio de tantos en perjuicio de todos. Así, los funcionarios que tuvieron que soportar de cerca y sin respaldo institucional esta lacra, se convierten ahora en los protagonistas de su persecución.

También se ha tenido encuenta la debida protección del denunciante en su articulado; de manera integral y con las debidas garantías para que nunca más se queden sin denunciar casos de corrupción por la extorsión o el miedo que se pueda inducir por parte de los corruptos y los corruptores.

Según dicen, algunos se alegraban de que la agencia no se pareciese demasiado a la que quería Podemos y la sociedad civil. Seguramente lo dicen aquellos a los que la agencia que más les hubiese gustado es la que no hubiese existido. La realidad es que finalmente los ciudadanos y las ciudadanas contaremos con un instrumento que servirá para continuar cercando a los corruptos y defendiendo la integridad de nuestras instituciones y de nuestros bolsillos.