Los datos que, hasta el momento, conocíamos relativos al impacto de las violencias de género parecían apuntar hacia un mayor riesgo en la comisión de delitos violentos graves. Por eso mismo, pensamos que el confinamiento sería un espacio de máximo riesgo en el cual se darían un mayor número de episodios de este tipo.

Nos equivocamos. El estado de alarma supuso la oportunidad para los agresores, sí. Les brindó algo que jamás habían pensado que conseguirían: un control total sobre sus víctimas. Cuando analizamos el mensaje íntimo de las violencias encontramos la voluntad de posesión y de control del agresor machista sobre su víctima. O bien, la voluntad del agresor de mantener en secreto las violaciones que ha cometido. Las casas actuaron como búnker. 

Lo que sucedió esos días es que los agresores necesitaron depositar menos violencia de la usual para tener un mayor resultado. Eso nos explica los bajos datos de feminicidios durante el confinamiento estricto en comparación al resto del año. Si nos centramos en los meses en los cuales se evidencian los repuntes, estos se centran en la desescalada y en la flexibilización de medidas. 

Quizá nos parezca extraño pero, desde un punto de vista criminológico, tiene todo el sentido del mundo. En el contraste del confinamiento total a la vida en la calle se encuentra el espacio de pérdida de control de los agresores. En ese momento, acostumbrados a tener el dominio total, se vieron necesitados de ser todavía más violentos para recuperar el control que estaban perdiendo.

Lo mismo está ocurriendo estos días posteriores al cese del toque de queda. Las víctimas están rompiendo el silencio, están planificando su huida y la vida que les espera fuera de la violencia. La recuperación de la vida pública y el ocio se significan como un momento de riesgo importante porque permiten la ruptura con el agresor y con la violencia.

Precisamente, el momento de la ruptura es uno de los momentos más delicados y donde se dan mayores riesgos vitales. En este sentido, es fundamental que se unan los esfuerzos de las personas del entorno de la víctima para salvaguardar su bienestar e integridad, con un acompañamiento desde lo más básico (gestiones, documentación, enlace con servicios…) a lo más indispensable (acogida, recursos, denuncia, acompañamiento emocional…). 

Los días que vendrán nos muestran un verano más que complicado. Seguramente, serán los primeros días de descanso con una pandemia que empieza a controlarse. El horizonte de libertad se acerca para todas y también una salida para devenir supervivientes de violencia.

Los indicadores son preocupantes y los datos de la última semana nos anuncian el preludio de unas fechas siempre complicadas en relación a las violencias machistas.

De igual modo, el entorno debe hacerse cargo de aquello que conoce y le da miedo afrontar. Quien conoce a la víctima, conoce al agresor. Es responsabilidad de todos poner freno a las personas que ejercen violencia machista. Aunque públicamente nos es más cómodo decir que siempre saludaba, en lo más íntimo sabemos que el silencio en la inacción nos convierte en partícipes de crónicas de muertes anunciadas. No se trata de un final inevitable, al contrario, tenemos la posibilidad de cambiar el curso de las violencias. Nos ha llegado el momento de tomar partido.

Por último, será imprescindible reforzar todos y cada uno de los servicios de atención, denuncia y recuperación. Las profesionales debemos observar las fallas del sistema y las propias. Tenemos el reto de hacerlo todavía mejor, renovando nuestro compromiso con una sociedad libre de violencias. Se deben destinar más recursos a la atención de mujeres y niños que han sufrido violencias de género y sexuales durante el confinamiento. Se trata de hacer aflorar más caminos posibles en la metamorfosis de víctimas a supervivientes.

No tengo ninguna duda que si alargamos nuestra mano tendremos muy cerca a otra que nos ayude o a la que ayudar. Tengamos el coraje de hacer lo que nos toca.

Socialmente hemos hecho evolucionar rápidamente el 'no es no' para que se convirtiese en 'solo sí es sí'. Lamentablemente, las arenas jurídicas no evolucionan al mismo ritmo y la línea interpretativa asentada no incide de manera profunda en el concepto de consentimiento. Si se repasa a conciencia la jurisprudencia se puede observar cómo se considera la presencia o ausencia de consentimiento; pero cualquier definición sobre el concepto se halla fuera del sistema del Derecho, dependiendo de otras ciencias para completar dicha concepción.

Son pocas las resoluciones en las cuales se incide en la definición, siendo que el Tribunal Supremo estableció que el consentimiento debe provenir de una decisión libre y que debe ser establecida por los criterios sociales que se rijan al respecto. Así pues, en medio de esta evolución, el reto es establecer el marco en esas situaciones en las cuales, precisamente, sea más complejo a nivel jurídico definir si hay consentimiento.

El claro paradigma de esta teoría es el proceso de 'la manada'. La definición del consentimiento ante el silencio contrapone las ideas de la defensa de que el autor no podía saber que no había consentimiento por la ausencia de oposición. Precisamente, por eso tanto la Audiencia Provincial de Navarra como el Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideran que se dan los elementos del tipo penal correspondiente al artículo 181.3 y 4 del Código Penal, según los cuales hay un consentimiento obtenido por prevalimiento. De esta manera, los magistrados se refugiaban en la línea jurisprudencial de esta calificación delictiva según la cual no hace falta que la víctima haya mostrado oposición ya que, dado el contexto, no podía sino 'ceder'. Siendo esta la figura jurídica perversa que crea una especie de consentimiento arrancado con violencia.

Este posicionamiento está más que superado, incluso normativamente, por más de diez países europeos que han legislado el 'consentimiento positivo'. En el Estado español, ante la ausencia de dicha teoría, la indefinición juega a favor del reo. Aun así, si se ahonda en esa lógica, se puede llegar a entender que hay una concepción de la preexistencia del consentimiento y la necesidad de que la víctima como sujeto pasivo del delito, destruya tal consentimiento negando la interacción sexual ya sea física o verbalmente.

En contraposición, la nueva corriente adoptada por estos países europeos así como por algunos estados de los Estados Unidos abogan por la construcción del consentimiento, es decir, no basta con saber que no, sino que es necesario poder alcanzar a comprender que se trata de una conducta activa. Si bien tal postura no evita los problemas probatorios, sí elimina una tesis recurrente de las defensas según la cual sin oposición hay consentimiento. Esta teoría lejos de los criterios de la victimología, y de la forma en la que se desarrollan estos delitos, muestra una tesis basada en el estereotipo de violencias sexuales perpetradas con mucha violencia, dejando infinitas marcas en el cuerpo de la mujer cosa que muy raramente sucede.

Los estudios más rigurosos apuntan a una teoría opuesta, prácticamente el 80% de las víctimas de violencias sexuales entran en estado de shock, de modo que para ellas es imposible hacer o decir nada que pueda mostrar una negativa. Por el contrario, la no interacción debería ser la tesis por la cual el agresor ya pueda comprender que no hay consentimiento, más allá de la pobreza sexual que implicaría hablar de una sexualidad no delictiva.

Si trasladamos esta tesis a otro bien jurídico como pudiera ser un bien patrimonial, podemos observar cómo se trata de una interpretación clarísima: ¿ante la no oposición de una víctima cuando un tercero quiera poseer un objeto nos encontraríamos delante de un hurto o de un hecho no delictivo? Ni tan siquiera se trata de aplicar la perspectiva de género, aunque deberíamos, sino de entender que el consentimiento, para ser destruido, primero se tiene que haber construido.

El Tribunal Supremo debe comprender que no decir nada, no hacer nada, no es una forma de ceder pasiva, sino que se trata de una forma de resistencia, de una forma activa de salvarse la vida.

La revictimitzación en los casos de violencia machista, también llamada victimización secundaria, ha llevado a verter mucha tinta sobre cómo las instituciones y los operadores jurídicos (abogacía, funcionariado, policías…) no conseguimos realizar de manera óptima nuestro trabajo. En muchas ocasiones no evitamos que durante los procesos judiciales, incluso en los pasos previos a la denuncia, se inflija más dolor a las mujeres que ya son víctima de violencia. La revictimización suele someter a la víctima a repetir en distintas ocasiones las violencias que ha sufrido, mientras se le hacen preguntas en forma o fondo que cuestionan sus vivencias, como en los casos de Juana Rivas o la Manada.

Estas situaciones se pueden producir desde el inicio del proceso hasta el juicio. Desde el personal sanitario, que es el que levanta el parte médico y lo remite al juzgado, hasta los cuerpos policiales, que reciben la denuncia, algunos sin poder ofrecer siempre atención especializada, llegando también dentro del juzgado por parte de funcionarios y abogados. En toda esta cadena institucional se puede someter a las víctimas de violencia machista al cuestionamiento de su relato, a ahondar en su dolor de un modo innecesario, a insistir en aspectos de su persona que nada aportan a la causa.

Sin embargo, en la actualidad, tal y como detectó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 2017, ya no es solo la revictimización, sino que en muchos casos los agresores han encontrado en la institución el último refugio para seguir con la victimización. Si bien hace mucho del inicio de tal dinámica de estrategia jurídica perversa, este hecho se visibilizó con el caso de Juana Rivas, que paradójicamente ha acabado condenada por llevarse a sus hijos aun habiendo interpuesto una denuncia que nunca se llegó a tramitar. Pero antes de Juana Rivas hubo muchas otras juanas.

Aunque la propia administración detectó la dinámica de denuncias cruzadas, como en el caso de Juana Rivas, con las que los agresores intentan conseguir impunidad o que ambos sean condenados por igual, no se hizo nada más que recomendar a los jueces el estudio a fondo de los casos de denuncias cruzadas en los casos de violencia machista. Así los agresores han encontrado en la administración un sistema que aún no se ha adaptado suficientemente a la evolución de las violencias; coincidiendo, además, con la falta de recursos estructurales a los juzgados que impiden que la justicia sea suficientemente rápida para evitar una escalada de violencia.

Más allá de la llamada victimización secundaria, inherente al tratamiento jurídico, policial y sanitario, encontramos un estadio superior: la violencia institucional. De modo que ya no hablamos de una violencia inherente al cuestionamiento en todas las acusaciones sino de una violencia autónoma. Seguramente porque la sensibilidad con respecto a las cuestiones de género ha experimentado un considerable aumento en la sociedad y se han mediatizado distintos procesos judiciales que han sido cuestionados des del ámbito civil y los movimientos de mujeres y feministas. Es por eso que deshacer la violencia institucional costará mucho más que eliminar la victimización secundaria. La mayoría de operadores jurídicos ni siquiera la detectan, pero sí lo hacen las supervivientes. No son la excepción las que describen procesos de cristalización de la violencia sufrida o de todos los estigmas y estereotipos respeto las víctimas. Muchas de ellas refieren que el proceso judicial ha sido casi peor que la agresión que les motivó a denunciar. Por eso mismo algunas mujeres acaban retirando las denuncias interpuestas y otras deciden irse, como última escapatoria para garantizar su seguridad.

A pesar de todo, ni el Consejo General del Poder Judicial ni ninguna otra institución están trabajando en la línea de evitar esta violencia institucional. No se compatibilizan las denuncias falsas de los agresores contra la víctimas, ni tampoco las denuncias cruzadas, ni las relacionadas con los derechos de la propia imagen, al honor o de otro tipo que los mismos interponen como mecanismo para seguir agrediendo. De la misma manera, hace falta una profunda revisión del sistema respeto las mujeres que habían denunciado y aún así, son asesinadas. Otro punto especialmente delicado son las denegaciones de órdenes de protección en violencias machistas, especialmente en casos de violencia sexual. Esta denegación sistemática que, en algunos casos, como en Barcelona rondan al 80% o Madrid, el 60% impiden que las víctimas puedan persistir con garantías el proceso penal.

Para ser justas, cabe apuntar que esta violencia no se perpetra solo dentro de los juzgados sino que afecta casi todos los ámbitos procesionales de intervención: la falta de recursos públicos, pisos de protección, profesionales formados -no sólo jurídicamente sino también en perspectiva de género y victimología- la ausencia de una justicia de carácter interseccional, las denuncias no admitidas ya en comisaría…

Porque como hace un par de meses recordaba la hija de Ana Orantes en una carta, le gustaría decirle a su madre que la Ley que ella inspiró ha hecho cambiar la sociedad pero no es así. Tenemos la responsabilidad de cambiar un sistema que pide a las víctimas que denuncien pero que una vez lo han hecho, no reciben la ayuda que les ha sido prometida. Por eso, el 8 de marzo debe ser una jornada de culminación de una gesta diaria por los Derechos.

Reflexions jurídiques sobre una de les agressions sexuals dels Sanfermines: sembla que està passant desapercebut el component grupal i organitzacional sota el qual s'han comès els diferents delictes

Durant les festes dels Sanfermines es van comptabilitzar un total de 28 casos d'agressions i abusos sexuals. L'atenció pública es va fixar en el cas de la violació múltiple, fent emergir un debat silenciat fins ara: el del corporativisme masculí per cometre agressions sexuals. Gràcies a les organitzacions feministes de tot el territori s'ha posat al centre del debat el “no és no”, la “cultura de la violació”, la necessitat de renunciar als privilegis masculins, la indeguda responsabilització de la víctima en les agressions patides, la validació social dels agressors com element perpetuador, la violència sexual com a acte discriminatori i de l'afiançament de la dominació masculina, el cos de la dona com a terreny de conquesta...

La investigació del cas va revelar que els investigats compartien un grup de WhatsApp anomenat la “manada” en el qual compartien les seves gestes. El cas és paradigmàtic: un grup conformat només per homes, units per una afinitat tribal i que actuen en “manada”. Comparteixen en les seves xarxes socials, amb naturalitat i confiança, les diferents conductes delictives perpetrades per uns o altres. Cap d'ells mostra desconcert o expressa desacord davant del fil de missatges en els quals es narra la preparació i comissió delictiva. El grup recolza. Està allí per validar i naturalitzar aquelles mostres d'autoafirmació de masculinitat dominadora. El conjunt de missatges fa aflorar un modus operandi; tòxics, cordes, armes, agressió grupal, enregistrament dels fets i remissió de les imatges. El trofeu és demostrar la seva masculinitat hegemònica, la violència amb la què perpetren les seves agressions, la seva superioritat. La mateixa manera de procedir que en la anterior agressió a una altra dona en la localitat de Pozoblanco, que es troba sent investigada judicialment.

Les juristes crítiques denuncien que el Dret és un instrument que sorgeix per fixar unes regles del joc que consoliden privilegis, inclosos els de gènere. Certament, els Jutjats acostumen a operar per inèrcia, aplicant rutinàriament els delictes “comuns”. S'obvia que el guió preestablert no és neutre, amaga biaixos culturals i perspectives jurídiques que encorseten el Dret i no deixen lloc al sorgiment de noves interpretacions.

Un aspecte de l'agressió dels Sanfermines que sembla estar passant desapercebut és el del component grupal i organitzacional a l'empara del qual s'han comès els diferents delictes. D'acord amb l'article 570 bis del Codi penal, la “organització criminal” és aquella agrupació formada per dues persones o més, amb caràcter estable, que de manera concertada i coordinada es divideixen les tasques o funcions amb la finalitat de cometre delictes. Aquest mateix article preveu la imposició d'una pena agreujada quan la organització es dediqui a cometre delictes – entre d'altres – contra la llibertat i indemnitat sexual o el comerç de persones. Per la seva banda, l'Article 570 ter del Codi Penal, penalitza els qui es dediquin a cometre aquells mateixos delictes sent un “grup” criminal. Aquest es defineix com la unió de dues o més persones que sense reunir algunes de les característiques de la “organització” criminal, tinguin per finalitat la perpetració concertada de delictes.

La Circular 2/2011 de la Fiscalia General de l'Estat sobre criminalitat organitzada, no menciona la delinqüència sexual, però sí que ens dóna alguna idea més sobre què podria encaixar en aquell concepte d'ens criminal. L'element distintiu entre aquest i la codelinqüència (unió ocasional d'una pluralitat de persones per cometre un delicte) rau en l'existència d'un acord de voluntats per al pla delictiu; l'anticipació temporal a la execució de delicte; que la unió no sigui esporàdica esgotant-se amb la comissió puntual del delicte; la distribució de tasques; la coordinació adequada al delicte planejat i l'aprovisionament de mitjans idonis per a cometre'l.

Les anteriors dades obren la porta a que en cas de condemna, es pugui castigar pel delicte d'agressió sexual, el de robatori i el de pertinença a “grup” criminal. La rellevància rau en que existeixen opcions legals que ni tan sols es plantegen. No pas perquè no tinguin recolzament tècnic sinó perquè es menysté el dany afegit de la comissió delictiva grupal i de la reiteració en aquest tipus de delictes. Això obeeix a raons culturals que són les que imprimeixen la nostra escala de valors i la nostra concepció del que és “proporcionat”. Podríem imaginar aquesta mateixa resposta judicial en el cas d'un crim racista comès per un grup de persones que hagués intervingut anteriorment en d'altres agressions semblants?

En tot cas, la “manada” evidencia que existeixen grups d'homes organitzats per depredar sexualment, motivats pel seu menyspreu envers les dones. La negació de la dignitat i del valor humà de l'altra persona quan es comet un crim, és precisament el tret distintiu dels delictes d'odi.

Reflexiones jurídicas sobre una de las agresiones sexuales de Sanfermines: parece estar pasando desapercibido el componente grupal y organizacional bajo el que se han cometido los diferentes delitos

Durante las últimas fiestas de Sanfermines se contabilizaron un total de 28 casos de agresiones y abusos sexuales. La atención pública se fijó en especial sobre el caso de la violación múltiple, haciendo emerger un debate silenciado hasta ahora: el del corporativismo masculino para cometer agresiones sexuales. Gracias a las organizaciones feministas de todo el territorio se ha puesto en el centro del debate el “no es no”, la “cultura de la violación”, la necesidad de renuncia de los privilegios masculinos, la indebida responsabilización de la víctima en las agresiones sufridas, la validación social de los agresores como elemento perpetuador, la violencia sexual como acto discriminatorio y de afianzamiento de la dominación masculina, el cuerpo de la mujer como terreno de conquista…

La investigación de este caso, desveló que los investigados compartían un grupo de whatsapp titulado “manada” en el que compartían sus hazañas. El caso es paradigmático: un grupo conformado sólo por hombres, unidos por una afinidad tribal y que actúan en manada. Comparten en sus redes, con naturalidad y confianza, las distintas conductas delictivas perpetradas por unos u otros. Ninguno de ellos muestra desconcierto o expresa desacuerdo ante el hilo de mensajes en los que se narra la preparación y la comisión delictiva. El grupo apoya. Esta allí para validar y naturalizar esas muestras de autoafirmación de hombría dominadora.

El conjunto de mensajes hacer aflorar un modus operandi: tóxicos, cuerdas, armas, agresión grupal, grabación de los hechos y remisión de las imágenes. El trofeo es demostrar su masculinidad hegemónica, la violencia con la que perpetran sus agresiones, su superioridad. La misma forma de proceder que en la agresión anterior a otra mujer en la localidad de Pozoblanco que se halla siendo investigada judicialmente.

Las juristas críticas vienen denunciando que el Derecho es un instrumento que surge para fijar unas reglas del juego que consoliden privilegios, incluido el de género. Ciertamente, los Juzgados suelen operar por inercia, aplicando rutinariamente los “delitos comunes”. Se obvia que el guión preestablecido no es neutro, alberga sesgos culturales y perspectivas jurídicas que encorsetan el Derecho y no dejan lugar al surgimiento de nuevas interpretaciones.

Un aspecto de esa agresión de Sanfermines que parece estar pasando desapercibido es el componente grupal y organizacional bajo el que se han cometido los diferentes delitos. De acuerdo con el artículo. 570 bis del Código Penal la “organización” criminal es aquella agrupación formada por más de dos personas con carácter estable que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

Ese mismo artículo prevé la imposición de una pena agravada cuando la organización se dedique a cometer delitos –entre otros- contra la libertad e indemnidad sexual o la trata de seres humanos. Por su lado, el Art. 570 ter del C.P penaliza los que se dediquen a cometer esos mismos delitos siendo un “grupo” criminal. Este se define como la unión de dos o más personas que sin reunir algunas de las características de la “organización” criminal tengan por finalidad la perpetración concertada de delitos.

La Circular 2/2011 de la Fiscalía General del Estado no menciona la delincuencia sexual, pero sí nos da alguna idea más sobre qué puede encajar en ese concepto de ente criminal. El elemento distintivo entre éste y la codelincuencia (unión ocasional de una pluralidad de personas para cometer un delito) es que exista un acuerdo de voluntades para el plan delictivo; la anticipación temporal a la ejecución del delito; que la unión no sea esporádica y se agote con la comisión puntual del delito; la distribución de tareas; la coordinación adecuada al delito planeado y el acopio de medios idóneos para cometerlo.

Los anteriores datos abren la puerta a que en caso de condena, se pueda castigar por el delito de agresión sexual, el de robo y el de pertenencia a grupo criminal. La relevancia de ello es que existen opciones legales que ni se plantean. No porque no tengan respaldo técnico sino porque se minusvalora el potencial dañino añadido de la comisión delictiva grupal y de la reincidencia en este tipo de delitos. Ello obedece a razones culturales que son las que imprimen nuestra escala de valores y nuestra concepción de qué es “proporcionado”. ¿Podríamos imaginar esa misma respuesta judicial en el caso de un crimen racista cometido por un grupo de personas que hubiera intervenido anteriormente en ataques semejantes?

En todo caso, la “manada” evidencia que existen grupos de hombres organizados para depredar sexualmente, movidos por su menosprecio hacia las mujeres. La negación de la dignidad y del valor humano de la otra persona cuando se comete un crimen es precisamente el rasgo distintivo de los delitos de odio.