Han pasado 7 años desde la catástrofe de Fukushima (11 de marzo de 2011), ese accidente que ocurrió lejos de nuestro territorio y que era impensable que pudiera llegar a ocurrir en un país como Japón. Ellos mismos pensaban que nunca podría pasarles, y sin embargo, ocurrió.

Durante estos años se han realizado múltiples análisis sobre las causas que lo provocaron, y se han realizado estudios liderados por el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), y por otros organismos multinacionales como la NEA (Agencia de la OCDE para la energía nuclear), que han revisado documentos y criterios para incluir nuevas consideraciones respecto a la seguridad nuclear. Existe abundante documentación sobre las lecciones aprendidas del accidente y se han implantado algunos cambios significativos en las centrales nucleares de todo el mundo.

No obstante, hay un aspecto del análisis de las consecuencias del accidente de Fukushima que, como profesionales de la seguridad nuclear y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), nos preocupa especialmente. ¿Qué han aprendido los organismos reguladores y, en particular, nuestro regulador nuclear del accidente de Fukushima?

En el caso de Japón podemos afirmar que las lecciones aprendidas han sido múltiples y contundentes.

Cuando ocurrió el accidente, Japón disponía de una Agencia de Seguridad Nuclear denominada “NISA”. Cuando se analizó el papel que este organismo venía desempeñando en relación con las instalaciones nucleares, y se identificaron múltiples aspectos de su funcionamiento que contribuyeron de manera significativa a la ocurrencia del desastre, la NISA fue sustituida por otra entidad de nueva creación denominada “NRA” (Nuclear Regulation Authority - Autoridad Reguladora Nuclear). El cambio en las estructuras y en el funcionamiento fue radical, y entre sus principales acciones se encuentra la revisión de todas las bases de licencia de las instalaciones nucleares japonesas, de las cuales todavía hoy 37 permanecen en parada desde 2011, siendo improbable que vuelvan a funcionar en los próximos años, y tan solo 5 reactores están ahora en funcionamiento.

En los informes realizados por las diversas instituciones japonesas de mayor relevancia en el ámbito nuclear, al identificar las causas del desastre, se pueden entresacar advertencias y conclusiones como éstas (información tomada de documentos publicados):

Partir de la premisa de que nunca podrá ocurrir un accidente nuclear en un territorio es ya un mal punto de partida. La necesaria actitud crítica debe plantear esa posibilidad como escenario sobre el cual trabajar para las mejoras que sean necesarias. Ignorar esa posibilidad llevó al desastre de Fukushima. El mito de la seguridad existió entre los operadores nucleares y la administración, convenciéndose a sí mismos de que accidentes severos de gran alcance no podrían ocurrir nunca en las centrales nucleares en Japón.

Estos documentos desmontan mitos que se han establecido y que contribuyen a aplicar la opción más fácil para que todo siga igual. Se necesita un cambio de planteamiento desde el regulador, que debe liderar un modelo de supervisión y control no condicionado a variables económicas o de otra índole.

El presidente del actual regulador nuclear japonés (NRA) Toyoshi Fuketa, experto de reconocido prestigio internacional y con una dilatada experiencia en seguridad nuclear, transmite en su web un mensaje con el siguiente texto:

“(…) Desde Fukushima hemos realizado incansables esfuerzos para garantizar la transparencia y aplicar medidas regulatorias que reflejen la información y las lecciones más recientes, tanto nacionales como internacionales.

El accidente nuclear de Fukushima Daiichi todavía está fresco en nuestra memoria. La NRA ha mantenido un permanente sentido de la misión y la responsabilidad en los niveles más altos, pero también es cierto que, como seres humanos, tendemos a olvidar las cosas con el tiempo. Por lo tanto, es esencial grabar las lecciones aprendidas de Fukushima en la memoria institucional de la NRA, más allá de hacer reflexiones personales.

Debemos evitar caer en una mentalidad de autosatisfacción, y reconocer que la búsqueda de los más altos estándares de seguridad es nuestra máxima prioridad. Estoy decidido a hacer todo lo posible para infundir amplia confianza en nuestras normas de seguridad nuclear basadas en la independencia y la transparencia.“

En este enlace pueden verse videos explicativos sobre el accidente y cuáles son los problemas de la energía nuclear tras Fukushima. También se puede ver a modo de cuento explicativo cómo se llega a la captura del regulador.

Y llegados a este punto no dejamos de preguntamos ¿qué ha cambiado en el Organismo Regulador español después del accidente de Fukushima?

En estos siete años ha habido abundancia de información sobre el desarrollo del accidente. También se han exigido a las centrales las modificaciones que se han propuesto a nivel internacional. Sin embargo, en todo este tiempo, ningún directivo del CSN ha considerado oportuno promover seminarios en los que, a la luz de lo ocurrido en la NISA, se analizasen los procesos del CSN para identificar puntos de mejora. El CSN ha participado en diversas misiones del OIEA de asistencia a Japón para analizar el accidente y contribuir a la resolución de sus consecuencias. Sin embargo, ni de esas misiones ni de ninguna otra iniciativa se han extraído consecuencias que modifiquen el funcionamiento del CSN. Y tampoco se ha considerado siquiera la posibilidad de traer a algún experto regulador japonés para que nos transmitiera su experiencia.

Lo que sí se ha hecho en el CSN durante este tiempo ha sido:

-Modificar procedimientos y normativa para quitar importancia a los sucesos que ocurren en las centrales nucleares. El ejemplo más claro ha sido la modificación de los criterios de clasificación en la Escala INES.

-Ignorar conclusiones de informes de evaluación y actas de inspección cuando pudieran suponer un perjuicio para el titular de la instalación. Como ejemplo, la permisividad con una central nuclear que estuvo funcionando varios meses con su sistema de agua de servicios esenciales en condiciones degradadas y con riesgo de fallo.

-Impedir, o al menos, dificultar la comunicación entre los técnicos del Organismo para intentar que no trasciendan los problemas de las centrales nucleares. Como ejemplo, el cambio en los procedimientos de la Inspección Residente en el que se prohíbe la comunicación directa de los inspectores residentes con sus compañeros en la sede central del CSN.

-Ignorar las denuncias de actuaciones o, más bien, de faltas de actuación injustificables por parte de la jerarquía del CSN, que nuestra Asociación ha transmitido en repetidas ocasiones al Pleno del CSN. La única respuesta que esas denuncias han producido ha sido la amenaza hacia esta Asociación.

-Dulcificar sistemáticamente la información al público sobre incidentes ocurridos en las centrales nucleares. Las notas de prensa y las informaciones publicadas en la web del CSN reproducen con demasiada frecuencia argumentaciones del titular de la instalación sin entrar a analizar la verdadera importancia de los sucesos. Muy recientemente hemos tenido un ejemplo en el que una central notifica al CSN un incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento sobre fugas en el sistema de refrigeración mientras se asegura que el nivel de fuga estaba muy por debajo de los límites aceptados en dichas Especificaciones. ¿Cómo pueden ser ciertas ambas cosas a la vez? Pues bien, el CSN en su información al público, se limita a transcribir esta argumentación.

A la vista de esta realidad podemos concluir que, no solo el CSN como institución no ha aprendido nada del accidente de Fukushima, sino que su evolución es exactamente la contraria a la que requerirían las lecciones que otros han aprendido de este accidente.

Los mensajes que escuchamos en el regulador nuclear español nos generan mucha más alarma como expertos que la que podamos nosotros trasladar a los ciudadanos con nuestra actitud crítica, con la que estamos despojándonos de un miedo que se ha promovido como actitud funcionarial correcta, sumisa a la jerarquía y sin cuestionar el statu quo. La principal preocupación para algunos es “no parar las centrales nucleares”. Las compañías eléctricas en Japón consiguieron que fuera esa y no otra la mayor preocupación del organismo regulador (NISA) antes del accidente de Fukushima, como ellos mismos nos han explicado.

A la entrada del CSN, detrás del mostrador de recepción, los visitantes y, sobre todo, los trabajadores del Organismo, podemos ver una pantalla informativa. En ella aparecen esporádicamente algunas informaciones de utilidad como el programa de eventos que se celebrarán durante el día, pero la mayoría de las veces que uno mira a esa pantalla, la información que encuentra es el estado operativo de las centrales y la potencia a la que están funcionando. Todo un símbolo del mensaje que más o menos subliminalmente se nos transmite de la importancia de que las centrales nucleares estén en funcionamiento y al máximo rendimiento económico posible.

Con ese objetivo principal se impide una verdadera cultura de seguridad sin la cual todo podrá pasar con mayor riesgo. Las compañías eléctricas japonesas no permitieron parar las centrales cuando se determinó que no cumplían con los criterios de seguridad, siendo ello aceptado por el organismo regulador. Ambos se dijeron a sí mismos: “La energía nuclear es en principio segura” y siguieron operando. “A nosotros nunca puede pasarnos” es otra frase que escuchamos por aquí a menudo.

Después de Fukushima, algunos hemos empezado a tener conciencia de nuestro papel, fundamental para aportar garantía en la seguridad nuclear. La ocurrencia de este accidente ha sido clave en el arranque de la Asociación que creamos en 2015 técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear , y que no es reconocida ni considerada por el establishment de nuestro país y, más sorprendentemente, por el propio CSN.

Pero nacimos con la pretensión de crear un ambiente en el que pueda sobrevivir un gen que nos haga pensar en “la seguridad primero”, lo cual no resulta sencillo en este mundo con lobbies que atienden en muchas ocasiones a argumentos economicistas. Y en ello seguimos.

El pasado mes de marzo tuvieron lugar comparecencias de algunos directivos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el Congreso de los Diputados por diversos motivos. En ellas surgió la cuestión de la gestión de las discrepancias, que la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN) considera fundamental para mejorar la calidad del trabajo que se realiza en esta institución reguladora. Con este artículo intentamos promover un debate público que consideramos imprescindible para que la opinión pública comprenda mejor la misión de los funcionarios que trabajamos para la seguridad nuclear y la protección radiológica. Sobre esta importante cuestión, esta Asociación ya envió carta al Pleno del CSN hace más de un año, no habiendo recibido contestación alguna.

Actualmente en el Consejo la única mención a discrepancias está en un procedimiento de gestión para la evaluación de instalaciones en el que se contempla la posibilidad de que, si un Jefe de Área o un Subdirector discrepan de lo indicado en un informe elaborado por técnicos a su cargo, existe la opción de añadir lo que estimen, en forma de nota adjunta al informe en cuestión, prevaleciendo su criterio frente a las opiniones de los técnicos.

En el caso de que el problema sea entre distintas subdirecciones, la contradicción la resolverá el Director Técnico. Es por tanto un procedimiento que contempla la discrepancia del superior (hasta nivel de Jefe de Área o Subdirector) con el técnico, pero no del técnico hacia la cadena jerárquica. Nosotros no tenemos derecho a discrepar. Son los jefes quienes discrepan en estos casos y la discrepancia se resuelve por mandato jerárquico. Las discrepancias que no apliquen a informes de evaluación, como la que tuvo lugar en el procedimiento de la Escala INES (Escala Internacional de Clasificación de Incidentes de la Organización Internacional para la Energía Atómica), quedan sin cubrir.

Esta breve reglamentación interna (4 párrafos) es claramente insuficiente, pero además, adolece de varios problemas graves. Destacamos dos. El primero es que las decisiones sobre discrepancias técnicas son unipersonales y se resuelven por mandato jerárquico, lo que es totalmente inadecuado si se considera que la redundancia y la diversidad son principios fundamentales de la seguridad nuclear, también en la toma de decisiones. Los problemas de seguridad no entienden de jerarquía. El segundo problema es que no involucra al Pleno en la toma de decisiones que pueden ser cuestionables, siendo sus cinco miembros quienes ostentan la máxima responsabilidad decisoria en el CSN. El poder de decisión sobre discrepancias alcanza, como máximo, al Director Técnico, permitiendo al Pleno eludir su responsabilidad.

Pero además, ni siquiera se respeta este procedimiento. En muchos casos, especialmente en temas relacionados con incidencias en las centrales nucleares, se toman decisiones improvisadas, a nivel de Dirección Técnica o Subdirección, sin justificación documental alguna e ignorando los informes de evaluadores e inspectores que recomiendan tomar determinadas medidas. Este tipo de decisiones improvisadas suelen ser favorables al titular de la instalación, apelando a que “ante las dudas, no debemos perjudicar los intereses del titular”. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso de los problemas de las bombas de servicios esenciales de una instalación nuclear, que fueron objeto de comunicado emitido por esta Asociación en febrero de 2016.

A lo anterior cabría añadir otro nivel de discrepancia del que no queda constancia alguna. Ocurre cuando los informes son consensuados por la línea jerárquica hasta Subdirector, pero luego el Director Técnico los ignora hasta el punto de no hacer nada para contemplar las conclusiones. Estos informes o notas de evaluación técnica son modificados para recoger conclusiones matizadas que se desvían de lo anteriormente acordado.

Tanto en los pocos casos en que la discrepancia del jefe se documenta, como en los más habituales en los que esto no ocurre, la opinión del técnico experto evaluador queda al final ignorada en la decisión final, normalmente tomada por un Subdirector o por el Director Técnico, y avalada sin el necesario debate técnico por el Pleno, cuyos miembros desconocen incluso la existencia de la discrepancia. En ningún caso se contempla la creación de un comité o grupo decisorio que emita su informe como ocurre en otros países. Por lo tanto, a pesar de que en diversas comparecencias de los responsables del CSN la afirmación de que se gestionan discrepancias se convierta en “mentira repetida mil veces”, no es cierto que haya un procedimiento de gestión de discrepancias para los procesos del CSN. Lo que hay es una opción para que los superiores jerárquicos de los expertos puedan anular la opinión de éstos, dejando por escrito (en el mejor de los casos) otra que dé soporte a la decisión final asumida por el Pleno.

Adicionalmente a lo anterior, tal y como ha comentado el actual Secretario General en sede parlamentaria, todavía no se dispone de ningún procedimiento en el CSN para el tratamiento de una discrepancia de alguien que no haya participado en el proceso de evaluación. Pero como se ve, esta carencia se hace extensiva también para los técnicos que han participado en una evaluación o inspección y están en desacuerdo con decisiones tomadas al respecto. Una vez emitido su informe, los técnicos evaluadores no tienen derecho a discrepar. Y las discrepancias no asociadas a informes de evaluación, ni siquiera están mencionadas en la escueta reglamentación existente. Está claro que la actitud crítica no se considera un valor, sino que está denostada por las estructuras politizadas, ya que genera inconvenientes.

Por si todo lo anterior fuera poco, la falta de transparencia interna con expedientes secretos dificulta todavía más poder transmitir cualquier opinión experta cualificada. La jerarquía se ha encargado en los últimos años de dificultar e incluso prohibir la comunicación entre los propios compañeros. El último ejemplo está en la reciente aprobación de un procedimiento que prohíbe explícitamente a los inspectores residentes en instalaciones, la comunicación directa con otros técnicos del CSN sin la supervisión de su línea jerárquica, o la distribución de sus partes semanales sin que hayan pasado previamente por la censura de sus jefes. También se ha prohibido que un consejero hable con cualquier técnico salvo que esté delante el Director Técnico. Estas prácticas buscan crear una cultura de desconfianza, donde no se cuestione ninguna decisión, aunque los expertos consideren que no está debidamente fundamentada, y donde el miedo sustituya a la actitud crítica.

El propio Pleno acepta esta actitud jerárquica y autoritaria para, entre otras cosas, no tener que someter a su propio criterio y debate las distintas posiciones técnicas. Podríamos decir, para que se entienda, que estamos ante un “procedimiento de exención de responsabilidades del Pleno”, en el que se sienten muy cómodos algunos miembros del mismo porque lo que se hace es evitar el debate a este nivel y convertir en puro trámite la aprobación de decisiones que les llegan ya tomadas. En la mayoría de los casos el Pleno, que solo escucha al Director Técnico, ni siquiera es consciente de los debates que hayan podido existir, facilitando así la aprobación de las decisiones. Incluso públicamente algunos responsables consideran un valor que el Pleno esté unido y tome la decisión sin que haya discrepancia alguna entre ellos, aunque por debajo no haya acuerdo entre los técnicos. 

El principio de jerarquía está contemplado legalmente como sistema de funcionamiento a nivel de organización de las Administraciones Públicas, como es el caso del CSN. No tenemos nada en contra de este principio básico. Lo que nos parece temerario es aplicarlo como si el CSN fuera una institución militarizada, para acallar las voces críticas y presentar una imagen externa monolítica, ante temas tan delicados como la seguridad nuclear. El fallo de un sistema de seguridad no se impide aplicando el principio de autoridad sino aplicando el conocimiento y la normativa técnica existente.

Como contraste con la situación en el CSN, podemos fijarnos en el tratamiento que se da a las discrepancias en organismos reguladores nucleares de otros países. El ejemplo más interesante es el de nuestro organismo regulador de referencia que es la US Nuclear Regulatory Commission (NRC).

En la NRC no solo se admite sino que se estimula desde hace años la realización de comentarios críticos y la formulación de desacuerdos profesionales, valorándose positivamente la existencia de discrepancias, porque de ellas pueden identificarse errores o acciones inapropiadas. La NRC dispone de procedimientos para la gestión de discrepancias técnicas dentro del marco de toma de decisiones de la organización. En su Management Directive 10.159 “Differing Professional Opinion Program” se considera este programa como un canal de innovación, de mejora y modernización, de transparencia y de gestión del conocimiento.

La NRC menciona, entre otros, los siguientes objetivos de esta directiva: 

Por todo ello, entendemos que éste es un reto importante que hay que abordar sin demora para mejorar la cultura de la seguridad, y promover una actitud y un comportamiento abiertos y libres de condicionamientos, que no entorpezcan en ningún caso la transmisión de conocimientos e ideas de todos los miembros del Cuerpo Técnico.  Si los puntos de vista discrepantes no se tratan con la debida seriedad o si son sistemáticamente desestimados, se puede llegar a un estado persistente de desmotivación e incluso animosidad entre el personal, lo cual repercute negativamente en la calidad del trabajo.

La manera en que se haga la gestión de discrepancias se encuentra en gran medida ligada a la cultura de seguridad. Es necesario recordar que los cuatro puntos clave de la cultura de seguridad resaltados por los comités de expertos reguladores CNRA/CSNI/CRPPH de la NEA-OCDE son: (1) Gestión y liderazgo; (2) Formación y competencia; (3) Actitud crítica; y (4) Buena comunicación interna. Difícilmente puede un Organismo Regulador exigir cultura de la seguridad a las instalaciones nucleares si él mismo no la ha desarrollado adecuadamente.

Hemos sido testigos de que, ante actitudes críticas de algunos técnicos discrepantes, se ha respondido con represalias. El técnico que desee formular discrepancia debe ser amparado por un proceso que impida en todo caso la amenaza, venganza o actuación que le pudiera ocasionar perjuicio alguno. Se trata de aplicar en el campo de la seguridad nuclear los mismos principios que ya se están promoviendo a nivel parlamentario en temas relacionados con la corrupción: blindar al funcionario que denuncia una práctica corrupta, cuestiona decisiones tomadas sin la debida justificación o que sencillamente, hace bien su trabajo.

Esta Asociación ha pedido desde su creación que se avance en la aplicación de los principios básicos que promueven la cultura de la seguridad y que se dé alta prioridad a la elaboración de procesos y procedimientos para la resolución de discrepancias técnicas. Para ello ha ofrecido siempre su colaboración en todo aquello que facilite su desarrollo y aplicación. Mantenemos este ofrecimiento al Pleno del CSN y deseamos que su respuesta no siga siendo la de rechazo frontal que hemos recibido hasta ahora. Continuar con la actitud de rechazo a este debate por parte de nuestros dirigentes como ha venido siendo en los últimos años es una muestra de la necesidad de regeneración de esta institución.

* Este texto es resultado de un debate dentro de la ASTECSN con participación de técnicos del CSN.

Leíamos hace unos días cómo se podía haber evitado desde el regulador financiero, el Banco de España, una catástrofe como la de Bankia: atendiendo a lo que indicaban los expertos y aplicando siempre el principio de precaución ante las dudas. Los reguladores resultan fundamentales para poder gestionar riesgos cuyas consecuencias podrían llegar a ser de grandes proporciones. Pero para que el sistema funcione es imprescindible que sean independientes y, para eso, la transparencia es clave, pues sirve como forma de ejercer un control real sobre su calidad institucional.

El regulador nuclear de nuestro país es el Consejo de Seguridad Nuclear, garante de la seguridad nuclear y de la protección radiológica. Se constituyó en 1980 tomando como referencia la Nuclear Regulatory Commission (NRC) de los Estados Unidos. El Pleno del CSN, órgano que toma las decisiones, está formado por cinco miembros, precisamente al objeto de garantizar su máxima independencia en las votaciones, y que son elegidos por el Congreso de los Diputados, donde tiene que rendir cuentas. No obstante, por una “anomalía democrática”, término que ahora se emplea para explicar diversas situaciones, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear ha estado cerca de dos años sin comparecer para dar cuenta de la gestión al frente de esta institución.

El uso de la energía nuclear entraña riesgos. Los reactores nucleares de fisión, de muy diversas tecnologías, se basan en mantener una reacción nuclear en cadena que, en caso de no poder controlar, termina generando un daño ambiental de grandes proporciones, como se vio en el accidente de Chernobyl. Pero además, incluso cuando se detiene la reacción en cadena, se sigue produciendo una cantidad importante de energía (calor residual) que, si no se puede evacuar adecuadamente, puede dar lugar a la liberación de grandes cantidades de material radiactivo como ocurrió en los accidentes de Three Mile Island y Fukushima. En otros casos, como el de Vandellós 1 en España (1989) la situación quedó cerca de una catástrofe, pero la gran labor de los bomberos profesionales impidió que el núcleo del reactor llegara a verse afectado.

Garantizar la seguridad nuclear requiere de la aplicación de códigos y normas, que van desde los cálculos de la temperatura de las vainas de combustible en diversos escenarios, a la protección contra los efectos de la radiactividad, pasando por la gestión adecuada de los recursos humanos. Además de todo esto, no se debe olvidar que también es necesario proteger el medio ambiente en su sentido más amplio, materia que no está desarrollada en nuestra regulación nacional con toda la extensión que debería. El envejecimiento de las instalaciones nucleares presenta una situación todavía más compleja, pues hay que añadir nuevas variables a la regulación nuclear.

Además, conviene desatacar que el hecho de que no exista en nuestro país un plan energético con el que despejar las incertidumbres respecto al futuro uso de la energía nuclear, aumenta la presión sobre el regulador, pues dicha indefinición política lleva a los titulares de las instalaciones a mostrarse renuentes con nuevos requisitos reguladores, a intentar apurar al máximo los plazos de tiempo exigibles y a cuestionar las inversiones a realizar para mejorar la seguridad. Todo ello exige al regulador mayor dedicación para conseguir modificaciones en el diseño o en los procesos que supongan un avance en el nivel de seguridad, con lo que la situación del día a día en el regulador se hace más difícil.

El Consejo de Seguridad Nuclear tiene un reto importante por delante, y un escenario complejo ante el que actuar con la máxima independencia de otros intereses para exigir que la explotación de las instalaciones se efectúe con las máximas garantías posibles.

Bajo la premisa de que existe un cuerpo técnico de profesionales altamente cualificados que realizan un trabajo de calidad, no siendo relevante garantizar un liderazgo de alta cualificación e independencia, se ha ido produciendo en el seno del Consejo de Seguridad Nuclear una progresiva degradación institucional. Sin embargo, tanto el Organismo Internacional para la Energía Atómica como los informes del regulador japonés tras lo ocurrido en Fukushima, alertan de que ese liderazgo de calidad es una condición importante que hay que establecer ya que su ausencia puede resultar en detrimento de la eficacia del sistema que debe garantizar esa seguridad nuclear a ultranza.

El debate interno, la cultura de seguridad y otras variables que conforman nuestro entorno profesional, como son el apoyo a la actividad inspectora y el necesario refuerzo de la autoridad del inspector, afectan al rigor institucional, siendo fundamental contar con una actitud de los líderes que promueva la excelencia en el desarrollo de nuestra misión.

En el regulador nuclear español la independencia y la transparencia se encuentran hoy en día conculcadas, y alejan al organismo del prestigio y del reconocimiento social necesarios en una sociedad democrática.

Reducir el número de sucesos que son conocidos por la opinión pública, o alterar el ritmo de los procesos de licenciamiento, ya sea por una inadecuada planificación de los titulares de las instalaciones, o por falta de estrategia del propio regulador, son prácticas que nos preocupan porque reflejan que el organismo regulador está capturado, esto es, que atiende a demandas ajenas, ya sean de los propietarios de las instalaciones nucleares o de intereses políticos, en lugar de anteponer siempre la seguridad y la protección de los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, quienes tendrían que pagar las posibles consecuencias de una mala gestión, tanto por el daño ambiental como desde el punto de vista económico. La responsabilidad civil de las eléctricas está actualmente establecida en tan solo 100 millones de euros.    

La defensa de una desregulación del sector es injustificable, pero se aplica de facto mirando para otro lado, debilitando así una institución que, en su cúpula, no aborda muchas cuestiones técnicas con la debida responsabilidad y, en ocasiones, limita y entorpece la capacidad de actuación de los técnicos evaluadores e inspectores. Al final, amparándose en el principio de jerarquía, el poder de decisión tiende a concentrarse en un número muy limitado de directivos cuyo criterio no queda sometido a ningún tipo de control. En temas de alta complejidad como es la seguridad nuclear, las decisiones individuales suponen una merma de la seguridad, independientemente de la cualificación de quien las toma, y vulneran los principios de redundancia y diversidad en los que se fundamenta la regulación nuclear.

El elevado número de puestos de libre designación en este organismo (en torno a un tercio de la plantilla técnica) ha favorecido una cultura interna de miedo y sumisión a los que gobiernan la institución, y una ausencia de debate abierto. La valoración objetiva de las discrepancias, que actualmente brilla por su ausencia, debería ser parte fundamental y habitual de la gestión en una organización de estas características.

La más que evidente politización de este importante regulador hace pensar en posibles puertas giratorias a futuro, frecuentes en el sector energético, y supone un lastre adicional para la mejora de la seguridad nuclear en nuestro país.

Como representante sindical preocupada por una realidad que también afecta a este regulador, quiero trasladar a la opinión pública que es necesario un cambio en esta institución si se quiere garantizar la seguridad en el uso de la energía nuclear. Podríamos estar creando una falsa tranquilidad con un regulador que más que actuar como barrera de seguridad estaría funcionando como un desregulador capturado. Más que nunca y de cara a los retos del futuro más próximo, es muy necesario abordar este cambio.