He tenido el privilegio de ser parte de la primera misión oficial de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo a Arabia Saudí, en la que hemos mantenido un diálogo abierto y constructivo con las principales instancias del Gobierno y diversas instituciones. Lamentablemente, Alteza, usted no pudo o no quiso recibirnos. Lo cual he de decir que me extrañó sobremanera, habida cuenta del ambicioso y complejo empeño de transformación nacional que está liderando, para cuya viabilidad no son pocos ni pequeños los apoyos políticos que necesita.

Llegamos a Riad justo después de que usted desvelara al mundo, con una puesta en escena milimétrica y deslumbrante, de factura 100% norteamericana, su proyecto emblemático, la ciudad del futuro NEOM. Y aprovechara, como quien no quiere la cosa, para lanzar en ráfaga de titulares su plan para tomar las riendas de su futuro y ser el referente integral de la región.

Ciertamente, Arabia Saudí se encuentra inmersa en un rapidísimo proceso de cambio de modelo económico, social, energético y tecnológico. La sociedad, muy conservadora, está teniendo dificultades en asimilarlo. Pero usted, Alteza, ha visto claramente que un país donde el 70% de sus 32 millones de habitantes tiene menos de 30 años, con déficit de inversión y empleo del sector privado, desafiado por el progresivo declive del papel central del petróleo, e identificado con el extremismo islamista y el trato a la mujer como ciudadanas de segunda... ha de acometer esa transformación profunda sin demora.

He podido constatar que todo el país se encuentra movilizado en su programa “Visión2030”, con el fervor y la entrega unánimes que posibilita una monarquía absoluta. Con argumentos elaborados con el mejor lenguaje moderno, global, inclusivo, progresista del liderazgo del siglo XXI que usted encarna. Pero entenderá que algo profundo falla cuando esa misma monarquía absoluta, que legisla exclusivamente a golpe de reales decretos, justifica que Raif Badawi, Premio Sájarov 2015, sigue en la cárcel (por expresar su opinión en un blog) porque ustedes respetan la separación de poderes y la independencia judicial.

Creo sinceramente que el mundo entero (o casi) estaría dispuesto a apoyar su plan y su relato. Pero no puede esperar que lo hagamos con sus reglas, unas reglas que no son aceptadas ni compartidas por la comunidad internacional. Su “Vision2030” es muy espectacular: pero no puede prevalecer sobre la Agenda2030 de Naciones Unidas, que es común y universal, como lo son las obligaciones que con ella nos hemos dado. Entre ellas, lograr la igualdad efectiva para la mitad de la población mundial, las mujeres y las niñas, garantizando su pleno acceso a la educación y a las oportunidades de empleo para posibilitar la autonomía personal y económica, sin restricciones. La tutela masculina es incompatible con ello, y ha de ser, por tanto, expresa y efectivamente abolida de todos los ámbitos de la vida de los saudíes.

Sin garantizar la libertad de expresión y de conciencia, no hay ciudad futurista de 500 billones de dólares que valga. Sin asegurar que los trabajadores migrantes disfrutan de los mismos derechos que los nacionales, no hay revolución modernizadora posible. Sin utilizar abiertamente y sin complejos la mayor tribuna musulmana mundial, la Meca, para lanzar el mensaje debido, no hay reivindicación del islam moderado que se sostenga. Donde la práctica religiosa rige cada milímetro de la vida, define las infraestructuras, los horarios, las comunicaciones, la industria, los servicios, la educación, la sanidad, la justicia, no hay cabida para el respeto a las libertades y los derechos individuales. Desde luego que queremos contribuir a estabilizar la región, potenciar los ámbitos de colaboración contra el extremismo, impulsar la moderación y la convivencia. Pero no espere que quienes necesita para sacar adelante su plan hagamos la vista gorda para las brechas de impunidad o injusticia. La Sharia, la ley islámica que solo adopta de las convenciones internacionales lo que se adecúa a sus premisas, no puede pretender ser el marco jurídico de una transformación regional que cuente con el soporte del mundo. Arreglen eso, Alteza. Elimine las inconsistencias ahora que puede y quiere, porque nos necesitan. Quid pro quo. Sin trampas.

En el drama del brexit se está abusando de la metáfora del divorcio. Tiene como ventaja que introduce un elemento emocional (que existe de verdad) donde algunos querrían ver sólo un trámite legal y contable. Pero, como las metáforas tienen vida propia, algunos han dicho ya que en todo caso de separación lo primero es asegurarse del bienestar de los hijos. Los hijos serían aquí los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido y los británicos residentes en la Unión. Grave error. No son menores dependientes, sino adultos con derechos que merecen que se los escuche y se tengan muy en cuenta sus reclamaciones.

El pasado 23 de mayo, viajé a Londres para conocer de primera mano sus preocupaciones e impulsar una solución junto con líderes del partido Liberal-Demócrata, el único entre los británicos con una posición netamente europeísta. El brexit ha producido gran ansiedad en los españoles y europeos residentes en Reino Unido. Tratan de combatirla de la mejor manera posible: actuando. Se han organizado y defienden sus intereses en las redes y en las instituciones, recabando apoyos y explicando su situación a cualquiera que pueda ayudarles. Creo que es difícil para quien no está en esta situación entender lo que se siente cuando, de alguna manera, ves en riesgo derechos que dabas por descontados.

Los eurodiputados que formamos parte de la task force sobre el brexit consideramos que la situación de estos ciudadanos es nuestro desafío más acuciante. Nos hemos propuesto garantizarles un marco legal justo y conocido, algo que les aporte seguridad jurídica y derechos de ciudadanía.

Hace pocas semanas celebramos una audiencia (hearing en nuestra jerga) al respecto, a la que acudieron representantes de los europeos residentes en Reino Unido. Lamentablemente, las autoridades británicas no estuvieron presentes. No sólo demuestran insensibilidad hacia los europeos en Reino Unido, también hacia sus conciudadanos británicos residentes en la UE que viven una situación similar.

Paradójicamente, puede que los eurodiputados que más hemos lamentado el brexit terminemos siendo sus mejores aliados: entendemos que los derechos que se reconozcan tendrá que basarse en la reciprocidad, y que, aunque dejen de ser ciudadanos europeos de pleno derecho, los británicos que viven en Europa merecen protección y un marco legal conocido.

“La Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad”, dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Si de verdad creemos que Europa es más que un gran acuerdo comercial, estos derechos deberían llevarnos a colocar en el primer plano del drama del brexit a los ciudadanos que los ven amenazados: aquellos que hicieron sus vidas en un país de la Unión que ahora va a dejar de serlo.

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Beatriz Becerra es eurodiputada de ALDE y vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos.Beatriz Becerra

2015 supuso un año de cambios profundos en la política de desarrollo. La comunidad internacional selló tres acuerdos que revolucionarán el paradigma de nuestras políticas públicas: en Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo, en París sobre el cambio climático y en Nueva York sobre la Agenda 2030. Este último comprende 17 objetivos que, de cumplirse, transformarán profundamente nuestra sociedad. En mi opinión, el cambio radical reside en la desaparición del concepto país donante–país receptor: esta Agenda se aplicará por igual a los 193 países firmantes.

Si profundizamos más, vemos que, por un lado, la política de desarrollo deja de ser secundaria y pasa a ser transversal. Todas nuestras acciones deben tener una única finalidad: el cumplimiento de las 169 metas que nos hemos marcado. En otras palabras, nuestras políticas tienen que guardar una coherencia entre sí. A pesar de que en la Unión Europea la idea de la coherencia política ya está recogida desde 1992 en el artículo 208 del TFUE, la realidad es que aún existen demasiadas deficiencias.

Por otro lado, el tener la obligación de incorporar estos objetivos a todas nuestras políticas implica que todos somos responsables de su ejecución. Es decir: todos (instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, ciudadanos y empresas) somos al mismo tiempo sujeto y objeto de su cumplimiento, y debemos trabajar conjuntamente para combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Para lograr la implantación de esta Agenda necesitamos, además de una mayor coherencia política, abundantes recursos. Y en este campo son las empresas las que por el momento no han sido involucradas de la manera más eficaz posible. En el ámbito de la cooperación al desarrollo la Comisión ha lanzado varias iniciativas dirigidas a llenar este espacio, pero querría destacar el nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores. Su objetivo es atenuar los riesgos que las empresas tienen al invertir en países con menor seguridad jurídica y económica. Según los datos que maneja la Comisión, se podrían conseguir un mínimo de 44.000 millones de euros con una inversión de 4.000. Cifras nada desdeñables para hacer frente a los desafíos más inmediatos.

Estas asociaciones público-privadas no son una novedad en el escenario europeo. Existen numerosos ejemplos de éxito que han seguido esta fórmula, como la Facilidad de Inversión de América Latina. Un programa que operó desde 2010 hasta 2015 en los sectores de agua y saneamiento, energía e infraestructuras, y que ha conseguido movilizar 300 millones de euros para cerca de 30 proyectos. La incitativa nos ha dejado un buen número de buenas prácticas, como el programa desarrollado en Nicaragua, que pretende mejorar el acceso al agua y al saneamiento en 19 ciudades y hasta la fecha ha provisto de agua limpia a 600.000 personas y de servicios de saneamiento a 400.000...en un pequeño país de 6 millones de habitantes.

Pero no todo son buenas prácticas: el paraguas de las asociaciones público-privadas ha propiciado también algunos abominables casos de corrupción e incluso cobertura de crímenes, como el asesinato en Honduras de la líder indígena Berta Cáceres, defensora incansable de los derechos del movimiento campesino hondureño.

Los actuales instrumentos para proteger a la población más vulnerable se han mostrado ineficaces, y el Derecho Internacional demasiado frágil para proteger adecuadamente los derechos humanos. La mera aplicación voluntaria de políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas no es suficiente. Por ello, no puedo defender las asociaciones público-privadas sin la garantía previa de que las empresas asuman obligaciones vinculantes, es decir: un compromiso legal firme de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

Cada año son más las voces que reclamamos esta exigencia. Con motivo de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, ha pedido a los líderes empresariales que tomen medidas para prevenir y mitigar estos abusos, y que éstas sean conforme a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Principios, que llevo defendiendo desde que comenzó la legislatura.

El Parlamento Europeo, como órgano colegislador, desempeña un papel crucial en la definición del Plan de Inversiones citado. Como miembro de la Comisión de Desarrollo, estaré en el equipo negociador que dará forma a la nueva ley que lo vertebre. Mi trabajo será tratar de incorporar una disposición que incorpore esas medidas vinculantes, garantes del respeto a los derechos humanos.

Si 2015 fue el año cero para un nuevo orden globalizado en el que los países asumieron el mandato de aunar fuerzas para superar los grandes retos que nos aguardan en los próximos 15 años, 2017 será el que marque el tiempo de dejar a un lado prejuicios y sectarismos y trabajar juntos por el desarrollo de nuestras naciones. El desarrollo global que sólo es posible con la involucración efectiva de todos los actores de la sociedad, con un compromiso inequívoco con los derechos humanos.

Beatriz Becerra Basterrechea es Vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y eurodiputada en el grupo ALDE.

Cuando cayó el telón de acero su sombra permaneció. Y se diría que todavía lo hace, impidiendo a los países occidentales ver con claridad lo que ocurre en Europa central y oriental. En el caso de España es posible, además, que cuarenta años de dictadura terminaran por afectar al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro geopolítico, agravando nuestra dificultad para ver lo que sucede más allá de Alemania, como en aquellos casos que describía el doctor Oliver Sacks. Hacemos de la incapacidad virtud y miramos hacia el Atlántico. Sabemos y nos preocupa la deriva autoritaria en Venezuela, por ejemplo. En cambio, apenas miramos lo que ocurre en nuestra casa europea, en la Hungría de Orbán o en la Polonia de Ley y Justicia. Estos países aparecen poco en los medios españoles y no suscitan acalorados debates en las tertulias.

Y no nos lo podemos permitir. Con más de 38 millones de habitantes, Polonia tiene un peso importante en la Unión Europea. Por población, será el quinto mayor país cuando se consume el Brexit. Decenas de miles de polacos emigraron a España en los años 80 y 90 del pasado siglo, muchos de ellos para trabajar en la construcción –contribuyendo al crecimiento y al creciente sistema de bienestar de nuestro país–, y regresaron a su país cuando la economía mejoró. Esto es algo que conviene tener en cuenta.

Hoy Polonia sufre una regresión democrática. La naturaleza del problema la ilustra el caso de un libro de texto para alumnos de instituto en el que se mostraba a un hombre atendiendo a un bebé y se preguntaba si la imagen mostraba a una familia tradicional. La respuesta era no, ya que el cuidado de los niños corresponde a la mujer.

El Gobierno del partido conservador Ley y Justicia, guiado por la idea de tradición, ha iniciado una cruzada para imponer al conjunto de la sociedad los valores privados de una parte de ella. Para lo cual no duda en recortar libertades, socavar el Estado de derecho e incluso financiar milicias. Veamos algunos hitos.

La legislación polaca sobre el aborto resulta inaceptablemente restrictiva para los estándares españoles o de Europa occidental. Sin embargo, al Gobierno polaco debía de parecerle de una laxitud inmoral, de modo que trató de convertir el aborto en una práctica ilegal y penada prácticamente en todos los casos, incluido el de la violación de una menor. Una marea femenina vestida de negro contribuyó a frenar la reforma cuando parecía cosa hecha.

Recientemente, la ministra de Familia y Asuntos Sociales, Elizabeth Rafalska, ha declarado que Polonia podría abandonar el Convenio de Estambul, el texto del Consejo de Europa que obliga a los países firmantes a ciertos estándares en la lucha contra la violencia de género. Ley y Justicia nunca estuvo cómodo con el Convenio al considerar que cuestionaba los valores de la familia tradicional. La comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, de la que formo parte, redactó en octubre una carta destinada al Gobierno polaco manifestando la preocupación que nos producen hechos como este. Por desgracia, no pudo remitirse por la oposición de los grupos conservadores, incluido el Partido Popular Europeo.  

El abandono del Convenio de Estambul podría reactivar las protestas sociales que ya frenaron la reforma antiabortista, de modo que, por si acaso, Ley y Justicia se ha encargado de limitar el derecho de reunión y manifestación hasta el punto de que el Tribunal Supremo ha hablado de “estado de excepción encubierto”. La ley podría terminar en el Tribunal Constitucional, pero eso no tendría que suponer un problema para el Ejecutivo presidido por Beata Szidlo: en el que tal vez sea el peor de sus abusos, hace tiempo que impiden que el Constitucional publique sus sentencias en el boletín oficial, de modo que no pueden convertirse en efectivas.

Esto sucedió después de que el Gobierno impidiera la incorporación al Constitucional de tres jueces nombrados por el anterior Parlamento para colocar a otros más afines. El alto tribunal declaró nula la maniobra, pero la sentencia no llegó a publicarse. Este asalto al Estado de derecho ha motivado una investigación de la Unión Europea que podría terminar en sanciones.

Por si la restricción de las libertades civiles no fuera suficiente para impedir a los polacos manifestar su descontento, el ministro de Defensa, Antoni Macierewicz, ultima la formación de una milicia de voluntarios que muchos temen sirva como fuerza represiva, aunque su objetivo declarado sea proteger al país de una hipotética invasión rusa. Por lo visto, Macierewicz cree que si los misiles de la OTAN no consiguen disuadir a Vladimir Putin, varios miles de polacos bien entrenados sí lo conseguirán.

Naturalmente, esta ola autoritaria (Adam Michnik ya ha hablado de “dictadura de terciopelo”) viene acompañada de retórica nacionalista y populista. El partido presidido por Jaroslaw Kaczynski (para muchos el líder en la sombra del país) ha extendido teorías de la conspiración, manipulado la historia del país, acosado a rivales políticos como Donald Tusk y hace lo posible por dividir a la sociedad entre un pueblo virtuoso (tradicional, católico y rural) y unas élites urbanas corruptas e inmorales. Esto en el corazón de Europa a finales de 2016.

Se supone que la Unión Europea debía ser una vacuna contra infecciones nacionalistas como la que está postrando a Polonia. Los tratados son más que simples acuerdos comerciales, afectan a los derechos humanos, a las libertades básicas, al concepto de democracia. Libertad y Justicia, como otras fuerzas nacionalistas de Europa del Este, está tanteando, probando la fortaleza de nuestras convicciones.

Las instituciones europeas deben mostrarse estrictas en el cumplimiento de la legislación, lo que implica el respeto escrupuloso al Estado de derecho. Por otra parte, me gustaría que habláramos más de lo que ocurre en Polonia, que las noticias al respecto merecieran titulares de mayor tamaño y más tiempo en los debates, de modo que obligaran también a los partidos políticos españoles a pronunciarse y al Gobierno de España a presionar en defensa de la democracia y de las libertades de los polacos.

La muerte de Rosa, la mujer de Reus que tenía que iluminarse con velas tras haber sufrido un corte de luz por impago, debería hacer que nos preguntáramos cómo tiene que afrontar la política casos como éste. Los ciudadanos esperan de los políticos que se impliquen, que no escondan el sufrimiento detrás de una estadística ni tras un telón de indiferencia. Ha muerto un ser humano, ignorarlo es indecente. Pero no menos indecente me parece cosificar a Rosa, convertirla en una bandera política y utilizarla para ganar votos o para aumentar el grado de crispación. Apoyar una estrategia política en el sufrimiento concreto de personas reales reduce el dolor a simple combustible de una máquina política.

En mi opinión, respetar a Rosa significa averiguar qué ha ocurrido y exigir las responsabilidades que correspondan. Averiguar, investigar, estudiar... puede sonar irritante para quienes ya creen saber lo que ha ocurrido, para aquellos que asignaron las culpas a los diez segundos de conocer lo ocurrido. Pero lo cierto es que es la única forma digna de tratar a Rosa. Por no hablar de que es la única forma de encontrar qué ha fallado realmente, de forma que se puedan asignar responsabilidades y afrontar las reformas necesarias para que algo así no vuelva a ocurrir.

El dedo acusador ha apuntado a Gas Natural, la empresa que suministraba electricidad al domicilio de Rosa hasta que le cortó el suministro por impago. La ley autonómica de 24/2015 obligaba a la compañía a comunicar el corte de suministro. Desde la empresa, sin embargo, aseguran que la ley está pendiente de un reglamento que establezca los canales y mecanismos necesarios, y que el propio Parlamento de Cataluña instó al gobierno autonómico a desarrollarlo. Es posible que Gas Natural haya actuado mal, pero también es muy posible que las administraciones catalanas hayan sido negligentes, aunque de esto no se hable lo suficiente. ¿Será porque tanto en Reus como en Cataluña gobiernan la antigua Convergencia con la Esquerra de Rufián? ¿Se pondría el foco en otra parte si los responsables políticos fueran del PP? No tengo respuesta para estas preguntas, pero sí fundadas sospechas.

La pobreza energética es una realidad y hay que combatirla. Las administraciones tienen todo el derecho a implicar a las empresas, siempre y cuando quede claro que la responsabilidad última tiene que corresponder a las primeras. En todo caso, el marco legal debe ser claro y eficaz, garantizando la seguridad jurídica y reduciendo al mínimo los trámites burocráticos. ¿Lo es en la actualidad? Esto es lo que habría que averiguar.

Otro asunto directamente relacionado con este caso es el precio de la electricidad. Desde el inicio de la crisis, el precio del kilowatio/hora en España ha pasado de 13 céntimos a 23: un aumento de casi un 77%. El sector energético de nuestro país, ampliamente regulado, se ha mostrado ineficiente en incontables ocasiones. Arrastramos una historia de decisiones políticas equivocadas que, como de costumbre, han terminado pagando los consumidores, es decir: todos los ciudadanos. La ineficiencia y los altos precios no sólo contribuyen a la pobreza energética, sino a la pobreza en general. No lo olvidemos: todo producto que compramos lleva energía. Cuando pagamos un tomate en el supermercado también estamos pagando la gasolina que fue necesaria para llevarlo hasta allí o parte de la luz del establecimiento.

Una mayor libertad en el mercado energético podría reducir los precios de la energía, y por tanto, hacer menos frecuente la pobreza energética. Además, podría abrir nuevas oportunidades a emprendedores del sector con talento y buenas ideas que hoy no pueden llevar a la práctica por las gigantescas barreras de entrada existentes. ¿No queremos una economía moderna que invierta en innovación y cree empleo de calidad? Pues el sector energético es uno de los más prometedores. El cambio de modelo productivo también aportaría prosperidad y reduciría la pobreza.

No pretendo diluir las responsabilidades en la muerte de Rosa, sino señalar que tomarnos en serio su tragedia significa plantearnos el problema sin prejuicios y por completo. La reforma del sector puede aliviar la pobreza, pero los protocolos de los servicios sociales son fundamentales. ¿Quién ha fallado y en qué? Investigarlo y solucionarlo es lo mejor que podemos hacer. Mucho mejor que instrumentalizar la muerte de Rosa.