"El estudio habría sido más justo y correcto si hubiera establecido una cartera de servicios homogénea para todos los municipios y hubiera analizado únicamente el gasto por habitante", señala Miquel Àngel Manzano, del eje de Acción Social de Barcelona en Comú

Esta semana la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España ha publicado un análisis de los presupuestos en servicios sociales de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de todo el Estado. El objetivo principal era establecer que ayuntamientos llegan la excelencia en inversión social y que pueden considerarse oficialmente pobres en servicios sociales. De facto se establece un ranking de ayuntamientos en función de su gasto por habitante en este ámbito. Hay que reconocer que la Asociación ha realizado en los últimos años una excelente acción reivindicativa de los servicios sociales, utilizando datos y análisis técnicos que han puesto en evidencia la implementación de muchas políticas sectoriales. Pero en este caso creo que hay algunas objeciones metodológicas que relativizan la solidez del análisis presentado.

Comparar y establecer rankings es un buen instrumento para la mejora continua si se realiza con consentimiento de las instituciones participantes y con una metodología sólida y no cuestionable. En caso contrario los carga el diablo y son carnaza para el periodismo sensacionalista y las oposiciones políticas oportunistas.

El análisis realizado por las Directores y Gerentes de Servicios Sociales se basa en tres indicadores: el gasto por habitante en servicios sociales en 2015, el incremento en este gasto en el presupuesto del 2016 y el esfuerzo, medido en porcentaje del presupuesto municipal destinado a servicios sociales, que supone para el ayuntamiento.

Los datos que se comparan son los correspondientes al funcional 23 (“Servicios Sociales y Promoción Social”) de su contabilidad y enviados por las corporaciones locales al Ministerio de Hacienda y disponible aquí en formato de base de datos. La Asociación los ha contrastado y depurado con la información presupuestaria disponible en los portales de transparencia de los ayuntamientos.

La primera objeción metodológica es que si queremos comparar datos éstos deben ser de servicios y actividades homogéneas. El gasto por habitante en base a los importes consignados en el funcional 23 agrupa realidades muy diversas. Por un lado los servicios sociales municipales están sujetos a la regulación de 17 leyes de servicios sociales diferentes, una por cada comunidad autónoma, que configuran obligaciones y carteras de servicios también diferentes. Los ratios de profesionales, los niveles garantizados de prestaciones como la ayuda a domicilio y otros aspectos no son voluntad política del ayuntamiento, son requerimientos legales que varían entre las diferentes comunidades autónomas.

Además, por ejemplo en Catalunya, algunos municipios mayores de 50.000 habitantes gestionan por delegación servicios de competencia autonómica: transporte adaptado, equipos de atención a la infancia en riesgo, etc. Tampoco se considera el origen de la financiación del gasto en servicios sociales. Si medimos el esfuerzo municipal hay que tener en cuenta si se realiza mediante fondos propios o transferencias corrientes desde otras administraciones.

No es lo mismo financiar de 60 euros por habitante por parte del ayuntamiento o que el 66% de una gran parte del gasto (como es el caso de Catalunya) sea financiado por la Comunidad Autónoma. También hay que tener en cuenta que el gasto informado al Ministerio tampoco refleja aquellos ayuntamientos que han transferido la prestación de servicios sociales al ciudadano a un organismo supramunicipal en el que participa. Es el caso de algún ayuntamiento catalán “oficialmente pobre” que forma parte de un consorcio encargado de la prestación de servicio y que, únicamente, consigna como gasto las cantidades transferidas a este ente. La financiación conseguida por el Consorcio no se contabiliza como gasto del municipio y el ciudadano sí recibe los servicios.

Pero el problema principal del estudio es que compara el gasto liquidado de 2015 con presupuesto de 2016. El objetivo era medir el esfuerzo político realizado por los gobiernos municipales para incrementar la protección social. El problema es que se comparan indicadores que no reflejan la realidad en un mismo momento y por eso estos indicadores pueden ser no ajustados al objetivo que pretendían.

Gasto liquidado en servicios sociales del 2015 es un dato fijo y que refleja la gestión realizada por el gobierno municipal. El presupuesto del 2016 es una declaración de intenciones pero no podemos afirmar que en estos momentos sea la libre opinión del gobierno municipal y, por otra parte, está condicionada a variables que se manifiestan a lo largo del ejercicio presupuestario.

Actualmente los ayuntamientos españoles tienen como característica la fragmentación política en la composición de sus consistorios y, por tanto, son frecuentes los gobiernos en minoría que tienen dificultad para aprobar sus presupuestos. Por eso muchos de los presupuestos de 2016 son prórroga de los iniciales de 2015. Y en 2015 pasaron cosas que se han reflejado en la liquidación. Se incorporaron remanentes en un contexto donde las finanzas locales han entrado en una situación de superávit generalizados. Se modificaron y ampliaron partidas, sobre todo en servicios sociales sujetos a transferencias de otras administraciones no conocidas en el momento de confeccionar el presupuesto. Por eso es normal que algunos ayuntamientos tengan en negativo la comparación entre el 2015 y el 2016. Y es por tanto injusto atribuirles una falta de voluntad de incremento en protección social cuando lo han demostrado en el 2015.

Un ejemplo fácilmente analizable desde los datos de su web de transparencia es el del Ayuntamiento de Barcelona. Su presupuesto inicial de 2015 en el funcional 23, “Servicios Sociales y Promoción Social”, era de 245,9 millones de euros y su liquidación fue de 257,9 millones. En 2016 al tratarse de un presupuesto prorrogado de 2015 el crédito inicial fue el mismo al del anterior año pero en mayo de este año se realizó una modificación de crédito dado como resultado una partida de 305,3 millones, suponiendo un incremento del 18,4% sobre el valor liquidado de 2015. el Ayuntamiento ha demostrado sobradamente el esfuerzo para incrementar recursos y afirmar, como hizo la Asociación en su rueda de prensa, que había reducido un 11% sus recursos para servicios sociales es producto de la errónea metodología de el estudio.

El estudio habría sido más justo y correcto si hubiera establecido una cartera de servicios homogénea para todos los municipios y hubiera analizado únicamente el gasto por habitante de la misma. También si hubiera comparado gasto liquidado en septiembre de 2015 con el gasto liquidado en el mismo mes de 2016. Obviamente con los datos disponibles en el Ministerio no es posible y no todos los portales de transparencia proporcionan la información necesaria para realizar este análisis. Todo esto nos lleva a lamentarnos por enésima vez a la escasez de datos robustos en servicios sociales.

Como se decía al inicio estas objeciones no deben poner en duda la trayectoria de la Asociación pero tampoco debe alimentar las posturas sensacionalistas y dogmáticas realizando afirmaciones que no se ajustan a la realidad y son injustas para algunos de los ayuntamientos citados en el informe.

"L'estudi hauria estat més just i correcte si hagués establert una cartera de serveis homogènia per a tots els municipis i hagués analitzat únicament la despesa per habitant", sosté Miquel Àngel Manzano, de l'eix d'Acció Social de Barcelona en Comú

Aquesta setmana la Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials d'Espanya ha publicat un anàlisi dels pressupostos en serveis socials dels ajuntaments de més de 20.000 habitants de tot l’Estat. L'objectiu principal era establir que ajuntaments arriben l'excel·lència en inversió social i quals poden considerar-se oficialment pobres en serveis socials. De facto s'estableix un rànquing d'ajuntaments en funció de la seva despesa per habitant en aquest àmbit. Cal reconèixer que l'Associació ha realitzat en els últims anys una excel·lent acció reivindicativa dels serveis socials, utilitzant dades i anàlisis tècniques que han posat en evidència la implementació de moltes polítiques sectorials. Però en aquest cas crec que hi ha algunes objeccions metodològiques que relativitzen la solidesa de l'anàlisi presentat.

Comparar i establir rànquings és un bon instrument per a la millora contínua si es realitza amb consentiment de les institucions participants i amb una metodologia sòlida i no qüestionable. En cas contrari els carrega el diable i són carnassa per al periodisme sensacionalista i les oposicions polítiques oportunistes.

L'anàlisi realitzada per les Directors i Gerents de Serveis Socials es basa en tres indicadors: la despesa per habitant en serveis socials el 2015, l'increment en aquesta despesa en el pressupost del 2016 i l'esforç, mesurat en percentatge del pressupost municipal destinat a serveis socials, que suposa per a l'ajuntament.

Les dades que es comparen són les corresponents al funcional 23 ( “Serveis Socials i Promoció Social”) de la seva comptabilitat i enviats per les corporacions locals al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i disponible aquí en format de base de dades. L'Associació els ha contrastat i depurat amb la informació pressupostària disponible en els portals de transparència dels ajuntaments.

La primera objecció metodològica és que si volem comparar dades aquests han de ser de serveis i activitats homogènies. La despesa per habitant en base als imports consignats en el funcional 23 agrupa realitats molt diverses. D'una banda els serveis socials municipals estan subjectes a la regulació de 17 lleis de serveis socials diferents, una per cada comunitat autònoma, que configuren obligacions i carteres de serveis també diferents. Les ràtios de professionals, els nivells garantits de prestacions com l'ajuda a domicili i altres aspectes no són voluntat política de l'ajuntament, són requeriments legals que varien entre les diferents comunitats autònomes.

A més, per exemple a Catalunya, alguns municipis més grans de 50.000 habitants gestionen per delegació serveis de competència autonòmica: transport adaptat, equips d'atenció a la infància en risc, etc. Tampoc es considera l'origen del finançament de la despesa en serveis socials. Si mesurem l'esforç municipal cal tenir en compte si es realitza mitjançant fons propis o transferències corrents des d'altres administracions.

No és el mateix finançar de 60 euros per habitant per part de l'ajuntament o que el 66% d'una gran part de la despesa (com és el cas de Catalunya) sigui finançat per la Comunitat Autònoma. També cal tenir en compte que la despesa informat al Ministeri tampoc reflecteix aquells ajuntaments que ha transferit la prestació de serveis socials al ciutadà a un organisme supramunicipal del qual participa. És el cas d'algun ajuntament català “oficialment pobre” que forma part d'un consorci encarregat de la prestació de servei i que, únicament, consigna com a despesa les quantitats transferides a aquest ens. El finançament aconseguit pel Consorci no es comptabilitza com a despesa del municipi i el ciutadà sí que rep els serveis.

Però el problema principal de l'estudi és que compara la despesa liquidada del 2015 amb pressupost del 2016. L'objectiu era mesurar l'esforç polític realitzat pels governs municipals per incrementar la protecció social. El problema és que es comparen indicadors que no reflecteixen la realitat en un mateix moment i per això aquests indicadors poden ser no ajustats a l'objectiu que pretenien.

La despesa liquidada en serveis socials del 2015 és una dada fixa i que reflecteix la gestió realitzada pel govern municipal. El pressupost del 2016 és una declaració d'intencions però no podem afirmar que en aquests moments sigui la lliure opinió del govern municipal i, d'altra banda, està condicionada a variables que es manifesten al llarg de l'exercici pressupostari.

Actualment els ajuntaments espanyols tenen com a característica la fragmentació política a la composició dels seus consistoris i, per tant, són freqüents els governs en minoria que tenen dificultat per aprovar els seus pressupostos. Per això molts dels pressupostos del 2016 són prorroga dels inicials del 2015. I el 2015 van passar coses que s'han reflectit en la liquidació. Es van incorporar romanents en un context on les finances locals han entrat en una situació de superàvits generalitzats. Es van modificar i van ampliar partides, sobretot en serveis socials subjectes a transferències d'altres administracions no conegudes en el moment de confeccionar el pressupost. Per això és normal que alguns ajuntaments tinguin en negatiu la comparació entre el 2015 i el 2016. I és per tant injust atribuir-los una falta de voluntat d'increment en protecció social quan l'han demostrat en el 2015.

Un exemple fàcilment analitzable des de les dades de la seva web de transparència és el de l'Ajuntament de Barcelona. El seu pressupost inicial del 2015 en el funcional 23, “Serveis Socials i Promoció Social era de 245,9 milions d'euros i la seva liquidació va ser de 257,9 milions. Al 2016 al tractar-se d'un pressupost prorrogat del 2015 el crèdit inicial va ser el mateix al de l’anterior any però al maig d'enguany es va realitzar una modificació de crèdit donat com a resultat una partida de 305,3 milions, suposant un increment del 18,4% sobre el valor liquidat del 2015. L’Ajuntament ha demostrat sobradament l’esforç per a incrementar recursos i afirmar, com va fer l’Associació a la seva roda de premsa, que havia reduït un 11% els seus recursos per a serveis socials es producte de l’errònia metodologia de l’estudi.

L'estudi hauria estat més just i correcte si hagués establert una cartera de serveis homogènia per a tots els municipis i hagués analitzat únicament la despesa per habitant de la mateixa. També si hagués comparat despesa liquidada el setembre del 2015 amb la despesa liquidada en el mateix mes del 2016. Òbviament amb les dades disponibles al Ministeri no és possible i no tots els webs de transparència proporcionen la informació necessària per a realitzar aquesta anàlisi. Tot això ens porta a lamentar-nos per enèsima vegada de l'escassetat de dades robustes en serveis socials.

Com es deia a l'inici aquestes objeccions no han de posar en dubte la trajectòria de l'Associació però tampoc ha d'alimentar les postures sensacionalistes i dogmàtiques realitzant afirmacions que no s'ajusten a la realitat i són injustes per alguns dels ajuntaments citats a l'informe.