La violencia racista vivida en las calles de Torre Pacheco no es un caso aislado, (solo hay que recordar el asesinato reciente del joven migrante en Torrejón de Ardoz por parte de un policía), tampoco una pelea de machitos soliviantados por el calor, ni mucho menos la respuesta humana a una paliza a un pobre anciano a manos de unos “moros” descerebrados.

La violencia está organizada, coordinada y subvencionada por parte de la extrema derecha europea. Lo vivido, aunque todavía no hay muertos, es terrorismo y merece más que una condena moral por parte de la progresía y los pocos moderados que le quedan a la derecha.

La respuesta debe ser regularizar masivamente a las personas migrantes que llevan meses pendientes de que el PSOE desbloquee la ILP Regularización Ya. La respuesta debe ser cerrar los CIES. La respuesta debe ser transformar la angustia y el miedo en certezas regulando el precio del alquiler, ampliando un parque público robusto e incluso que no derive en guetos. La respuesta debe ser generar espacios comunitarios donde aprender a convivir y alejarse del autoritarismo acelerado de las redes sociales y las trincheras identitarias.

Pero la respuesta debe ser –se acabó el buenísimo–, también, aplicar la ley de partidos a quien no condene abierta y explícitamente la violencia, las cacerías organizadas contra otros humanos y los escuadrones neonazis que se pasean alegremente por nuestras calles, incluso algunas veces con saludos policiales.

Sí, ha llegado el momento, más por nuestro contexto histórico, de debatir con serenidad pero agilidad sobre la ilegalización del fascismo de Vox. No fue casual que una semana antes su portavoz pidiera la deportación masiva de ocho millones de personas, más que personas inmigrantes hay en España. Están envalentonados, que nadie piense que les bastará con echar a los “moros” violentos. Detrás iremos todos los que para el fascismo patrio no seamos “españoles de bien”.

Resulta bastante obvio, parece mentira que no lo hayan visto sus señorías de la Audiencia Nacional, que la autoría intelectual de Torre Pacheco es Abascal, sus altos mandos y sus propagandistas de cabecera. Basta ya de discursos buenistas que se vanaglorian de que la grandeza de la democracia es que Abascal pueda venir un par de minutos al Congreso a propagar discursos de odio. No, lo siento, y sé que es incómodo, que da vértigo, que puede ser muy resbaladizo. Pero la democracia debe ser la alternativa al fascismo, no una casa donde este pueda campar a sus anchas. Ambos no pueden coexistir. No es un debate fácil ni cerrado, tiene muchas aristas, quizá electoralmente les ayude a victimizarse como al buen matón cuando en la escuela o la familia alguien les pone límites. Las dudas son razonables, yo también las tengo.

Pero no estamos persiguiendo ni ideas ni emociones, aunque todas no sean igual de válidas, sino la actividad material de Vox para deteriorar o destruir el régimen de libertades (STC, 48/2003, de 12 de marzo). Aquí, entre otras, hay que seguir el rastro del dinero. ¿Quién paga la propaganda en redes? ¿Quién paga el transporte y alojamiento de las escuadritas que en días laborales se trasladan hasta Torre Pacheco donde hagan estallar el siguiente “conflicto social”?

Lo que proponemos perseguir, como recoge la actual ley de partidos, es la práctica reiterada de dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la violencia así como, aunque pueda parecer más difuso, dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. O también, como hemos visto por parte de diferentes cargos de Vox y grupúsculos neonazis, homenajear las acciones violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas.

Obviamente, la ilegalización del fascismo de Vox no termina de raíz con el problema. El auge del fascismo en nuestro país es consecuencia de una sociedad capitalista atomizada y precaria que anima a confrontar al penúltimo contra el último mientras quienes jalean la cacería siguen disfrutando de su posición de privilegio y la seguridad de tener un (seguramente varios) techo. Así como de una batalla cultural fuertemente subvencionada, incluso muchas veces asumida por las izquierdas, donde el autoritarismo ha ganado terreno a la democracia. Obviamente, sin seguridad material y afectiva no habrá alternativa que contenga el auge del fascismo.

Habrá quien piense que abrir este debate es matar moscas a cañonazos, que debemos trabajar más lo comunitario y educativo, y que justamente esta propuesta es autoritaria, quizá tengan razón. Pero antes de que haya muertos, y más con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o entierren la democracia, prefiero ser conservador o al menos hacer caso a los ultras y dejar de ser buenista.

Vivienda. Vivienda. Vivienda. El tema de conversación, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso cuando tropezamos en el ascensor, es la cuestión de la vivienda.

Un problema que debemos resolver con urgencia tanto por equidad como por proteger a la democracia de un estallido social. Un estallido al que no ayuda nada la distorsión que supone que, mientras en la sociedad existe poco más de un 6% de caseros –somos conscientes de que todavía hay muchos caseros que no declaran sus ingresos–, entre los compañeros del Congreso su presencia llega a más de 20%. 

Una importante brecha de representatividad, más del triple, que explica en parte la incapacidad de tomar medidas profundas y, también, ciertas patinadas reiteradas por la ministra de Vivienda a la hora de comunicar sobre una emergencia nacional. Pero sería injusto (y con la antipolítica siempre se cuela el fascismo) quedarse solo en que, para los diputados, la vivienda no es un problema en primera persona o, incluso, que sus familias son rentistas profesionales. Tampoco se explica la cobardía del PSOE para atajar el problema de la vivienda, su mayor o menor complicidad con la oligarquía rentista, los fondos buitre y el lobby turístico. Obviamente, ambas variables influyen, pero lo que más influye es la normalización por gran parte de la sociedad –que existía hasta la fecha– de invertir en vivienda, fuera bien para mejorar unos salarios bajos (¡que urge subir!), o para especular y ampliar así el patrimonio familiar. Las personas caseras, sin contar lo que obtienen por los altos alquileres, ingresan 20.000 euros más al año que la media.  

La voracidad de las empresas multi propietarias, que han comprado más de la mitad de las casas vendidas desde 2008, los fondos buitre que compran barrios enteros y los rentistas parásitos que quieren reaprovecharse ha hecho que a la principal brecha en la vivienda –la clase social– se sume, con mucha fuerza y de forma casi transversal, la brecha generacional. La mayoría de los jóvenes nacidos en los 90 pertenecemos a la primera generación en democracia, cuyo sueño aspiracional es poder pagar desahogadamente un alquiler o, en el mejor de los casos, comprar una casa. Lejos queda la segunda residencia. Insisto, la primera brecha es de clase. Generalizar es estúpido: mi familia nunca tuvo segunda residencia, el verano que podíamos alquilábamos el apartamento de Borriana y, el que no, nos quedábamos en casa y gorroneábamos alguna piscina amiga. Incluso, quienes pueden vivir de prestado en la segunda residencia de sus padres o tienen una vivienda hipotecada a medias con su pareja saben que difícilmente tendrán otras propiedades con las que sacar pasta.

No hay marcha atrás. Tenemos la obligación de transformar el malestar que existe en las calles en fuerza legislativa y remover la aritmética parlamentaria. La alternativa es que lo termine de hacer la extrema derecha, y de nada servirá el cuento de que viene el lobo.

Aunque todavía con resistencias, para ello se emplea fuertemente el lobby rentista, emerge una nueva hegemonía política que rompe con la concepción –sobre la que se asentó la transición– de entender el derecho a la propiedad como un derecho absoluto. Efectivamente, es un derecho, pero cuando colisiona con otros, como el derecho a la vivienda, se debe legislar a favor del interés general. 

Hasta la fecha, se ha legislado a favor de quienes más tienen. La vivienda, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, es un sector hiperregulado, pero a favor de la acumulación patrimonial y de la evasión fiscal. Tampoco sirve la excusa del embrollo competencial. La vivienda es una competencia autonómica, y el Partido Popular continuará implementado políticas mercantilizadoras de la vivienda. Pero, al igual que las CCAA tienen la competencia en Sanidad, y se pudo regular el precio de las mascarillas, se puede regular el precio de la vivienda. 

Urge que la mayoría parlamentaria se haga cargo del malestar ciudadano que se manifestará en las calles el próximo 13 octubre en Madrid, 19 octubre en València, el 20 de octubre en Canarias y el 9 de noviembre en Málaga, entre otras ciudades. 

Una nueva política de vivienda que desmercantilice y desprivatice un derecho fundamental. Las casas son para vivir, y, por tanto, solamente se pueden comprar para residir o alquilar a otros de forma asequible. Un bien fundamental no puede ser un bien de mercado con el que especular, ni un activo bursátil. Fomentar una política de alquiler atractiva, con una mirada amplia y no solamente para gente muy vulnerable, para ello, por un lado, ampliar el parque público de vivienda, y por otro, convertir, como en Viena, los contratos en indefinido fomentando así el arraigo en los barrios. Para proteger el derecho a la ciudad es imprescindible prohibir los fondos buitre y regular de forma restrictiva los apartamentos turísticos. Todo acompañado por una política de precios regulada y una política fiscal que no premie, como hasta la fecha, la acumulación de viviendas. Debemos terminar con la injusticia fiscal que supone pagar más impuestos por ir a trabajar que por acaparar vivienda o por heredar sin esfuerzo. 

Por ello, compañeros y compañeras del Congreso, el miedo y la legislación debe cambiar de bando, y si no, solo quedará el grito de “¡Exprópiese!”. Ustedes verán.

Más allá de lo simbólico y lo material, estas fiestas permiten parar, buscar las raíces, hacer balance del año y sobre todo marcar los propósitos del año nuevo.

A quienes nos dedicamos a la política institucional, las fiestas navideñas nos permiten compartir mesa y mantel con gente que queremos, pero, quizá, no piensa como nosotros.

Mezclarse con diferentes es profundamente enriquecedor, aunque pueda llegar a ser cansado emocionalmente. Me asusta como mucha gente progresista los últimos años renuncia a los encuentros navideños por miedo al debate, la confrontación, el conflicto. La comodidad individualista es mucho más reaccionaria que la Navidad, por mucho que se vista de decisión moderna-líquida o de Grinch moralmente superior a los mortales. La navidad es una excusa, una oportunidad de hacer hueco en la agenda. Otra cosa muy diferente, claro está, es la obligación de compartir mesa con quienes maltrataban o negaban la existencia.

Las reuniones sociales han servido para confirmar la necesidad de explicar un horizonte que calme la ansiedad, que aporte paz a las guerras, buenos tratos a la hostilidad y unas pocas certezas. Más o menos, casi todo el mundo es consciente de los duros tiempos que vivimos y las emergencias civilizatorias que nos golpean. Lo que es unánime es la necesidad de conocer un horizonte de buen vivir que nos permita avanzar.

Por ello, estoy convencido, nuestro propósito de año nuevo debe ser explicar diferente, mejor, como la transición ecosocial va a permitir que la mayoría vivamos mejor. El objetivo para 2024 es aprender a soñar un mundo mejor posible, donde más que señalar las externalidades negativas del capitalismo, expliquemos las bondades del cambio, en el corto y largo plazo.

Y mientras tanto volvamos a las fiestas, comamos bien, cantemos mejor, disfrutemos del circo, debatamos con nuestros cuñados, abramos amigos invisibles, tomemos las doce uvas y volvamos, como todos los años, a recordar la infancia que fuimos. Y que seguimos siendo.

Un pacte de rendes que aconseguisca una reforma fiscal profunda que equilibre la pressió fiscal entre les rendes del treball i les rendes del capital. L'herència per a totes, la prestació universal per criança o obrir el debat de la renda bàsica universal. També aprovar amb urgència una reforma del finançament autonòmic que permeta millorar els serveis públics i les infraestructures (o allò que vulga prioritzar el govern legítim de la Generalitat). Un pacte que garantisca el dret constitucional a què totes les famílies tinguen una casa digna on viure, regulant abaixar els preus del lloguer i posar fre a la pujada de les hipoteques obligant la banca a retornar els diners que li vam prestar en 2009. I que done una resposta eficient al preu de la cistella de la compra prioritzant les famílies i els llauradors.

Un acord que aposte per alliberar temps de qualitat per a totes, amb la solidaritat generacional i les cures com a base, però també el dret a la cultura, la participació política, consumir menys per a contaminar menys i el dret al descans com a resposta integral a gran part dels problemes de salut mental que patim (i defugir la medicalització). Al llarg de la campanya hem fet propostes contundents com la jornada laboral de 32 hores amb el mateix salari, tancar els centres comercials el diumenge, avançar l'edat de jubilació particularment a les professions més dures, ampliar els permisos de naixement i adopció (equiparant els drets dels xiquets i xiquetes de les famílies monoparentals), garantir l'educació 1-3 anys pública i universal així com enfortir el desplegament de la llei d'autonomia personal i polítiques de vida independent per a les persones amb diversitat funcional.

Un acord que aposte per democratitzar l'economia amb mesures que fomenten la circulació del poder i del patrimoni que porta estancat segles en les mateixes famílies, però també avance en la democratització de les empreses donant veu i vot als i les treballadores. Un acord que aposte amb valentia per transformar el sistema econòmic i combatre el canvi climàtic de forma urgent conscients que ha de ser ràpid, però protagonitzat per la justícia fiscal -no pot sobrecarregar més a les classes treballadores- i acompanyat per l'equitat territorial -no pot menysprear més a la nostra ruralitat. Vaja, el més evident és la necessitat peremptòria de resoldre el conflicte dels rodalies per a garantir una alternativa pública al cotxe privat (i també vertebrar les nostres comarques). Un acord sensible amb el benestar animal i la protecció de la biodiversitat.

Un acord que aposte per posar en el centre de l'agenda un feminisme per al 99% que entronque amb una mirada de drets, llibertats, bon viure i el plaer com a motors del canvi imprescindible per a combatre la violència masclista, el major conflicte polític i social del segle XXI, i, tanmateix, donar una resposta inclusiva que vehicule els malestars de la masculinitat hegemònica (i no deixar aquesta tasca en mans de l'extrema-dreta).

Un pacte d'Estat que incloga la cultura i la ciència, com a dos jaciments d'ocupació de qualitat, amb valor afegit i no deslocalitzables, però també com l'imprescindible per a somniar mons millors i protegir la democràcia de les mentides (equivocadament, fake news), l'odi i la intolerància. També, un acord que reivindique la diversitat cultural i lingüística com un valor que millora Espanya i agermana als seus pobles.

Un acord que aposte per començar a combatre el racisme institucional, social i cultural amb l'abolició de la llei d'estrangeria i el tancament dels CIES. Però, també en què reconeguem que migrar és un dret humà i apostem per la cooperació internacional, la cultura de la pau i l'acció exterior multilateral amb una mirada feminista, ecologista i que ajude a trencar les bretxes nord-sud. Un acord que continue aprofundint en els drets i llibertats de les persones LGTBI.

I, finalment, un acord de país que remarque la importància de cuidar les institucions públiques, la pluralitat política, el diàleg actiu, la participació ciutadana, el bon govern, la separació de poders i la transparència enfront del partidisme, el punitivisme i la contaminació política.

No podemos despistarnos ni recortar ambición. Nos va la vida en ello. Hay que hablar claro. De hecho, incluso el vicepresidente Timmermans contestó tajantemente tras el consejo europeo de medio ambiente, cuando de forma poco profesional fue preguntado sobre si apoyar las políticas de fomento del uso de la bicicleta era de izquierdas o de derechas. Sin pestañear, y de forma incisiva, explicó que “todavía en Europa, cada año mueren prematuramente 300.000 personas por la mala calidad del aire. Mejorar la calidad del aire es una política de familia, de derecho a la vida”.

Aquí, el candidato del PP, Estaban González Pons, amaga con parecerse más a sus colegas europeos que a sus compañeros de carnet que pactan con negacionistas. Lo que sería una buena noticia.

En el primer debate electoral González Pons aceptó la propuesta de nuestra candidata, Àgueda Micó, en trabajar de urgencia en una proposición para bloquear la ampliación del Puerto de València, al menos mientras no haya una declaración de impacto ambiental legal. Desgraciadamente, rápidamente, fue corregido por sus correligionarios de partido.

El lunes, en plena ola de calor, en un acto en Riba-roja me preguntaron que como era posible que hubiera gente que negaba el cambio climático y que quisiera ampliar el Puerto de València con sus graves y nocivas consecuencias. Apunté entonces que quizá no habíamos acertado con los argumentos (o no teníamos fuerza ni espacio para explicarlos).

Desgraciadamente, los argumentos más genéricos sobre el impacto en el medio ambiente no habían funcionado. Tampoco alusiones románticas al paisaje de nuestras playas o el legado de Sorolla. Tampoco, la subida de broncoespamos ni el asma infantil en nuestra ciudad. O la destrucción de empleo. Nada había surgido ejemplo para esa parte de la ciudadanía y de sus representantes.

Así que añadí un argumento de peso, que podía llamar la atención y ayudaba a romper otros tabús, por cierto. La contaminación y la exposición a tóxicos reduce la calidad de nuestro semen y la fertilidad. Es una evidencia científica, no hay espacio, por tanto, para el debate. Una intervención espontanea que subí después a mis redes sociales. Un par de hombres me han escrito para hablar de sus problemas de fertilidad, y como les ha condicionado la vida y su proyecto familiar. Otros se han reído como cuando un niño de 5 años escucha las palabras “caca, pedo, culo o pis”.

En resumen, aunque pretendan ridiculizar o caricaturizarnos, tenemos la obligación ética de apostar abiertamente por la ciencia, de mitigar y combatir el cambio climático, y sobre todo, defender el derecho a la vida. Sí, nuestras vidas, incluso las de quienes se van a lucrar con la ampliación del Puerto, y de las generaciones futuras son la razón de por qué estamos en política y de por qué es importante, a pesar de la calor extrema (otra causa más del cambio climático) ir a votar el 23j.

Potser la més fàcil d’explicar, tot i que la més perillosa, és la por al que pot vindre. Un exercici de memòria democràtica del que va suposar per al nostre país la corrupció, les retallades dels serveis públics, la destrucció del nostre territori, la censura i la despossessió de drets i llibertats durant les èpoques fosques del Partit Popular. En tot cas, a l’hora d’explicar-ho, cal tenir en compte que hi ha imaginaris col·lectius que resten lluny de les generacions més joves. Vaja, ningú recorda qui fou (ni menys què va fer) Zaplana.

La segona raó per a mobilitzar el vot, tot i que la més complexa, és explicar la gestió. Un exercici poc sexy però fonamental. Molt més conscients que hem viscut una pandèmia mundial, una guerra al cor d’Europa, les conseqüències de la crisi climàtica, però també la manca de finançament autonòmic o el fre de mà posat que suposa governar amb el PSOE. D’altra banda, en el cas valencià, és fàcil. Tots els indicadors socials i econòmics han millorat substancialment des de 2015.

Unes poques dades. Hem multiplicat per 10 la inversió anual en la renda valenciana d’inclusió, el que ha permès que, per primera volta en la història, la taxa infantil d’empobriment sever al nostre país estiga per davall de la mitjana espanyola. L’evolució positiva de l’atur valencià és enorme, s’ha reduït un 30’4%. Les ajudes al lloguer han passat d’arribar a 1.200 joves a 13.000. El sistema d’atenció a la dependència ha passat de 41.000 persones ateses a 143.500. Les places de centres de dia per a persones majors s’han incrementat un 53%. Hem quatriplicat el pressupost d’atenció directa a les dones superivivents de violència masclista. Malgrat ser la comunitat amb menys funcionariat per habitant som la segona en l’execució dels fons europeus per a la recuperació. També cal remarcar que hem sigut els primers en recuperar per a la gestió pública hospitals privatitzats, residències de persones majors o les ITV rebaixant un 20% el seu cost per a les famílies. I, com no, avanços importants com la universalització de l’educació 2-3 anys, els llibres de text per a tot l’alumnat, la protecció del territori front les grans superfícies o el suport a les empreses que aposten per la jornada laboral de 32 hores. Però, certament encara resta molt per fer.

La tercera raó per a mobilitzar el vot, sens dubte la més poderosa, és l’esperança de construir un país compartit, un país que ja anem fent. Per això, disposem d’un programa electoral emancipador que aposta per aprofundir en l’equitat i la democratització de l’economia front l’acumulació de riquesa i poder en les mans d’uns pocs, l’alliberament del temps per a la vida, l’enfortiment dels serveis públics i la seua gestió directa, i la resposta davant l’emergència climàtica. Un horitzó d’esperança on la justícia social ens permeta viure en llibertat sense l’angoixa de no saber si arribarem a final del mes ni si ens queda energia per a arribar a final del dia. Un horitzó d’esperança on disposem de temps alliberat per a nosaltres, les famílies, amistats, la cultura, el sexe, cuidar del territori i participar de la vida comuna. Un horitzó d’esperança on recuperem l’espai públic per a conviure i agermanar-nos davant la soledat no desitjada i l’individualisme.

L’abstenció és la principal aliada de qui vol trucar-nos el país que volem ser. Som conscients que no hem arribat on volíem, que en algunes qüestions ens hem equivocat, però també tenim ben clar on volem anar. Us necessitem. Ho seguirem fent junts.

Una fortuna forjada en les cotxeres del franquisme. L’empresa naix sota el paraigües de les obres públiques i infraestructures franquistes, amb forts nexes familiars, entre els que destaca el colpista Milans del Bosch, el ministre d'indústria de Franco, José Mª López de Letona i Nuñez del Pino, o el mateix president Calvo-Sotelo. Sens dubte, la influència relacional de la familia Del Pino amb les administracions públiques franquistes va afavorir la seua captació d'obra pública així com fortes prevendes com , la seua màxima expressió, fou l'utilització de mà d'obra forçosa de les persones privades de llibertat a les presons franquistes. Més enllà dels alarmants fonaments franquistes de la constructora la seua vida durant la democràcia no ha sigut diferent. La marca està associada a la corrupció i finançament il·legal de la dreta, particularment Convergència i Partit Popular, però sobretot a la seua participació en un càrtel criminal que durant dècades ha impedit el lliure mercat en la contractació pública. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) va imposar una multa de més de 38’5 milions d’euros i, el més important, la prohibició de contractar amb les administracions públiques per haver amanyat, juntament altres grans constructores, durant més de 25 anys els grans contractes públics. 

Una multa suspesa per l’Audiència Nacional. Bé, ja saben com de contundent és la justícia espanyola amb els furtapatos i com de sensible i garantista és amb “les persones de bé”. O algú creu encara que, com va dir el rei Juan Carlos, allò que la justícia és igual per a tots? Perquè, si queda algú, només cal conèixer l’acord de divorci d’Urdangarín amb la Infanta Cristina d’aquesta setmana. Entre el que destaca, una indecent manutenció de 25.000 euros al mes a Urdangarin per a assegurar el seu silenci. Bé, almenys Barbara Rey tenia un programa de cuina.

Ací, és on ens juguem les eleccions però sobretot ens juguem un present just, solidari i decent. Urgeix, sense excuses, democratitzar l’economia i acabar amb la secessió dels rics que han acaparat les seues fortunes sota crims, trampes i injustícies. No és suficient en intentar garantir la igualtat d’oportunitats i millorar els serveis públics. La democràcia no pot soportar que la gran banca regada amb milions de diners públics durant la gran recessió de 2008 aprofite, de la mà del BCE, per apujar les hipoteques enmig de la inflació més d’un 50% a les famílies. La democràcia no pot soportar que mentre la majoria de joves no pot emancipar-se el preu del lloguer haja augmentat més d'un 20% en només un any. La pujada de salaris i pensions, ara mateix, només serveix per a que puguem pagar més als bancs i als rendistes per les nostres vivendes. Alarma veure com una família que veja actualitzada la seua hipoteca a tipus d'interès variable passarà de pagar 534 euros a 830 euros mensuals. Una pèrdua adquisitiva bestial que sumada a la forta inflacció de la cistella de la compra i al preu de la llum amplia les bretxes de desigualtat.

Tanmateix, una de les potes de la fal·làcia de la meritocràcia i la cultura de l'esforç és fer creure que són les persones empobrides, el món de la cultura, les ONGDs, els partits polítics i sindicats qui viuen dels diners públics. Quan qui vertaderament viu de recursos públics, perceben molt més del que genera, són grans multinacionals, banca privada, així com les famílies de rendistes, és a dir, de “bé de tota la vida” com els Del Pino, els Urdagarín i tants altres ofendiditos que tenen la pocavergonya de defensar la no intervenció de l'Estat per a controlar el preu de l'habitatge i la cistella de la compra quan tot allò que posseïxen és gràcies a subvencions, ajudes, deduccions fiscals i contractes públics.

Afortunadmaent, ningú es traga ja allò de les fortunes nascudes amb grans idees il·luminades en les cotxeres ni als coworkings amb cafeteries on et cobren 3 euros per una magdalena. Així que descoberta la fal·làcia de la meritocràcia i la cultura de l’esforç és el moment de parlar sense pors de la renda bàsica universal, l’herència per a totes, regular el preu dels lloguers, fixar un salari màxim, aprofundir la universalització dels serveis públics, alliberar temps per a la vida amb setmanes laborals de 32 hores o avançant l’edat de jubilació, capgirar la fiscalitat perquè aprete més a les rendes del capital que no a les rendes del treball i un llarg etc. 

Una de les causes en l'enfrontament públic de les dues ideologies emancipadores millor posicionades per a guanyar el país és una avergonyint batalla campal fruit del no reconeixement de nous lideratges, estratègies i narratives per qui durant dècades havia liderat els moviments de canvi.

Sense ells no estaríem ací. Hem de reconéixer el seu treball, capacitat i valentia d'obrir-nos camí més quan ser ecosocialista no resultava gens fàcil. No obstant això, l'enorme renúncia vital (personal, familiar i professional) no els converteix en propietaris de les causes col·lectives ni hereves naturals de res. En les justes causes comunes no sobra ningú, falta massa gent, però tampoc ningú és imprescindible.

Però, afortunadament, tot açò, va molt més enllà d'egos, poder i enrabiades. La principal causa és política.

De nou, ho hem vist primer en la guerra fratricida dins del moviment feminista. El feminisme aspira que les dones puguen ocupar el 50% del món actual? O a transformar-lo i capgirar-ho tot? La paritat, representativitat i trencar els sostres de vidre és important. Però, per a què? Si un grup reduït de dones blanques i riques gaudeixen els privilegis dels homes blancs i rics ja ho tindríem? Resulta lògic que no.

El feminisme ha d'aspirar al bonviure de la majoria social i de l'habitabilitat humana del planeta, a enderrocar les posicions de privilegi i construir espais segurs per al conjunt de la societat. 

En l'ecologisme ocorre el mateix. Hem d'aspirar a mantindre el mateix model socioeconòmic i cultural, però amb energies verdes? Hauria de resultar lògic que tampoc.

La pressió, burla i assenyalament a qui, en el país dels PAI i els casos de corrupció, exigim que la transició ecològica siga justa, participada i amb vocació transformadora és brutal.

El primer argument és el clàssic atemptat contra el progrès. Hi ha qui s'enlluerna amb els anuncis de milers de milions d'euros i milers de llocs de treball que hi ha en risc. La mateixa maniobra que s'utilitzava per a no posar ordre en el boom immobiliari, els clubs de golf o els macro centres comercials. 

No us fieu de qui us acuse de retardar cap transició mentre s'abraça a oligarques naviliers en l'ampliació del port de València o es vanagloria de subvencionar vols tòxics entre Castelló-Madrid mentre tenim uns rodalies de pena.

Per a qui això ja no funciona, els atacs són més sofisticats: 'No hi ha temps per a fer-ho perfecte, cal actuar ja. El contrari és retardisme, infantilisme, no entendre la gravetat que ens avisa la ciència, etc.'.

Perdoneu, clar que anem tard! Per això, ampliar un port, donar suport al turisme de masses o no prohibir la venda d'ous caiguts envasats t'inhabilita per a donar presses a ningú. Tot no val. 

T'enganyes, o ens enganyes, si busques que el món que encara coneixem seguisca en peus però assistit ara amb energies verdes. Això és pensament màgic. El capitalisme ha canviat acceleradament el món que coneixem. Així mateix, no volem aquest model depredador farcit de desigualtats, individualisme i soledat no escollida.

L'altra via de pressió és acusar el món rural valencià de practicar l'insolidari 'Not In My Back Yard'. Un atac injust, doblement si dius preocupar-te pel despoblament, conscients de l’enorme dèficit d'infraestructures i serveis. Però, sobretot per la necessitat ecològica de lluitar contra l'acumulació demogràfica en unes poques ciutats i fer sexy la vida als pobles. Un atractiu que comença reconeixent la ruralitat com a subjecte polític de primer ordre. 

Certament, més honest és qui assumeix els riscos i desavantatges de la seua proposta però considera que el món rural és sacrificable per a aconseguir béns majors. Ocupar-se de les interseccionalitats retarda l'objectiu. Vaja, com aquelles feministes que acusen altres de retardar la igualtat per ocupar-se de les dones en situació administrativa irregular, gitanes, trans, etc.

Dit tot això, no tinc dubte, que tindrem la coherència ideològica, el suport social i l'agilitat administrativa per a liderar una transició ecosocial justa i democràtica que pose la vida al centre.

Una transició ferma i amable, conscient de la urgència climàtica i de la memòria compartida de cada poble. Una transició basada en la cooperació, la proximitat i la democratització de bèns comuns que no servisca d'excusa perquè el càrtel de constructores s'engolisca els fons NextGenerationEU.

Una transició que no siga fam per a demà sinó que ens garantisca a totes pa i gira-sols.

Hoy España está en peligro. Está en peligro por qué España, como cualquier otro constructo social, no existe más allá de sus gentes. La desigualdad ha incrementado los últimos años como nunca. Solamente, hay que rescatar, el último informe de Oxfam que denunciaba que la desigualdad creció más en los dos años de pandemia que los últimos 23 años. No es casual. De hecho, es consecuencia directa del modelo socioeconómico dominante más allá que ahora haya ministros europeos que se entesten en defender una falsa sobriedad ajena a la desigualdad estratégica en la que se sustenta todo.

España está en peligro, a pesar incluso que, tanto la administración general del Estado, la Generalitat y el Ayuntamiento de València, lleven años aprobando presupuestos expansivos para reforzar servicios públicos, avanzar en derechos sociales y proteger mejor el medio ambiente. También, a pesar de sus avances en justicia fiscal.

Hoy toda política pública de protección social es devorada por el precio salvaje de la vivienda. La realidad es que en la última década el precio del alquiler en València se ha disparado un 73 '4% mientras que los salarios más habituales (actualmente, 18.480 €) ha crecido solamente un 12%. Unos precios de alquiler indecentes que van a parar a las manos de unas pocas familias, las mismas que nos expoliaron durante el franquismo, y de grandes fondos buitre, mayoritariamente con bandera extranjera, que buscan expoliar a nuestro pueblo, empobrecer a nuestras familias y evitar la dinamización de la economía real.

Hoy si queremos ser patriotas debemos, en cumplimiento de la constitución española, regular con firmeza el precio de los alquileres y ampliar nuestros parques públicos de vivienda. Y de paso, aprovechar el día festivo, para disfrutar del cine español. Los márgenes, de Olga Rodríguiez y Juan Diego Botto, traspasa las pantallas, nos rompe por dentro y nos obliga a defender con uñas y dientes la necesidad de: una ley de vivienda. 

A priori, les esquerres sempre ens hem sentit incòmodes amb el debat fiscal perquè en l'imaginari col·lectiu de molta gent existeix la creença que es paguen molts impostos i que els diners creen més riquesa en la butxaca dels rics que en les arques públiques.

La realitat és ben diferent. A més, de tramposa, doncs, totes i tots no paguem els mateixos impostos. Actualment, la pressió fiscal sobre les classes populars i treballadores és proporcionalment més alta que la de la gent més rica. I, desprès, sobre la fal·làcia què abaixar impostos ajuda a generar més riquesa, la London School of Economics, poc sospitosa de ser el think that de Compromís, va concloure què la baixada d’impostos general dels darrers 50 anys només havia beneficiat als més rics i no havia ajudat a distribuir millor ni crear ocupació.

Dit això, és una torpesa centrar el debat en el IRPF, i competir entre treballadores de bons salaris i precàries. No obstant això, llançada la proposta de forma… quan més progressiva millor. El debat de fons, el real, el que pot incidir a canviar les dinàmiques econòmiques dels darrers anys, és sobre les rendes del capital. També, cal capgirar la política social regressiva, doncs com apunta Moncloa al seu document “Espanya 2050”, ara mateix el 20% més ric rep el 30% de les ajudes (transferències, deduccions fiscals, etc) mentre que el 20% més empobrit rep només el 12%.

Per això, a Compromís, hem proposat centrar la reforma fiscal i les diferents propostes econòmiques en què qui més té, particularment aquella gent que viu de rendes mentre resulta impossible llogar un pis a València o Alacant, més pague. A més, no podem oblidar que tant durant la pandèmia com ara amb la crisi energètica, les grans multinacionals i famílies més riques han demanat la intervenció pública per ajudar-los.

Resulta just, solidari i decent què aquella gent que vol l’ajuda de tots quan les coses van malament aporte més quan les coses li van bé. La resta seria fer el mateix que va fer el bipartidisme amb el rescat bancari en 2012 i repetir les mateixes polítiques que tant de dolor van causar a les famílies.

La proposta d’apujar el impost de patrimoni, a llindars com els d’Extremadura o Balears, permet que persones amb un patrimoni individual de 3 milions d’euros s’esforcen un 20% més que servirà per a millorar l’educació, sanitat, serveis socials , la prevenció d’incendis o ajudar a les xicotetes i mitjanes empreses.

En aquesta mateixa direcció, la necessitat d’un impost al luxe, com hi ha altres CCAA, per a evitar pràctiques abusives de les famílies més riques que posen a nom de les seues grans empreses patrimoni d’ús exclusiu familiar com ara cotxes, jets privats o obres d’art que decoren les seues cases al carrer Cavallers que res tenen a veure amb l’activitat productiva de les seues empreses. O la importància de democratitzar l’economia també passa perquè aquelles multinacions amb un finançament públic estable de la Generalitat puguen comptar amb un accionariat públic i membres al consell de direcció de les mateixes. De nou, resulta just i decent què, si una empresa privada com ara la FORD rep més de 150 milions d’euros en una dècada, tinguem aquesta participació també en els guanys i als espais de decisió.

Al capdavall, més enllà d’una proposta o altra, per cert, en la mateixa direcció que apunta la Càtedra de la Universitat de València que assesora al govern valencià en matèria tributària, allò important és que el govern del Botànic aposte decididament per transformar la societat; necessitem més ingressos per anar més lluny. Això passa només en dos vies, exigir més fort al govern de Sànchez un finançament just i legislar perquè, com apunta la nostra constitució, cadascú aporte en funció de les seues possibilitats. A Compromís ho tenim clar, anem més lluny. 

Però, el país de naixement, el patrimoni de bressol i el capital relacional acumulat des de la infància distorsiona qualsevol possibilitat de comprovar si és just on arriba cada persona. De fet, l'herència (només l'econòmica) és responsable del 72% de la desigualtat a Espanya. A més, l'ascensor social no funciona, com denuncia el nobel d'economia, Joseph Stiglitz, “el 90% dels i les xiquetes que naixen en una família empobrida moriran empobrits mentre que el 90% que naix en una casa rica morirà ric independentment del que faça”. Un dels principals motius és l'empitjorament del dret a l'habitatge. Hui la gent jove (menor de 35 anys) amb habitatge en propietat és la meitat que fa una sola dècada mentre el mercat de lloguer s'ha disparat els darrers anys. Tot això, abans que la inflació es desbocara.

Per a combatre aquesta realitat hem d'aprofitar com en el judo la força hegemònica de la cultura de l'esforç i de la meritocràcia. El país de rendistes en què ens estem convertint és just el contrari. La gent jove (la més formada de la història) no pot emancipar-se per molt que s'haja esforçat mentre que quatre pijos de cognom compost es forren llogant pisos heretats dels seus besavis sense cap mena d'esforç. Ni molt menys els fons voltor, de propietat estrangera, que compren habitatges als bancs rescatats amb diners públics per a continuar especulant. L'especulació és enemiga de la cultura de l'esforç.

La segona fal·làcia que hem de combatre és la igualtat d'oportunitats. Fa dècades que fem polítiques per a pal·liar la desigualtat amb mesures a posteriori que no han funcionat. Polítiques que permeten l'increment extrem de la desigualtat (i l'espoli dels recursos del Planeta) a canvi d'intentar cobrir les necessitats bàsiques de la resta de la població. Una bretxa cada vegada més gran que posa en risc la democràcia.

La solució no implica intentar que no hi haja pobres sense intervenir en l'apropiació econòmica dels rics. Sens dubte, el triomf del capitalisme és fer-nos creure que l'empobriment i la riquesa no estan lligades. A més, cal fer-ho assumint els límits de creixement del Planeta (fa anys sobrepassats).

Per això, la batalla cultural de l'estiu va més enllà de la corbata. La batalla cultural de l'estiu és assumir que l'economia és un poder més que ha d'estar dirigit per a beneficiar a l'interés general. Hem acceptat que l'Estat puga posar un límit al salari mínim però no al salari màxim. Hem acceptat que la gent pague més per treballar que per heretar patrimoni. Hem acceptat que pague més impostos un empresari amb cinc treballadores que AMAZON. O que una pensionista pague més pel seu rebut de la llum que el Sr. Galán pels beneficis extraordinaris d'Iberdrola. La batalla no és pagar més o menys impostos, sinó qui els paga, perquè i per a què.

Al capdavall, la batalla de l'estiu és desnugar-se la corbata i posar en pilotes l'economia. Actualment, segons l'estudi España 2050, “El 20% més ric de la ciutadania percep el 30% de les ajudes socials mentre que el 20% més empobrit només un 12%”. També, quan acusen sectors “progres” com el tercer sector d'acció social o el món de la cultura de viure subvencionats per l'Estat quan obvien que qui més subvencions rep són sectors “conservadors” com la indústria armamentística, de l'automòbil, el turisme de masses i la gran banca.

Una volta despullada l'economia és possible imaginar altre món. Un món més just i habitable. La democratització de l'economia és la nostra batalla cultural, posem-nos, apostem sense por per la renda bàsica universal, l'herència per a totes, fixació del salari màxim, nacionalització de l'oligopoli energètic, regulació del preu del lloguer i reducció de la jornada laboral sense perdre salari. No dubten que si parlem d'això, ells mateixos (i també elles) es desnugaran la mateixa corbata de la mateixa suor.

A més, ens obliga a apretar encara més en la defensa de la presumpció d'innocència, les diferents garanties de l’Estat de Dret i atorgar major marge de confiança a qui ens representa políticament. En un context així, no podem permetre que la simple declaració d'un policia, la investigació d'un jutge o un entre cometes periodístic d'una font anònima supose, per si mateixa, res. O estem senzillament perduts. Els atacs són proporcionals a la capacitat d'incidència política de la víctima més enllà de la sigla del seu carnet. Els atacs s'han de respondre amb agermanament amb les víctimes, confiança en les seues organitzacions i generositat. Doncs, ataquen amb proves diabòliques que impliquen que demostres allò que no has fet mentre ells salpiquen amb grans altaveus perquè reste. 

Sóc plenament conscient dels perills del que propose. Però, hem escoltat, i de bon tros escoltarem, com hi ha una connivència entre els diferents poders, principalment l’econòmic, per a expulsar a les forces polítiques que son observades pel poder com a okupes (recorden que govern i poder no sempre és el mateix). Si els preocupa, a mi em dona vertigen i molta por, ajuden a accelerar la democratització del conjunt, particularment, dels poders que habitualment no han tingut escrutini públic ni acció dels seus contrapoders. El contrari és acceptar la llei de l'embut i menysprear al nostre electorat. La gent que ens vota té el mateix dret a que els representem i portem endavant el programa electoral que la resta.

Hi ha qui pensa que això ara no toca. Em fa gràcia, com si algú triarà, ser enderrocat políticament de forma il·legal. Però, només assumint el marc de l'antipolítica, podem pensar que existeix una contradicció entre abordar els colps dels poders mediàtic, policial i judicial a la democràcia i aportar solucions a situacions greus com l’actual inflació. Justament, perquè volem resoldre de manera diferent la desigualtat, ens colpegen sense pietat i estenen la fal·làcia del tots som iguals. 

No tots som iguals. Per això, ara més que mai, és important recuperar la política, explicar models de societat, confrontar-los i que la gent puga triar amb llibertat, ara sense trampes.

Alberto Ibáñez i Mezquita és portaveu d’Iniciativa-Compromís 

I no puc entendre com la major part dels col·legis professionals, sindicats, entitats del tercer sector, altres partits polítics, Universitats, feministes, periodistes i qualsevol persona que tinga un altaveu no demana que tot això pare, que deixen assetjar-nos. Efectivament, a qui més mal fa de manera directa és a les persones assetjades i les seues famílies. També, a Compromís, partit de la majoria dels afectats. Però, no s'equivoquen, ens fan mal a tots.

Encara recorde quan en 2011 vaig decidir fer un pas i presentar-me a les eleccions a Vila-real. A ma casa va caure fatal. Saben per què? Pel que els he comptat fins ara. Perquè tenien por. Si, el triomf més gran del franquisme ha sigut que en la major part de les famílies humils (aquelles no polititzades durant la dictadura) vegen la política com un perill, com una cosa aliena.

I, disculpeu, però li vaig prometre a ma mare que mai hauria d'avergonyir-se. Hui, encara crec que la política és una tasca noble que millora la vida de la gent del barri on vaig nàixer i posa, com a mínim, límits als qui es beneficien del nostre sofriment. De fet, no hi hauria cap cosa que em farà més il·lusió que a la meua filla li agradarà la política i s'implicarà. També és cert... que em faria por, després de tot el que sé i del que estem veient.

El pudor, l'autocensura, la cortesia institucional, però també la por ens paralitzen. Em perdonaran la falta de correcció, tanmateix després d'esborrar diverses columnes d'opinió perquè no em sentia còmode... he decidit escriure sense més norma que la meua íntima convicció democràtica.

L'antipolítica ens ha calat en els ossos. He tingut el debat sobre si ocupar els pocs espais que tenim per a parlar d'açò no invisibilitza l'agenda social que és la que realment importa a la gent. Amb ma mare parle indignadament del preu dels melons, les tomaques i la factura de la llum. Amb els meus amics frustradament de la impossibilitat d'emancipar-se. O amb les mares de l'escoleta d'Ona del que costa vestir-les (d'un mes per a un altre, res els ve).

Però, això és una trampa! Només amb polítics i polítiques que parlen d'açò amb les seues amistats i família podrà canviar-se. Sé que qualsevol coach o politòleg em renyiria per fer açò; així i tot, és el que pense. I he de fer-ho, entre altres, perquè hi ha massa gent, conscient de la gravetat dels fets i de la magnitud dels avanços conquistats des de 2015, callada. Callada perquè creuen que és una cosa de polítics. Callada perquè creu que la seua independència és no prendre partit davant injustícies que afecten partits - i més si són propers-.

No es confonguen senyores i senyors, no és un tema de partit ni dels que d'una forma o altra ens dediquem a la política. El lawfare és contra totes i tots, contra la democràcia, contra la justícia social, contra tu.

D’aleshores ençà ha fet una xicoteta gran revolució que ha millorat la vida de la gent. Comparen la seua gestió amb qualsevol indicador valencià de 2015, comparen on ens situàvem respecte la mitjana estatal i on estem, miren qualsevol informe que analitze aquests canvis. Però, el més important, saben com ha millorat la seua vida, si tenen una persona en situació de dependència en la seua família o amb diversitat funcional, si esteu en una situació d'empobriment i tenen accés a la renda valenciana d'inclusió, si són una dona supervivent de violència de gènere, si són una família nombrosa, monoparental, acollidora o refugiada, si són una persona trans o si els seus fills participen dels nous programes kumpania o JOOP, podria posar molts altres exemples. També, si professionalment us dediqueu als serveis socials, al feminisme, la diversitat o la joventut sabeu com s’ha millorat i com han millorat les vostres circumstàncies sociolaborals i de reconeixement públic. I, per descomptat, si sou ciutadania crítica implicada en el tercer sector, sindicats i moviments socials sou plenament conscients del suport institucional a la vostra imprescindible aportació a un món millor.

Doncs bé, això és principalment per la seua gestió i compromís polític. Disculpeu ha arribat l’hora de denunciar l'odi i la violència política cap a la vicepresidenta Mónica Oltra tant per la seua ideologia (i pràctica política) com pel seu gènere. Malauradament, vivim en temps de col·lapse i mentre tarda a nàixer el nou món, que només podrà parir-se des d'entranyes valentes, apareixen els monstres. Foscor, fang i patriarcat. L'assetjament al que està sotmesa la seua figura (la seua persona) i l'alternativa en favor de les majories que representa és repugnant, cruel i un fort motiu per a aprofundir canvis polítics i d’estratègia. Sé, que a molta gent li incòmoda parlar bé d’un govern. Però, no s’equivoquen governar i tindre el poder no és el mateix. La complicitat i el silenci de tanta gent fa que, agafant prestat un verb molt seu,ara mateix em reglota això de la política institucional.

Anit coneixia com la justícia italiana havia condemnat a 13 anys de presó al exalcalde de Riace, Domenico Lucano, símbol de l'acolliment a les persones refugiades. I, pensava en Monsenyor Romero, i com la justícia com les serps continua mossegant només als peus descalços. Damunt, ací fa més de 1.050 dies, el poder judicial conservador s'ha bunkeritzat en contra de la Constitució que ha de protegir-nos. Si, he esborrat i reescrit diferents vegades aquesta part perquè em dóna vertigen, genera pors i angoixa vital però sincerament ara mateix no confie en la justícia. Malgrat això, l'acate. Tampoc en la major part de la premsa. Afortunadament, hi ha mitjans i opcions alternatives.

Jo, com molta altra gent, sobretot de la meua generació, em vaig implicar en la política institucional perquè em vaig enamorar de l’energia, els ovaris i la mirada d’esperança de Mónica Oltra davant les injustícies i la corrupció. Segurament ara amb la mirada enrere crec que ens vam equivocar, o potser no hi havia espai per a més, focalitzant només (o massa) en el PP -déu em lliure de defensar-los- i no explicant prou que hi havia una estructura de poder que es retroalimenta en la que participaven activament panteres desitjoses d’un món famolenc, titelles amb corbata que habiten de lloguer el poder, togues amb camisa blava descolorida i corifeus precaris amb massa ego. No és cap conspiració, senzillament, els poderosos necessiten del capitalisme i del patriarcat per a continuar acumulant ells i desposseint-nos a nosaltres. I també, sempre, hi ha tontos útils que es presten pensant que els anirà millor.

Governar les institucions ens ha desmobilitzat. Principalment, perquè la gestió ens atrapa i perquè molta gent es mobilitza millor en l'oposició. Però, també perquè el poder (encara que siga limitat) agrada i inconscientment ens ha allunyat de dinàmiques i comportaments anteriors. El primer pas és admentre-ho i repensar-nos. Cal fer-ho ràpid i de forma intel·ligent perquè a diferència d’altres moments ara hi ha una onada de canvi reaccionària que cal combatre, desmuntar i donar-los una alternativa.

Mentrestant el més peremptori, hui, per justícia feminista i humanitat, cal reconéixer i defensar el símbol de Mónica Oltra, més enllà de carnets i fòbies, perquè no dubteu que després anireu la resta. Agermanament, més carrer, més temps per als afectes i les relacions personals, aturar-nos a explicar millor els canvis aconseguits i les resistències i pals a la roda perquè no es puga anar més de pressa. Estem a temps de “no plorar-nos les mentides sinó cantar-nos les veritats”.

PD. personalment, moltes gràcies. 

Un discurso con muchas aristas que reivindica la importancia de aportar certezas tanto materiales como relacionales en un mundo (el nuestro) a la deriva. Los últimos meses, mientras nos lamemos las heridas (al menos las más superficiales) del confinamiento, mucha gente joven en confianza nos susurramos las visitas al psicólogo y la necesidad de tener raíces, redes que nos sostengan y nos cuiden. Arlie R. Hochschild, recuerda que la sociedad capitalista ha incorporado (con resistencias) aquello del feminismo que no cuestiona el individualismo ni la productividad. Por eso, hay tanta agresividad contra quien prioriza como feminista la crianza, los cuidados y la comunidad.

Sin duda, lo que más ha molestado a la progresía patria ha sido su defensa de la familia. Automáticamente ha sido tildada de nacionalcatólica, reaccionaria, burguesa e, incluso, facha. Por favor, apúntenme, yo también lo soy. De hecho, para mi la reivindicación de la familia extensa debe ser una de las banderas prioritarias de la izquierda para construir un mundo mejor y parar los pies a la extrema derecha. La falta de certezas y la soledad no escogida fruto del individualismo extremo como base del capitalismo global debe combatirse, entre otras, con más familia.

En plural, cada cual la suya, sin la asfixia moralizante de otras épocas, pero con la red de apoyos y responsabilidades que merece. Por supuesto, si para ti la libertad es hacer lo que egoístamente quieres, tener familia es un retroceso, un cortapisas a las alas líquidas que te permiten volar hacia el vacío. Ahora para el resto de la gente, -solidaria, responsable y empática-, la familia es un espacio de socialización, seguridad, confianza, afectos, oportunidades, libertad, aprecio, vínculos, escucha, memoria, terceras oportunidades, vecindario, amistades, deberes y complicidad.

La familia no debe sustituir al Estado. El Estado tampoco debe reemplazar a la familia, a la colectividad, a la tribu. Para ello, es fundamental, una apuesta ecofeminista que ponga la vida en el centro y rompa con trabajocentrismo-productivista. Un cambio de paradigma que garantice las condiciones materiales para que todas las personas puedan vivir en libertad y convivir con la amabilidad imprescindible de sentirse parte de un proyecto común como la familia. La que tú construyas tanto para refugiarte como para poder volar, para que te sostengan y para que cuides, para aprender y desaprender, para tener memoria e innovar.

Y lo dejo aquí por qué Ona me necesita y yo también a ella. Ojalá pueda superar mi adicción a las redes sociales, a la necesidad asfixiante de estar permanentemente sobreinformado, pueda recoger la leonera y sin intromisiones nos pongamos a jugar sobre la alfombra. 

Tranquil·lament, de casa a la manifestació, està molt prop, vaig veure tres controls policials. Uns controls discriminatoris i estereotipats doncs a mi com porte la grenya al costat no em van dir res mentre que a la gent que portava rastes, coletes o cresta sí. Res,,vaig arribar a la Plaça, la concentració no era massa nombrosa. Majoritàriament gent jove cridant per la llibertat d'expressió i contra la brutalitat policial del passat dimarts. Una realtiat que xocava amb el gran dispositiu policial, furgonetes i helicòpter inclòs. (Supose que la desproporció molestarà força aquella gent preocupada pels pressupostos públics, doncs, ja et dic segur que hi havia hores extra dels antiavalots). A banda, d’una qüestió més subjectiva, que de bon tros la gent que estava o ha participat d’altres manifestacions similars reconeixerà, com era l’actitud hostil de les forces de seguretat cap a la gent que allí es trobava.

La policia buscava desproporcionadament impedir qualsevol possibilitat de manifestar-se més enllà de la concentració en la plaça. Una policia democràtica ha de valorar facilitar la manifestació i vetllar perquè no hi haguera aldarulls. Malauradament, la que ahir hi havia, de forma majoritària, va optar per embroncar, confrontar i sobretot reprimir qualsevol altra opció. Una direcció policial democràtica és flexible, empàtica, amb capacitat de mediar i aposta sempre per la màxima de reducció de danys. Clar que hi havia quatre exaltats amb ganes de bronca entre els manifestants. També, és cert que molta gent (especialment, jove) mediava per a impedir danys en el mobiliari urbà. Doncs, sabem, que en el context capitalista en el que vivim, els mitjans de comunicació tradicionals alarmen més pel trencament residual de dos banquets i la crema d’un contenidor que per l’empobriment de les famílies, la violència masclista, l’atur juvenil o els desnonaments.

Al llarg de la vesprada, vaig poder enregistrar algunes, no sóc massa hàbil, de les actuacions desproporcionades de la policia, de la seua actitud xulesca i corporativa impedint, per exemple, que gravarem les seues identificacions o com colpejaven a manifestants disciplinats, com el company diputat Carles Esteve, que passaven per on indicava la policia amb les mans en l'aire, senyal inequívoc de pau.

Després, una vegada en casa, i amb la por engolida, vaig parlar amb ma mare. Òbviament, estava preocupada però també disgustada. Doncs, no compartia que m'haguera arriscat per un tipo que em cau mal i més en un moment tan especial com a unes hores de ser pare, i li vaig explicar que, entre altres raons, aquesta era una dels motius principals.

Doncs, vull que Ona visca en un país on no tindre por de la policia sinó confiança en què ens cuida i protegeix. Jo m'esforçaré en educar-la també en això. Tot i el que vam viure ahir, no m'agrada gens quan a un xiquet o xiqueta se l'espanta en què si no es porta bé vindrà la policia... doncs el que hem de generar no és por sinó confiança i seguretat. Però, per això, cal de forma urgent una regeneració democràtica profunda dels cossos de seguretat, canvis en direcció i protocols policials basats en els bonstractes, però, sobretot, un canvi d'actitud. Hui és imprescindible que aquella gent que pertany als cossos i no comparteix aquestes pràctiques alceu la veu ,com el company de Linares que s'ha fet viral, recordant que els primers interessats en què hi haja justícia sou el mateix cos perquè la vostra funció és protegir-nos perquè siguem lliures i no abusar, reprimir i donar por. 

Un hito acompañado de polémica por todos los flancos. Pero, en política, como en la vida, hay que posicionarse con perspectiva y sin menospreciar la vieja (y real) correlación de fuerzas. La equiparación del permiso de maternidad y paternidad es una conquista social, un avance en derechos, y como tal debe ser reconocida y celebrada. Un paso importante pero no la meta, por muchas razones, que brevemente me gustaría exponer y acompañar de una propuesta que englobe una respuesta. 

La principal es una cuestión de clase pues excluye a las madres y padres sin trabajo remunerado. Sin duda, en un país con un empobrecimiento infantil que, según Save the Children, superará el 33% este año, dar cobertura también a estas familias debe ser la prioridad. También, por diferentes razones de género, por un lado porque excluye la realidad de las familias monoparentales (encabezadas en más de un 80% por mujeres). O porque ,como denuncia la plataforma PPIINA, la simultaneidad del permiso por parte de ambos padres durante 6 semanas reforzará ,en la mayor parte de los casos, el rol de la mujer como cuidadora principal. También, como denuncia la asociación PETRA, porque su duración es insuficiente, entre otras causas, no cubre ni los seis meses de lactancia materna que recomienda la OMS. 

Y por último porque otorga demasiado poder a la patronal que puede decidir de forma legal cuándo cogerte el permiso (dentro del primer año) y de forma velada invitarte a no cogerlo. Un hecho clave en el país del mundo donde más se ha postergado la maternidad (más de 32 años, de media) por falta de libertad (exclusión social, precariedad o el mal de la “autoexplotación” para poder llegar lejos en las carreras profesionales). 

Sin duda, ahora que aparecen oficinas grises con nombres altisonantes de captación de fondos europeos y de colaboración público-privada como setas para diseñar las estrategias del mundo post-covid, que forrarán a las empresas grandes de siempre, es el momento perfecto para exigir una estrategia pública de apoyo a las familias que empiece por garantizar el tiempo para la crianza responsable, afectiva y lúdica. 

Para ello es imprescindible la implementación de un permiso universal, intransferible e irrenunciable de 6 meses por nacimiento, acogimiento y adopción remunerado al 100% del salario o equivalente al SMI para quienes no trabajen de forma remunerada. 

El permiso, excepto las primeras 4 semanas, no podrá ser disfrutado con simultaneidad con la otra persona progenitora. En caso, de familias monoparentales otra persona de su entorno sociofamiliar dispondrá de 6 meses (o excepcionalmente, podrá acumularse), en caso de partos múltiples se ampliará 3 meses y en el caso de bebés con diversidad funcional el permiso podrá ampliarse remuneradamente hasta los tres años del niño o niña.  

El permiso deberá ir acompañado de una prestación universal por hijo e hija a cargo, como en muchos países europeos, hasta la mayoría de edad de 120 euros mensuales por cada hijo e hija, de 180 euros para descendientes monoparentales y de 250 euros en caso de tener una discapacidad superior al 60%.

La primera visita, aturdidos con la sobreinformación de pareja primeriza y de la covid-19, reaccionamos tarde y con argumentos de oídas. Ella entró sola a nuestra primera ecografía mientras yo cabreado, asustado y triste ponía la pertinente queja. Nada más. 

Hoy, íbamos más preparados, nos habíamos informado bien. Llevábamos detrás el “protocolo de atención a gestantes durante el seguimiento del embarazo y parto durante el periodo de transición” del 5 de junio de 2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Pero tampoco. 

La situación ha sido muy desagradable y tensa. No me extenderé en explicarlo. En resumen, se han comprometido a modificar sus protocolos internos para adaptar físicamente las consultas externas de tocoginecología. 

Tengo que agradecer públicamente a la secretaria autonómica Isaura Navarro por su sensibilidad, empatía y trabajo para garantizar los derechos de pacientes y acompañantes. También, aprovechar para, en momentos de antipolítica y odas a la tecnocracia, denunciar que, a pesar de la clara dirección política pro derechos, ha sido gente técnica y funcionaria quien ha vulnerado mis derechos. 

Lo relevante ,más allá de mi mala experiencia, es el retroceso que supone ,con la excusa de la pandemia, que hoy mi pareja haya tenido que enfrentarse sola a la ecografía que confirmaba la existencia o no de malformaciones en el feto. Y que yo, como padre, vuelva a tener un papel pasivo y no corresponsable. 

Existe una gran brecha de género en los cuidados. Pero, a la primera de cambio, vuelven a sobrecargar en exclusiva a las mujeres y nos exoneran a los hombres de cualquier responsabilidad. Yo y mi pareja queremos ser corresponsables, ejercer una paternidad responsable, compartida y positiva. 

Déjenme ejercer como un buen padre, y eso pasa, entre otras, por ocuparme y fomentar los buenos tratos desde el minuto uno. Los hombres llegamos tarde a la crianza motivo de más para que las administraciones y sus profesionales no sólo garanticen sino que fomenten nuestra implicación. 

Por cierto, lo más importante, madre e hija están bien. 

El problema no son las pantallas. El problema es el uso y el tiempo que le dediquemos. Sin duda, es urgente incluir ,en la agenda pública, el debate sobre el uso responsable de la tecnología. Y especialmente en cómo las redes han transformando la forma en la que nos relacionamos, vivimos, somos. Y articular medidas para cambiarlo.

Tengo que admitir que como futuro padre estoy preocupado y bastante perdido. Pocas certezas. Más allá de la teoría y la vasta literatura científica en base a las primeras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el tiempo que pueden pasar los niños, niñas y adolescentes jugando con pantallas (2019) donde se pauta que nada de pantallas hasta los dos años y menos de una hora al día hasta los cinco. También, destaca que el uso excesivo de aparatos tecnológicos conlleva problemas de déficit de atención e hiperactividad, agresividad, obesidad infantil, castra la imaginación y creatividad, entre muchos otros. No he encontrado ningún estudio que no alerte del incremento de la adicción infantil, cada vez más temprana, a las pantallas.

Vamos hasta aquí nada nuevo. Lo que me preocupa es que en twitter, ya sé como es el canal del pajarito, se omite cualquier tipo de análisis de base sociocultural o económico. Y todo, en ambas posturas, exhorta a la responsabilidad individual de los padres, unos cuantos zascas y frases mr. wonderful. Mucha gente critica duramente a las familias que prestan (o peor compran) teléfonos a los pequeños de la casa para que se entretengan mientras se cena. Curiosamente, en muchos casos, es la misma gente la que se queja al camarero cuando en la mesa de al lado hay niñas jugando, charlando y moviéndose... Un consejo, si quieres cenar en silencio, quédate en casa.

Inocentemente me prometo que no le dejaré mi teléfono, mucho menos le compraré uno antes de la edad indicada y que me implicare en su crianza de forma positiva todos los días de su vida. Quizás lo consiga, o no. Lo relevante, lo trascendente, son las causas estructurales para que tal horror ocurra de forma generalizada en nuestras ciudades. Podemos criticar, pontificar y que nada cambie. En eso las izquierdas tenemos cierta experiencia.

Pero, si rascamos un poco, observaremos las demoledoras causas que clonan niños pantalla. Las ciudades han sido secuestradas (aunque se haya avanzado mucho los últimos años) por los coches y se han convertido en lugares de tránsito fugaz que expulsa a los niños de sus calles y los encierra en sus casas (cada vez más pequeñas y sin espacios abiertos).

Y nosotros no disponemos del tiempo de calidad para la crianza, cuidar y crecer en familia. Seguramente, tengamos varios trabajos para poder llegar a final de mes. O trabajamos más horas de las que indica nuestro contrato, si tenemos. O nos engañamos creyendo que somos grandes triunfadores porque tenemos reuniones importantes (a veces,lo serán) hasta las tantas de la noche y cuando llegamos a casa nuestra hija ya se ha dormido. O hemos cedido la crianza a las abuelas que, en la mayoría de casos, físicamente ya no pueden agacharse a montar los cubos de colores o jugar al escondite.

La realidad es que para muchas familias no hay tiempo ni espacio alternativo para las pantallas. Si lo queremos, habrá que hacer política. Más protección social, ampliar los permisos de crianza retribuidos, reducción de las jornadas laborales y edad de jubilación. Recuperar espacio público. Y transformar las ciudades de lugares de paso (o de visita) en espacios seguros y amables para convivir.

Y por último, una alianza generacional que derribe el adultocentrismo. Perder el miedo y los complejos para aprender a convivir, hablar, jugar y divertirnos. No como niños sino con los niños, niñas y adolescentes. Y es que la gente adulta también tenemos derecho a jugar y pasarlo bien.

Solamente entonces, cuando no sea un privilegio para unos pocos, tendrá sentido recuperar el debate vehementemente. Mientras tanto habrá que hacer más política, menos ruido y bajar a las calles.

Por supuesto, escuelas seguras. Pero no olvidemos que para muchos chicos y chicas la escuela es su único refugio. Un refugio frente el empobrecimiento familiar, la soledad infantil acompañada de progenitores sobrepasados tanto por trabajos de éxito ,que exigen dedicación absoluta, como por el pluriempleo, o la violencia y abuso que padecen invisiblemente en sus casas. Tampoco obviemos que, para muchos, las garantías que ahora exigen para la vuelta a las aulas las relajaban en piscinas, parques o en los bares donde aparcaban a sus niños tablets en mano para disfrutar de las pocas noches de verano.

En el caso valenciano, hay vida más allá de la M-30, existe consenso en la comunidad educativa, tanto pública como concertada, para garantizar la vuelta al cole con el menor riesgo posible. Diálogo, trabajo y más inversión como, por ejemplo, la contratación extraordinaria de 4.400 profesoras y 3.000 monitoras de comedor para hacer una convivencia educativa más segura.

Pero el debate de fondo, que subyace bajo la tensión sociofamiliar, sobre la vuelta al cole va mucho más allá. Una de las consecuencias de la pandemia ha sido (o es) el incremento de la incertidumbre y fragilidad en la planificación de los tiempos de crianza. ¿Qué función deben tener las escuelas? Vale, la escuela no es una guardería. Pero, tampoco un púlpito dónde instruir la verdad académicamente revelada (y escogida como temario apto). La escuela debe ser un espacio abierto al barrio, de crianza compartida, de aprendizaje de matemáticas, historia, biología y lengua. También, artes, oratoria, agricultura, tareas domésticas o programación y desarrollo tecnológico. Pero, especialmente, capacidad de análisis, crítica y valores. Agilidad emocional y mucha empatía.

El debate sobre la función de la escuela no debe resolverse para suplir la inexistencia de una agenda integral de cuidados pero tampoco debe hacerse de espaldas a esta. Salgamos reforzados de la pandemia con nuevos equilibrios que rompan con la vieja escuela de tradición industrial y construyan ciudadanía. La solución compleja debe venir de la mano de más ecologismo y más feminismo; redistribución de los usos del tiempo y corresponsabilidad. Una agenda pública que garantice mayor cobertura social con permisos redistribuidos para la crianza y los cuidados, reducción de la jornada laboral y la edad de jubilación, más equipamientos públicos, zonas verdes y deportivas al aire libre, transporte público de calidad y recuperación del espacio público para las familias. En definitiva, la posibilidad de tener más tiempo y espacio donde poder convivir en comunidad. Recuperar la tribu frente al individualismo. Así ante la vuelta al cole, una pandemia o cualquier hecho traumático nos sentiremos más seguros, más cuidados y acogidos.

Una agenda ecofeminista que necesita invertir de forma diferente los recursos, cierto. Pero, especialmente, requiere de un cambio de paradigma que prestigie los cuidados, el derecho a la ciudad y la vida. Un cambio cultural que nos permita ir a comprar al mercado del barrio y a diferentes tiendas en su horario comercial y no nos obligue a ir corriendo por la noche a un supermercado o incluso reservarnos para ello el domingo. Un cambio cultural que nos permita ir a clases de pintura, italiano o a jugar a balonmano entre semana y no tengamos la necesidad de medicarnos por qué todos los días son iguales, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Un cambio de paradigma donde tengamos tiempo para participar de la asociación del barrio o del AMPA de nuestra hija y no vayamos al colegio solamente para quejarnos de sus malas notas o para la reunión del viaje de fin de curso. Y tantos otros ejemplos.

Un cambio cultural para cuando nos pregunten quiénes somos no respondamos con nuestra profesión sino expliquemos nuestra vida, nuestras causas y emociones. Seamos felices, aprendamos a vivir la vida. Pero, para ello debemos recuperar nuestro tiempo y el espacio público.