“El aceite de palma va secando los pozos, una sola palma necesita diez litros de agua diarios”, lamenta Leiver Loré para explicar el motivo de su lucha. El joven vive en Palo Atico, una vereda de Marialabaja, en el Caribe Colombiano, donde no hay agua corriente ni acceso a agua potable pese a estar a escasos metros del embalse de Playón. 

Colombia es uno de los países con más recursos hídricos del planeta, multiplicando por seis la oferta mundial, según el último Estudio Nacional del Agua realizado en 2010. Pese a la abundancia de aguas subterráneas y superficiales, hay zonas del país que tienen muy difícil el acceso al agua, o aquella que tienen cerca está contaminada. En el caso de Marialabaja, el proceso que ha llevado a esta situación tiene varios responsables. 

“El campesinado está aislado del distrito de riego aún teniendo el líquido preciado muy cerca, en las narices. ¿Cómo es posible que una mata prevalezca sobre la vida de un ser humano? Es ilógico”, se pregunta Loré, un joven miembro del Comité de acceso al agua potable de Palo Altico, en Maríalabaja, uno de los 16 municipios que integran los Montes de María.

A finales de los 90, cuando el conflicto armado se instaló en el Caribe colombiano, la palma llegó a los Montes de María y, con ella, los problemas medioambientales y la escasez y contaminación del agua.

La zona posee un sistema de riego construido en los años 60 en el marco de una reforma agraria que cambió el modelo de producción de los campesinos de la zona. Este distrito de riego está formado por tres embalses -Playón, Matuya y la Piscina- que surten de agua a Marialabaja y otros dos municipios a través de una serie de canales.

Para la construcción del sistema, el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (INCORA), hoy extinto, compró un gran territorio que incluía un pueblo entero, Palo Alto Hicotea, cuyos habitantes fueron desplazados a otro asentamiento que hoy se conoce como Palo Altico.

Yina recuerda que el objetivo de la construcción del distrito era “poder facilitar el establecimiento de ciertos cultivos tecnificados en esa zona, como el de arroz y algo de plátano”. Sin embargo, la apertura económica que experimentó Colombia a finales de los años 80 provocó la quiebra de los arroceros de la zona, que no pudieron competir contra el arroz que llegaba de fuera del país.

“Si la quiebra del cultivo del arroz no supuso un desplazamiento, la incursión de los grupos armados sí hizo que la gente empezara a salir y a vender sus tierras”, cuenta Yina. Estas ventas, a un precio muy inferior del valor real de los predios, supusieron el cambio de uso del suelo y la llegada de los cultivos de aceite de palma. 

La palma llega a la orilla de los embalses

La palma se extiende por todo Marialabaja, incluso a la orilla de los embalses, violando las zonas de conservación que, por ley, se han de mantener alrededor de los cuerpos de agua. Teóricamente, estas tierras, de propiedad estatal, solo pueden ser trabajadas por campesinos y campesinas del sector sin tierra, no por foráneos.

Según recalca Yina, “no se puede realizar cualquier actividad agrícola o pecuaria. Se pueden establecer cultivos transitorios y que no demanden uso de agroquímicos porque eso termina dentro del agua”. Sin embargo, Irina Alejandra Junieles, del Centro de Estudios Jurídicos DeJusticia, afirma que “como se tratan de cuerpos de agua artificiales y no naturales, no hay claridad si esa ley se aplica a estos embalses” y es a eso a lo que se agarran las autoridades.

Leiver y sus compañeros cuentan que, antes de la construcción del distrito de riego y la llegada del conflicto, la situación era la misma, “no teníamos agua potable, pero el agua que se sacaba de los pozos era un agua limpia y se podía tomar sin miedo”. “Los pozos que quedan posiblemente estén contaminados por los agroquímicos, pero no tenemos otra opción”, añade Leonardo, también miembro del comité.

El problema de esta zona no es tanto la escasez de agua, sino las condiciones en las que se encuentra y a qué cultivos va destinada. La gestión del distrito de riego la lleva una asociación de usuarios llamada Usomaríalabaja, cuyo presidente es Carlos Murgas, empresario palmero y ex ministro de agricultura con Andrés Pastrana.

Yina afirma que Usomarialabaja “destina el agua para los cultivos de palma” y que “hay otros pequeños productores que se están viendo afectados, además de la gente que toma el agua para el consumo, que es la principal afectación”.

Muerte de peces y enfermedades

Además de este reparto desigual del agua, las comunidades se quejan de lo contaminada que está como consecuencia de los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de palma y que se filtran tanto a los pozos como a los embalses, por la cercanía de las plantaciones.

En los dos últimos años se han registrado grandes niveles de mortalidad de los peces, aunque la única explicación otorgada desde las autoridades ambientales es que, debido a la sequía provocada por el fenómeno El Niño, había escasez de oxígeno, lo que provocó la muerte de los peces.

Sin embargo, las comunidades no están conformes con esa respuesta. Irina coincide con las comunidades en que debe haber otra explicación. Señala que es posible que hubiera falta de oxígeno, pero afirma que “es claro que el distrito se está, en términos de lo que dice la comunidad, muriendo”.

Yina, por su parte, apunta que no sólo son los peces los que han sufrido las consecuencias de la contaminación del agua. Hay que tener en cuenta que las comunidades de alrededor de los embalses usan su agua de forma doméstica, desde la higiene personal hasta la limpieza de alimentos y su ingesta, además de comer los peces que pescan.

En la Defensoría del Pueblo se han recibido denuncias “por enfermedades cutáneas, infecciones vaginales y gastrointestinales, que están directamente relacionadas con el embalse de Playón”.

Sin embargo, afirma, “la Secretaría de Salud dice que no puede determinar que sea por el agua del embalse, pero la gente no se provee de otro agua, porque ese es el agua que tiene, y tampoco se ha establecido ninguna otra causa”.

En el año 2010 varios niños murieron a causa de enfermedades diarreicas agudas. Nunca se confirmó si era consecuencia del uso y consumo de agua, pero la alcaldía de Maríalabaja fue obligada a instalar un servicio de agua corriente en su pueblo, cosa que a día de hoy no ha cumplido.

Compromisos incumplidos

El año pasado, la comunidad de San José de Playón, corregimiento al que pertenece Paloaltico, y que está situado al borde de uno de los embalses, llegó a una serie de acuerdos con la alcaldía de Maríalabaja, Gobernación, autoridades ambientales y Usomaríalabaja. Entre los compromisos se encontraban, además de garantizar el acceso al agua, realizar una batimetría para conocer la capacidad del embalse y asegurar el mantenimiento y conservación de los ecosistemas del distrito.

Debido al incumplimiento por parte de las autoridades de esos compromisos, la comunidad decidió cerrar, el pasado mes de marzo, las compuertas de la presa para impedir que el agua fluyera a los canales que abastecen las plantaciones de palma. La protesta se solucionó tras la militarización de la zona por parte del Estado y la compra de una motobomba para que impulse el agua-procedente del embalse- hacia el precario sistema de agua corriente del pueblo.

Para Irina, este tipo de soluciones no son más que “paños calientes”. Aboga por que, en el marco del acuerdo de paz, que incluye una reforma rural integral, “haya formalización de los predios para la gente y un acompañamiento rural para una transformación del campo que se aplique en zonas como esta”.

En Paloaltico, por su parte, en lo que se refiere estrictamente al agua, creen que la solución viene en “tres etapas”. “Habría que hacer un estudio técnico para ver qué grado de contaminación tiene el agua, cómo habría que descontaminarla para poder beberla, y después ver cómo se puede implementar el acueducto para garantizar el acceso a agua potable a todas las comunidades”.

“Uno ingresa en la guardia porque le nace”, responden de forma prácticamente unánime los miembros de la guardia indígena del norte del Cauca, en Colombia. Tener que enfrentarse a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército nacional o a delincuentes comunes sin armas de fuego, y gratis, no pesa tanto a la hora de tomar la decisión.

Ahora, tras la firma del nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla uno de los enemigos se desvanece, pero existe la preocupación de que otros grupos armados ilegales copen el hueco que las FARC dejan.

El norte del Cauca es una región predominantemente indígena, de etnia nasa, que goza de un régimen administrativo especial y paralelo al estatal: los resguardos indígenas, regidos por los cabildos. En 1701, Felipe V decidió otorgar a los indígenas esta condición después de haberlos colonizado.

Aunque ya existía en las décadas anteriores con el nombre de guardia cívica, la guardia indígena se estableció de forma oficial en el norte del Cauca en 2001. Entonces, la guerra entre las FARC y las fuerzas estatales entró con toda su crudeza en los resguardos de los indígenas, cuyo movimiento político reclamó el abandono de todos los actores armados de su territorio.

“Desde los años 70, durante las recuperaciones de tierras de los campesinos de las manos de los terratenientes, la guardia ya funcionaba”, dice Ricardo Jembué, ex alcalde de Jambaló. La guardia era la encargada de avisar a los comuneros si venía el terrateniente, “pero fue con el conflicto armado cuando empezó a visibilizarse y a estructurarse como una organización”, añade.

Ahora, tras firmarse el nuevo acuerdo de paz aprobado por el Congreso de Colombia este miércoles, las FARC comenzarán a trasladarse a las ''zonas veredales transitorias de normalización. Estas áreas tienen como función garantizar el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la preparación de los guerrilleros para el tránsito a la vida civil y a la legalidad, todo monitoreado por un mecanismo tripartito formado por el Gobierno, las propias FARC y un componente internacional desarmado.

El hecho de que las FARC abandonen los territorios donde siempre han tenido influencia ha causado temor entre las poblaciones, que sospechan que otros grupos armados copen el espacio que esa guerrilla ha dejado. Por ello, ya han comenzado a organizarse y han reforzado la guardia campesina, otro mecanismo de control territorial.

La cuestión espiritual

Uno de los hitos que más recuerdan los miembros de la guardia es la liberación del Cerro Berlín, en el resguardo de Toribío. El Ejército estaba ubicado en esa zona protegiendo una antena de comunicación y los nasa lo querían recuperar. “El cerro de Berlín es un filo sagrado. Elaboramos un plan para entrar tratando de confundir al Ejército, diciendo que íbamos a hacer algo distinto a lo que hicimos”, cuenta Uriel, coordinador de la guardia indígena de la vereda La Espensa y con 16 años de experiencia en la organización. Lo que al final hicieron fue congregar a toda la comunidad que participó “coordinada por la guardia, los cabildos y los espíritus de la naturaleza”.

Obeiman, guardia indígena de 18 años, asegura recibir señales de los espíritus de la naturaleza que le guían y protegen. “Las señales proceden de sensaciones físicas que me suben por el cuerpo, cantos de pájaros, la forma de las nubes o sueños y los mayores espirituales me ayudan a interpretarlas”. Estos 'mayores y mayoras espirituales' existen en toda comunidad y, ayudados por los espíritus, desempeñan funciones medicinales y tienen la potestad de designar a los gobernadores de los cabildos y los miembros de la guardia indígena.

Toda autoridad indígena y todo miembro de la guardia porta una 'chonta' o bastón de mando hecho de madera y adornado con los colores de la guardia, el verde y el rojo. “La 'chonta' ritualizada me da fuerza para seguir y me protege”, asegura Obeiman.

Los 'Kiwe Thegnas' —miembros de la guardia— no tienen ni el porte ni el material de un cuerpo de seguridad, pero la comunidad y los grupos armados les respetan. Según defienden, existe paridad en la organización aunque en la reunión de coordinadores a la que accedió eldiario.es, la representación femenina era muy escasa.

Carmelina, guardia con 14 años de experiencia, prefiere no hablar mucho pero insiste en que “hay paridad entre hombres y mujeres en la base” pero, justifica, “las mujeres no quieren se coordinadoras”. Se muestra orgullosa de que, según dice, las mujeres de la guardia son igual de respetadas que los hombres, por sus compañeros “y por el enemigo también”.

Un sistema de justicia propio

Su forma de enfrentarse al enemigo es el diálogo y por eso no portan armas de fuego, aseguran. De esta forma, la guardia indígena se ha enfrentado tanto a la guerrilla de las FARC como al Ejército colombiano. “Cuando había hostigamientos de la guerrilla, nosotros íbamos a dialogar con ellos. Llamábamos a varios compañeros y enviábamos a los que hablaran mejor, porque por una 'berraquera' puedes acabar perdiendo la vida”, cuenta Uriel.

Reconocen que dialogaban con ambos bandos del conflicto para que no los acusasen de colaborar con ninguno de los dos. En uno de estas intervenciones dos guardias fueron asesinados por las FARC tras retirar unas pancartas que la guerrilla había colocado en su territorio.

“Eso no lo permitimos, dos guardias fueron a controlarlo y los acribillaron a balazos”, rememora José Dionel, cooordinador de la guardia indígena en Toribío. Cinco de aquellos guerrilleros, siete en total, fueron condenados a 40 y 60 años de cárcel por la justicia indígena, los otros dos eran menores.

En los resguardos existe un acuerdo con el Gobierno denominado “patio prestado” por el que los indígenas juzgan a los criminales y, si resultan condenados a prisión, cumplen en las cárceles del Estado. Existen otros castigos —o remedios, como ellos los llaman—, que consisten en latigazos o 'fuetazos' y trabajos forzados. También existió el cepo, pero, según reconoce Gabriel Páez, gobernador de Toribío, se eliminó porque era “demasiado duro”.

La guardia indígena se caracteriza por ser un esfuerzo voluntario. Uriel afirma que “la organización es el camino que nuestros padres y mayores nos han dejado trazado. Si uno no lo sigue se pierde y otro le come la cabeza con ideas como 'no te metas a la guardia, no van armados, no cobran…'.

Algunos guardias, entre ellos Uriel, portan un machete que, según explica, emplea para abrirse camino entre la maleza. “El machete es un arma 'voluntaria'. Si uno se ve amenazado la puede usar para defenderse. Yo la utilicé contra un antidisturbios que me tenía agarrado y a punto de atraparme. El trató de echarme plomo, pero luego recapacitó y yo creo que pensó: 'no, a este 'man' no le puedo matar´”.

El hecho de no ir armados no les ha supuesto demasiados problemas. Esa parece ser la estrategia de la guardia indígena: la implicación de toda la comunidad. “La unidad mueve más que un fusil, para nosotros un fusil es como un juguete”, concluye José Dionel.

Colombia ha visto esta última semana cómo tres líderes sociales han sido asesinados y otros dos han sufrido atentados, supuestamente por paramilitares y sicarios. Se suman a los que se vienen realizando durante todo el año y que arrojan unas cifras que poco encajan en un escenario de acuerdos de paz: 70 homicidios, 341 agresiones individuales, 279 amenazas y 28 atentados contra dirigentes políticos, defensores de derechos humanos y líderes campesinos, según datos del movimiento político Marcha Patriótica.

Erley Monroy fue asesinado el 18 de noviembre cerca de San Vicente del Caguán (Departamento del Caquetá). Era un destacado dirigente de la Fundación por los Derechos Humanos del Centro y Oriente Colombiano (DHOC), al igual que Didier Losada, asesinado el mismo día en el Departamento del Meta.

El otro líder eliminado el pasado fin de semana, Rodrigo Cabrera, era un líder campesino miembro activo de Marcha Patriótica y muy involucrado en las actividades de impulso por la paz. Su municipio, Policarpo, ha sido designado como uno de los sitios donde posiblemente estarán ubicadas las Zonas Veredales Transitorias de Normalización donde empezarán a concentrarse los guerrilleros desmovilizados en el Departamento de Nariño.

Las declaraciones de rechazo de líderes políticos y la condena por parte de movimientos sociales se han sucedido durante estos días. Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, asegura a eldiario.es que los asesinatos tienen como objetivo claro “debilitar el proceso de paz y acabar con los liderazgos sociales, campesinos y comunitarios”.

Cepeda afirma que los autores pretenden generar un mensaje negativo hacia quienes van a dejar las armas: “No se les va a garantizar la vida, y la entrega de las armas va a significar, por el contrario, la destrucción de su organización y su muerte”. 

La preocupación sobre estos asesinatos se agrava porque no es la primera vez que algo así pasa en Colombia. En 1985, durante las negociaciones de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nació la Unión Patriótica (UP). Este partido estaba formado por guerrilleros desmovilizados y militantes de izquierda que decidieron pasar a hacer política legal, un escenario muy similar al actual.

Lo que ocurrió en los años siguientes fue un exterminio sistemático de miembros del partido y militantes que acabó con la vida de unas 3.000 personas, aunque fuentes de la organización elevan la cifra a más de 6.000 entre muertos y desaparecidos.

“El punto coincidente es que estamos ante una situación ante la cual un proceso de paz es sometido a un intento de sabotaje y debilitamiento”, sostiene Cepeda. Sin embargo, apunta que el escenario ha cambiado porque “hoy en día tenemos un proceso de paz avanzado, se ha logrado firmar los acuerdos y las FARC han detenido su acción militar” por lo que, añade, “no hay ningún pretexto que valga para decir que las personas que están siendo asesinadas están en connivencia o en un comportamiento cómplice con la guerrilla”.

El presidente, Juan Manuel Santos, que reconoció en septiembre la responsabilidad del Estado en aquellos sucesos, reunió este martes a la Comisión de Alto Nivel para la Protección de los Derechos Humanos, de la que forman parte el fiscal general y el ministro del Interior. Santos condenó los asesinatos y declaró que estos hechos “son una evidencia palpable, dramática, de los riesgos que la incertidumbre nos trae frente a la implementación de los acuerdos de paz”.

“Lo hemos venido diciendo, esta incertidumbre, este limbo, va aumentando los riesgos, por eso la urgencia de tomar las decisiones”, añadió, haciendo clara alusión a lo que se está considerando una dilatación por parte de los partidarios del no de la implementación del nuevo acuerdo.

“Un plan organizado”

Desde su fundación en 2012, Marcha Patriótica ha visto morir a 124 miembros (nadie ha sido condenado por ninguna de esas muertes) y desde el movimiento denuncian que no son casos aislados. Piedad Córdoba, exsenadora por el Partido Liberal y miembro de Marcha Patriótica, denunció este miércoles el asesinato de los líderes sociales y exigió la aplicación inmediata de los acuerdos de paz.

“El Estado y alto gobierno poseen instrumentos constitucionales para enfrentar amenazas extraordinarias, incompatibles con el logro de la paz y la convivencia, por lo que no es posible aceptar la indolencia del Ministerio del Interior, Fiscalía y la fuerza pública frente a la ola de ejecuciones que estamos presenciando”, insta un comunicado de la Marcha Patriótica.

El mismo documento insiste en que todas estas actuaciones “desvelan una conducta premeditada y sistemática, que en ningún caso se trata de hechos aislados, sino que obedece a una clara política de exterminio y un claro saboteo al actual proceso de paz”.

Cepeda apoya esta tesis negando que estas 124 muertes sean “actos fortuitos, individuales, hechos pasionales o muy localizados”, sino que en realidad se trata de “un plan que tiene por objetivo que, si no se ha podido detener el proceso por otras vías, se acabe a través de la violencia”.

Acusaciones directas

Lizeth Montero, portavoz de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, ha acusado directamente a Humberto Sánchez y Claudia Inés Cabrera, ambos alcaldes de dos de los municipios donde han tenido lugar los asesinatos.

“De manera reiterada han desarrollado hechos de señalamiento y estigmatización en contra de miembros de nuestro movimiento e incluso han emitido comunicados en los que justifican estos hechos diciendo que nuestros compañeros tenían antecedentes judiciales, eran personas problemáticas y no reconocidos en sus municipios como dirigentes de la Marcha Patriótica”, ha afirmado esta semana.

No es la primera en hacer esas acusaciones. “El responsable de la masacre de campesinos en San Vicente del Caguán es el alcalde del Centro Democrático”, ha afirmado, Aida Avella, la presidenta de UP a través de su cuenta de Twitter.

El Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, si bien no se ha pronunciado sobre los asesinatos, emitió un comunicado para rechazar las acusaciones vertidas por Avella alegando que “estas acusaciones temerarias e irresponsables sin prueba alguna, ponen en riesgo la vida del alcalde de San Vicente y su presunción de inocencia”.

Iván Cepeda ha reconocido que el plan que él sostiene que se ha diseñado para acabar con el proceso de paz, implica acabar con las reformas que trae consigo: reforma agraria, justicia para las víctimas y democratización del país. “Todos esos cambios en Colombia han sido aplazados históricamente, y son totalmente adversos a un sector ultraconservador, fundamentalista religioso que apela a otro tipo de argumentos para contraponerse al proceso de paz”, asegura el senador. Y añade, “ese sector tiene un líder, un caudillo, que se llama Álvaro Uribe Vélez”.

El pasado jueves Luz Edilia consiguió empezar a pasar página. Su mente pudo descansar tras conocer la sentencia que condena a 22 militares que participaron en el reclutamiento y asesinato de su hijo junto a otros dos jóvenes en 2008, algunos de los llamados “falsos positivos”. Está tranquila pero su lucha no acabará hasta que todas las madres de los ejecutados extrajudicialmente logren la calma que trae la justicia. 

En septiembre de 2008 salió a la luz uno de los escándalos más sonados dentro del conflicto colombiano, a partir de la desaparición de 19 jóvenes de Soacha, un municipio al sur de Bogotá. Los chicos fueron engañados con falsas promesas de trabajo para acabar siendo asesinados por miembros del Ejército colombiano y presentados como guerrilleros “dados de baja” en combate. 

Las madres de estos 19 jóvenes, conocidas como las Madres de Soacha, han estado luchando desde entonces para alcanzar la justicia pero, a día de hoy, sólo ha habido fallo condenatorio en seis de los 19 casos, los últimos el pasado jueves. El juzgado ha condenado a 22 militares, entre ellos un coronel ya sentenciado por otro caso de ejecución extrajudicial, un capitán, dos suboficiales y 18 soldados.

El 23 de marzo se conocerán los detalles del auto, en el que se especificarán las penas que deberán cumplir cada uno de ellos por los delitos de “desaparición forzada en circunstancias de agravación, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir agravado con la finalidad de desaparición y falsedad ideológica en documento público”, según la Fiscalía.

“La verdad es que ni mis compañeras ni yo esperábamos el fallo por la dilatación que ha habido con este proceso”, admite Luz Edilia, madre de Jader Andrés Palacio, desaparecido el 23 de agosto de 2008. “Cuando me enteré de lo que le había pasado a mi hijo, fui a la Fiscalía a poner la denuncia porque ya se había descubierto que los estaban matando y enterrando en Ocaña” (Departamento de Norte de Santander), recuerda. Efectivamente, dos días después fue reportado como “caído en combate” y enterrado en una fosa común de la que lo sacó su hermano Diomar con sus propias manos dos semanas después.

En 2010, 17 militares implicados en la muerte de su hijo y otros cuatro jóvenes quedaron en libertad por vencimiento de términos y el 4 de octubre la audiencia fue aplazada por enfermedad de uno de los abogados de los militares. Luz Edilia asegura que, aunque el caso de su hijo ya tenga sentencia, va a seguir luchando junto al resto de madres con las que no se ha hecho justicia: “Hay que seguir adelante, porque hay varias que nunca han denunciado por miedo, hay que dar bulla”.

La CPI recopila nuevos posibles 'falsos positivos'

Los 19 jóvenes ejecutados extrajudicialmente fueron la punta del iceberg de una “práctica sistemática en todo el país cuyos picos se sitúan entre los años 2002 y 2008, pero que no ha cesado”, reconoce Carolina Daza, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Esta semana también se ha conocido el informe de actividad de 2016 de la Corte Penal Internacional que determina que continúan recopilando posibles nuevos casos. Durante este año “la Fiscalía continuó recibiendo información sobre presuntos crímenes, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas conocidos como casos de 'falsos positivos'”, reza el documento. 

A lo largo del informe, la Fiscalía admite avances en la justicia colombiana respecto al fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales y asegura que hasta julio de 2016 la Fiscalía estaba investigando 2.241 casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas, con un total de 4.190 víctimas.

De todos ellos, según el documento de la CPI, hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las fuerzas armadas entre los que se encuentran “dos coroneles, dos tenientes coroneles, doce mayores, ocho capitanes y veintinueve tenientes”. El resto de los condenados son soldados rasos. “Lo que nos muestra este informe es que hace falta mucho camino para garantizar la justicia, la verdad de los hechos y por supuesto reparar a las víctimas”, señala Daza.

Quien aún sigue esperando a que se haga justicia es Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo, cuyo proceso aún está en la fase de juicio oral por las continuas dilaciones por parte de los abogados de los militares. Julián se fue un 2 de marzo del 2008 engañado con una oferta de trabajo y nunca volvió.

Las que aún esperan justicia

“Al día siguiente a las cinco de la tarde yo sentí que él me llamó, empecé a buscarlo y salí a la calle, pero ahí no había nadie. En ese momento mi hijo ya estaba muerto, lo habían matado entre las dos y las tres del lunes 3 de marzo”. Pero ella no se enteró hasta seis meses después, tras haber estado vagando por hospitales, comisarías de policía, Medicina Legal y Fiscalía, donde llegaron a decirle que su hijo estaba “rumbeando, de fiesta con los amigos”.

“Una vecina me dijo que había escuchado rumores de que los chicos que estaban desapareciendo en Soacha estaban apareciendo muertos en Ocaña”, cuenta Blanca y otra vecina le confirmó que su hijo estaba entre ellos. Ninguna institución se puso en contacto con ella después de haber estado peregrinando por todos los organismos judiciales durante seis meses.

“Al día siguiente fui a Medicina Legal donde me dijeron que tenían un NN (persona en condición de no identificación) del mes de marzo pero que no tenían foto, que volviera el día siguiente”, recuerda Blanca. “Cuando regresé, sentí una punzada muy fuerte en el corazón y una mujer me dijo que en esas condiciones no me podía mostrar la foto de mi hijo”.

Lo primero que vio Blanca en la foto que le enseñaron fue el tatuaje de la balanza de libra que Julián tenía, el mismo que hoy lleva ella en su brazo izquierdo.

Luz Edilia y Blanca se reúnen los jueves en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá donde, junto con otras víctimas del conflicto participan en el Costurero de la Memoria, también llamado Kilómetros de Vida y Memoria. El proyecto consiste en, a través de la costura, reconstruir el tejido social y mostrar el largo camino que han tenido que vivir las víctimas que plasman en las telas sus vivencias o las de sus familiares asesinados.

Blanca no ha cosido la historia de Julián porque le duele demasiado, pero sí la de sus hermanos, uno asesinado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y otro desaparecido a manos de los paramilitares. Ahora está cosiendo una falda rosa con diferentes animales. “Este no es tanto de la memoria, pero le hace a una sentirse tranquila, porque al final con tanta memoria uno se vuelve loco”, apunta. 

Implicaciones del nuevo acuerdo de paz

Con la llegada del nuevo acuerdo de paz con las FARC, los militares investigados por ejecuciones extrajudiciales podrían acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz y ver reducida su condena si colaboran con la verdad plena y la reparación a las víctimas.

“Desde algunas organizaciones de Derechos Humanos, planteamos que casos como el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales estén fuera de esta jurisdicción en tanto que implica un marco de guerra donde hay unas partes reconocidas”, señala Carolina Daza. Según asegura, en este caso “montó toda una pantomima para decir que hay un combate donde no lo hubo”, añade.

La práctica de las ejecuciones extrajudiciales se basó en el reclutamiento de jóvenes de barrios marginales, mendigos o drogadictos; para posteriormente asesinarlos y presentarlos como guerrilleros caídos en combate. De esta manera, aumentaban los índices de “productividad” de las diferentes brigadas y los uniformados eran premiados con dinero o vacaciones.

Daza asegura que “no todos los actores del conflicto son los mismos ni tienen la misma responsabilidad”. La abogada entiende que mientras la guerrilla y los paramilitares son grupos ilegales, los militares “son los encargados de garantizar que nuestros derechos humanos se materialicen y tiene mayor grado de reproche un acto cometido por alguien de la fuerza pública, por la naturaleza de la función que ejerce”, asegura.

Luz Edilia ya puede decir que su caso está entre los resueltos, Blanca, por su parte, asegura que seguirá luchando y tejiendo para el Costurero de la Memoria. Por lo pronto, el día 4 de diciembre se reunirán en la Plaza de Bolívar de Bogotá para envolver el Palacio de Justicia con sus telas impregnadas de memoria.