Cuanto más se conocen los problemas que hoy en día sufren niños y jóvenes, más defensa se debe hacer de la introducción y extensión de la educación emocional en todos los centros educativos. 

Es un hecho que según los diferentes contextos familiares de los que procede el alumnado, existe una gran diferencia de sensibilidad de las familias hacia la educación. De esta sensibilidad y de la importancia que le prestan depende, en un buen número de casos, el éxito escolar de los jóvenes y como consecuencia el desarrollo integral de su personalidad. 

Precisamente porque la educación es un factor clave para el desarrollo de la personalidad, cobra aún más sentido impulsar la educación emocional en una sociedad cada vez más compleja y más influida por las redes sociales, día a día más agresivas y violentas.

Y en este escenario social, las derechas desgraciadamente siguen  apelando a la libertad de las familias para decidir si algunos contenidos curriculares son pertinentes o no, necesarios o prescindibles para la educación integral de niños y niñas, como si la educación o los contenidos curriculares pudiesen ser artículos elegibles entre las baldas de un supermercado. 

Se trata de la educación, entre la que se incluye la emocional, hoy en día imprescindible. Y sobre todo se trata también de la educación afectivo sexual, que debe ser generalizada en educación primaria y secundaria. 

Casi a diario recibimos con estupor noticias relacionadas con violencia sexual, que se han incrementado exponencialmente entre nuestros jóvenes, muy probablemente  debido al incremento en el consumo de pornografía. Se estima que, en España, el 62,5% de los adolescentes de 13 a 18 años ya ha accedido a contenidos pornográficos. 

Ante una ausencia de una adecuada educación afectivo sexual en casa y en los centros educativos, muchos niños dan por hecho que las imágenes violentas y agresivas que visualizan en redes sociales o en internet contra las mujeres en las relaciones sexuales son las normales. No puede dejarnos impasibles el hecho de que se haya producido un incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España durante los últimos cinco años, según datos de la Fiscalía General del Estado.

Por eso defiendo la necesidad de reforzar todas las medidas que el ámbito educativo pueda ofrecer para garantizar una mejor gestión de los sentimientos, afectos y emociones entre nuestros niños y jóvenes y una buena y completa educación sexual, como vacuna contra la normalización de la pornografía entre la infancia y la juventud.

Es una barbaridad el intento de la ultraderecha de extender su PIN parental y una irresponsabilidad del Partido Popular entrar en su juego, frenando y limitando al mínimo esta educación y formación o simplemente eliminando talleres de educación sexual.

Los padres y las madres comparten esta responsabilidad, pero no todos la ejercen por igual. En este tema, como en otros, influye de una manera importante el contexto familiar y el grado de vulnerabilidad social en que se encuentran los niños y niñas.

Por ello, es necesario que aquellos que no tienen la posibilidad de recibir esta formación, o que la tengan, pero no de una manera completa y adecuada en sus hogares, puedan contar con ella en los centros educativos. 

Se trata de que la escuela sea compensadora de las desigualdades sociales de origen, y que todos y todas por igual reciben una formación integral, cívica y de acuerdo a unos valores que compartimos en sociedad. 

La violencia no es aceptable. La violencia sexual existe y ataca principalmente a las mujeres. Sin medias tintas, debemos formar en Educación Emocional para que nuestros jóvenes tengan un mayor bienestar y gestionen adecuadamente sus sentimientos y algo tan importante como es la empatía y la afectividad. Debemos formar en educación sexual para generar mucho más respeto y unas relaciones basadas en el consentimiento y no violentas. 

El sistema educativo tiene herramientas para ello, hay contenidos curriculares en distintas áreas. Además, dentro de los planes de acción tutorial  se pueden programar actividades para que en las horas de tutoría se trabajen estos contenidos conjuntamente con expertos. En definitiva, las administraciones educativas y las direcciones de los centros deben impulsarlo, y convertirlo en un objetivo prioritario  por las consecuencias emocionales, sociales y delictivas que supone. 

No nos engañemos. La solución no es sólo educativa, sino social, porque tiene distintos orígenes. Por eso debe haber una estrategia compartida no sólo con las familias, sino entre distintos agentes, policía, proveedores digitales, redes sociales, etc. en un ámbito internacional para limitar el acceso a contenidos pornográficos a menores, perseguir el sexting, ser rigurosos para erradicar el  ciberbullying, etc. 

No es ninguna broma, la violencia sexual es inaceptable y debe ser erradicada antes de que se inicie, tomando todas las medidas posibles: preventivas y de protección a nuestros menores. Ahí juega un papel clave la educación emocional y sexual. Porque no sólo se trata de la propia salud mental de niños y jóvenes, sino de una violencia inaceptable que desgraciadamente cada vez se normaliza más. 

Cualquier crisis en la vida nos pone delante del espejo y nos hace mirar a nuestro interior pero, también al exterior. En este largo mes que llevamos sufriendo el coronavirus en común los españoles, se ha oído en muchas ocasiones que de esta crisis estamos viendo lo mejor de la sociedad, pero también lo peor.

Sin duda, me quedo con lo positivo de las personas y de su respuesta continua para contribuir a que la locura de situación que vivimos sea menos dura. Los aplausos diarios son una mínima expresión aunque significativa del esfuerzo que cientos de miles de personas realizan a diario. Padres y madres, que compaginan el teletrabajo con la ayuda a sus hijos en casa, familias preocupadas por la pérdida de su puesto de trabajo, por pagar la hipoteca, el alquiler o la luz. Niños y niñas que no entienden por qué no pueden salir a la calle, ir al cole o jugar con sus amigos.

Miles de personas que deben elegir si pagar el alquiler o comer. Miles y miles de personas que no saben qué será de sus negocios cuando acabe todo esto, si podrán seguir haciendo frente a los gastos derivados del mantenimiento o si la sociedad que salga de esto seguirá con los mismos hábitos que permitan mantener un sector productivo. Personas preocupadas porque no entran ingresos en sus hogares y no pueden adquirir suficientes alimentos.

Todos somos sufridores de esta crisis, absolutamente todos y todas. Los que nos hemos quedado en casa porque nuestros puestos de trabajo no se consideran esenciales, algunos podemos hacer teletrabajo y otros no. Los que salen a diario a cuidar y sanar a los enfermos, los que ayudan a nuestros mayores en las residencias, los que contribuyen a garantizar la alimentación de todos y todas, los que nos protegen y arriesgan su salud en ello, y un largo listado de ocupaciones que garantizan que sigamos atendidos a pesar de todo.

También sufren las administraciones, las locales, las autonómicas y el gobierno de la nación. Porque nadie quería esta crisis, nadie quería un virus desconocido y letal que nos está machacando donde más nos duele, en la salud y en nuestras propias vidas y acaba con nuestros seres queridos. Una pérdida humana siempre es dolor para familiares y amigos, pero una pérdida sin poder compartir el duelo, sin poder despedirte de tus seres queridos es un dolor más profundo, un dolor en soledad.

Tristemente este virus no nos está dejando eso, ni el pequeño derecho a despedirnos de nuestros seres queridos. Pero ante lo injusto de la situación, que vivimos, ante el dolor y frustración que sentimos, no debemos buscar culpables, más que al único que existe, un virus responsable de una crisis sin igual, una crisis sanitaria mucho peor que cualquier otra vivida anteriormente.

Sin embargo, desde el principio de esta crisis sanitaria la sociedad española ha estado expuesta a una manipulación mediática y partidista; se han generado noticias falsas que se han difundido incluso por medios de comunicación y redes sociales de partidos políticos de la derecha española, culpando al gobierno y responsabilizando también a la política prácticamente de todos los males asociados al coronavirus.

Es inmoral la utilización del dolor humano, es antidemocrático manipular la información y generar incertidumbres a base de mentiras. Se carece de ética cuando se fomenta la inseguridad en la ciudadanía y se incrementa el sufrimiento de tantas personas que ya de por sí están vulnerables por múltiples razones y situaciones personales diversas, y en muchos casos dramáticas.

Se puede discrepar sobre algunas actuaciones, pero desde luego no se pueden lanzar acusaciones sin fundamento, como si de este virus se conociese su comportamiento desde hace años. Nada más lejos, cuando este es un enemigo muy reciente. Llegó a España el 31 de enero, y en tan solo un mes, se ha exigido a este gobierno un conocimiento absoluto de su comportamiento, desarrollo y evolución, de sus consecuencias y de la planificación y organización de todo un país. Pues he de decir que a ningún estado en el mundo se le ha demandado lo mismo en semejantes circunstancias. La misma OMS ha reconocido la gran labor que está realizando España al frente de esta crisis.

El Gobierno de España está gestionando una situación que a ningún gobierno del mundo le complace gestionar, ninguna administración disfruta viendo sufrir a sus conciudadanos, ni a nadie en su sano juicio le complace confinar a millones de personas en sus casas durante semanas. Día a día surgen nuevos problemas derivados de la situación de alarma que estamos viviendo, y día a día, este gobierno está creando ayudas, adoptando medidas sociales, laborales, órdenes que regulan el transporte, los trabajos esenciales, la atención a colectivos vulnerables, los medios y vías para que lleguen a los interesados, pero sobre todo, se está gestionando una crisis sanitaria que requiere ingentes cantidades de recursos de protección, recursos sanitarios y también humanos.

Miremos hacia adelante y luchemos para combatir a un enemigo común, el coronavirus. Que nuestra rabia, dolor y preocupaciones se centren en lo importante, luchar unidos para acabar con este mal que nos castiga a todos y a todas por igual. A nadie le debe quedar la más mínima duda de que este gobierno se está dejando la piel para acabar con él y que va a poner todos los recursos, como ya está haciendo, al alcance de la ciudadanía para paliar sus consecuencias en nuestra sociedad, porque nadie debe quedar atrás. En eso está volcado el gobierno y en eso estamos volcados la gran mayoría de políticos, al menos los que entendemos la política como “res publica”.

Cada vez que se plantea un cambio legislativo en educación, se agita socialmente la bandera de la oposición frontal, la crispación, la hipercrítica y la falsedad sobre determinados temas, divergencias, que en 40 años de consenso alcanzado en el artículo 27 de Constitución, no se han conseguido resolver.

En primer lugar, hemos de recordar que la LOMCE fue un fracaso antes de nacer. No puede prosperar una ley que nunca contó con el apoyo de expertos, profesionales, estudiantes, ni familias. El PP estuvo solo, con un único apoyo político, el suyo. ¿Cómo pueden argumentar ahora que este proyecto de ley nace sin consenso, cuando hay un acuerdo firmado por los grupos parlamentarios, salvo ellos, para derogar la LOMCE, cuando la comunidad educativa salió a la calle en múltiples ocasiones para pedir su paralización y derogación?

Sorprende también la crítica de los Consejeros de educación del PP -y debería sonrojarles- a la falta de participación de las Comunidades autónomas. Sin embargo, la reforma ha sido abordada en Comisión General y Conferencia Sectorial, y todas las CCAA han realizado aportaciones, excepto las del PP, más interesadas en titulares y falsedades que en hacer los deberes y aportar con propuestas constructivas a la mejora de la educación.

En tercer lugar, a este proyecto de ley se le atribuye rebajar el nivel educativo. Sin embargo,  son muchas y poderosas las razones que avalaban y avalan una oposición generalizada a la LOMCE y a sus itinerarios segregadores. Hoy, tristemente se pueden ver sus efectos perniciosos. Frente a ellos, esta ley recupera un sistema educativo comprensivo -avalado por informes internacionales-, puesto que una titulación única permite la extensión de las tasas de  titulación y de escolarización en niveles post obligatorios, por tanto mayores posibilidades de ampliar cualificaciones para nuestros jóvenes.

La cuarta falsedad, fácilmente desmontable, es que esta ley va incrementar el fracaso escolar y el abandono escolar que había logrado reducir la LOMCE, un mantra que se basa en las nuevas condiciones introducidas para la repetición de curso. La evidencia estadística indica que con la LOMCE se ha incrementado en casi 4 puntos la tasa de fracaso escolar y se ha alcanzado una tasa de repetición del 37%, 16 % en educación primaria. Ante estos datos, es evidente que nuestro sistema educativo no se puede permitir ese porcentaje de repetidores, alumnos que se alejan de la educación, que se desmotivan y que, en un porcentaje elevado, acaban abandonando sus estudios.

Hemos de reconocer la dificultad para resolver tensiones cuando determinados sectores políticos alimentan la crispación con una defensa de privilegios falsamente atribuidos por la Constitución española. Aquí nos encontremos con el quinto mantra, el falso ataque a la libertad de enseñanza, pero la libertad de enseñanza no está, ni tiene porqué estar asociada a la “demanda social”.  La Constitución recogió el derecho a la libertad de enseñanza pero también señala que “son los poderes públicos los que deben garantizar el derecho a la educación mediante una programación general”, que incluye la potestad para crear centros. Por tanto, un concierto educativo no depende de la demanda concreta de una parte, sino de la planificación de los recursos públicos. La ley que deroga  la LOMCE no ataca la libertad de enseñanza, como algún sector interesado se obstina en repetir, sino que pone límite a ciertos excesos introducidos en la LOMCE y que han roto el equilibrio que debe existir entre la educación pública y la concertada. La nueva ley refuerza y restituye el derecho a la educación seriamente debilitado por la LOMCE.

La sexta falsedad difundida es que esta ley elimina el derecho a recibir enseñanza religiosa. La asignatura de religión no desaparece del currículo, pero sí su valor académico para el expediente del alumno como era la norma antes de la LOMCE. Sin embargo, se recupera el derecho y la obligación de todos los alumnos a cursar una formación en principios democráticos de convivencia, en derechos y libertades fundamentales como recoge la Constitución Española y que la LOMCE restringió al obligar a elegir entre educación en valores o religión.

En séptimo falso argumento lanzado al debate educativo es que la nueva ley anula el papel de los padres en la educación de sus hijos. Precisamente, esta reforma fortalece la participación efectiva de la comunidad educativa, y esto incluye a los padres y madres, que volverán a tener su papel en los consejos  escolares, órganos de participación educativa que la LOMCE convirtió en órganos meramente consultivos, y que pasarán nuevamente a recuperar su papel decisorio junto con el modelo de educación democrática, básica en nuestra sociedad.

Pero también hemos de recordar que, además de los derechos de los padres, existen los derechos de la infancia, que nunca deben ser olvidados. La reforma legislativa recoge la obligación del Estado de asegurarlos, reconociendo el interés superior del niño, su derecho a la educación, tal y como establece  la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989.

Nada más lejos de la verdad que el octavo argumento alimentado por ciertos sectores disruptivos: “Se rompe la homogeneidad del currículo, los contenidos escolares cambiarán hasta un 45% en función de la comunidad autónoma”. Muy al contrario, la futura ley simplifica el lío de asignaturas de la LOMCE para tranquilidad de alumnos, profesores (se evita la referencia a los estándares de aprendizaje) y familias y se rompe con la jerarquía de materias (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), que ha permitido que hoy en día los alumnos puedan promocionar y llegar a 3º de ESO hasta con 8 materias suspensas, pero que al llegar a 4º, todas las materias cuentan. Será esta nueva ley la que restablecerá una mayor homogeneidad en el currículo. La LOMCE rompió el equilibrio establecido en las leyes anteriores que atribuían a la Administración central un 55% de las competencias curriculares en el caso de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y un 65% en el resto.

El noveno y falso argumento que se repite es que el castellano está  “en peligro”. La reforma de ley recoge con absoluta garantía  que los alumnos y alumnas reciban las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. La ley recoge el espíritu del artículo 3 de la Constitución y obliga a que al finalizar la educación básica, todos los alumnos y alumnas deberán comprender y expresarse, de forma oral y por escrito, en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente.

Finalmente, esta ley no es una vuelta al pasado. Esta ley cumple con el objetivo de derogar la LOMCE, compromiso adquirido por el Partido Socialista. Pero es evidente que un cambio legislativo no puede basarse en retornar al pasado, sino que debe actualizar normativa y poner las bases para mirar hacia el futuro, construyendo entre todos y todas la educación que queremos y necesitamos en España para el siglo XXI, y eso es precisamente en lo que también consiste esta nueva ley.

Estos días que estamos celebrando el 40 aniversario de la Constitución, casi coincidente con la irrupción en el escenario político de la extrema derecha, creo necesario recordar el artículo 27.2 de la misma, recuperar y reforzar su sentido y el espacio que nunca debería haber perdido en el sistema educativo. Dice así: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Leía hace unos días unas reflexiones de un profesor andaluz que sentía la responsabilidad del fracaso que como docentes podemos experimentar ante la deriva que muchos jóvenes han tomado en su opción política, que está al margen de principios democráticos, con un fuerte grado de intolerancia, xenofobia y sexismo.

La precariedad y la inseguridad económica son el caldo de cultivo para el voto a opciones extremistas. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez está desarrollando una ambiciosa agenda social no sólo por imperativo de justicia social, sino también por imperativo democrático. Hemos de curar las cicatrices y heridas de la crisis para que no se produzca una metástasis contra la democracia y los valores ilustrados de tolerancia y fraternidad. Algunos siguen sin entenderlo.

Heredamos una crisis económica que ha debilitado la confianza social en las instituciones, en la capacidad del Estado para resolver muchos de nuestros problemas cotidianos y, así, surgen discursos falsos, fáciles, populistas que potencian el individualismo. Con ellos, también pensamientos radicales basados en mentiras y falsas creencias que dañan la convivencia y cuestionan la democracia. La convivencia se daña cuando desaparece el respeto hacia el otro, hacia nuestros vecinos o compañeros, sean parecidos o distintos.

Por eso, estoy plenamente convencida de que hay que romper todos esos esquemas, falsos tópicos y fake news alimentadas por la irresponsabilidad de determinados medios de comunicación que magnifican la importancia de estos pensamientos y minimizan el impacto de sus informaciones en la sociedad en general. Pero, sobre todo, en las mentes que no están plenamente formadas y que requieren educación, formación, valores y civismo para entender lo que sucede a su alrededor, hacer análisis crítico y poder discernir con fundamento.

Hoy reivindico, más que ayer, la formación y la educación para prevenir y vacunar contra el crecimiento de corrientes políticas profundamente antidemocráticas; y por ello reclamo el sentido del artículo 27.2 de la Constitución.

De manera muy irresponsable, el gobierno del PP eliminó una asignatura obligatoria en valores cívicos que abordaba la necesaria formación en nuestros valores democráticos –fundamentales para el desarrollo de la personalidad de nuestros jóvenes–, desoyendo las recomendaciones del Consejo de Europa, que con un gran sentido de defensa de los valores de convivencia europea y ante la creciente oleada de xenófobos en nuestro continente, quiso ponerle freno.

Lamentablemente, el exministro Wert eliminó esta asignatura con carácter obligatorio: hoy en día solo la pueden cursar los alumnos y alumnas que no optan por Religión, quedando en suspenso la aplicación del artículo 27.2 de la CE y excluyendo la enseñanza de los valores constitucionales comunes. Uno de ellos es, precisamente, el ejercicio de la libertad de culto y el respeto por el pluralismo religioso.

Recuperar las prácticas democráticas

Por si fuera poco, el sistema educativo que hemos heredado de Wert tampoco tiene bases de funcionamiento basadas en una práctica y modelo democráticos, puesto que el principio de participación quedó seriamente dañado al restringir la posibilidad de que la comunidad educativa tomase decisiones en los centros educativos.

Siempre he creído y defendido que para hacer teoría se requiere un grado importante de práctica. Por eso, si queremos dar lecciones sobre democracia, es de obligado cumplimiento ejercerla; sobre todo en los centros educativos, que son espacios y modelos de permanente aprendizaje. Esto hace que no sólo sea necesario recuperar la participación, sino practicar día a día normas democráticas, ejercer la tolerancia, crear climas y entornos de buena convivencia trabajando con medidas que la fomenten, con proyectos colectivos de centro y no proyectos individualizados que sean anecdóticos.

También creo y considero que nuestro sistema educativo actual puede hacer mucho para que nuestros jóvenes adquieran más conocimiento sobre nuestra historia, para que les ayude a entender nuestro presente y evitar caer en errores de nuestro pasado. En la práctica, los adolescentes desconocen nuestra historia más reciente: la mayoría de ellos finalizan la educación obligatoria sin conocer siquiera los casi 40 años de dictadura franquista y su herencia en nuestra sociedad actual. Solo se estudia en cuarto de la ESO, dentro de un bloque de diez temas que abarca “La estabilización del Capitalismo y el aislamiento económico del Bloque Soviético”, con un único criterio de evaluación y dos escasos estándares de aprendizaje. Como consecuencia, con temarios tan extensos, esta parte esencial del pasado no se conoce y nuestros jóvenes desconocen la memoria histórica.

Igual de necesario es introducir en colegios e institutos formación en afectividad, en igualdad, que siguen siendo asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo. En los centros educativos sigue habiendo diferencias de roles, actitudes, juegos, valores y relaciones en el día a día. Estos son algunos de los objetivos que se deben afrontar y sobre los que la mayoría de los docentes ponen un gran empeño, porque son agentes implicados en acabar con el sexismo, detectar actitudes misóginas y ayudar a prevenir y combatir la violencia de género. Desde la socialización en la escuela se pueden alcanzar claves para una mejor interacción y comprensión, así como desarrollar un lenguaje común sin machismo, que culminen en el respeto y en una convivencia sin riesgos, sin peligros, sin violencia.

Es evidente que la educación no es ni debe ser el cajón de sastre para solucionar y prevenir muchos de los problemas que existen en nuestra sociedad, que los docentes no pueden poner freno a todas las influencias externas que inundan las mentes de niños y jóvenes, y que se requiere una implicación familiar, social y educativa para que adquieran un conocimiento, una formación sólida para interpretar la abundante información y toxicidad que les rodea. Pero los elementos educativos bien pensados, estructurados y planificados sí ayudan, mientras que  su ausencia supone un riesgo inadmisible para las mentes de muchos jóvenes que fácilmente pueden dar el cambio de la defensa de una sociedad democrática a una que quiebra la convivencia, genera crispación social, intolerancia y se establece al margen de los valores constitucionales de un Estado de Derecho.

La futura ley educativa, y toda una serie de medidas van a recomponer la inclusión educativa, la educación democrática en valores y principios de ciudadanía, la igualdad de género y contra la segregación escolar. Esas son las necesidades urgentes para garantizar que las escuelas eduquen en y para la democracia.

El impacto mediático que está teniendo el escándalo de los másteres fraudulentos de determinados políticos no puede enturbiar el prestigio y el buen funcionamiento del conjunto del sistema universitario. Un caso muy circunscrito de corrupción académica y de falta de vigilancia y control no puede hacer desmerecer la gran función de las universidades españolas ni tampoco distorsionar el debate necesario que debe abrirse sobre sus problemas y necesidades reales.

Los socialistas defendemos cambios y reformas del modelo universitario español para responder adecuadamente a las necesidades y desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad y nuestra economía en la perspectiva de desarrollo sostenible para 2030. La actual ley está vigente desde 2007 (LOMLOU) y ha dejado de ser el instrumento normativo necesario para posicionar nuestras universidades ante la globalización del talento, el desarrollo científico, la transferencia de conocimiento y la formación de profesionales superiores en el mencionado horizonte 2030.

El principio fundamental es mantener la autonomía universitaria desde una gobernanza transparente basada en la confianza, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas contando con los recursos económicos comparables a los de los países de nuestro entorno. El Gobierno ha asumido el compromiso de sentar las bases de una nueva ley orgánica de universidades, porque es imprescindible dotar a nuestro sistema universitario de un nuevo ordenamiento jurídico centrado en: a) eliminar rigideces burocráticas, b) potenciar y valorar la calidad docente sin precarizar al profesorado y c) permitir desarrollar la investigación con mayor eficiencia y más recursos, ganando en prestigio e internacionalización.

El objetivo ha de ser crear ecosistemas de innovación y conocimiento, ya sea desde universidades grandes o pequeñas, pero todas ellas con una fluida transferencia de resultados, ideas y outputs entre universidad, sociedad y tejido productivo. La creación de spin-offs, de empresas tecnológicas, de parques científicos, de plataformas de ciencia ciudadana y de proyectos con impacto social, artístico y cultural, enriquecen el emprendimiento y la innovación social situando la Universidad como centro de vanguardia de nuevas soluciones, ideas y debates, como centro irradiador y crítico de la sociedad del conocimiento y de la transformación para un futuro sostenible.  

No podemos más que constatar que, a lo largo de los años de crisis y de implementación de políticas neoliberales por parte del PP, se ha disminuido claramente la capacidad financiera de nuestras universidades, se ha limitado su autonomía real y efectiva y se han erosionado de forma grave las plantillas de profesorado sin garantizar un relevo generacional digno y bien organizado. Cabe recordar que el Gobierno del PP en 2016 dejó de invertir el 62% del presupuesto en ciencia (un total de 3.155 millones de euros). En 2015 dejó sin ejecutar el 48% del gasto presupuestado que, comparado con la media europea, ya era modesto.  

La desinversión en universidades y ciencia por parte de los gobiernos del PP ha sido duramente criticada por las sociedades científicas, sindicatos docentes y movimiento estudiantil. Por si fuera poco, el encarecimiento de las matrículas y la merma de las becas con la reforma Wert han disuadido el acceso a la universidad de muchos jóvenes de orígenes sociales humildes. El legado de política universitaria que nos dejan los casi siete años de Gobiernos del PP no puede ser más negativo y descapitaliza tanto esfuerzo de años anteriores. Sin embargo, las universidades españolas, a pesar de los recortes, han conseguido mantener un nivel de excelencia y calidad constatablemente elevado tanto en el terreno de la docencia como en la investigación.

Por todo ello, este Gobierno socialista está decidido a poner los instrumentos y a fijar los procedimientos que faciliten la construcción de una nueva ley orgánica de universidades. Pero queremos que esta construcción del armazón central de la ley nazca de un proceso en el cual participen activamente las universidades y sus comunidades universitarias, las administraciones, los estudiantes, los agentes sociales y las formaciones políticas parlamentarias. Estamos convencidos de la necesidad de armar una ley que tenga durabilidad y estabilidad, que haya nacido de un amplio consenso académico, político y social, y que, al mismo tiempo, sea suficientemente flexible para ir adaptándose a los cambios sociales, económicos, tecnológicos y culturales que se desarrollen en el futuro más inmediato.

En este sentido, la nueva ley es, en el fondo, el punto de partida para que entre todos podamos conseguir una política universitaria dirigida a fortalecer la continua modernización de la universidad española. Y para que, así, la universidad se convierta en un potente motor del cambio de modelo económico que necesita nuestro país. Las universidades, como instituciones sociales, son complejas, y están influidas por los cambios que contradictoriamente se desarrollan en la sociedad (local y global) de la que forman parte, por lo que siempre requieren impulsos y apoyos de los poderes públicos para fortalecer su capacidad de modernización permanente.

Para conjugar este planteamiento participativo en la construcción de la nueva ley, en estos 100 días de gobierno socialista se han creado tres comisiones de trabajo: una sobre la política de profesorado y el estatuto del PDI; otra que debata la ordenación y calidad de las enseñanzas universitarias; y finalmente una tercera sobre la internacionalización de la universidad española. Estas comisiones abordarán estos temas, que consideramos el armazón central de la nueva ley, y que una vez discutidos y consensuados conformaran la médula del borrador de esa ley que será trasladado entonces al Parlamento para su tramitación.

Detrás de esta propuesta está la firme voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de promover un modelo universitario construido desde los principios de la excelencia, la calidad y la equidad; que contribuya decisivamente a fortalecer una universidad dinámica, abierta a las demandas de la sociedad, transparente y participativa en la toma de decisiones, competitiva en los sistemas de educación superior internacionales, y robusta en su capacidad de profesionalizar el talento y la promoción social de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Posiblemente muchos ciudadanos y ciudadanas se pregunten a qué se ha dedicado estos últimos meses la Subcomisión de Educación creada en el Congreso de los Diputados para trabajar en un acuerdo educativo. Más de 80 comparecientes, representantes de la Comunidad educativa, colectivos relevantes y expertos en diversas áreas de innovación y educación han compartido su visión y propuestas para la mejora de nuestro sistema educativo. Han sido muchos los retos planteados en la Subcomisión que no ha llegado todavía a su fin.

Estos meses, el debate político educativo se ha centrado en el futuro, en diagnosticar para mejorar, y en este objetivo hemos trabajado los distintos grupos parlamentarios. Y lo hemos hecho desde la búsqueda de los mejores diagnósticos y las propuestas fundamentadas en apreciaciones sólidas y rigurosas.

Sin embargo, el PP ha roto la imprescindible lealtad política e institucional con el registro de una Proposición no de Ley en el Congreso que viene a denunciar las decisiones de varios Gobiernos Autonómicos socialistas que han decidido cerrar líneas o unidades concertadas. La proposición llega aún más lejos dejando entrever una causalidad ideológica que busca deliberadamente poner en riesgo la viabilidad de dichos centros concertados, vulnerando la libertad de enseñanza y como consecuencia la libertad de elección de centro.

En esta proposición se demuestra una incoherencia manifiesta por parte del Partido Popular. Existe un derecho a la libertad de enseñanza, por supuesto, tanto como está limitada (y garantizada) por la necesaria planificación escolar. En todas las decisiones que enumera dicha proposición, la reducción de unidades concertadas está claramente vinculada a una necesaria racionalización de los recursos educativos y a unos criterios perfectamente objetivos que respetan el derecho existente de centros y familias. Este es el marco de un binomio de derechos y deberes, en el que se han tomado decisiones comprensibles desde el punto de vista escolar. En cambio, de la lectura de dicha proposición solo se puede deducir lo contrario de las pretensiones del Partido Popular, puesto que sí está dispuesto a alterar los criterios objetivos de planificación educativa, a tomar decisiones de manera discrecional y aumentar la oferta de unidades concertadas frente a la educación pública, aun vulnerando dicho derecho a elegir de las familias. Es curioso que el PP no ponga como ejemplo de dicha vulneración las decisiones de final de curso por sorpresa y de manera absolutamente discrecional de “reordenación de centros” que lleva al cierre de varios colegios públicos en Galicia, con la consiguiente y justificada alarma social. Poco más que decir de la irracionalidad de decisiones de eliminar unidades en centro públicos en la Comunidad de Madrid a pesar de que las necesidades de escolarización son evidentes.

Lo más grave del planteamiento del Partido Popular es que ha pretendido presentar como evidencia de la vulneración del derecho a elegir centro por las familias, lo que son decisiones dentro del margen de planificación o de las normas que lo deben articular. Inexplicablemente el PP parece buscar un desacuerdo más que un acuerdo, actúan de manera desleal con la Subcomisión política del Congreso y sitúan el principio de una negociación en unos términos condicionantes muy perniciosos y sobre premisas no correctas para cualquier inicio de acercamiento a una posición de consenso.

Para entender en qué se sustenta el “debate” sobre la libertad de elección de centro debemos remontarnos a 1978 y al artículo 27 de la Constitución española. El artículo 27 garantizó tanto la libertad de elección de centro escolar como la facultad de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a la educación en condiciones de igualdad por medio de la planificación y regulación de las plazas escolares, sin que ello signifique vulneración del derecho a la elección de centro. Son dos caras de la misma moneda. Pretender desvirtuar un principio con el otro, es un error del que hace gala la proposición del PP. Los padres, obviamente, pueden ejercitar su derecho, aunque distinto es que la elección pueda ser satisfecha en función de que existan o no existan plazas por la necesidad de observar la “ratio”.

Leyes posteriores como la LODE traducen estos principios constitucionales en una regulación que permite la libertad de elección de escuela por parte de las familias, pero la matizan y limitan en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellas situaciones de exceso de demanda, es decir, en los casos en que el número de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar supere las plazas disponibles. Es precisamente la versión ideológica más radical del Partido Popular la que desborda este necesario equilibrio constitucional, mediante la introducción de la demanda social en la LOMCE.

En este caso, se ordena el proceso de admisión de alumnos a partir de los criterios de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, del lugar de trabajo, nivel de renta de la unidad familiar y concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos. Del mismo modo, también es necesario que la planificación educativa tenga en cuenta una distribución equilibrada de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Hasta aquí parece razonable que los poderes públicos establezcan los criterios sobre los que ordenar la demanda y las necesidades de escolarización, en condiciones de igualdad para todos los centros sostenidos con fondos públicos y no dejar al albur de cada uno de ellos mecanismos de selección desde el propio centro. Esto es lo que el PP no se atreve a reconocer abiertamente como su auténtica voluntad. No es el derecho a elegir, sino la posibilidad de los centros de seleccionar los alumnos.

Las medidas que introdujo la LODE para regular el proceso de admisión de alumnos delimitaron la libertad absoluta de elección de centro, basándose en la consideración de que, sin la intervención pública, se producirían situaciones de distribución de alumnos que repercutirían en las oportunidades educativas de los colectivos más desfavorecidos.

La LODE permitió de esta manera el acceso a la educación de colectivos tradicionalmente excluidos de ella. Sin embargo, hoy en día, la realidad indica que el alumnado más desfavorecido se concentra en determinados centros, escuelas que reúnen la nueva inmigración y alumnado autóctono en situación de riesgo y exclusión social, mientras que otros centros, en su mayoría concertados pero también algunos públicos, presentan una homogeneidad social que les facilita implementar los procesos de enseñanza-aprendizaje sin tener que buscar recursos para atender adecuadamente a la diversidad del alumnado que escolarizan procedente de otros países, con diversidad funcional, absentistas, disruptivos, etc.

Los socialistas entendemos las posiciones de defensa de la libertad de elección de centro desde una perspectiva de defensa de un derecho que solo adquiere pleno sentido desde la necesaria planificación escolar y los criterios de escolarización. Solo así es un derecho para todas las familias y solo desde esta premisa, la educación concertada puede ser responsable también del servicio público educativo. De lo contrario sería una vía alternativa y excluyente pero no parte del sistema. Si lo que el Partido Popular pretende es que bajo este derecho se deslice otro tipo de intereses, que lo diga abiertamente: bien porque tiene una perspectiva mercantilista de la educación que lo entronca con el cheque escolar o bien porque está dispuesto a sacrificar la equidad y la igualdad de oportunidades educativas mediante mecanismos formales e informales que permiten la selección de alumnos y las familias.

En resumen, la realidad y el fondo del modelo educativo derivado de la libre elección de centro que propone el PP se basa en un planteamiento fuertemente ideológico que distorsiona el sentido del artículo 27 de la Constitución Española para lograr que el sistema de escolarización en nuestros centros se base en un proceso de selección de alumnado, muy lejos del modelo de escuela inclusiva y no segregadora que defiende la mayoría de nuestra sociedad, como reproducción de ella misma y que es el modelo escolar que prima en los países de nuestro entorno europeo.

Para los socialistas es primordial que se avance por la senda del acuerdo, el modelo educativo es una prioridad para nuestra sociedad y también para los poderes públicos. Por eso, cabe recordar que en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero en el Senado se aprobó el compromiso por parte del Gobierno y las CC.AA de plantear las bases de un “Pacto de Estado por la Educación”. Han pasado seis meses y una vez más el Gobierno del Rajoy no ha planteado nada, salvo crear malestar, reforzar la LOMCE y mantener su política de recortes, mala combinación para poner las bases de un Pacto.

El sistema educativo es un ente vivo que no debe parar de mejorar, de ser objeto de reflexión para ser un instrumento cada vez más útil para nuestros jóvenes y para el futuro de nuestra sociedad. La educación en España ha mejorado sin ninguna duda en las últimas décadas; se han logrado altas tasas de escolarización y de titulación que han permitido que la educación haya servido como ascensor social, gracias a los esfuerzos realizados en políticas de igualdad, logrando que en nuestra sociedad los niveles socio económicos y culturales de partida no hayan sido un impedimento para que las distintas generaciones de jóvenes hayan podido mejorar el alcance educativo de sus familias.

Más allá de estos logros que durante décadas se habían conseguido en España, nos encontramos en el momento actual ante una situación de retroceso tanto en el derecho a la educación como ante las oportunidades para desarrollar un itinerario educativo que sirva para asentar las bases de un futuro pleno, basado en la formación integral y también con una perspectiva laboral. Es necesario un esfuerzo inversor para superar la agresión que las políticas conservadoras han perpetrado contra la financiación de la educación pública y para conseguir una educación de calidad integral para el alumnado en todos los centros públicos de todos los niveles y modalidades educativas.

En este sentido, es preciso y urgente consolidar las becas como un derecho subjetivo y así evitar que se obstaculice el acceso a la Universidad de alumnos procedentes de familias en dificultad social, como también es una prioridad lograr la reducción de las tasas universitarias, para que sean asequibles al estudiantado.

Es inevitable reflexionar hoy en día sobre dos cuestiones dramáticas que deben ser resueltas de manera urgente y decidida. En primer lugar, la pobreza infantil que lastra las oportunidades educativas de miles de niños y niñas en nuestro país por las restricciones de recursos socioeducativos que debieran ser provistos en condiciones de gratuidad y compensación escolar por parte de los poderes públicos.

El desempleo juvenil es la siguiente prioridad, un problema multicausal originado en parte por la falta de formación, por el absentismo, el abandono escolar, en otros casos por una insuficiente orientación académica y profesional que no alcanza al conjunto de las individualidades de nuestros jóvenes y por la nefasta reforma laboral. Sin ninguna duda, en este contexto de desempleo general es fundamental también garantizar la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; lograr el derecho a la cualificación como derecho de la ciudadanía.

En estos sentidos, la Educación es un instrumento fundamental de política social para redistribuir equitativamente la renta, el conocimiento y las oportunidades sociales y profesionales a todos los ciudadanos/as.

El sistema educativo debe hacer frente a la formación de todos nuestros jóvenes, en un entorno inclusivo, ofreciendo una respuesta a las necesidades y a la diversidad de todos los alumnos, aceptando las diferencias y promoviendo el trato equitativo de cada estudiante. Por ello es preciso propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías, espacios incluyentes y eliminar todo tipo de segregación en los centros educativos.

Los centros educativos a su vez deben preparar a nuestros jóvenes para la mejor transición posible hacia el mundo laboral, en el que se demandan nuevas competencias no suficientemente trabajadas en el entorno educativo. En este sentido es fundamental desde los centros educativos potenciar entre el alumnado la creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, el reconocimiento de pautas complejas, el desarrollo de habilidades sociales y desarrollar la capacidad de comunicación efectiva de forma transversal desde la educación primaria.

En la sociedad actual, la escuela debe asumir como uno de sus fines fundamentales la educación intercultural, incorporando la interculturalidad en el currículo y generalizando las prácticas educativas inclusivas en el proyecto educativo de centro y en la convivencia de la comunidad escolar; en definitiva, los proyectos educativos deben centrarse en el desarrollo de todo el alumnado como ciudadanos/as iguales, cultivando el respeto a la diversidad y valorando la riqueza que esta aporta y significa. Se trata también de educar en valores con un modelo ético cívico y de Educación para la Ciudadanía Democrática propugnado por el Consejo de Europa y de garantizar la laicidad constitucional de los centros educativos.

La educación debe ser entendida como factor imprescindible para el fortalecimiento de la Democracia en sus diversas expresiones, entre ellas la necesaria autonomía de los centros educativos como gobernanza democrática de los mismos, protagonizada por la comunidad escolar de profesores, familias y alumnos, por medio de los Consejos Escolares, en el ejercicio de su derecho constitucional de intervenir en el control y la gestión de los centros públicamente financiados, conforme establece el artículo 27 de la vigente Constitución.

Esta es la base más sólida de la autonomía escolar, que nada tiene que ver con la creación de un sistema artificial de competitividad entre los centros, ni con la recreación de la dirección escolar profesionalizada siguiendo el modelo de la empresa privada.

En definitiva, existen problemas importantes que afectan a nuestra educación y que desde una perspectiva socialdemócrata deben ser abordados con un incremento de la financiación pública. Es preciso fortalecer el servicio público escolar constituido por escuelas públicas inclusivas, como existe en los países europeos con democracias más sólidas y avanzadas y garantizar la gratuidad en los centros públicamente financiados, implantando una política social de igualdad de todos ante la educación.

Se deben abrir expectativas reales de formación para el trabajo a los jóvenes parados, facilitar a las familias la escolarización temprana y gratuita de la primera infancia, acordar el modelo organizativo y de gestión eficaz de los centros garantizando el derecho constitucional a la participación de las comunidades escolares, modernizar el currículo y la evaluación, y fortalecer estatutariamente el desarrollo de la carrera docente y la formación de los profesores para protagonizar una educación integral de calidad.

La Educación es un reto para aquellos que nos sentimos socialdemócratas. Sólo abordando estos objetivos de manera consensuada lograremos homologar nuestro sistema educativo con los estados europeos más avanzados, todo un desafío educativo que merece la pena. Cada vez somos más los que ahora estamos comprometidos con este proyecto de futuro.

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Mª Luz Martínez Seijo. Diputada del PSOE por Palencia. Coordinadora del área de Educación del documento “Somos Socialistas”.Mª Luz Martínez Seijo

Victorino Mayoral. Ha sido portavoz de Educación del PSOE como Diputado Nacional.Victorino Mayoral

Los últimos meses del nuevo PSOE liderado por una gestora interina han sido especialmente convulsos y poco satisfactorios para un importante y creciente número de militantes.

Desde el 1 de octubre, fecha que pasará a la historia del PSOE como fatídica, casi 200.000 personas ligadas a este partido por su carnet de militante y cientos de miles de simpatizantes llevan pendientes de una fecha, una fecha que acabe con la inestabilidad alimentada por la Gestora por no cumplir con su único fin de existencia, convocatoria de Primarias y de Congreso.

Es fácil encontrar explicaciones al porqué de tanto aplazamiento. Al fin y al cabo, cuando se inventó una Gestora Federal se debía tener bien pensado que tanto daño producido en el corazón del PSOE requería alargar su vida y existencia para alcanzar un fin mayor, lograr y cumplir con ciertos objetivos que requieren su tiempo para su consecución: ¿poder, liderazgo, cambios ideológicos, control, acuerdos, promesas...?

Como en todo plan, suelen surgir inconvenientes a lo largo de su desarrollo y uno de ellos es que, para poder consolidar ciertos objetivos, el tiempo es clave. En política, como en la vida misma, los sentimientos juegan un papel fundamental, y los sentimientos cuanto más fuertes e intensos son, también suelen ser más duraderos. Por eso el malestar, enfado o frustración de los miles de militantes que se sintieron heridos tras el Comité Federal del 1 de octubre no se van a apaciguar.

No van a desaparecer de golpe y plumazo las heridas que se provocaron por la decisión trascendental del Comité Federal para el futuro del socialismo español ante el 'no' o la 'abstención' en la investidura de Mariano Rajoy. Por el contrario, son muchos los militantes que pacientemente esperan el futuro que le depare al PSOE para decidir mantener su militancia. Son miles los militantes que esperan a que se produzcan cambios importantes en la manera de entender y gestionar este partido, para participar activamente en la reconstrucción de la fortaleza del PSOE.

Son muchos los militantes que reclaman nuevos modelos de participación, mayor apertura y menor rigidez de la organización, perfiles de cargos públicos y orgánicos más definidos, cercanos y accesibles. Son muchas las voces que piden otro tipo de liderazgo, más representativo, colectivo y democratizador, porque lo contrario incita a la desafección, a la desvinculación.

Las elecciones primarias deben regirse por un proceso garantista y transparente. Son además la primera vía para que se genere un debate amplio sobre los distintos tipos de partido y de liderazgo que los candidatos puedan ofrecer a la militancia, pero también son la gran oportunidad para que se hable de política, de proyecto para nuestra sociedad, del papel del PSOE ante los retos de este siglo. Que se hable de ideología y de principios, de recuperar la confianza de nuestros antiguos votantes y de lograr la ilusión de los nuevos, los jóvenes.

Las elecciones primarias son una gran oportunidad para ocupar un espacio político sin el condicionante de unas elecciones en la agenda, y dirigirnos a nuestros militantes y simpatizantes con fuertes convicciones, con una ruta claramente diseñada para el futuro del conjunto de la organización socialista. Pero también es el momento de que en los distintos proyectos políticos de los candidatos se marquen sus posiciones ideológicas, de un PSOE más o menos a la izquierda, del posicionamiento de los candidatos ante posibles pactos o acuerdos de gobierno con otras fuerzas políticas, y sobre las consultas a la militancia ante decisiones de trascendencia para la organización.

Por estas razones es difícil justificar la demora para poner fecha a una convocatoria de Primarias y Congreso. En un partido democrático y transparente como es y debe ser el PSOE, es preciso y urgente normalizar la situación. El día 14 de enero se espera que el Comité Federal del PSOE ponga fecha, no sólo del calendario político para el 2017, sino que se asuma un compromiso con la militancia que reclama desde el 1 de octubre unas obligadas Primarias y en las que libre y democráticamente puedan decidir sobre el modelo de partido, de liderazgo y sobre el proyecto político del PSOE para recuperar la confianza de nuestros votantes y la credibilidad social. Y ante esta urgencia, no caben ya ni más retrasos ni excusas.

La grave crisis interna que atraviesa el PSOE al igual que todo proceso que acaba en catástrofe, suele llevar implícita una larga serie de acontecimientos acumulados que provocan un resultado predecible y hasta cierto punto perseguido por alguna parte

La grave crisis interna que atraviesa el PSOE al igual que todo proceso que acaba en catástrofe, suele llevar implícita una larga serie de acontecimientos acumulados que provocan un resultado predecible y hasta cierto punto perseguido por alguna parte.

No es ninguna novedad argumentar que las guerras no nacen de un día para otro, suelen producirse altercados previos, desavenencias incluso fuertes confrontaciones que acaban en lo peor, como poco en fracturas y casi siempre en violencia.

La historia reciente del PSOE no está caracterizada por la paz ni por la tranquilidad. Los congresos se convierten en espectáculos de luchas de poder, basados en aparentes principios democráticos que se llegan a perder en muchas ocasiones por las formas y maneras que se utilizan, y que surgen en los distintos ámbitos: provincial, autonómico y nacional. Es un mal común a todos los partidos políticos, sin excepciones, mientras que unos son más partidarios de escenificar públicamente sus propias batallas, otros ocultan bajo unos parámetros de fuerte disciplina interna las luchas cainitas de sus organizaciones. Sin duda, la lucha por el poder es la lucha por el poder, ambición inherente al ser humano, más aún en política.

Es difícil de entender socialmente lo que ha pasado en el PSOE recientemente, un PSOE con un secretario general elegido por las bases y poco tiempo después cuestionado permanentemente por algunos de sus dirigentes. Socialmente es poco comprensible que un partido haga oposición a su mismo partido, como si se tratase de un proceso electoral, de una campaña que se perpetúa en el tiempo. Simplemente no pueden trasladarse a los ciudadanos valores democráticos y de respeto cuando el partido que aspira a gobernar el país no es capaz de aplicarlo internamente.

Los resultados electorales no sorprenden, resultados predecibles que han ido empeorando a medida que las disputas internas y que ciertas voces “autorizadas” de liderazgos pasados iban subiendo de tono y ocupaban más espacio.

¿Por qué? No se trata solo de una confrontación sobre un proyecto, sino sobre algo más complicado, más profundo e intrínseco a la política, lucha de poder, protagonismo y autoridad. Pero también se trata de una visión sobre el modelo de partido, sobre la participación y sobre el papel de la militancia.

El PSOE de hoy no es el partido de hace 137 años, ni tampoco debe seguir siendo el PSOE de hace 40 años, el que creció en los principios de la democracia y reflejaba la España real de aquella época. Los líderes de aquella época y su concepción de la política de aquellos tiempos fueron corresponsables con la época que se vivía, con la sociedad de aquellos tiempos y con una España que venía de 40 años de dictadura.

El PSOE de ahora no puede seguir funcionando con los mismos parámetros ni bajo la mirada y tutela de algunos líderes que protagonizaron esa época. Sencillamente, son tiempos distintos y su historia y vivencias no deben aplicarse al momento tan convulso que vivimos. Su historia personal y su estatus social marcan tal diferencia con el referente social que buscan hoy en día los votantes del PSOE, que su intervención hace que los simpatizantes y votantes socialistas se hallen confusos y se alejen cada vez más, sintiéndose huérfanos de un referente político con el que se identificaban y en el que confiaban.

Estamos en el siglo XXI y la sociedad española no es la misma que hace 40 años. España se ha transformado, la perspectiva de los problemas ha cambiado y se ha madurado políticamente. Una evidencia que debe hacer reaccionar a los partidos políticos, más aún a un partido como el PSOE, porque a pesar de su larga historia, de sus crisis internas y de muchos años al frente del gobierno de España sigue siendo el partido que menos rechazo genera entre la ciudadanía. Pero como la sociedad española y como cualquier organización, debe adaptarse a los nuevos tiempos.

El sistema tradicional de elección de delegados, controles férreos de los conocidos “aparatos” ha desembocado en poca renovación de cargos, desconexión del proyecto político con la necesidad social y mucha vieja política que poco o nada quiere ver más allá de los círculos que les rodean.

El PSOE no puede ni debe dar marcha atrás en dar voz a sus militantes, militancia madura, formada y con criterio que quiere y deber ser partícipe de las grandes decisiones que afectan al partido, como es la elección de sus líderes. El PSOE debe escuchar hoy más que nunca a su gente, si quiere recuperar espacio político y volver a ser el referente social como partido que ha sido gobierno y debe aspirar a volver a serlo.

La militancia es el ejército en la calle, es la vía de transmisión y de cercanía con la sociedad. No puede haber proyecto político que se precie si no responde a demandas legítimas y necesidades reales de las personas, de los colectivos, de las asociaciones, de los representantes sociales. Pese a encontrarnos en la sociedad del conocimiento en la que la información viaja a toda velocidad a través de los medios de comunicación, el lado humano es necesario, es el que pone cara a los problemas, a la cercanía y por ello en esta sociedad cobra un valor mayor.

Un proyecto político en el que su militancia no decida no es un proyecto político válido ni democrático. Los tiempos han cambiado y cuando se forma parte de una organización, es preciso dar voz y participación a sus miembros para que el proyecto sea colectivo y extensible, sea un proyecto multiplicador y entusiasme.

No se puede considerar a la militancia débil, cambiable, influenciable y olvidadiza. La militancia se basa en convicciones y las convicciones ni mutan ni se olvidan con la facilidad que desearía la actual Gestora del PSOE.

En política, el tiempo no es olvido. Sólo cabe mirar hacia adelante en un inmediato proceso de Primarias y un Congreso democrático que sea el inicio de una auténtica y asumida renovación de formas y de fondo. No está de más rememorar en estos tiempos como referencia “L'ancien régime et la Révolution” de Alexis de Tocqueville para evitar regresar a tiempos peores. Me gustaría por lo tanto que se dejara de corregir a la democracia para que la militancia socialista pueda expresarse lo antes posible en un proceso congresual con garantías, con árbitros imparciales y sin actitudes propias de otros tiempos muy pasados.