Se ha convertido en un mantra repetido una y otra vez afirmar que, por definición, a diferencia de los préstamos -que, evidentemente, sí hay que devolver con sus correspondientes intereses-, el dinero procedente de Bruselas en forma de transferencias no debe ser reintegrado. En consecuencia, estas no representan una carga adicional para las cuentas públicas, sino que, por el contrario, aumentan el margen presupuestario de los gobiernos.

De este modo, se traslada un mensaje erróneo, aunque de gran calado: la Unión Europea (UE), al abrir esta fuente de financiación a los gobiernos, está a la altura del enorme desafío que representan la pandemia y la crisis económica y social asociada a la misma. ¿Es realmente así? ¿Podemos hablar de una generosa “lluvia de millones” procedente de Europa, que ha puesto la solidaridad por delante de cualquier otra consideración? 

Lo primero que hay que señalar al respecto es que la Comisión Europea (CE) tiene que devolver entre 2027 y 2058 la deuda contraída en el mercado de capitales a través de la emisión de bonos por valor de 750 mil millones de euros con la que financiará el Plan de Recuperación para Europa. Con los criterios aplicados para distribuir estos recursos, a España le corresponden 140 mil millones de euros -que, en principio, recibirá entre 2021 y 2023-, de los cuales el 51% son transferencias. No es la primera vez que la UE acude al mercado de capitales, pero sí lo es la mutualización de la deuda acordada por los 27 países miembros.

En la operativa de este plan, se abren sendas vías para hacer frente a este compromiso. Una, aplicar gravámenes propios, a escala comunitaria. Con la decisión de introducir un impuesto sobre los plásticos de un solo uso y sobre las emisiones de carbono se han dado pasos en esta dirección, pero son claramente insuficientes. Los tributos con más potencial recaudatorio, como los aplicados sobre las transacciones digitales y, muy especialmente, los que gravan las operaciones financieras y las grandes fortunas y patrimonios han quedado aparcados, como era de prever, debido a las resistencias de los grupos afectados y las divisiones que hay sobre este asunto entre los miembros de la UE.

En ausencia de una hacienda comunitaria con entidad propia, que ni existe ni se la espera, se impone la segunda vía: la devolución del empréstito, que implicará que los Estados tendrán que cubrir esos reembolsos, aumentando sus contribuciones al presupuesto común. Cuando se escriben estas líneas, no se conocen los detalles, pero, inevitablemente, ello reduce el saldo neto de las transferencias (la diferencia entre lo recibido y lo pagado por los gobiernos).

El coste de la “ayuda comunitaria” debe ser analizado también bajo los parámetros de la condicionalidad a la que obliga su acceso. Para despejar cualquier malentendido, aclararemos que, por supuesto, consideramos que la utilización de los recursos que son de todos, como es el caso, debe someterse a exigencias muy estrictas y a una supervisión minuciosa. Aquí no está la discusión, sino en qué tipo de obligaciones exige la CE y en la legitimidad para imponerlas a los gobiernos, aspectos que, en nuestra opinión, nada tienen que ver con el buen uso de lo público o la protección económica y social de la ciudadanía en su conjunto.

Antes de la irrupción de la pandemia, el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento obligaba a todos los países de la zona euro a cumplir estrictos objetivos en materia de déficit y deuda públicos. La aplicación de ese pacto ha sido provisionalmente suspendida mientras dure la actual situación de emergencia; si bien los partidarios de esta política ya advierten que los gobiernos deberían prepararse para ajustar las cuentas públicas una vez que las economías superen la actual situación de excepcionalidad. Pero lo que podríamos denominar “condicionalidad estructural” continúa plenamente vigente. Y se aplicará.

Para poder acceder a los recursos europeos, los gobiernos están obligados a presentar un programa para el período 2021-2023, que tendrá que recibir el visto bueno de la CE en el marco del Semestre Europeo. Dicho programa, además de contener un plan detallado de los proyectos en los que se va a utilizar la financiación, debe ofrecer un calendario preciso de reformas estructurales a introducir en esferas cruciales y muy sensibles para las condiciones materiales de la ciudadanía, como son las pensiones y el mercado de trabajo. Siempre con la misma música de fondo: desregular, liberalizar y privatizar. 

Así pues, las transferencias tienen un coste que no podemos ignorar, tanto en términos financieros como, muy especialmente, en lo que se refiere a la orientación de la política económica. La “lluvia de millones” europea no saldrá gratis y el impacto de la misma no será neutral. 

La respuesta de Bruselas está siendo al mismo tiempo insuficiente y decepcionante. Una Europa más ambiciosa y solidaria comprometería un volumen mayor de transferencias -las acordadas suponen un recorte sustancial respecto a la primera propuesta franco-alemana, la realizada desde el Parlamento Europeo y la puesta sobre la mesa por el gobierno español-, financiando esos recursos con impuestos progresivos y sin otra condicionalidad que su utilización para combatir la pandemia y promover la igualdad y la transición ecológica, como ejes centrales de la renovación del modelo económico. 

En las últimas décadas, el manual de política económica aplicado tanto por gobiernos conservadores como socialistas, y exigido por las instituciones comunitarias y por los organismos monetarios y financieros internacionales, incluía un principio básico: la austeridad presupuestaria. 

Se consideraba que la reducción del déficit y de la deuda públicos representaba la quintaesencia de las buenas prácticas económicas. Avanzar por esa senda era, según la concepción dominante, la condición necesaria y hasta suficiente para conseguir una economía próspera y eficiente. La recompensa era el crecimiento del Producto Interior Bruto, que, siguiendo la misma línea argumental, beneficiaba a empresarios y trabajadores, a los poderes públicos y al conjunto de la población. Un juego de suma positiva, en suma.

Pero la formidable crisis económica, social y de salud pública que estamos viviendo se ha llevado por delante el sacrosanto principio neoliberal del ajuste presupuestario permanente. Los mismos que antes levantaban esta bandera, ahora toleran, exigen incluso, que los gobiernos se endeuden hasta las cejas y aumenten lo necesario los déficits públicos, así como que los bancos centrales acudan a medidas heterodoxas para proveer de financiación a entidades financieras y corporaciones. 

Un discurso del que han hecho bandera las elites empresariales, las grandes corporaciones, las patronales más importantes y los grupos de presión que representan estos intereses… sí, los mismos que, hasta hace bien poco, alimentaban el discurso de la ineficiencia y del despilfarro de lo público, ahora reclaman que el Estado, con el dinero de todas y todos, acuda a rescatar sus negocios. Una nueva entrega de la clásica regla neoliberal de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. 

En todo caso, no podemos ni debemos olvidar cómo en la anterior crisis del 2008, una vez que se sanearon las cuentas de bancos y empresas con dinero público, el discurso de la “austeridad” (para las clases populares, por supuesto, los de arriba no conocen el significado de este término) volvió con renovada fuerza. En este sentido, resulta preocupante que organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España ya estén advirtiendo de que, una vez superada esta situación de excepcionalidad, los gobiernos deberán proceder a realizar ajustes presupuestarios; y que la Comisión Europea insista en que en absoluto ha abolido el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, tan sólo ha abierto un paréntesis en su implementación, con la idea de retomarlo cuando remonte la crisis.

Ahora, la batalla no se libra en el terreno de la “austeridad presupuestaria”, que ningún actor significativo está reivindicando, al menos a corto plazo, sino en el acceso a los recursos públicos y en la financiación de los mismos. La propaganda política y los grandes medios de comunicación se empeñan en colar la idea de que todas y todos estamos en el mismo barco, que el virus no conoce de clases sociales, ¡es democrático! En nuestra opinión estamos, más bien, en un escenario de disputa y no de consenso; un escenario donde los de arriba están imponiendo, de hecho, las reglas del juego que son más favorables a sus intereses. Una pelea desigual, dada la actual correlación de fuerzas.

En este contexto de aumento del gasto público, los mejor posicionados vuelven a ser los multimillonarios y las grandes corporaciones. Se habla y mucho sobre la transición ecoenergética y la lucha contra la inequidad, sobre lo público como eje de una economía solidaria y sostenible, sobre la salud y la educación como derechos ciudadanos básicos, sobre la necesidad de convertir la crisis en una ventana de oportunidad para levantar los cimientos de otra economía… pero cada vez se impone más el discurso de la “reconstrucción”, de la “reactivación de la actividad económica”, de la vuelta a la “normalidad”, un planteamiento que favorece claramente a las elites, que se reivindican como piezas claves e insustituibles de ese proceso y que, en consecuencia, pretenden desempeñar un papel destacado en la asignación de los dineros públicos.

Cuentan, además, con la capacidad de presión que se deriva de su poder económico, que no ha dejado de aumentar antes y durante la crisis, poder derivado de una enorme concentración de la renta y la riqueza, que cada vez es más pronunciado, y que supone un auténtico secuestro de la democracia. Porque el maridaje entre poder económico y político –cuyo elemento más visible son las puertas giratorias, pero que también se refleja en los múltiples espacios compartidos, en las conexiones familiares y accionariales, en la oligopolización de la estructura empresarial y en el control de los grandes medios de comunicación– está condicionando de manera crucial tanto la financiación como la distribución de los recursos públicos. 

Ese condicionamiento sin duda existe cuando, por ejemplo, el Banco Central Europeo beneficia con su actuación a los principales actores en los mercados financieros proporcionándoles recursos en condiciones privilegiadas, o cuando rechaza actuar directamente sobre la deuda pública de los gobiernos, o cuando confecciona la lista de las corporaciones que accederán a los programas de compra de bonos. Existe, asimismo, condicionamiento cuando la Comisión Europea decide pasar de puntillas sobre la progresividad tributaria, cuando el Gobierno renuncia a imponer una fiscalidad fuerte sobre las grandes fortunas y patrimonios y sobre las grandes corporaciones, abriendo de esta manera la espita de la deuda y colocando las finanzas públicas en la órbita de los mercados financieros que gestionan esa deuda; y también cuando se acuerda inyectar grandes cantidades de liquidez en grandes empresas sin que haya existido un debate de la ciudadanía sobre las condiciones que deben presidir las ayudas presupuestarias. Esto es la política, la mala política. 

Aumentar el presupuesto público de manera sustancial es condición necesaria para afrontar la crisis –no nos detenemos en este punto, pero creemos que el Plan de Recuperación y Resiliencia lanzado desde la Comisión Europea no ha estado a la altura de la encrucijada histórica que viven las economías comunitarias, especialmente las meridionales–, pero en absoluto es suficiente. 

Es necesario preguntarse si el esfuerzo presupuestario y el endeudamiento de los Estados conducirá a nuevos planes de austeridad y ajuste, o si se hará pagar a quienes más tienen. En nuestra opinión, es urgente situar en la agenda política el reparto de la riqueza, defender la idea de que las rentas altas y los grandes patrimonios deben ser gravados en beneficio de los intereses colectivos. Como hemos señalado anteriormente, este planteamiento no aparece en la agenda del Gobierno de coalición, ni tampoco en la de las instituciones comunitarias. Es aquí donde se vuelve a apreciar el poder de los de arriba, de esos que no se presentan a las elecciones, pero que marcan la hoja de ruta de las instituciones publicas.

Somos plenamente conscientes de que las inercias y las resistencias son muy fuertes y los intereses asociados a las mismas para mantener el estatus quo son muy poderosos. Pero nos jugamos la vida en ello. Hoy es más importante que nunca reafirmar que nuestras vidas vales más que los beneficios de multinacionales y multimillonarios.

Los medios de comunicación acaban de hacerse eco de las grandes cifras que van a configurar el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027. Su aprobación definitiva tendrá lugar en la próxima reunión del Consejo Europeo del 20 de febrero. En esa fecha conoceremos los detalles y el resultado de una compleja negociación que, a día de hoy, sigue su curso, pero que, no nos engañemos, no modificará los parámetros esenciales que ya han sido acordados.

Sí se puede avanzar ya que el presupuesto comunitario, con la excusa del impacto negativo de la salida del Reino Unido de la UE, se situará en los alrededores del 1%, porcentaje inferior al vigente durante los años 2014-2020 y, de hecho, el más reducido desde 1988. La tijera afectará, muy especialmente, a las partidas relacionadas con la agricultura y la cohesión social. No así al gasto militar: según las previsiones, el Fondo Europeo de Defensa podría pasar de 600 a 11.500 millones de euros. Asimismo, el consagrado a la seguridad, relacionado con el control de las fronteras, crecería en un 84%. Está claro dónde se sitúan las prioridades políticas y dónde se aplican los recortes.

Contrasta poderosamente el adelgazamiento presupuestario decidido y el sesgado reparto de los recursos disponibles, con las reivindicaciones de los agricultores en el Estado español y con la revuelta de los chalecos amarillos en Francia. Movilizaciones que no sólo apuntan a los gobiernos respectivos, sino que exigen de Bruselas la implementación de políticas redistributivas más ambiciosas.

¿Dónde queda con este presupuesto el Pilar Europeo de Derechos Sociales aprobado en noviembre de 2017 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea? Los veinte puntos desgranados en el mismo no contenían compromisos concretos por parte de los gobiernos y las autoridades comunitarias, ni tampoco financiación que garantizara su cumplimiento. El Marco Financiero Plurianual que se aprobará en los próximos días supone por parte de Bruselas dar el carpetazo a la agenda social. Lejos quedan las bonitas palabras y las palabras vacías de la siempre relegada “Europa social”.

Otro tanto cabe decir del compromiso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de acometer un ambicioso Plan Verde, estimado en 1 billón de euros, cuyo objetivo teórico sería alcanzar la neutralidad climática en 2050. Esta iniciativa descansaría en buena medida en la iniciativa privada, pero también contaría con el compromiso presupuestario de las instituciones comunitarias. El nítido mensaje lanzado desde Bruselas es que, más allá de la retórica al uso, la lucha contra el cambio climático y la degradación de la naturaleza seguirán sin ser, de hecho, una prioridad, y dependerá del mismo libre mercado y de las mismas multinacionales responsables de la emergencia climática.

Por lo demás, estamos ante un presupuesto restrictivo que colisiona con las necesidades de una Europa en la que han crecido las disparidades productivas entre los países y las regiones, y donde la desigualdad ha alcanzado cotas sin precedentes. Disparidades y desigualdades que se han exacerbado con la crisis, pero que ya estaban presentes y han progresado con las políticas neoliberales que han sido, de hecho, el santo y seña de la construcción europea desde los años 80 del pasado siglo.

¿Cómo corregir las fracturas productivas, reducir la desigualdad y combatir el cambio climático y la degradación medioambiental con un presupuesto dominado por la obsesión de la austeridad? La cuadratura del círculo, ni más ni menos. Un presupuesto exiguo y en retroceso que dice mucho de la endeble voluntad redistributiva del actual proyecto europeo. Para estar en condiciones de enfrentar los desafíos de una Europa social y sostenible, habría que situarlo, como poco, en el 8% del Producto Interior Bruto comunitario; y los recursos que lo alimentaran deberían financiarse con criterios de progresividad. Es evidente que las autoridades comunitarias ni de lejos contemplan este escenario o uno similar.

Las políticas de austeridad presupuestaria no sólo traducen la renuncia a que los poderes públicos y la ciudadanía asuman un papel protagonista en la gestión y superación de la crisis, poniendo en pie una economía y una sociedad al servicio de los intereses de las mayorías sociales. Estas políticas significan, también y sobre todo, dejar la construcción europea en manos de la industria financiera y de las corporaciones transnacionales, plegándose a los intereses de una minoría peligrosa cuya única idea de Europa es mercado, mercado y más mercado. Y con esa vieja receta y por ese mismo camino, no se puede esperar nada nuevo ni bueno.

El pasado 12 de noviembre, dos días después de la repetición electoral, se hacía público por sorpresa un preacuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP). Más allá de la sorprendente rapidez en anunciar un entendimiento que había sido imposible los meses posteriores a las elecciones generales del 26 de abril, se presentaba un documento, dos páginas escasas, que pretende establecer las bases del futuro gobierno.

En el referido documento es especialmente reseñable el apartado 10, que se encabeza con la frase “Justicia fiscal y equilibrio presupuestario”; un poco más adelante, el texto señala que se aplicarán políticas “con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal entre España y Europa”. Nos preguntamos si alcanzar el referido equilibrio presupuestario debe figurar entre los objetivos de un gobierno de izquierdas y si debe ser la Unión Europea (UE) de la austeridad nuestra referencia en materia presupuestaria.

Cuando se habla sobre las cuentas públicas, parecería existir una suerte de “sentido común” neoliberal, ampliamente compartido, incluso entre partidos situados en coordenadas ideológicas supuestamente muy dispares, que conectaría, además, con principios muy básicos de una lógica económica sostenida en una racionalidad indiscutible.

Se ha machacado a la opinión pública desde todo tipo de tribunas – institucionales, mediáticas, académicas y políticas– que “el despilfarro público ha estado en el origen de la crisis y dificulta su salida”, “el Estado es como una familia, no puede gastar por encima de sus ingresos”, “la austeridad es una virtud que debe impregnar el comportamiento de las administraciones públicas”, “los Estados son intrínsecamente ineficientes, mientras que los mercados son el paradigma de la racionalidad”. Una mentira o una vulgaridad, repetida hasta la saciedad por los grandes medios de comunicación, se convierte, para mucha gente, en una verdad indiscutible. Este es el relato tramposo y erróneo que se ha impuesto.

Con este equipaje retórico, cargado de ideología neoliberal, se ha implementado una política económica que ha tenido entre sus piedras angulares la disciplina presupuestaria; el objetivo ha sido reducir progresivamente los niveles de déficit y deuda públicos, hasta alcanzar un equilibrio –o, mejor todavía, un superávit– entre los ingresos y los gastos públicos. Sobre esta lógica, el PSOE y el Partido Popular, siguiendo los dictámenes de Bruselas y sus propias convicciones, modificaron la Constitución para priorizar el pago de la deuda de los rescates a bancos o a autopistas, por encima de derechos sociales como la sanidad o la educación.

Ha pasado el tiempo, pero seguimos instalados en las mismas o parecidas coordenadas analíticas. A pesar del fiasco de estas políticas, de que han intensificado la recesión y prolongado la crisis, de que han destruido capital productivo y agravado la fractura social, de que han llevado la deuda pública a cotas muy superiores a las de precrisis y de que tan solo han cosechado discretos resultados, con costes muy elevados, en materia de reducción del déficit público.

Una paradoja que encuentra todo su significado cuando reparamos en que las políticas austeritarias, presupuestarias y salariales, así como las denominadas reformas estructurales, han servido y sirven para que los costes de la crisis los soporten las mayorías sociales. Y también han sido el bisturí que ha permitido abrir nuevos espacios de enriquecimiento para las élites económicas; los cuidados, la salud, la educación, el manejo de datos… representan, sin duda alguna, negocios muy rentables. Detrás de tanta fanfarria y lugares comunes, el objetivo de los de arriba está claro: ¡todo mercado! ¡Todo para el mercado!

Entretanto, los problemas se han ido agravando: aumento de la pobreza y la exclusión social, creciente precarización del empleo, salarios estancados para la mayoría de los trabajadores, expoliación de los recursos naturales, aceleración del cambio climático, recrudecimiento de la violencia machista y extrema concentración de la renta y la riqueza. Con este panorama, nos parece imprescindible lanzar un plan de emergencia, situar ya en el centro de la agenda política lo común y la vida, ámbitos que no pueden quedar al albur de los intereses privados o de las obsesiones presupuestarias de Bruselas.

Poner en marcha políticas de equidad social, detener y revertir el cambio climático, promover la transición energética y comprometerse con la equidad de género exigen una decidida intervención de las administraciones públicas. Situar en el mismo paquete estos objetivos con el del equilibrio presupuestario, además de contribuir a la ceremonia de la confusión, es pretender la cuadratura del círculo, que, como sabemos, es imposible.

El Gobierno necesita mantener un nivel de déficit público y también de deuda compatibles con esa hoja de ruta, que evidentemente exige destinar una cantidad sustancial de recursos financieros. Estos existen, pero lo que no ha existido ha sido voluntad política, ni aquí ni en Europa, para movilizarlos. Para ello, es necesario luchar de manera decidida contra el fraude fiscal, reforzar la progresividad del sistema tributario, apuntando con determinación a las grandes fortunas y patrimonios, corregir los agujeros legales que benefician a los ricos, exigir que las empresas transnacionales paguen sus impuestos en los países donde generan sus ingresos, prohibir los paraísos fiscales y realizar una auditoría de la deuda pública y privada en nuestro país.

Todo ello colisiona con una UE cuya agenda está en manos de las grandes transnacionales y de los grupos de presión que representan sus intereses, así como de la industria financiera; nada nuevo en un proceso de construcción europea gobernado por y para los mercados. De hecho, la Comisión Europea (CE) ha sido el principal valedor y estandarte de la disciplina presupuestaria, que, además de imponerse con especial dureza a las economías más débiles, ha sido incorporada, junto a la prioridad de atender los pagos de la deuda, a los tratados comunitarios, dotándola de rango constitucional.

Unos pocos días después del anuncio del preacuerdo entre el PSOE y UP, la CE mandó un claro mensaje para las negociaciones de gobierno, exigiendo al Ejecutivo español en funciones el cumplimiento de las rígidas e inaceptables imposiciones en materia de déficit y deuda, establecidas en el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento. Ello podría suponer a corto plazo la introducción de recortes adicionales en las partidas del presupuesto o la paralización de reformas que suponen aumentos en el gasto social; todo ello bajo la amenaza de endurecer los programas de ajuste diseñados desde Bruselas para nuestra economía.

La pregunta es clara: ante las imposiciones de rigor presupuestario y de recortes por parte de Bruselas, ¿qué hará un gobierno de “progreso”?

Uno de los objetivos centrales de la construcción europea ha sido alcanzar cotas crecientes de convergencia entre las economías que formaban parte de ese proceso. Los sucesivos tratados, los documentos oficiales de las instituciones comunitarias y las declaraciones de sus principales responsables no solo ponen el énfasis en esta meta como piedra angular de todo el edificio comunitario, sino que manifiestan haber tenido éxito en su consecución. 

Proceder a una valoración de los resultados obtenidos en esta materia exige delimitar el ámbito de análisis, pues con el término convergencia se alude a una variedad de cuestiones diferentes. Buena parte de los trabajos llevados a cabo han colocado el foco en la convergencia macroeconómica, medida a través del PIB por habitante, y en la nominal, reflejada en el comportamiento de la inflación, los tipos de interés y los niveles de deuda y déficit públicos (los denominados criterios de Maastricht). Desde esta perspectiva, habría convergencia si los países con un PIB por habitante más bajo reducen las diferencias que las separan de las más avanzadas; por otro lado, existiría una dinámica de convergencia nominal si las economías relativamente rezagadas se agrupan alrededor de las que ofrecen un cuadro macroeconómico más favorable.

A diferencia de ese planteamiento, las líneas que siguen están centradas en lo que cabe denominar como convergencia estructural, expresión que apunta al cierre de brechas productivas, sociales y territoriales existentes dentro del espacio comunitario, y que se hicieron especialmente visibles con la entrada en las Comunidades Europeas (Unión Europea desde 1993) de países que, como el nuestro, contaban en el momento de la adhesión con estructuras económicas más frágiles que las de los socios fundadores.

Esta aproximación estructural a la convergencia se contempla aquí a partir del comportamiento de un paquete de indicadores: la productividad laboral, medida por el PIB real por hora trabajada, la relevancia de las actividades intensivas en media-alta y alta tecnología en el valor añadido global y el saldo comercial relativo de las manufacturas intensivas en tecnología y trabajo cualificado, expresado como el cociente entre el saldo comercial obtenido en estos bienes y la suma de las exportaciones y las importaciones totales de los países examinados.

Comparo su evolución a lo largo del primer periodo de vigencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM), hasta la implosión financiera, y durante los años de crisis, hasta 2018 para dos grupos de países. Uno, que denomino Centro, agrupa a Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Holanda y Luxemburgo; el otro, que llamo Periferia, integra a España, Grecia, Italia y Portugal. Soy consciente de que dentro de cada grupo se aprecian diferencias significativas; con todo, este agrupamiento permite identificar fracturas de calado estructural que atraviesan el edificio comunitario.

Las brechas estructurales son sustanciales, persistentes y, en algunos casos, crecientes. La productividad por hora trabajada promedio de los países periféricos era en 1999 muy inferior a la de los centrales (el 55%); ese porcentaje se había reducido en 2007 en dos puntos porcentuales, manteniéndose en los años siguientes en torno a esos parámetros, según Ameco, base de datos de la Comisión Europea.

En lo que concierne a las actividades de media-alta y alta tecnología, su importancia en el valor añadido global en el grupo de países más rezagados alcanzaba en 1999 algo más de la mitad de lo que representaba en los más avanzados. Hasta 2007 la brecha continuó creciendo, pasando del 55% al 50%, para corregirse ligeramente en los años siguientes, hasta situarse en 2015 (último año del que se tienen datos) en un porcentaje ligeramente inferior al de 1999. 

Finalmente, los registros obtenidos por los dos grupos de países considerados en los intercambios de productos intensivos en trabajo cualificado y alta tecnología dan cuenta, asimismo, de la existencia de perfiles estructurales bien diferentes. Mientras que el grupo de los más avanzados presenta a lo largo de todo el periodo saldos comerciales excedentarios o en equilibrio, los periféricos acumulan déficits, cuya magnitud solo se reduce en los últimos años, en parte como consecuencia de la contención en la demanda de importaciones asociada a la recesión y el bajo crecimiento.

Tesis invalida

Nada tiene que ver el escenario que dibuja la información que acabo de presentar (y que, por supuesto, debe ser completada añadiendo otras variables de similar calado) con la presunción de que la construcción europea, en general, y la introducción de la moneda única, en particular, están avanzando por una senda convergente. La convergencia (en algunas variables nominales, sobre todo) convive con importantes divergencias estructurales.

La cuestión es trascendente por varios motivos. En primer lugar, porque invalida la tesis de que la convergencia macroeconómica y nominal creaba las condiciones para una convergencia estructural. La evidencia empírica demuestra que esta conexión no se ha producido. Diría, más bien, que las políticas de signo estabilizador y, muy especialmente, las llevadas a cabo a partir de la firma del Tratado de Maastricht y de la entrada en vigor de la UEM han enquistado o acentuado las fracturas productivas y comerciales.

En segundo lugar, la existencia de estas y otras fracturas nos hablan de una Europa jerarquizada, atravesada de importantes asimetrías. Este escenario nada tiene que ver con la retórica europeísta que, contra toda evidencia empírica, sostiene que la construcción europea es un juego de suma positiva en el que todos ganan, sobre todo las economías más rezagadas. Lo cierto es que el mercado único y la unión monetaria ofrecen las mayores oportunidades a las economías y las empresas que disponen de un potencial competitivo superior; la posición subalterna de los países periféricos y la división europea del trabajo que simbolizan resultan funcionales a esos intereses.

En tercer lugar, las disparidades estructurales ponen de manifiesto los límites y las carencias de las políticas redistributivas implementadas desde las instituciones comunitarias que, al menos en teoría, habían sido concebidas para cerrar brechas y abrir sendas convergentes. En el contexto de la construcción europea, los Estados han dispuesto de un margen de maniobra que podrían haber utilizado para promover políticas de signo modernizador. Pero no es menos cierto que, desde la década de 1980, en las instituciones comunitarias han ganado protagonismo las políticas (y la ideología) de la austeridad, reduciendo los recursos destinados a cerrar las brechas estructurales. Son recursos que, por lo demás, han sido en buena medida capturados por las grandes corporaciones de las economías más poderosas.

Viraje necesario

En cuarto lugar, porque pone de manifiesto el error y el sesgo de las políticas, exigidas con particular severidad a los países meridionales, basadas en la represión salarial, los ajustes estructurales y las reformas estructurales promercado. Estas políticas, lejos de contribuir a cerrar gaps, han profundizado las divergencias estructurales.

De todo lo anterior se desprende que las instituciones comunitarias deberían proceder a una profunda reorientación de las políticas económicas aplicadas hasta el momento, y también del diseño institucional que las ha sostenido. Ese viraje pasaría, entre otras cosas, por aumentar de manera sustancial la capacidad financiera del presupuesto comunitario; avanzar una agenda de transformaciones estructurales con el objetivo de renovar y modernizar, con criterios de sostenibilidad, las capacidades productivas de las economías periféricas; aliviar con carácter inmediato la carga que para ellas representa la deuda y el cumplimiento de los rígidos criterios presupuestarios impuestos desde Bruselas, y asegurar una efectiva coordinación de las políticas aplicadas por los Estados miembros y, muy especialmente, reconducir la implementada por Alemania, dando mayor protagonismo a la demanda interna. 

Se impone, en consecuencia, un cambio de rumbo en la construcción europea. Una nueva hoja de ruta que ponga en el centro de la agenda lo público, la cooperación y la redistribución. No parece, sin embargo, que la constelación de intereses dominantes en presencia, que obtiene sustanciales beneficios del mantenimiento del actual estado de cosas, apunte en esa dirección. 

[Este artículo ha sido publicado en el número 73 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Un tsunami devastador recorre Europa y tiene nombre: desigualdad. Esta es consustancial al sistema económico capitalista y ha ganado relevancia con la irrupción y el triunfo del neoliberalismo, a comienzos de la década de 1980. Pero ha sido con el estallido del crac financiero y con la aplicación de las políticas implementadas desde las instituciones comunitarias y los gobiernos cuando ha alcanzado los mayores umbrales. No solo hay más desigualdad; además, presenta rasgos nuevos que la hacen más amenazante.

Sin pretender una descripción exhaustiva de los niveles actuales de desigualdad, algunos indicadores seleccionados pueden dar cuenta de su dimensión. Se refieren al periodo comprendido entre 2010 y 2017-2018 (dependiendo de la disponibilidad de datos), cuando, superados los episodios más críticos de la crisis financiera, la mayor parte de las economías comunitarias han retomado la senda del crecimiento. Son, asimismo, los años de aplicación generalizada, especialmente intensa para los países del sur de Europa, de las denominadas políticas de austeridad y las reformas estructurales que las han acompañado.

El número de personas en situación de exclusión social y pobreza, aunque en el conjunto de la Europa comunitaria se ha reducido algo, era en 2017 de más de 100 millones de personas; en España ha aumentado, superando los 12 millones. En 16 de los 28 países comunitarios, más de una quinta parte de la población se encontraba en esa situación, y en nuestra economía alcanzaba casi el 27%.

Los beneficios han ganado peso en la distribución de la renta nacional, mientras que los salarios lo han perdido. La parte de las retribuciones de naturaleza salarial se ha reducido en 18 de los 28 países comunitarios, retrocediendo en la economía española cerca de cuatro puntos porcentuales; y esto ha sucedido en un contexto de, en algunos casos, acelerada creación de empleo. En 16 países ha aumentado el porcentaje de trabajadores pobres; en España en 2,3 puntos porcentuales. No solo los salarios de la mayor parte de los trabajadores se han mantenido estancados, en retroceso o con leves aumentos, sino que una parte creciente de los que disponen de un puesto de trabajo se encuentra por debajo de los umbrales de pobreza.

El Global Wealth Databook de Credit Suisse ofrece información estadística sobre la concentración de la riqueza. Poniendo el foco en Europa (esta categoría incluye también a los países europeos no comunitarios) y en la posición de los grupos de población adulta situados en la cúpula de la estructura social, se observa que el 10% más rico en 2018 acumulaba el 70% (37% en 2010), el 5% disponía del 55% (40%) y el 1% del 31% (37%).

Las diferencias de género constituyen otro de los rostros importantes de la desigualdad. Además de la conocida brecha salarial entre varones y mujeres, que están sobrerrepresentadas en los contratos a tiempo parcial y en las actividades en las que se perciben retribuciones más bajas, un dato revelador al respecto —sobre el que se repara menos— es el referido a las horas semanales dedicadas al trabajo de cuidados y a las tareas del hogar en 2016. Tanto en la UE como en España, alrededor del 70% recae sobre las mujeres.

El aumento de la desigualdad en la UE se encuentra entre las causas desencadenantes de la crisis. El persistente estancamiento de los salarios y la creciente concentración de renta y riqueza en manos de las élites alimentaron la financiarización de los procesos económicos: crecimiento desbordante del crédito privado y vinculación de las oligarquías a la economía de casino. Que en estos últimos años la fractura social haya crecido o, en el mejor de los casos, se haya estancado en unos niveles elevados es, sin duda alguna, un factor de perturbación económica de primera magnitud y nos habla de lo lejos estamos en la superación de la crisis.

Además de los efectos macroeconómicos de la desigualdad —lastra el consumo, desincentiva la inversión—, conviene poner el foco en sus consecuencias sistémicas. Tres son los aspectos que, en mi opinión, destacan en este sentido. En primer lugar, la cultura empresarial conservadora que alimenta y el tejido empresarial ineficiente que contribuye a mantener, que se sostiene en la continua presión sobre los costes laborales.

En segundo lugar, la concentración de poder económico por parte de las élites se convierte, inevitablemente, en poder político, lo que ha supuesto la ocupación de las instituciones. Esta perspectiva es clave para entender la orientación sesgada, más que errónea, de las políticas aplicadas: desregulación de los mercados de trabajo, rescates bancarios, privatización de empresas públicas e incentivos a la concentración empresarial.

En tercer lugar, la desigualdad es una pieza clave del capitalismo que emerge de la crisis económica —la Gran Transformación que ha seguido a la Gran Recesión— y que está impregnando hasta la médula el proyecto europeo; un capitalismo con una débil capacidad de crecimiento, con importantes bloqueos estructurales, con un tejido institucional de baja densidad, con mercados crecientemente oligopolizados, con unas políticas redistributivas debilitadas e impugnadas, enfrentado a un escenario externo convulso e incierto… Un capitalismo de estas características se sostiene en la confiscación de renta y riqueza de la población y de los espacios públicos en beneficio de las élites.

Progresividad tributaria

Una consecuencia política de la enorme fractura social que se ha instalado en Europa es el auge de la extrema derecha. Es evidente que no es el único factor, pero es uno de los fundamentales. Los partidos situados en esas coordenadas, en un contexto de profunda crisis del establishment y de los partidos socialistas y conservadores que lo representan, han sabido encauzar una parte de la desafección y del descontento.

Por todo ello, urge colocar en el centro del debate ciudadano y de la agenda política la lucha por la equidad, actuando a escala europea (y global) y en el ámbito de los Estados nacionales. Ello implicaría llevar a cabo una política económica radicalmente diferente de la actual. Algunos de sus pilares deberían ser expandir el gasto social público y el presupuesto comunitario, que se financiarían con una apuesta decidida por la progresividad tributaria; aumentar el salario mínimo y limitar el máximo; recuperar el peso que los salarios, en proporción al PIB, tenían cuando entró en vigor la moneda única; exigir una estricta condicionalidad a las empresas que acceden a los recursos públicos en materia equidad de género; pleno ejercicio de los derechos laborales, y compromiso con la sostenibilidad medioambiental.

En paralelo, sería imprescindible aplicar reformas estructurales encaminadas a reducir el protagonismo del sector financiero en la economía —reforzando los mecanismos de supervisión y control, separando la banca comercial de la de inversión y prohibiendo los mercados y las operaciones opacas—, asegurar la negociación colectiva, consolidar un potente polo público con capacidad para ofrecer bienes y servicios comunes, prohibir los paraísos fiscales y las puertas giratorias y actuar contra la ingeniería contable practicada por las grandes corporaciones.

Creo, en fin, que la aplicación de una renta básica universal debe entrar con fuerza en el debate europeo. Estas medidas implican tanto un cambio sustancial en la orientación de la política económica como un marco institucional que lo haga posible, colisionan con el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento —verdadero nudo gordiano de la Europa conservadora y fracasada— y desafían el nudo de intereses oligárquicos que hasta el momento ha marcado la hoja de ruta. Es necesario romper estos candados —instituciones, políticas e intereses para abrir las puertas a otra economía donde la equidad, la sostenibilidad, la vida y las personas tengan la centralidad que se merecen.

[Este artículo forma parte de un dossier dedicado a las Elecciones Europeas publicado en el número 69 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Este dilema estará, ya lo está, en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Parece una pregunta clara a la que los partidos políticos en liza tendrían obligación de contestar.

El recetario de la derecha es “bajemos los impuestos” y los argumentos puestos sobre la mesa son de sobra conocidos: la carga fiscal que soportan las familias y las empresas es muy elevada y ello desincentiva tanto el consumo como la inversión; el Estado es intrínsecamente ineficiente, en oposición al sector privado, y por lo tanto conviene reducir su peso en la economía.

Todavía recordamos al gobierno de Rajoy cuando se tragó estos principios y procedió a una sustancial subida de los impuestos que graban las rentas medias y bajas… eso sí descargando toda la responsabilidad en la herencia recibida del anterior gobierno socialista. Con todo, hay que reconocer que las derechas y también los partidos socialistas (aquí y en Europa) han reducido los impuestos… a los ricos. Las estadísticas son, en este sentido, concluyentes: Según Intermon Oxfam, en 2016, el 84% de la recaudación fiscal del Estado español procedía de las familias, mientras que las empresas aportaron sólo el 13%, sin embargo, en 2007, el esfuerzo fiscal de los hogares representaba el 75% del total recaudado, y el de las empresas, el 22%. En la Comunidad de Madrid (CM), la situación es especialmente grave pues su política de bonificaciones y exenciones fiscales la ha convertido casi en un paraíso fiscal interior: es la única Comunidad del país que no cobra impuesto de patrimonio y además es la que mayor bonificación aplica sobre el impuesto de sucesiones (99%). Que nuestra Comunidad sea una de las más desiguales de toda España no es casualidad, la excepcionalidad fiscal aplicada sobre los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio sumada a la aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas menos progresivo de toda España, demuestran cual ha sido la política fiscal de los gobiernos del Partido Popular durante sus 24 años de gobierno.

Esta tendencia, que algunos apuntan como un logro a mantener y acentuar, ha estado en el origen de la crisis económica y refleja las perversiones del denominado proyecto europeo y del capitalismo -recordemos, por poner un ejemplo, que Jean-Claude Juncker, Presidente de la Comisión Europea, constituyó a Luxemburgo como paraíso fiscal, contribuyendo significativamente a la evasión fiscal en Europa-. 

Los Estados han sido ocupados por las élites económicas y fruto de esta ocupación han experimentado una continua merma en su capacidad recaudatoria que, como no podía ser de otra manera, ha tenido como contrapartida el incremento de la presión fiscal de los trabajadores. Antes y ahora, el mensaje de bajar los impuestos supone, aunque se oculte, continuar concediendo privilegios a los de arriba, y dinamitar el sector social y productivo público, poniéndolo a merced de los intereses de las corporaciones privadas.

¿La alternativa es entonces aumentar los impuestos? ¿Esta debe ser la bandera de la izquierda transformadora? Se trata de preguntas tramposas que no cabe contestar en estos términos, simplones y equívocos. La pregunta es más bien ¿cuáles y de qué magnitud son las necesidades a cubrir cuya atención, ineludiblemente, debe contar con la activa participación de las administraciones públicas? Y sobre todo ¿qué sectores sociales deben asumir la carga impositiva de manera que se asegure la justicia económica y social?

Empezando por aquí, hay que decir que vivimos, y muchos sufren, una situación de emergencia social y económica -detrás de la cual, no lo olvidemos, hay personas- que necesita respuestas a corto plazo. Según el Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que la CM es la que registra el mayor PIB por habitante de España, un 46% de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 17% de la población está en riesgo de pobreza. Además, esta se ceba especialmente con los niños y las niñas; según Unicef, 3 de cada 10 viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Poner en marcha un plan de emergencia que logre dar respuesta a la situación en la que se encuentra gran parte de la población madrileña necesita la movilización de recursos públicos. No cabe apelar a un crecimiento económico que no acaba de consolidarse, que distribuye sus supuestos beneficios de manera desigual y que, por lo demás, está definitivamente instalado en una lógica depredadora y confiscatoria. 

En este contexto, en efecto, nuestra propuesta y nuestro compromiso es que las rentas y los patrimonios altos contribuyan en mayor medida al presupuesto de la CM. En primer lugar, se debe recuperar la normalidad en su política fiscal aplicando de nuevo el Impuesto del Patrimonio, reduciendo la escandalosa bonificación del 100% de la cuota a ingresar para los patrimonios más elevados. Con respecto al Impuesto de Sucesiones, proponemos una reducción progresiva de las bonificaciones actuales, lo que permitiría el aumento de la recaudación sobre las grandes fortunas. Además, se debe impulsar la progresividad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reduciendo los tipos en el primer tramo y aumentándolo en los tramos más altos. Hay dinero, por supuesto, para financiar ese plan de emergencia, cuya ejecución estimamos que se situaría en torno a 3000 millones de euros anuales, que se podrían obtener aplicando estas reformas de normalización fiscal. Lo que hasta ahora no ha existido es voluntad política para poner en marcha una política al servicio de la ciudadanía.

Un lugar destacado en la ceremonia de la confusión que impregna el discurso económico neoliberal está ocupado por el término “reformas estructurales”. Como otras expresiones, esta formaría parte del sentido común y de la lógica económica. En su acepción más habitual, apuntan a la supresión de todas aquellas restricciones que lastran, por el lado de la oferta, el crecimiento económico.

Si damos por bueno este enfoque, estamos aceptando que el objetivo último, que justifica y concede legitimidad a esas reformas, es la consecución de un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo. Este postulado —que constituye todo un icono de la economía convencional y es asimismo incorporado por un buen número de economistas críticos— debe ser, sin embargo, radicalmente cuestionado, al menos por dos razones.

En primer lugar, porque, como advierten, con razón, desde el mundo de la ecología y de la ciencia, el escenario al que se enfrentan ya nuestras economías —nuestras sociedades, en general— está dominado por una escasez progresiva de materiales y energía que hacen imposible alcanzar —y, mucho menos, sostener— el objetivo de “más crecimiento”. Se advierte, igualmente, de los peligros y la irreversible situación a que nos aboca —en la que ya estamos inmersos— el cambio climático, la relación depredadora de nuestro metabolismo económico con la naturaleza, el avanzado deterioro de todos los ecosistemas y la alarmante pérdida de biodiversidad de los mismos.

En segundo lugar, porque el macroagregado que llamamos Producto Interior Bruto, cuyo crecimiento se persigue, nada nos dice sobre la distribución del valor añadido generado en la actividad económica; para ser más precisos, ese indicador oculta esa crucial información. Es importante destacar, al respecto, que la desigualdad ha estado en el origen mismo de la crisis, y que la gestión de la misma realizada desde las instituciones comunitarias y los gobiernos conservadores y socialdemócratas la ha agudizado, enquistándose en nuestras economías.

Otro plano de reflexión sobre las políticas estructurales al que debemos atender, complementario del anterior, es el evidente sesgo con que se han llevado a cabo. Destaca, en este sentido, el indiscutible protagonismo adquirido por las reformas laborales. Estas se han justificado apelando, erróneamente, a las ganancias de productividad y a los avances en la competitividad que proporcionarían; pero, en realidad, han sido interpretadas, más allá de los eufemismos al uso, en clave de desregulación y pérdida de derechos de los trabajadores.

No ha sido este el único eje de transformación estructural implementado en los años de crisis —y también antes del crack financiero—. Cabe señalar, por ejemplo, las políticas orientadas a favorecer la concentración del sector bancario y el reforzamiento de la integración financiera. el apoyo a las fusiones y absorciones empresariales, las privatizaciones de activos de titularidad pública o su mercantilización, el aminoramiento de la carga fiscal que recae sobre los beneficios y la riqueza y el impulso de los megatratados de comercio e inversión.

Toda una agenda política que el discurso dominante pretende ocultar y diluir en un relato tramposo e ideológico, plagado de lugares comunes, que es decisivo desvelar y combatir. No estamos ante un punto y seguido en el conocido como Consenso de Washington —articulado en torno al triángulo liberalización, privatización y apertura externa—, que inspiró las políticas neoliberales llevadas a cabo desde los años ochenta del pasado siglo, sino ante un verdadero salto cualitativo en la configuración estructural del capitalismo. Un capitalismo más elitista y oligárquico, con un perfil crecientemente extractivo y confiscatorio, que altera de manera sustancial la correlación de fuerzas a favor del capital y en contra del trabajo y la ciudadanía, en el contexto de un crecimiento económico débil y de una creciente pugna por los recursos y materiales disponibles.

De ahí la trascendencia de definir y colocar en el centro del debate y la acción política otra agenda estructural. Algunas de las piedras angulares de la misma serían el empoderamiento de los trabajadores y la democratización de las relaciones laborales, el aumento de la progresividad del sistema tributario, la reducción del peso de la industria financiera en la actividad económica, la consolidación de un potente polo público con capacidad para lanzar y sostener una política orientada a la sostenibilidad y la equidad, la desconcentración de la estructura empresarial y la apertura de procesos constituyentes que permitan la activa intervención de la ciudadanía.

En mayo del año que acaba de comenzar tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo. Una cita electoral que dará cuenta de la capacidad y la voluntad transformadora de las fuerzas del cambio, convirtiendo estos grandes vectores en propuestas concretas. Una oportunidad que no podemos desaprovechar, pues revertir la agenda estructural neoliberal y reaccionaria, además de necesario, es urgente.

Buena parte del potencial de creación de puestos de trabajo en la industria manufacturera se suele asociar a la necesidad de proceder al fortalecimiento de las ramas manufactureras de mayor contenido tecnológico. Por varias razones. A diferencia de las industrias maduras, donde habría un evidente exceso de capacidad productiva instalada en relación a las posibilidades de absorción de los mercados, las ramas modernas se beneficiarían de un mercado en continua expansión, lo que tendría un impacto positivo en términos de empleo. Este, vinculado a actividades con proyección internacional, resistiría mejor que el tradicional a la competencia global; y, además, percibiría salarios más elevados como consecuencia de los aumentos que podrían obtenerse en la productividad del trabajo. Se nos asegura, con estos argumentos, que la modernización tecnológica de la producción manufacturera permitiría disponer de más y mejores empleos, por lo que avanzar en esa dirección debería convertirse en un pilar esencial de las políticas ocupacionales de los gobiernos.

Como sucede casi siempre, detrás de las declaraciones solemnes en materia de economía, en apariencia inapelables y llenas de sentido común, hay apriorismos que es preciso develar, discutir y contrastar. Algunos ejemplos a continuación.

Uno de los supuestos centrales sobre los que se levanta este relato es el convencimiento de que las nuevas tecnologías representan un sustancial yacimiento de empleo. Sin embargo, la evidencia empírica, referida a la producción manufacturera en la Unión Europea (UE), matiza esa afirmación. Los nuevos puestos de trabajo generados en las industrias de medio-alto y alto contenido tecnológico no compensan los perdidos en las ramas de corte más tradicional. Por esa razón, tendencialmente, el volumen de empleo manufacturero global se ha reducido. Pero hay más. El saldo neto ofrecido por las industrias tecnológicas (empleo creado menos empleo destruido) registra, asimismo, números rojos. En la UE (y en la mayor parte de los países capitalistas desarrollados) la creación de empleo ha descansado de manera fundamental en el sector servicios.

Algunos estudios indican que un cálculo más fino y preciso debería considerar como empleo manufacturero el de los servicios que antes ofrecían las empresas fabriles, que en buena medida han externalizado y que ahora ofrecen establecimientos especializadas. Con todo, la conclusión sigue siendo, en mi opinión, la misma: la capacidad de creación de empleo de las industrias tecnológicas -relativamente intensivas en la utilización de capital y de trabajo cualificado- es limitada.

Otro de los supuestos del relato convencional plantea que en las industrias modernas los empleos son más sólidos y de mayor calidad. Lo cierto, sin embargo, es que en las últimas décadas hemos asistido a un redespliegue de las cadenas globales de creación de valor que ha supuesto la deslocalización, relocalización o cierre de segmentos productivos de medio y alto contenido tecnológico, que ha comprometido empleos cualificados.

Estas industrias, más expuestas que las tradicionales a la competencia internacional, están obligadas, si quieren conservar sus mercados, a obtener continuos aumentos en la productividad del trabajo -otra de las razones que limitan su capacidad de creación de empleo-, pero de ello en absoluto cabe concluir que los salarios de la mayor parte de los trabajadores aumenten y mucho menos que lo hagan en línea con la productividad del trabajo.

Con el argumento (pretexto) de la competencia global y de la creciente presencia de los capitalismos periféricos en estos segmentos de mercado, utilizando una (des)regulación de las relaciones laborables claramente favorable a los intereses del capital, la represión salarial y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo ha ganado terreno, también en las empresas que cuentan con un plus de competitividad.

Para que, por otro lado, su actividad tuviera una incidencia positiva en los niveles de empleo en los países donde operan, deberían pagar los impuestos que se derivan de la misma, cosa que, como es sobradamente conocido, no sucede. Las grandes corporaciones disponen de un amplio margen de maniobra para eludir sus obligaciones tributarias. Además de que, con el objeto de atraer sus inversiones, a menudo disfrutan de privilegios otorgados por los gobiernos -exenciones, deducciones, vacaciones fiscales-, utilizan sistemáticamente prácticas de ingeniería contable para declarar sus beneficios en aquellos países y territorios con los tipos impositivos más bajos, o directamente los colocan en paraísos fiscales.

Tampoco parece probable en los próximos años un escenario caracterizado por un fuerte crecimiento de la demanda que alimente la creación de empleo en estas industrias. La generalizada atonía de la actividad inversora, la fragilidad del sistema bancario, las rivalidades proteccionistas, las tensiones monetarias, la creciente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, las políticas de ajuste presupuestario y de contención salarial, los elevados niveles de deuda pública y privada y el deterioro de las clases medias; todos estos factores apuntan más bien a un panorama inestable, incierto y sombrío, caracterizado por un leve e insuficiente crecimiento de la demanda, con el consiguiente efecto adverso sobre la dinámica ocupacional.

En los países del sur de Europa desde que comenzó la crisis se han destruido millones de empleos en la industria manufacturera, y sólo se han recuperado una pequeña parte de los mismos, a pesar del crecimiento de la producción y del aumento de las exportaciones; adicionalmente, la brecha tecnológica con los países del norte se ha hecho más pronunciada. Urge, por lo tanto, poner en el eje mismo de la política económica la creación de empleo decente y, en estrecha relación con ello, la profunda reestructuración de la producción manufacturera. Es frecuente interpretar este desafío en clave de modernización tecnológica. Sin restar un ápice de importancia y de complejidad a este asunto, nada justifica, como acabamos de ver, el optimismo con el que la economía convencional pretende zanjar el debate. La creación de empleo, suficiente y de calidad, no se resuelve apelando a las nuevas tecnologías, cuya aplicación lleva, por lo demás, la impronta del poder y que colisiona, no lo olvidemos, con los límites físicos del planeta en recursos naturales y energía.

Uno de los supuestos más queridos por la teoría económica convencional y dominante es que los salarios aumentan cuando la productividad del trabajo mejora. Dada la existencia de ese nexo, al que se otorga la categoría de ley económica, la clave está en llevar a cabo políticas orientadas a propiciar crecimientos en la productividad.

¿Tiene algo que ver la realidad con ese axioma? Ningún parecido. Entre 2000 y 2007, el peso de los salarios en la renta nacional retrocedió en la Unión Europea (UE) un 1,6%; retroceso que se produjo en 17 de las 28 economías europeas. Entre 2010 y 2018 la caída ha sido del 0,8%, afectando al mismo número de países comunitarios (si bien la composición de ese grupo fue algo diferente). Adviértase que en la primera de las etapas consideradas (2000-2007), cuando se lanzó la moneda única, el PIB real de la UE aumentó en términos agregados un 16,9%; el crecimiento fue también positivo entre 2010 y 2018, del 12,6% (sólo Grecia obtuvo en este último periodo un registro negativo). Esta evolución refleja que, en realidad, la trayectoria seguida por los salarios se ha descolgado del curso seguido por la productividad.

Que las teorías económicas colisionan con la abundante evidencia empírica disponible, peor para esta; retorzamos los datos hasta que digan lo que conviene o, mejor todavía, ignorémoslos. Las presunciones ideológicas y los intereses de los privilegiados que los sostienen son para la economía dominante lo primero y, como ya sabemos, terminan por imponerse.

Sin entrar en los factores, diversos y complejos, que determinan el lento e insuficiente avance de la productividad –entre otros, la debilidad de la actividad inversora y la expansión de la financiera-, lo cierto es que el problema, para el asunto que ahora nos interesa -su vinculación con los salarios-, reside sobre todo en cómo se distribuye su mayor o menor crecimiento.

La distribución entre salarios y beneficios, entre las rentas del trabajo y las del capital. Este es el nudo gordiano del problema que hay que dilucidar, y que debe ocupar tanto la reflexión como la agenda pública. Introducir la distribución en el análisis y dotarla de la centralidad que merece implica apuntar al poder, al conflicto, a la política; significa situar la reflexión de los procesos económicos en el espacio complejo, fértil e imprescindible de los grupos y de las clases sociales; supone, en definitiva, colocar la economía en los espacios socioinstitucionales donde actúan actores con desiguales posiciones y estrategias y con diferentes capacidades para hacer valer sus intereses. En ese contexto, no hay ninguna garantía –y mucho menos una ley- que asegure que las ganancias cosechadas en la productividad se conviertan en salarios. Del mismo modo que nada asegura que los beneficios de los empresarios se conviertan en inversión productiva, o que, a través de los impuestos, contribuyan al fortalecimiento de la capacidad financiera de las administraciones públicas.

Esta mirada nada tiene que ver con los rancios e inverosímiles fundamentos de la economía convencional, donde la política, las instituciones, el conflicto constituyen una anomalía, una interferencia en el funcionamiento de los mercados. Estos, regulados por las leyes de la oferta y la demanda y por el principio de la competencia, son, por definición, eficientes. El centro de todo el planteamiento continúa descansando en un “homo oeconomicus” que, utilizando toda la información disponible, toma decisiones racionales. Los factores productivos –trabajo y capital- son recompensados dependiendo de su contribución a la productividad. Un relato donde, como se puede apreciar, no hay clase sociales ni pugna distributiva.

Una teoría económica y una economía de ficción muy conveniente para el poder, pues aleja el foco de la reflexión y de la acción política de los problemas distributivos y de la desigual capacidad de los actores en presencia para apropiarse de las ganancias de productividad.

Pero no hay buena economía, ni economía socialmente relevante si el relato permanece anclado en un mercado sin actores, gobernado por una suerte de mano invisible. ¿Dónde están en ese relato las corporaciones transnacionales –agroalimentarias, industriales, comerciales y financieras-, las grandes fortunas y patrimonios, las elites empresariales, los grandes bufetes, consultoras y firmas de marketing y publicidad, los propietarios de las grandes empresas de comunicación, los lobbies empresariales?

No es fácil disponer de información al respecto, ni hay interés por parte del establishment en proporcionarla. Tampoco ayuda la opacidad de los mercados donde se materializan o se ocultan una buena parte de las transacciones en las que intervienen estos actores. Pero, a pesar de las dificultades, es fundamental poner la lupa en este ámbito, pues es ahí donde se encuentran los principales engranajes y también las disfunciones más importantes de la economía realmente existente; donde encontraremos la respuesta a la desigual distribución de la renta y la riqueza.

Abro estas reflexiones poniendo el énfasis en la necesidad de plantear las preguntas adecuadas, pues, hay que ser consciente de ello, las preguntas y el lenguaje que utilizamos para formularlas contienen o condicionan de manera decisiva las respuestas; en absoluto son inofensivos ni inocentes, ni desde luego están objetivamente predeterminados.

Centrándome en la zona euro y su reforma, la pregunta que ponen sobre la mesa las elites económicas y políticas podría resumirse de esta manera: ¿Cuál es el diseño institucional que preserva y fortalece la moneda única? Existe un generalizado consenso en la idea de que la crisis económica ha puesto de manifiesto las insuficiencias, vicios o sesgos de la unión monetaria (se insiste en un factor u otro dependiendo del enfoque del que avanza el diagnóstico), de ahí la importancia de dar una respuesta acertada a la pregunta formulada.

Pues bien, esa pregunta presupone, en primer término, un espacio de reflexión que se ciñe, sobre todo, a la esfera institucional, como si el debate que importa, el que es relevante para Europa, tuviera que limitarse necesariamente a ese perímetro. ¿Y la discusión sobre las necesidades, los objetivos, los recursos y los actores? ¿Y el centrado en las políticas económicas donde, como parece lógico, se debería recoger todo lo anterior? Nada se sugiere al respecto, acaso porque se presupone que sólo hay una política económica deseable y posible, la implementada en los últimos años, que, en los aspectos fundamentales, se mantendrá y se acentuará con las nuevas propuestas de gobernanza.

La pregunta acepta implícitamente que el único espacio posible para realizar las políticas económicas es el delimitado por las instituciones, las actuales y las futuras. No en vano se han trasladado a los documentos oficiales generados desde las diferentes instancias comunitarias, al ordenamiento legal de los países, adquiriendo rango constitucional, y a los Tratados europeos los principios básicos de las políticas neoliberales, los que consagran el rigor presupuestario, la reforma laboral y el predominio del mercado sobre lo público. Como si sólo hubiera una política económica viable, y como si fuera de esas coordenadas sólo existiera el caos. Lo cierto, sin embargo, es que, rompiendo esa concepción dogmática y autoritaria, existe vida fuera de las políticas económicas impuestas desde el poder, otra manera de organizar la economía que, por supuesto, implica otra manera de entender las instituciones.

La pregunta nos cuela, asimismo, el mensaje de que el objetivo del debate y de las instituciones que surjan del mismo es alcanzar un buen funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM), y que avanzar en esa dirección es un juego de suma positiva, donde todos, finalmente, ganan. Una ficción que nada tiene que ver con la tozuda realidad, que deja claro que el euro fue y es la apuesta de la industria financiera, de las grandes corporaciones y de los países con mayor potencial competitivo; unas instituciones y unas agendas políticas que están atravesadas hasta la médula por las relaciones de poder, capturadas por los grupos que disfrutan de una posición privilegiada y que son los indiscutibles ganadores de la crisis. La pregunta, al poner el foco en las instituciones y en su reforma, omite y oculta el decisivo papel de los mercados y de las manos visibles que articulan su funcionamiento.

La pregunta desliza el mensaje de que existe una decidida voluntad de proceder a una profunda reforma de la arquitectura institucional de la Unión Europea y de la UEM, de que es posible una reforma de calado de las instituciones comunitarias, y que ahora están creadas las condiciones para llevarla a cabo, de que en la actualidad existe un amplio consenso que apunta en esa dirección. Lo cierto es que en estos años de crisis las elites europeas, siguiendo la hoja de ruta marcada por Alemania, ha interpretado de la manera más conservadora e inmovilista posible la institucionalidad vigente; esto es lo que atestigua el castigo infringido al gobierno de Syriza y a la ciudadanía griega, así como al resto de economías meridionales del sur de Europa. Me parece igualmente evidente que, a pesar de los fuegos artificiales orquestados por los grandes medios de comunicación al respecto de la nueva arquitectura institucional que saldrá del Consejo Europeo que tendrá lugar a finales de junio, las negociaciones –llevadas a cabo siempre en terrenos opacos- y las tomas de posición de los principales actores anuncian más bien continuismo y conservadurismo. Y desde luego se quedan muy lejos de las proclamas de una supuesta “refundación europea”.

La pregunta presupone también que, con un diseño institucional adecuado, la unión monetaria estará en condiciones de enfrentar esta y futuras crisis. Se pasa por alto –porque, claro está, no interesa- el análisis de los factores estructurales –la desigualdad y la financiarización de los procesos económicos- que han estado en el origen del crack financiero y de la Gran Recesión, que permanecen después de una década de políticas fallidas y que, lo más importante para lo que ahora interesa, lastran e hipotecan el funcionamiento de las instituciones. La reforma que contemplan las elites, lejos de resolverla, agrava la problemática estructural.

Volviendo a la pregunta del comienzo, para reformularla en unos términos que considero más adecuados: ¿Qué política económica hay que instrumentar en Europa en beneficio de la mayoría social y qué marco institucional asegura su implementación? La contestación a esta pregunta invita a una reflexión más amplia y con contenidos muy distintos de los marcados por el relato convencional y dominante. Tiene en cuenta y al mismo tiempo desborda el perímetro de lo meramente institucional, liberándose, asimismo, de la camisa de fuerza consistente en que el objetivo del debate y el marco en que se adoptan las decisiones sea preservar –cualquiera que sea su coste- la zona euro.

El aumento de la productividad del trabajo no mejora necesariamente la sostenibilidad de las pensiones.

Soy consciente de que esta afirmación puede resultar, como poco, desconcertante, pues parece negar la evidencia de que, precisamente, el crecimiento de la productividad debería proporcionar los recursos que necesita el fondo público de pensiones. Si la economía española consiguiera mejorar los estándares de productividad, aumentarían tanto los salarios de los trabajadores como los beneficios de los empresarios; sin necesidad de incrementar la presión fiscal, sería posible transferir recursos desde la población activa ocupada, que crea riqueza, en dirección a la población inactiva receptora de las pensiones, situada fuera de los circuitos productivos y en continuo crecimiento fruto del envejecimiento demográfico. Así de lineal y de tramposo es el discurso dominante.

¿Qué ha sucedido con la productividad del trabajo desde que gobierna el Partido Popular (PP)? Este indicador relaciona el Producto Interior Bruto (PIB) con el número de trabajadores o de horas trabajadas. Pues bien, si se toma como referencia el empleo en el período que nos ocupa, entre 2011 y 2017, El PIB real por trabajador ha experimentado un aumento global del 5,1%; si en lugar del empleo se pone el foco en el número de horas trabajadas, su progresión ha sido del 4,3%. En estos años, no obstante, la “hucha” de las pensiones (el fondo de reserva) se ha vaciado y los jubilados han visto cómo se reducía su capacidad adquisitiva.

Para entender esta aparente paradoja hay que analizar los factores que están determinando los avances en la productividad del trabajo. Me centro en las reflexiones que siguen en el denominador de la ratio, esto es, en el volumen de empleo y en las horas trabajadas.

A diferencia de lo que ocurrió en los primeros años de crisis económica, cuando el avance de este indicador se debió sobre todo a la masiva destrucción de empleo (mejora la productividad porque se reduce el denominador y no porque aumente el numerador de la expresión), los datos de ocupación ofrecen un balance “favorable” (la información estadística que sigue procede de Eurostat y del Instituto Nacional de Estadística, INE).

Entre 2011 y 2017 la economía española ha creado cerca de 400 mil puestos de trabajo; en 2012 y 2013 todavía se destruían empleos, pero desde entonces los registros han sido positivos. Todo ello ha supuesto un aumento de la tasa de empleo (proporción de la población en edad de trabajar que dispone de una ocupación), en unos 3 puntos porcentuales, y una reducción de la que mide el desempleo (porcentaje de la población activa) de 4 puntos.

El problema es que la mayor parte de los nuevos empleos han sido precarios, temporales o a tiempo parcial; ambas modalidades de contratación, que ya representaban en 2011 un elevado porcentaje (el 38,7% de la ocupación total), en 2017 alcanzaron el 41,7%. Esto explica la reducción en el número de horas trabajadas, totales y por persona. Es evidente, y así lo recogen las estadísticas, que la mayor parte de los que están contratados en esas condiciones desearían trabajar más horas, en el caso de los que están a tiempo parcial, o tener contratos indefinidos, en los temporales.

Si se compara la cifra de las personas que disponen de un puesto de trabajo con el “empleo equivalente a tiempo completo” (indicador que se obtiene dividiendo las horas de trabajo de varios trabajadores a tiempo parcial por la cantidad de horas de un período laboral completo) el balance ocupacional del gobierno del PP –medido en términos estrictamente cuantitativos- es mucho más modesto que el exhibido por los grandes agregados. En efecto, desde esta perspectiva, el nivel de empleo de 2017 cae en 1,6 millones de personas, lo que supone el 8,4% de la cifra total de ocupación.

Por lo demás, la cota de desempleo, a pesar de su reducción estadística, continúan siendo muy importantes (un 17,4% en 2017), la más elevada de la Unión Europea, después de Grecia; no hay que perder de vista que esta “mejora” se debe, en parte, a la reducción de la población activa, en un 3%, que ha dejado la tasa de actividad en 2017 en un 58,8% (60,3% en 2011). Por lo demás, como acabo de señalar, los desempleados que han tenido la suerte de conseguir un puesto de trabajo, acceden, sobre todo, a contratos precarios. Téngase en cuenta, en fin, que el número de parados de larga duración que han agotado el subsidio por desempleo (en el caso de que tuvieran derecho al mismo) han pasado a depender de otras prestaciones asistenciales de baja cuantía.

La aplicación de la reforma laboral de 2012 –que reforzaba los rasgos regresivos de la anterior, llevada a cabo por un gobierno socialista- ha contribuido de manera decisiva a la precarización de las relaciones laborales, degradando y pervirtiendo la negociación colectiva. En este entorno institucional, los salarios han continuado retrocediendo. Así, la compensación media por trabajador empleado ha caído en estos años un 2,6%, a pesar de que el PIB aumentó un 6,5%. Fruto de tan dispar evolución, el peso de los salarios en la renta nacional se redujo en 3 puntos porcentuales. Como siempre, los trabajadores situados en los tramos de ingreso más bajo han sido los peor tratados por esta evolución. Mientras que el índice de precios al consumo aumentó el 4,8%, el salario bruto mensual del empleo principal de los trabajadores situados en las tres decilas de ingreso más bajo retrocedió en términos nominales y el de las tres siguientes aumentó por debajo del 2%. Todos ellos han conocido, en consecuencia, una sustancial pérdida de capacidad adquisitiva.

Resultan al respecto muy reveladores los datos sobre pobreza ocupacional, esto es, el número de personas que, disponiendo de un empleo, reciben un ingreso que les sitúa por debajo del umbral de la pobreza; si en 2011 el porcentaje de trabajadores atrapados en esta situación era del 10,9%, en 2016 había aumentado en más de dos puntos porcentuales, hasta alcanzar el 13,1%, tan sólo por debajo de Rumania y Grecia.

Un dato que refleja como pocos la degradación experimentada en los años de gobierno del PP –que este partido, dejando en un juego de niños a los trileros callejeros, pretende convertir en una “historia de éxito”- es el número de horas extraordinarias no pagadas, otro de los motores que, junto a la intensificación de los ritmos de trabajo, está detrás del avance de la productividad.

Con toda seguridad, la información estadística presentada por el INE es una estimación, más o menos gruesa, de una realidad apenas conocida (muy necesaria de investigar) de la que, por supuesto, los empresarios no informan y que sólo conocen con precisión los trabajadores que la sufren. Pues bien, según los datos ofrecidos por esta institución, referidos al cuarto trimestre de 2017, cada semana se habrían contabilizado 2,7 millones de horas. Además de que, convertidas en jornadas de trabajo regladas, supondrían un volumen considerable de empleo, cabe suponer que se remuneren a un precio inferior al pactado en el contrato de laboral o en el convenio. Añádase a esta situación las horas extraordinarias pagadas como horas normales y la simple prolongación de la jornada laboral sin retribución alguna. Además de la sobreexplotación –y de la regresión social y democrática- que todo ello supone, contribuyendo a que aumente la cantidad producida con un determinado volumen de empleo, por este trabajo no se abonan las correspondientes cotizaciones sociales con las que, actualmente, se financian las pensiones.

Retomando la afirmación con la que arrancaba el texto, en efecto, la productividad laboral ha progresado, pero los factores que han propiciado ese avance y los patrones de distribución de los aumentos obtenidos en la misma, en lugar de fortalecer, empobrecen el sistema público de pensiones. Proclamar, como hace el gobierno, con la cada vez más evidente complicidad de Ciudadanos, que la solución al supuesto problema de la inviabilidad de las pensiones se encuentra en el aumento de la productividad y la creación de empleo es una mentira más (de las innumerables que nos regala cada día).

Para que la productividad contribuya a la financiación de las pensiones públicas es necesario implementar una política económica vertebrada alrededor de la creación de empleo decente y el aumento de los salarios. Avanzar en esa dirección exige, para empezar, la derogación de las últimas reformas laborales, sustituyéndolas por un marco legal que empodere a los trabajadores y fortalezca la negociación, el reforzamiento de la inspección laboral, el aumento del salario mínimo y suprimir el tope de cotización social a los salarios más elevados.

Nada que ver, en fin, con la política seguida y con la que promete seguir aplicando el gobierno de Mariano Rajoy.

La coexistencia de aumentos en la productividad del trabajo y relativamente altos niveles de desempleo nos emplaza a un debate alrededor de la pregunta que encabeza el texto. Este debate, de alcance europeo, cobra especial relevancia y actualidad en la economía española, cuando vemos que, en los últimos años, los indicadores de productividad y empleo han evolucionado en direcciones opuestas; el sustancial aumento del primero ha ido de la mano de una masiva destrucción de puestos de trabajo.

Para el relato dominante, el de los poderosos, el nexo entre productividad y empleo está garantizado, siempre que las fuerzas del mercado actúen sin trabas ni interferencias; en esas condiciones, se da una secuencia virtuosa entre la productividad, los beneficios, la inversión y el empleo. Según esta secuencia, los aumentos de productividad tienen una incidencia positiva sobre los márgenes empresariales, que, al activar la inversión productiva, aumentan los niveles de ocupación de la economía.

Una primera e importante fisura en esta hoja de ruta es la evidente desaceleración, observada en las últimas décadas, en el ritmo de crecimiento de la productividad del trabajo. Una evidencia empírica que obliga a preguntarse por los factores estructurales, más allá de la coyuntura de la crisis, que explican los magros resultados obtenidos en materia de productividad y las consecuencias que todo ello tiene en materia de crecimiento y bienestar. En las líneas que siguen, retomando la pregunta inicial, me centro en otro asunto, no menos importante: identificar algunos mecanismos que podrían establecer un nexo sólido entre productividad y empleo.

En primer lugar, las ganancias de productividad se convierten en más puestos de trabajo cuando una parte de esas ganancias se traducen en salarios, siempre que, claro está, no se los apropien las elites empresariales, que, en buena medida, las canalizan hacia el consumo de lujo y los mercados financieros. El retroceso de la parte de los ingresos de naturaleza salarial en la renta nacional, dinámica que se observa desde hace décadas en el conjunto de la Unión Europea y en nuestra economía, pone de manifiesto que han sido los beneficios y las rentas del capital quienes han capturado el grueso de los aumentos de productividad. Una estrategia ocupacional sólida obliga a invertir esa tendencia.

El crecimiento de los salarios tiene un efecto dinamizador sobre el consumo y también sobre la inversión productiva, en la medida en que contribuye a despejar las expectativas de las empresas en cuanto a la evolución esperada de los mercados. Así pues, tanto por el lado de la demanda como de la oferta la activación de los salarios tiene un impacto positivo sobre el empleo. Para ello, es clave el empoderamiento de los trabajadores, esto es, la recuperación de la capacidad de negociación colectiva, profundamente mermada por las denominadas políticas estructurales impulsadas desde la troika comunitaria y ejecutadas por los gobiernos.

En segundo lugar, el nexo productividad/empleo precisa crear y consolidar las condiciones legales e institucionales para que los aumentos de productividad contribuyan a fortalecer la capacidad financiera de las administraciones públicas. En otras palabras, las empresas deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Es de sobra conocido, sin embargo, que las grandes corporaciones y las empresas transnacionales practican de manera sistemática la elusión fiscal, aprovechando los recovecos de la legislación, aplicando precios de transferencia en sus transacciones o simplemente depositando el dinero en paraísos fiscales (no cabe ignorar tampoco el fraude que existe también entre los pequeños y medianos establecimientos).

Si los aumentos de productividad, al ampliar la base recaudatoria, proporcionan más recursos a las administraciones públicas, éstas se encontrarían en mejores condiciones de acometer programas sociales y productivos con un fuerte contenido ocupacional, en ámbitos tan necesarios como los cuidados, la sostenibilidad medioambiental, la salud o la educación (recaudar más entre los que más tienen sería, asimismo, la manera más justa de romper con el bucle de las políticas de “austeridad” presupuestaria).

La tercera vía para que el empleo aumente consiste en que los progresos en la productividad se trasladen a los precios de los bienes y servicios ofrecidos en los mercados. A menudo, dichos progresos, antes que servir para ajustar los precios, se convierten en márgenes más elevados. Ello se ve facilitado por estructuras de mercado poco competitivas –que los procesos de concentración empresarial han acentuado– y por la facilidad que las empresas han tenido para presionar a la baja los salarios, en lugar de los márgenes de beneficio. La repercusión de las mejoras en la productividad en los precios, ajustándolos a la baja, al ensanchar el mercado, tienen un efecto dinamizador sobre la demanda y, en esa medida, sobre el empleo.

De todo lo anterior cabe concluir que el avance de la productividad, por sí mismo, en absoluto asegura la creación de empleo (del mismo modo que sabemos que tampoco garantiza que aumenten las retribuciones de los trabajadores). Tendrá un efecto positivo sobre la ocupación si se convierte en salarios, amplía la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas y se traslada a los precios. La clave, por lo tanto, se encuentra en cómo se distribuyan los aumentos en la productividad; una distribución que, no hay que olvidar, está determinada por las relaciones de poder, la configuración de los mercados y el funcionamiento de las instituciones.

El debate europeo no está ocupando un espacio relevante en las elecciones alemanas, centradas sobre todo en los asuntos domésticos. Gran error, pues lo cierto es que la evolución de la economía alemana se ve influida por lo que acontezca en el espacio comunitario, del mismo modo que el presente y el futuro de la Unión Europea (UE) y de la zona euro dependen en buena medida de las políticas que cristalicen en este país. En las líneas que siguen, presento algunas ideas que podrían articular un debate que apunte en la dirección de una economía alemana y una Europa para las mayorías sociales.

La cuestión de cuánta soberanía conservan los estados nacionales y cuánta se traslada a las instituciones supra estatales ha estado muy presente en la construcción europea.

El denominado “proyecto europeo” ha avanzado a partir de la tensión y del equilibrio entre las competencias que los gobiernos cedían a instituciones de ámbito supraestatal y las que permanecían bajo su tutela; el recorrido de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea (UE) ha encarnado el avance de las primeras y el retroceso de las segundas; si bien es evidente que los estados han conservado parcelas sustanciales de autonomía tanto en la esfera política como económica.

La formación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) situó el tema de la soberanía en el centro del debate europeo. Con la creación de la zona euro los gobiernos que decidieron formar parte de la misma renunciaron a parcelas sustanciales de soberanía en la gestión de sus políticas económicas. Se suponía –en realidad este ha sido el supuesto sobre el que se ha levantado todo el edificio comunitario- que los costes asociados a esa cesión serían sustancialmente más bajos que los beneficios derivados de compartir la moneda.

Ahora, cuando todavía no hemos superado la crisis económica (a pesar de que en la mayor parte de los países comunitarios el Producto Interior Bruto ya ofrece registros positivos) y cuando la UE experimenta la zozobra de una aguda crisis política (como consecuencia de la decisión del Reino Unido de abandonar la UE, el Brexit, y del generalizado ascenso y consolidación de la extrema derecha racista y xenófoba) el tema de la soberanía reaparece con fuerza.

Aquellos que dicen querer salir de la crisis con más Europa, centran su relato en la necesidad de avanzar, con diferentes dosis y ritmos, hacia un escenario de mayor integración económica y política. Así, desde Bruselas se apuesta –como una pieza central de superación de la crisis y para asegurar un buen funcionamiento de la zona euro- por completar, corregir y reforzar la gobernanza comunitaria. Se reconocen desde este planteamiento las carencias e insuficiencias con que surgió la UEM y su responsabilidad en el desencadenamiento del crack financiero. Se invita, de esta manera, a que los estados cedan más soberanía con el propósito de conseguir más Europa; el pacto fiscal, el semestre europeo, la unión bancaria y el mercado único de capitales son algunos de los hitos más significativos de este proceso.

Desde coordenadas políticas e ideológicas completamente opuestas, las izquierdas y los partidos del cambio también consideran central plantear la cuestión de la soberanía. En algunos casos, demandando que las instituciones “genuinamente democráticas” ganen protagonismo, frente a las que carecen de esa legitimidad, o reforzando los protocolos que canalizan la participación directa de la gente, a través, por ejemplo, de los referéndum y las consultas. Se trataría de encontrar un nuevo equilibrio que ampliara las competencias del Parlamento Europeo, abriendo en paralelo espacios de intervención ciudadana en la actual institucionalidad.

Quienes defienden la necesidad de abandonar o disolver la zona euro también apelan al argumento de la recuperación de la soberanía. La pertenencia a la UEM supuso renunciar a las políticas monetaria y cambiaria, y limitar la autonomía de la presupuestaria. Desde esta perspectiva, un argumento para abandonar la moneda única es, precisamente, la necesidad de recuperar la soberanía perdida, pasar a controlar de nuevo herramientas de política económica necesarias para abrir una agenda de cambio en beneficio de la mayoría social.

La deriva política de Europa es otra de las piedras angulares del debate sobre la soberanía. En los últimos años especialmente estamos asistiendo a la emergencia y consolidación, con un respaldo electoral sustancial y creciente, de partidos situados en la derecha más extrema del arco político –con perfiles xenófobos y racistas- que proclaman abiertamente la necesidad de abandonar la UEM y también la UE. Estos partidos, con un discurso deliberadamente confuso que reparte las culpas de la crisis entre la inmigración, la burocracia de Bruselas, la clase política tradicional, la corrupción y la globalización, se presentan o al menos intentan presentarse como una alternativa anti oligárquica frente a un sistema que ha dado la espalda a la gente. Defienden, de esta manera, un repliegue hacia el Estado, como piedra de toque de la recuperación de la soberanía.

En este contexto, resulta obligado mencionar el terremoto que ha supuesto que uno de los pilares de la integración europea, el Reino Unido –país que había permanecido fuera de la zona euro- ha decidido, convocando a la ciudadanía a un referéndum, abandonar la UE. Sin entrar en la consideración de las causas, diversas y complejas, que explican el Brexit el hecho en sí mismo resulta crucial al poner de manifiesto que el escenario de salida del “proyecto ”, no sólo de la UEM, tantas veces estigmatizado como inviable y aventurero, por situar a la economía que lo protagonizara en el abismo, es una realidad, es posible, abriendo de esta manera una puerta que hasta ahora había estado bien cerrada.

Estas posiciones y dinámicas, someramente presentadas, merecen, sin duda alguna, un debate público y político en profundidad, pues representan visiones muy diferentes de Europa. Sirven para poner de manifiesto que el debate sobre la soberanía es un asunto complejo y de gran calado que no admite simplificaciones y que tiene una importancia crucial en la configuración social, política y económica de Europa.

Como vemos, buena parte del debate gira alrededor de las atribuciones y competencias de las diferentes instituciones –comunitarias, estatales y locales-. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las instituciones y la representación política en las mismas constituyen un espacio, sin duda alguno necesario, pero también insuficiente, para avanzar en la recuperación de la soberanía. Situado en esas coordenadas, este enfoque deja en un plano subordinado o simplemente omite la cuestión central de los mercados y de los actores que determinan su configuración y las reglas del juego, las estrategias de los grupos corporativos, en definitiva.

Es cierto que, como se ha mencionado antes, en el proceso de construcción europea han ganado relevancia las instituciones supraestatales, pero quienes, sobre todo, han cobrado importancia han sido las grandes corporaciones, nacionales y transnacionales, y los lobbies que las representan. Las decisiones que afectan a la gente, que influyen decisivamente en su vida cotidiana, se adoptan en espacios formales e informales en los que se articulan los intereses de las minorías privilegiadas, donde el control social es mínimo o inexistente.

No sorprende que el relato del poder, el lanzado por las instituciones comunitarias, omita por completo este asunto, pues sirve para ocultar los intereses que subyacen y condicionan las instituciones y las políticas implementadas desde Bruselas y por la mayor parte de los gobiernos europeos. Pero sí sorprende, y mucho, que el discurso crítico esté centrado (y encerrado) en el engranaje institucional; importante, sin duda, pero insuficiente para entender cabalmente qué es y que no es Europa; para entender asimismo el rumbo seguido por las instituciones, la sesgada orientación de las reformas puestas en marcha, y la escasa relevancia o la postergación que otras han merecido por parte de Bruselas.

Al ignorar este aspecto, los análisis al uso de la crisis, también aquellos que plantean la recuperación de la soberanía, quedan irremediablemente incompletos y sesgados. Un ejemplo. Los defensores de un presupuesto comunitario exiguo o en retroceso (como el actual, que apenas representa el 1% del producto nacional bruto comunitario) en realidad están apostando porque los actores públicos y privados acudan a los mercados –a los grandes bancos e intermediarios financieros privados- para atender sus necesidades de recursos. Otro ejemplo. El complejo militar-industrial, con la excusa del terrorismo y de las guerras (que han contribuido a alimentar con el comercio y venta de armamento, pues, ya se sabe, “business is business”) está indudablemente detrás de fortalecer la Europa de la defensa, objetivo que ya se ha convertido en una de las propuestas centrales de los últimos documentos comunitarios. Un último ejemplo, de una larga lista que podría poner, la existencia de competencia fiscal y de paraísos fiscales dentro de Europa y el limitado interés que han puesto las autoridades comunitarias en corregir esta situación, ha constituido un formidable negocio para las empresas transnacionales y las grandes fortunas, que han obtenido y obtienen suculentos réditos aprovechando esta ventajosa situación.

Con un planteamiento que va de las instituciones a las instituciones –como si ahí estuviera encerrada toda la problemática que merece ser tenida en cuenta- se ignora que la verdadera cesión de soberanía, antes y ahora, ha consistido en que las instituciones, estatales y comunitarias, han sido ocupadas por los mercados, por las grandes empresas y por sus lobbies, que han impuesto los contenidos de la agenda y de las políticas públicas.

Hemos asistido, pues, a un doble proceso de cesión de soberanía, desde los estados hacia las instituciones comunitarias, y desde ambos hacia los mercados, que se han configurado con un perfil crecientemente oligárquico. El relativo equilibrio entre los Estados, las instituciones comunitarias y los mercados ha quedado seriamente tocado en las últimas décadas y podemos decir que el crack financiero, la Gran Recesión y la Gran Transformación –la que está alumbrando a un capitalismo de perfil marcadamente extractivo- lo han roto definitivamente a favor de las manos visibles de los mercados, que, además de moverse en espacios opacos, lejos de las regulaciones públicas, han tomado al asalto las instituciones (estatales y comunitarias) y la política.

Esta captura ha sido clave, por ejemplo, para que los beneficios y las rentas del capital contribuyan cada vez menos a las arcas públicas, para que la regulación financiera se pliegue a las exigencias y necesidades de los grandes operadores, para que las políticas públicas se dirijan, antes que nada, a proteger los intereses de los grandes acreedores y deudores, o para que la agenda de Bruselas se haya orientado a la liberalización de los mercados diluyéndose su función redistributiva.

¿Significa esto que carecen de importancia los diseños institucionales? En absoluto, la tienen y mucha. Pero ese debate, para que tenga recorrido y calado, necesita contemplarse en el contexto más amplio de los mercados realmente existentes. Recuperar soberanía, significa, desde esta perspectiva debilitar y contrarrestar el poder de los grupos corporativos. También pasa por dar poder a los pobres y excluidos y a los trabajadores. Cambiar las relaciones de poder, en definitiva.

Los mercados necesitan de una regulación efectiva, no sólo encaminada a corregir o mitigar sus excesos, sino a establecer unas reglas del juego encaminadas a promover prácticas y actores compatibles con los objetivos de sostenibilidad y equidad. Esa regulación debe premiar las dimensiones formales y reguladas frente a las informales y opacas. Hacer frente a la cesión de soberanía ahora ejercida por los mercados requiere, asimismo, un potente y eficiente sector público, limitar los procesos de concentración empresarial, empoderar a los trabajadores y crear y preservar espacios que permitan la intervención ciudadana.

Una última consideración para concluir. Reivindicar, frente a la globalización o lo supraestatal, los espacios estatales y locales no garantiza por definición el ejercicio de la soberanía. Los procesos de expropiación de la voluntad soberana se han dado y se dan en todos los ámbitos, no sólo a escala global. No son pocas las experiencias donde esa reivindicación se ha esgrimido en nombre de políticas que colisionan con los intereses de las mayorías sociales.

A menudo se afirma que la economía estadounidense es un modelo a seguir por la “vieja y desnortada” Europa.

Ya antes del estallido de la crisis este era un mantra muy utilizado en los círculos académicos, mediáticos y políticos. Lejos de evaluar las ventajas e inconvenientes de las economías situadas a ambos lados del Atlántico, quienes argumentaban en estos términos pretendían justificar la necesidad de implementar en Europa las políticas neoliberales que en su opinión tan buenos resultados daban en Estados Unidos; muy especialmente las que apuntaban al mercado de trabajo, exigiendo su desregulación (flexibilización, utilizando un eufemismo muy recurrente).

El crack financiero, cuyo epicentro fue precisamente Wall Street, fue un duro golpe para este relato, alimentado en el paradigma de “todo mercado”. No obstante, cuando estamos a punto de cerrar una década de crisis económica –o, en el mejor de los casos, de lenta e inestable recuperación–, el icono estadounidense reaparece con fuerza. Este país, con un “mix” de políticas económicas acertado, estaría mostrando el camino de salida de la crisis.

Entre 2010 y 2016 el crecimiento del producto interior bruto (PIB) real en promedio superó el 2% en Estados Unidos, mientras que el registro de la Unión Europea (UE) fue del 1,3% y el de la Unión Económica y Monetaria (UEM) apenas alcanzó el 1%. Pero donde los contrastes parecen más rotundos es en los datos de empleo y desempleo, donde los logros estadounidenses resultarían incontestables.

El 2016 el nivel de empleo en la UE era un 2,1% superior al de 2010, en tanto que en la zona euro era poco más del 1%. Frente a tan magro y decepcionante balance, en Estados Unidos la ocupación había aumentado en ese mismo periodo en un 8,1%. En cuanto a las tasas desempleo, continuaban siendo relativamente elevadas en Europa, del 8,7% en la UE y del 10,2% en la UEM, respectivamente. Encontramos registros mucho mejores en la economía estadounidense, donde la tasa de desempleo se habría reducido a la mitad entre 2010 y 2016, pasando desde el 9,3% hasta el 4,9%.

¿Estamos ante una historia de éxito? ¿Simboliza Estados Unidos el modelo a seguir? Contestar ambas preguntas exigiría un análisis minucioso de las políticas seguidas en este país y de los resultados obtenidos por las mismas. Sin pretender entrar en ese debate, que desborda con mucho el objetivo de estas líneas, hay que tener presente un axioma básico, que tanto los economistas como los políticos olvidan o ignoran con demasiada frecuencia: la economía está al servicio de las personas. La mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población, especialmente de los más desfavorecidos, tiene que ser el inexcusable objetivo de una “buena” política económica; si esta beneficia a las élites y a los poderosos, habrá fracasado.

Los registros sobre crecimiento económico y empleo son, desde esta perspectiva, a todas luces insuficientes. ¿Cómo se reparten las ganancias de ese crecimiento? ¿Qué calidad tiene ese empleo? Es en este tipo de preguntas, que el discurso dominante simplemente ni siquiera formula, donde hay que poner el foco para valorar el curso de la economía. Y es en esos ámbitos donde encontramos en Estados Unidos (y en Europa) una respuesta y una gestión de la crisis económica que favorece a los poderosos (los que están precisamente en el origen de la crisis), perjudicando a la mayoría social.

En Estados Unidos, antes y durante la crisis, ha aumentado con fuerza la desigualdad. De hecho, es una de las economías más inequitativas del planeta, muy por delante de las europeas. Así lo pone de manifiesto el índice de Gini, ratio que ofrece una horquilla de valores comprendidos entre 0 y 100 (los más cercanos a esta cifra son los más desiguales). Según la información proporcionada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en los años 2010-2015 el registro de la economía estadounidense era de 41,1. Compárese esta cifra con la de nuestra economía, un 35,9, donde la desigualdad también ha experimentado una marcada tendencia alcista.

Otro de los indicadores habitualmente utilizados en los estudios de economía es la proporción entre los ingresos percibidos por el 20% de la población más pobre y más rica. También en este caso, Estados Unidos lidera el ranking de la desigualdad, con un valor del 9,1 (7,3 en España) en los años 2010-2015 (PNUD).

Pero quizá donde la fractura social emerge con mayor contundencia es cuando se repara en la posición de los muy ricos. El Credit Suisse a través del Global Wealth Databook ofrece información sobre la concentración de la riqueza (donde, por cierto, el índice de Gini es sustancialmente superior al del ingreso). Pues bien, con datos de 2016, en Estados Unidos el 1% de la población atesora el 42,1% de la riqueza total, el 5% disponía del 66,5% y el 10% del 77,6%. En España, donde, como antes hemos indicado, la fractura social ha avanzado con rapidez, convirtiéndonos en uno de los países más desiguales de la UE, los valores son, en cada uno de esos segmentos poblacionales, del 27,4%, 45,4% y 56,2%.

El contrapunto de esta situación se encuentra en la tendencia secular al estancamiento de los salarios (no los de las élites empresariales, que han crecido en la fase de auge económico y se han mantenido en niveles muy elevados durante los años de crisis). Entre 2010 y 2016 el salario promedio por hora trabajada apenas ha aumentado, pasando de 22,98 a 23,99 dólares. Un aumento acumulado del 4,4% en términos nominales, lo que, teniendo en cuenta que la progresión de los precios ha superado el 10%, ha supuesto una notable pérdida de capacidad adquisitiva.

Mientras que, como se ha dicho, los ejecutivos de las grandes corporaciones continúan recibiendo remuneraciones astronómicas –que nada tienen que ver con su contribución a la productividad de las firmas que dirigen, sino con las posiciones de poder que disfrutan– la presión sobre los salarios más bajos ha sido enorme. El porcentaje de los trabajadores cuyos ingresos son iguales o inferiores al salario a tiempo completo necesario para sostener a una familia de cuatro miembros con dos hijos estaba situado en 2016 en el 23,7%, ratio que ha experimentado una ligera mejora desde 2010 (25,9%) (Economic Policy Institute’s State of Working America Data Library, EPI).

En lo que concierne al salario mínimo federal, se ha mantenido invariable entre 2010 y 2016, situándose en 7,25 dólares, con la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva. Como porcentaje del salario medio de los trabajadores de producción y no supervisores, la regresión ha sido muy acusada, pasando del 38,1% al 33,6%.

Todo lo anterior, la generalización de los bajos salarios y la mala calidad de los puestos de trabajo creados, invita a relativizar el “favorable” comportamiento del desempleo. Téngase en cuenta, además, que la tasa de participación de la fuerza de trabajo –el porcentaje de la población que trabaja o está desempleada como porcentaje de la población en edad de trabajar– se ha reducido; en enero de 2010 era del 62,8% y en diciembre de 2016 del 62,8. Una parte de la población activa que ha pasado a la inactividad engrosaría las filas del desempleo.

Finalmente, conviene reparar en el indicador de infra empleo, también ofrecido por el EPI. Además de los desempleados en sentido estricto se contabiliza el trabajo a tiempo parcial involuntario y los trabajadores que han estado disponibles para trabajar en el último año, pero que han dejado de buscar un trabajo en las últimas cuatro semanas. El infra empleo habría alcanzado en enero de 2010 el 16,5% de la población activa y en diciembre de 2016 todavía afectaría al 9,6%, más del doble de la tasa oficial de desempleo.

¿Es Estados Unidos un espejo donde mirarnos? En absoluto. Lejos de ser un fenómeno pasajero que se resuelve con el crecimiento, tanto allí como en Europa la desigualdad avanza y se enquista en nuestras economías. No sólo como consecuencia de la crisis, sino sobre todo como resultado del triunfo de un capitalismo crecientemente extractivo, al servicio de los intereses de las élites políticas y económicas, donde los puentes institucionales y los consensos que hacían posible las políticas redistributivas han saltado por los aires.

Con motivo del 60º aniversario del Tratado de Roma, la Comisión Europea presentó la semana pasada el Libro blanco sobre el futuro de Europa. Como refleja en el subtítulo, el documento, de treinta páginas, pretende abrir el debate sobre los diferentes escenarios que podrían materializarse en Europa en el horizonte de 2025.

Es marca de la casa. La retórica vacía y grandilocuente de los documentos y declaraciones comunitarias que a pesar de la crítica situación que vive la Unión Europea (UE) sigue estando muy presente en el Libro Blanco. Pero en este caso no se trata sólo de retórica, sino de una mezcla de ceguera y autismo.

Seleccionamos tres párrafos, entre otros muchos que recorren el texto: “Es momento de reflexionar con orgullo de nuestros logros y de recordar los valores que nos unen”; “La Unión Europea ha mejorado nuestras vidas. Debemos velar porque sigan mejorando las de todos aquellos que vendrán detrás de nosotros”; “…una Unión ampliada de 500 millones de ciudadanos que viven en libertad en una de las economías más prósperas del mundo”.

Nos preguntamos cómo recibirán este brindis al sol los trabajadores que, como consecuencia de las reformas laborales, impulsadas y exigidas por Bruselas, se han llevado por delante la negociación colectiva y son responsables de una histórica reducción de los salarios. La ciudadanía griega que ha sido hundida en la pobreza como consecuencia de la aplicación de los sucesivos memorándums. La quinta parte de la población alemana que está cerca o por debajo del umbral de la pobreza. La institucionalización de la “deudocracia” como un sistema de disciplinamiento de los países del sur de Europa. Y también los refugiados que están muriendo de frio y enfermedad en las fronteras comunitarias o se ahogan en las aguas del Mediterráneo.

No es serio ni decente pasar de puntillas sobre estas y otras situaciones, que, desgraciadamente, no representan un episodio aislado del denominado “proyecto europeo”, sino que, cada vez más, forman parte de la quintaesencia del mismo.

En la introducción se afirma que “nuestra economía (la europea) se está recuperando de la crisis financiera mundial, aunque los efectos no se perciben de forma suficientemente equitativa”. Grave error de diagnóstico, a partir del que difícilmente cabe entrar en el debate sobre los escenarios. Se confunde, deliberadamente, un crecimiento económico débil, inestable y desigualmente repartido entre los países europeos –que, además, todas las agencias nacionales e internacionales que elaboran pronósticos, ajustan a la baja– con estar saliendo de la crisis. Al contrario, los problemas de fondo que provocaron el crack financiero y que abrieron la puerta a la Gran Recesión están presentes; y las políticas comunitarias los han agravado.

Llama la atención que, por enésima vez, en una reflexión que quiere ser de calado, se omitan los problemas a los que se enfrentan las sociedades, las economías y las instituciones europeas. Se hace referencia a un proyecto que, pese a todas las dificultades, ha conseguido abrirse camino, alcanzando más integración, más cohesión y más bienestar. Ni una sola alusión a la intensificación de las divergencias productivas y sociales en las décadas de “avance y consolidación” de ese proyecto europeo, ni tampoco se menciona el aumento en esos años de la desigualdad. Como atestigua el informe Europa para la mayoría, no para las élites de Oxfan que analiza como los motivos de este incremento de la desigualdad se encuentran las medidas de austeridad aplicadas desde el inicio de la crisis, así como políticas fiscales no redistributivas que favorecen a las grandes fortunas.

Por el contrario, el texto sí que advierte de las amenazas que representan los populismos, de un lado y de otro, que cargan contra la idea de Europa, responsabilizándola de la deriva económica y social. Es claro que los partidos de extrema derecha cabalgan electoralmente con un mensaje de soberanía en clave de repliegue identitario xenófobo, y que con ese mensaje están haciéndose con el apoyo de una parte del voto del descontento. Si bien todo eso es cierto, la principal fuerza centrífuga, donde se concentra el mayor potencial desintegrador, reside precisamente en las políticas comunitarias aplicadas al menos desde Maastricht; como afirma el filosofo Enzo Traverso: “La mutación neoliberal ha sido el sabotaje del propio proyecto europeo”.

El texto llama la atención sobre los peligros que para Europa supone ser un “poder blando” en un contexto donde “la fuerza puede prevalecer sobre la ley”. ¿Qué se quiere decir exactamente con poder blando y cómo fortalecerlo? Una apelación, apenas disimulada, a reforzar el gasto militar, una propuesta ya esbozada en el debate de la Unión del pasado septiembre en donde Junker propuso un fondo común para impulsar la industria de defensa como un primer paso para trabajar la integración en defensa de la UE.

Resulta inquietante asociar fortaleza y relevancia internacional con el aumento de este gasto y clama al cielo que ello se haga cuando se están recortando las partidas sociales de los presupuestos públicos. Mientras Bruselas insiste, una y otra vez, en las virtudes de la austeridad presupuestaria, abre la puerta, con la excusa de que Europa dispone de un “poder blando”, a la militarización y securitización del proyecto europeo que solo responde a los intereses de los lobbys de las empresas armamentísticas, como muy bien expone el informe “guerras de fronteras” del Trasnational Institute.

Se habla en el documento de cumplir la promesa de no dejar atrás a nadie, de garantizar que cada generación disfrute de mejores condiciones de vida que la anterior, de reforzar la convergencia y de completar el proceso de integración monetaria. Palabras que constituyen el colmo de la hipocresía cuando la Comisión Europea y las políticas comunitarias forman parte del problema, habiendo contribuido de manera decisiva a la profundización de las divergencias productivas, sociales y territoriales en el conjunto de la Unión.

Resulta igualmente inquietante leer en el documento que los sistemas de protección social deben modernizarse, no porque defendamos una posición inmovilista (todo lo contrario), sino porque ya sabemos o intuimos –en ese mundillo de mensajes cifrados y opacos– lo que significa modernización: recortes, desmantelamiento y mercantilización. Del mismo modo que cuando dice flexibilidad de las relaciones laborales, en realidad se está diciendo desregulación de las mismas; o cuando se dice devaluación en realidad es represión salarial; o cuando se dice austeridad, en realidad se aplican recortes sobre el gasto social y productivo.

En otro lugar del texto se afirma que Europa tiene una arquitectura compleja, difícil de entender, y que no se explican bien ni tampoco lo suficiente los logros y las ventajas de formar parte de la UE. Desde luego, existe una distancia sideral entre la gente y sus problemas, por un lado, y el universo cerrado y elitista de la eurocracia de Bruselas, por otro. En nuestra opinión, sin embargo, no se trata tanto de constatar esa evidencia como de que las instituciones y las políticas han sido colonizadas por las corporaciones; ellas y los lobbies que las representan se han apoderado de la agenda comunitaria. En esta UE realmente existente, la cesión de soberanía supone ceder democracia, como comprobamos en los acuerdos tanto del CETA como del TTIP, verdaderas constituciones al servicio del poder corporativo.

Cuatro de los cinco escenarios presentados en el Libro Blanco –denominados Seguir igual; Sólo el mercado único; Los que desean hacer más, hacen más; Hacer menos, pero de forma más eficiente– significan, en distintos grados, dar por bueno el fracaso del proyecto europeo. Supone que, ante el monumental desafío que representa la crisis, se contempla la posibilidad de una suma y sigue o de un retroceso.

De hecho, el escenario que está emergiendo de la crisis es una combinación de esos cuatro, y significa al mismo tiempo más y menos Europa; un escenario caracterizado por un muy intenso desequilibrio en las relaciones de poder, en beneficio de las oligarquías y de los países con mayor potencial competitivo y con unas instituciones deslegitimadas democráticamente y privadas de recursos para acometer políticas redistributivas. En cuanto al quinto de los escenarios –calificado como “Hacer mucho más conjuntamente”– se articula alrededor de un conjunto de ideas genéricas que apuntan en direcciones muy diferentes. Un detalle, en absoluto menor: en este escenario, donde se supone que encajaría la idea de más Europa y otra Europa, nada se dice de revertir las políticas de austeridad, democratizar las instituciones europeas o tan siquiera sobre la lucha por la igualdad.

Digamos para concluir que el documento convoca a un debate en torno a esos cinco escenarios. El debate europeo es, sin duda, imprescindible, porque Europa es más una restricción que una oportunidad. El abismo entre las instituciones, la élite política y la burocracia comunitaria con la ciudadanía es tan profunda que un sincero compromiso con el debate implicaría crear las condiciones para que la gente intervenga activamente. Y, sinceramente, nada apunta en esta dirección, ni en el Libro Blanco ni en la gestión autoritaria y elitista de la que han hecho gala los responsables comunitarios.

Un debate fundamental del que la izquierda alternativa no puede volver a mostrarse ausente o sin una postura clara. Como decía Perry Anderson en su artículo en Le Monde Diplomatique de este mes titulado Agitación antisistema en Europa y en Estados Unidos: “El futuro de la Unión Europea depende tanto de las decisiones que la han moldeado que ya no podemos contentarnos con reformarla: hay que salir de ella o deshacerla para poder construir en su lugar algo mejor, con otros fundamentos, lo que equivaldría a arrojar al fuego el Tratado de Maastricht”.

El remedio ofrecido por la economía convencional, y también por una parte sustancial de la economía crítica para salir de la crisis económica, crear empleo y reducir el desempleo ha sido y es apelar al crecimiento económico como hoja de ruta.

Sin embargo, antes del crack financiero ya era perfectamente visible una tendencia a la pérdida de impulso del Producto Interior Bruto (PIB). La crisis actual supone, por intensidad, un punto y aparte en la dinámica capitalista, sólo comparable al crack de 1929 del pasado siglo. La crisis no ha supuesto, en consecuencia, una quiebra de un proceso de crecimiento sostenido en el tiempo, sino más bien el desplome de economías que, desde las últimas décadas, ya habían mostrado evidentes signos de atonía.

Hay un debate, que no pretendo simplificar, sobre las raíces de esa evolución tendencial de las economías capitalistas (marxismo, estructuralismo, visiones postkeynesianas…). Algunos de los factores que, presentados de manera esquemática, deben ser, en mi opinión, considerados en una reflexión de calado estratégico son: la debilidad de la actividad inversora y el envejecimiento poblacional; la creciente financiarización de los procesos económicos; el estancamiento de los salarios y la progresiva concentración de la renta y la riqueza, las disfunciones provocadas por la Unión Económica y Monetaria y las asimetrías productivas y comerciales dentro de Europa; la oligopolización de las estructuras empresariales y la captura de los espacios públicos; y el deterioro ecológico.

Resulta pertinente identificar y analizar estos y otros problemas de naturaleza estructural, no sólo porque están en el origen de la crisis, sino porque, en aspectos muy importantes a lo largo de esta última década, han conocido un sustancial empeoramiento. Tres ejemplos al respecto: La intensificación de la fractura social, que se ha situado en cotas históricas; el aumento de las disparidades productivas entre los países del sur y del norte de Europa; y la reactivación de los circuitos financieros y especulativos, que en algunos casos han alcanzado ya los niveles de precrisis.

Añadamos a este panorama otros “lastres” que tienen que ver con una gestión errónea e interesada de crisis, al servicio de las élites: la imposibilidad de lanzar una nueva fase de crecimiento centrado en el endeudamiento, que todavía es muy elevado, tanto en el ámbito privado como en el público; la persistencia –diría que enquistamiento– de las denominadas políticas de austeridad, salarial y presupuestaria, que, sin duda alguna, han llegado para quedarse; la existencia de altos ratios de desempleo, que se mantendrán elevados en los próximos años, y de un empleo de muy baja calidad; un sector bancario con serios problemas de liquidez y solvencia; y la desactivación del sector público, privado de recursos y legitimidad, como factor de dinamización de la economía.

Teniendo en cuenta todo lo anterior –más allá de los factores de índole coyuntural que apuntan a cierta recuperación económica, que las previsiones más recientes de las agencias internacionales están ajustando a la baja– se abre un horizonte que algunos analistas han calificado de estancamiento secular, y que, cuando menos, se caracterizará por un insuficiente, débil e inestable crecimiento.

De acuerdo con este diagnóstico, sin entrar ahora en la cuestión crucial de si el crecimiento resuelve la agenda ocupacional –¿genera suficiente empleo? ¿reúne el empleo creado estándares de calidad?–, sí podemos afirmar que el motor del crecimiento ni ha funcionado correctamente en las últimas décadas ni lo va a hacer en los próximos años. En estas coordenadas, apelar al aumento del PIB como piedra angular de la recuperación económica y de superación de la crisis, sin abordar la problemática estructural que acabo de desbrozar de manera sucinta, supone un grave error de planteamiento.

Derogar la reforma laboral, aumentar el salario mínimo y las pensiones... Tras esos objetivos hay una racionalidad económica, pero sobre todo un decidido compromiso con la ciudadanía y una voluntad de transformación de un orden económico y social injusto, crecientemente oligárquico y autoritario

“No salen las cuentas” o “no han echado las cuentas”. Con esta apelación al realismo, al exigente mundo terrenal, se ha pretendido nombrar una de las principales debilidades del programa económico de Podemos y de su intervención en las instituciones; se critica que sean medidas a menudo bienintencionadas, pero carentes de rigor, que se han lanzado ignorando u omitiendo el verdadero coste de las mismas.

Es muy importante, desde luego, justificar con la correspondiente memoria financiera las propuestas económicas y Podemos ha sido especialmente escrupuloso al respecto. A la hora de elaborar los programas con los que nos hemos presentado a las diferentes consultas electorales hemos cuidado hasta el extremo que cada uno de los objetivos estuviera acompañado del correspondiente documento donde se acreditaban tanto los ingresos como los gastos; aun sabiendo que, como hemos comprobado en nuestra propia experiencia, antes de llegar a las instituciones -sometidas a un saqueo sistemático por políticos y empresarios sin escrúpulos- era imposible saber el verdadero estado de las cuentas, y en consecuencia las memorias no podían ser sino estimaciones.

Resulta llamativo que algunos de los partidos que clamaban contra la falta de realismo de Podemos hayan omitido estos documentos, convirtiendo sus programas en verdaderos brindis al sol. Asimismo, desde las instituciones, que han gestionado como si fueran su cortijo privado, la marca de la casa de estos partidos ha sido decir una cosa y hacer lo contrario.

No quito ni un ápice de importancia al necesario rigor que debe acompañar nuestras propuestas económicas si digo que, finalmente, la clave está en la política, ahora, antes y siempre. No nos confundamos, han sido decisiones políticas, y los intereses que se ocultan tras ellas, las que han puesto en marcha una agenda económica consistente en devaluar los salarios e introducir una reforma laboral que ha debilitado y en muchos casos eliminado la negociación colectiva, la que ha conducido a que sean las clases medias y los trabajadores los que soporten la mayor parte del ajuste presupuestario, la que ha dado prioridad a la reducción del gasto público social y productivo, siendo conscientes de que eso perjudicaba a los grupos de población más desfavorecidos. La decisión de poner por delante los intereses de los grandes bancos y corporaciones, de rescatarlos con dinero público, y la preservación de los privilegios de los ricos ha sido el fruto de una inequívoca voluntad política. ¿O acaso creíamos que todo ello ha sido el resultado de una lógica económica, o, peor todavía, de la única lógica económica posible, investida de indiscutible racionalidad?

Y será asimismo el resultado de una decisión política poner el empleo en el centro de la agenda gubernamental y derogar las últimas reformas laborales, rescatar a la ciudadanía antes que a los bancos, aumentar el salario mínimo y las pensiones, garantizar una prestación por desempleo suficiente, canalizar recursos públicos hacia los cuidados y la sostenibilidad, legislar a favor de la igualdad de género…y tantas otras cosas que conformarían el núcleo central de un programa de cambio destinado a beneficiar a la mayoría social.

Tras esos objetivos hay, por supuesto, una racionalidad económica que debemos reivindicar, aunque muy distinta de la de los poderosos. Pero sobre todo tiene que haber un decidido compromiso con la ciudadanía y una insobornable voluntad política de transformación de un orden económico y social injusto, crecientemente oligárquico y autoritario.

Sí, es la hora de la política. Necesitamos ser rigurosos, convirtiendo nuestra presencia en las instituciones en propuestas, bien diseñadas y argumentadas, que lleven la impronta de la mayoría social a la que queremos representar. Esa intervención debe ser asimismo convincente a la hora de desvelar y denunciar el “todo sigue igual o parecido”, con una puesta en escena que ya no es la del rodillo parlamentario sino la de la recomposición del bipartidismo.

Y necesitamos mucha comprensión de lo que, más allá de la retórica, debe ser el ADN de la nueva política: llevar las instituciones a la sociedad, no sólo para informar a la ciudadanía de lo que allí ocurre (y de lo que no ocurre) y rendir cuentas, sino para abrir cauces de participación e intervención que permitan que la gente exprese y haga valer sus intereses. Es imprescindible, finalmente, un concienzudo y continuo trabajo fuera y al margen de las instituciones, de explicación y de movilización, en las calles, en las plazas y en los centros de trabajo.

Según la EPA, el salario promedio del 10% de los trabajadores con ingresos más bajos ha retrocedido en términos monetarios el 12,9% entre 2010 y 2015. Estas son las estadísticas, pero detrás de los datos hay trabajadores, familias y ciudadanos que no pueden cubrir sus necesidades básicas

Tras la publicación de la última Encuesta de Población Activa (EPA), por el Instituto Nacional de Estadística, centraré mi comentario en los datos relativos al salario bruto mensual del empleo principal y su evolución entre 2010 y 2015. En estos años se han aplicado con más rigor las políticas de devaluación interna (represión salarial) y estabilidad presupuestaria (reducción del gasto público social y productivo y aumento de la presión fiscal sobre las clases populares).

El panorama reflejado por la EPA, que tanto complace a los políticos del Partido Popular (PP) y al Gobierno encabezado por Mariano Rajoy, no puede ser más desalentador y devastador.

Los deciles inferiores de ingreso, donde se encuentran los asalariados de menor cualificación y con contratos más precarios (donde, por cierto, están sobre representadas las mujeres), son los que han padecido la mayor degradación. Así, el salario promedio del 10% de los trabajadores con ingresos más bajos ha retrocedido en términos monetarios el 12,9% entre 2010 y 2015. El mismo comportamiento han seguido las retribuciones de los trabajadores situados en los deciles 2, 3 y 4, que han retrocedido, respectivamente, el 7,2%, 3,5% y 0,4%.

Para situar en su justa medida el alcance de esta regresión, y el drama social que supone, hay que tener en cuenta que el índice de precios al consumo (IPC) en este mismo periodo ha aumentado el 6,3% con lo que, por ejemplo, la pérdida de capacidad de compra sufrida por los trabajadores más pobres ha sido de casi el 20%.

La situación es algo más favorable en los deciles siguientes, donde, al menos, han aumentado los salarios en términos nominales, modestamente en los tramos intermedios y con más intensidad en los superiores. Pero sólo los asalariados de mayores ingresos han obtenido un crecimiento en sus retribuciones superiores al IPC; el resto, han perdido poder adquisitivo.

La relación entre los tramos de ingreso inferior y superior no ha dejado de aumentar; el valor registrado en 2015 era de 11,4, más de dos puntos porcentuales por encima de registro obtenido en 2010. Resulta, asimismo, significativo comprobar que la distancia entre los deciles centrales 4-7 (lo que, en términos genéricos, podríamos denominar como clases medias) y la superior se ha acentuado a lo largo del periodo analizado.

Estas son las estadísticas, frías como el mármol. Pero detrás de los datos hay trabajadores, familias, ciudadanos que no pueden cubrir sus necesidades básicas, que no pueden calentar sus casas cuando llega el invierno, que no pueden de hacer frente a las hipotecas, que no están en condiciones de atender a gastos imprevistos. Detrás de los datos hay sufrimiento, exclusión y frustración, y también muerte (como el caso de la mujer de Reus). Pero las políticas y los políticos del PP, las élites y las oligarquías siguen a lo suyo, a consolidar sus posiciones de privilegio y a enriquecerse con la crisis.

La creciente desigualdad salarial –uno de los factores determinantes de la fractura social– ha llegado para quedarse y no se corregirá con el todavía incipiente e inestable crecimiento económico. Refleja un cambio sustancial en las relaciones de poder, el progresivo debilitamiento de los estados de bienestar y de las políticas redistributivas y la consolidación de mecanismos de acumulación extractivos y confiscatorios. Este es el capitalismo y la Europa que emergen de la crisis.

Por todo ello –y porque mucha gente se está quedando en el camino o está experimentando un importante deterioro en su nivel de vida–, es vital poner en el centro de la acción política y de la movilización ciudadana la lucha por la equidad, dentro de las instituciones, en las calles y plazas, y en los centros de trabajo.