Ante la noticia de que el barco de Open Arms desembarcará en Barcelona con las 60 personas que rescató cuando trataban de cruzar el Mediterráneo, como un dejà vu del Aquarius en Valencia, es importante analizar a corto, medio y largo plazo la situación actual, que se ve enmarcada por las políticas migratorias españolas y los últimos avances en la materia a nivel europeo.

Parece que esta semana, después de la reunión entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Delegación de Gobierno, se ha acordado que las personas que llegarán con el barco de Open Arms tendrán un permiso humanitario durante los primeros 45 días. En este plazo se examinará cada situación particular sin que los migrantes sean privados de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La misma medida excepcional fue adoptada para las personas que llegaron con el Aquarius a Valencia, y fue acogida positivamente y con reservas a la vez.

Las medidas excepcionales de urgencia pueden ser necesarias y eficaces en situaciones que no se dan a menudo, pero la llegada de personas por mar a España no es excepcional. En lo que llevamos de año han llegado más de 15.000 personas por mar, lo que apunta a un aumento sustancial respecto al año pasado, cuando llegaron 22.400 personas en total. Es necesario abordar el paradigma de las políticas migratorias españolas de manera integral porque, de lo contrario, las personas que sigan llegando tendrán que sufrir una Ley de Extranjería que les dificulta enormemente salir del marco de discriminación y de vulneración de derechos en el que se ven sumidas. A la inmensa mayoría les espera la detención, la privación de libertad en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la irregularidad y/o la expulsión a sus países de origen, incluidas todas las personas que llegan ahora con Open Arms y a las que no se les otorgue la protección internacional.

Lo que en las últimas semanas sí está siendo excepcional es cómo Italia está consiguiendo definir la agenda política europea. Tanto el Aquarius como el Open Arms están llevando a España a las personas rescatadas después de la negativa de Italia, pero lo más preocupante es que la Comisión Europea, a petición del Consejo Europeo, acaba de anunciar que trabajará con los países del norte de África para que acepten las llamadas “plataformas de desembarco” para las personas rescatadas en el Mediterráneo, propuesta por la que apostaba Italia. Preocupa mucho especialmente por el problema de garantía de derechos y la opacidad en la que pueden estar envueltas estas personas junto con una incógnita, no menos importante, que es la imposibilidad de solicitar asilo fuera de territorio europeo.

En cualquier caso, y como un ejemplo más de cómo las derechas xenófobas están influyendo en la agenda común, el nuevo presidente de turno de la Unión Europea y canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, ha propuesto directamente que en estas 'plataformas de desembarco' no haya la posibilidad de pedir asilo. Por otra parte, que el acuerdo que salió de la cumbre del Consejo Europeo del 28 y 29 de julio esté basado en la voluntariedad de los Estados miembros y en la ambigüedad de conceptos como “la creación de centros controlados” en territorio europeo es una señal más de cómo el proyecto común se ha fracturado y vira peligrosamente hacia la derecha. Las previsiones y cambios en la financiación siguen la misma línea de securitización de fronteras: Bruselas ha multiplicado por tres la financiación destinada al refuerzo de las fronteras y acaba de aprobar 25,6 millones de euros únicamente para España destinados a incrementar y acelerar las expulsiones y a la “mejora de las infraestructuras de acogida” en Ceuta y a Melilla.

La propuesta de crear plataformas de desembarco en países vecinos es una pata más de la política de externalización que la UE lleva desarrollando en los últimos años, con España como pionera en la materia. En 1990, España estableció acuerdos bilaterales con Marruecos para frenar los flujos migratorios que aún siguen vigentes, y que ha permitido en parte que Marruecos se vuelva un 'socio prioritario' para el conjunto de la UE y su política exterior. Marruecos, un país donde las vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes son sistemáticas y desde donde están llegando miles de personas del Rif y del Sáhara Occidental ocupado huyendo de la persecución, las detenciones y la privación de libertad.

Ante el alud de artículos sobre la cuestión migratoria en los últimos días, hemos podido ver cómo se repiten algunos mantras que es necesario revisar para dejar de desviar la atención y, con ello, seguir alimentando los discursos xenófobos de algunos gobiernos de los Estados Miembros.

El primero y más fundamental es que no hay una crisis migratoria, sino que se trata de una crisis política. Es cierto que la UE está sumida, como mínimo desde 2015, en una crisis política debido a la cuestión migratoria. El predominio de una cierta visión clásica del interés nacional de los gobernantes de los Estados miembros está impidiendo que se formulen soluciones conjuntas y alineadas con el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.

Sin embargo, es importante hacer hincapié en la segunda parte de este argumento: no hay crisis migratoria porque el número de personas que está llegando al conjunto de la UE es mucho menor que el de los años anteriores. Si bien los datos son ciertos, el argumento no se puede desligar completamente de otro hecho igualmente cierto: el aumento de la securitización de fronteras a través de Frontex y de la colaboración con terceros Estados ha contribuido a un importante descenso de las personas que consiguen salir de los países costeros del norte de África y a un aumento de los muertos y desaparecidos en el Mediterráneo. Olvidarnos de esto puede contribuir a invisibilizar a esas personas y a omitir parte de la realidad.

En la misma línea, hay discursos pro-derechos de las personas migrantes que defienden que la llegada irregular de miles de personas a territorio europeo no causa ningún problema ni que tampoco lo va a generar. Hemos visto cómo han aumentado los discursos de odio y la xenofobia, cómo partidos políticos han instrumentalizado la cuestión para sacar réditos políticos en clave nacional, cómo las personas en situación irregular ven sus derechos sistemáticamente vulnerados y cómo las ciudades que proporcionalmente reciben a más personas que llegan por vías irregulares no tienen suficientes mecanismos ni acceso a financiación para poder actuar de manera autónoma fuera del marco de los Estados. No podemos desviar la atención ante problemas de tal magnitud y sólo haciendo un ejercicio de realidad y proyectar a corto, medio y largo plazo, podremos dar la vuelta y luchar contra la deriva actual.

Hace unas semanas se estuvo discutiendo si Carles Puigdemont pediría (o no) asilo en Bélgica y si podía hacerlo. O sí podía, como mínimo, intentarlo. El Protocolo nº 24 sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la UE permite, en casos excepcionales, que una petición de asilo por parte de un nacional de un Estado miembro pueda ser considerado por otro Estado miembro. ¿Y por qué en casos excepcionales? Porque a pesar de que en los últimos años el proyecto europeo se está viendo cada vez más endeble, uno de sus pilares fundamentales sigue siendo el mismo: haber creado un “espacio de libertad, seguridad y justicia”.

Así, el reconocimiento de la necesidad de protección internacional para un nacional de un Estado miembro se entiende excepcional, pues se parte del presupuesto de que la Unión Europea es un espacio de libertad, seguridad y justicia donde los motivos por los cuales se concede el asilo son, por lo tanto, excepcionales: según el artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se considerará una persona como refugiada cuando tenga fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas y no pueda o no quiera acogerse a la protección de su país de origen a causa de dichos temores. Pero ¿hay un espacio de libertad, seguridad y justicia?

Macron acaba de firmar la Ley Antiterrorista, que algunos han llamado la Patriot Act francesa, comparándola con la ley antiterrorista que EEUU aprobó después de los atentados de 2001. Francia llevaba sumida en un estado de excepción desde noviembre de 2015 después de los atentados en París, y la nueva ley convierte algunas medidas del estado de excepción en permanentes.

Entre otras cosas, la ley prevé que las autoridades administrativas puedan, sin orden judicial, obligar a un sospechoso a que no salga de un municipio durante un periodo determinado y a que vaya a comisaría cada día, a ponerle un brazalete electrónico y a vigilar sus redes sociales y comunicaciones. También permite hacer controles de identidad a un radio de 20 kilómetros de zonas fronterizas - incluyendo aeropuertos y estaciones de tren -, a retener a sospechosos durante 12 horas y a cerrar espacios de culto que se consideren que incitan al odio. Además, permite realizar registros domiciliarios, que pasan a llamarse “visitas domiciliarias”, a casas que puedan hacer levantar “serias sospechas de pensar que pueden ser frecuentados por una persona que representa una amenaza terrorista”.

La respuesta no ha tardado en aparecer: distintas organizaciones de personas racializadas han criticado la ley por estigmatizarlas. Esta ley afectará a personas que no hayan cometido ningún delito y que lo único que tienen en común es ser personas racializadas. Libertad, seguridad y justicia, ¿para quién? Ya hace muchos años que se ha hecho evidente que para las personas no-ciudadanas de los Estados miembros, no. Pero es que ahora, ni para las personas racializadas nacionales de un Estado miembro.

Sin embargo, creo que hacemos un flaco favor, o más bien hacemos un gran favor a quien no queremos hacérselo, al señalar a la Unión Europea como la madre de todos los males. La Unión Europea no existiría si no fuera por los Estados miembros, o mejor dicho, la Unión Europea no es nada si no sus Estados miembros. Que las personas racializadas sean estigmatizadas y perseguidas se debe a la práctica de los Estados. Que haya devoluciones en caliente y que la gente muera intentando llegar a Europa o que muera de frío en las islas griegas se debe a la práctica de los Estados. Que no haya un espacio de libertad, seguridad y justicia también se debe a la práctica de los Estados.

Son estos mismos Estados los que crean y perpetúan lo que Stanley Cohen llamó los folk devils y el pánico moral. Los folk devils son todos esos grupos sociales fuera del statu quo, que desafían o que “se salen” del sistema y el pánico moral es el proceso de definir una “condición, episodio, persona o grupo de personas como una amenaza para los valores y los intereses de la sociedad”. Si la repercusión de esa amenaza aumenta se pueden recuperar los argumentos más retorcidos de control y seguridad.

Y es así cómo la lucha antiterrorista lleva a enfocar la política migratoria desde una óptica penal y criminalizadora. Como dijo José Luis Sampedro, “gobernar con la fuerza del miedo es muy eficaz; el miedo hace que no se reaccione, el miedo hace que no se siga avanzando.”

Esta semana el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a preguntas formuladas por la senadora de Unidos Podemos Maribel Mora, manifestó que el Gobierno está preparando una propuesta de nuevo modelo de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como que tienen pensado construir tres nuevos CIE. Uno en Málaga, otro en Algeciras y un tercero en Madrid. Otra de las informaciones que ha filtrado a la prensa es que se están planteando retirar a la Policía Nacional de los CIE.

Dichas informaciones no llegan en un momento aleatorio. Por un lado, la Comisión Europea está presionando a los Estados para que aumenten el número de expulsiones a través de la ampliación del plazo de internamiento hasta los 18 meses. Por otro lado, en los últimos meses los sindicatos policiales han venido desarrollando una fuerte campaña para la mejora de sus condiciones laborales en los CIE. Es posible que la presión ejercida por los sindicatos policiales esté precisamente dirigida a dejar de encargarse de la custodia de los mismos.

Además de todo esto, durante los últimos meses se han producido varias fugas y protestas en los CIE, información sobre las cuales siempre ha sido filtrada en primer lugar por sindicatos policiales. Que todos estos elementos no hayan sido los que hayan dado resultado en las declaraciones del ministro del Interior sería, en todo caso, demasiada casualidad.

Tal y como reflexionábamos recientemente en la campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones durante una asamblea, son tiempos de resistencia. Lo más probable es que en los próximos meses vivamos una acometida del Gobierno que puede ir desde la construcción de hasta tres nuevos CIE en el Estado español hasta intentar aumentar el tiempo de internamiento en los mismos. Sea cual sea el escenario que se va a desarrollar, la sociedad civil ha de activarse: si dichas medidas salen adelante, estaríamos retrocediendo tras haber avanzado muchísimo en los últimos años. A no ser que nos activemos. Precisamente, una de las disputas que se darán tendrá que ver con la hegemonía del discurso en los medios de comunicación así como con el apoyo social que pueda tener un modelo de políticas migratorias u otro.

En los últimos años, ha ganado muchísimo terreno el relato de las organizaciones que, a través de trasladar la realidad que se encontraban en los CIE, ubicaban a estos centros como un espacio de vulneración de derechos humanos por el trato que se otorga a las personas dentro, así como por el hecho de que fueran privadas de libertad por el hecho de estar en una situación administrativa irregular. El único argumento discursivo que se contraponía era que ya no se internaba a personas migrantes o migradas sino que solo se internaba a aquellas que eran “delincuentes”, apelando a que la gran mayor parte de las personas internadas contaban con antecedentes. Como esta afirmación era completamente falsa, dicho argumento no logró hacer frente a la ola que reclamaba el cierre de los CIE. Ahora, empujados por el contexto y por la presión ejercida por las instituciones europeas, comienzan una nueva operación de maquillaje y de perfeccionamiento de los CIE.

Para poder contraponernos a los momentos que se intuyen es necesario dar un paso más y complejizar el discurso. No se trata sólo de si han de existir CIE o no. Se trata de qué modelo migratorio es el adecuado en términos de respeto a los derechos humanos pero, sobre todo, se trata de focalizar sobre cuál es el modelo migratorio que combina dicho respeto con resultados pragmáticos. Es decir, o iniciamos un proceso que conduzca a generar un bloque que pueda aglutinar sociedad civil y agentes políticos en base a un consenso nuevo en políticas migratorias o, como mucho, nos limitaremos a resistir dentro de un marco discursivo que no compartimos. Generar un nuevo sentido común, un nuevo consenso, que se imponga al relato conservador en auge, no se realiza de manera rápida ni improvisada. Hay que dejar de hablar de propuestas improvisadas de alternativas a los CIE y ponernos a definir desde la corresponsabilidad legislativa una nueva política con toda su complejidad.

Una de las cuestiones clave que deben abordarse son las expulsiones exprés, las cuales no se ha sabido introducir dentro de las reivindicaciones sociales al mismo nivel que los CIE. En la actualidad, más de un 65% de las personas están siendo deportadas sin pasar por un CIE y en una situación de absoluta desprotección. Una llamada de comisaría por un supuesto asunto de tu interés, una redada o una detención debajo de casa puede convertirse, en menos de 72 horas, en una expulsión forzosa sin asistencia letrada, en la mayor parte de los casos, y sin que haya apenas opciones de que un juez revise la situación. Es más, la orden de expulsión puede haber sido dictada 3 o 5 años atrás. La persona puede tener familia o incluso puede estar en proceso de regularizar su situación, pero se le expulsa en 72 horas igualmente. El problema radica en que no hay control jurisdiccional obligatorio de las expulsiones.

Queremos plantear la necesidad de que, por un lado, pongamos a la misma altura de reivindicación la necesidad de contar con garantías ante la deportación que la necesidad de cerrar los CIE, bajo un horizonte de cambio de paradigma en política migratoria. Por otro, y ante diferentes operadores jurídicos, queremos proponer que trabajemos con sectores de la judicatura y de la fiscalía para estudiar la implementación de unos Juzgados de Garantía ante las expulsiones. Los Juzgados de Garantía deberían autorizar cada una de las expulsiones tras realizar una vista en la que se analizaría el eventual choque de la expulsión con los derechos fundamentales de la persona –como es el del derecho a la vida en familia– así como con los principios de proporcionalidad y necesidad. Por supuesto, una vista en la que la persona contaría con asistencia letrada y de traducción, además de con los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la defensa.

Llegó el momento de contraponer con nuestros mejores argumentos y con un plan de políticas públicas consensuado entre la sociedad civil y los agentes políticos en base a un nuevo paradigma el ataque histórico al que se enfrentan los derechos de las personas migradas. Y si lo hacemos bien en términos comunicativos y de políticas públicas quizá nos permita no solo resistir, sino también avanzar.

El 21 de març de 1960 es va produir, a Sud-àfrica, la massacre de Sharpeville. El règim de l'apartheid sud-africà havia imposat la Llei de Passis, que consistia en el control dels desplaçaments de la població negra dins del país mitjançant un document que havien de portar amb ells. Aquests passis determinaven a quines zones podien accedir i quines eren les àrees només per a blancs. Incomplir aquesta Llei podia suposar penes de presó. En una manifestació a Sharpeville la policia va obrir foc contra els assistents, deixant un balanç de 68 persones assassinades i 180 ferides. Aquesta massacre li va donar nom al Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.

Avui és el dia mundial contra el racisme, i encara avui “racisme” tendeix a ser reduït a prejudici o a actituds i accions individuals i puntuals. Però el racisme és més que això. El racisme és estructural: el racisme està sostingut per les institucions i per les lleis, és un sistema polític, econòmic, social i cultural. El racisme és prejudici més poder. I cinquanta-set anys després de la massacre de Sharpeville, és inevitable que la Llei de Passis no ens faci pensar en moltes de les mesures implantades en la construcció de l'Europa fortalesa.

Fa poques setmanes ens arribaven, des de Brussel·les, les últimes directrius de la Comissió Europea en matèria d'expulsió i deportació de persones migrades. La Comissió demana augmentar les deportacions a través de l'ampliació dels períodes d'internament en els Centres d'Internament d'Estrangers (CIE) fins als 18 mesos. Un any i mig de detenció sense haver comès cap delicte, només la falta administrativa d'estar en territori europeu de forma irregular. A l'Estat espanyol, el període d'internament actual és de 60 dies: multiplicar fins a tal envergadura suposarà, a més de la mateixa privació de llibertat, perpetuar l'exposició de les persones que es troben al CIE a les deplorables condicions i violacions de drets humans que en ells es donen. Una altra de les mesures que la Comissió va demanar va ser reduir els terminis de recurs contra les ordres d'expulsió, un nou atac contra els drets més bàsics, en aquest cas el de defensa. Un més.

Si en alguna cosa ha complert l'Estat espanyol amb la Unió Europea, arribant a convertir-se en un model a exportar a la resta dels seus països membres, ha estat en el control de fronteres. Moltes de les mesures repressives, i fins i tot els mateixos filats, emprats en les zones frontereres del sud d'Europa són “made in spain”. Poques imatges exemplifiquen més visualment el privilegi blanc com les tanques de Ceuta i Melilla. Persones que han aconseguit burlar o saltar la tanca ens recorden que, a més d'una necessitat, és un acte de desobediència enfront dels privilegis i al sistema racista.

D'entre els centenars de persones ofegades a la Mediterrània des de principi d'any, va agafar especial rellevància a mitjans de gener el cas de Véronique Nzazi i el seu fill Samuel, de només quatre anys. Véronique patia un tumor des de feia 18 anys i la UE li va negar el visat que havia demanat amb la intenció de fer-se el tractament necessari. Després del naufragi, el cos de Samuel va ser arrossegat fins a Cadis i el de la seva mare fins a Algèria. En aquesta ocasió, el pare va poder obtenir un visat per viatjar amb la intenció d'identificar els cossos i assistir al funeral. No van poder fer el mateix els familiars de les catorze víctimes del Tarajal; en aquesta ocasió l'Estat va considerar que el seu viatge no estava justificat.

Encara que menys visibilitzat, el racisme antigitano té una llarga història de discriminació a Europa. El poble gitano és la comunitat racialitzada més nombrosa i antiga d'Europa i ha estat contínuament exclosa de la societat, discriminada judicialment o segregada a les escoles. A França, els últims anys han marcat un període d'incessants expulsions i fustigacions als precaris assentaments del poble gitano. Des d'Eslovàquia i República Txeca han sortit a la llum nombrosos casos d'esterilització forçada de dones gitanes. Dos exemples de com l'antigitanisme no és tan sols un conjunt de tòpics i prejudicis, sinó la suma d'aquests al poder, que institucionalitza el racisme.

A Espanya, les condicions per a la població migrada que aconsegueix establir-se no són molt encoratjadores. En el millor dels casos aconseguiran regularitzar la seva situació administrativa i passaran a estar subjectes a la Llei d'Estrangeria. El règim de permisos que aquesta Llei estableix sotmet a milers de treballadores i treballadors, pel fet de ser persones migrades, a una violència socioeconòmica i laboral. Obligats a mantenir contractes d'explotació laboral per poder seguir renovant els seus permisos de residència, ens trobem davant un sistema de control migratori que redueix les persones a simple mà d'obra. Tot aquest sistema de control social no es podria mantenir sense la funció legitimadora que s'exerceix des del poder polític i mediàtic, criminalitzant permanentment la immigració.

Que no es respectin els drets més bàsics de la població migrada no hauria d'apartar del focus que també han de ser subjectes de drets socials, civils i polítics. És urgent reclamar el ple reconeixement del dret a la participació política: és un principi democràtic bàsic que aquells que contribueixen a una societat i viuen baixos seves lleis han de poder participar de manera plena en la presa de decisions d'aquesta. No pot seguir normalitzat que una part de la població que viu, participa, treballa i paga els seus impostos com la resta vegi negat el seu dret a participar políticament en igualtat de condicions.

Recentment s'ha condemnat al manter Sidil Moctar a cinc anys de presó, commutats per l'expulsió de l'Estat espanyol i per la prohibició de retorn durant deu anys. Tal com va manifestar el seu propi advocat, “el component racial” ha tingut especial importància al llarg de tot el procediment. Les persones migrades s'han convertit en un dels principals destinataris de les polítiques penals, com prova la seva sobrerepresentació a les presons de l'Estat. Des del principi del seu procés judicial, Sidil ha estat reclús en situació de presó preventiva. Tot i no comptar amb xifres oficials, diferents fonts apunten que aquesta mesura s'aplica a la població estrangera de forma totalment desproporcionada en comparació a l'espanyola.

En aquest context ens trobem davant un auge del racisme social i dels partits d'extrema dreta a tot Europa. A l'Estat espanyol l'evolució dels delictes d'odi en els últims anys ha crescut, i el racisme és la primera causa que els explica. Més concretament, la islamofòbia se situa com el principal delicte d'odi. A més de les xifres oficials, no hem de perdre de vista que molts d'aquests episodis no es denuncien per la creença que no és efectiu fer-ho, per por o per desconfiança en la policia. Les dones musulmanes són les que principalment pateixen la islamofòbia. Un dels casos més mediàtics dels últims mesos va ser el de dos ultres que van agredir una dona embarassada de vuit mesos que portava nicab, en ple centre de Barcelona.

En el dia contra el racisme recordem la matança de Sharpeville i la resistència de totes les persones que van sortir a manifestar-aquest dia i que es van reunir davant de les comissaries de policia per cremar els seus passis com a forma de protesta contra el règim de l'apartheid. Anys després, la massacre es repetiria a Soweto. Avui, com ahir, els que s'enfronten diàriament al racisme són els que el pateixen en pròpia pell. En llargs viatges, burlant fronteres o creuant la Mediterrània. Resistint als vols de deportació i organitzant vagues de fam en els CIE.

A Nova Orleans, el mateix any que la massacre de Sharpeville, Ruby Bridges es convertia, a l'edat de sis anys, en la primera nena afroamericana a trencar amb la segregació racial a les aules. Ruby va assistir a una escola reservada exclusivament a la població blanca. Durant tot l'any va ser escortada per agents federals i el primer dia va rebre amenaces i insults durant tot el camí. En arribar a l'escola, va trobar l'aula buida i així va passar la resta d'any. El símbol de Ruby es va enfrontar als prejudicis, a l'odi, a la segregació i al racisme, i els va derrotar. I així fins que el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial tingui un sentit ple.

El 21 de marzo de 1960 se produjo, en Sudáfrica, la masacre de Sharpeville. El régimen del apartheid sudafricano había impuesto la Ley de Pases, que consistía en el control de los desplazamientos de la población negra dentro del país mediante un documento que tenían que llevar consigo. Estos pases determinaban a qué zonas podían acceder y cuáles eran las áreas sólo para blancos. Incumplir esta Ley podía suponer penas de cárcel. En una manifestación en Sharpeville la policía abrió fuego contra los asistentes, dejando un balance de 68 personas asesinadas y 180 heridas. Esa masacre dio nombre al Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Hoy es el día mundial contra el racismo, y aún hoy racismo tiende a ser reducido a prejuicio o a actitudes y acciones individuales y puntuales. Pero el racismo es más que eso. El racismo es estructural: el racismo está apoyado por las instituciones y por las leyes, es un sistema político, económico, social y cultural. El racismo es prejuicio más poder. Y cincuenta y siete años después de la masacre de Sharpeville, es inevitable que la Ley de Pases no nos haga pensar en muchas de las medidas implantadas en la construcción de la Europa fortaleza.

Hace pocas semanas nos llegaban, desde Bruselas, las últimas directrices de la Comisión Europea en materia de expulsión y deportación de personas migradas. La Comisión pide aumentar las deportaciones a través de la ampliación de los periodos de internamiento en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta los 18 meses. Año y medio de detención sin haber cometido ningún delito, solo la falta administrativa de estar en territorio europeo de forma irregular. En España, el periodo de internamiento actual es de 60 días: multiplicarlo hasta tal envergadura supondrá, además de la misma privación de libertad, perpetuar la exposición de las personas que se encuentran en el CIE a las deplorables condiciones y violaciones de derechos humanos que en ellos se dan. Otra de las medidas que la Comisión pidió fue reducir los plazos de recurso contra las órdenes de expulsión, un nuevo ataque contra los derechos más básicos, en este caso el de defensa. Uno más.

Si en alguna cosa ha cumplido el Estado español con la UE, llegando a convertirse en un modelo a exportar al resto de sus países miembros, ha sido en el control de fronteras. Muchas de las medidas represivas, e incluso las mismas alambradas, empleadas en las zonas fronterizas del sur de Europa son “made in spain”. Pocas imágenes ejemplifican más visualmente el privilegio blanco como las vallas de Ceuta y Melilla. Personas que han conseguido burlar o saltar la valla nos recuerdan que, además de una necesidad, es un acto de desobediencia frente a los privilegios y al sistema racista.

De entre los cientos de personas ahogadas en el Mediterráneo en lo que llevamos de año, tomó especial relevancia a mediados de enero el caso de Véronique Nzazi y su hijo Samuel, de tan solo cuatro años. Véronique padecía un tumor desde hacía 18 años y la UE le negó el visado que había pedido con la intención de hacerse el tratamiento necesario. Después del naufragio, el cuerpo de Samuel fue arrastrado hasta Cádiz y el de su madre hasta Argelia. En esta ocasión, el padre pudo obtener un visado para viajar con la intención de identificar los cuerpos y asistir al funeral. No pudieron hacer lo mismo los familiares de las catorce victimas del Tarajal; en esa ocasión el Estado consideró que su viaje no estaba justificado.

Aunque menos visibilizado, el racismo antigitano tiene una larga historia de discriminación en Europa. El pueblo gitano es la comunidad racializada más numerosa y antigua de Europa y ha sido continuamente excluida de la sociedad, discriminada judicialmente o segregada en las escuelas. En Francia, los últimos años han marcado un periodo de incesantes expulsiones y hostigamientos a los precarios asentamientos del pueblo gitano. Desde Eslovaquia y República Checa han salido a la luz numerosos casos de esterilización forzada de mujeres gitanas. Dos ejemplos de cómo el antigitanismo no es tan solo un conjunto de tópicos y prejuicios, si no la suma de estos al poder, que institucionaliza el racismo.

En España, las condiciones para la población migrante que consigue establecerse no son muy alentadoras. En el mejor de los casos conseguirán regularizar su situación administrativa y pasaran a estar sujetos a la Ley de Extranjería. El régimen de permisos que dicha Ley establece somete a miles de trabajadoras y trabajadores, por el hecho de ser migrantes, a una violencia socioeconómica y laboral. Obligados a mantener contratos de explotación laboral para poder seguir renovando sus permisos de residencia, nos encontramos ante un sistema de control migratorio que reduce las personas a mera mano de obra. Todo este sistema de control social no se podría mantener sin la función legitimadora que se ejerce desde el poder político y mediático, ejerciendo una criminalización permanente sobre la inmigración.

Que no se respeten los derechos más básicos de la población migrada no debería apartar del foco que también deben ser sujetos de derechos sociales, civiles y políticos. Urge reclamar el pleno reconocimiento del derecho a la participación política: es un principio democrático básico que aquellos que contribuyen a una sociedad y viven bajos sus leyes deben poder participar de forma plena en la toma de decisiones de esta. No puede seguir normalizado que una parte de la población que vive, participa, trabaja y paga sus impuestos como el resto vea negado su derecho a participar políticamente en igualdad de condiciones.

Recientemente se ha condenado al mantero Sidil Moctar a cinco años de prisión, conmutados por la expulsión del país y por la prohibición de retorno durante diez años. Tal y como manifestó su propio abogado, “el componente racial” ha tenido especial importancia a lo largo de todo el procedimiento. Las personas migrantes se han convertido en uno de los principales destinatarios de las políticas penales, como prueba su sobrerrepresentación en las cárceles del Estado. Desde el principio de su proceso judicial, Sidil ha estado recluso en situación de prisión preventiva. A pesar de no contar con cifras oficiales, distintas fuentes apuntan que esta medida se aplica a la población extranjera de forma totalmente desproporcionada en comparación a la española.

En este contexto nos encontramos ante un auge del racismo social y de los partidos de extrema derecha en toda Europa. En España la evolución de los delitos de odio en los últimos años ha crecido, y el racismo es la primera causa que los explica. Más concretamente, la islamofobia se sitúa como el principal delito de odio. Además de las cifras oficiales, no debemos perder de vista que muchos de estos episodios no se denuncian por la creencia que no es efectivo hacerlo, por miedo o por desconfianza en la policía. Las mujeres musulmanas son las que principalmente sufren la islamofobia. Uno de los casos más mediáticos de los últimos meses fue el de dos ultras que agredieron a una mujer embarazada de ocho meses que llevaba nicab, en pleno centro de Barcelona.

En el día contra el racismo recordamos la matanza de Sharpeville y la resistencia de todas las personas que salieron a manifestarse ese día y que se reunieron enfrente de las comisarías de policía para quemar sus pases como forma de protesta contra el régimen del apartheid. Años después, la masacre se repetiría en Soweto. Hoy, como ayer, los que se enfrentan diariamente al racismo son los que lo sufren en sus propias carnes. En largos viajes, burlando fronteras o cruzando el Mediterráneo. Resistiendo a los vuelos de deportación y organizando huelgas de hambre en los CIE.

En Nueva Orleans, el mismo año que la masacre de Sharpeville, Ruby Bridges se convertía, a la edad de seis años, en la primera niña afroamericana en romper con la segregación racial en las aulas. Ruby asistió a una escuela reservada exclusivamente a la población blanca. Durante todo el año fue escoltada por agentes federales y el primer día recibió amenazas e insultos durante todo el camino. Al llegar a la escuela, encontró el aula vacía y así pasó el resto de año. El símbolo de Ruby se enfrentó a los prejuicios, al odio, a la segregación y al racismo, y los derrotó. Y así hasta que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial tenga un sentido pleno.

“Queremos acoger, basta de excusas” ha sido el lema de la manifestación que ha tenido lugar este sábado en Barcelona. Una de las reivindicaciones que se hicieron desde la marcha fue el derecho a las vías legales y seguras para que las personas puedan migrar con el foco puesto en la frontera sur española. El día antes de la manifestación entraron 498 personas por la valla en Ceuta, y ayer, lunes, repitieron la operación 365 más. Casualmente dichas entradas tuvieron lugar a los pocos días de que el Ministro de Agricultura Marroquí, Aziz Akhannouch, en plenas negociaciones con la Unión Europea, alertara de que “¿por qué vamos a seguir haciendo de gendarmes con la emigración?”. “El problema de la emigración es que es muy costoso para Marruecos y Europa debe apreciarlo en su justo valor”, recalcó.

A pesar de que países como Italia y Grecia estén en el centro de la agenda mediática y política actual en relación a los flujos migratorios que vienen llegando de manera más significativa desde hace dos años, no debemos olvidar la frontera sur del estado español como espacio de excepcionalidad jurídica y de vulneración sistemática de los derechos humanos. Leemos el momento y la fuerza que ha generado una de las mayores manifestaciones a nivel europeo a favor de las personas migradas y refugiadas como la oportunidad para visibilizar la situación en la frontera sur y encaminarnos hacia cambios efectivos que contribuyan a que, como mínimo, se respete un marco legal y los derechos de las personas que tratan de entrar en territorio español en la frontera sur.

Muchas veces se habla sólo del número de personas que consiguen cruzar la valla. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que intentan cruzar la valla pero no lo consiguen? La respuesta de las organizaciones que trabajan en el terreno es unánime. Tras un salto hay muchísimos heridos debido a la valla, así como debido a la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes en el caso de que sean interceptados o devueltos. Los que no acaban en el hospital y no logran escapar, son detenidos y transportados a cientos o miles de kilómetros. Se calcula que entre 1.500 y 2.000 personas se encuentran actualmente en los bosques que rodean la ciudad de Nador (Marruecos) a la espera de poder cruzar y otras tantas en las zonas existentes entre Tánger y Ceuta. Las condiciones en los bosques donde habitan no solo son pésimas por el frío, la extrema precariedad y el hambre que pasan, sino que también son peligrosas debidas a las redadas que frecuentemente efectúa la policía marroquí.

A principios de este mes visitamos un campamento quemado y arrasado por la policía marroquí en las afueras de Tánger. Asimismo, una persona que conocimos en el CETI de Ceuta y que vivió durante seis meses en los bosques nos describía sus encuentros con la policía marroquí: “Cuando te encuentran, es un tormento. Pies rotos, cabezas heridas, personas que mueren, personas en coma, personas que pierden partes del cuerpo, que pierden todo. En ese momento sólo queda Dios”.

Entonces, ¿por qué estas personas tratan de entrar en territorio español saltando la valla y no por los puestos habilitados? La respuesta está en los acuerdos existentes entre España y Marruecos. Tanto en Ceuta como en Melilla, la policía marroquí no permite el acercamiento a la frontera española a las personas provenientes de países del África negra. Así, a estas personas sólo les queda entrar en territorio español a través de pequeñas embarcaciones o escondidos en coches –opción para las personas con más poder adquisitivo–, o saltando la valla.

En nuestra reciente estancia de observación de derechos humanos en la frontera sur, muchos testigos nos han confirmado que, una vez consiguen saltar la valla, se enfrentan a las devoluciones en caliente de manera sistemática por parte de la guardia civil española. Los tratados internacionales sobre derechos humanos consideran las devoluciones en caliente como una práctica vulneradora de derechos, al estar devolviendo a una persona a un territorio donde su vida y su libertad corren peligro. Asimismo las personas que consiguen llegar a territorio español son devueltas a través de las puertas que se encuentran en las vallas sin procesos de identificación individual ni acceso a traducción o asistencia de un letrado. Incluso, tal y como reconoció un representante de Cruz Roja al ser entrevistado en Catalunya Radio, ni siquiera se realizan partes médicos de las personas que son devueltas.

Muchas de estas personas son potenciales peticionarios de asilo que, al no poder acceder a los puestos habilitados en las vallas, se ven forzados a saltar. Y no sólo eso: muchas de las personas que saltan la valla y que posteriormente son devueltas son menores de edad. Conocimos el caso de un menor que saltó la valla y que lo último que recuerda, una vez cruzó, fue haber pisado territorio español. Lo siguiente fue despertarse en un hospital de Marruecos donde le dijeron que se había quedado en coma de manera posterior al salto.

La situación de excepcionalidad jurídica en la frontera sur debe cambiar. Estaríamos haciendo un flaco favor a nivel de derechos si apuntáramos hacia otro sitio: se debe restablecer la legalidad en la frontera sur. Desde Irídia, Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, junto con Fotomovimiento y Novact, presentaremos un informe audiovisual durante el mes de abril. Gracias a la información de las personas y entidades que están trabajando en la frontera, además de los testimonios que hemos podido recoger después de nuestro viaje, queremos visibilizar la situación actual en la frontera sur y trabajar para cambios concretos a nivel de políticas migratorias. Es el momento de dar pasos concretos colectivos concretos para direccionar el apoyo masivo a los derechos de las personas refugiadas y migrantes.

En pocos sitios se pueden detectar los privilegios ligados al proceso de racialización y al país de origen como en una frontera. En nuestra primera entrada en Ceuta, tuvimos una sensación similar a la experimentada cuando entramos al CIE: de un lugar de no Derecho, de impunidad frente a la violencia institucional

En el perímetro fronterizo que separa Ceuta y Marruecos hay un solo acceso con dos vías de entrada. Hay una sola vía para los 10.000 coches que cruzan diariamente la frontera, y otra vía para las 25.000 personas que, también cada día, hacen el mismo trayecto. Bajando en coche por las montañas que rodean Ceuta ya se avista la forma de embudo de la frontera: entre cuatro y cinco carriles separados por pequeños muros de cemento se convierten más adelante en una sola fila por donde poder cruzar. Colas de hasta tres y cuatro horas para pasar la frontera en coche pesan para todas, pero sobre todo para las personas que deben entrar y salir cada día para trabajar, o para las que trabajan pasando mercancía a través de ella. En el recorrido se pasa por hasta cinco puestos de seguridad donde piden y revisan los papeles. Dos vallas de más de seis metros marcan un pasillo estrecho y largo donde, al final, nos encontramos con un grupo de cuarenta personas que intentan entrar en territorio español.

Dos agentes de policía nacional controlan la entrada. De repente, uno de los agentes empieza a gritar y empuja a todo el grupo para atrás, formando una avalancha. De entre el grupo, un hombre se atreve a adelantarse y le enseña los papeles, que tiene guardados en un sobre de plástico. “¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda?” - dice el guardia cogiéndole el sobre. “¿Sabes lo que te digo? Que te quedarás aquí, a un ladito y sin molestar. Y ya, si eso, mañana te digo algo sobre tú y tus papeles”. Entonces los policías se percatan de nuestra presencia. Se dirigen a nosotras de manera educada y les dicen a ellos que nos dejen pasar. En pocos sitios se pueden detectar los privilegios ligados al proceso de racialización y al país de origen como en una frontera. Detrás de los agentes, sigue el mismo pasillo bordeando el mar. Al salir, a la derecha, se encuentra la playa del Tarajal. Cuando nos percatamos, aún movidos por la situación que acabábamos de vivir, un silencio incómodo nos invadió. Las 14 personas muertas en 2013 presentes. Unos metros más allá, en la primera rotonda, un guardia civil le da golpes al fajo que lleva una porteadora en la espalda mientras le chilla: “¡A ver, tú! Quiero ver lo que llevas dentro de este fajo, ábrelo. No te moverás de aquí hasta que no lo abras”. De repente nos ve y grita al grupo de porteadoras: “A ver, dejad de molestar, dejadles pasar”. A nosotras nos trataba como personas, a ellas no. Así fue nuestra primera entrada en Ceuta. Probablemente un día cualquiera en Ceuta, pero no fue una experiencia cualquiera para nosotras. Dos situaciones al azar, dos muestras de profunda violencia y de racismo. Tuvimos una sensación similar a la que experimentamos la primera vez que entramos al CIE en el 2010. La profunda sensación de encontrarnos en un lugar de no Derecho, de impunidad frente a la violencia institucional.

Con la llamada “crisis de refugiados” hemos visto como principalmente dos países, Italia y Grecia, han sido puestos en el centro de la agenda mediática y política como epicentros de la llegada de flujos migratorios para llegar a Europa. La situación de vulneración de derechos humanos ha generado una fuerte repulsa entre amplios sectores de la población: vallas, ataques por parte de la policía de los distintos países colindantes, miles de personas muertas por haber intentado llegar a las costas europeas, refuerzo de funciones y presupuesto para Frontex y un acuerdo con Turquía que vulnera la convención para las personas refugiadas y los tratados internacionales de derechos humanos. Miles de personas en tránsito intentando llegar y miles de personas en un atasco burocrático.  Sin embargo, el foco no ha llegado de manera suficiente a la Frontera Sur del Estado Español. Y ello, a pesar de que Ceuta y Melilla han sido el laboratorio de los países de la UE en el control de fronteras. Un modelo que se ha visto replicado en los últimos tiempos por diferentes países, cuyas principales señas de identidad serían de vulneración de derechos en el espacio fronterizo, la externalización del control de fronteras, y las vallas con sus concertinas. También lograr que se normalice la creación de espacios de no Derecho. Este quizá es el mayor “logro” replicado.

Ha llegado el momento de poner entre todas el foco para cambiar la situación. Una de las cuestiones más urgentes, como se ha comprobado de nuevo tras las numerosas devoluciones “en caliente” que se han producido estos días en Ceuta tras el intento de entrada del pasado día 1 de enero, es la derogación inmediata del artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que introdujo la modificación por la puerta de atrás de la Ley de Extranjería para intentar legalizar las mismas. Siguen sin ser legales, pero a la espera de que el TEDH condene al Estado Español, hemos de trabajar, no solo para que desaparezcan de la ley sino que, también, para que cese su práctica (ya que operaban con carácter previo a su introducción en la Ley). La creación de vías legales de entrada, más allá de la existencia de unos supuestos puestos de solicitud de asilo que no operan en la práctica, también se hace imprescindible. Así como, entre otras medidas, lograr que se agilicen, racionalicen y se controlen los tiempos para que las personas que estén en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en donde las personas migradas y las personas con petición de asilo son establecidas temporalmente, sean trasladadas a la Península. Y que, con ello, se acabe con la saturación en los CETI. Mientras que la capacidad del centro es de aproximadamente 500 personas, cuando estuvimos hace mes y medio había más de 800. La atención médica y psicológica está bajo mínimos y las condiciones de todo el centro son pésimas. Lo más preocupante era la dejadez con la que explicaba la situación la responsable que nos lo mostró. También medidas que encaren las vulneraciones de derechos a Menores No Acompañados, a las víctimas de trata, así como a las solicitantes de asilo.

Es importante visibilizar y reconocer el trabajo hecho por entidades y personas individuales que llevan trabajando muchos años en Ceuta y Melilla para los derechos de las personas migradas, aprovechando un momento donde esta cuestión se encuentra en el centro de la agenda europea e internacional. Para ello, es una gran noticia que desde los colectivos que promovieron la Caravana a Grecia en el verano pasado, estén convocando una caravana a la Frontera Sur para este verano. Pero debemos ir más allá de una mera visibilización: hay que denunciar, sumar esfuerzos y coordinarnos entre todas las entidades que trabajamos para y con las personas migradas para establecer objetivos comunes a corto, medio y largo plazo. Es importante hacer hincapié en el sentido común general y focalizar bien para hacernos con la hegemonía discursiva a través de todos los instrumentos y mecanismos que tenemos a nuestro alcance. Por otra parte, y con la vista puesta a los recursos que tenemos, debemos establecer objetivos concretos y factibles para contribuir de manera efectiva a un cambio en la gestión de las políticas migratorias en el Estado Español. Con estos objetivos en mente y las experiencias acumuladas por otras organizaciones durante años, elaboraremos un informe sobre las vulneraciones de derechos a las personas migradas en la Frontera Sur, y paralelamente tenemos la propuesta de trazar entre todas las entidades que trabajan allí y las de la península una agenda y objetivos comunes para 2017 porque, aunque parezca muy básico, hemos de, como mínimo, restablecer la legalidad en la Frontera Sur.

En los últimos dos años, gracias al empuje de las entidades y las plataformas ciudadanas que se han movilizado social y comunicativamente contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, se ha ido ampliando de manera histórica el bloque favorable a hacer desaparecer dichos centros de la geografía política del Estado Español. Además, se ha producido un gran avance al haber logrado que diferentes instituciones de representación democrática como Parlamentos Autonómicos (Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra), así como numerosos ayuntamientos (Madrid, Barcelona, Málaga, Algeciras, Valencia, A Coruña, y un largo etcétera) se sumaran al planteamiento de que es necesario crear un modelo de gestión de los flujos migratorios en los que los CIE no tengan cabida. El trabajo de hormiga de muchas personas y organizaciones que ha llevado a los CIE a ser la institución de privación de libertad más monitoreada del Estado Español ha sido clave en este proceso.

Nunca hemos estado tan cerca de cerrar los CIE, unos centros creados para la privación temporal y cautelar de personas extranjeras con una orden de expulsión vigente bajo el objetivo de facilitar el trabajo al Ministerio de Interior para proceder a su deportación. Es clave, precisamente en este momento, que analicemos algunos elementos que complejizan el debate en torno a los CIE.

En algunos sectores sociales e institucionales está tomando fuerza la idea de generar “alternativas a los CIE”. Desde nuestro punto de vista, estamos ante un debate claramente erróneo. No hay alternativas a los CIE. Y nos explicamos: de lo que se trata es de generar un cambio de modelo profundo (y no tan complicado de llevar a la práctica) en el que se sustituya el actual paradigma basado en la privación de libertad y en la deportación forzosa por otro basado en la acogida, en la facilitación del retorno de aquellas personas que quieran dejar de vivir en el Estado español así como en la configuración de la deportación como un recurso de “ultima ratio”, contrario a la práctica vigente, y cubierto de unas garantías, también inexistentes en la actualidad.

Vayamos por partes. No hay alternativas a los CIE porque cualquier sistema de piso tutelado o de piso de acogida no es ninguna alternativa al CIE, por suerte. Estas medidas buscan ampliar la red existente de recursos sin privación de libertad, por lo que no es una alternativa. Es un cambio de modelo, no una alternativa. De hecho, uno de los cambios a los que debería apuntar un nuevo modelo de políticas migratorias sería trabajar mucho mejor la acogida y la inclusión de las personas en el circuito de los derechos a través de una flexibilización racional de los modos en los que se pueda acceder al permiso de residencia y trabajo.

Por otro lado, uno de los puntos fuertes del paradigma de cierre es que nadie sea privado de libertad por el hecho de no tener la situación regularizada. Es por ello que unos CIE más humanos, más pequeños y gestionados por entidades no serán nunca una medida aceptada por el amplio sector social que lleva años trabajando por su cierre.

Por otro lado, es extremadamente importante poner el foco en la deportación en sí misma. En la actualidad, aproximadamente el 60% de deportaciones se producen sin pasar por el CIE, ante una falta total de garantías. Cabe recordar que una orden de expulsión no caduca hasta los 5 o los 8 años después de ser dictada y que es un título ejecutivo en sí mismo que, a no ser que sea suspendido in extremis hasta el juicio, su ejecución depende simplemente de la voluntad de la policía. A pesar de que entran en juego derechos fundamentales clave como el derecho a la vida en familia, además de que se producen situaciones anacrónicas, no hay un verdadero control jurisdiccional previo a la deportación.

Sería necesaria la creación de unos juzgados de garantías ante los cuales tuviera que llevarse una vista con carácter previo a la deportación para revisar si efectivamente dicha orden sigue teniendo sentido desde un análisis integral de los derechos en juego. Todo ello desde la proporcionalidad y un principio de ultima ratio.

A través de este artículo hemos querido tan sólo ofrecer algunas pinceladas acerca de un debate profundo que hemos de abordar en común si de verdad nos creemos que queremos generar cambios reales en política migratoria y de asilo. Y los cambios nunca se pueden improvisar, ni anunciar a golpe de titular de prensa. Son complejos, son lentos y serán contradictorios.

Dejemos de hablar de “alternativas” a los CIE sin entrar en el fondo del asunto. Hablar de ellas hace un flaco favor a la hora de abordar la cuestión desde una perspectiva profunda y realista, pero sobre todo, respetuosa. No se trata de generar alternativas a los CIE, se trata de cerrar los CIE acompañándolo de políticas públicas que nos permitan afirmar que estamos ante un verdadero cambio de paradigma en políticas migratorias.

Los CIE se podrían cerrar mañana y, tal y como dijimos en el Parlamento de Catalunya, no cambiaría nada en términos de macro-política migratoria: las deportaciones desde CIE representaron en el 2013 tan sólo el 1% del saldo total migratorio negativo del Estado español. Obviamente se ganarían muchos derechos y cesarían situaciones injustas. Sin embargo, no se construye de la noche a la mañana un programa realista de políticas públicas que permita avanzar realmente hacia un cambio de modelo que es más necesario que nunca. ¿Nos ponemos manos a la obra?